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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 27001-23-31-000-2011-00237-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-31-000-2011-00237-01

Fecha
26 de enero de 2023
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-31-000-2011-00237-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Modifícase la sentencia proferida el 5 de marzo de 2015 por el Tribunal Administrativo del Chocó, la cual queda así: “PRIMERO. Decláranse no probadas las excepciones de caducidad de la acción y legitimación en la causa por activa de conformidad a las consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: Declárase probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del Ministerio de Justicia y del Derecho, la Dirección Nacional de Estupefacientes, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República — Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y Empleamos S.A. TERCERO: Decláranse patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional — Ejército Nacional – Policía Nacional, por los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión al fallecimiento del señor WILKILLER MURILLO, ocurrida el 27 de julio de 2009, cuando se desempeñaba como erradicador manual de cultivo ilícitos. CUARTO. Condénase a la Nación — Ministerio de Defensa — Ejército Nacional — Policía Nacional a pagar las siguientes sumas, por concepto de perjuicios morales: DEMANDANTES PERJUICIO MORAL SMLMV LUISA FERNANDA MURILLO LÓPEZ (Hija) 100 YENIFER JOHANA MURILLO LÓPEZ (Hija) 100 QUINTO. Condénase a la Nación — Ministerio de Defensa — Ejército Nacional — Policía Nacional, a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de veinticuatro millones cuatrocientos noventa y dos mil doscientos un pesos ($24’492.201) en favor de Luisa Fernanda Murillo López y de veintiún millones novecientos treinta y nueve mil quinientos treinta y nueve pesos ($21’939.539) en favor de Yenifer Johana Murillo López. SEXTO. Deniéganse las demás pretensiones de la demanda. SÉPTIMO. A la sentencia se le dará cumplimiento de conformidad a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo. 31 Expediente 27001-23-31-000-2011-00237-01 (55.165) Actor: Yamiled López López y otras Reparación directa - apelación de sentencia OCTAVO. Sin Costas”. 2°) Abstiénese de condenar en costas de esta instancia procesal. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 27001-23-31-000-2011-00237-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

26 de enero de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 27001-23-31-000-2011-00237-01 (55.165)
Actor: YAMILED LÓPEZ LÓPEZ Y OTRAS
Demandados: LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
EJÉRCITO NACIÓNAL Y OTROS
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – MUERTE DE
ERRADICADOR MANUAL DE CULTIVOS ILÍCITOS

Síntesis del caso: el señor Wilkiller Murillo falleció como consecuencia de un ataque guerrillero
mientras prestaba sus servicios de erradicador manual de cultivos ilícitos en zona rural del
municipio de Istmina (Chocó), daño que es imputado a las entidades demandadas por no haber
prestado las medidas de seguridad necesarias para el cumplimiento de dicha labor y, por lo
tanto, haber incurrido en falla del servicio.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional contra la sentencia proferida el 5 de marzo de 2015
por el Tribunal Administrativo del Chocó por medio de la cual resolvió lo
siguiente:

“PRIMERO. Declarar no probadas las excepciones de caducidad de la
acción y legitimación en la causa por activa de conformidad a las
consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Declarar probada la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva respecto del Ministerio de Justicia y del Derecho,
la Dirección Nacional de Estupefacientes, el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República — Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social y Empleamos S.A.

TERCERO: Declarar administrativa y patrimonialmente responsable a
la Nación – Ministerio de Defensa Nacional — Ejército Nacional –
Policía Nacional, por los perjuicios causados a los demandantes, con
ocasión al fallecimiento del señor WILKILLER MURILLO, ocurrida el
27 de julio de 2009, cuando se desempeñaba como erradicador
manual de cultivo ilícitos.

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Expediente 27001-23-31-000-2011-00237-01 (55.165)
Actor: Yamiled López López y otras
Reparación directa - apelación de sentencia

CUARTO. Condénase a la Nación — Ministerio de Defensa — Ejército
Nacional — Policía Nacional a pagar las siguientes sumas, por
concepto de perjuicios morales:

DEMANDANTES PERJUICIO MORAL
SMLMV
LUISA FERNANDA MURILLO LÓPEZ (Hija) 100
YENIFER JOHANA MURILLO LÓPEZ (Hija) 100

QUINTO. Condénese a la Nación — Ministerio de Defensa — Ejército
Nacional — Policía Nacional, a pagar por concepto de perjuicios
materiales en la modalidad de lucro cesante, las siguientes sumas de
dinero:

Cuarenta y siete millones ciento sesenta y seis mil ciento ochenta y
ocho pesos ($47.166.188), a favor de Luisa Fernanda Murillo López.

Cuarenta y dos millones doscientos cincuenta mil trescientos sesenta
y cuatro pesos ($42.250.364), a favor de Yenifer Johana Murillo
López.

SEXTO. A título de daño a la vida de relación, CONDÉNESE a la
Nación - Ministerio de Defensa — Ejército Nacional — Policía Nacional
al pago de las siguientes sumas:

DEMANDANTES PERJUICIO MORAL
SMLMV
LUISA FERNANDA MURILLO LÓPEZ (Hija) 100
YENIFER JOHANA MURILLO LÓPEZ (Hija) 100

SÉPTIMO. A la sentencia se le dará cumplimiento de conformidad a lo
dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso
Administrativo.

OCTAVO. Sin Costas.

NOVENO. En firme la presente en caso de no ser apelada, archívese
el expediente y cancélese su radicación.” (fls. 1170 a 1171 cdno. ppal.
– mayúsculas sostenidas del original).

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

1.1 Pretensiones

Mediante escrito presentado el 19 de septiembre de 2011 (fl. 1 cdno. 1), la
señora Yamiled López López, quien actúa en nombre de sus hijas menores de
edad Luisa Fernanda y Yénifer Jhoana Murillo López, promovió demanda de

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Expediente 27001-23-31-000-2011-00237-01 (55.165)
Actor: Yamiled López López y otras
Reparación directa - apelación de sentencia

reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional – Ejército Nacional, la Presidencia de la República – Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República – Programa Especial contra
Cultivos Ilícitos – Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional, el Ministerio del Interior y de Justicia, la Dirección Nacional de
Estupefacientes y Empleamos SA con las siguientes pretensiones:

“1. DECLÁRESE que LA NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO
DE DEFENSA (EJÉRCITO Y POLICÍA NACIONAL); PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – PROGRAMA PRESIDENCIAL
CONTRA CULTIVOS ILÍClTOS, AGENCIA PRESIDENCIAL PARA
LA ACCIÓN SOCIAL y LA COOPERACIÓN INTERNACIÓNAL –
ACCIÓN SOCIAL); MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA;
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES y EMPLEAMOS
S.A., son administrativa y solidariamente responsables de la totalidad
de los daños y perjuicios ocasionados a las demandantes LUISA
FERNANDA MURILLO LÓPEZ y YÉNIFER JHOANA MURILLO
LÓPEZ con la muerte de su padre, el señor WILKILLER MURILLO en
hechos ocurridos el día 27 de julio de 2009, al ser atacado por grupos
al margen de la ley en zona rural del municipio de Istmina,
departamento de Chocó, cuando se desempeñaba como erradicador
de cultivos ilícitos, a órdenes de las entidades citadas.

2. CONDÉNESE a LA NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE
DEFENSA – EJÉRCITO Y POLICÍA NACIONAL); PRESIDENCIA DE
LA REPÚBLICA (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – PROGRAMA PRESIDENCIAL
CONTRA CULTIVOS ILÍCITOS, AGENCIA PRESIDENCIAL PARA
LA ACCIÓN SOCIAL y LA COOPERACIÓN INTERNACIÓNAL –
ACCIÓN SOCIAL); MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA;
DIRECCIÓN NACIÓNAL DE ESTUPEFACIENTES y EMPLEAMOS
S.A., a indemnizar a los demandantes, los siguientes perjuicios:

2.1. Morales:

2.1.1. Sufridos por LUISA FERNANDA MURILLO LÓPEZ y YENIFER
JHOANA MURILLO LÓPEZ

2.1.2. Causados por la angustia, la congoja y la pena padecidas como
consecuencia de la muerte de su padre WILKILLER MURILLO, en
hechos ocurridos el día 27 de julio de 2009, al ser atacado por grupos
al margen de la ley en zona rural del municipio de Istmina –
departamento de Chocó, cuando se desempeñaba como erradicador
de cultivos ilícitos, a órdenes de las entidades citadas.

2.1.3. Estimados en SEISCIENTOS (600) SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES MENSUALES para cada uno de los perjudicados, que hoy
tienen un valor de $ 21.360.000 O LO MÁS QUE SE PRUEBE EN EL
PROCESO, reconocimiento que se hará de acuerdo al valor que
tenga el salario mínimo legal mensual a la fecha de ejecutoria de la
sentencia o del auto que apruebe la conciliación y se actualizará
según la variación del índice de precios al consumidor suministrado

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Expediente 27001-23-31-000-2011-00237-01 (55.165)
Actor: Yamiled López López y otras
Reparación directa - apelación de sentencia

por el DANE, a la fecha de la sentencia o del auto aprobatorio de
la conciliación, acorde con el fallo del Consejo de Estado de
septiembre 6 del 2001 (o lo que esté reconociendo la Jurisprudencia
en el momento del fallo por concepto de perjuicios morales y su
actualización).

2.2. MATERIALES DE LUCRO CESANTE (consolidado y futuro):

2.2.1 Sufridos por: LUISA FERNANDA MURILLO LÓPEZ y YENIFER
JHOANA MURILLO LÓPEZ,

2.2.2. Consistente en las sumas de dinero que dejaron de percibir
como consecuencia de la muerte de su padre en hechos ocurridos el
día 27 de julio de 2009, al ser atacado por grupos al margen de la ley
en zona rural del Municipio de Istmina – Chocó, cuando se
desempeñaba como erradicador manual de cultivos ilícitos, a órdenes
de las entidades citadas.

2.2.3. Lucro cesante consolidado estimado desde la fecha de
ocurrencia de los hechos (27 de julio de 2009) y hasta la fecha
probable de la sentencia (27 de julio de 2012), es decir por un periodo
probable de tres años, en la suma de DIECISÉIS MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE
PESOS ($16.346.412) O LO MÁS QUE SE PRUEBE EN EL
PROCESO, suma que deberá fijarse de manera definitiva al momento
de proferirse el fallo, de acuerdo a la actualización del salario mínimo
legal mensual para esa fecha con la fórmula de indexación avalada
por la jurisprudencia del H. Consejo de Estado y liquidada de acuerdo
al cálculo actuarial establecido, teniendo como parámetros la fecha
de la muerte del señor WILKILLER MURILLO y la fecha probable de
la sentencia.

2.2.4 Lucro cesante futuro calculado desde la fecha probable de la
sentencia y hasta que los menores alcancen la edad de 25 años,
estimados en CIENTO TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA
MIL TRESCIENTOS UN PESOS ($103.330.301) O LO MÁS QUE SE
PRUEBE EN EL PROCESO, suma que deberá fijarse de manera
definitiva al momento de proferirse el fallo, de acuerdo a la
actualización del salario mínimo legal mensual para esa fecha con la
fórmula de indexación avalada por la jurisprudencia del H. Consejo de
Estado y liquidada de acuerdo al cálculo actuarial establecido
teniendo como parámetros la fecha de la probable sentencia y la
supervivencia del lesionado.

2.3. Daño a la vida en relación

2.3.1. Sufridos por LUISA FERNANDA MURILLO LÓPEZ y YENIFER
JHOANA MURILLO LÓPEZ

2.3.2. Causado por la afectación que en su entorno social y familiar,
produjo la muerte del señor WILKILLER MURILLO, en hechos
ocurridos el día 17 de julio de 2009, al ser atacado por grupos al
margen de la ley en zona rural del Municipio de Istmina – Chocó,
cuando se desempeñaba como erradicador manual de cultivos ilícitos,
a órdenes de las entidades citadas.

2.3.3. Estimados en SEISCIENTOS (600) SALARIOS

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Expediente 27001-23-31-000-2011-00237-01 (55.165)
Actor: Yamiled López López y otras
Reparación directa - apelación de sentencia

MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, que hoy tienen un valor de
$321.360.000 O LO MÁS QUE SE PRUEBE EN EL PROCESO,
reconocimiento que se hará de acuerdo al valor que tenga el salario
mínimo legal mensual a la fecha de ejecutoria de la sentencia o del
auto que apruebe la conciliación y se actualizará según la variación
del índice de precios al consumidor suministrado por el DANE, a la
fecha de la sentencia o del auto aprobatorio de la conciliación, acorde
con el fallo del Consejo de Estado de septiembre 6 del 2001 (o lo que
esté reconociendo la jurisprudencia en el momento del fallo por
concepto de perjuicios morales y su actualización).

3. ORDÉNESE a la NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE
DEFENSA (EJÉRCITO Y POLICÍA NACIÓNAL); PRESIDENCIA DE
LA REPÚBLICA (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – PROGRAMA PRESIDENCIAL
CONTRA CULTIVOS ILÍCITOS, AGENCIA PRESIDENCIAL PARA
LA ACCIÓN SOCIAL y LA COOPERACIÓN INTERNACIÓNAL –
ACCIÓN SOCIAL); MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA
(DIRECCIÓN NACIÓNAL DE ESTUPEFACIENTES) y EMPLEAMOS
S.A., cumplir la sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y
178 del C. C. Administrativo e imputar primero a intereses todo pago
que haga.” (fls. 3 a 7 cdno. 1 – mayúsculas sostenidas del texto
original).

1.2 Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

1) El señor Wilkiller Murillo suscribió un contrato de trabajo con la empresa
Empleamos SA para desempeñarse como erradicador manual de cultivos ilícitos
para un programa del Gobierno Nacional, labor que inició el 28 de junio de 2010
en zona rural del municipio de Istmina (Chocó).

2) El 27 de julio de 2009 se presentó un ataque guerrillero en contra de los
erradicadores de dicha zona en el cual el señor Wilkiller Murillo falleció.

Con base en los anteriores hechos la parte demandante efectuó el siguiente
razonamiento de responsabilidad:

1) Las entidades demandadas incurrieron en falla del servicio por no haber
brindado la seguridad y la protección necesarias para evitar que el grupo
guerrillero efectuara el ataque o lo contrarrestara de manera eficiente.

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Expediente 27001-23-31-000-2011-00237-01 (55.165)
Actor: Yamiled López López y otras
Reparación directa - apelación de sentencia

2) También se puede predicar responsabilidad por daño especial o riesgo
excepcional debido a que la acción terrorista iba dirigida a la Fuerza Pública y a
los erradicadores de cultivos ilícitos que son contratados por el Estado.

2. Posición de las demandadas

2.1 La Dirección Nacional de Estupefacientes

Esta entidad se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las siguientes
excepciones: i) “falta de legitimación en la causa por pasiva”, con base en que
en el marco de sus funciones no se encuentra la ejecución de la política pública
de erradicación manual de cultivos ilícitos (la cual está en cabeza de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional) y mucho
menos la de custodia y cuidado de los erradicadores manuales de aquellos (la
cual es exclusivamente de las fuerzas armadas y de policía), por el contrario, su
función es únicamente la de asesorar y apoyar en la formulación de políticas y
programas en materia de lucha contra la producción, tráfico y uso de drogas que
producen dependencia, nunca ejecuta fumigaciones o erradicación de cultivos
ilícitos; ii) “hecho de un tercero”, debido a que quienes generaron directamente
el daño fueron grupos al margen de la ley; iii) “inexistencia del nexo causal y de
obligación”, por cuanto no existe acción u omisión de la entidad frente al daño
invocado en la demanda; iv) “caducidad”, puesto que la muerte del señor Wilkiller
Muirllo ocurrió el 27 de julio de 2009 y la demanda se interpuso el 19 de
septiembre de 2011 y, v) “falta de legitimidad por activa”, puesto que la señora
Yamiled López López no probó su relación conyugal con la víctima directa.
También alegó que es improcedente la responsabilidad objetiva en este caso y,
respecto de los perjuicios, además de que no se probaron, las sumas solicitadas
son exageradas (fls. 83 a 105 cdno. 1).

2.2 Empleamos SA

Esta sociedad de carácter privado manifestó oposición a todas las súplicas de la
demanda por considerar que la responsabilidad patrimonial recae
exclusivamente en el Estado, la obligación de conservar la seguridad de los
habitantes del país es de aquel y no de un particular, pues, Empleamos SA firmó

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un contrato con Acción Social con el único fin de suministrar personal para la
erradicación manual de cultivos ilícitos, de manera que su obligación era
netamente laboral con la cual cumplió a cabalidad, en consecuencia, no hay
ninguna relación con el daño alegado, además, este último fue causado por un
acto guerrillero, motivo por el cual propuso las excepciones que denominó
“inepta demanda”, “falta de legitimación por pasiva”, buena fe exenta de culpa”,
“fuerza mayor o caso fortuito” y “transacción”, esta última debido a que la
empresa ya transigió “el posible conflicto” con las demandantes por el hecho de
que les fue reconocida una indemnización por haberse ocasionado la muerte en
un accidente de trabajo (fls. 144 a 175 cdno. 1).

2.3 La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

La Policía Nacional se opuso a las súplicas de la parte actora y propuso las
siguientes excepciones: i) “falta de legitimación en la causa por activa”, porque,
en su parecer, la parte demandante no probó la calidad con la que actúa, ii) “falta
de legitimación en la causa por pasiva”, debido a que ni por acción ni por omisión
la entidad es la causante de los perjuicios reclamados, esta nunca contrató
servicios con la reclutadora de los erradicadores y tampoco fueron solicitados
sus servicios de seguridad por aquella, máxime si se tiene en cuenta que la
entidad no tiene competencia en zona rural sino solamente en zona urbana y, iii)
“hecho de un tercero”, por cuanto el daño fue provocado por grupos al margen
de la ley (fls. 311 a 316 cdno. 2)

2.4 El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (antes
Agencia Presidencial para la Acción Social y Cooperación
Internacional)

Se opuso a las pretensiones de la demanda sobre la base de sostener que no
era la entidad responsable de la seguridad de los procesos de erradicación sino
el Ejército Nacional; la antigua Acción Social no contrataba erradicadores de
cultivos ilícitos, esto lo hacía la empresa de servicios temporales y sus funciones
estaban encaminadas a ejecutar en lo que era su competencia los programas de
la política de gobierno en el marco de la lucha contra las drogas, además, el
daño fue producido por la acción de grupos al margen de la ley, motivos por los
cuales propuso la excepciones generales de “hecho de un tercero”, “falta de

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legitimación en la causa por pasiva” y “falta de acervo probatorio” (fls. 326 a 352
cdno. 2)

2.5 La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Esta organización también se opuso a las súplicas de la parte actora y propuso
las excepciones de i) “inexistencia de imputabilidad de la entidad demandada”,
por el hecho de que brindó la seguridad que estaba a su alcance y su obligación
es de medio mas no de resultado, de manera que, a pesar de cumplir con su
obligación de protección de los erradicadores, al punto de que pidieron refuerzos
a la Policía Nacional ante el ataque guerrillero, no se pudo evitar la muerte del
señor Wilkiller Murillo, en todo caso, las demandantes ya fueron indemnizadas
por la empleadora al determinarse que la muerte se ocasionó por accidente
laboral y, ii) “hecho de un tercero” debido a que el ataque fue perpetrado por las
FARC; asimismo, sostuvo que a la víctima no se la expuso a un riesgo
excepcional, sino que, ella misma decidió exponerse a este cuando firmó el
contrato con conocimiento del peligro que corría en su labor y, finalmente, adujo
que el monto de la indemnización solicitada excede los parámetros determinados
por la jurisprudencia del Consejo de Estado (fls. 439 a 463 cdno. 2).

2.6 El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

Manifestó oponerse a las pretensiones de la demanda y propuso la excepción
de “ineptitud sustantiva de la demanda por falta de legitimación por pasiva” con
fundamento en que no tiene a su cargo la función de erradicación de cultivos
ilícitos ni la de prestar seguridad y protección a los erradicadores de coca, de
manera que no tuvo participación alguna en los hechos generadores del daño,
sino que, esta se debe a la culpa exclusiva de un tercero y, por lo tanto, no hay
nexo causal que lo vincula en la generación del daño relacionado con la
demanda (fls. 585 a 590 cdno. 2)

3. Alegatos de conclusión de primera instancia

1) La Dirección Nacional de Estupefacientes expuso que las pruebas
practicadas en el proceso dieron cuenta de que la entidad no tuvo injerencia en

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la contratación o capacitación del personal para la erradicación de cultivos ilícitos
en el municipio de Istmina (Chocó) ni mucho menos en la seguridad de los
trabajadores, razón por la cual no le asiste ninguna obligación con la víctima (fls.
977 a 979 cdno. 3).

2) La parte demandante alegó que con los medios de acreditación obrantes en
el expediente se probó que la muerte de la víctima fue responsabilidad de Acción
Social y Empleamos SA porque fueron estas quienes contrataron sus servicios,
directa e indirectamente, para la erradicación manual de cultivos ilícitos, para lo
cual el señor Wilkiller Murillo era inexperto; la Dirección Nacional de
Estupefacientes también tiene responsabilidad por ser el máximo ente rector de
la política de drogas en Colombia, quien diseñó como estrategia para controlar
los cultivos ilícitos la erradicación manual y asignó la coordinación de ese plan a
Acción Social; de igual manera, la Fuerza Pública (Policía y Ejército Nacionales)
es responsable del daño antijurídico por estar encargada de la seguridad de los
erradicadores; todas las aludidas entidades incurrieron en falla del servicio, daño
especial o riesgo excepcional, porque, a pesar de tener conocimiento de la
peligrosidad de la zona, insistieron en mantener al personal civil en las labores
de erradicación manual de los cultivos ilícitos (fls. 980 a 999 cdno. 3).

3) A su turno, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
insistió en los argumentos de oposición planteados en la contestación de la
demanda (fls. 1000 a 1021 cdno. 3).

4) El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social también reiteró los
argumentos esbozados en la contestación de la demanda (fls. 1022 a 1030 cdno.
4).

5) La sociedad Empleamos SA adujo que, a pesar de haber sido contratada para
el suministro del personal, no asumió la responsabilidad de la usuaria (Acción
Social) consistente en velar por la seguridad de los ciudadanos, su
responsabilidad como empresa de servicios temporales se limita al campo
netamente laboral, motivo por el cual insistió en que no tiene ninguna obligación
en este proceso (fls. 1100 a 1108 cdno. 4).

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Actor: Yamiled López López y otras
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6) Las demás entidades demandadas guardaron silencio.

4. La sentencia apelada

1) El Tribunal Administrativo del Chocó, en sentencia del 5 de marzo de 2015
(fls. 1111 a 1171 cdno. ppal.) declaró no probadas las excepciones de caducidad
de la acción y de falta de legitimación en la causa por activa; declaró probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del Ministerio
de Justicia y del Derecho, la Dirección Nacional de Estupefacientes, el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social y Empleamos SA, y en cuanto al mérito
de las súplicas de la demanda declaró patrimonialmente responsable a la Nación
– Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Policía Nacional de la muerte del
señor Wilkiller Murillo y las condenó al pago de los correspondientes perjuicios.

2) En primer lugar, explicó que la demanda se interpuso en tiempo debido a que
el deceso de la víctima ocurrió el 27 de julio de 2009, la solicitud de conciliación
prejudicial se radicó el 26 de julio de 2011, la cual se declaró fallida el 16 de
septiembre siguiente y la demanda se interpuso el 19 de septiembre de 2011;
además, al expediente fueron allegados los registros civiles de las demandantes
con los cuales se acreditó su parentesco de hijas con la víctima.

3) En segundo término, consideró que las entidades mencionadas en
precedencia no están legitimadas en este asunto debido a que ninguna de ellas
tiene la función de velar por la seguridad directa de los ciudadanos, la cual recae
exclusivamente en la Fuerza Pública.

4) Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad de la Fuerza Pública expuso que
está probado que el 27 de julio de 2009 fue emboscada una lancha en el río San
Juan a la altura del punto Paimadó, delante del caserío Bebedó, con granadas y
disparos de ametralladoras, cuando un grupo de erradicadores adscritos al
programa de erradicación manual de cultivos ilícitos adelantado por Acción
Social en coordinación del Ejército Nacional procedían a desplazarse hacia el
municipio de Andagoya, en el cual perdió la vida el señor Wilkiller Murillo.

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Actor: Yamiled López López y otras
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5) Estimó que la muerte de la víctima es imputable jurídicamente a la Nación –
Ejército Nacional y a la Policía Nacional a título de falla del servicio con
fundamento en su posición de garantes que se concretó cuando el coordinador
del grupo comunicó sobre su misión y lugar de trabajo, sin embargo, la Fuerza
Pública incumplió su deber de protección y seguridad encomendado
constitucionalmente; aunque la muerte la provocó un grupo armado al margen
de la ley, lo cierto es que su conducta omisiva la facilitó cuando permitió el
desplazamiento de los erradicadores sin ninguna protección, solo con chalecos
salva vidas, sin tener en cuenta la grave situación de orden público en la zona,
con independencia de que no hubieran solicitado protección de manera expresa
por parte del programa presidencial para la erradicación de cultivos ilícitos, pues,
la Fuerza Pública debió asumirla por tener certeza de la situación de riesgo en
la que se encontraban los erradicadores; el solo acompañamiento no resultó
eficaz frente al ataque, pues, la situación implicaba un refuerzo de las medidas
de protección debido a que se tenía conocimiento de las amenazas efectuadas
al grupo de erradicadores, al punto que se cambió la fecha inicialmente
programada para el desplazamiento.

5. El recurso de apelación

La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional (fls. 1176 a 1184 cdno.
ppal.) manifestó su inconformidad con el fallo de primera instancia por considerar
que no se probó ninguna falla del servicio por parte suya y, por lo tanto, que no
hay nexo de causalidad entre su actuación y el daño pues, este fue provocado
por el hecho de un tercero.

6. Las alegaciones de conclusión en segunda instancia

1) El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (fls. 1221 a
1224 cdno. ppal.) solicitó que se confirme la sentencia impugnada por haber
declarado su falta de legitimación en la causa por pasiva para lo cual expuso los
mismos argumentos de su defensa en primera instancia.

2) La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional (fls. 1225 a 1259 cdno
ppal.) puso de presente los parámetros establecidos para prestar el servicio de

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Expediente 27001-23-31-000-2011-00237-01 (55.165)
Actor: Yamiled López López y otras
Reparación directa - apelación de sentencia

seguridad por parte de la entidad en la labor de erradicación manual de cultivos
ilícitos que realizan los Grupos Móviles de Erradicación (GME) y, alegó que el
daño fue provocado por un ataque guerrillero que era imprevisible, que este
estaba dirigido a la población civil y que no se probó ninguna falla del servicio,
motivo por el cual solicitó la denegación de las pretensiones.

3) Las demás partes guardaron silencio.

4) El Ministerio Público solicitó el traslado especial por fuera del término del
traslado común, pues, este corrió desde el 6 hasta el 19 de abril de 2016 según
constancia secretarial (fl. 1278 cdno. ppal.), en tanto aquel se allegó el 20 de
abril de 2016 (fl. 1266 cdno. ppal), motivo por el cual y con observancia de lo
dispuesto en el artículo 210 del CCA su concepto no se tendrá en cuenta (fls.
1267 a 1277 cdno. ppal.).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio
de la decisión, 2) análisis probatorio, 3) análisis de la responsabilidad patrimonial
extracontractual del Estado, 4) indemnización de perjuicios, 5) conclusión y, 6)
condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Presentada en tiempo la demanda1, corresponde a la Sala determinar si la
muerte del señor Wilkiller Murillo ocurrida como consecuencia de un supuesto

1 Como la muerte del señor Wilkiller Murillo ocurrió el 27 de julio de 2009, el plazo para interponer

la demanda vencía, en un principio, el 28 de julio de 2011, sin embargo, la solicitud de
conciliación prejudicial se presentó el 26 de julio de 2011 la cual se declaró fallida el 16 de
septiembre siguiente (fl. 64 cdno. 1), de modo que el cómputo de la caducidad fue suspendido
por ese tiempo, motivo por el cual el plazo se extendió hasta el 19 de septiembre de 2011 (el 18
fue día inhábil). Dado que la demanda se instauró el 19 de septiembre de ese año se impone
concluir que lo fue antes del vencimiento de los dos años de caducidad para impetrar la acción
de reparación directa de que trata el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo.

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Expediente 27001-23-31-000-2011-00237-01 (55.165)
Actor: Yamiled López López y otras
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ataque guerrillero a un grupo de erradicadores manuales de cultivos ilícitos en
zona rural de Istmina (Chocó) al cual pertenecía la víctima es imputable a la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía y Ejército Nacionales2, por haber
incurrido en una supuesta falla del servicio consistente en la omisión de brindar
las adecuadas condiciones de seguridad y protección para desarrollar la función
encomendada, o por haberse configurado una responsabilidad objetiva de daño
especial o riesgo excepcional.

La sentencia de primera instancia será confirmada en cuanto a la declaración de
responsabilidad patrimonial extracontractual de la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía y Ejército Nacionales por la muerte del señor Wilkiller Murillo
por haber incurrido en falla del servicio por omisión en sus deberes de protección
y seguridad de la víctima, pero, modificará la decisión en cuanto a la
indemnización de perjuicios debido a que se denegará el perjuicio de “daño a la
vida de relación” al cual había accedido el tribunal a quo por no encontrarse
probado y se actualizará la condena por perjuicios materiales.

2. Análisis probatorio

De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso se
encuentran demostrados los siguientes hechos relevantes:

1) El señor Wilkiller Murillo falleció el 27 de julio de 2009, según consta en el
respectivo registro civil de defunción (fl. 49 cdno. 1).

2) La empresa Empleamos SA firmó un contrato de trabajo el 28 de junio de 2009
con el señor Wilkiller Murillo, cuyo objeto y duración fueron los siguientes:

“PRIMERA: OBJETO: El trabajador se vincula laboralmente con el
EMPLEADOR, bajo la modalidad de TRABAJADOR EN MISIÓN, con
el fin de cumplir en las instalaciones de la EMPRESA USUARIA
ACCIÓN SOCIAL FIP, las funciones necesarias para DAR

2 Se precisa que en relación con las demás entidades demandadas, el tribunal de primera
instancia declaró su falta de legitimación en la causa por pasiva frente a lo cual no hubo
inconformidad alguna, razón por la cual el análisis de imputación en esta instancia se efectuará
exclusivamente respecto de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército y Policía Nacionales,
por ser las entidades condenadas en primera instancia y la última fue quien interpuso el recurso
de apelación en el cual nada dijo frente a dicha decisión.

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Actor: Yamiled López López y otras
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CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
359-2007 de conformidad con el art. 77 de la ley 50 de 1990.

(…).

TERCERA: DURACIÓN DEL CONTRATO: El trabajador ha sido
contratado para la labor de ERRADICADOR la cual durará por el
tiempo estrictamente requerido y solicitado al EMPLEADOR por la
empresa usuaria ACCIÓN SOCIAL FIP por lo anterior el contrato
terminará en el momento en que la EMPRESA USUARIA comunique
al EMPLEADOR, que el servicio o labor contratada terminó.” (fl. 54
cdno. 1 – mayúsculas sostenidas del texto original).

3) El aludido contrato de prestación de servicios no. 359 (fls. 215 a 229 cdno. 1)
suscrito por la entonces Agencia Presidencial Para la Acción Social y la
Cooperación Internacional (en adelante Acción Social) y Empleamos SA el 8 de
febrero de 2007 tuvo por objeto lo siguiente:

“(…) prestar el servicio de personal temporal en misión por parte de
LA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES, con el fin de
implementar la estrategia Grupo Móvil de Erradicación del programa
Presidencial contra Cultivos Ilícitos – PCI en la erradicación de cultivos
ilícitos y así alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo” (fl.
215 cdno. 1 – mayúsculas sostenidas originales).

Unas de las obligaciones de la empresa de servicios temporales (Empleamos
SA) fueron las de “suministrar los trabajadores en misión para la erradicación de
cultivos ilícitos en la zonas donde opera la estrategia Grupo Móvil de
Erradicación Manual y Forzosa” y “asumir todas las obligaciones laborales
derivadas de su condición de empleador, como resultado de los contratos de
trabajo que suscriba con las personas naturales que prestarán sus servicios en
misión para cumplir con la erradicación de cultivos ilícitos” (fl. 215 cdno. 1).

4) Acción Social, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional suscribieron el
convenio interadministrativo no. PCI-006 de 2009 cuyo objeto fue “[a]unar
esfuerzos interinstitucionales dirigidos a apoyar financieramente la operación de
la Estrategia de Erradicación Manual y Mecánica Forzosa del Grupo Móvil de
Erradicación (GME)” (fl. 423 cdno. 2) y dentro de las obligaciones asumidas por
cada entidad, entre otras, se estableció para el ministerio y la Policía Nacional
“[c]ontinuar con el apoyo y la participación en todas las actividades propias
dentro de la estrategia de Erradicación Manual y Mecánica Forzosa del Grupo
Móvil de Erradicación (GME)”, y para Acción Social “[c]ontinuar con la

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implementación y desarrollo de la Estrategia de Erradicación Manual y Mecánica
forzosa de los cultivos ilícitos” (fl. 424 cdno. 2). Respecto de las condiciones
técnicas de ejecución del convenio se establecieron, entre otras, las siguientes:

“A. CONFORMACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO Y MODELO DE
OPERACIÓN: 1) Los grupos se conforman para cada una de las áreas
en donde se efectuará la erradicación, el modelo de operación
consiste en la conformación de grupos de veintiocho (28)
erradicadores, dos (2) rancheros y un capataz que se desplazarán
hasta las plantaciones de cultivos ilícitos, para realizar la erradicación
manual forzosa de la totalidad de las plantas de coca, marihuana y
amapola que identifiquen por períodos variables de 45 a 60 días de
trabajo, los cuales pueden ser modificados por razones de orden
público por las necesidades concretas en campo, en cada zona puede
haber uno o más grupos, según las necesidades específicas de la
zona. 2) Los grupos de erradicadores serán desplazados a las
áreas de trabajo protegidas por la Policía y Ejército Nacional,
desde su sitio de origen. 3) La seguridad que proporcionan la
Policía Nacional y las Fuerzas Militares es un factor determinante
para el éxito de la operación, pues se requiere no solo asegurar
la no existencia de minas antipersonales que pongan en riesgo la
vida de los miembros de los grupos, sino además evitar cualquier
tipo de hostigamiento o ataque armado, por parte de grupos al
margen de la Ley (…). 4) Los grupos serán monitoreados por
coordinadores y jefes zonales que pertenecen a la ACCIÓN SOCIAL
– FIP, quienes previamente al inicio de las tareas de erradicación se
desplazarán a los diferentes departamentos del país, con el fin de
explicar las condiciones técnicas y de seguridad en que se llevarán a
cabo con las actividades de erradicación. 5) Las coordinaciones de
logística tales como compra de implementos, materiales, equipos,
víveres y herramientas necesarias para la erradicación, está a cargo
de ACCIÓN SOCIAL – FIP (…). B. MÉTODOS DE TRABAJO EN
CAMPO: (…). 3) Para garantizar la seguridad de este personal se
continuará trabajando con el esquema implementado para la III y
IV fase del año 2007, el cual consiste en la conformación de los
anillos de seguridad para los Grupos Móviles de Erradicación
GME, con personal de la Policía o del Ejército Nacional
dependiendo de la zona a intervenir” (fls. 425 a 426 cdno. 2 –
mayúsculas sostenidas del texto original – negrillas de la Sala).

5) Al proceso igualmente fue allegado por Acción Social un documento en el cual
fueron plasmados los “aspectos técnicos requeridos para contratar una empresa
de servicios temporales para el envío de trabajadores en misión para [Acción
Social] en el desarrollo de la estrategia grupo móvil de erradicación del programa
presidencial contra cultivos ilícitos”, del cual se destacan los siguientes aspectos:

“MARCO DE POLÍTICA Y NORMATIVO

La puesta en marcha de la estrategia de erradicación manual y
técnica forzosa estará bajo la responsabilidad de la Alta Consejería

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Expediente 27001-23-31-000-2011-00237-01 (55.165)
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para la Acción Social de la Presidencia de la República, la cual tiene
la misión de coordinar, apoyar, implementar y evaluar la operación
de un equipo de trabajo denominado Grupo Móvil de Erradicación
(GME).

(…).

CARACTERÍSTICAS DEL GME

(…). Los grupos están protegidos por dos anillos de seguridad
(uno interior de la Policía Nacional y uno exterior del Ejército
Nacional).

Los grupos son monitoreados por Coordinadores y Jefes Zonales
que pertenecen a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional, quienes previamente al inicio de las
tareas de erradicación se desplazan por los diferentes
departamentos del país de convocatoria, con el fin de explicar las
condiciones técnicas y de seguridad en que se llevarán a cabo las
actividades de erradicación.

(…).

PROCESO DE ERRADICACIÓN

(…).

• Coordinación interinstitucional para la planeación de las
actividades: una vez definidas las zonas a erradicar mediante el
GME, se requiere avanzar en el proceso de planeación de la
operación. Para tal fin, es indispensable la convocatoria de las
siguientes instituciones: Ejército Nacional y Policía Nacional
(EMCAR) – función: seguridad de los erradicadores de la zona y
estudio de seguridad (…).

• Realización de la operación y seguridad de los grupos de
erradicadores: Los grupos de erradicadores serán desplazados
a las áreas de trabajo protegidas por la Policía y Ejército
Nacional, desde su sitio de origen. La seguridad que
proporciona la Policía Nacional y las Fuerzas Militares (…) es un
factor determinante para el éxito de la operación, pues se
requiere no solo asegurar la no existencia de minas
antipersonales que pongan en riesgo la vida de los miembros de
los grupos, sino además evitar cualquier tipo de hostigamiento
o ataque armado (…).

• Desarrollo de la logística: las coordinaciones de la logística tales
como compra de implementos, materiales, equipos, víveres y
herramientas necesarias para la erradicación, está a cargo de
[Acción Social] (…).

(…).

ALIMENTACIÓN Y SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE
TRABAJO PARA EL PERSONAL

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[Acción Social] se encargará en los diferentes puntos de erradicación
de proveer las herramientas necesarias para llevar a cabo las
actividades de erradicación en las diferentes zonas del país en donde
intervengan los GME tales como carpa bipersonal, estera, sleeping,
poncho impermeable, linternas, palines, machetes, limas, glifosato,
aspersor de espalda, dotación de cocina (…), botiquín de primeros
auxilios y los víveres necesarios para la preparación de los alimentos.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES

(…)

d. Al inicio de cada fase de erradicación, la empresa temporal
entregará a los trabajadores en misión (…) la siguiente dotación (…):

• 2 pantalones (…)
• 2 camisetas en algodón manga larga
• 1 gorro (…)
• 1 par de botas pantaneras
• 1 par de guantes de carnaza

(…)” (fls. 200 a 212 cdno.1 mayúsculas sostenidas originales –
negrillas adicionales).

6) En concordancia con lo anterior, en relación con el riesgo existente en la zona
de operación para la realización de la actividad en un documento (fl. 258 a 262
cdno. 1) en el cual se expone el “panorama general de factores de riesgos” por
Acción Social y EMPLEAMOS SA se consignó, entre muchos otros, el siguiente
riesgo:

Sección o Factor de Fuente Efecto Met. de control Met. de control Grado Prioridad
puesto de riesgo generadora conocido existentes necesarios de
trabajo riesgo
Capataz y Terrorismo Hostigamientos Pérdidas Acompañamiento Capacitar al Alto 1
erradicadores por parte de humanas militar personal en la
grupos al identificación del
margen de la ley riesgo;
acompañamiento
militar

7) En ese contexto, es relevante precisar que en un memorial allegado a este
proceso por parte de un mayor del Ejército Nacional – Décima Quinta Brigada –
Batallón de Ingenieros no 15 “Gr. Julio Londoño Londoño” se informó que la
entidad brindaba seguridad y protección a los civiles que pertenecían al
programa presidencial para la erradicación manual de cultivos ilícitos en el sector
de Bebedó (Chocó) para el día de ocurrencia de los hechos (27 de julio de 2009)
y que el acompañamiento era constante desde mayo de 2009 cuando comenzó
dicho programa, pero, la capacitación del personal la brindaba Acción Social;
también aseguró que por los hechos se iniciaron investigaciones penal militar y

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Reparación directa - apelación de sentencia

disciplinaria, sin embargo, estas no fueron aportadas al expediente (fls. 720 a
721 cdno. 3).

8) La señora Mónica María Marín Álvarez, directora de gestión humana y
representante legal suplente de Empleamos SA para la época de ocurrencia de
los hechos, rindió declaración en este proceso y manifestó, en síntesis, lo
siguiente: i) a través del contrato de prestación de servicios no. 032 de 2010 la
empresa suministraba a Acción Social el personal en misión para llevar a cabo
la tarea de erradicación de cultivos ilícitos a nivel nacional; ii) los erradicadores
suscribían un contrato de trabajo por obra o labor con la empresa de servicios
temporales Empleamos SA y eran llevados a los diferentes puntos de
erradicación para desarrollar la actividad; iii) la seguridad de los erradicadores le
competía exclusivamente al Estado (Ejército o Policía Nacionales) y Acción
Social coordinaba el esquema de seguridad con el Ministerio de Defensa; iv)
durante la fase de erradicación Empleamos SA garantizaba a los erradicadores
las afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social y a un seguro de vida, así
como al pago del salario, velaba por la seguridad física de los trabajadores a
través del área de salud ocupacional y de la afiliación a la ARL para cualquier
accidente laboral; v) en el momento de la firma del contrato la empresa daba una
inducción a los erradicadores en la cuales les daba a conocer el riesgo que
implica el desarrollo de la actividad (minas antipersonas, accidentes de trabajo
por el mal uso del palín, ataques de grupos al margen de la ley), “siendo este
momento muy importante para el trabajador ya que él puede decidir libremente
si viaja con el grupo a zona”, luego, los grupos eran entregados a Acción Social
quien se encarga de su transporte a los diferentes puntos de erradicación,
“velando a su vez por la seguridad de estas personas”; vi) los puntos de
erradicación y sus variaciones (por razones demográficas o de seguridad) eran
definidos por Acción Social; vii) en cada grupo había un jefe zonal que era
funcionario de Acción Social y quien estaba encargado de garantizar las
condiciones de alimentación, estadía y seguridad de los erradicadores, y viii) en
relación con los hechos del presente litigio aseguró que el grupo de erradicación
al cual pertenecía la víctima directa fue trasladado al departamento del Chocó
para el desarrollo de la actividad y en julio de 2009, cuando se regresaba al
campamento en unas lanchas sobre el río San Juan fueron víctimas de una
emboscada por un grupo al margen de la ley y el señor Wilkiller Murillo sufrió

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heridas con arma de fuego que le ocasionaron la muerte, fallecimiento que
inmediatamente la empresa reportó como accidente de trabajo a la ARL y se hizo
efectivo el seguro con una indemnización en favor de sus hijas y su compañera
permanente (fls. 796 a 800 cdno. 3).

9) La señora Luz Ayde Osorio Agudelo, asistente de gestión humana de
Empleamos SA para la época de ocurrencia de los hechos, fue coincidente con
la anterior declaración sobre la inducción que se les daba a los erradicadores al
momento de la firma del contrato, quienes quedaban a cargo de Acción Social
una vez ingresaban a los transportes; que a ellos se les daba la dotación
consistente en un par de botas de caucho, dos pantalones, dos buzos, un par de
guantes, un poncho y “una gorra tipo chavo”, dotación que era definida por
ambas partes (la empresa y Acción Social); aseguró también que los
trabajadores recibían más capacitaciones por parte de Acción Social; sobre la
muerte del señor Wilkiller Murillo dijo que se trató de un accidente de trabajo por
hostigamiento de grupos al margen de la ley y se hizo efectiva la póliza, una
indemnización y pensión de sobrevivientes para sus hijas (fls. 803 a 804 cdno.
3).

10) Por su parte, la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional allegó a este
proceso un oficio en el cual informa sobre la función de la entidad en las
actividades de erradicación de cultivos ilícitos, en los siguientes términos:

“Al respecto le comunico que los lineamientos de la Dirección
Antinarcóticos en cuanto a la Erradicación Manual se encuentran
enmarcados dentro de las políticas de Gobierno, por lo cual la Policía
Nacional conformó los Escuadrones Móviles de Carabineros, adscritos
a la Dirección de Antinarcóticos, con el fin de fortalecer y apoyar las
actividades de erradicación manual de cultivos ilícitos en los lugares
donde, por diferentes inconvenientes o situaciones de ley especial, no
se puede adelantar la aspersión aérea.

En este contexto, la Policía Nacional cuenta con el manual de
Antinarcóticos de Erradicación Manual el cual está aprobado mediante
la resolución N° 03298 del 15 de octubre de 20103, el cual orienta a
los integrantes de los Escuadrones Móviles de Carabineros, en el
desarrollo de los procesos que deben cumplir diaria y
permanentemente para un buen desempeño y para el normal
desarrollo de las actividades propias de erradicación manual de
cultivos de uso ilícito a nivel nacional.

3 Si bien dicho manual fue allegado al proceso, debido a que los hechos ocurrieron con
anterioridad a su expedición no se lo tiene en cuenta para este caso.

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En este documento se fijan las pautas, y se establecen las
responsabilidades y procedimientos para el personal de la Dirección
de Antinarcóticos y demás unidades operativas de la Policía Nacional
comprometidas en las labores de erradicación manual de cultivos
ilícitos, de tal forma que les permita llevar a cabo su misión de una
manera segura y eficiente a fin de que desarrollen labores de
erradicación manual de cultivos ilícitos en todo el territorio nacional, de
acuerdo a la disponibilidad de personal y logística de cada unidad” (fls.
717 a 719 cdno. 3).

11) En cuanto al apoyo de la Fuerza Pública para la ejecución de las tareas, la
empresa contratista EMPLEAMOS SA mediante un oficio aseguró, entre otros
aspectos, lo siguiente: “EMPLEAMOS S.A. puede dar fe de la existencia y
acompañamiento de la Fuerza Pública en cabeza de la Policía Nacional al
momento de ocurridos los hechos” (fls. 842 a 845 cdno. 3).

12) Según la investigación realizada por la compañía de seguros Positiva SA, el
accidente de trabajo ocurrió así:

“El trabajador se encontraba desplazándose hacia el campamento en
una lancha sobre el río San Juan cuando fueron atacados por un grupo
al margen de la ley con granadas e impactos de arma de fuego
ocasionando la muerte. (…) Cargo: erradicador manual de cultivos
ilícitos” (fls. 56 a 59 cdno. 1).

13) De acuerdo con el informe de campo rendido por el coordinador zonal de
Acción Social en Quibdó el 26 de agosto de 2009, con base en el relato de los
erradicadores sobrevivientes, los hechos ocurrieron de la siguiente manera:

“Al llegar a una nueva área vivac en el sector del río Dipordú del
Guásimo la comunidad cocalera se amotinó en el área vivac de los
erradicadores para protestar, bloquear, agredir verbalmente y
amenazar de muerte a los erradicadores si continuaban con la
erradicación. El Ejército comunicó que no podía manejar la situación
por cuanto no se trataba de hostigamientos ni personas con armas de
fuego o letales como granadas, minas, cilindros, etc. Se iniciaron
gestiones desde Bogotá para obtener el apoyo del ESMAD
(Escuadrón Móvil anti Disturbios) de la Policía Nacional para controlar
la situación pero no fue posible concretarlo para el fin de semana,
entonces se dio la orden de suspender la erradicación entre el jueves
23 de julio y lunes 27 de julio. Durante todos estos días la población y
la comunidad cocalera penetraron, vulneraron y violaron el área vivac
de los erradicadores hasta apropiarse de algunos ranchos de cocina y
la enfermería, enviando emisarios para verificar que no se estuviera
erradicando y para amenazar a los erradicadores diariamente. El
capitán Aristizábal fue enviado al área vivac el fin de semana para
manejar la situación con la comunidad cocalera y apoyar al
subteniente Becerra.

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El lunes 27 de julio hacia el mediodía se confirmó desde Bogotá que
no estaba disponible el ESMAD, entonces para evitar un
enfrentamiento de grandes proporciones (se congregaron más de
1000 cocaleros) se coordinó con el coronel Castañeda el traslado de
los erradicadores en lanchas del Ejército por el río San Juan hacia
Andayoga donde abordarían camiones del Ejército para llegar hasta el
municipio del Alto Baudó en el sector de la Victoria, punto
recomendado por el mayor Rodríguez en reunión del domingo 26 de
julio.

La recomendación del Ejército por doctrina es que los movimientos se
hagan en horas de la noche con todas las medidas de seguridad y así
se coordinó con el coronel Castañeda, se insistió y así se hizo en que
todos los erradicadores debían llevar chalecos salvavidas.

Hacia las 6:00 p.m. cuando se inició el movimiento, la primera lancha
en la que viajaban los erradicadores: (…) Wilkiller Murillo (…) [se
mencionan 9 más] y 5 soldados acompañados por el sub teniente
Diego Becerra, fue emboscada en el río San Juan a la altura del punto
Paimadó delante del caserío Bebedó que se encuentra ubicado en el
margen derecho de norte a sur. La embarcación fue atacada con
granadas y disparos de ametralladora desde la orilla, dando como
resultado el naufragio de la misma y la muerte de: [el teniente, 3
soldados y 3 erradicadores, dentro de los cuales se encontraba
Wilkiller Murillo]” (fls. 410 a 414 cdno. 2).

3. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado

3.1 El daño

La Sala encuentra plenamente probado el daño alegado, esto es, la muerte del
señor Wilkiller Murillo, de conformidad con el registro civil de defunción (fl. 49
cdno. 1).

3.2 La imputación

1) En la demanda se argumenta que el fallecimiento del señor Wilkiller Murillo es
imputable a las entidades demandadas debido a que no brindaron la seguridad
y protección necesarias para evitar que el grupo guerrillero efectuara el ataque
o lo contrarrestara de manera eficiente y que, en todo caso, también se puede
predicar responsabilidad por daño especial o riesgo excepcional por razón de
que la acción terrorista iba dirigida a la Fuerza Pública y a los erradicadores de
cultivos ilícitos que fueron contratados por el Estado.

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2) El tribunal de primera instancia declaró patrimonialmente responsable a la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Policía Nacional por el
hecho de la muerte del señor Wilkiller Murillo a título de falla del servicio por
estimar que la Fuerza Pública incumplió su deber de protección y seguridad
porque, si bien la muerte la provocó un grupo armado al margen de la ley, lo
cierto es que su conducta omisiva la facilitó cuando permitió el desplazamiento
de los erradicadores sin ninguna protección, sin tener en cuenta la situación de
riesgo en la que se encontraban los erradicadores debido a que se tenía
conocimiento de las amenazas efectuadas al grupo de erradicadores, al punto
que se cambió la fecha inicialmente programada para el desplazamiento, de
modo que el solo acompañamiento no resultó eficaz frente al ataque sino que la
situación implicaba un refuerzo de las medidas de protección.

3) La Sala confirmará el fallo apelado por encontrar acertada la decisión debido
a que quedó plenamente acreditada la falla del servicio alegada y cometida por
la Policía y el Ejército Nacionales.

4) En primer lugar, de acuerdo con el informe de campo rendido por el
coordinador zonal de Acción Social en Quibdó (Chocó), el 27 de julio de 2009,
alrededor de las 6:00 pm, un grupo de erradicadores de cultivos ilícitos,
acompañado por el Ejército Nacional se desplazaba en una lancha sobre el río
San Juan, la cual fue emboscada a la altura del punto Paimadó, delante del
caserío Bebedó, con granadas y disparos de ametralladora desde la orilla lo cual
ocasionó el naufragio de la misma y la muerte de cuatro (4) soldados y tres (3)
erradicadores, dentro de los cuales se encontraba el señor Wilkiller Murillo, relato
que coincide con lo investigado por Positiva SA y por lo declarado por las señoras
Mónica María Marín Álvarez y Luz Ayde Osorio Agudelo, directora y asistente de
gestión humana de Empleamos SA para la época de ocurrencia de los hechos,
respectivamente.

5) También está probado que la víctima firmó un contrato de trabajo con la
empresa Empleamos SA para el cumplimiento de la labor de erradicador de
cultivos ilícitos el 28 de junio de 2009 en desarrollo del programa presidencial
gestionado por Acción Social, según consta en los respectivos contratos laboral
y de prestación de servicios y en el convenio interadministrativo mencionados en

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precedencia, de modo que no hay dudas sobre el hecho de que la víctima falleció
cuando estaba en cumplimiento de la función de erradicador de cultivos ilícitos.

6) Ahora bien, de conformidad con el convenio interadministrativo cuyo fin era el
de apoyar financieramente la política de erradicación de cultivos ilícitos, se
estableció que los grupos de erradicadores debían estar protegidos por la Policía
Nacional y el Ejército Nacional para evitar cualquier tipo de hostigamiento y
ataque armado por parte de grupos al margen de la ley; al mismo tiempo, en el
documento de Acción Social que contiene los aspectos técnicos para el
desarrollo del programa se plasmó que dichos grupos debían estar protegidos
por dos anillos de seguridad, uno interior de la Policía Nacional y, otro, exterior
del Ejército Nacional, de manera que, contrario a lo alegado por la Policía
Nacional en este asunto, ambas fuerzas públicas estaban en la obligación de
brindar seguridad a los erradicadores manuales de cultivos ilícitos.

7) Además, en este caso concreto se probó que efectivamente ambas entidades
acompañaban al grupo de erradicadores al cual pertenecía la víctima el día de
ocurrencia de los hechos, pues, de ello dieron cuenta el memorial allegado a
este proceso por parte del Ejército Nacional y el oficio allegado por
EMPLEAMOS SA en el cual dio fe del acompañamiento de la Policía Nacional,
además, sobre esta última entidad, su Dirección de Antinarcóticos informó que
para el programa se conformó el Escuadrón Móviles de Carabineros con el fin
de fortalecer y apoyar las actividades de erradicación manual de cultivos ilícitos.

8) No obstante lo anterior, dicho acompañamiento fue insuficiente y negligente
para proteger la vida de quienes ejecutaban la misión, especialmente la del señor
Wilkiller Murillo, debido a que se acreditó que la comunidad cocalera había
amenazado de muerte a los erradicadores si continuaban con su labor, al punto
que las actividades fueron suspendidas mientras el Ejército Nacional pedía
refuerzos al ESMAD de la Policía Nacional, sin embargo, este no estaba
disponible, ante lo cual se coordinó el traslado de los erradicadores en lanchas
del Ejército a otro sitio, momento en el cual fueron emboscados, según da cuenta
el informe del coordinador zonal de Acción Social en Quibdó basado en el relato
de los erradicadores sobrevivientes.

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Expediente 27001-23-31-000-2011-00237-01 (55.165)
Actor: Yamiled López López y otras
Reparación directa - apelación de sentencia

9) Ante las múltiples amenazas de muerte recibidas por los erradicadores por
parte de los cocaleros y la grave situación de orden público que se vivía en la
zona, las actividades de erradicación manual debieron ser suspendidas o, se
debió reforzar al máximo la seguridad de los erradicadores por parte de la Fuerza
Pública, pero, según las pruebas obrantes en el expediente, como medidas de
protección a ellos solo les suministraron chalecos salvavidas, aparte de una
dotación personal consistente apenas en dos pantalones, dos camisetas, un
gorro y un par de guantes, según el documento sobre aspectos técnicos de
Acción Social y la declaración de la asistente de gestión humana de la empresa
Empleamos SA.

10) El solo acompañamiento de la Fuerza Pública no fue suficiente, la Sala echa
de menos medidas mayores, idóneas y eficientes de protección como chalecos
antibalas o transportarse en un medio que los expusiera menos,
acompañamiento robusto de aquella con la necesaria y debida planeación previa
y la logística e implementación el día de ejecución de las tareas de erradicación
de los mencionados cultivos ilícitos o, lo que era mejor, evitar cualquier traslado
del grupo de erradicadores, especialmente porque la acción de los grupos
subversivos contra ellos no era un hecho nuevo, ya se tenía pleno conocimiento
sobre dicho riesgo al punto que en el documento de factores de riesgo de la
misión de Acción Social y Apoyemos SA se identificó el de “hostigamientos por
parte de grupos al margen de la ley”, cuyo efecto conocido era “pérdidas
humanas”, con grado de riesgo alto y prioridad número uno.

11) De conformidad con lo anterior, el Ejército y la Policía Nacional incurrieron
en falla del servicio ya que, pese al conocimiento previo que se tenía de la
situación de amenazas serias y recurrentes a los erradicadores y de la grave
alteración del orden público, las actividades no se suspendieron y tampoco se
reforzaron las medidas de seguridad para que realizaran tal actividad, de manera
que pusieron en riesgo la vida e integridad personal de los erradicadores quienes
ante la necesidad de un trabajo asumían esa peligrosa labor 4, más aun cuando
es de conocimiento público las condiciones de inseguridad muy altas y graves

4 De acuerdo con el testimonio rendido por el señor José Celestino Murillo Murillo en este
proceso, amigo de la víctima y compañero de trabajo en el campo, el señor Wilkiller Murillo aceptó
el trabajo como erradicador porque no le alcanzaba el dinero para mantener a su familia (CD
obrante entre folios 892 y 893 cdno. 3).

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Expediente 27001-23-31-000-2011-00237-01 (55.165)
Actor: Yamiled López López y otras
Reparación directa - apelación de sentencia

en las que se debían desarrollar tales actividades de erradicación manual de
cultivos ilícitos, por razón de la presencia y acción de organizaciones criminales
en las zonas en donde aquellas se debían ejecutar, conformadas por grupos
organizados de variada índole, unos de naturaleza subversiva y, otros, de
carácter netamente delictivos dedicados a actividades de narcotráfico.

12) En suma, no solo está demostrado que la muerte del señor Wilkiller Murillo
se produjo durante la actividad de erradicación manual de cultivos ilícitos y con
ocasión de la misma, sino que, además, está probado que el Ejército Nacional y
la Policía Nacional no adoptaron las medidas de seguridad necesarias,
suficientes y eficaces para el desarrollo de una función riesgosa como la
encomendada a la víctima y en las condiciones específicas en las que se
desarrollaban en dicho lugar, de manera que incurrieron en una conducta
constitutiva de falla en el servicio por omisión del deber de vigilancia y/o
protección del padre de las demandantes.

13) Por último, desde otro punto de vista, en respuesta a otro de los fundamentos
de la demanda, la Sala advierte que aun si no se hubiera configurado una falla
del servicio, en el presente asunto también se encuentra comprometida la
responsabilidad de la Fuerza Pública a título objetivo, por cuanto sometió a los
erradicadores de cultivos ilícitos, y particularmente al señor Wilkiller Murillo, a un
riesgo de carácter excepcional, por cuanto la actividad de erradicación de
cultivos ilícitos constituye, sin duda alguna, por su propia naturaleza en las
condiciones y circunstancias en las que se deben desarrollar en el territorio
nacional, como es de dominio público, una actividad netamente peligrosa5, por
razón de la presencia y acción de grupos armados organizados al margen de la
ley, tanto de carácter subversivo como de organizaciones delincuenciales
dedicadas a actividades de narcotráfico.

5 Sobre la responsabilidad objetiva por riesgo excepcional en daños ocurridos con ocasión de la

erradicación manual de cultivos ilícitos ver, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de
Estado – Sección Tercera – Subsección B, sentencias del 21 de noviembre de 2018, proceso
no. 50001-23-31-000-2007-00322-01(47628), y del 10 de febrero de 2021, procesos números
50001-23-31-000-2006-00937-01(54381) y 05001-23-31-000-2010-00511-00(53399), MP
Ramiro Pazos Guerrero.

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Actor: Yamiled López López y otras
Reparación directa - apelación de sentencia

4. Indemnización de perjuicios

4.1 Perjuicios morales

Por este concepto se solicitaron 600 salarios mínimos legales mensuales
vigentes (en adelante SMLMV) para cada una de las demandantes Luisa
Fernanda y Yénifer Jhoana Murillo López y el tribunal de primera instancia les
concedió 100 SMLMV para cada una de ellas, decisión que será confirmada en
esta instancia debido a que corresponde a lo establecido en la sentencia de
unificación de la Sección Tercera sobre perjuicios morales por muerte cuando se
trata del primer grado de consanguinidad6, pues, las demandantes son hijas del
fallecido Wilkiller Murillo, según consta en los respectivos registros civiles de
nacimiento (fls. 51 y 52 cdno. 1).

Además, en este proceso se practicaron tres testimonios de personas allegadas
a la familia de la víctima que dieron cuenta del padecimiento de las demandantes
con la muerte de su padre7, lo cual no fue desvirtuado.

4.2 Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante

En relación con estos perjuicios, en la demanda se solicitó la asistencia
económica que las demandantes dejaron de percibir por la muerte de su padre
estimada en $16’346.412 por el periodo consolidado (desde la ocurrencia del
hecho hasta la fecha probable de la sentencia) y $103’330.301 por el periodo
futuro (desde la fecha probable de la sentencia hasta los 25 años de las
menores).

El a quo reconoció la suma de $47’166.188 en favor de Luisa Fernanda Murillo
López y de $42’250.364 en favor de Yénifer Johana Murillo López, para lo cual
tuvo en cuenta como salario básico la suma de $585.000, que fue el salario
acordado en el contrato de trabajo (fl. 54 cdno. 1), a la cual le incrementó un 25%

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, exp.

27709, MP Carlos Alberto Zambrano.

7 Se trató de los señores Luz Melba Guzmán, Luz Marina Lozano Hernández y José Celestino

Murillo Murillo (CD obrante entre folios 892 y 893 cdno. 3).

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Expediente 27001-23-31-000-2011-00237-01 (55.165)
Actor: Yamiled López López y otras
Reparación directa - apelación de sentencia

por prestaciones sociales y le redujo luego un 25% correspondiente a los gastos
personales de la víctima, cifra total que dividió en dos para cada una de las
demandantes y la actualizó; para la liquidación tuvo en cuenta las fórmulas
matemáticas financieras utilizadas jurisprudencialmente por el Consejo de
Estado y con base en las edades de las demandantes para el cálculo de los 25
años de edad.

Como la Sala encuentra acertada la liquidación efectuada por el Tribunal
Administrativo del Chocó se procederá únicamente a actualizar la condena, con
la siguiente fórmula:

Ra = Rh x índice final / diciembre de 20228
índice inicial / marzo de 20159

Para Luisa Fernanda Murillo López:

Ra = $$47’166.188 x 126,03
84,85

Ra = $70’057.215

Para Yenifer Johanna Murillo López:

Ra = $42’250.364 x 126,03
84,85

Ra = $62’755.608

Ahora bien, debido a que en el expediente obran los respectivos comprobantes
de pago de indemnización por muerte causada en accidente de trabajo por
parte de EMPLEAMOS SA en favor de las hijas de la víctima, para lo cual se
hizo efectiva la correspondiente póliza de seguro por valor de $50’000.000 (fls.
187 a 195 cdno. 1), esta suma será descontada de la anterior liquidación y de
manera proporcional a cada una de ellas con el fin de evitar una doble
indemnización, pues, en este caso la ARL asumió el riesgo profesional del
señor Wilkiller Murillo.

8 Último índice de precios conocido a la fecha de la presente providencia.
9 Fecha en la cual fue proferida la sentencia de primera instancia.

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Expediente 27001-23-31-000-2011-00237-01 (55.165)
Actor: Yamiled López López y otras
Reparación directa - apelación de sentencia

En primer lugar, la anterior suma se actualizará de la siguiente manera:

Ra = Rh x índice final / diciembre de 2022 10
índice inicial / junio de 201011

Ra = $50’000.000 x 126,03
72,95

Ra = $86’381.083

Este resultado se restará de manera proporcional a cada una de las hijas; a
Luisa Fernanda Murillo López se restará el resultado de la siguiente ecuación:

Ra = $70’057.215 x 86’381.083
$132’812.82312

Ra = 45’565.014

A Yenifer Johanna Murillo López, lo restante que corresponde a $40’816.069.
En suma, a Luisa Fernanda Murillo López le serán reconocidos veinticuatro
millones cuatrocientos noventa y dos mil doscientos un pesos ($24’492.201) y
a Yenifer Johanna Murillo López veintiún millones novecientos treinta y nueve
mil quinientos treinta y nueve pesos ($21’939.539).

4.3 Daño a la salud

En la demanda se solicitó el perjuicio de “daño a la vida en relación” causado por
la afectación que en su entorno social y familiar produjo la muerte del padre de
las demandantes, estimado en 600 SMLMV y el tribunal a quo reconoció 100
SMLMV para cada una de ellas por estimar que “es indudable que el daño que
principalmente sufren las hijas de la víctima directa es la alteración de las
condiciones de existencia, pues, lo que en realidad afecta a quien pierde a uno
de sus padres a tan escasa edad es el apoyo, el afecto y la compañía que habría
recibido este” (fl. 1167 cdno. ppal.).

10 Último índice de precios conocido a la fecha de la presente providencia.
11 Fecha en la cual se hizo el pago efectivo.
12 Esta cifra corresponde a la suma de los montos de las dos hijas (70’057.215 + 62’755.608).

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Expediente 27001-23-31-000-2011-00237-01 (55.165)
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Reparación directa - apelación de sentencia

Sobre este punto en particular, esta Corporación se ha apartado de los
conceptos de daño a la vida de relación, perjuicio fisiológico y alteración grave
de las condiciones de existencia para establecer dos categorías autónomas de
perjuicio inmaterial, diferentes al daño moral, a saber: ”el daño a la salud”13,
cuando se trate de una lesión a la integridad psicofísica de la persona 14, y “la
afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente
amparados”15, perjuicio este que debe estar plenamente acreditado en el
proceso y ameritar su reparación integral, teniendo en cuenta la relevancia del
caso y la gravedad de los hechos.

Como en el presente asunto no se trata de ninguno de los dos referidos
presupuestos, la Sala denegará dicha pretensión, motivo por el cual se
modificará la decisión de primera instancia sobre este aspecto.

5. Conclusión

Debido a que se comprobó la falla del servicio público alegada se impone
confirmar la sentencia apelada en cuanto a la declaración de responsabilidad
patrimonial extracontractual de la Policía y el Ejército Nacionales por la muerte
del señor Wilkiller Murillo, se modificará el monto indemnizatorio de los perjuicios
materiales y se denegará el perjuicio de daño a la salud.

6. Condena en costas

Debido a que para el momento en que se profiere este fallo el artículo 55 de la
Ley 446 de 1998 determina que solo hay lugar a la imposición de costas cuando
alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna
procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de

unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 28832, MP Danilo Rojas Betancourth
y exp. 31170. MP Enrique Gil Botero.

14 Criterio de decisión que no comparte el ponente de este proceso, pero, que por tratarse de

una sentencia de unificación jurisprudencial debe aplicarse.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de

unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 32.988, MP Ramiro Pazos Guerrero y
exp. 26.251, MP Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

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Actor: Yamiled López López y otras
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En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

FALLA:

1°) Modifícase la sentencia proferida el 5 de marzo de 2015 por el Tribunal
Administrativo del Chocó, la cual queda así:

“PRIMERO. Decláranse no probadas las excepciones de caducidad
de la acción y legitimación en la causa por activa de conformidad a las
consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Declárase probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva respecto del Ministerio de Justicia y del
Derecho, la Dirección Nacional de Estupefacientes, el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República — Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social y Empleamos S.A.

TERCERO: Decláranse patrimonialmente responsable a la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional — Ejército Nacional – Policía Nacional,
por los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión al
fallecimiento del señor WILKILLER MURILLO, ocurrida el 27 de julio
de 2009, cuando se desempeñaba como erradicador manual de cultivo
ilícitos.

CUARTO. Condénase a la Nación — Ministerio de Defensa — Ejército
Nacional — Policía Nacional a pagar las siguientes sumas, por
concepto de perjuicios morales:

DEMANDANTES PERJUICIO MORAL
SMLMV
LUISA FERNANDA MURILLO LÓPEZ (Hija) 100
YENIFER JOHANA MURILLO LÓPEZ (Hija) 100

QUINTO. Condénase a la Nación — Ministerio de Defensa — Ejército
Nacional — Policía Nacional, a pagar por concepto de perjuicios
materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de veinticuatro
millones cuatrocientos noventa y dos mil doscientos un pesos
($24’492.201) en favor de Luisa Fernanda Murillo López y de
veintiún millones novecientos treinta y nueve mil quinientos
treinta y nueve pesos ($21’939.539) en favor de Yenifer Johana
Murillo López.

SEXTO. Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO. A la sentencia se le dará cumplimiento de conformidad a lo
dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso
Administrativo.

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Actor: Yamiled López López y otras
Reparación directa - apelación de sentencia

OCTAVO. Sin Costas”.

2°) Abstiénese de condenar en costas de esta instancia procesal.

3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las correspondientes constancias secretariales.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
Salva parcialmente voto

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Aclara voto

La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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