Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-31-000-2012-00041-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-31-000-2012-00041-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 27001-23-31-000-2012-00041-02
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
5 de diciembre de 2022
Radicado: 27001-23-31-002-2012-00041-01(56385)
Actor: José Carmen«) Maturana y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., cinco (05) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Radicado número: 27001-23-31-002-2012-00041-01(56385)
Demandante: José Carmelino Maturana, Héctor Jairo Hinestroza
Mosquera, Víctor Conrado Mena, Luis Alberto Llorada
Maturana, Evelio Palacios Mosquera y otros
Demandado: La Nación, Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de Reparación Directa
Tema: Responsabilidad del Estado por la Administración de justicia.
Subtema 1: Privación injusta de la libertad.
Subtema 2: Daño Antijurídico
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección decide el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General
de la Nación contra la sentencia proferida el 25 de agosto de 2015 por el Tribunal
Administrativo del Chocó, que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
José Carmelino Maturana, Héctor Jairo Hinestroza Mosquera, Víctor Conrado
Mena, Luis Alberto Llorada Maturana y Evelio Palacios Mosquera, fueron
investigados por la Fiscalía 101 Seccional Especializada como posibles autores del
delito de rebelión, el 18 de noviembre de 2005 les fue impuesta medida de
aseguramiento de detención preventiva y el 15 de mayo de 2007 fueron acusados
por la comisión de dicho punible. Los procesados fueron absueltos por el Juzgado
Penal del Circuito de lstmina, mediante sentencia del 27 de febrero de 2008;
decisión confirmada en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Quibdó el 25 de junio de 2010.
II. ANTECEDENTES
2.1 La demandal
José Carmelino Maturana, Héctor Jairo Hinestroza Mosquera, Víctor Conrado
Mena, Luis Alberto Llorada Maturana y Evelio Palacios Mosquera, en calidad de
víctimas directas de la privación -y sus familiares cercanos-, presentaron demanda
en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación, Fiscalía General de
la Nación, para que se le declare patrimonialmente responsable por los perjuicios
materiales y morales causados por la privación injusta de la libertad que padecieron
durante más de 2 años2. Como fundamento fáctico de sus pretensioness, la parte
actora afirmó que, con ocasión de la presentación de un informe de policía judicial
elaborado por la SIJIN del Departamental del Chocó, los demandantes resultaron
1 Escrito de folios 1 a 17 C.1.
2 La demanda no discriminó el periodo exacto de reclusión para cada demandado.
3 Folios 2 a 7 Cl. En el capítulo de pretensiones la parte actora reclama, en síntesis, a titulo de lucro cesante
el pago equivalente a 1 smImy más prestaciones sociales por cada mes en que se produjo la privación de la
libertad; y por daño moral el estimalivo de 100 smIrny para cada víctima directa y 50 smImy para los familiares.
Radicado: 27001-23-31-002-2012-00041-01(56385)
Actor: José Cannelino Maturana y otros
vinculados a una investigación penal por el delito dt rebelión en la que se les
sindicaba de haber participado en la quema de buses, secuestro de ciudadanos,
subversión y muerte colectiva de integrantes del Ejército y de la Policía. Afirman los
accionantes que la decisión absolutoria proferida en la etapa de juicio reveló que la
privación de la libertad impuesta en su contra fue injusta, pues implicó una carga
que no estaban obligados a soportar.
2.2 Trámite procesal relevante
La demanda presentada el 30 de enero de 2012 fue admitida el 9 de mayo de
4 auto que fue notificado en debida forma5.
2012,
El apoderado de la Nación, representada en este caso por el Fiscal General de la
Nación o su delegado, en el escrito de contestación de la demanda se opuso a
las pretensiones bajo el argumento de que la actuación penal se ajustó a la
normativa vigente al momento de ocurrencia de los hechos. Afirmó que la
investigación se sustentó en el "informe de investigaciones" presentado por la SIJIN,
Chocó, que dio cuenta de "que fueron aprendidos (sic) entre otros los señores JOSÉ
CARMELINO MATURANA, HECTOR JAIRO HINESTROZA MOSQUERA, VICTOR
CONRADO MENA, LUIS ALBERTO LLOREDA MS, TURAMA (sic), EVELIO
PALACIOS MOSQUERA", en el oficio 0660 que "réseñlbl la identificación e
individualización de un importante número de 'integrantes del Ejército
Revolucionario Guevarista", entre que se encontraban los demandantes, y en los
testimonios de reinsertados que inculparon a los accionantese. En ese contexto, a
su juicio, la medida privativa de la libertad resulta válida y, por ende, los sindicados
tenían el deber jurídico de soportarla, de manera que el daño alegado en la
demanda no tiene el carácter de antijurídico. Concluyó que la medida de
aseguramiento de detención preventiva debe ser entendida como una
determinación que, en el momento procesal en que fue impuesta, estaba soportada
por indicios suficientes que comprometían la responsabilidad de los accionantes.
Propuso las excepciones denominadas "culpa de terceros", "falta de nexo causal
entre el daño y la actuación de la Fiscalía", "hecho de terceros no imputable a la
Fiscalía" y "culpa exclusiva de la víctima"7.
Por auto del 22 de enero de 2014, el Tribunal decretó las pruebas solicitadas por
las partes9, dentro de estas, los documentos aportados pQr ambos extremos; ordenó
expedir oficios para que se remitiera a este contenciosó el proceso penal seguido
en contra de los demandantes9 y se expidiera certificación de los tiempos de
reclusión de los sindicadosw-11. Concluida la etapa probatoria, el tribunal, a través
de auto del 15 de octubre de 2014, corrió traslado a las partes para que presentaran
alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto12. La
4 Folio 132 Cl.
5 Folios 133 Cl.
Argumentos vistos a folio 176 Cl.
7 Folios 180 a 183 Cl.
Folios 199 a 200 C.1.
9 Se aprecia a folio 209 Cl., Oficio 537 del 28 de agosto de 2014 mediante el cual el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Quibdó remitió en dos (2) cuadernos las copias del proceso solicitado, prueba
que efectivamente milita en esta instancia en cuadernos de 278 y 256 folios respectivamente.
1° Se aprecia a folio 204 Cl. Oficio 530-EPMSCQUI-PJ-017 del 7 de febrero de 2010 suscrito por el Director
del establecimiento Penitenciario de Quibdó mediante el cual atendió el exhorto que, sobre el particular, formuló
el Tribunal: Certificado de tiempo de reclusión.
11 El Tribunal negó el decreto de la prueba testimonial solicitada porque constituía atestación de los
demandantes, evento proscrito por la ley adjetiva.
12 Folio 211 Cl.
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Radicado: 27001-23-31-002-2012-00041-01(56385)
Actor: José Cannelino Maturana y otros
parte actoral° y la Fiscalía General de la Nación" allegaron escritos conclusivos
con reiteración de sus posiciones. El Ministerio Público no se pronunció16.
2.3. Sentencia recurrida
El Tribunal Administrativo de Chocó, por medio de providencia del 25 de agosto de
201516, declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación, Fiscalía
General de la Nación por el daño antijurídico causado a los demandados como
consecuencia de la privación injusta de la libertad padecida y la condenó al pago de
perjuicios. Bajo factores de imputación objetiva, el tribunal consideró que el solo
hecho de haberse proferido sentencia absolutoria en favor de los procesados
revelaba que el daño padecido fue antijurídico, pues no existían medios de
convicción suficientes que demostraran que los sindicados eran colaboradores o
miembros de las milicias, por lo que no había razones para endilgarles el delito de
rebelión ni imponerles medida de aseguramiento.
2.4. Recurso de apelación
La Nación, representada por el Fiscal General de la Nación o su delegado17, insistió
en que su actuación se ciñó a lo dispuesto en los artículos 250 de la Constitución y
356 de la Ley 600 de 2000, dado que la medida de aseguramiento se fundamentó
en los elementos materiales probatorios allegados al sumario penal que sugerían la
posible participación de los sindicados en la conducta investigada. Destacó que la
absolución de los demandantes no fue producto de su inocencia, sino de la
aplicación del principio in dubio pro reo, al haberse concluido en juicio que no
existían medios de convicción que condujeran a la certeza sobre la participación de
los demandantes en el delito imputado. Así, con base en la sentencia C-037 de
1996, la medida cautelar no fue desproporcionada ni violatoria de los
procedimientos legales, porque contaba con el soporte probatorio exigido en la
etapa de la investigación en que fue impuesta, es ese sentido, la parte actora no
cumplió con la carga de acreditar la injusticia que le atribuye a la detención
preventiva.
2.5. Trámite procesal relevante en segunda instancia
Esta Corporación, por medio de auto del 2 de marzo de 201618, admitió el recurso
interpuesto por la Fiscalía General de la Nación" y con proveído del 7 de abril de
20162° corrió traslado a los sujetos procesales para que alegaran de conclusión y
al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo, oportunidad que fue
aprovechada por la Fiscalía General de la Nación21, quien reiteró los argumentos
expuestos en la contestación y el recurso de alzada. El delegado del Ministerio
Público22, solicitó confirmar la sentencia apelada y sugirió que el monto de los
perjuicios por concepto de lucro cesante se reconozcan in genere. La parte actora
guardó silencion.
13 Folios 212 a 218 C.1.
14 Folios 219 a 225 C.1.
15 Folio 203 Cl.
16 Folios 250 a 272 C. Apelación.
17 Folios 278 a 282 C. Apelación.
18 Folio 313 C. Apelación.
19 Comoquiera que se cumplió con el requisito de conciliación ante el Tribunal, como se aprecia en acta de
audiencia celebrada el 10 de diciembre de 2015. Folio 309 C. Apelación.
29 Folio 315 C. Apelación.
21 Folios 316 a 321 C. Apelación.
22 Folios 331 a 339 C. Apelación.
23 Constancia de folio 340 C. Apelación.
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Radicado: 27001-23-31-002-2012-00041-01(56385)
Actor: José Carmelino Maturana y otros
III. CONSIDERACIONES .
La Sala procede a resolver el fondo de la litis habida consideración de los siguientes
elementos:
La competencia que le asiste para ello en atención a la naturaleza del asunto,
dado que la Ley 270 de 1996, al prever la responsabilidad del Estado en los eventos
de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y
privación injusta de la libertad, estableció que estos asuntos serían competencia de
los Tribunales Administrativos en primera instancia y del Consejo de Estado en
segunda instancia, sin consideración a la cuantía".
El oportuno ejercicio que de la acción hizo la parte derpandante, ya que presentó
la demanda el 30 de enero de 201225, esto es, dentro de los 2 años posteriores al
día en que tuvo conocimiento de la posible antijuridicidaq del daño con motivo de la
sentencia absolutoria expedida el 25 de junio de 201026 por la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó.
La legitimación en la causa por activa de José Carmelino Maturana Héctor Jairo
Hinestroza Mosquera, Víctor Conrado Mena, Luis Alberto Lloreda Maturana y Evelio
Palacios Mosquera, en calidad de afectados directos de la privación; así como los
hijos del último, Harold David Palacio Castañeda, Millerlady Palacio Castañeda,
Yuliana Palacio Castañeda, Rubén Darío Palacio Castañeda, Leidy Liliana Palacio
Castañeda y Jhon Albert Palacio Castañeda27. Luz Márina Castañeda Siagama,
Deile Stiven Palacio Castañeda y Yefri Alejandro Castañeda Siagama, no
acreditaron su interés para concurrir al presente asunto, toda vez que en el
expediente no se halló prueba idónea que demostrara el vínculo con Evelio Palacios
Mosquera, tal como lo resolvió el Tribunal en la sentencia. Tal decisión no fue
recurrida25. Por su parte, la Nación, Fiscalía General de la Nación, se encuentra
legitimada en la causa por pasiva comoquiera que las pretensiones formuladas
se dirigieron en su contra, teniendo en cuenta que la decisión que privó de la libertad
a José Carmelino Maturana Héctor Jairo Hinestroza Mosquera, Víctor Conrado
Mena, Luis Alberto Lloreda Maturana y Evelio Palacios MPsquera, la dictó la Fiscalía
101 del Circuito Especializada de Quibdó.
3.1. Problemas Jurídicos
En atención a los presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado, que
en nuestro caso deben inferirse del artículo 90 de la Constitución Política, y en
función de los reproches que los recurrentes formularon contra la sentencia de
24 Proceso con aplicación del Decreto 01 de 1984, por lo que le concierne el Art. 73 Ley 270 de 1996 "De la
disposición legal referida se derivan dos presupuestos básicos: primero, qu'e cuando se pretenda la declaración
de responsabilidad del Estado por razón de los perjuicios ocasionados por la Administración de Justicia, por
expreso mandato legal, la procedente será la acción de reparación directa y, segundo, que el conocimiento de
dicha acción se atribuye al Consejo de Estado y a los tribunales administrativos, Corporaciones que deberán
tramitarla con sujeción a las reglas comunes de distribución de competencia. II De esa manera es claro que la
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia se ocupó, en forma exPresa, de establecer las directrices
básicas que deben atenderse en materia de competencia para la tramitación de los procesos que se promuevan,
en ejercicio de la acción de reparación directa, con elpropósito de demanda0a responsabilidad extracontractual
del Estado por los hechos derivados del ejercicio de las funciones jurisdiccionales". Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Auto del 9 de septiembre de 2008, exp. 11001-03-26-000-
2008-00009-00.
25 Según sello de radicación visto a folio 17 Cl. y acta individual de reparto de infolio 118 Id.
26 Artículo 136.8 del CCA. En concordancia con el Hecho probado 3.2.3.2. // Se aprecia a folios 116 y 117 C.1.
acta de conciliación prejudicial No. 234 del 6 de octubre de 2011 y constancia de la misma fecha.
-9, 21, 22, 23, 25 y 26 C.1.
27 Según se constató con los registros civiles de nacimiento vistos a folios 1
28 Folio 254 C. Apelación.
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Radicado: 27001-23-31-002-2012-00041-01(56385)
Actor José Carmelino Maturana y otros
primera instancia, la Sala dará respuesta a los siguientes problemas jurídicos:
3.1.1. ¿Es constitutiva de daño antijurídico e imputable a la Nación- Fiscalía General
de Nación- la privación de la libertad padecida por José Carmelino Maturana Héctor
Jairo Hinestroza Mosquera, Víctor Conrado Mena, Luis Alberto Lloreda Maturana y
Evelio Palacios Mosquera Torres, con ocasión de la investigación penal en la que
se decretó medida de detención preventiva como posibles responsables del delito
de rebelión?
3.1.2. En caso de que la respuesta a la anterior pregunta sea afirmativa, esta
Subsección procederá a determinar si ¿Los perjuicios reconocidos en primera
instancia a la parte accionante cumplen los presupuestos de indemnización
previstos en la jurisprudencia?
3.2. Hechos probados relevantes
Para acreditar el daño que la parte actora hizo consistir en la privación de la libertad
padecida por José Carmelino Maturana Héctor Jairo Hinestroza Mosquera, Víctor
Conrado Mena, Luis Alberto Lloreda Maturana y Evelio Palacios Mosquera Torres,
obran en el expediente los-siguientes medios de convicción:
3.2.1. La Fiscalía General de la Nación, a través de sus delegadas, instruyó el
sumario penal por rebelión seguido en contra de José Carmelino Maturana, Héctor
Jairo Hinestroza Mosquera, Víctor Conrado Mena, Luis Alberto Lloreda Maturana y
Evelio Palacios Mosquera. Dentro de esa instrucción, por resolución del dieciocho
(18) de noviembre del año dos mil cinco (2005)29, la Fiscalía 101 del Circuito
Especializado de Quibdó definió la situación jurídica de los demandantes y dictó en
su contra medida de aseguramiento de detención preventiva como posibles
responsables del delito de rebelión, con motivo del informe de policía judicial que
dio cuenta de "que las mencionadas personas han participado en diferentes
actividades delictivas, tales como quema de buses 1...] secuestros de varios
ciudadanos, incursiones de la subversión a poblaciones con resultados terroristas
como la muerte colectiva de soldados y policías, entre otras actividades. (...) informe
con testimonios allegados de personal que había pertenecido a dicha organización
y hoy se encuentran dentro del programa de reinserción a la vida civil (...) Orden
detalla (sic) que contiene el componente orgánico del Ejército Revolucionario
Guevadsta U] Se sabe entonces que los aquí indagatoriados, han conformado la
estructura del E.R.G. y que con el propósito de mostrar actos de poder y de
concretar la pretensión de querer derrocar los gobiernos de turno, han realizado
diferente tipo de actividades, que se encuadran en el tipo penal descrito en el
artículo 467 del CP. llamado rebelión [...] La misma prueba y en especial los
testimonios de VEISON ANDRÉS MOSQUERA SÁNCHEZ, MILTON MENA MOYA,
MAURICIO PENTERM MOSQUERA, sirven para demostrar que los aquí
vinculados, han pertenecido a la citada organización al margen de la ley,
deposiciones que merecen crédito para el despacho, por cuanto se trata de personal
que era parte de la misma organización, que participaba de sus acciones y por ende
conocía a los demás integrantes y que han venido sirviendo de prueba seria para
esclarecer hechos delictuosos [...p0".
3.2.2. La Fiscalía Seccional 13 de Tadó, por resolución de quince (15) de mayo de
dos mil siete (2007), profirió resolución de acusación y expidió órdenes de captura
29 Folios 42 a 66 C.1.
3° Folios 42 a 66 C.1.
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Radicado: 27001-23-31-002-2012-00041-01(56385)
Actor: José Carmelino Maturana y otros
en contra de José Carmelino Maturana Héctor Jairo Hi9estroza Mosquera, Víctor
Conrado Mena, Luis Alberto Lloreda Maturana y Evelio Palacios Mosquera —y otros-
por el delito de rebelión, dado que "la entrega y confesión de los señores MILTON
MENA MOYA, YE/SON ANDRÉS MOSQUERA SÁNCHEZ, MAURICIO RENTERIA
MOSQUERA y ANIBAL DUAVE VALENCIA, que se encuentra plasmada en el
cuerpo de esta investigación, se constituye en estos momentos en una verdadera y
contundente prueba de cargos, que sin exhitación (sic) alguna demuestra de
manera clara e inequívoca que efectivamente estas personas procesadas en este
momento, hicieron parte del grupo subversivo La decisión referida fue
confirmada por la Fiscalía 12, Unidad Delegada ante el Tribunal del Chocó, por
medio de resolución de 22 de agosto de 2007, expedida con ocasión del recurso de
apelación interpuesto por el apoderado de los hoy demaodantes32.
3.2.3. Órdenes de captura libradas por la Fiscalía en contra de José Carmelino
Maturana Héctor Jairo Hinestroza Mosquera, Víctor Conrado Mena, Luis Alberto
Lloreda Maturana y Evelio Palacios Mosquera, "para curñplir acusación "33.
3.2.4. La Rama Judicial, a través del Juzgado Penal del Circuito de Istmina y de la
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial ye Quibdó, por medio de
sentencias del veintisiete (27) de febrero de dos mil ocho (2008) y del veinticinco
(25) de junio de dos mil diez (2010), en su orden, absolvieron a José Carmelino
Maturana Héctor Jairo Hinestroza Mosquera, Víctor Conrado Mena, Luis Alberto
Lloreda Maturana y Evelio Palacios Mosquera de los cargos formulados en su contra
por el delito de rebelión, porque los testimonios rendidos por desmovilizados "no
pueden conducir a la certeza y dar píe a una sentencia condenatoria, mientras no
exista manera de evadirlos o confrontados, pues a lo único que dan lugar es a la
duda y ésta, por principio, debe resolverse a favor de la persona acusada (in dubio
pro reo)" 34-35
3.2.5. El Director del Establecimiento Penal Municipal' de Quibdó -INPEC-, por
medio de oficio 530 del 7 de febrero de 2014, informó I r que los señores JOSÉ
CARMELINO MATURANA 1..1ingresó al Establecimiento el día 10 de junio del año
2007, hasta el día 29 de febrero del año 2008, HECTOR JAIRO HINES TROZA
MOSQUERA [..1ingresó al Establecimiento el día 10 dé junio del año 2007, hasta
el día 29 de febrero del año 2008, VICTOR CONRADO MENA 1..1 ingresó al
Establecimiento el día 10 de junio del año 2007, hasta eldía 31 de agosto de 2007,
LUIS ALBERTO LLOREDA MATURANA 1..] ingresó al E,stablecimiento el día 10 de
junio del año 2007, hasta el día 31 de agosto de 2007, coq respecto al señor EVELIO
PALACIOS MOSQUERA TORRES 1..1 NO se encontró ningún registro que permita
establecer que esta persona haya estado detenida en este Establecimiento"36.
3.2.6. Respecto de la detención preventiva impuesta en contra de EVELIO
PALACIOS MOSQUERA TORRES, obra en el expediente la orden de detención
suscrita por el Fiscal 16 Seccional de Tadó el 24 de septiembre de 2007, funcionario
que le solicitó al director de la Cárcel del Distrito de Pereira "mantener en dicho
centro penitenciado al señor EVELIO a quien se le sindica del delito de
31 Folios 67 a 85 C.1.
32 Folio 89 C.4.
33 Órdenes de captura de folios 47, 49, 50, 51 y 52 C.4 de pruebas.
34 Folios 86 a 96 Cl.
35 Folios 97 a 115 Cl.
36 Folio 204 Cl.
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Radicado: 27001-23-31-002-2012-00041-01(56385)
Actor: José Carmelino Maturana y otros
REBELIÓN 1...j Lo anterior en calidad de DETENIDO, en razón de habérsele
calificado el mérito sumarial con resolución de acusación en su contra"37.
3.3. Consideraciones relativas al primer problema jurídico: antijuridicidad del
daño
La cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado prevista en el artículo
90 de la Constitución Política, establece que el Estado responde "pattimonialmente
por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la
omisión de las autoridades públicas".
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la declaración de
responsabilidad referida requiere la demostración de los siguientes elementos: (i) el
daño antijurídico38 y (ii) la iriiputabilidad al Estado, que se desenvuelve en dos fases,
una en el plano fáctico, qué se verifica en función del principio de causalidad, y otra
en el plano jurídico, que se verifica en función de la carga obligacional del órgano
demandado39.
Con relación al primer eleniento, la jurisprudencia de la Sala ha considerado que el
daño debe ser cierto, personal y antijurídico, es decir, i) que exista lesión a un bien
jurídico tutelado, ii) que tenga consecuencias ciertas en el patrimonio económico o
moral del titular, iii) que quien padece el daño no tenga el deber jurídico de
soportarlo4°.
En los eventos en los que el bien jurídico tutelado de la libertad es restringido en
virtud de las facultades de investigación de los delitos que están en cabeza del
Estado, a través de la imposición de la medida de detención preventiva y
excepcional, el daño que genera tal restricción será indemnizable solo cuando se
configure una privación injusta de la libertad, tal como lo prevé el artículo 68 de la
Ley 270 de 1996 -Estatutaria de Administración de Justicia-, bajo la consideración
de que la referencia a la injusticia guarda relación con una actuación "abiertamente
arbitraria, desproporcionada y violatotia de los procedimientos legales", parámetros
fijados en la sentencia de constitucionalidad C-037/9741.
En cuanto a los presupuestos elementales de legalidad de la medida restrictiva de
la libertad excepcional y preventiva, el artículo 28 de la Constitución Política
establece que la detención esté precedida de una orden expedida por autoridad
judicial competente, por motivos previamente definidos y con las formalidades
previstas en la ley.
Ahora, en lo relativo a los demás elementos, la Corte Constitucional precisó que su
determinación implica necesariamente "definir si la providencia a través de la cual
se restringió la libertad a una persona mientras era investigada y/o juzgada fue
proporcionada y razonada, previa la verificación de su conformidad a derecho'42.
37 Folio 109 C.4. de pruebas.
38 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de octubre de 2018, expediente 46932.
39 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de abril de 2014, expediente 29195.
49 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 28 de abril de 2010 y del 25 de abril de 2012, expediente
21861.
41 Corte Constitucional, sentencia C-037 del 5 de febrero de 1997. Declaró exequible el artículo 68 de la Ley
270 de 1996, bajo la condición que "el término 'injustamente' se refiere a una actuación abiertamente
desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación
de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria".
42 Corte Constitucional, sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018. "En el caso de la privación injusta de la libertad
la Corte, ciñéndose exclusivamente al texto normativo y teniendo en cuenta las dos premisas señaladas, esto
es, que el articulo 90 de la Constitución no define un título de imputación y que, en todo caso, la falla en el
servicio es el titulo de imputación preferente, concluyó en la sentencia C-037 de 1996 que el significado de la
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Radicado: 27061-2341-002-2012-00041-01(56385)
Actor José Carmelino Maturana y otros
Bajo ese marco constitucional, resulta insoslayable que.quien califica de injusta la
medida restrictiva de la libertad asuma la carga de probar que la actuación fue
"abiertamente arbitraria", "desproporcionada" y desconocedora de los principios de
razonabilidad y necesidad que se imponen en virtud de que el sacrificio de la libertad
debe ser excepcional. La apreciación de los medios de, prueba realizada con ese
propósito exige "valoraciones que superan el simple juicio de causalidad y ello por
cuanto una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, impone
considerar, independientemente del título de atribución que se elija, si la decisión
adoptada por el funcionario judicial penal se enmarca en los presupuestos de
razonabilidad, proporcionalidad y legalidad"43.
De acuerdo con lo anterior, la imputación de responsabilidad al Estado bajo el título
de privación injusta de la libertad no procede con base en la sola acreditación de
una decisión preclusiva o absolutoria de responsabilidad penal producto de la
aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad. Al punto la sentencia de
unificación SU-072/18, de la Corte Constitucional, es necesario que en cada caso
particular se analicen los presupuestos de procedencia de la medida de
aseguramiento al momento de su imposición para determinar si se ajustó o no a los
principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad ‘que la rigen, análisis que,
en lo que atañe a la razonabilidad está directamente relacionado con el estándar
probatorio previsto en cada etapa del proceso penal (principio de progresividad
penal)44.
Bajo el marco constitucional y legal referido, la Sala Procede a establecer si la
medida privativa de la libertad impuesta en contra de José Carmelino Maturana,
Héctor Jairo Hinestroza Mosquera, Víctor Conrado Mena, Luis Alberto Lloreda
Maturana y Evelio Palacios Mosquera se revela razonable, proporcional y
necesaria.
En el presente asunto se encuentra acreditado que la privación de la libertad que
soportaron José Carmelino Maturana, Héctor Jairo Hinestroza Mosquera, Víctor
Conrado Mena, Luis Alberto Lloreda Maturana y Evelio Palacios Mosquera"
produjo un menoscabo en su libertad personal, esto es, en un derecho fundamental
reconocido en el artículo 28 Constitucional", detrimento este que, a su vez, trae
consigo padecimientos morales a los seres queridos ririá‘s cercanos a quién resultó
expresión "injusta" necesariamente implica definir si la providencia a través de la cual se restringió la libertad a
una persona mientras era investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada, previa la verificación de su
conformidad a derecho (...) 103. Ahora bien, el entendimiento de los calificativos contenidos en dicha norma
exige tener en cuenta que las diferentes normas que han regulado los supuestos en los cuales procede la
detención preventiva tienen Insito el juicio de razonabilidad y proporcionalidad; por ejemplo, en el Decreto Ley
2700 de 1991 se consagraba como presupuesto para imponer medida de aseguramiento que contra el sindicado
resultare por lo menos un indicio grave de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas en
el proceso".
43 Corte Constitucional, Sentencia SU-072 de 2018.
44 Corte Suprema de Justicia, Sala Especial de Primera Instancia, sentencia de 29 de abril de 2021, expediente
00320 (AEP-00045). "Vale la pena en primer lugar destacar que la estluctura del proceso penal tiene dos
vertientes, una formal y otra conceptual: en la primera están todos los actos sucesivos y con carácter predusivo que
lo componen de cara a una secuencia lógico-jurídica, en tanto que la segunda apunta a la definición progresiva y
vinculante de su objeto, que no es otro que el de establecer la verdad de los hechos investigados. Por lo anterior, la
queja que cifra el defensor en que el delito por el cual ha sido convocado a juicio (...) no es el mismo por el cual se
le definió la situación jurídica, está enmarcada en la estructura conceptual dei debido proceso caracterizado por el
principio de progresividad, ya que cada fase va exigiendo un mayor grado de conocimiento del objeto de
investigación, matizado así de la posibilidad, luego la probabilidad, hasta Ilegár a la certeza".
45 Ver hecho probado 3.2.1.
46 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021, expediente
46681, acápite R — Reglas de Unificación; en concordancia con la sentencia del 14 de abril de 2010, expediente
18960, fundamentos jurídicos 2.1, 2.2 y 2.3; y sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, expediente
25022, fundamento jurídico 5.1.
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Radicado: 27001-23-31-002-2012-00041-01(56385)
Actor: José Carmeno° Maturana y otros
privado de su libre locomoción42. En consecuencia, se honró la carga de demostrar
que la existencia del daño.
Ahora, para que el daño tenga carácter antijurídico, además de recaer sobre un
interés tutelado por el derecho, es necesario verificar inicialmente que no exista un
título legal de acuerdo con el ordenamiento constitucional que lo justifique o
legitime".
Al respecto, resulta preciso considerar como punto de partida, que el mismo
ordenamiento constitucional permite, de manera excepcional y por vía cautelar o
preventiva, la privación de la libertad en sede de instrucción criminal, sin que aún
se haya demostrado la culpabilidad del incriminado en los casos establecidos por
las leyes preexistentes" que, en el caso bajo estudio, era la Ley 600 de 20005°. De
acuerdo con dicho estatuto, el artículo 332 facultaba a la Fiscalía para ordenar la
captura de quien se considerara autor o partícipe de la infracción penal, con base
en los resultados de la indagación previa o por flagrancia y, concretamente, el
artículo 336 disponía que el Fiscal podía ordenar la captura del imputado con fines
de indagatoria si, conforme a las pruebas allegadas, existían razones para
considerar que se trataba de un delito que lo obligaba a resolver la situación jurídica;
situación que, conforme al artículo 354 "[...] deberá ser definida en aquellos eventos
en que sea procedente la 'detención preventiva". En ese orden, bajo la égida de la
norma adjetiva, la medida de aseguramiento habrá de proceder cuando se imputen
delitos castigados con pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de cuatro (4)
años.
En el caso concreto se encuentra demostrado que José Carrnelino Maturana, Héctor
Jairo Hinestroza Mosquera, Víctor Conrado Mena, Luis Alberto Lloreda Maturana y
Evelio Palacios Mosquera fueron sindicados de la la conducta punible de rebelión,
delito que tiene prevista una pena de prisión de 6 a 9 años (artículo 467 del Código
Penal). En ese orden, su dictado fue legalmente procedente, comoquiera que el
artículo 357 del C.P.P.51 habilitaba su decreto siempre que el punible analizado
estuviera castigado con pena de prisión cuyo mínimo fuera o excediera de cuatro
(4) años.
Asimismo, la Sala encuentra que la Fiscalía 101 del Circuito Especializado de
Quibdó, al proferir la resolución de 18 de noviembre 200552 por medio de la cual
47 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, expediente 36149,
fundamento jurídico 7.1.
45 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 29 de octubre de 2018, expediente 46932.
45 Constitución Política de Colombia. "Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su
persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de
mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente
definido en la ley. II La persona detenida preventivamente será puesta a disposición deljuez competente dentro
de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que
establezca la ley. II En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas
de seguridad imprescripfibles".
5° Según el relato de la denuncia, la comisión del punible fue antes del año 2004 y en vista de que la Ley 906
de 2004, en el artículo 530 estableció que "el sistema se aplicará a partir del lo. de enero de 2005 en los distritos
judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira. Una segunda etapa a partir del lo. de enero de 2006 incluirá
a los distritos judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali, Medellin, San Gil, Santa Rosa de Viterbo, Tunja y '(opal
f.] Los distritos judiciales de Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Montería, Quibdó, Pamplona, Riohacha, Santa
Marta Sinceleio y Valledupar, y aquellos que llegaren a crearse, entrarán a aplicar el sistema a partir delprimero
(lo.) de enero de 2008.".
51 «ARTICULO 357. PROCEDENCIA. <Para los delitos cometidos con posterioridad al lo. de enero de 2005
rige la Ley 906 de 2004, con sujeción alproceso de implementación establecido en su Artículo 528> La medida
de aseguramiento procede en los siguientes eventos:
I. Cuando el delito tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de cuatro (4) años.
52 Folios 42 a 66 Cl.
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Radicado: 27001-23-31-002-2012-00041-01(56385)
Actor: José Carmalino Maturana y otros
impuso medida de detención preventiva en contra de Ips hoy demandantes que,
vale decir, se hizo efectiva en virtud de la orden de captura contenida en la
resolución de acusación proferida el 15 de mayo de 2007, infirió razonablemente
de los medios de prueba recaudados hasta ese momento que los imputados podían
ser autores o participes de la conductas delictiva de rebelión. Entre los elementos
que soportaron la decisión se mencionaron: i) el informe de la SIJIN, Chocó, No.
0516 del 27 de julio de 2005, que daba cuenta de la presencia de miembros del
Ejército Revolucionario Guevarista que realizaban extorsiones, desplazamientos
forzados, retenes ilegales, vacunas para permitir el ingreso de vehículos a los
departamentos de Risaralda y Chocó; ii) el informe de policía judicial 0660-SIJIN-
DECHO, que identificó e individualizó a un importante número de personas
sindicadas de formar parte del Ejército Revolucionario Guevarista (ERG); iii) la
indagatoria rendida por los sindicados en la que algunos aceptaron conocer a los
testigos que los incriminaron; iv) la orden que pormenorizó el componente orgánico
de la estructura criminal en la que aparecían los nombras de los sindicados; v) los
testimonios rendidos por ocho (8) personas que pertenecieron a la organización
criminal, inscritas en el programa de reinserción, que inculparon a los investigados;
vi) el informe que detalló la identificación de cada participante, su registro fotográfico
y lugar de residencia y; vii) la certificación del comité para la dejación de armas
donde se reseñó a los señores Milton Mena Moya, Mauricio Rentería Mosquera y
Yeison Andrés Mosquera Sánchez, como integrantes de la subversión dentro del
programa de reinserción53.
Frente a los informes de policía rendidos en ejercicio de fu' nciones de policía judicial,
la Sala precisa que no constituyen prueba válida de los hechos que narran, porque
"si bien muchas veces revelan situaciones objetivas que han verificado sus agentes,
en otras, son producto de indagaciones con terceros, muchas veces
indeterminados, que estructuran conjeturas o apreciaciones que materialmente no
son idóneos para fundar una prueban&
En cuanto a las diligencias de indagatoria, la resolución de acusación de 15 de
mayo de 2007, que libró órdenes de captura en contra de los hoy demandantes
para hacer efectiva la medida de detención preventiva impuesta en su contra,
refiere que Evelio Palacios negó su participación en Ids hechos aunque "aceptó
haber visto a los dirigentes de la insurgencia cuando permanecían en Santa Cecilia
y reconoce identificar al señor Jeison Mosquera (...) aliap Fredy si era un miliciano
del E.R.G. en ese lugar, pero niega ser él". Luis Alberto Lloreda Maturana negó
pertenecer al grupo subversivo y "jamás ha visto a la guerrilla en Gingaraba, no se
da cuenta de las acciones subversivas en la región". Víctor Conrado Mena también
negó su participación en el grupo subversivo "sí esóucho el secuestro de un
electricista, pero no participó (...) y ha visto en el sector miembros del ER. G. y de
las FARC". José Carmelino Maturana dijo que "ha oído mencionar a los jefes de
este grupo y no ha participado en ninguna actividad del ER.G.". Por último, Héctor
Jairo Hinestroza negó su participación en el grupo y reconoció que "por el sector
transita la subversión, identifica a alias Romaña, como cabecilla de esa
organización" 55.
53 Escrito de acusación, f. 33, c. 1.
54 Corte Constitucional, sentencia C-1315 de 26 de septiembre de 2000, que declara estarse a lo resuelto en
sentencia C-392 de 6 de abril del mismo año, que decidió sobre la constitucionalidad de los artículos
demandados de la Ley 504 de 1999. En igual sentido, sentencia C-793 de 29 de junio de 2000.
" Folio 20 del c. 4.
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Radicado: 27001-23-31-002-2012-00041-01(56385)
Actor: José Carmelino Maturana y otros
En la resolución que confirmó la acusación en contra de los hoy demandantes, la
Fiscalía hizo referencia a los testimonios rendidos por los procesados confesos que
formaron parte de la organización criminal, inscritos en el programa de reinserción,
que acusaron a los hoy demandantes de pertenecer al grupo subversivo, así: Jeison
Andrés Mosquera dijo conocer a Héctor Jairo Hinestroza como "miliciano y
trabajaba en la microempresa de vías; que vivía en Guarato y participó en la quema
de unos carros, que daba información de cómo se movía la Fuerza Pública", y a
Evelio Palacios Mosquera desde 1999, como "guerrillero interno y lo mandaron a
trabajar como miliciano, que él hacía retenes en la Unión, estuvo en un
hostigamiento con la policía pera el año 2002". También afirmó conocer a Luis
Alberto Lloreda Maturana, como "miliciano, participaba en retenes y realizaba
inteligencia de dos soldados que mataron en el puente de Gingaraba", afirmaciones
que fueron contestes con las rendidas por Milton Mena, quien, además, afirmó
conocer a Víctor Conrado Mena como "miliciano del grupo que había participado
en retenes en Gingarraba: Guarato" y a José Carmelino Maturana, "miliciano del
E.R.G. y que estando en el grupo una vez se encontró con Romaña en Guarato y
éste lo mandaba a verificar si estaba el ejército"56.
La medida de aseguramiento decretada, entonces, se fundamentó en la valoración
razonable que de los medios de convicción recaudados al momento de definir la
situación jurídica de los investigados hizo la Fiscalía, prueba que, apreciada en
conjunto, arrojaba mérito, conforme al estándar probatorio dispuesto en la ley
procesal penal para la imposición de la medida de detención preventiva.
La medida de aseguramiento también se muestra proporcional, en razón a que el
tiempo en que estuvieron detenidos los demandantes, que osciló entre 50 y 229
días, no puede considerarse como una sanción equivalente a la pena de prisión
prevista para el delito de rebelión de entre 6 a 9 años (artículo 467 del Código
Penal), periodo que, además, supera el mínimo de 4 años exigido por el artículo 357
de la Ley 600 de 2000 para que proceda la imposición de la medida de detención
preventiva.
En lo concerniente a la necesidad de la medida de aseguramiento privativa de la
libertad, la Fiscalía 101 del Circuito Especializado de Quibdó consideró que en
atención a los fines de la detención preventiva dispuesto en el artículo 355 de la Ley
600 de 2000, su imposición resultaba válida, pues "la característica de los delitos
investigados, nos obliga a que se tenga que privar de la libertad a los aquí
implicados, para garantizar su comparecencia al proceso, y para impedir su fuga,
así como para evitar que continúe su actividad delictual, en la que ponen en peligro
efectivo a nuestra sociedad". En consecuencia, la Subsección encuentra que la
detención preventiva resultaba necesaria para impedir que los sindicados
continuaran la actividad delictual, garantizar su comparecencia al proceso y evitar
su fuga.
Según lo discernido, la Sala colige que la parte actora no demostró la existencia de
un daño antijurídico como elemento primario y esencial de la responsabilidad, lo que
hace infructuoso el análisis de los demás elementos del instituto indemnizatorio,
pues debe recordarse que la responsabilidad es una institución que depende
necesariamente de la suma y presencia condicional de la totalidad de sus elementos
y que, ante la ausencia de alguno de estos, resulta improcedente la obligación de
reparar.
56 Folio 89 del c. 4.
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Radicado: 27001-23-31-002-2012-00041-01(56385)
Actor José Carmelino Maturana y otros
Por consiguiente, esta Subsección concluye que al ser procedente y cumplir con los
presupuestos de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, la privación de la
libertad que soportaron José Carmelino Maturana, Héctor Jairo Hinestroza
Mosquera, Víctor Conrado Mena, Luis Alberto Lloreda Maturana y Evelio Palacios
Mosquera no tuvo un carácter injusto. En consecuencia, al no haberse acreditado
la antijuridicidad del daño, la Sala negará las pretensiones de la demanda y, en
razón de ello, revocará la sentencia de primera instancia.
IV. COSTAS
No hay lugar a la imposición de costas debido a que no se evidencia, en el caso
concreto, actuación temeraria de las partes, condición exigida por el artículo 55 de
la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección "C", administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida el 25 de agosto de 2015 por el
Tribunal Administrativo del Chocó. En su lugar:
SEGUNDO: NIÉNGASE las pretensiones de la demanda.
TERCERO: NO CONDENAR en costas.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
Cópiese, Notifíquese, Cúmplase
ICOLÁS YEP C0%. a$
Presidente ji
Li «Rae
JAIME ENRIQUE RODRiGUEZ NAVAS GUILLERMO SÁNC QUE
Magistrado istrado
Aclaración de voto. Cfr. Rad. 36.146-15
#1 y Rad. 50.668-20
12
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