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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-31-000-2012-00006-02

Fecha
31 de mayo de 2023
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-31-000-2012-00006-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARASE la falta de legitimacion en la causa por activa de Rocio Delgado Ardila, Laura Carolina Delgado Ardila y Luisa Paola Delgado Ardila, frente a las pretensiones relatives al error judicial y al defectuoso funcionamiento de la Administracion de Justicia, por las razones expuestas en la parte motive de la providencia. SEGUNDO: DECLARASE la falta de legitimacion en la causa por activa de Angelica Patricia Urrego Delgado y la falta de legitimacion en la causa pasiva del Banco Agrario de Colombia S.A., frente a las pretensiones contractuales, por las razones expuestas en la parte motive de la providencia. TERCERO: CONFIRMASE en todo Io demas la sentencia del 2 de juiio de 2021, proferida por el Tribunal Administrative del Choco, que nego las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveido. CUARTO: SIN COSTAS. QUINTO: En firme esta providencia ENVIESE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 27001-23-31-000-2012-00006-02

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

31 de mayo de 2023

Ifti

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA
SUBSECCION C

CONSEJERO PONENTE; NICOLAS YEPES CORRALES

Bogota D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitres (2023)

Referencia: REPARACldN DIRECTA
Radicacion: 27000233100020120000601 (68070)
Demandante: ANGELICA PATRICIA URREGO DELGADO Y OTROS
Demandado: NACION - RAMA JUDICIAL Y OTRO

Tema: Eventos en los que procede la acumulacion de pretensiones. No
se cumplen presupuestos para estudiar errorjurisdiccional. Falta
de interposicion del recurso de reposicion. Defectuoso
funcionamiento de la administracion de justicia. No se probo la
tardanza injustificada en el tramite del proceso ejecutivo.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelacion Interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 2 de julio de 2021, proferida por el Tribunal Admlnistrativo del
Choco, que nego las pretensiones de la demanda.

I. SINTESIS DEL CASO

El r de junio de 1995 Harry Cordoba Sanchez constituyo hipoteca sobre el
inmueble identificado con folio de matrlcula inmobiliaria 180-6863, por la suma de
$9,670,923, a favor de la Caja de Credito Agrario, Industrial y Minero. El 14 de julio
de 2004 el Banco Agrario de Colombia, a quien se habian cedido los activos y
pasivos del Banco Caja de Credito Agrario, Industria y Minero, presento demanda
ejecutiva mixta contra el sehor Cordoba Sanchez, protendiendo el pago del saldo
insoluto de la deuda. El 5 de octubre de 2006, el Juzgado 2° Civil Municipal de
Quibdo, quien conocio del proceso ejecutivo por reparto, mediante subasta publica „
adjudico el inmueble referido a Angelica Patricia Urrego Delgado. No obstante, el ii
23 de mayo del ano siguiente, Harry Cordoba Sanchez presento demanda ordinaria
pretendiendo la nulidad de la providencia que habia ordenado la entrega del bien.

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2

Radicado: 270002331000201.20000601 (680701
Demandaiite: Angelica Patricia Llrrego Delgado y otros

Mas adelante, el 15 de septiembre de 2009, el senor Cordoba Sanchez soiicito la
nulldad de Io actuado en el proceso ejecutivo en el que se habfa rematado el
inmueble, al estimar que el avaluo catastral del mismo estaba desactualizado. Asi,
mediante providencia del 24 de septiembre de 2009, el Juzgado 2° Civil Municipal
de Quibdo corrio traslado de la nulldad a las partes y ordeno al Inspector de Policla
de Quibdo abstenerse de realizar la entrega del bien hasta que se resolviera el
incidente referido. Finalmente, el 12 de julio de 2011 el inmueble se entrego a la
adjudicataria, en cumplimiento de un fallo de tutela proferido en segunda instancia
por el Tribunal Superior de Quibdo.

Los demandantes consideran que la Nacion - Rama Judicial incurrio i) en un error
jurisdiccional en la providencia del 24 de septiembre de 2009, porque inobservo
normas relacionadas con la-procedencia de los incidentes de nulidad; y ii) en un
defectuoso funcionamiento de la administracion de justicia por mora judicial, dado
que el Juzgado 2° Civil Municipal de Quibdo tardo injustificadamente en entregar el
inmueble adjudicado en subasta publica. Adicionalmente, pretenden el pago de
perjuicios por “el incumplimiento [del Banco Agrario de Colombia S.A.] en el contrato
de compraventa”.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 2 de diciembre de 2011'’, Roclo Delgado Ardila en nombre propio y en
representacidn de Laura Carolina Delgado Ardila; Angelica Patricia Urrego Delgado
y Luisa Paola Delgado Ardila. mediante apoderado judicial yenejercicio de la accion
de reparacion directa, presentaron demanda en contra de la Nacion - Rama Judicial
y el Banco Agrario de Colombia S.A. i) por el error jurisdiccional en la providencia
del 24 de septiembre de 2009; ii) por el defectuoso funcionamiento de la
administracion de justicia por mora judicial, dado que el Juzgado 2° Civil Municipal
de Quibdo tardo injustificadamente en entregar el inmueble adjudicado en subasta

' Fl. 21,C.1.

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Radicado: 27000233100020120000601 (68070]
Demandante: Angelica Patricia Urrego Delgado y otros

publica; y iii) por “el incumplimiento [del Banco Agrario de Colombia S.A.] en el
contrato de compraventa".

Como pretensiones de su demanda, el extreme active solicita condenar a las
demandadas a pagar, por perjuicios morales, la suma de 100 SMLMV a cada
demandante; por dano a la vida de relacidn, la. suma de 300 SMLMV a cada
demandante; por dano emergente, la suma de $35,971,240 a Angelica Patricia
Urrego Delgado; y por lucre cesante, la suma de $69,088,120 a Angelica Patricia
Urrego Delgado.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 1° de junio de
1995, Harry Cordoba Sanchez constituyo una hipoteca sobre el inmueble
identificado con folio de matricula inmobiliaria 180-6863, por la suma de $9,670,923,
a favor de la Caja de Credito Agrario, Industrial y Minero.

Aduce que el 14 de julio de 2004, el Banco Agrario de Colombia, a quien se habian
cedido los activos y pasivos de la Caja de Credito Agrario, Industrial y Minero,
presento demanda ejecutiva mixta contra el senor Cordoba Sanchez, pretendiendo
el pago del saldo insoluto de la deuda, por la suma de $8,250,626, as! como los
respectivos intereses moratorios.

Sehala que el 27 de junio de 2006, el Juzgado 2° Civil Municipal de Quibdo, quien
conocio del proceso ejecutivo por reparto, decreto la venta publica en subasta del
mencionado inmueble.

Arguye que el 5 de octubre de 2006, el Juzgado referido adjudico el mencionado
inmueble a Angelica Patricia Urrego Delgado.

Manifiesta que, mediante proveido del 11 de octubre de 2006, el Juzgado 2® Civil
Municipal de Quibdo aprobo la adjudicacion y ordend la entrega del bien a Angelica
Patricia Urrego Delgado.

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Radlcaclo: 27000233100020120000601 (68070)
Demandante: Angelica Pati'icia Urrego Delgado y otros

Indica que el 23 de mayo de 2007, Harry Cordoba Sanchez presento demanda
ordinaria de nulidad sustancial pretendiendo la nulidad de la providencia de 11 de
octubre de 2006, proferida por el Juzgado 2° Civil Municipal de Quibdo.

Afirma que el 18 de diciembre de 2008, en el proceso ejecutivo, Angelica Patricia
Urrego Delgado solicito al Juzgado la entrega material del inmueble. Sin embargo,
el 15 de septiembre de 2009, Harry Cordoba Sanchez presento incidente de nulidad,
a partir de la diligencia de remate del inmueble, al estimar que el avaluo catastral
del bien estaba desactualizado.

Sostiene que mediante providencia del 24 de septiembre de 2009, el Juzgado 2°
Civil Municipal de Quibdo corrio traslado de la nulidad a las partes y ordeno al
Inspector de Policia de Quibdo abstenerse de realizar la entrega del inmueble hasta
que se resolviera el incidente de nulidad propuesto por Cordoba Sanchez en el
proceso ejecutivo.

Menciona que mediante providencia del 19 de julio de 2010 el citado Juzgado
suspendio el proceso ejecutivo hasta que se dictara sentencia en el proceso
ordinario de nulidad sustancial, al constatar que la entrega del inmueble estaba
sujeta a Io decidido en el proceso referido.

Indica que, en fecha indeterminada, Angelica Patricia Urrego Delgado instauro
accion de tutela pretendiendo la proteccion de sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administracion de justicia, pues consider© que no
habia lugar a suspender el proceso ejecutivo.

Sostiene que mediante providencia de tutela del 17 de noviembre de 2010, el
Juzgado 2° Laboral del Circuito de Quibdo nego el amparo pretendido, al estimar
que la recurrente no habia aportado las expensas para tramitar el recurso de
apelacion contra la decision del 19 de julio de 2010.

Senala que dicha decisidn fue revocada mediante sentencia de tutela del 9 de marzo
de 2011, proferida por el Tribunal Superior de Quibdo, quien ordeno la entrega del

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Raditado: 27000233100020120000601 (68070)
Demandanie: AngiHira PaCi'icia Urj'ego Delgado y otros

citado inmueble, al constar que las solicitudes relacionadas con el bien debieron
surtirse en el curso del proceso ejecutivo.

Aducequeel 12 de Julio de 2011 Harry Cordoba Sanchez entrego a Angelica Patricia
Urrego Delgado el inmueble objeto de remate.

Los demandantes consideran que la Nacion - Rama Judicial incurrio i) en un error
jurisdiccional en la providencia del 24 de septiembre de 2009, porque inobservo
normas relacionadas con la procedencia de los incidentes de nulidad; y ii) en un
defectuoso funcionamiento de la administracion de justicia por mora judicial, dado
que el Juzgado 2° Civil Municipal de Quibdo tardo injustificadamente en entregar el
inmueble adjudicado en subasta publica. Adicionalmente, pretenden el pago de
perjuicios por “e/ incumplimiento [del Banco Agrario de Colombia S.A.] en el contrato
de compraventa”.

Frente al error jurisdiccional, los demandantes senalan en el libelo introductorio: ‘‘En
el sub examine, el demandado senor Hany Cordoba pretendia la nulidad del acto
de avaluo, remate y adjudicacion cuando esta situacion ya habla side materia de
discusion y los jueces habian decidio respecto de ello. Es mas que evidente que el
demandado no alego la nulidad dentro del proceso, no la alego como excepcion
previa, tampoco se opuso al avaluo del bien cuando este se hizo; aunado al hecho
que ya habla presentado una primera nulidad por los mismos hechos y
pretensiones, Jas cuales se decidieron de fondo. La norma es clara al expresar la
obligacion deljuez de rechazarde piano las nulidades de hechos que no se alegaron
como excepciones previas. [..

A su turno, respecto del defectuoso funcionamiento aducen que: “La entrega tardia
del bien inmueble es decir, desde el 10 de octubre de 2006 fecha de la diligencia
hasta el 11 de junio de 2011 fecha de la entrega, trajo como consecuencia el pago
de arriendos sin tener la obligacion legal ni juridica de soportar dicha carga por
cuanto ya se habla realizado un negocio de compra de casa’’.

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Radicado: 27000233100020120000601 (.68070]
Demandante; Angelica Patricia Urrego Delgado y otros

Finalmente, en Io atinente al Banco Agrario de Colombia S.A. los demandantes
solicitan: “la declaratoiia de la responsabilidad civil contractual y extracontractual de
la empresa Banco Agrario de Colombia SA en virtud de la teorla del fuero de
atraccion, por el incumplimiento en el contrato de compraventa realizado por las
partes [..

2. Contestacion

El 20 de febrero de 2013^ el Tribunal Administrative del Choco admitio la demanda
y ordeno su notificacion a las demandadas y al Ministerio Publico.

2.1. El Banco Agrario de Colombia S.A.^ adujo que el hecho lesivo alegado por los
demandantes no le era imputable, toda vez que no tuvo injerencia en la mora judicial
causada por la entrega del inmueble adjudicado por medio de subasta publica.
Ademas, indico que, contrario a Io senalado por los demandantes, no suscribio
ningun contrato de compraventa con Angelica Patricia Urrego Delgado. Como
excepciones formulo las que denomino ‘‘adecuada prestacion del servicio porparte
del banco, buena fe, falta de legitimacion en la causa por pasiva, cobro de Io no
debido e inexistencia del dano y de los perjuicios alegados”.

2.2. La Nacion - Rama Judicial guardo silencio*.

3. Alegatos de conclusion en primera instancia

El 27 de noviembre de 2015® se corrio traslado a las partes y al Ministerio Publico
para alegar de conclusion y presentar concepto, respectivamente.

3.1. La parte demandante reitero los argumentos expuestos en la demands.

2 Fl. 156. C.2.
3 Fl. 180 a 186, C.2.
“ Fl. 200, C.2.
3 Fl. 206, C.2.

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Radi«;ado:270002331()0020120i)()0601 (68070)
Deniandante: Angelica Patricia Urrego Delgado y otros

3.2. La Nacion - Rama Judicial, el Banco Agrario de Colombia S.A. y el Ministerio
Publico guardaron silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 2 de julio de 2021® el Tribunal Administrativo del Choco nego
las pretensiones de la demanda, al constatar que no se cumplieron los presupuestos
para estudiar el error jurisdiccional, toda vez que la parte demandante no interpuso
ningun recurso contra la providencia del 24 de septiembre de 2009, proferida por el
Juzgado 2° Civil Municipal de Quibdo. El Tribunal no se pronuncio frente al
defectuoso funcionamiento de la administracion de justicia por mora judicial ni
respecto “del incumplimiento en el contrato de compraventa" por parte del Banco
Agrario de Colombia S.A.

Al respecto, en la sentencia senalo: “Para esta Corporacion es forzoso concluirque
la pretendida declaracion de responsabilidad patrimonial pretendida por la parte
actore, en virtud de un presunto errorjudicial en el que incurrieron la Rama Judicial
y el Banco Agrario, no tiene vocacion de prosperidad, pues dicha parte tuvo la
oportunidad de interponer el recurso de apelacion y oponerse a la abstencion de la
entrega del bien inmueble a ella adjudicado y oponerse a la decision proferida no
solo en el auto de sustanciacion enjuiciado 2467 [...] sin embargo no Io hizo, faltando
en este caso el elemento formal para configurarse el errorjudicial alegado".

En la parte resolutiva el a quo condeno en costas a la parte demandante, de
conformidad con Io dispuesto en el articulo 188^ del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de Io Contencioso Administrative.

« Fl, 233 a 252, C.P.
“Articulo 188.Condena en costas. Satvo en )os procesos en que se ventile un interns publico, la
sentencia dispondri sobre la condena en costas, cuya liquidacidn y ejecucidn se regirSn por las
normas del Cbdigo de Procedimiento Civil. En todo caso, la sentencia dispondrd sobre la condena
en costas cuando se establezca que se presentd la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal".

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Radicado: 27000233100020120000601 (68070]
a 0/2 Demaiidante; Angelica Patricia llrrego Delgado y otros

5. Recurso de apelacidn

El 19 de julio de 2021® la parte demandante interpuso recurso de apelacidn, el cual
fue concedido el 15 de diciembre de 2021® y admitido el 4 de marzo de 2022^°.

5.1. La recurrente^^ senaid que el Juzgado 2° Civil Municipal de Quibdd incurrid i)
. en un error jurisdiccional en la providencia del 24 de septiembre de 2009, porque
inobservd normas relacionadas con la procedencia de los incidentes de.nulidad; y
ii) en un defectuosofuncionamiento de la administracidn dejusticia pormora judicial,
dado que el Juzgado 2’ Civil Municipal de Quibdd tardd injustificadamente en
entregar el inmueble adjudicado en subasta piiblica.

6. Alegatos de conclusion en segunda instancia

El 22 de abril de 2022^^ ge corrio traslado a las partes y al Ministerio Publico para
alegar de conclusion y presentar concepto, respectivamente.

6.1. La parte demandante^® y el Banco Agrario de Colombia S-AJ* reiteraron los
argumentos expuestos en el recurso de apelacidn y en la contestacidn de la
demands, respectivamente.

6.2. La Nacion- Rama Judicial y el Ministerio Publico guardaron silencio’ ®.

«Fl. 427, C.P.
® Fl. 440, C.P.
10 Fl. 447, C.P.
” Fl. 115a 127, C. P.
12 Fl. 448, C.P.
12 SAMAI, Indice 18.
i‘‘SAMAI, Indice 20. '
12 SAMAI, indice 23.

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Radicado; 27000233100020120000601 (68070)
W tow H Demandame: Angelica Patricia Urrego Delgado y otros

III. CONSIDERACIONES

1. Jurisdiccion y competencia

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelacion
interpuesto contra la sentencia del 2 de julio de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo del Choco, de conformidad con Io dispuesto en los artlculos 73 de la
Ley 270 :de, 1996^® ,82 del Codigo Contencioso Administrativo, modificado por el
articulo 1° de la Ley 1107 de 2006^^ y 129 del Codigo Contencioso Administrativo,
vigentes a la fecha de la presentacion de la demanda. Lo anterior, atendiendo a que
en el presente caso la parte actora reclama por un supuesto error judicial,
defectuoso funcionamiento de la administracion de justicia, asi como por un
incumplimiento contractual^®-''®.

2. Accion procedente

Segun copiosa jurisprudencia de esta Corporacion, la fuente det dano que origina la
reclamacion de perjuicios al Estado es la que determina la accion judicial procedente
para acudir al organo judicial, asi como la tecnica para la formulacion de las
pretensiones de la demanda y la oportunidad en el tiempo para hacerlas valer por
via jurisdicciortaP®.

Articulo 73 de la Ley 270 de 1996. “De las acciones de reparacidn directa y de repeticion de que
tratan los artlculos anteriores, conocera de modo privativo la Jurisdiccidn Contencioso Administrative
conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribucidn de
competencia entre el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos. ’
Articulo 82 del C.C.A. “La jurisdiccion de lo contencioso administrativo esta instituida para juzgar
las controversies y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades publicas y de
las personas privadas que desempenen funciones propias de los distintos drganos del Estado. Se
ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de
conformidad con la constitucidn y la ley [..
Consejo de Estado. Sala Contencioso Administrativa, Seccidn Tercera, sentencia de 9 de mayo
de 2012, Rad.: 20.968 y auto de 26 de marzo de 2007, Rad. 25619.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil, sentencia del 28 de abril de 2009, Rad.: 2001-
00902-01.
2° Consejo de Estado, Seccidn Tercera. Sentencia del 2 de febrero de 2001, Rad.: 17769; Sentencia
del 12 de mayo de 2011, Rad.: 26758; Sentencia del 7 de junio de 2007, Rad.: 16474.

t
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Radicado; 27000233100020120000601 (68070)
Demandante: Angelica Patricia Urrego Delgado y otros

2.1. La accion de reparacidn directa es el medio de control idoneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el dano invocado
proviene de un hecho, omisidn, operacidn administrative o cualquier otra actuacidn
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrative, segun Io dispone el
articulo 862^ de Codigo Contencioso Administrative.

En este caso, se evidencia que ia accion procedente es la de reparacidn directa
frente a la reclamacion realizada contra la Nacion - Rama Judicial, en tanto se
solicita la reparacidn de un dano proveniente de hechos imputables a la
administracion dejusticia, como Io son: i) un error jurisdiccional en la providencia
del 24 de septiembre de 2009 y ii) un defectuoso funcionamiento de la
administracion de justicia por mora judicial.

2.2. Por su parte, se tiene que, a voces del articulo 87^2 jg Codigo Contencioso
Administrative, subrogado por el articulo 32 de la Ley 446 de 1998, la accion
contractual es el mecanismo procesal idoneo para acceder ante el juez en procura
de obtener una decision de fondo frente a cualquier controversia derivada del
negocio jurldico estatal. Es asi como, resulta procedente utilizer esta herramienta
procesal para cuestionar las actuaciones desarrolladas durante la ejecucion y
liquidacion del contrato estatal, asi como tambien la legalidad de los actos
administrativos proferidos dentro del desarrollo de este. Asi, puede cualquiera de
las partes solicitar; (i) que se declare la existencia o nulidad de un contrato estatal;
(ii) que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales; (iii)
que se ordene su revision; (iv) que se declare su incumplimiento; (iv) que se
condene al responsable a indemnizar los perjuicios derivados del mismo; y (v) que
se hagan otras declaraciones y condenas; no obstante, en virtud de la ley, el

2’ Articulo 86. Accidn de reparacidri directa. La persona interesada podr6 demandar directamente la
reparacidn del daho cuando la causa sea un hecho, una omisidn, una operacidn administrative o la
ocupacidn temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos publicos o por cualquiera otra
causa. Las entidades pdblicas deberdn promover la misma accidn cuando resulten condenadas
o hubieren conciliado por una actuacidn administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor
0 ex servidor publico que no estuvo vinculado al proceso respective, o cuando resulten perjudicadas
por la actuacidn de un particular o de otra entidad publica".
22 “Articulo 87. De las controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato estatal
podrd pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o
restituciones consecuenciales, que se ordene su revision, que se declare su incumplimiento y que
se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y
condenas..."

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Radicado:27000233100020120000601(68070)
Deniandante: Angelica Patricia Urrego Delgado y otros

Ministerio Publico o cualquier tercero que acredite un interes directo pueden pedir
que se declare la nulidad absolute del contrato.

En el presente caso, la accion contractual resulta procedente frente a la pretension
que la parte demandante formula contra el Banco Agrario de Colombia S.A.,
mediante la cual persigue la declaratoria “del incumplimiento [del Banco Agrario de
Colombia S.A.] en el contrato de compraventa”. En otras palabras, la fuente del dano
que origina la reclamacion de perjuicios contra el Banco Agrario de Colombia S.A.
se derive de uh negocio juridico. Io que determina que la accion judicial procedente,
como se dijo, es la contractual.

2.3 No est^ de mas precisar que se estima procedente la acumulacidn de
pretensiones de naturaleza extracontractual y contractual, segun los criterios
establecidos por la Jurisprudencia del Consejo de Estado^^, en los eventos en que
se cumplan los requisites legales.

En efecto, el articulo 82 del Codigo de Procedimiento Civil, por remision expresa
del articulo 145 del Codigo Contencioso Administrative^^, dispone que “[e]l
demandants podra acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el
demandado, aunque no sean conexas. siempre que concurran los siguientes
requisites: 1. Que el juez sea competente para conocer de todas; sin embargo,
podran acumularse pretensiones de menorcuantia a otras de mayor cuantia. 2. Que
las pretensiones no se excluyan entre si, salvo que se propongan como principales
y subsidiaries. 3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento”.

En este orden, se observa que el articulo 82 del Codigo de Procedimiento Civil
dispone que se pueden acumular pretensiones en una misma demanda, aunque no
sean conexas, siempre y cuando se satisfagan las siguientes exigencias: (i) que el

23 Consejo de Estado, Sala de Io Contencioso Administrative, Seccion Tercera, Subseccidn C,
sentencia del 8 de agosto de 2012, Rad.: 20346.
2“* Articulo 145 del C.C.A. "En todos los procesos contencioso administrativos proceder^ la
acumulacidn de pretensiones en la forma establecida en el Cddigo de Procedimiento Civil, asl como
la acumulacidn de procesos a instancia de cualquiera de las partes o de oficio, en los casos
establecidos por ei mismo cddigo [...]”

12
•r.-

Radicado; 27000233100020120000601(68070)
Demandante: AngtMica Patricia Urrego Delgado y otros

juez sea competente para conocer de todas ellas, requisite que se cumple en el
presente caso, pues las pretensiones de reparacidn directa y contractuales superan
1.000 SMLMV^s portanto, son de competencia en primera instancia del Tribunal
Administrativo del Choco y en segunda instancia del Consejo de Estado; (ii) que las
pretensiones no se excluyan entre si, salvo que se propongan como principales y
subsidiarias, requisite que tambien se cumple, pues de la lectura de las mismas no
surge duda alguna de que aquellas no se contraponen, ya que las pretensiones de
reparacidn directa por el resarcimiento de un dano proveniente. de hechos
imputables a la administracidn de justicia, y a las pretensiones contractuales frente
al Banco Agrario devienen de un supuesto incumplimiento contractual, donde la
situacidn factica resulta distinta y la atribucidn de responsabilidad se reputa frente a
personas juridicas diversas, as! como el reconocimiento de cada una de las
pretensiones no implica la denegacidn o anulacidn de la otra; y (iii) que todas puedan
tramitarse por el mismo procedimiento. Io que ocurre en el presente asunto, pues,
la accidn de reparacidn directa y la accidn contractual pueden tramitarse a traves
del mismo procedimiento, esto es. del ordinario^®.

En suma, en el caso concrete se advierte que las pretensiones de reparacidn directa
y contractuales formuladas por la parte actora en su escrito de demanda, pueden
ser estudiadas y decididas por el mismo juez, no se excluyen o contraponen entre
si y pueden tramitarse a traves del mismo procedimiento -ordinario-, razdn por la
cual resulta procedente su acumulacidn.

3. Vigencia de la accion

Con el proposito de otorgar seguridad jurldica, de evitar la paralisis del traficx^
jurldico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la

"Articulo 132. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunaies
administrativos conoceran en primera instancia de los siguientes asuntos: [...] 5. De los referentes a
contratos de las entidades estatales en sus distintos drdenes y de los contratos celebrados por
entidades prestadoras de servicios publicos domiciliarios, cuando su finalidad est6 vinculada
directamente a la prestacidn del servicio, cuando la cuantla exceda de quinientos (500) salarios
mlnimos legates mensuales 6. De los de reparacidn directa cuando la cuantia exceda de quinientos
(500) salarios minimos legates mensuales [...].
2® Cfr. Consejo de Estado, Seccidn Tercera. Sentencia del 30 de enero de 2013. Rad.: 24020.

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Radicado: 27000233100020120000601 (68070)
Demandame; Angtdica Patricia Urrego Delgado y otros

proteccion del interes generaP^, establecio unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
publico, por Io que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extincion del derecho de accionar, asi como la consolidacion de
las situaciones que se encontraban pendientes de solucion.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, ademas, la
racionalizacion de la utilizacibn del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de accion^®, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solucion por
los organos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenomeno procesal, de caracter bifronte, en tanto se entiende como Ifmite y
garantia a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones juridicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad juridica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle

27 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institucidn jurldico procesal
a trav^s de la cual, el legislador, en use de su potestad de configuracion normativa, limtra en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdiccidn con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad juridica, para evitar la paralizacidn del tr^fico jurldico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la proteccidn de un interns general.
Como claramente se explicd en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referenda,
esta es una figure de orden publico Io que explica su caracter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se veiifique su ocurrencia".
2® Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 "...el derecho al accesoa
la administracion de justicia no es absolute, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promociOn de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que sehala el
legislador (...). El t^rmino de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de accion, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restriccidn
necesaria para la estabilidad del derecho. Io que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad juridica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos".

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Radicado: 27000233100020120000601 (68070)
Demandanle: Angelic;! Patricia llrrego Delgado y otros

configurada, se consolidan los derechos de los actores juridicos que discuten alguna
situacion; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende tambien como una
limitacion de caracter irrenunciable al ejercicio del derecho de accion, resultando
como una sancion ipso iure^^ que opera por la falta de actividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algun reclame o requerir algun
reconocimiento o proteccion de la justicia^'^, cuya consecuencia, por demandar mas
alia del tiempo concedido por la ley procesal, significa la perdida de la facultad
potestativa de accionar.

El articulo 136 del Codigo Contencioso Administrative, sehala que la accion de
reparacibn directa caducara al vencimiento del plazo de dos (2) anos, contados a
partir del dia siguiente del acaecimiento del hecho, omision u operacion
administrative o de ocurrida la ocupacion temporal o permanente del inmueble de
propiedad ajena por causa de trabajo publico o por cualquiera otra causa; y en su
numeral 10° determine que la accion contractual caducara al vencimiento del termino
de dos (2) ahos contados a partir del dia siguiente a la ocurrencia de los motives de
hecho 0 de derecho que les sirvan de fundamento.

La Seccion Tercera de esta Corporacion ha indicado, de manera reiterada, que
cuando el dano alegado proviene de un error judicial el termino de caducidad
empieza a contabilizarse a partir del dia siguiente al de la ejecutoria de la
providencia judicial que contiene el aludido yerro^''.

29 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: "Para garantizar la seguridad juridica de
los sujetos procesales, el leglslador Instituyd la figure de la caducidad como una sanciCn en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un termino especiflco. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderan la posibilidad de accionar ante la jurisdiccion para hacer efectivo su derecho. Es
as! como el fendmeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de plena derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactive del sujeto
procesal llamado a interponer determinada accion judiciaf.
20 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantla para la seguridad juridica y el interds general. Y es que la caducidad
representa el llmite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinada derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede serobjeto de proteccidn,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
SUS derechos, no se verd expuesto a perdedos por la ocurrencia del fenomeno indicado".
21 Consejo de Estado, Seccidn Tercera. Sentencia del 23 dejunio de 2010, Rad: 17493; Auto del 9
de mayo de 2011, Rad.: 40.196; Sentencia del 27 de enero de 2012, Rad: 22.205.

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Radicado: 27000233100020120000601(68070)
Demandante: Angelica Patricia Urrego Delgado y otros

Asimismo, tratandose de la declaracion de responsabilidad del Estado por el
defectuoso funcionamiento de la administraclon de la justicia, la Seccion Tercera de
esta Corporacion ha indicado que el termino de caducidad se cuenta a partir del dia
siguiente del acaeclmlento del hecho u omision, deblendo tener en cuenta el
conocimiento de dicho daho por la parte demandante.

En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejercio en tiempo,
dentro del termino de dos (2) ahos, frente al error jurisdiccional de la providencia del
24 de septiembre de 2009, teniendo en cuenta: I) que dicho proveido quedo
ejecutoriado el 27 de octubre de 2009, de conformidad con Io establecido en el
articulo 331 del Codigo de Procedimiento CiviP^ gsto es, tres dias despues
notificarse personalmente^^, pues contra la decisidn no se interpuso recurso de
reposicion^^; ii) que los demandantes presentaron solicitud de conciliacion
extrajudicial el 30 de septiembre 2011 la cual se declare fallida el 1° de diciembre
de 2011^; y iii) que la demanda se present© el dia siguiente^^.

Igualmente, se estima que e! derecho de accion tambien se ejercio en tiempo frente
al defectuoso funcionamiento de la administraclon de justicia por mora judicial,
teniendo en cuenta: i) que el 22 de marzo de 2011 la demandante conocio de dicho
daho, pues ese dia el Juzgado 2° Civil Municipal de Quibdo librd despacho
comisorio al Inspector de Policia de Quibdo para que procediera a la entrega del
bien inmueble^®; ii) que los demandantes presentaron solicitud de conciliacion

32 Articulo 331 del C.P.C. “Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres dias despuds de
notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los tdrminos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren orocedentes. o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los
interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaracion o complementacidn de una providencia,
su firmeza s6lo se producird una vez ejecutoriada la que la resuelva".
33 Fl. 266, C.1. De la decisidn del 24 de septiembre de 2009, Angela Patricia Urrego Delgado se
notified personalmente el 21 de octubre de 2009, segun da cuenta oficio 2218 dictado por la
Secretaria del Juzgado 2° Civil Municipal de Quibdd.
3* Articulo 348 del CPC: “[sjalvo norma en contrario, el recurso de reposicidn procede contra los
autos que dicte eljuez, [...]a fin de que se revoquen o reformen [...]. El recurso deberd interponerse
con expresiPn de las razones que Io sustenten, por escrito presentado dentro de los tres dias
siguientes al de la notificaciPn del auto".
33 Fl. 746, C. 1,
36 Fl. 738, C.5. -
3^ Fl. 21,C.1.
38 Fl. 115, Anexo 1.

16

I I Vi Radicado: 27000233100020120000601 (68070.1
Demandante: ?\ngelica Patricia On ego Delgado y otros

extrajudicial el 30 de septiembre 2011 la cual se declare fallida el 1 ” de diciembre
de 201 y iii) que la demanda se presento el dia siguiente'^''.

Ahora bien, , frente al incumplimiento contractual alegado por la actora, la Sala
advierte que en el expedients no obra prueba que de cuenta de la fecha de
celebracion del negocio juridico, ni de su objeto, ni del momento de su terminacion
y tampoco si requeria o no de liquidacion, presupuestos indispensables para
computer el termino preclusivo de caducidad. De hecho, mas alia de Io afirmado por
la parte demandante en el libelo introductorio, en donde solicito se declare el
incumplimiento del contrato de compraventa, no existe reparo, desarrollo o prueba
alguna sobre este particular.

En este orden de ideas, partiendo de la base de que en el sub examine no exists
certeza de la fecha de terminacion del contrato cuyo incumplimiento se reclame y
tampoco si en efecto el negocio jurldtco requeria o no de liquidacidn, la Sala
continuara con el examen de los restantes presupuestos procesales, teniendo en
cuenta que i) los demandantes presentaron solicitud de conciliacidn extrajudicial el
30 de septiembre 2011, la cual se declare fallida el 1“ de diciembre de 2011; y ii)
que la demanda se presento el dia siguiente. ’

4. Legitimacion en la causa

4.1. Con relacion a las pretensiones relatives al error judicial y al defectuoso
funcionamiento de la Administracion de Justicia, se observe Io siguiente:

4.1.1. Angelica Patricia Urrego Delgado esta legitimada en la causa por active, pues
fue la adjudicataria del inmueble objeto de remate en el proceso ejecutivo en el que
se profirio la providencia del 24 de septiembre de 2009, la cual se acusa de contener
un error jurlsdiccional, y frente al cual alega mora judicial. De esta informacion da
cuenta copia simple del proceso con el numero de radicado 2004-00555‘‘2.

33 Fl. 746, C.1.
« Fl. 738, C.5.
Fl. 21, C.1.
« C.laC.5.

17

Riidicado: 27000233100020120000601 (68070)
Demandanie: Angelica Pafrida Urrego Delgado y otros

4.1.2. Rocio Delgado Ardila, Laura Carolina Delgado Ardila y Luisa Paola Delgado
Ardila no se encuentran legitimadas en la causa por activa, toda vez no fueron parte
del proceso con el numero de radicado 2004-00555^^, dentro del cual se profirio la
providencia del 24 de septiembre de 2009, objeto de reproche, ni acreditaron tener
la calidad de terceras perjudicadas por las resultas del mismo.

4.1.3. La Nacion se encuentra legitimadaen la causa porpasivayesta debidamente
representada por la Rama Judicial, toda vez que el Juzgado 2® Civil Municipal de
Quibdo profirio la providencia del 24 de septiembre de 2009, la cual se acusa de
contener un error jurisdiccional, y frente a cuyo tramite se alega mora judicial.

4.2. Frente a las pretensiones contractuales, de conformidad con Io establecido en
el artlculo 87*^ del Codigo Contencioso Administrative, subrogado por el artlculo 32
de la Ley 446 de 1998, segun el cual la legitimacion en la causa en las acciones
contractuales se encuentra, en principle, en cabeza de las partes del contrato, la
Sala concluye que si bien en el libelo introductorio se aludio al incumplimiento de un
contrato de compraventa celebrado entre Angelica Patricia Urrego Delgado y el
Banco Agrario de Colombia S.A., Io cierto es que en no se especifica en que
consistio el supuesto incumplimiento contractual, como tampoco se adjunto copia
del contrato en cuestion para demostrar la existencia de una relacion contractual
entre las partes involucradas. En efecto, en el escrito de la demanda solicito el pago
de perjuicios por “el incumplimiento [del Banco Agrario de Colombia S.A.] en el
contrato de compraventa”, sin exponer los hechos y las razones de su dicho.

4.2.1. Angelica Patricia Urrego Delgado no esta legitimada en la causa por activa,
ya que no demostro tener la calidad de parte en el supuesto contrato celebrado con
el Banco Agrario de Colombia S.A.

«C.1aC.5. .
“ ‘'Articulo 87. De las controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato estatal
podra pedirque se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o
restituclones consecuenciales. que se ordene su revision, que se declare su incumplimiento y que
se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y
condenas

>1

18

Radicado: 27000233100020120000601 (68070)
Demandante: AngtHica Patricia Llrrego Delgado y otros

4.2.2. El Banco Agrario de Colombia S.A. no esta legitimado en la causa por pasiva,
pues no existe prueba que de cuenta que dicha sociedad celebro o fuese parte del
contrato respecto del cual se alega el incumplimiento.

5. Problemas juridicos

Corresponde a la Sala determinar si la Nacion - Rama Judicial incurrid I) en un error
jurisdicclonal en la providencia del 24 de septlembre de 2009; y ii) en un defectuoso
funclonamiento de la administracion de justicia por mora judicial, dado que el
Juzgado 2’ Civil Municipal de Quibdo tardo injustificadamente en entregar el
inmueble adjudicado.

6. Solucidn de los problemas juridicos

Antes de resolver los problemas juridicos es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado y el rdgimen de responsabilidad del
Estado por error jurisdicclonal.

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El articulo 90 de la Constitucion Politica de 1991*^ consagro dos condiciones para
declarer la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un dano
antijuridico y ii) la imputacion de este al Estado.

El dano antijuridico es la lesion injustificada a un interes protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectacion que no esta amparada por la
ley 0 el derecho*®, que contraria el orden legal*’’ o que esta desprovista de una

“Articulo 90. El Estado responder^ patrimonialmente por los danos antijuridicos que le seam
imputables, causados por la accidn o la omlslon de las autoridades publicas. En el ev.ento de ser
condenado el Estado a la reparacion patrimonial de uno de tales danos, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquPI deberii repetir contra Pste’’.
‘^Consejo de Estado, Seccidn Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.; 11945
Cfr. De Copis. Adriano. Teoria General de la Responsabilidad. Traducido por Angel Martinez
Sarridn. 2® ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A. 1975. Pag.90.

19

Radicado; 27000233100020120000601 168070)
Demandaiue: Angelica Patricia Urrego Delgado y otros

causa que la justifique^®, resultando que se produce sin derecho al contrastar con
las normas del ordenamlento y, contra derecho, al lesionar una situacion reconocida
0 protegida’ ^, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto
resulta contrario al ordenamlento juridico dahar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre.

La imputacion no es otra cosa que la atribucion factica y juridica que del dano
antijuridico se hace al Estado, de acuerdo con los chterios que se elaboren para
ello, como por ejempio la falla del serviclo, el desequilibrio de las cargas publlcas,
la concrecion de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la
atribucion en el caso concreto®*’.

Es decir, verificada la ocurrencia de un dano antijuridico y su imputacion al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.

6.2. Regimen de responsabiiidad del Estado por error jurisdiccional

En desarrollo del articulo 90 constitucional, el legislador instituyo la responsabiiidad
del Estado por la actuaclon o funcionamiento de sus organos jurisdiccionales o de
SUS funcionarios mediante la Ley 270 de 1996, regulaclon que en su articulo 65
dispuso Io siguiente:

“Articulo 65. De la Responsabiiidad del Estado. El Estado respondera
patrimonialmente por los danos antijuridicos que le sean imputables, causados por
la accion o la omision de sus agentes judiciales."

La mencionada normatividad establecio que el Estado seria patrimonialmente
responsable por razon o con ocasion de la actuaclon judicial en los siguientes

Consejo de Estado, Seccidn Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;
Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
Cosso. Benedetta. Responsabilita della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva
Responsabilita Civile, a cargo de Pasquale Fava. P^g. 2407, Giuffrfe Editore, 2009, MilSn, Italia.
5° Consejo de Estado, Sala de Io Contencioso Administrative, Seccidn Tercera, subseccion C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.

20

Radirado;27000233100020120000601(68070)
Demandante: Angelica Patricia Urrego Delgado y otros

eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administracion de justicia; ii) error
jurisdiccional y iii) privacion injusta de la libertad®"*.

En cuanto a la modalidad de responsabilidad por la actuacibn judicial, derivada del
error judicial, el articulo 66 de la Ley 270 de 1996 lo definib como aquel “cometido
por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su caracter de tai, en el
curso de un proceso, materializado a traves de una providencia contraria a la ley.”
En otras palabras, esta fuente de responsabilidad se refiere a aquellos yerros
emanados de una autoridad jurisdiccional o de particulares investidos
transitoriamente de la funcibn de impartir justicia en un proceso determinado, que
se materializan en una providencia judicial contraria a derecho, mediante ia cual se
interpreta, se declara o se hace efectivo un interes o derecho subjetivo®^ y que
causa un dano antijuridico al destinatario de la decisibn, pues de haberse dictado
conforme al ordenamiento juridico, el resultado hubiera sido adecuado y no habrla
causado la afectacibn patrimonial que se pretende resarcir en el juicio de
responsabilidad.

El error judicial entonces, puede entenderse como “todo acto judicial ejecutado por
eljuez en el proceso, que resulta objetivamente contradictorio con los hechos de la
causa o con el derecho y la equidad, desviando la solucion del resultado justo al
que naturalmente debio llegar."-^. Es por ello que la decision que se reputa errada
puede considerarse como un verdadero “acto ilicito contrario a la ley, sea poraccion
u omision, en el curso del proceso sometido a su jurisdlcci6n "^‘^

Por otra parte, el legislador en el articulo 67 de la ley 270 de 1996 dispuso una serie
de requisites para la procedencia de esta fuente de responsabilidad, a saber: (i) que
el afectado haya interpuesto les recursos de ley contra la providencia que se reputa
contener el error y; (ii) que dicha decision judicial haya cobrado firmeza. Lo anterior

Cfr. Articulo 65. Ley 270 de 1996.
5^ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativa. Seccidn Tercera. Sentencia del 22 de
noviembrede2001. Rad.: 13164.
55 Felix A. Trigo Represas - Marcelo J. Lopez Mesa, Responsabiliad del Estado, Tratado de
Responsabilidad Civil, Tomo IV, Ed. La Lny Buenos Aires, Republics Argentina, 2008, pg 170.
5'1 Ibidem

21

Radicado; 27000233100020120000601(68070}
Demandante; Angelica Patricia Urrego Delgado y ofros

se traduce en que la persona que persiga la responsabilidad del Estado con
fundamento en ese titulo de atribucion, para poder reclamar la responsabilidad
producto de una decision judicial erronea, debe haber presentado oportunamente
los recursos ordinarios®® procedentes para controvertir la providencia a la que se le
atribuye el error y debe haber certeza de que la manifestacion judicial acusada es
inmodificable por haber cobrado firmeza, pues, en caso de no haberse controvertido
aquella, el daho se entendera como debido a la culpa exclusive de la propia
victima^® que ahora busca el resarcimiento de los efectos patrimoniales nocivos que
la disposicion del juez le pudo haber causado o, podrla considerarse que el daho
que pudo haber producido es apenas eventual.

As! las cosas, la ley preve que cuando tales decisiones implican resultados sin razon
legalmente valida, la misma no este soportada en pruebas debidamente
recaudadas, se aleje de los canones procesales, sea el resultado o se dicte bajo el
amparo de una violacion al debido proceso o signifique una via de hecho y que
aquella no pueda ademas ser corregida por los medios y recursos ordinarios
idoneos en el proceso, se califiquen de error judicial y se ordene la indemnizacidn
de los perjuicios que tai equivoco causo, cuando adicionalmente se encuentren
acreditados en el proceso todos los demas elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado.

Empero, tai error no se refiere a cualquier desacierto contenido en una providencia
judicial, pues este debe surgir de una conducta carente de fundamento objetivo,
debe significar la vulneracion de derechos o intereses subjetivos y ser contraria al
ordenamiento juridico.

Es por ello que el error jurisdiccional contenido en la providencia debe ser
determinante para el proceso y para los intereses de las partes y nunca podra

5® En sentencia del 28 de septiembre de 2015, Rad.: 33.733, la Seccidn Tercera de esta Corporacidn
manifesto que debia entenderse que los recursos de ley que menciona el articulo 67 de la Ley 270
de 1996 son los medios ordinarios de impugnacidn y no los recursos extraordinarios.
56 Articulo 70, Ley 270 de 1996.

22

Radicado: 27000233100020120000601 [68070] .
d n DemandanVe: Angelica Patrick! Urrego nelgado y otros

convertirse en una instancia adicional del proceso^^, por Io que el juez debera
verificar si la decision controvertida se encuentra juridicamente motivada y
probatoriamente sustentada, para luego, en virtud de Io preceptuado en el articulo
90 constitucional y en la Ley 270 de 1996, determinar si el Estado esta obligado a
responder patrimonialmente por el dano antijurldico que la decision de uno de sus
jueces causo, previa comprobacion de los demas elementos estructurales de la
responsabilidad patrimonial del Estado. No se trata pues, el juicio que busca
declarar la existencia de responsabilidad de los administradores de justicia por las
decisiones erroneas que estos dicten en desarrollo de sus atribuciones judiciales,
de una tercera instancia del juicio en el cual se dicto la decision lesiva, ni de evitar
que la misma cobre firmeza, destruir su fuerza obligatoria para sus destinatarios,
asi como tampoco de levantar el estado de cosa juzgada sobre el proceso en la cual
se produjo, ni de sustituir la decision erronea por una mas acertada, pues en el
sistema legal colombiano para ello existen otros mecanismos judiciales apropiados.
En cambio, se trata, como se deduce del texto legal que define la figure, de verificar
si la providencia reputada de contener el error produjo consecuencias patrimoniales
adversas para los destinatarios de esa decision judicial y que no les corresponde
asumir, asi como hacer la imputacion de tales dahos a la administracion de justicia
bajo cuyo amparo y en ejercicio de las potestades estatales se dicto la decision
errada.

De igual manera, ydeconformidad con lajurisprudenciadeesta Corporacion^®, este
error puede ser de caracter factico o sustantivo, esto es, puede enmarcarse en una
equivocacion entre la reaiidad procesal y la decision judicial, o residir en la
aplicacion distorsionada del derecho. Es asi que se puede presentar, entre otros
casos, cuando la autoridad, en ejercicio de funciones jurisdiccionales: i) no valoro
un hecho debidamente probado, que era fundamental para adoptar una decision de
fondo; ii) considerd que un hecho era fundamental, cuando realmente no Io era; iii)
no decreto una prueba conducente para determiner un hecho relevante y solucionar

®^Cfr. Tolivar Alas. Leopoldo. La responsabilidad patrimonial del Estado - juez. Tomas Quintana
LPpez [Director], La responsabilidad patrimonial de la administracion publica. Estudio general y
Smbitos sectoriales. Valencia: Tirant Io Blanch. 2009. P.524.
5® Cfr. Consejo de Estado, SecciOn Tercera. Sentencias del 27 de abril de 2006, Rad.: 14837, del 23
de abril de 2008, Rad.: 16271, del 21 de noviembrede 2017, Rad.: 39515.

23

Radicado:27000233100020120000601(68070]
Demandante; Angelica Patricia Urrego Delgado y otros

el case concrete; iv) adopto la decision judicial con fundamento en un hecho que
era falso; v) aplico una norma que no era aplicable al case concrete; vi) dejo de
aplicar una norma que era necesaria para solucionar la litis', vii) aplico una norma
inexistente o derogada®® o; viii) actuo sin competencia.

Asimismo, y en punto del regimen de responsabilidad aplicable a los cases de error
jurisdiccional, es dable aclarar que este es un titulo de atribucion de responsabilidad
de caracter subjetivo que impone la carga a la parte demandante de indicar en que
consiste el aludido yerro y demostrar, ademas del error jurisdiccional, el dano y la
imputacion factica y juridica frente al Estado, ante Io cual, la parte demandada, para
eximir su responsabilidad, podra demostrar la inexistencia del error jurisdiccional,
una causa extrana que rompa la imputacion o la ausencia de cualquiera de los
elementos que componen el juicio de responsabilidad patrimonial.

6.3. Responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de
administracion de justicia

El defectuoso funcionamiento de la administracion de justicia fue regulado en el
artlculo 69 de la Ley 270 de 1996 en los siguientes terminos:

“Articulo 69. Defectuoso funcionamiento de la administracion de justicia. Fuera de los
casos previstos en los articulos 66 y 68 de esta ley. quien haya sufrido un dano
antijuridico, a consecuencia de la funcion jurisdiccional tendra derecho a obtener la
consiguiente reparacion”

De acuerdo a Io anterior, el defectuoso funcionamiento de la administracion de
justicia es un titulo de imputacion de responsabilidad patrimonial del Estado de
caracter subjetivo en el que el dano antijuridico derive de una situacion anormal de
tutela judicial efectiva®^, producto de que el servicio publico de administracion de
justicia ha funcionado mal, no ha funcionado, o ha funcionado en forma tardia.®’

Cfr. Consejo de Estado. Sala de Io Contencloso Adminlstrativo. Secclon Tercera. Sentencia del 27
de abrll de 2006. Rad.: 14837.
®°Cfr. Santofimlo Gamboa. Jaime Orlando. Responsabilidad del Estado por la actividad judicial.
Caracas: Editorial Juridica Venezolana, 2016. P. 149.
Cfr. Consejo de Estado. Sala de Io Contencloso Administrative. Seccion Tercera. Subseccibn B.
Sentencia del 21 de septiembre de 2017. Rad: 55999.

24

Radicado: 27000233100020120000601 (68070]
Demandante: Angeltea Patricia Llrrego Delgado y olros

Este titulo de atribucion de responsabilidad tiene las caracteristicas siguientes; i) se
predica de las actuaciones judiciales para adelantar el proceso o para la ejecucion
de providencias judiciales®^; jj) proviene de los funcionarios judiciales, particulares
que ejerzan facultades jurisdiccionales, empleados, agentes o auxiliares de la
justicia; iii) se presenta un funcionamiento anormal de la administracion de justicia,
frente a Io que deberia considerarse como adecuado; iv) comprende la mora
judicial, esto es, la injustificada falta de decision judicial en un plazo razonable®®,
cuando “no existen factores que ameriten sobrepasar los terminos Hjados en la ley,
dentrd de los cuales se pueden encontrar la complejidad del asunto, el
comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen
de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estandares de
funcionamiento, que no est^n referidos a los terminos que se senalan en la ley, sino
alpromedio de duracion de los procesos del tipo porelque se demanda la mora'"^
v) es de caracter residual, puesto que unicamente se configura cuando los hechos
no se enmarquen en los titulos de error jurisdiccional o privacion injusta de la
libertad®®.

De igual forma, atendiendo a que el regimen de responsabilidad en los casos de
defectuoso funcionamiento de la administracion de justicia es de caracter subjetivo,
la parte demandante tiene la carga de demostrar el incumplimiento de las
obligaciones a cargo del Estado, el dano y su cuantificacion, asf como la imputacion
factica y jurldica para de esa forma poder obtener una sentencia favorable a sus
pretensiones indemnizatprias. For su parte, la demandada, para eximir su
responsabilidad, podra demostrar la inexistencia del defecto en el funcionamiento
de la administracion de justicia, una causa extrana que rompa la imputacion o la
ausencia de cualquiera de los demas elementos que constituyen el juicio de
responsabilidad.

Cfr. Consejo de Estado. Sala de Io Contencioso Administrative. Seccion Tercera. Sentencia del 22
de noviembre de 2001. Rad: 13164.
Cfr. Consejo de Estado. Sala de Io Contencioso Administrative. Seccion Tercera. Subseccidn B.
Sentencia del 21 de septiembre de 2017. Rad: 55999.
Ibidem.
Cfr. Consejo de Estado. Sala de Io Contencioso Administrativo. Seccidn Tercera. Subseccibn A.
Sentencia del 21 de septiembre de 2017. Rad: 23769.

25

Radicado: 27000233100020120000601 (68070)
Demandanie: Aiigeiica Patricia (Irrego Delgado y otros

DI

7. Caso concrete

En el recurso de apelacion presentado contra la sentencia proferida el 2 de julio de
2021 por el Tribunal Administrative del Choco, que nego las pretensiones de la
demanda, la parte demandante senaid que el Juzgado 2° Civil Municipal de Quibdo
incurrid i) en un error jurisdiccional en la providencia del 24 de septiembre de 2009,
porque inobservd normas relacionadas con la procedencia de los incidentes de
nulidad; y ii) en un defectuoso funcionamiento de la administracidn de justicia por
mora judicial, dado que el Juzgado 2° Civil Municipal de Quibdo tardd
injustificadamente en entregar el inmueble adjudicado en subasta publica.

En este sentido y comoquiera que solo la parte demandante presento recurso de
apelacion contra el fallo proferido el 2 de agosto de 2018 por el Tribunal
Administrative de Sucre, de conformidad con Io dispuesto en el articulo 357 del
Codigo de Procedimiento Civil, se resolvera el asunto sub lite en aquello que se
reprocha como desfavorable en el recurso®®. Por ello, a continuacion, se analizara
si la Nacion - Rama Judicial es patrimonialmente responsable por un error
jurisdiccional en la providencia del 24 de septiembre de 2009 y por un defectuoso
funcionamiento de la administracion de justicia por mora judicial, dado que el
Juzgado 2° Civil Municipal de Quibdo tardo injustificadamente en entregar el
inmueble adjudicado en subasta publica.

Bajo esta optica, la Sala establecera cuales son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.

“Articulo 357. La apelaciOn se entiende interpuesta en Io desfavorable al apelante, y por Io tanto
el superior no podrS enmendarla providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en
razOn de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos intimamente
relacionados con aquOlla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apelO
hubiere adherido al recurso, el superior resolver^ sin limitaciones [...] Cuando se hubiere apelado de
una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, Oste debera proferir decision de m6rito aun cuando
fuere desfavorable al apelante”.

4'

26

Radicado: 27000233100020120000601 (68070]
Demandaiile: Angelica Patricia Urrego Delgado y otros

Bajo esta optica, la Saia establecera cuales son los hechos probados. para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.

7.1. Hechos probados

7.1.1. Se acreditd que el T de junio de 1995, Harry Cdrdoba Sanchez constituyd
una hipoteca sobre el inmueble identificado con folio de matrlcula inmobiliaria 180-
6863 por la suma de $9,670,923 a favor de la Caja de Credito Agrario, Industrial y
Minero, segun da cuenta copia simple de la escritura publica 754®^.

7.1.2. Consta que el 14 de jullo de 2004, el Banco Agrario de Colombia®® presento
demanda ejecutiva mixta contra el senor Cordoba Sanchez, pretendiendo el pago
del saldo Insoluto por la suma de $8,250,626 y los respectivos intereses moratorios,
segun da cuenta copia simple del escrito de la demanda®®.

7.1.3. Se acreditd que, mediante auto del 16 de julio de 2004, el Juzgado 2° Civil
Municipal de Quibdd librd mandamiento de pago en contra del ejecutado, segun da
cuenta copia simple del proveido^®.

7.1.4. Consta que el 22 de septiembre de 2004, Harry Cordoba Sanchez contesto
la demanda ejecutiva senalando que aceptaba la deuda contenida en el titulo valor,
segun da cuenta copia simple del escrito^V

7.1.5. Se acreditd que el 27 de junio de 2006, el citado Juzgado decreto la venta
publica en subasta del mencionado inmueble, al constatar que Harry Cordoba

Fl. 42 y 43, C.3.
Por medio del Oficio 1999039726 del 28 de junio de 1999, la entonces Superintendencia Bancaria
autorizP la cesion de activos y pasivos entre la Caja de Credito Agrario, Industria y Minero y el Banco
Agrario de Colombia S.A.
69 Fl. 23 y 25, C.3.
™FI. 35, C.3.
Fl, 44, C.3.

27

Radicado: 27000233100020120000601 (68070)
\ n Dcmandante: AngtMica Patricia Urrego Delgado y otros

Sanchez habla incumplido las obllgaciones adqulridas en el credito hipotecarlo,
segun da cuenta copia simple del proveido^^

7.1.6. Se demostro que el 5 de octubre de 2006, el Juzgado 2° Civil Municipal de
Quibdo adjudico el mencionado inmueble a Angelica Patricia Urrego Delgado, segun
da copia simple del acta de diligencia de remate^^.

7.1.7. Consta que el 10 de octubre de 2006, Harry Cordoba Sanchez present©
incidente de nulidad, a partir de la diligencia de remate del inmueble, al considerar
que el avaluo catastral del inmueble desconocla su valor real, segun da cuenta copia
simple del escrito^’ .

7.1.8. Se acredito que mediante proveido del 11 de octubre de 2006, el mencionado
Juzgado aprobo la adjudicacion y ordeno la entrega del inmueble identificado con
folio de matricula inmobiliaria 180-6863 a Angelica Patricia Urrego Delgado, segun
da cuenta copia simple de la providencia^®.

7.1.9. Se demostro que mediante proveido del 8 de noviembre de 2006, el Juzgado
2° Civil Municipal de Quibdo declare infundada la peticion de nulidad formulada por
el ejecutado, al estimar que en la oportunidad procesal correspondiente no presento
objecion respecto del avaluo catastral, segun da cuenta copia simple del proveido^®.
En efecto, en dicho proveido expuso Io siguiente:

“La postura para el remate, con respecto al avaluo no encuentra raz6n el juzgado
para admitir causal de nulidad puesto que cuando se presento este se dejo a
disposicion de las partes para que procedieran hacer las manifestaciones del caso
frente'dl'mismo (tai y como obra a folio 29 del cuaderno de medidas), es decir si
habla razon a ello era carga de la parte afectada ejercitar la correspondiente
objecion, la que si no se surtio dentro de dicho tramite precluyo la oportunidad para
haceilo [...]”

^2 Fl. 106, C.3.
^3 Fl. 117 y 118, C. 3.
Fl. 1 a 8, C. 4.
^5 Fl. 50y51,C.5.
Fl. 183 a 184, C.3.

28

Radicado: 27000233100020120000601 (68070]
Demandaiiie: AiigeliciJ Patricia Urrego Delgado y otros

7.1.10. Consta que 16 de noviembre de 2006, el sehor Cordoba Sanchez interpuso
recurso de apelacion contra la decision del 8 de noviembre de 2006, sehalando las
mismas razones expuestas en la solicitud de nulidad, segun da cuenta copia
autentica del escrito^’.

7.1.11. Se acredito que mediante proveido del 15 de mayo de 2007, proferido por el
Juzgado 1° Civil del Circuito de Quibdo, se confirmo la decision del 8 de noviembre
de 2006, al evidenciar que las partes no presentaron el avaluo del inmueble, segun
da cuenta copia autentica del proveido^®.

7.1.12. Se demostro que el 23 de mayo de 2007, Harry Cbrdoba Sanchez presento
demanda ordinaria de nulidad sustancial pretendiendo la nulidad de la providencia
que ordeno la entrega del inmueble a Angelica Patricia Urrego Delgado, segun da
cuenta copia original del escrito^^.

7.1.13. Consta que el 6 dejunio de 2007, el Juzgado 1° Civil del Circuito de Quibdo
admitio la demanda ordinaria y ordeno notificar al Banco Agrario de Colombia y a
Angelica Patricia Urrego Delgado, segun da cuenta original del proveido®®.

7.1.14. Se demostro que el 21 de julio de 2007, el Juzgado 1’ Civil del Circuito de
Quibdo ordeno a la Oficina de Instrumentos Publicos de Quibdo inscribir la demanda
sobre el inmueble identificado con folio de matricula inmobiliaria 180-6863, segun
da cuenta original de la providencia®’.

7.1.15. Se acredito que el 23 de julio de 2007, el senor Cordoba Sanchez solicito al
Juzgado 2° Civil Municipal de Quibdo decretar la suspension del proceso ejecutivo
por prejudicialidad hasta que el Juzgado 1° Civil del Circuito de Quibdo dictara
sentencia, segun da cuenta copia simple del auto de 19 de julio de 2010®^.

Fl. 190 a 200, C. 3.
Fl 41 a 46, c. 15.
^9 Fl. 1 a 12, C.5.
Fl. 49, C.5.
81 Fl. 52, C.5.
82 Fl. 73, C. 4.

29

Radicado; 27000233100020120000601 [68070)
Demandante: Angelica Patricia Urrego Delgado y otros

7.1.16. Consta que el T de agosto de 2007, el Juzgado 2° Civil Municipal de Quibdo
nego la suspension del proceso por prejudicialidad, segun da cuenta copia simple
del auto del 19 de julio de 2010®®.

7.1.17. Consta que 8 de agosto de 2007, el senor Cdrdoba Sanchez interpuso
recurso de apelacion contra la decision del 1° de agosto de 2007, segun da cuenta
copia simple del auto de 19 de julio de 2010®^.

7.1.18. Se acredito que el 27 de noviembre de 2007, la sehora Urrego Delgado
solicito al Juzgado 2’ Civil Municipal de Quibdo la entrega real y material del
inmueble “toda vez que ha pasado un tiempo prudencial y no se ha hecho efectiva
la orden del juzgado”, segun da cuenta copia simple del proveldo®®.

7.1.19. Se demostro que mediante proveldo del 12 de agosto de 2008, proferido por
el Juzgado r Civil del Circuito de Quibdo, se confirmo la decision del r de agosto
de 2007, segun da cuenta copia simple del auto de 19 de julio de 2010®®.

7.1.20. Se demostro que e! 4 de noviembre de 2008, la senora Urrego Delgado
solicito al Juzgado 2° Civil Municipal de Quibdo la entrega real y material del
inmueble, "toda vez que ya fue confirmado en segunda instancia y fallado a favor el
recurso interpuesto por el demandado”, segun da cuenta copia simple del escrito®^.

7.1.21. Consta que el 10 de noviembre de 2008, el mencionado Juzgado indico que
Angelica Patricia Urrego Delgado no habfa retirado el oficio dirigido al senor Harry
Cordoba Sanchez ordenando entregar el pluricitado inmueble, segun da cuenta
copia simple del proveido®®.

83 Fl. 73, C. 4.
8“ Fl. 73, C. 4.
85 Fl. 213, C.3.
86 Fl. 73, C. 4.
8^ Fl 56, C.5.
88 Fl. 57, C.5.

30

Radicado: 27000233100020120000601 (68070)
Demandante: Angelica I’atricia Urrego Delgado y otros

7.1.22. Se demostro que el 18 de diciembre de 2008, Angelica Patricia Urrego
Delgado solicito al Juzgado la entrega material del bien inmueble, segun da cuenta
copia simple del escrito®®.

7.1.23. Consta que mediante proveido del 25 de junio de 2009, el Juzgado 2° Civil
Municipal de Quibdo ordend librar despacho corhisorio al Inspector de Policia de
Quibdo con el fin de proceder a la entrega el bien inmueble a la sehora Urrego
Delgado, segun da cuenta copia simple del proveido^°. En efecto, en dicho proveido
se expuso Io siguiente:

..] Visto el memorial de fecha 18 de diciembre de 2008, presentado por la Dra.
Angelica Patricia Urrego Delgado, se ordena librar despacho comisorio al Inspector
Central de Policia de Quibdo, para que practique la diligencia de entrega del bien
inmueble rematado a la sehora Urrego Delgado, con las facultades establecidas en
el art. 113 del C.P.C. y de ordenar se desocupe el inmueble por los ocupantes
actuates. Como del memorial se infiere que el secuestre no ha cumplido con su
debar legal, por secretaria, iniciese Indagacion Disciplinaria previa, para establecer
si ha habido incumplimiento de los deberes propios del mismo y se tomen las
medidas del caso [..

7.1.24. Se demostro que el 15 de septiembre de 2009, Harry Cordoba Sanchez
presento en el proceso ejecutivo un incidente para que fuera declarada la nulidad
de todo Io actuado a partir de la diligencia de remate del inmueble. al estimar que el
avaluo catastral estaba desactualizado, segun da copia simple del escrito®\

7.1,25. Consta que mediante providencia del 24 de septiembre de 2009, el Juzgado
2° Civil Municipal de Quibdo corrio traslado a las partes de la nulidad y ordeno al
Inspector de Policia de Quibdo abstenerse de realizar la entrega del inmueble hasta
que se resolviera el incidente propuesto por Cordoba Sanchez, segun da cuenta
copia simple del proveldo®^ En efecto, en dicho proveido se expuso Io siguiente:

El apoderado del demandado [...] mediante memorial de fecha 15 de los
cursantes, solicita al despacho se anule la diligencia de remate. Teniendo en cuenta
que el escrito que antecede reune los requisites del Art. 137 del C.P.C., tramitese la
anterior solicitud como incidente [.../. Notifiquese personalmente este proveido a la

83 Fl. 537, C.1.
9° Fl. 542, C.1.
9’ Fl, 227 y 228, C.3.
92 Fl. 263, C.1.

7‘
31

Radicado: 27000233100020120000601(68070)
Demandante: Angelica Patricia Urrego Delgado y otros

entidad demandante, Banco Agrario de Colombia, y a la rematante doctora
ANGELICA PATRICIA URREGO DELGADO, a fin de que se pronuncien alrespecto
y pidan las pruebas que pretendan hacer valer. Teniendo en cuenta que mediante
providencia de fecha 25 de junio de 2007, se comisiono a la Inspeccion Central de
Policia a fin de llevar a cabo la diligencia de entrega del inmueble, oficiese a la
Inspectora de Policia del Permanente Central de Quibdo, para que se abstenga de
realizar la diligencia para la cual se le comisiond mediante despacho comisorio 28
del 25 de junio del aho en curso (sic), hasta tanto se decide el presente incidente
[■■■]"

7.1.26. Se acreditoque mediante providenciadel 19dejuliode2010, el mencionado
Juzgado suspendio el proceso ejecutivo hasta que se dictara sentencla en el
proceso ordinario de nulldad sustancial, al constatar que la entrega del inmueble
estaba sujeta a Io decidido en el proceso de nulidad sustancial, segun da cuenta
copia simple del proveido®^ En efecto, en dicho prove id o se expuso Io siguiente:

..] El Juzgado ante la existencia de prueba que demuestra que actualmente esta
cursando un proceso ordinario de nulidad sustancial de la diligencia de remate ante
el Juzgado Civil del Circuito, considera pertinente abstenerse de ordenar la entrega
del bien rematado en este proceso, hasta tanto el Juzgado Civil del Circuito de
Quibdd, se pronuncie de fondo sobre el proceso ordinario de nulidad sustancial que
se tramita en dicho Juzgado [...]”

7.1.27. Se demostro que el 27 de julio de 2010, Angelica Patricia Urrego Delgado
presento recurso de apelacion contra la decision del 19 de julio de 2010, senalando
que el proceso ejecutivo habla terminado con la aprobacidn de adjudicacion del
inmueble, segun da copia simple del proveido®^. En efecto, en dicho escrito se
expuso Io siguiente:

"[...] En el sub-lite, encontramos apreciaclones subjetivas de los hechos por cada
uno de los Jueces intervinientes: De un lado, la Doctora Bertha Aurora Mena, Juez
en su momento, revivio un proceso que como ella misma to manifesto se encontraba
terminado, a pesar de ello admitio el incidente aduciendo que la solicitud presentada
por el incidentalita (sic) reune los requisilos del art. 137 del C.P.C., con su proceder
incurrid en vias de hecho creando inseguridad Jurldica en la decisiones judiciales
debidamente ejecutoriadas [..

7.1.28. Consta que mediante providencia del 30 de agosto de 2010, el Juzgado 2°
Civil Municipal de Quibdo declare desierto el recurso de apelacibn, por cuanto la

S3 Fl. 72 a 81, C. 4.
S'* Fl. 667 687, C.1.

32

Riidicada: 2700023310002012000060.1 (68070)
Demandante: Angelica Patricia Urrego Delgado y otros

recurrente no pago las expenses necesarias para las copies del expediente, segun
da cuenta copia simple del proveido®®.

7.1.29. Se acredito que, en fecha indeterminada, Angelica Patricia Urrego Delgado
presento accion de tutela pretendiendo la proteccion de los derechos fundamentales
al debido proceso y el acceso a la administracion de justicia, pues considero que no
habia lugar a suspender el proceso ejecutivo, segun da cuenta copia simple de la
sentencia de tutela del 9 de marzo de 2011, proferida por el Tribunal Superior de
Quibdo®®.

7.1.30. Se demostro que, mediante sentencia de tutela del 17 de noviembre de
2010, el Juzgado 2® Laboral del Circuito de Quibdo nego el amparo pretendido, al
estimar que la recurrente no habia aportado las expensas para tramitar el recurso
de apelacion contra la decision del 19 de julio de 2010, segun da cuenta copia simple
de la sentencia de tutela del 9 de marzo de 2011, proferida por el Tribunal Superior
de Quibdo®^.

7.1.31. Consta que, en fecha indeterminada, la senora Urrego Delgado interpuso
recurso de apelacion contra la decision del 17 de noviembre de 2010, senalando
que como el proceso ejecutivo habia terminado con la aprobacion de la
adjudicacion, procedia la entrega material del pluricitado inmueble. De esta
informacion da cuenta copia simple de la sentencia de tutela del 9 de marzo de
2011, proferida por el Tribunal Superior de Quibdo®®.

7.1.32. Se acredito que dicha decision fue revocada mediante proveido de tutela del
9 de marzo de 2011, proferido por el Tribunal Superior de Quibdo, quieh ordeno la
entrega del citado inmueble al considerar que las controversias relaciohadas con el
remate del bien debieron surtirse en curso del proceso ejecutivo, segun da cuenta
copia simple del proveido®®. En efecto, en dicho proveido se expuso Io siguiente:

Fl. 689, C.1.
®®FI 691,C.1.
Fl 691, C.1.
38 Fl 691, C.1.
93 Fl 691 a 702, C.1.

33

Radicado:27000233100020120000601(68070)
kl tew Demandante: Angelica Patricia Urrego Delgado y otro-i

..} Con la providencia objeto de reproche se configura una violacion flagrante del
debido proceso, pues, el proceso de nulidad instaurado por el demandado ante el
Juez Civil del Circuito de Quibdo, nada tiene que ver con el remate que fue
aprobado, en el entendido que toda controversia sobre el remate en que fue
favorecida la tutelante, debio adelantarse al interior del proceso de conformidad con
los articulos 141 y 142 del Codigo de Procedimiento Civil

7.1.33. Se demostro que el 22 de marzo de 2011, el Juzgado 2° Civil Municipal de
Quibdo libro despacho comisorio al Inspector de Policia de Quibdo para adelantar
la diligencia de entrega del bien inmueble a la senora Urrego Delgado, segun da
cuenta copia simple del proveido‘'°°.

7.1.34. Consta que el 12 de julio de 2011, Harry Cordoba Sanchez entrego a
Angelica Patricia Urrego Delgado el inmueble identificado con folio de matricula
inmobiliaria 180-6863, segun da cuenta escrito original en el que demandante
informo tai novedad al Inspector de Policia de Quibd6^°^.

7.2. Ausencia de error jurisdiccional

En el caso sub examine se tiene que el dano alegado consiste en la merma
patrimonial sufrida por Angelica Patricia Urrego Delgado, como consecuencia de la
suspension de la orden judicial de entrega del inmueble adjudicado en subasta
publica, frente a Io cual se endilga un error jurisdiccional en la providencia del 24 de
septiembre de 2009, proferida por el Juzgado 2° Civil Municipal de Quibdo.

Ahora bien, segun el articulo 67 de la Ley 270 de 1996, para que sea procedente
reclamar indemnizacion de perjuicios por un error jurisdiccional, el afectado debera
haber interpuesto los recursos de ley contra dicha providencia y esta debera
encontrarse en firme^^^.

Fl. 115, Anexo 1.
Fl. 717, C. 1.
Consejo de Estado, Seccidn Tercera, sentencia del 26 de julio de 2012, Rad.: 22581.

i'

34

Radicado:27000233100020120000601 (68070)
r'i Demandante: Angelica Patricia Urrego Delgado y otros

En este sentido, el articulo 348 del Codigo de Procedimiento CiviP^^, vigente para
la epoca de os hechos, disponia que: '‘[s]alvo norma en contrario, el recurso de
reposicion procede contra los autos que dicta eljuez, [...]a fin de que se revoquen
0 reformen”.

En el caso objeto de estudio se evidencia que no se cumplen los presupuestos
exigidos para estudiar la eventual configuracion de un error jurisdiccional en la
providencia del 24 de septiembre de 2009, proferida por el Juzgado 2° Civil
Municipal de Quibdo, porque frente al proveido que se acusa de contener el yerro
judicial procedia el recurso de reposicion, y en el plenario no se encuentra
acreditado que la demandante Io haya presentado.

Asi las cosas, se observa que la parte demandante debio presentar los recursos
legalmente procedentes contra el auto del 24 de septiembre de 2009. Sin embargo,
como ello no se hizo, se advierte que el dano es imputable a su propia culpa, pues
de cohformidad con el articulo 70 de la Ley 270 de 1998, ‘‘El dano se entendera
como debido a culpa exclusive de la victima cuando 6sta [...] no haya interpuesto
los recursos de ley”.

En consecuencia, se evidencia que el dano es imputable a la culpa de la
demandante, que no interpuso el recurso de reposicion contra el auto del 24 de
septiembre de 2009, que acusa de contener un error jurisdiccional.

7.3. Ausencia de defectuoso funclonamiento de administracion de justicia

En el caso sub examine se tiene que el dano alegado consiste en el detrimento
patrimonial alegado por la demandante, producto por mora injustificada en la
entrega material del inmueble adjudicado a su favor, frente a Io cual se endilga en
la demanda un defectuoso funclonamiento de la administracion de justicia.

Modificado por articulo 1° del Decreto 2282 de 1989.

35

Radiciido; 27000233100020120000601 (68070)
Demiindante: Angi'iic;i Patricia Urrego Delgado y otros

Ahora bien, el articulo 527 del Codigo de Procedimiento Civil, vigente para {a epoca
de los hechosi°^, disponia que se adjudicaba al mejor poster los bienes materia de
remate, Io cual debla constaren acta, quedebia incluirla designacion del rematante,
la determlnacion de los bienes rematados, la procedencia del domlnio del ejecutado
si se tratare de bienes sujetos a registro y el precio del remate, entre otros.

De igual forma, el articulo 530^°^ ibidem disponia que "Pagado oportunamente el
precio el juez aprobara el remate siempre que se hubiere cumplido con las
formalidades previstas en los articulos 523 a 528, y no est6 pendiente el incidente
de nulidad que contempla el numeral segundo del articulo 141. En caso contrario,
declarara el remate sin valor y ordenara la devolucion del precio al rematante. En
el‘ auto que apruebe el remate se dispondra, ademas: [...] 4. La entrega por el
secuestre al rematante de los bienes rematados [..

Por su parte, el articulo 141''°® de la misma normativa senalabaque “En losprocesos
de ejecucion y en los que haya remate de bienes, son tambien causales de nulidad:
[...] 2. La falta de las formalidades prescritas para hacerel remate bienes, siempre
que se alegue antes de proferirse el auto que Io aprueba. Esta nulidad solo afectara
el remate y se aplica a todos los procesos en que haya remate de bienes”.

En este sentido, el articulo 142 ejusdem disponia que “Las nulidades podran
alegarse en cualquiera de las instancias, antes de que se dicte sentencia, o durante
la actuacion posterior a esta si ocurrieron en ella [...]. La declaracion de nulidad solo
beneficiara a quien la haya invocado, salvo cuando exista litisconsorcio
necesario. Dichas causales podran alegarse en el proceso ejecutivo donde ocurran,
mientras no haya terminado por el page total a los acreedores, o por causa legal.
La solicitud se resolvera previo traslado por tres dies a las otras partes, cuando el
Juez considere que no es necesario la practice de alguna prueba que le haya sido
solicitada y no decreta otra de oficio; en caso contrario se tramitara incidente [..

Modificado por el articulo 57 de la Ley 794 de 2003.
Modificado por el articulo 69 de la Ley 794 de 2003.
IOS Modificado por el articulo 1° del Decreto 2282 de 1989.

36

Rodicado: 27000233100020120000601 (68070)
Demandante: Angelica Patricia Urrego Delgado y otros

De otra parte, el articulo 170 ejusdem indicaba que “ElJuez decretara la suspension
del proceso: [...] 2. Cuando la sentencia que deba dictarse en un proceso, dependa
de Io que deba decidirse en otro proceso civil que verse sobre cuestion que no sea
procedente resolver en el primero, o de un acto administrative de alcance particular
cuya nulidad este pendiente del resultado de un proceso contencioso administrative,
salvo Io dispuesto en los Codigos Civil y de Comercio y en cualquiera otra ley [..

En este sentido, el articulo 172'’°^ de dicha normative disponia que “La suspension
del proceso por prejudicialidad durara hasta que el juez decrete su reanudacion,
para Io cual debera presentarse copia de la providencia ejecutoriada que puso fin al
proceso que le dio origen; con todo, si dicha prueba no se aduce dentro de los tres
ahos siguientes a la fecha en que empezo la suspension, el juez a peticion de parte
decretara la reanudacion del proceso [...]”

Ahora bien, descendiendo en el caso en concrete, se acreditd que el 1° de junio de
1995, Harry Cordoba Sanchez constituyo una hipoteca sobre el inmueble
identificado con folio de matricula inmobiliaria 180-6863 por la suma de $9,670,923
a favor de la Caja de Crddito Agrario, Industrial y Minero (hecho probado 7.1.1.).

Asimismo, consta que el 14 de julio de 2004, el Banco Agrario de Colombiai°®
presento demanda ejecutiva mixta contra el senor Cordoba Sanchez, pretendiendo
el pago del saldo insoluto por la suma de $8,250,626 y tos respectivos intereses
moratorios (hecho probado 7.1.2.).

Se acredito que, mediante proveido del 16 de julio de 2004, el Juzgado 2° Civil
Municipal de Quibdo libro mandamiento de pago en contra del ejecutadb.

Tambien se demostro que el 22 de septiembre de 2004, Harry Cordoba Sanchez
contesto la demanda ejecutiva senalando que aceptaba la deuda contenida eh el
titulo valor.

1°’’ Modificado por el articulo 1° del Decreto 2282 de 1989.
Por medio del Oficio 1999039726 del 28 de junio de 1999, la entonces Superintendencia Bancaria
autorizd la cesidn de activos y pasivos entre la Caja de Cr6dito Agrario, Industrie y Minero y el Banco
Agrario de Colombia S.A.

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Radicado: 27000233100020120000601 (68070)
Demandaiile: Angelica Patricia Urrego Delgado y otros

Seguidamente, se acredito que el 27 de junio de 2006, el citado Juzgado decreto la
venta publica en subasta de! mencionado inmueble, al constatar que Harry Cordoba
Sanchez habia incumplido las obligaciones adquiridas en el credito hipotecario
(hecho probado 7.1.5.).

Asimismo, se demostro que el 5 de octubre de 2006, el Juzgado 2” Civil Municipal
de Quibdo adjudico el mencionado inmueble a Angelica Patricia Urrego Delgado
(hecho probado 7.1.6.).

Tambien se acredito que el 10 de octubre de 2006, Harry Cordoba Sanchez solicito
declarar la nulidad, a partir de la diligencia de remate del inmueble, al considerar
que el avaluo catastral del inmueble desconocia su valor real (hecho probado
7.1.7.).

Sin embargo, se acredito que, mediante proveido del 11 de octubre de 2006, el
mencionado Juzgado aprobo la adjudicacion y ordeno la entrega del inmueble
identificado con folio de matricula inmobiliaria 180-6863 a Angelica Patricia Urrego
Delgado (hecho probado 7.1.8.).

Se probo que, mediante proveido del 8 de noviembre de 2006, el Juzgado 2° Civil
Municipal de Quibdo declard infundada la peticidn de nulidad formulada por el
ejecutado, al estimar que en la oportunidad procesal correspond lente no habia
presentado dbjecidn respectodel avaluo catastral (hecho probado 7.1.9.). Luego, el
16 de noviembre de 2006, el sehor Cordoba Sanchez interpuso recurso de
apelacidn contra la decision del 8 de noviembre de 2006, senalando las mismas
razones expuestas en la solicitud de nulidad. No obstante, mediante proveido del
15 de mayo de 2007, proferido por el Juzgado 1° Civil del Circuito de Quibdo, se
confirmo la decision del 8 de noviembre de 2006, al evidenciar que las partes no
habian presentado el avaluo del inmueble (hecho probado 7.1.11.).

En vista de Io anterior, se demostro que el 23 de mayo de 2007, Harry Cordoba
Sanchez presento demanda ordinaria de nulidad sustancial pretendiendo la nulidad

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Radicado: 27000233100020120000601 [68070]
1*1 bii Demandante: Angelica Patricia Urrego Delgado y otros

de la providencia que habia ordenado la entrega del inmueble dentro del proceso
ejecutivo, mediante la cual se habia aprobado la adjudicacion del inmueble
identificado con folio de matricula inmobiliaria 180-6863 a Angelica Patricia Urrego
Delgado (hecho probado 7.1.12.).

Esta probado que el 6 de junio de 2007, el Juzgado 1“ Civil del Circuito de Quibdb
admitio la demanda de nuiidad sustancial y ordeno notificar al Banco Agrario de
Colombia y a Angelica Patricia Urrego Delgado (hecho probado 7.1.13.). Asimismo,
se demostro que el 21 de julio de 2007, el Juzgado 1° Civil del Circuito de Quibdo
ordeno a la Oficina de Instrumentos Publicos de Quibdo inscribir la demanda en el
folio de matricula inmobiliaria del inmueble (hecho probado 7.1.14.).

De otro lado, en el proceso ejecutivo, se acredito que el 23 de julio de 2007, el sehor
Cordoba Sanchez solicito al Juzgado 2’ Civil Municipal de Quibdo decretar la
suspension del proceso ejecutivo por prejudicialidad hasta que el Juzgado 1° Civil
del Circuito de Quibdo dictara sentencia en el curso del proceso ordinario (hecho
probado 7.1.15.).

En este sentido, consta que el 1° de agosto de 2007, el Juzgado 2° Civil Municipal
de Quibdo nego la suspension del proceso ordinario por prejudicialidad (hecho
probado 7.1.16.).

Consta que 8 de agosto de-2007, el senor Cordoba Sanchez interpuso recurso de
apelacion contra la decision.del 1® de agosto de 2007 (hecho probado 7.1.17.).

De otra parte, se acredito que el 27 de noviembre de 2007 la sehora Urrego Delgado
solicito al Juzgado 2’ Civil Municipal de Quibdo la entrega real y material del
inmueble, “toda vez que ha pasado un tiempo prudencial y no se ha hecho efectiva
la orden del juzgado” (hecho probado 7.1.18.).

Se demostro que mediante proveido del 12 de agosto de 2008, proferido por el
Juzgado 1° Civil del Circuito de Quibdo confirmo la decision del r de agosto de
2007 (hecho probado 7.1.19.).

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Radicado: 27000233100020120000601 [68070]
Demandante: Angelica Patricia Urrego Delgado y otros

De igual forma, esta probado que el 4 de noviembre de 2008, la senora Urrego
Delgado solicito al Juzgado 2° Civil Municipal de Quibdo la entrega real y material
del inmueble "tocfa vez que ya fue confirmado en segunda instancia y fallado a favor
el recurso Interpuesto por el demandado” (hecho probado 7.1.20.). Al respecto,
consta que el 10 de noviembre de 2008, el mencionado Juzgado indico que Angelica
Patricia Urrego Delgado no habia retirado el oficio dirigido al sehor Harry Cordoba
Sanchez ordenando entregar el pluricitado inmueble (hecho probado 7.1.21.).

Se demostro que el 18 de diciembre de 2008, Angelica Patricia Urrego Delgado
solicito al Juzgado la entrega material del bien inmueble (hecho probado 7.1.22.).

En virtud de Io anterior, consta que mediante proveido del 25 de junio de 2009, el
Juzgado 2° Civil Municipal de Quibdo ordeno librar despacho comisorio al Inspector
de Policia de Quibdo para entregar el bien inmueble a la senora Urrego Delgado
(hecho probado 7.1.23.).

Sin embargo, se demostro que el 15 de septiembre de 2009, Harry Cordoba
Sanchez solicito declarer la nulidad, a partir de la diligencia de remate del inmueble,
al estimar que el avaluo catastral estaba desactualizado (hecho probado 7.1.24.).

Se probo que, mediante providencia del 24 de septiembre de 2009, el Juzgado 2®
Civil Municipal de Quibdo corrio traslado a las partes de la nulidad y ordeno al
Inspector de Policia de Quibdo abstenerse de realizar la entrega del inmueble hasta
tanto se resolviera el incidente de nulidad (hecho probado 7.1.25.).

Se acredito que mediante providencia del 19 de julio de 2010, el mencionado
Juzgado suspendio el proceso ejecutivo hasta que se dictara sentencia en el
proceso ordinario de nulidad sustancial (hecho probado 7.1.26 ).

Tambien se demostro que el 27 de julio de 2010, Angelica Patricia Urrego Delgado
presento recurso de apelacion contra la decision del 19 de julio de 2010, sehalando
que el proceso ejecutivo habia terminado con la aprobacion de adjudicacion del

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Radicado: 27000233100020120000601 (68070)
Demandante: Angelica Patricia Urrego Delgado y otros

inmueble (hecho probado 7.1.27 ). Pese a Io anterior, mediante providencia del 30
de agosto de 2010, el Juzgado 2° Civil Municipal de Quibdo declaro desierto el
recurso.de apelacion, por cuanto la recurrente no suministro las expenses
necesarias para pagar las copias del expediente (hecho probado 7.1.28.).

De otro lado, se acreditd que, en fecha indeterminada, Angelica Patricia Urrego
Delgado presento accion de tutela pretendiendo la proteccion de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administracion de justicia (hecho
probado 7.1.29.).

. Se demostro que mediant© sentencia de tutela del 17 de noviembre de 2010, el
Juzgado 2° Laboral del Circuito de Quibdo nego las suplicas, al estimar que la
recurrente habla desatendido el principle de subsidiaridad de la accion de tutela,
pues no habla aportado las expenses para las copies del expediente (hecho
probado 7.1.30.).

Sin embargo, est^ probado que dicha decision fue revocada mediante proveldo de
tutela del 9 de marzo de 2011, proferido por el Tribunal Superior de Quibdo, quien
tutelo el derecho fundamental al debido proceso y ordeno la entrega del citado
inmueble (hecho probado.7.1.32.).

Se demostro que el 22 de marzo de 2011, el Juzgado 2° Civil Municipal de Quibdo
libro despacho comisorio al Inspector de Policia de Quibdo para entregar el bien
inmueble a la sehora Urrego Delgado (hecho probado 7.1.33.).

Finalmente, se probo que el 12 dejulio de 2011, Harry Cordoba Sanchez entrego a
Angelica Patricia Urrego Delgado el inmueble identificado con folio de matricula
inmobiliaria 180-6863 (hecho probado 7.1.34.).

Pues bien, en este punto es necesario precisar que la Seccion Tercera de esta
Corporacion ha manifestado que el solo paso del tiempo no es suficiente para
concluir que se presento una tardanza y/o more judicial injustificada, de ahi que
deban analizarse las condiciones particulares del servicio de Administracion de

41

Radlcado:27000233100020120000601 (68070)
Demandante; Angelica Patricia Urrego Delgado y otros

Justicia, en concreto, de la jurisdiccion a cargo del respective proceso, de los
despachos encargados de su tramite, del tipo de proceso que se invoca como
fundamento del petitum y de la conducta de las partes, con el fin de constatar si la
tardanza constituye o no un defectuoso funcionamiento del servicio’ '-.

Asi, despues de un analisls de cada una de las actuaciones de los jueces que
conocieron del proceso ejecutivo mixto promovido por la entonces la Caja de Credito
Agrarlo, Industrial y Minero contra Harry Cordoba Sanchez pretendiendo el pago del
saldo insoluto por la suma de $8,250,626 y los respectivos intereses moratorios, el
cual termino con la adjudicacion mediante subasta publica del inmueble identiflcado
con folio de matrlcula inmobiliaria 180-6863 a Angelica Patricia Urrego Delgado, se
advierte que la Rama Judicial tardo cerca de aho y medio en ordenar definitivamente
la entrega del mencionado inmueble, por cuanto se abstuvo de ordenar la entrega
material el 24 de septiembre de 2009 (hecho probado 7.1.25.) y ordeno al Inspector
de Policla de Quibdo cumpiir con la orden el 22 de marzo de 2011 (hecho probado
7.1.33.).

Sin embargo, se estima que dicha mora obedecio a los recursos interpuestos por la
parte ejecutada, que impedian el Juez Civil dar cumpliniiento a la orden de entrega
del bien adjudicado, e incluso a la falta interes, en clertas etapas procesales, de la
misma adjudicataria al no retirar el oficio de entrega, circunstancias que permite
justificar el tiempo en el que se excedio la orden de entrega del inmueble objeto de
remate, sin que necesariamente con ello se revelara una actuacion negligente o
descuidada de la Rama Judicial, con la capacidad de causar dahos indemnizables.
Al respecto, se advierte que la entrega del inmueble adjudicado a Angelica Patricia
Urrego Delgado por el Juzgado 2° Civil Municipal de Quibdo se retraso debido a
que Harry Cordoba Sanchez presento recursos judiciales de nulidad, prejudicialidad
procesal y una demanda ordinaria de nulidad sustancial para hacer valer sus
derechos, que consideraba vulnerados (hechos probados 7.1.7., 7.1.11., 7.1.12,,
7.1.15. y 7.1,24.).

Consejo de-Estado, Sala de Io Contencioso Admlnistratlvo, Seccldn Tercera, Subseccidn A, del
14 de septiembre de 2017, Rad.: 48.271.

Jt '6-

42

Radicado; 27000233100020120000601(68070)
In Demandante; Angelica Patricia Urrego Delgado y otros

Justamente, se acreditb que el 10 de octubre de 2006, Harry Cordoba Sanchez
solicito declarar la nulidad, a partrr de la diligencia de remate del inmueble, al
considerar que el avaluo catastral del Inmueble desconocia su valor real (hecho
probado 7.1.7,). En este sentido, el articulo 141^''° del Codigo de Procedimiento
Civil, establecia que dicha sollcltud era procedente, al senalar que “En los procesos
de ejecucion y en los que haya remate de bienes, son tambien causales de nulidad:
[...] 2. La falta de las formalidades prescritas para hacer el remate bienes, siempre
que se alegue antes de proferirse el auto que Io aprueba. Esta nulidad solo afectara
el remate y se aplica a todos los procesos en que haya remate de bienes”.

Por Io anterior, mediante proveido del 8 de noviembre de 2006, el Juzgado 2° Civil
Municipal de Quibdo debio resolver la solicitud de nulidad negandola, al estimar que
en la oportunidad procesal correspond lente no habia presentado objecion respecto
del avaluo catastral (hecho probado 7.1.9 ). Luego, el 16 de noviembre de 2006, el
senor Cordoba Sanchez interpuso recurso de apelacion contra la decision del 8 de
noviembre de 2006, sehalando las mismas razones expuestas en la solicitud de
nulidad. No obstante, mediante proveido del 15 de mayo de 2007, proferido por el
Juzgado 1° Civil del Circuito de Quibdo, se confirmo la decision del 8 de noviembre
de 2006, al evidenciar que las partes no habian presentado el avaluo del inmueble
(hecho probado 7.1.11.).

Posteriormente, el 23 de mayo de 2007, Harry Cordoba Sanchez presento demanda
ordinaria de nulidad sustancial pretendiendo la nulidad de la providencia que habia
ordenado la entrega del inmueble dentro del proceso ejecutivo, mediante la cual se
habia aprobado la adjudicacion del inmueble identificado con folio de matricula
inmobiliaria 180-6863 a Angelica Patricia Urrego Delgado (hecho probado 7.1.12.).
De otro lado, en el proceso ejecutivo, se acredito que el 23 de julio de 2007, el senor
Cordoba Sanchez solicitb al Juzgado 2° Civil Municipal de Quibdo decretar la
suspension del proceso ejecutivo por prejudicialidad hasta que el Juzgado 1° Civil
del Circuito de Quibdo dictara sentencia en el curso del proceso ordinario (hecho
probado 7.1.15.).. En este sentido, consta que el 1 ° de agosto de 2007, el Juzgado

Modificado por el articulo 1° del Decreto 2282 de 1989.

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Radicado: 27000233100020120000601 (68070)
Demandaiite: Angelica Patricia Lli-rego Delgado y otros

2° Civil Municipal de Quibdo nego la suspension del proceso ordinario por
prejudicialidad (hecho probado 7.1.16.).

Adicionalmente, la Sala observa que la senora Angelica Patricia Urrego Delgado
contribuyo tardanza en la entrega del bien objeto de remate, pues esta probado que
el 4 de noviembre de 2008, la senora Urrego Delgado solicito al Juzgado 2*’ Civil
Municipal de Quibdo la entrega real y material del inmueble "toda vez que ya fue
confirmado en segunda instancia y fallado a favor el recurso interpuesto por el
demandado" (hecho probado 7.1.20.). Al respecto, consta que el 10 de noviembre
de 2008, el mencionado Juzgado indico que Angelica Patricia Urrego Delgado no
habia retirado el oficio dirigido al senor Harry Cordoba Sanchez ordenando entregar
el pluricitado inmueble (hecho probado 7.1.21.). Finalmente, consta que mediante
proveido del 25 de junio de 2009, el Juzgado 2° Civil Municipal de Quibdo ordeno
iibrar despacho comisorio al Inspector de Policia de Quibdo para entregar el bien
inmueble a la senora Urrego Delgado (hecho probado 7.1.23.).

Sin embargo, nuevamente el 15 de septiembre de 2009, Harry Cordoba Sanchez
solicito declarer la nulidad, a partir de la diligencia de remate del inmueble, al estimar
que el avaluo catastral estaba desactualizado (hecho probado 7.1.24.). En esta
oportunidad, mediante providencia del 19 de julio de 2010, el mencionado Juzgado
si suspendio el proceso ejecutivo hasta que se dictara sentencia en el proceso
ordinario de nulidad sustancial (hecho probado 7.1.26.). Lo anterior con fundamento,
en el articulo 170 ejusdem indicaba que “El juez decretara la suspension del
proceso: [...] 2. Cuando la sentencia que deba dictarse en un proceso, dependa de
lo que deba decidirse en otro proceso civil que verse sobre cuestidn que no sea
procedente resolver en el phmero, o de un acto administrative de alcance particular
cuya nulidad este pendiente del resultado de un proceso contencioso administrativo,
salvo lo dispuesto en los Codigos Civil y de Comercio y en cualquiera otra ley [..

Debido a esto, el juzgado suspendio el proceso ejecutivo hasta que se dictara
sentencia en el proceso ordinario de nulidad sustancial (hecho probado 7.1.26.). Sin
embargo, la senora Urrego Delgado interpuso una accion de tutela que fue resuelta
por el Tribunal Superior de Quibdo. En su proveido de tutela del 9 de marzo de

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Radicado: 27000233100020120000601 (60070)
Demandaiite: AngtMica Patricia Urrego Delgado y otros

2011, el Tribunal tutelo el derecho fundamental al debido proceso y ordeno la
entrega del inmueble (hecho probado 7.1.32.). Finalmente, el inmueble fue
entregado a la sehora Urrego Delgado luego de la resolucion del proceso de tutela
(hecho probado 7.1.34.).

En este sentido es claro que la demora se debio a la complejidad del’asunto y su
tramite, en tanto la parte ejecutante utifizd los medios legales para hacer valer sus
derechos y, en vista de ello, la autoridad judicial debio suspender en varies
oportunidades la entrega del bien objeto de remate y resolver estas peticiones, pues
as! Io establecian los articulos 141 y 170 del Cbdigo de Procedimiento Civil, Io que,
por el contrario, demuestra es la diligencia de la Nacion - Rama Judicial.

Adicionalmente, se evidencia que en el decurso del proceso ejecutivo el ejecutado,
Harry Cordoba Sanchez, presento incidente de nulidad, a partir de la diligencia de
remate de! inmueble (hecho probado 7.1.24.) y que el Juzgado 2° Civil Municipal
de Quibdo considero procedente suspender el proceso hasta tanto se dictara
sentencia en el proceso ordinario de nulidad sustancial, al estimar que la entrega
del inrnueble dependla de Io que se decidiera en aquel (hecho probado 7.1.26 ),
ello, sumado al hecho que el recurso de apelacion interpuesto por la rematante,
Angelica Patricia Urrego Delgado, contra la anterior decision fue declarado desierto,
por cuanto no suministro las expenses necesarias para las copies del expediente
(hecho probado 7.1.28.), sin que de dichas circunstancias se advierta una actitud
dilatoria, caprichosa y de mala fe por parte de operador de justicia.

Por el contrario, se observe que el despacho judicial atendio cada uno de los
requerimientos presentados por las partes, como Io fue dar tramite a los incidentes
de nulidad presentados por el senor Cordoba Sanchez y las solicitudes de entrega
del inmueble presentadas por la senora Urrego Delgado e incluso el Juzgado
informo a la rematante que no habla retirado el oficio que ordenaba al ejecutado
entregar el inmueble (hechos probados 7.1.7., 7.1.15., 7.1.21., 7.1.23., 7.1.21. y
7.1.25.), sumado al hecho de que el ejecutado recurrio las decisiones mediante las
cuales se negaron los incidentes de nulidad y presento demanda ordinaria de

45

t^l pl Radicado: 27000233100020120000601 (68070)
Demandaiite: Angelica Patiicia Urrego Delgado y otros

nulidad sustancial (hechos probados 7.1.10., 7.1.12. y 7.1.17.), todo lo cual implied
!
ineludiblemente la prolongacion del proceso.

Por todo Io anterior, el llamado de la parte actora de acceder a las pretensiones de
la demanda no puede ser atendido, en tanto se considers que las actuaciones de la
Nacion - Rama Judicial vislumbran que la tardanza y/o moral judicial alegada no
devino de un actuar caprichoso o negligente de la administracion de justicia, ni de
una dilacion injustificada capaz de activar el mecanismo resarcitorio.

En consecuencia con Io expuesto, la Sala confirmara la sentencia del 2 de julio de
2021, proferida pore! Tribunal Administrative del Choco, que nego las pretensiones
de la demanda, no sin antes adicionar dos numerales en los que, de conformidad
con Io expuesto, se declare la falta de legitimacion en la causa por activa de Rocio
Delgado Ardila, Laura Carolina Delgado Ardila y Luisa Paola Delgado Ardila, frente
a las pretensiones relatives al error judicial y al defectuoso funcionamiento de la
Administracion de Justicia; y la falta de legitimacion en la causa por activa de
Angelica Patricia Urrego Delgado y por pasiva del Banco Agrario de Colombia S.A.,
frente a las pretensiones contractuates.

8. Condena en costas

Si bien el a quo condeno en costas a la parte demandante, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 188 del Codigo de Procedimiento Administrative y. de lo
Contencioso Administrative (sic), pues nego las pretensiones de la demanda, lo
cierto es que dicha norma no estaba vigente para la 6poca de la presentacion de la
demanda.

En consecuencia, no hay lugar a la imposicion de costas, debido a que no se
evidencia una actuacion temeraria de alguna de las partes, condicion exigida por el
articulo 55 de la Ley 446 de 1998, para que esta proceda y las mismas no se hallan
probadas.

-
46

Radicado:27000233100020120000601 (680701
\\ Ji Demandante: Angelica Patricia Urreg!) Delgado y otros

En merito de Io expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de Io Contencioso
Administrative, Seccion Tercera, Subseccion C, administrando justicia en nombre
de la Republica de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARASE la falta de legitimacion en la causa por activa de Rocio
Delgado Ardila, Laura Carolina Delgado Ardila y Luisa Paola Delgado Ardila, frente
a las pretensiones relatives al error judicial y al defectuoso funcionamiento de la
Administracion de Justicia, por las razones expuestas en la parte motive de la
providencia.

SEGUNDO: DECLARASE la falta de legitimacion en la causa por activa de
Angelica Patricia Urrego Delgado y la falta de legitimacion en la causa pasiva del
Banco Agrario de Colombia S.A., frente a las pretensiones contractuales, por las
razones expuestas en la parte motive de la providencia.

TERCERO: CONFIRMASE en todo Io demas la sentencia del 2 de juiio de 2021,
proferida por el Tribunal Administrative del Choco, que nego las pretensiones de la
demanda, pero por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveido.

CUARTO: SIN COSTAS.

QUINTO: En firme esta providencia ENVIESE el expediente al Tribunal de origen.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

/^ICOLAS YEPES CORTOLES
Z’ // Presidente de la Sala

GUILLERMO SANCHE LUQUE JAIME ENRIQUE RODRIQUEZ NAVAS
'—Magistrado Magistrado
Aclaracion de veto. Cfr. Rad. 36.146-15 #1,
Rad. 44.638-21 #2 y Rad. 51.663-21 #1.
EX6

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