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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-31-000-2011-00088-01

Cargo de procurador judicial: naturaleza. Cargo de carrera

Fecha
6 de abril de 2017
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Vélez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-31-000-2011-00088-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA CONFIRMAR la sentencia de 25 de junio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Guillermo Ricard Perea en contra de la Nación – Procuraduría General de la Nación, de conformidad a lo expuesto a la parte motiva de la presente providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 27001-23-31-000-2011-00088-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez

6 de abril de 2017

CARGO DE PROCURADOR JUDICIAL - Naturaleza. Cargo de carrera / INGRESO AUTOMÁTICO A CARRERA - Inconstitucionalidad

El cargo de Procurador Judicial por reciente Sentencia Constitucional C-131 de 2013, pasó de ser un empleo de libre nombramiento y remoción a uno de carrera especial de la Procuraduría General de la Nación, lo que implica que los funcionarios que se encuentran en este tránsito deben superar las etapas de un concurso a partir de la convocatoria que haga la entidad para que así puedan considerarse Inscritos y adquirir los privilegios que la carrera otorga, ya que es inconstitucional el ingreso automático a la misma.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 279 / DECRETO 262 DE 2000 - ARTÍCULO 182 / CONSTITUCIÓN POÑÍTICA - ARTÍCULO 125

PROCURADOR JUDICIAL / CARGO DE CONFIANZA / FACULTAD DISCRECIONAL / INSUBSISTENCIA DE EMPLEADO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN - No requiere motivación / RAZONABILIDAD

Es precisamente el grado de confianza que se exige para el desempeño de ese tipo de cargo lo que le permite al nominador disponer libremente su provisión y retiro, incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevan adoptar una u otra decisión. En otras palabras, a juicio de la Sala es claro que los actos de desvinculación de los funcionarios de libre nombramiento y remoción no necesitan de motivación, en la medida que la selección de este tipo de personal supone la escogencia de quien va a ocupar el cargo por motivos estrictamente personales o de confianza. (…)Aunque, de acuerdo con la norma, Decreto 262 de 2000, la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y no requiere motivación, cabe precisar que la regla y medida de la discrecionalidad de un instrumento como la declaratoria de insubsistencia es la razonabilidad, en otras palabras, la discrecionalidad es un poder en el derecho y conforme a derecho, que implica el ejercicio de los atributos de decisión dentro de límites justos y ponderados. El poder jurídico de la competencia para decidir, equivale a la satisfacción del interés general y por ende, a partir de la observación de los elementos fácticos se mueve la adopción de la decisión que mejor convenga a la comunidad.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 44

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá D.C., seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 27001-23-31-000-2011-00088-01(4882-15)

Actor: GUILLERMO RICARD PEREA

Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Trámite: Nulidad y Restablecimiento del Derecho / Segunda Instancia.
Asunto: Establecer si el acto de insubsistencia se encuentra viciado de desviación de poder.

Ha venido el proceso de la referencia con el informe de la Secretaría de la Sección de 18 de marzo de 2016, después de surtidas a cabalidad las demás etapas procesales y de establecer que no obran en el proceso irregularidades o nulidades procesales que deban ser saneadas, para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 25 de junio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Guillermo Ricard Perea en contra de la Nación – Procuraduría General de la Nación.

ANTECEDENTES

1.1 La demanda y sus fundamentos.

Guillermo Ricard Perea, por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho –Decreto 01 de 1984-, presentó demanda con el fin de que se declare la nulidad del Decreto 1837 de 27 de agosto de 2009, por medio del cual fue declarado insubsistente su nombramiento del cargo de Procurador 9º Judicial II Agrario de Quibdó, Código 3PJ, Grado EC.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho solicitó, el reintegro, sin solución de continuidad, al cargo que ocupaba o a otro de igual o superior categoría; el pago de salarios, prestaciones y demás emolumentos dejados de percibir inherentes al empleo que ocupaba, con efectividad desde la fecha del retiro y hasta cuando sea reincorporado al servicio público; y, la aplicación a la sentencia en los términos de los artículos 171, 176, 177 y 178 del C.C.A.

Para una mejor compresión del caso, la Sala se permite realizar un resumen de la situación fáctica presentada por la apoderada del demandante, así:

Indicó que el señor Guillermo Ricard Perea estuvo prestando sus servicios desde el 8 de octubre de 2004 como Procurador 9º Judicial II Agrario de Quibdó, Código 3PJ, Grado EC hasta cuando fue declarado insubsistente su nombramiento, por medio del Decreto 1837 de 27 de agosto de 2009.

Aseguró que su retiró se debió a compromisos políticos que tenía el entonces Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, una vez fue elegido, pues en su sentir, el Senador Cristóbal Rufino Córdoba era quien tenía injerencia en la continuidad o no de los Procuradores Judiciales que se encontraban en el Departamento del Chocó.

Destacó que la persona que lo remplazó había obtenido calificaciones muy inferiores a las que él había obtenido durante todo el tiempo en que estuvo al interior del ente demandado, lo cual es una razón de más para creer que su salida de la institución se debió a factores netamente políticos, prueba de ello son los índices de gestión de los años 2007 a 2009 en donde se demuestra que él había obtenido mejores.

Enunció que de acuerdo con los testimonios que se rindan en el proceso se podrá demostrar que el señor Guillermo Ricard Perea era uno de los mejores Procuradores Judicial II a nivel nacional, dado que se le asignaban los casos de mayor trascendencia social e importancia jurídica.

1.2 Normas violadas y concepto de violación.

Como disposiciones violadas citó las siguientes:

Constitución Política, los artículos 1, 2, 6, 13, 29, 53, 124 y 209; Código Contencioso Administrativo, artículo 36, 84 y 85; Leyes 790 de 2002; y, 1285 de 2009.

Como concepto de violación de las normas invocadas, el demandante consideró que el acto acusado está viciados de nulidad, por los siguientes cargos:

a. Uso indebido de la facultad discrecional.

Esto por cuanto la presunción de legalidad del acto administrativo se pierde en la medida de que el retiro no se dio para lograr el mejoramiento del servicio, ya que como se demostró con los documentos obrantes en la misma Procuraduría General de la Nación, la estadística de cumplimiento de metas y propósitos es excelente, razón por la cual carece de sentido de que se haya optado por declarar insubsistente su nombramiento.

Agregó que según sus índices de gestión, cumplió y superó la totalidad de las metas impuestas para el desarrollo del cargo, contrario a quienes el Procurador General de la Nación nombró en su remplazo o a quienes ratificó en sus cargos, tal es el caso de los señores Juan Carlos Monroy Rosas y Carlos Arturo Serpa Uribe, quienes obtuvieron rendimientos muy inferiores.

Dijo que si el artículo 209 de la Constitución Política establece el deber ser del ejercicio de la función administrativa, carece de toda justificación que se nombre a una persona sin experiencia en materia ambiental y agraria por el simple hecho del grado de confianza que la Procuraduría General de la Nación le quiere conferir. Al respecto resaltó que la confianza no goza de protección constitucional cuando se trata del ejercicio de dicha función.

b. Falta de motivación.

Si bien de acuerdo a la sentencia C-279 de 2007 de la Corte Constitucional el acto de declaratoria de insubsistencia puede que no se motive, ello no significa que el mismo carezca de razones para la toma de esta determinación, como lo es, el mejoramiento del servicio, concretamente, porque se procedió a retirarlo del cargo y le asignó las funciones por él desempeñadas a otros funcionarios que tenían bajas calificaciones en su desempeño laboral.

Alegó que el Consejo de Estado ha determinado que del acto de insubsistencia se puede inferir que la motivación es el mejoramiento del servicio, razón por la cual si se retira a un funcionario con los mejores índices de gestión, no tiene sentido que se pueda afirmar que en realidad se mejoró éste cuando sus funciones, insistió, fueron otorgadas a personas que no había obtenido los mejores puntajes, como es el caso de la señora Luz Mila Trujillo Chaverra.

1.3 Contestación de la demanda.

La Procuraduría General de la Nación y el señor Héctor Manuel Hinestroza Álvarez (actuando como tercero interesado), mediante apoderado, se opusieron a la prosperidad de las pretensiones incoadas por la parte actora con fundamento en los siguientes argumentos:

Procuraduría General de la Nación.

Precisó que el acto acusado fue proferido por el Procurador General de la Nación en cumplimiento de lo establecido en el numeral 6º del artículo 278 de la Constitución Política y en los artículos 158 y 165 del Decreto 262 de 2002, los cuales le permiten declarar insubsistente por tratarse de empleos que se encuentran clasificados con de libre nombramiento y remoción, como es el caso del demandante.

Indicó que los Procuradores Judiciales son agentes directos del Procurador General de la Nación frente a los despachos judiciales ante los que actúan como Ministerio Público, en ese sentido como deben materializar y ejecutar la voluntad y las directrices de su política general, están excluidos de carrera administrativa.

Señaló en cuanto al argumento que señala el demandante que el acto se encuentra viciado de desviación de poder, que al estar en un cargo de libre nombramiento y remoción, el buen desempeño por sí solo no es una circunstancia de estabilidad laboral, pues ello solo puede predicarse de los cargos de régimen de carrera administrativa.

Finalmente expresó que no existió desmejoramiento del servicio, pues debe tenerse en cuenta que los señores Luz Mila Trujillo, Héctor Manuel Hinestroza Perea son profesionales universitarios que cuentan con una amplia experiencia en el desempeño del servicio del Estado.

Héctor Manuel Hinestroza Álvarez.

Reiteró los mismos argumentos que expuso la Procuraduría General de la Nación en la contestación de la demanda.

1.4 La sentencia apelada.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 25 de junio de 2015, negó las pretensiones de la demanda. Lo anterior por las razones que a continuación se pasan a exponer:

Enunció que los empleos de Procurador Judicial, según la estructura y organización de la entidad demandada, fueron de libre nombramiento y remoción, por lo menos hasta cuando fue expedida la sentencia C-101 de 2013 de la Corte Constitucional, pues a partir de allí se comenzaron a considerar como de carrera administrativa. En ese sentido, para el momento en que fue proferido el acto, se podía declarar insubsistente el nombramiento del señor Guillermo Ricard Perea sin motivación alguna de acuerdo con la facultad discrecional que para el efecto confiere la ley al nominador.

Señaló que tanto el demandante como su remplazo cumplieron con los requisitos para ser nombrados como Procuradores Judiciales y, a pesar de que los testigos manifestaron que su retiro se debió a factores políticos, se tratan de testigos de oídas que no llenan el convencimiento del juzgador de que fue retirado por compromisos políticos por la elección del nuevo Procurador General de la Nación.

Explicó en cuanto al reporte estadístico, que si bien el demandante acreditó un buen rendimiento, también es cierto que no se observa reproche por parte de la Procuraduría respecto del rendimiento de su remplazo, de hecho, tampoco se aportó estándar de medición, que permita establecer cuál era el mínimo de intervenciones o conceptos exigidos para este tipo de cargos.

Consideró, de acuerdo a la sentencia SU-448 de 2011 de la Corte Constitucional, que en un cargo de libre nombramiento y remoción cobra notable trascendencia la facultad discrecional del nominador que le permite nombrar libremente a una persona y también en ese mismo modo retirarla del servicio, ya que estos servidores deben gozar de plena confianza, confidencialidad, conocimiento personal y sometimiento a la dirección.

Destacó que el retiro de un funcionario que tuvo un buen desempeño no indica, per se, que el ejercicio de la facultad discrecional sea desproporcionado o arbitrario, ya que de ser así la referida facultad desaparecería en función del excelente comportamiento laboral de cada servidor.

El recurso de apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelación con fundamento en los motivos que se exponen a continuación:

Alegó que si bien es cierto a la fecha de la declaratoria de insubsistencia del cargo de Procurador 9º Judicial II Agrario de Chocó, Código 3PJ, Grado EC, el Procurador gozaba de la facultad discrecional que le permitía adoptar tal decisión, ello no implica que esta determinación sea arbitraria o caprichosa, concretamente, porque con la designación de los señores Luzmila Trujillo Chaverra y Héctor Manuel Hinestroza Álvarez, quienes posteriormente fueron los encargados de remplazarlo, no se mejoró el servicio. Para el efecto se debe tener en cuenta el informe de estadística del año 2009, en donde se evidencia que antes de que fuera retirado del servicio era mejor los estándares de producción.

Agregó que carece de toda justificación que se prive a la Procuraduría General de la Nación de un funcionario de excelentes calidades personales, laborales y académicas para nombrar a una persona cuya experiencia ha sido en temas ajenos al derecho ambiental y agrario.

Citó una sentencia del Consejo de Estado para señalar que es viable acceder a las pretensiones cuando existe un desconocimiento de las calidades profesionales, tal es el caso del demandante, a quien se le retiró del servicio a pesar de sus reconocimientos y compromisos; además que “(…) la confianza que se pretende otorgar a los funcionarios de libre nombramiento y remoción debe estar precedida del respeto de la Carta Política y la Ley y no convertirla en un tipo supraconstitucional que busca justificarse en sí misma y para sí misma (…)”.

CONSIDERACIONES

Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo a lo señalado en la sentencia de primera instancia y atendiendo los motivos de oposición aducidos por la parte demandante en calidad de apelante único, se extrae que en el sub-lite el problema jurídico se contrae a determinar si la declaratoria de insubsistencia del nombramiento del señor Guillermo Ricard Perea, a través del Decreto 1837 de 27 de agosto de 2007, se encuentra viciada de desviación de poder, porque las personas que lo remplazaron en el ejercicio del cargo no mejoraron el servicio.

Para desatar el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos: i) de la naturaleza del cargo de Procurador Judicial; ii) del alcance de la facultad discrecional; y, iii) del caso en concreto.

Naturaleza del cargo de Procurador Judicial.

La Procuraduría General de la Nación es un órgano de control independiente de las otras ramas del poder público a partir de la Constitución Política de 1991, que ejerce a través del Procurador General de la Nación, la función de Ministerio Público. Le corresponde a la ley regular lo relativo a la estructura y funcionamiento, el ingreso y concurso de méritos, así como el retiro del servicio, además de las inhabilidades, incompatibilidades, denominación, calidades, remuneración y régimen disciplinario propio -art. 279 Superior-, y al Procurador le compete la reubicación y distribución de los empleos en la planta globalizada, así como la fijación del número de integrantes de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría.

El Decreto 262 de 2000 “Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos”, en su artículo 182 clasificó los empleos de la Procuraduría General de la Nación conforme a su naturaleza y forma de provisión de la siguiente manera:

“(…) ARTICULO 182. CLASIFICACION DE LOS EMPLEOS. Los empleos, de acuerdo con su naturaleza y forma de provisión, se clasifican así:
1) De carrera
2) De libre nombramiento y remoción
Los empleos de la Procuraduría General de la Nación son de carrera, con excepción de los de libre nombramiento y remoción.
Los empleos de libre nombramiento y remoción son:
• Viceprocurador General
• Secretario General
• Tesorero
• Procurador Auxiliar
• Director
• Jefe de la División Administrativa y Financiera del Instituto de Estudios del Ministerio Público
• Procurador Delegado
• Procurador Judicial
• Asesor del Despacho del Procurador
• Asesor del Despacho del Viceprocurador
• Veedor
• Secretario Privado
• Procurador Regional
• Procurador Distrital
• Procurador Provincial
• Jefe de Oficina
• Jefe de la División de Seguridad
• Agentes adscritos a la División de Seguridad y demás servidores cuyas funciones consistan en la protección y seguridad personales de los servidores públicos, cualquiera sea la denominación del empleo.
3. De período fijo: Procurador General de la Nación.
(...)”

La clasificación de los Procuradores Judiciales en cargos de libre nombramiento y remoción no ha sido un tema pacífico, de hecho ha sido objeto de varios pronunciamientos constitucionales en las sentencias: C-334 de 1996, C-031 de 1997, C-443 de 1997, C-146 de 2001 que no obstante en principio validar la naturaleza conferida por el Decreto 262 de 2000, solo en la última decisión citada concluyó la exequibilidad de la norma respecto del artículo 125 Superior, al señalar lo “que no se viola el principio general de la carrera administrativa” concretamente porque:

“(…) igual que ocurre con los Procuradores Delegados, los Procuradores Judiciales son agentes directos del Procurador frente a los despachos judiciales ante los que actúan como Ministerio Público. Y la Corte examinó la dependencia directa de esta clase de empleados del Ministerio Público, al decidir sobre la constitucionalidad de normas que incluidas en la Ley 27 de 1992 y en la Ley 201 de 1995, en lo sustancial, es el mismo, como ya se recordó en esta sentencia.

En consecuencia, por existir cosa juzgada constitucional, se declarará exequible la expresión "Procurador Judicial" del numeral 2) del artículo 182 del Decreto 262 de 2000. (…)”

A pesar de lo dicho, la Corte Constitucional en un nuevo estudio plasmado en la sentencia C-131 de febrero 28 de 2013, declaró la inexequibilidad de la expresión “Procurador Judicial” del numeral 2), del artículo 182, del Decreto Ley 262 de 2000, por la vulneración del artículo 280 de la Constitución Política con los siguientes argumentos:

“En relación con el artículo 280 de la Constitución, se consideró que no existe cosa juzgada, por cuanto ni en la citada sentencia ni en las allí mencionadas, se cotejó la disposición demandada frente al deber constitucional de equiparación de los agentes del ministerio público que ejercen ante jueces y magistrados con las autoridades judiciales ante quienes actúan, en materia de “calidades, categoría, remuneración, derechos y prestaciones”.

6.1.3. Examinada la disposición acusada, la Corte determina que entre los “derechos” a ser homologados a favor de los procuradores judiciales, en virtud del artículo 280 constitucional, se halla el que su empleo sea considerado de carrera administrativa. En consecuencia, declarará la inexequibilidad de la expresión “Procurador Judicial” del numeral 2 del artículo 182 del decreto Ley 262 de 2000, por la vulneración del artículo 280 de la Constitución Política. Y ordenará la convocación de un concurso público de méritos para la provisión, en propiedad, de los cargos de Procuradores Judiciales que se desempeñan ante magistrados y jueces de carrera”.

De lo expuesto se colige que el cargo de Procurador Judicial por reciente Sentencia Constitucional pasó de ser un empleo de libre nombramiento y remoción a uno de carrera especial de la Procuraduría General de la Nación, lo que implica que los funcionarios que se encuentran en este tránsito deben superar las etapas de un concurso a partir de la convocatoria que haga la entidad para que así puedan considerarse Inscritos y adquirir los privilegios que la carrera otorga, ya que es inconstitucional el ingreso automático a la misma.

Alcance de la facultad discrecional.

La Constitución Política de 1.991 en su artículo 125 dispone:

“(…) Los empleos de los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de los trabajadores oficiales y los que determine la ley.
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.
El ingreso de los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.
El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.
En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción. (…)”.

La regla general en el ejercicio de la función administrativa lo constituye el ingreso mediante el sistema de la carrera administrativa, tal como lo ha previsto el artículo 125 de la Constitución Política. No obstante lo anterior, hay eventos en los que la administración requiere cierta libertad para seleccionar y retirar a sus empleados en atención a la trascendencia de las funciones que desempeñan y el grado de confianza que se exige para ello.

En estos casos, ha sido prevista una excepción al sistema de la carrera administrativa para quienes sin haber superado las distintas etapas de un proceso de selección por méritos ingresan al servicio público a desempeñar empleos con funciones de conducción u orientación institucional, de las cuales como quedó visto, se requiere el más alto grado de confianza para su desempeño.

Resulta razonable afirmar que quienes desempeñan este tipo de empleos no tengan que superar todas y cada una de las etapas que integran un proceso de selección por méritos toda vez que, se repite, el factor determinante en la provisión de estos cargos es la confianza que se predica directamente del ejercicio de las funciones de dirección u orientación institucional.

Sobre este particular, vale la pena señalar que es precisamente el grado de confianza que se exige para el desempeño de ese tipo de cargo lo que le permite al nominador disponer libremente su provisión y retiro, incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevan adoptar una u otra decisión. En otras palabras, a juicio de la Sala es claro que los actos de desvinculación de los funcionarios de libre nombramiento y remoción no necesitan de motivación, en la medida que la selección de este tipo de personal supone la escogencia de quien va a ocupar el cargo por motivos estrictamente personales o de confianza.

Bajo tal entendido, la discrecionalidad en el régimen especial de la Procuraduría General de la Nación está prevista en el Decreto 262 de 2000 y está asignada a su nominador en el artículo 165 en concordancia con el artículo 158 numeral 3º ídem, que establece, entre otras, como causales de retiro, la insubsistencia discrecional de la siguiente manera:

“(…) Artículo 158. RETIRO DEL SERVICIO. El retiro definitivo de un servidor de la Procuraduría General de la Nación, se produce por:
1. Insubsistencia por una calificación de servicios insatisfactoria, según lo establecido en el régimen de carrera aplicable a la entidad.
2. Insubsistencia por inhabilidad anterior a la posesión o sobreviniente.
3. Insubsistencia discrecional.
(...)
Artículo 165. INSUBSISTENCIA DISCRECIONAL. Es la decisión que se produce en ejercicio de la facultad discrecional del nominador para remover a un servidor de la entidad que ocupe un empleo de libre nombramiento y remoción.
Contra la resolución que declara la insubsistencia del nombramiento no procede recurso alguno.”. (Lo resaltado es de la Sala)

Aunque, de acuerdo con la norma, la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y no requiere motivación, cabe precisar que la regla y medida de la discrecionalidad de un instrumento como la declaratoria de insubsistencia es la razonabilidad, en otras palabras, la discrecionalidad es un poder en el derecho y conforme a derecho, que implica el ejercicio de los atributos de decisión dentro de límites justos y ponderados. El poder jurídico de la competencia para decidir, equivale a la satisfacción del interés general y por ende, a partir de la observación de los elementos fácticos se mueve la adopción de la decisión que mejor convenga a la comunidad.

En concordancia con tal planteamiento, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la discrecionalidad debe ser ejercida siempre dentro de parámetros de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, en tal sentido, ha identificado como límites para el ejercicio de dicha facultad, los siguientes: a) debe existir una norma de rango constitucional o legal que contemple la discrecionalidad expresamente, b) su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la norma que la autoriza, y c) la decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa.

Por su parte, el artículo 44 del C.P.A.C.A. establece que, en la medida en que el contenido de una decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe ser “adecuada” a los fines de la norma que la autoriza, y “proporcional” a los hechos que le sirven de causa; lo anterior supone que debe existir una razón o medida entre la realidad de hecho y el derecho que supone la verdad de los hechos y su conexidad con la decisión, se dice entonces, que la discrecionalidad tiene como medida la “razonabilidad”.

Así las cosas, los límites de la facultad discrecional de libre nombramiento y remoción están dados en que la decisión debe adecuarse a los fines de la norma, del Estado y de la función administrativa, y ser proporcional a los hechos que le sirven de causa, de lo cual deberá dejarse constancia en la hoja de vida del funcionario de manera suficiente, concreta, cierta y concurrente al acto que origina el despido, sin acudir a razones genéricas o abstractas que no expongan con claridad los hechos.

En el contexto jurisprudencial y doctrinario señalado, la Sala resolverá los cargos expuestos en la demanda.

Caso en concreto.

Precisó el apoderado del señor Guillermo Ricard Perea en el recurso de apelación, que el Decreto 1837 de 27 de agosto de 2009 fue expedido con desviación de poder, ya que las razones que tuvo el Procurador General de la Nación para declarar insubsistente el nombramiento de éste estuvieron lejos de mejorar el servicio, pues las personas que lo remplazaron tuvieron una producción menor, adicionalmente, porque no se tuvo en cuenta sus calidades y capacidades profesionales.

Con miras a resolver el punto objeto de controversia, conforme al material probatorio obrante en el expediente, la Sala realizará las siguientes precisiones:

La jurisprudencia y la doctrina clasifican las diferentes manifestaciones de la desviación de poder, generalmente en dos grandes grupos: aquellos casos en que i) el acto o contrato administrativo es ajeno a cualquier interés público –venganza personal, motivación política, interés de un tercero o del propio funcionario; y, ii) el acto o contrato es adoptado en desarrollo de un interés público, pero que no es aquel para el cual le fue conferida competencia a quien lo expide o celebra; categoría a la que se aproxima igualmente la desviación de procedimiento en la que la administración disimula el contenido real de un acto, bajo una falsa apariencia, recurriendo a un procedimiento reservado por la ley a otros fines, con el fin de eludir ciertas formalidades o de suprimir ciertas garantías.

Ahora bien, por efectos de la presunción de derecho que ampara los actos administrativos, éstos se consideran ajustados a derecho mientras no se demuestre lo contrario, de manera que corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Esta Corporación ha hecho énfasis en la dificultad probatoria que representa la apariencia externa de legalidad con que las actuaciones administrativas viciadas de desviación de poder nacen a la vida jurídica, lo que no exime por supuesto al Juzgador de tener las pruebas necesarias “que no dejen la más mínima duda de que al expedir el acto controvertido el agente de la administración que lo produjo no buscó obtener un fin obvio y normal determinado al efecto, sino que por el contrario, se valió de aquella modalidad administrativa para que obtuviera como resultado una situación en todo diversa a la que explícitamente busca la Ley.”

Cuando se trata de la desviación de poder por el torcido ejercicio de una facultad discrecional que está en la voluntad del agente que desempeñaba la función, es preciso acreditar comportamientos suyos que lo hayan llevado a un determinado proceder para que quede claramente definida la relación de causalidad entre el acto administrativo y el motivo que lo produjo.

El móvil, como ha sido definido, es el fin o el propósito que se quiere lograr con la expedición de una decisión administrativa, esto es, lo que en definitiva conlleva a la autoridad a tomar una medida en determinado sentido, pero atendiendo siempre el interés general y el mejoramiento del servicio público. De tal suerte que, cuando exista contrariedad entre el fin perseguido por la ley y el obtenido por el autor del acto, se configura esta causal de ilegalidad.

En el presente caso el apoderado del demandante sustentó esta causal por dos razones fundamentales, la primera, en la desmejora del servicio por la baja producción que se presentó posterior a su retiro del servicio; y segundo, a que se desconocieron sus capacidades y calidades profesionales; en virtud de lo anterior, la Sala examinará cada una de las pruebas que se encuentran en el expediente para luego determinar si en realidad el acto acusado se inspiró en razones distintas a las del buen servicio.

Por medio de la Resolución 1837 de 27 de agosto de 2009 el Procurador General de la Nación declaró insubsistente el nombramiento del señor Guillermo Ricard Perea del cargo de Procurador 9º Judicial II, Agrario de Quibdó, Código 3PJ, Grado EC.

El Jefe de la División de Gestión Humana de la Procuraduría General de la Nación certificó que el señor Guillermo Ricard Perea estuvo vinculado en la citada entidad desde el 8 de octubre de 2004 hasta el 2 de septiembre de 2009 y se desempeñó como Procurador 9º Judicial II, Agrario de Quibdó, Código 3PJ, Grado EC.

A folios 89 a 215 se encuentra los antecedentes administrativos del señor Guillermo Ricard Perea.

El 6 de julio de 2011 el Coordinador de Hojas de vida de la Procuraduría General de la Nación allegó las hojas de vida de los señores Luzmila Trujillo Chaverra y Héctor Manuel Hinestroza Álvarez.

De acuerdo con la estadística mensualizada de enero a diciembre del año 2009 de la Procuraduría 9ª Judicial II Ambiental y Agrario de Quibdó, visible a folios 26 a 34, se evidencia la producción de quienes estuvieron desempeñando este cargo, esto es, los señores Guillermo Ricard Perea, Luzmila Trujillo Chaverra y Héctor Manuel Hinestroza Álvarez, veamos:

1. Formato Información de la gestión función intervención judicial ambiental

ASPECTOS EVALUADOSINSTANCIANo. TABLA DE CRITERIOSNUEVAS VARIABLESEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicACCIONES POPULARESTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO1.1.1Numero de Conceptos emitidos en el periodo000010 000001.1.2Comités de verificación en los cuales participó112000 000111.1.3Número de Actuaciones en los comités114000 00011 TOTAL226010 000 2JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO1.2.1Número de solicitud de medidas cautelares.000000 000001.2.2Número de Audiencias de Pacto de Cumplimiento a las que asistió0001211400001.2.5Número de escritos solicitando pruebas.001020 000001.2.6Número de alegatos de conclusión presentados000000 000001.2.7Número de recursos de apelación interpuestos contra sentencia de primera instancia.000000 000001.2.8Número de escritos solicitando incidente de desacato.0017000 001001.2.9Número de comités de verificación de cumplimiento del fallo de los cuales forma parte.2530990 571111.2.10Número de actuaciones dentro del comité de verificación. Anexar actuaciones2317930 570111.2.11Número de prácticas de pruebas000000 00000 TOTAL2763519161 1014222

Producción de Guillermo Ricard Perea

Producción de Luzmila Trujillo Chaverra

Producción de Héctor Manuel Hinestroza Álvarez

2. Formato Información de la gestión función intervención judicial agraria

ASPECTOS EVALUADOSINSTANCIANo. TABLA DE CRITERIOSNUEVAS VARIABLESEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicPROCESOSTRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL2.1.2Número de alegatos presentados.000011 00000 TOTAL000011 00000JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO 2.2.4Número de audiencias de conciliación a las cuales asistió.000001 100002.2.5Número de alegatos presentados.000010 000002.2.6Número de recursos.000000 000002.2.7Número de trámite incidentes propuestos000000 000002.2.8Número de inspecciones judiciales a las que asistió000000 021002.2.9Numero de solicitud de pruebas002000 00000 TOTAL002011 12100

Producción de Guillermo Ricard Perea

Producción de Luzmila Trujillo Chaverra

Producción de Héctor Manuel Hinestroza Álvarez

3. Formato Información de la gestión función intervención administrativa ambiental

ASPECTOS EVALUADOSINSTANCIANo. TABLA DE CRITERIOSNUEVAS VARIABLESEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicACTUACIONESANTE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES4.1.1Número de Audiencias Públicas Ambientales en las que se practican consultas previas.021101 000024.1.2Número de Recursos Presentados contra los actos Administrativos que otorgan licencias, permisos, autorizaciones o concesiones por las autoridades.011150 100204.1.3Número de Visitas Practicadas a las Autoridades Ambientales. Con relación al seguimiento de sancionatorios, permisos, concesiones autorizaciones y licencias.232451 430114.1.4Número de Conceptos Presentados ante la autoridad ambiental.021130 000004.1.5Número de oficios en que pone en conocimiento a la autoridad ambiental de hechos que revisten importancia para el medio ambiente.551516185 400534.1.6Número de visitas practicadas al sitio de ocurrencia de los hechos objeto del seguimiento.6365712 810134.1.7Número de informes con fines disciplinarios ambientales. Anexar formato de informe con fines disciplinarios.000010 000004.1.8Número de procesos en los que actúo en el período (notificación y revisión de expedientes)17151188184614 380194512541534.1.9Número de solicitudes de revocación directa presentadas.010001 00000 TOTAL333237116223634 40119851263162PROCESOS POLICIVOSANTE MUNICIPIOS6.1.1Asistencia a inspecciones oculares000000 000016.1.2Asuntos trasladados a personeros en el periodo014232 361006.1.3Oposiciones u objeciones a dictamen pericial000000 000006.1.4Alegatos de conclusión presentados000000 00000 TOTAL014232 36101

Producción de Guillermo Ricard Perea

Producción de Luzmila Trujillo Chaverra

Producción de Héctor Manuel Hinestroza Álvarez
4. Formato Información de la gestión función intervención administrativa agraria

ASPECTOS EVALUADOSINSTANCIANo. TABLA DE CRITERIOSNUEVAS VARIABLESEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicACTUACIONESINCODER3.1.1Número de procesos en los que actúo en el período (notificación y revisión de expedientes).168483481433801111911451103.1.3Número de recursos interpuestos000390400203.1.4Número de inspecciones oculares a las cuales asistió como procurador judicial000000000003.1.5Número de solicitudes presentadas pidiendo aclaración o ampliación de la inspección ocular.010000000003.1.9Número de solicitudes de revocación directa presentadas.000000000003.1.10Número de conceptos en Oposiciones, sobre Conveniencia de Adquisición etc., presentados. Anexar conceptos y/o objeciones000000000003.1.11Número de solicitudes de cumplimiento de condición resolutoria.000000000003.1.12Número de oficios de impulso del proceso administrativo100200000003.1.13Número de informes con fines disciplinarios en materia agraria.000000000003.1.15Número de Asistencias a comités departamentales de reforma agraria o desplazados.323000000003.1.17Número de expedientes estudiados en el periodo para la compra de predios000000000003.1.18Número de audiencias de compra de predios a las que asistió00000000000 TOTAL57151857143384111191147110PROCESOS POLICIVOSANTE MUNICIPIOS6.1.1Asistencia a inspecciones oculares010000000006.1.2Asuntos trasladados a personeros en el periodo014232361006.1.3Oposiciones u objeciones a dictamen pericial000000000006.1.4Alegatos de conclusión presentados00000000000 TOTAL02423236100

Producción de Guillermo Ricard Perea

Producción de Luzmila Trujillo Chaverra

Producción de Héctor Manuel Hinestroza Álvarez
5. Formato Información de la gestión función preventiva ambiental

ASPECTOS EVALUADOSINSTANCIANo. TABLA DE CRITERIOSNUEVAS VARIABLESEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicPROYECTOS PRIORITARIOS DE LA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOSNACION, AUTORIDADES AMBIENTALES Y DISTRITALES, MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS. AUTORIDADES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, AUTORIDADES MINERAS5.1.1Total de Acciones judiciales presentadas000000 000005.3.1Acciones de Tutela000000 000005.3.3Acciones de cumplimiento000000 000005.3.5Acciones Populares000000 000005.3.6Acciones de Nulidad000000 000005.3.4Numero de constituciones en renuencia0028010 000005.3.6Numero de impugnaciones a fallos de tutela000000 000005.1.2Numero de recursos presentados ante las autoridades objeto de seguimiento.011050 500205.1.3Número de Requerimientos Presentados a las autoridades4172820155 152113175.1.4Número de informes con fines preventivos o de trascendencia local, departamental o nacional.530102 100115.1.5Número de visitas practicadas relacionadas con los proyectos prioritarios.6373612 710215.1.6Número de revocaciones directas presentadas ante la autoridad objeto del seguimiento.210301 000005.1.7Derechos de petición solicitados a la autoridad objeto de seguimiento1251027225 1200305.1.8Revisión de expedientes03417184193 3801941912541535.1.9Número de derechos de petición contestados551015235 622325.1.10Número de quejas que atiende113511138 2222335.1.11Número de procesos sancionatorios a los cuales efectuó seguimiento63368691 100303 TOTAL547593155338232 449201196311180

Producción de Guillermo Ricard Perea

Producción de Luzmila Trujillo Chaverra

Producción de Héctor Manuel Hinestroza Álvarez
6. Formato Información de la gestión función preventiva agraria

ASPECTOS EVALUADOSINSTANCIANo. TABLA DE CRITERIOSNUEVAS VARIABLESEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicPROYECTOS PRIORITARIOS DEL PROCURADOR JUDICIAL AGRARIONACION, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, INCODER, DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, AGUSTIN CODAZZI, DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS5.2.1Total de acciones judiciales presentadas.000000 000005.3.1Acciones de Tutela000000 000005.3.3Acciones de cumplimiento000000 000005.3.5Acciones Populares000000 000005.3.6Acciones de Nulidad000000 000005.3.4Numero de constituciones en renuencia0028010 000005.3.6Numero de impugnaciones a fallos de tutela000000 000005.2.2Numero de recursos presentados ante las autoridades objeto de seguimiento.0103140 000205.2.3Número de Requerimientos Presentados a las autoridades130218227 15211305.2.4Número de informes con fines preventivos presentados de trascendencia departamental o nacional.500102 100015.2.5Número de visitas practicadas relacionadas con los proyectos prioritarios del procurador judicial.636556 700215.2.6Número de revocaciones directas presentadas ante la autoridad objeto del seguimiento.310001 000005.2.7Derechos de petición solicitados a la autoridad objeto de seguimiento252152313 1220005.2.8Revisión de expedientes03448684881 380111191491105.1.9Número de derechos de petición contestados1252151710 622315.1.10Número de quejas que atiende113511178 222233 TOTAL525293136147128 44311919672116

Producción de Guillermo Ricard Perea

Producción de Luzmila Trujillo Chaverra

Producción de Héctor Manuel Hinestroza Álvarez

De acuerdo con las pruebas con las que se pretende fundamentar el cargo, la Sala, debe señalar que éstas no logran establecer en forma objetiva y razonable que el nominador actuara con un móvil oscuro o reprochable al disponer su retiro del servicio, por las razones que a continuación se pasan a exponer:

No se puede asegurar que se desmejoró el servicio cuando la persona que el Procurador General de la Nación nombró en remplazo del demandante, el señor Héctor Manuel Hinestroza Álvarez, en atención a la facultad discrecional que le asiste por tratarse de un empleo de libre nombramiento y remoción, no solo cumplía con los requisitos para desempeñar el empleo de Procurador 9º Judicial II Ambienta y Agrario de Quibdó, Código 3PJ, Grado EC, sino que contaba con estudios y formación suficiente afines con el mismo, prueba de lo anterior, es la hoja de vida del citado señor que obra en el expediente, en donde se evidencia que acreditaba más de más 15 años de experiencia para la fecha del nombramiento y los estudios suficientes para el desempeño del mismo.

En efecto, la Sala debe señalar que el cargo de Procurador Judicial II que era el ocupado por el señor Guillermo Ricard Perea al momento de su insubsistencia, tiene como requisitos académicos y de experiencia según la Resolución No. 450 de 2000 los establecidos para los magistrados ante quien actúan, estos son, los establecidos en los artículos artículo 127 y 128 de la Ley 270 de 1996, que indican que debe ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y estar en pleno uso de sus facultades, tener título de abogado, no estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad y tener experiencia profesional pública, privada o independiente por un lapso no inferior a ocho años adquirida con posterioridad a la obtención del título de abogado.

En ese sentido, como se demostró que el señor Héctor Manuel Hinestroza Álvarez cumple con los requisitos mínimos para el cargo –aspecto que de llegarse a comprobar su incumplimiento desvirtuaría de manera inmediata la presunción del buen servicio-, resta por referirse al argumento del actor, según el cual, carece de toda justificación que se prive a la Procuraduría General de la Nación de un funcionario de excelentes calidades personales, laborales y académicas como las de él, aspecto a lo cual la Sala responderá que esta Corporación ha sostenido en reiterados pronunciamientos que este tipo de cualidades y el buen desempeño de un empleo no genera fuero de estabilidad, de ahí que estas circunstancias aducidas por el apelante no enerva la facultad discrecional del nominador, como quiera que la condición de ser buen funcionario es o debe ser una característica propia de todo empleado público, de manera que la eficiencia y eficacia del servidor público no pasa de ser un deber inherente al ejercicio del cargo y no algo excepcional.

La Sección Segunda de esta Corporación, dilucidando el asunto de un empleado de libre nombramiento y remoción de la Procuraduría General de la Nación declarado insubsistente y que alegaba aspectos similares a los que aduce el accionante en el sub examine, expuso:

“La Sala desestimará el argumento mediante el cual el actor sostuvo que en razón a que prestó sus servicios eficientemente y acató el ordenamiento jurídico en el ejercicio de sus funciones no podía ser retirado de la entidad demandada, puesto que una excelente hoja de vida y la buena gestión en las actividades desempeñadas acatando las directrices del Procurador General de la Nación, no le otorgaban estabilidad en el empleo ya que no gozaba de la calidad de funcionario escalafonado. Además, ejercer la función pública con el mayor decoro y compromiso es una obligación de todo servidor público lo cual no otorga garantía de inamovilidad en el empleo, máxime cuando se ocupa un cargo de libre nombramiento y remoción.”

Ahora bien, en cuanto a la mejor producción del actor, vale la pena señalar que no existe en el expediente una prueba que indique que el señor Guillermo Ricard Perea haya realizado algo excepcional al normal desempeño de sus funciones como Procurador 9º Judicial II Ambiental y Agrario de Quibdó, Código 3PJ, Grado EC, que conduzca a considerar que quien lo reemplazo no alcanzó tal grado de excepcionalidad, prueba de ello es justamente la estadística del año 2009 en donde se evidencian varios componentes mensuales de gestión, tales como, las actividades ante tribunales contenciosos administrativos, tribunales de arbitramento y/o juzgados administrativos, de conceptualización, de intervención probatoria, en la solicitud de pruebas, en materia de impugnación de decisiones, en la actividad conciliatoria extrajudicial y judicial, en conciliaciones arbitrales, de la presentación de acciones constitucionales, llamamientos en garantía y otros y de intervención en procesos disciplinarios, aspectos que al final arrojan un puntaje, el cual es el reflejo de las actuaciones mensuales realizadas en estos ítems y de la prestación del servicio.

Los anteriores indicadores mensuales de gestión, por razón de los componentes que los integran, permiten establecer un aspecto cuantitativo de la prestación del servicio en la Procuraduría 9º Judicial II Administrativa de Quibdó, código 3 PJ, grado EC, durante el año 2009, desde el cual, contrario a lo afirmado por el demandante, no se evidencia un desmejoramiento de la función, pues durante el ejercicio de ese cargo por parte de los funcionarios Luzmila Trujillo Chaverra y Héctor Manuel Hinestroza Álvarez, quienes fueron nombrados en reemplazo del actor, no hubo una disminución de gestión. En efecto, si bien es cierto el actor actuó y obtuvo unos mejores resultados en algunos componentes, como es el caso de la intervención judicial ambiental e incluso en la intervención administrativa ambiental, no es menos cierto que en la función preventiva ambiental y agraria así como en la intervención administrativa agraria obtuvieron mejores resultados quienes lo remplazaron.

Sea la oportunidad para reconocer el buen desempeño del actor durante el tiempo en que estuvo vinculado a la Procuraduría General de la Nación, pero esta razón no es suficiente para revelar la causa y el fin perseguido de la decisión administrativa. Dicho en forma breve, no hay suficientes criterios en la estadística mensualizada del año 2009, como tampoco un nexo causal que pueda llevar a la conclusión infalible que existió una razón desviada y ajena al interés público en el retiro del señor Guillermo Ricard Perea. Si de esta prueba se pretendía obtener un indicio concluyente, el actor tenía que destacar más que una relación numérica, criterios diferenciadores en la misma y además apoyarse en otras probanzas que de manera indirecta delinearan la existencia de la causal invocada, de manera que puede concluirse que solo el listado de la estadística del año 2009 no es una prueba suficiente para obtener la certeza de que la decisión administrativa se tomó por motivos ajenos a mejorar el servicio, para con ello, desvirtuar la legalidad del acto.

Adicionalmente debe tenerse en cuenta que la estadística señala tan solo un componente cuantitativo, mas no cualitativo, el cual también es importante y determinante para efectos de establecer si en realidad el buen servicio se desmejoró. Es por ello que, se insiste, se deben concretar y probar los motivos distintos a la buena marcha de la administración que determinan la expedición del acto de insubsistencia; de lo contrario, se llegaría al extremo de juzgar con base en meras apreciaciones subjetivas, lo cual no es posible, toda vez que por disposición legal, toda decisión judicial debe estar fundada en la prueba regular y oportunamente allegada al proceso.

La apreciación de los medios de prueba exige que el juzgador pueda lograr un nivel de convicción sobre la desviación de poder, de manera que el juicio de probabilidad que construya permita arribar a conclusiones razonables. Estas, desde luego, requieren que dicho juicio de probabilidad se funde en elementos fácticos de los cuales se pueda inferir que la administración se desvió de los propósitos que planteó la ley, cuando confirió a la autoridad el ejercicio de la facultad discrecional.

En el caso concreto, tras el análisis individual y conjunto de las pruebas que obran en el expediente, para la Sala en atención a las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia no se encuentra acreditado el cargo de nulidad de desviación de poder, motivo por el cual este no tiene vocación de prosperidad.

En las anteriores condiciones se confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Guillermo Ricard Perea en contra de la Nación – Procuraduría General de la Nación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

CONFIRMAR la sentencia de 25 de junio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Guillermo Ricard Perea en contra de la Nación – Procuraduría General de la Nación, de conformidad a lo expuesto a la parte motiva de la presente providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Informe visible a folio 737.
Demanda visible a folios 2 a 24.
La abogada Carmen Virgilia Valencia Mosquera.
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 70 (parcial) y 76 (parcial) de la Ley 938 de 2004, “por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación.”
CONSEJO DE ESTADO, sentencia de 18 de agosto de 2005, Radicado No. 2096-2004, C. P. Dr. Jesús María Lemus Bustamante.
Ver folios 363 a 274 del expediente.
Ver folios 292 a 301.
Visible a folios 668 a 679 del expediente.
Visible a folios 682 a 696 del expediente.
Visible a folios 26 a 34.
CONSEJO DE ESTADO, sentencia de 12 de febrero de 2009, expediente 1961-2009, C. P. Dra. Bertha Lucia Ramírez de Paez.
Así lo expresó la Sala, entre otras, en la sentencia de 20 de agosto de 2015, Expediente No. 250002325000201000254-01, No. INTERNO: 1847-2012. C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-372 de 2012.
Artículo 26 del Decreto Ley 2400 de 1968
Sentencia Paristet de 1875, como se ilustra en “Le grands arrêts de la jurisprudence administrative” 11 Ed. Dalloz, Paris, 1996, pag. 26 a 35.
Sentencia de 31 de Agosto de 1988. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección segunda C.P. Clara Forero de Castro.
Visible a folio 85.
Visible a folio 87.
Visibles a folios 408 a 467.
Visible a folios 410 a 441.
Manual de Funciones de la Procuraduría General de la Nación.
En sentencia de 31 de julio de 1997 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, radicado No. 16128, al respecto dijo:
“… en lo que respecta al buen desempeño del actor, durante el tiempo que laboró para la entidad, ha de decir la Sala que tal circunstancia no genera para los empleados que puedan ser retirados del servicio por discrecionalidad del nominador, fuero de estabilidad, ni es obstáculo para que la administración ejercite la facultad que le ha sido asignada por Ley, como en el caso sub-examine, la que se presume ejercida en aras del buen servicio.”. (Subrayas no son del texto citado).
En similar sentido se pueden leer, entre otras, de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado: Sentencia del 24 de julio de 2008, radicado interno 7066-05, CP Dr. Jesús María Lemos Bustamante; sentencia del 26 de abril de 2012, radicado interno 1205-10, CP Dr. Gerardo Arenas Monsalve.
CONSEJO DE ESTADO, Sentencia de 24 de octubre de 2013, radicado interno 1928-13, C.P. Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez. Actor: Jairo Hernando Gutiérrez García. Accionado: Procuraduría General de la Nación.

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