Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-31-000-2012-00068-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-31-000-2012-00068-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 27001-23-31-000-2012-00068-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
24 de julio de 2024
Expediente: 27001-23-31-000-2012-00068-01 (AG)
Demandante: Anuar Montalvo Mosquera y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 27001-23-31-000-2012-00068-01
Demandante: Anuar Montalvo Mosquera y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo
Sostenible de Chocó, Codechocó, y otros
Referencia: Acción de grupo
Tema: Indemnización de perjuicios sufridos por residentes del municipio de Condoto, Chocó.
Subtema 1: Daño al medio ambiente como causa común. Subtema 2: Impactos ambientales
derivados del ejercicio de la actividad minera en área concesionada. Obligaciones ambientales del
concesionario. Plan de manejo ambiental. Visitas técnicas de seguimiento al contrato de concesión.
Evaluación, control y seguimiento de actividades mineras por parte de la autoridad ambiental.
Subtema 3: Afectación del derecho colectivo al medio ambiente, no acreditado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el grupo demandante contra
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó el trece (13) de enero
de dos mil dieciséis (2016), que negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El grupo accionante, conformado por treinta y tres (33) habitantes del municipio de
Condoto (Chocó), afirma que la actividad minera realizada por la empresa Aluviones
de Colombia S.A. en la zona colindante a sus viviendas, ha generado la afectación
del medio ambiente por el hundimiento, deslizamiento y agrietamiento del suelo,
daño colectivo que, a su juicio, ocasionó afectaciones patrimoniales individuales
devenidas de las fallas estructurales de los inmuebles que habitan.
II. ANTECEDENTES
2.1. Juan Emilio Rentería Mosquera, Alba Ruth Ordóñez Mosquera, Pablo Abel
Perea Barco, Jorge Eliecer Perea Chalá, Danny del Carmen Mosquera Moreno, José
Ireno Mosquera Mosquera, Anuar Montalvo Mosquera, Lucila Agualimpia Benítez,
Santiago María Perea, Mario Mosquera Mosquera, Dionny Valencia Velásquez, Ligia
Waldo Martínez, Belarmina Gruesso Ibargüen, Francisco Yamil Mosquera M.,
Magnolia Esperanza Borja Díaz, Lina Saudit Mosquera, José Iván Hinestroza,
Yanulbio Mosquera Mosquera, Carlos Arturo Mosquera Domínguez, Onny
Castañeda Borja, Nagdy Isabel Mosquera Andrade, Laura Palacios, Héctor Emilio
Mosquera Orejuela, Luis Marino Caicedo Mena, Marisol Mena Ordóñez, Crisanto
Velásquez, Pedro Pablo Palacios Palomino, Manuel José Luna Lozano, Luis Albeiro
Rivas Hinestroza, Luis Enrique Rivas, José Javier Mosquera Mosquera, Yenny María
Velásquez y Ana María Rivas, presentaron demanda en ejercicio de la acción de
grupo, el diecisiete (17) de agosto de dos mil doce (2012)1, en contra de la
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó,
Codechocó, de la Nación, Ministerio de Ambiente, Instituto Colombiano de Minas y
Energía, INGEOMINAS, de la Gobernación del Chocó y de la empresa Aluviones de
1 Folio 299 del c. 1.
Expediente: 27001-23-31-000-2012-00068-01 (AG)
Demandante: Anuar Montalvo Mosquera y otros
Colombia S.A., para que se les declare administrativamente responsables por el
daño a los derechos colectivos al medio ambiente y salud pública generado por la
exploración y explotación de metales preciosos en zona rural del municipio de
Condoto, Chocó, que, a juicio del grupo, deviene de la omisión de la función de
control y seguimiento de actividades mineras a cargo de los organismos
demandados.
2.1.1. El apoderado de los integrantes del grupo presentó las siguientes
pretensiones: (i) “Que se protejan los derechos colectivos de mis poderdantes,
condenando a las entidades demandadas a tomar las medidas necesarias a fin de
devolver a su estado anterior las tierras y el ecosistema vulnerado, objeto de esta
demanda y en consecuencia se ordene cesar el daño ambiental y social que en la
actualidad está causando la empresa ‘Aluviones de Colombia S.A.’ en el municipio
de Condoto y a reparar los daños ocasionados”; (ii) que se declare como
responsables de la violación de los derechos colectivos a los organismos
demandados y a la empresa Aluviones S.A. y, (iii) “que se condene a los entes
demandados a pagar los perjuicios ocasionados a mis poderdantes, perjuicios
que estimo en cinco mil millones de pesos”; (iv) aplicar el principio “iura novit curia,
en el sentido de que el juez se pronuncie sobre todos los aspectos que resulten
probados, así no se hayan pedido en esta demanda (…)”2.
2.1.2. Como sustento fáctico de las pretensiones, el apoderado del grupo expuso,
en síntesis, que la empresa Aluviones de Colombia S.A. ha realizado actividades de
exploración y explotación de metales preciosos en el área colindante a los barrios
Américas y Platinero del municipio de Condoto, Chocó, hasta el corregimiento de La
Hilaria, conforme al contrato de concesión minera suscrito el 21 de diciembre de 2005
y la licencia ambiental expedida por Codechocó el 25 de agosto de 2009, aprobada
por el Ministerio de Ambiente mediante resoluciones del 2 de junio y 30 de julio de
2010. Afirmó que la actividad minera del concesionario ha generado “hundimientos,
deslizamientos y agrietamientos de las viviendas de las zonas, muchas de las cuales
están a punto de colapsar”, ubicadas en el barrio Platinero donde residen los
accionantes. Adujo, además, que “la actividad minera en la zona ha ocasionado
cambios notorios en el paisaje, debido a los huecos dejados por las retroexcavadoras
de la empresa Aluviones de Colombia S.A. y la destrucción de la capa vegetal;
igualmente en la zona se presenta una pérdida considerable de la masa boscosa,
debido a la tala intensiva del bosque, sin que se lleven a cabo actividades de
reforestación” 3.
2.2. El Tribunal Administrativo del Chocó admitió la demanda presentada en ejercicio
de la acción de grupo mediante auto de veintidós (22) de enero de dos mil trece
(2013)4.
2.3. El apoderado de Codechocó presentó escrito de contestación de la demanda
en el que se opuso a las pretensiones, con el argumento de que la corporación ha
cumplido las funciones de defensa del medio ambiente a través de la imposición de
medidas preventivas como, por ejemplo, la suspensión de las actividades de minería
ilegal desarrolladas en veintidós (22) entables mineros ubicados en predios del
municipio de Condoto, propiedad de personas naturales, que estaban generando “un
elevado deterioro ambiental reflejado en el aumento de los procesos erosivos, (…)
Que la situación se agrava como consecuencia de la contaminación agregada por el
manejo inadecuado de combustibles, grasas, residuos sólidos, manejo de aguas
servidas y demás actividades propias de la minería, de las cuales se hace vertimiento
directo a la fuente hídrica”. Adicionalmente, impuso medida preventiva y transitoria
de suspensión de la actividad minera ejercida por la empresa Aluviones de Colombia
S.A., por el incumplimiento de las obligaciones ambientales y, posteriormente, inició
el procedimiento sancionatorio ambiental5.
2 Folio 28 del c. 1.
3 Folios 5 y ss. del c. 1.
4 Folio 318 del c. 1.
5 Folio 330 del c. 1.
Expediente: 27001-23-31-000-2012-00068-01 (AG)
Demandante: Anuar Montalvo Mosquera y otros
2.3.1. La Agencia Nacional de Minería (ANM), en ejercicio de las funciones en
materia minera que asumió del INGEOMINAS6, presentó escrito de contestación de
la demanda en el que propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva, y se opuso a las pretensiones al considerar que la causa del daño no devino
de la ejecución u omisión de la función de seguimiento y control de la actividad
minera, pues la misma fue ejecutada conforme al plan de manejo ambiental y la
licencia ambiental requeridas en la etapa de explotación. Al respecto, precisó que al
concesionario le fue otorgada licencia ambiental mediante acto de 25 de agosto de
2009, para la extracción de oro y platino en el municipio de Quibdó, Chocó, el cual
fue modificado mediante resolución 0493 de 11 de marzo de 2010, en el sentido de
otorgar licencia para extracción en el municipio de Condoto, no Quibdó. Asimismo,
informó que el 16 de junio de 2010, puso en conocimiento del alcalde de Condoto el
ejercicio de actividad minera ilegal en el área del título concedido a la empresa
Aluviones de Colombia, constatado en la visita técnica de seguimiento, control y
seguridad minera realizada en noviembre de 2010, en la que dejó constancia del
“riesgo potencialmente asociado a la delicada situación en que, ante eventos
adversos, se puedan encontrar la cantidad de personas que barequean dentro del
área titulada a Aluviones de Colombia, por la masiva e incontrolable afluencia de
barequeros que de manera frenética ingresan hacia los cortes o tajos más profundos
durante las operaciones de explotación mecanizada (…), por tanto es URGENTE la
necesidad de encontrar pronta solución”. Por último, puso de presente que en la
visita técnica de seguimiento y control al área del título, “en cuanto a la parte
ambiental, “no hay vertimientos de materiales ni colas a las fuentes hídricas (…), en
cuanto a la apreciación de las averías en la casa de Jesús Emilio Rentería, que según
el propietario se deben a las actividades mineras (…), se pudo apreciar por fuera de
la vivienda que existen problemas constructivos en cuanto a la falta de elementos
estructurales, pega de ladrillos en dirección inclinada, entre otros”7.
2.3.2. La empresa Aluviones de Colombia S.A., afirmó que la acción de grupo es
improcedente porque los actores no precisaron el daño que motivó el ejercicio del
medio de control. Al oponerse a las pretensiones de la demanda, expuso que desde
el año 2010 el concesionario informó a la autoridad municipal de la actividad de
minería ilegal que se estaba presentando en el área del barrio Platinero, por tanto, el
daño que resulte demostrado deberá imputarse a la acción de terceros y a la omisión
del ente territorial de frenar la presencia de mineros ilegales que ejercieron la
actividad “cerca de sus propios predios”. Afirmó, además, que las viviendas ubicadas
en el barrio Platinero no cuentan con licencias de construcción que acrediten la
habilitación del uso del suelo, ni con estudios geotécnicos, estructurales y de
estabilidad que denoten el cumplimiento de las normas urbanísticas adoptadas en el
POT. Por último, solicitó llamar en garantía a las aseguradoras Mapfre y Seguros del
Estado para que, si hay lugar a ello, se afecten las pólizas de responsabilidad civil y
de cumplimiento tomadas por la empresa concesionaria8.
2.4. El tribunal admitió el llamamiento en garantía de las aseguradoras Mapfre y
Seguros del Estado mediante auto de once (11) de junio de dos mil trece (2013)9. La
primera aseguradora mencionada propuso las excepciones de caducidad,
inexistencia del daño, ausencia de nexo causal, causa extraña por el hecho de un
tercero y tasación excesiva del perjuicio, y se opuso a las pretensiones del
llamamiento al considerar que el eventual daño deriva de la actividad profesional del
6 Decreto 4134 de 2011, artículo 19. Régimen de transición. “El Servicio Geológico Colombiano seguirá
ejerciendo todas las funciones, incluyendo aquellas en materia minera que por competencia directa o por
delegación se le habían asignado al Instituto Colombiano de Geología y Minería– Ingeominas, hasta que entre
en operación la Agencia Nacional de Minería–ANM, lo cual deberá ocurrir dentro de los seis (6) meses siguientes
a la expedición del presente Decreto. // El Presidente de la Agencia Nacional de Minería–ANM, deberá adelantar
de manera inmediata las medidas administrativas necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas
en el presente decreto que entrará a regir dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del presente
decreto.”.
7 Folio 382 del c. 1.
8 Folio 433 del c. 2. Según informes secretariales, el vencimiento del término del traslado de la demanda se
surtió sin más intervenciones (folios 576 y 585 del c. 2).
9 Folio 656 del c. 2.
Expediente: 27001-23-31-000-2012-00068-01 (AG)
Demandante: Anuar Montalvo Mosquera y otros
tomador de la póliza, circunstancia que no encaja en el objeto de la garantía dirigida
a cubrir “única y exclusivamente los eventos de responsabilidad civil
extracontractual”10.
2.5. El tribunal celebró audiencia de conciliación el siete (7) de octubre de dos mil
catorce (2014), la cual declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio de las partes11.
En la etapa probatoria incorporó las pruebas aportadas por las partes, ordenó expedir
oficios, decretó la prueba testimonial solicitada por la Empresa Aluviones de
Colombia S.A. y ordenó la práctica de un dictamen pericial a cargo del grupo
accionante, para lo cual ordenó oficiar a la Universidad Tecnológica del Chocó con
el propósito de que designara ingenieros ambientales y civiles12.
En la etapa de alegaciones, la ANM precisó que el deber de protección del medio
ambiente y el cumplimiento de los planes de manejo ambiental del concesionario
están a cargo de la autoridad ambiental que concedió la licencia para la explotación
del recurso minero, por ende, es la corporación autónoma regional la facultada para
tomar medidas preventivas e imponer sanciones a los infractores de las normas de
protección ambiental13. La apoderada de Aluviones de Colombia S.A. afirmó que las
pruebas recaudadas dan cuenta de que la empresa realizó la explotación en el área
objeto del contrato de concesión conforme a las estipulaciones técnicas acordadas
y, que la actividad ilegal de explotación realizada en las zonas colindantes a las
viviendas del barrio Platinero por personal ajeno al concesionario fue reportada a las
autoridades administrativas del municipio sin obtener respuesta14.
2.6. El Tribunal Administrativo del Chocó, mediante sentencia dictada el trece (13)
de enero de dos mil dieciséis (2016), negó las pretensiones de la demanda al
considerar que la certificación suscrita por el secretario de planeación del municipio
de Condoto sobre la ausencia de licencias de construcción y planos de las viviendas
supuestamente afectadas con la actividad minera, y la copia del proceso adelantado
en contra de la empresa Aluviones de Colombia S.A. por infracciones ambientales,
desvirtuaron el daño colectivo alegado por el grupo como causa común de las
afectaciones patrimoniales individuales. El material probatorio tampoco demostró
que las supuestas averías de los inmuebles devinieran de la acción u omisión de los
demandados, por el contrario, los informes técnicos realizados por Codechocó dan
cuenta de que “existen explotaciones mineras ilegales, como la del señor Oscar
Mosquera, igualmente que las viviendas tienen problemas constructivos por la falta
de elementos estructurales (…)”. En todo caso, la parte interesada no allegó prueba
técnica que permitiera inferir que el deterioro de los inmuebles “es generado por la
actividad minera que realiza la empresa Aluviones de Colombia o por las
explotaciones ilegales de terceras personas”15.
2.7. El apoderado del grupo interpuso recurso de apelación contra la sentencia al
considerar que el daño ambiental se encuentra debidamente acreditado con los
informes de Codechocó y los actos sancionatorios dictados en contra de la empresa
Aluviones de Colombia S.A. por el incumplimiento de las obligaciones ambientales.
Afirmó que “se presentan grandes dificultades para imputar el daño ambiental (…) y
para establecer el nexo causal entre el evento dañoso y el daño”, que pueden
superarse con la aplicación del “sistema de exclusión para determinar cuál es el
verdadero origen del daño” y con el “tradicional concepto de solidaridad entre
coautores”, tesis conforme a la cual procede declarar que “el daño es atribuible a
Aluviones de Colombia S.A. por acción y a Codechocó e Ingeominas por omisión.”.
Por último, consideró que el tribunal incurrió en “una irregularidad sustancial que
afecta el debido proceso” al no decretar el dictamen pericial solicitado en la demanda,
determinante para demostrar la existencia del daño ambiental y sus causas16.
10 Folio 664 del c. 2.
11 Folio 770 del c. 2.
12 Folio 776 del c. 2.
13 Folio 872 del c. 2.
14 Folio 915 del c. 2.
15 Folio 926 del c. 2.
16 Folio 954 del c. ppal.
Expediente: 27001-23-31-000-2012-00068-01 (AG)
Demandante: Anuar Montalvo Mosquera y otros
2.8. El recurso de apelación interpuesto por el grupo fue concedido por el tribunal y
admitido por esta Corporación mediante auto de doce (12) de julio de dos mil
dieciséis (2016)17. En auto posterior, el despacho corrió traslado a las partes para
que presentaran alegaciones finales y al Ministerio Público para que emitiera
concepto. Esta oportunidad fue aprovechada por el apoderado de seguros Mapfre,
quien reiteró que la póliza multirriesgo no incluye el amparo de la responsabilidad
civil profesional que se le imputa a la empresa Aluviones de Colombia S.A. por el
ejercicio de la actividad minera. Las partes y el agente del Ministerio Público
guardaron silencio18.
III. CONSIDERACIONES
3.1. La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el grupo,
habida consideración de la competencia que le asiste para ello, de conformidad con
los artículos 51 de la Ley 472 de 1998 y 152.1619 del CPACA, pues se trata de un
proceso iniciado en ejercicio de la acción de grupo, contra una autoridad del orden
nacional, que conoce la Sección Tercera en aplicación del “criterio de especialidad”
previsto en el Reglamento Interno del Consejo de Estado20.
3.1.1. En lo atinente a la oportunidad para el ejercicio del medio de control, la Sala
observa que se cumple el presupuesto temporal previsto en los artículos 47 de la Ley
472 de 199821 y 164-h del CPACA22, porque: (i) la explotación de minerales señalada
como causa del daño fue habilitada mediante los actos administrativos de aprobación
de la licencia ambiental dictados el 2 de junio y el 30 de julio de 2010 23 por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; (ii) las primeras
afectaciones de los predios fueron reportadas en noviembre de 2010, según consta
en el informe de visita de fiscalización realizada por Ingeominas al área de concesión
minera en diciembre de ese año24 y, (iii) la demanda fue presentada el 17 de agosto
de 2012, esto es, dentro de los dos años siguientes a la fecha de causación del daño.
3.1.2. En cuanto a la legitimación para la causa por activa, el artículo 48 de la Ley
472 de 1998 establece que el medio de control puede ser ejercido por cualquier
persona que sufra un perjuicio individual, en representación de todas las demás
personas que hayan sufrido una afectación por la misma causa. En este caso, los
integrantes del grupo presentan condiciones uniformes respecto de la causa del
perjuicio individual que hacen consistir en la afectación de los predios colindantes al
área del contrato de concesión ubicada en el municipio de Condoto, Chocó, por la
supuesta violación del derecho colectivo al medio ambiente, manifestado en el
deterioro del suelo aledaño al área de concesión minera. En este escenario, la Sala
considera que los demandantes integrantes del grupo están legitimados en la causa
por activa.
Ahora, en razón a que los demandantes integrantes del grupo atribuyen el daño
ambiental a las acciones y omisiones del concesionario minero y a las autoridades
17 Folios 969 y 975 del c. ppal.
18 Folios 980 y 988 del c. ppal.
19 CPACA, artículo 152. “Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales
Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 16. De los relativos a la protección
de derechos e intereses colectivos, reparación de daños causados a un grupo y de cumplimiento, contra las
autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones
administrativas”.
20 Acuerdo 080 de 2019, artículo 13.
21 Ley 472 de 1998, artículo 47. “Caducidad. Sin perjuicio de la acción individual que corresponda por la
indemnización de perjuicios, la acción de grupo deberá promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la
fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerable causante del mismo.”.
22 CPACA, artículo 164. “h) Cuando se pretenda la declaratoria de responsabilidad y el reconocimiento y pago
de la indemnización de los perjuicios causados a un grupo, la demanda deberá promoverse dentro de los dos (2)
años siguientes a la fecha en que se causó el daño (…)”.
23 Resolución 1040 “por la cual se aprueba una licencia ambiental minera otorgada por la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Chocó, CODECHOCÓ”, y Resolución 1480 “por la cual se aclara la resolución 1040”,
en el sentido de señalar que la actividad minera se realizaría en la jurisdicción del municipio de Condoto, Chocó
(folios 560 y 565 del c. 2).
24 Folio 447 del c. 2.
Expediente: 27001-23-31-000-2012-00068-01 (AG)
Demandante: Anuar Montalvo Mosquera y otros
administrativas, ambientales y mineras encargadas del control y vigilancia de esta
actividad, los organismos demandados se encuentran formalmente legitimados para
la causa por pasiva.
3.2. Problemas jurídicos
De acuerdo con el marco de juzgamiento fijado por el apoderado del grupo en el
recurso de apelación, relacionado con la demostración del daño ambiental y su
imputación a las demandadas, la Sala procede a resolver los siguientes problemas:
3.2.1. ¿Los integrantes del grupo demandante acreditaron el daño ambiental que
señalan como causa común del perjuicio individual consistente en el deterioro de las
viviendas aledañas al área de explotación minera concesionada a la empresa
Aluviones de Colombia S.A., ubicada en el municipio de Condoto, Chocó?
En caso de que la respuesta sea afirmativa, se procederá a establecer lo siguiente:
3.2.2. ¿El daño colectivo generador del perjuicio individual es atribuible a las
autoridades administrativas, mineras y ambientales, y a la empresa concesionaria
Aluviones de Colombia S.A., por el incumplimiento de las cargas obligacionales
relacionadas con la preservación y sostenibilidad del medio ambiente, y la
evaluación, control y seguimiento de las actividades de explotación de los recursos
naturales?
3.3. Daño ambiental como causa común del perjuicio individual
Conforme a la jurisprudencia de la Corporación, el daño ambiental como causa del
perjuicio individual susceptible de resarcimiento mediante el ejercicio de la acción
de grupo, hace necesaria la siguiente distinción: (i) el daño ambiental puro,
entendido como “cualquier alteración, degradación, deterioro, modificación o
destrucción del ambiente (agua, aire, flora), causados por cualquier actividad u
omisión, que supera los niveles permitidos y la capacidad de asimilación y
transformación de los bienes, recursos, paisajes y ecosistema, afectando en suma
el entorno del ser humano25”. (ii) El daño ambiental consecutivo26 que menoscaba el
patrimonio individual27. “A partir de esta distinción y dada la naturaleza de las
acciones contenidas en la Ley 472 de 1998, es claro que, cuando se pretende
adelantar un proceso por el daño a un interés colectivo, -como podría serlo la mera
afectación al equilibrio ecológico del ecosistema existente (…), la acción procedente
es la popular. Pero, cuando se pretenda adelantar un proceso por el daño que la
afectación ambiental pudo haber ocasionado a personas determinadas, en su
patrimonio, (…) la acción procedente es la de grupo, en la que se deberá examinar
la existencia de un daño ambiental consecutivo.” 28.
25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Radicado: 41001-23-31-000-
2000-02956-01. C.P Ramiro Pazos Guerrero; 20 de febrero de 2014.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de mayo de 2004, exp. 2002-00226-01(AG).
27 Frente a esta clasificación, esta Subsección, en sentencia de 2 de agosto de 2023, exp. 54878, reiteró: “En
este sentido, debe recordarse que el daño ambiental tiene dos acepciones, a las cuales se hace referencia según
se trate de la afectación al medio natural, como interés colectivo o como bienes de carácter particular, a saber:
i) el daño ambiental puro y ii) el daño ambiental impuro. // El daño ambiental puro recae sobre un interés o
derecho colectivo y genera la afectación negativa del "ambiente” como bien jurídico protegido. El régimen de
responsabilidad que le es aplicable supone que cualquier persona que se considere víctima de la afectación
ambiental no debe acreditar la existencia de un menoscabo particular y/o individual, ya que por su naturaleza
colectiva cualquier miembro de la especie humana está legitimado para exigir la obligación resarcitoria de quien
lo causa. Frente a él la sola amenaza o peligro confieren la facultad al juez para actuar. // A su turno, el daño
ambiental impuro se enmarca en una esfera meramente individual y se define como aquel menoscabo que afecta
derechos subjetivos y particulares, como consecuencia de una lesión ambiental. Dicho de otra manera,
en este tipo de daños, tiene cabida la acepción tradicional del daño propuesta por la teoría clásica de la
responsabilidad que lo define como lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento; es toda
afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de
una causa que la justifique.”.
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativa, Sala Primera Especial de Decisión, sentencia
de 10 de junio de 2021, exp. 2022-04584-02(AG) REV-SU.
Expediente: 27001-23-31-000-2012-00068-01 (AG)
Demandante: Anuar Montalvo Mosquera y otros
La distinción referida denota que el análisis del daño devenido de la vulneración de
un derecho colectivo como el deprecado en este caso, “supone la superación, o al
menos la relativización, de las estructuras procesales clásicas que en la mayoría de
los casos prevén la existencia de un sujeto activo individual”29 que ha visto afectado
un interés jurídico particular, para darle paso al análisis del presupuesto de
procedencia de la pretensión consistente en la acreditación de la causa común, a
partir de la cual el juez puede determinar las indemnizaciones individuales de
quienes formaron parte del proceso como integrantes del grupo y establecer los
criterios para el pago de las “indemnizaciones correspondientes a las solicitudes que
llegaren a presentar oportunamente los interesados que no hubieren intervenido en
el proceso”30.
Sobre el tema, la jurisprudencia de esta Sección ha considerado que, aunque es
deber de la parte demandante acreditar la afectación del bien jurídico tutelado como
presupuesto procesal, “este razonamiento no se compadece con el objetivo de
la acción de grupo, cuya finalidad primordial es obtener el resarcimiento de los
perjuicios sufridos por un grupo de personas, derivados de una causa común”,
propósito que “supone una mayor flexibilidad en relación con la forma y la
oportunidad de probar la calidad de damnificado, toda vez que no necesariamente
debe quedar plenamente demostrado en el proceso, sino al momento de reclamar
el pago de la indemnización, en el evento de llegarse a ese supuesto” 31.
3.3.1. Conforme al breve derrotero jurisprudencial citado, procede la Sala a verificar
la acreditación del daño ambiental a partir de los siguientes hechos probados:
La causa común gira en torno al daño ambiental supuestamente generado por el
ejercicio de la actividad minera concesionada a la empresa Aluviones de Colombia
S.A., mediante el contrato de concesión FKJ-083, inscrito en el Registro Minero el
10 de agosto de 2006, en el que consta el siguiente objeto contractual: “la realización
por parte del concesionario de un proyecto de exploración técnica y explotación
económica de un yacimiento de (…) oro, platino y sus concentrados”, sobre un área
total de 75 hectáreas y 1683 m2, ubicada en el municipio de Condoto, Chocó, con un
plazo de duración de treinta (30) años, contados a partir de la fecha de inscripción
del contrato.
En lo relativo a las autorizaciones ambientales, la cláusula quinta del contrato de
concesión estipula que “la gestión ambiental está incluida como una obligación del
contrato de concesión. Para la etapa de exploración se deben ejecutar los trabajos
de acuerdo con las guías minero ambientales aportadas por los Ministerios de Minas
y Energía y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las cuales constituyen el
anexo no. 2 de este contrato. Para las etapas de construcción, montaje y explotación,
beneficio y para las labores adicionales de exploración durante la etapa de
explotación se debe contar con el acto administrativo ejecutoriado y en firme, en que
la autoridad ambiental competente haya otorgado la Licencia Ambiental, así como
los permisos y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales”. La cláusula sexta reiteró que el concesionario debía contar con licencia
ambiental “para ejecutar las labores y trabajos de las etapas de construcción,
montaje y explotación”. Asimismo, la cláusula décimo cuarta previó la fiscalización y
29 Corte Constitucional, sentencia C-241 de 2009.
30 Ley 472 de 1998, artículo 65. “Contenido de la sentencia. La sentencia que ponga fin al proceso se sujetará a
las disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil y además, cuando acoja las pretensiones
incoadas; dispondrá: 1. El pago de una indemnización colectiva, que contenga la suma ponderada de las
indemnizaciones individuales. // 2. El señalamiento de los requisitos que deben cumplir los beneficiarios que han
estado ausentes del proceso a fin de que puedan reclamar la indemnización correspondiente, en los términos
establecidos en el artículo 61 de la presente Ley. // 3. El monto de dicha indemnización se entregará al Fondo
para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, el
cual será administrado por el Defensor del Pueblo y a cargo del cual se pagarán: a) Las indemnizaciones
individuales de quienes formaron parte del proceso como integrantes del grupo, según la porcentualización que
se hubiere precisado en el curso del proceso. (…) b) Las indemnizaciones correspondientes a las solicitudes que
llegaren a presentar oportunamente los interesados que no hubieren intervenido en el proceso y que reúnan los
requisitos exigidos por el Juez en la sentencia. (…)”.
31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 20 de octubre de 2014, Exp. 52001-23-31-000-2001-
01371-02(AG), reiterada por la Subsección C en sentencia de 31 de agosto de 2021, exp. 2012-00060-01(AG).
Expediente: 27001-23-31-000-2012-00068-01 (AG)
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vigilancia de la forma y condiciones en que se ejecuta el contrato en los aspectos
técnicos, operativos y “ambientales, sin perjuicio que sobre estos últimos la autoridad
ambiental o sus auditores autorizados, ejerzan igual vigilancia en cualquier tiempo,
manera y oportunidad” 32.
3.3.2. El estudio de impacto ambiental elaborado por la empresa concesionaria en
agosto de 2007, da cuenta de las acciones a tomar para prevenir, mitigar, corregir
y/o compensar los impactos ambientales generados con la explotación de oro y
platino, dentro de un modelo de desarrollo sostenible dirigido a obtener “el mayor
beneficio posible de un recurso natural no renovable en equilibrio con los recursos
naturales renovables”, mediante “el sistema de explotación a cielo abierto con el
método de retrollenado” usado para encontrar el metal en depósitos aluviales “a una
profundidad promedio de 31 metros (…), en el que a medida que se va avanzando,
se va llenando con material estéril, rocas, gravas y arenas sobrantes del proceso de
separación por tamaños y de concentración de material a la excavación dejada por
el mismo proceso de minado.”33.
El estudio citado señaló que los recursos naturales utilizados y afectados por el
proyecto de explotación minera serían: (i) el suelo, en mayor medida, como más
adelante se describe; (ii) el agua, “que se trabaja en circuito cerrado y recirculando
durante el 90 % del proyecto (…) con vertimientos en mejores condiciones que el
cuerpo receptor, para lo cual se formulará un monitoreo permanente”; (iii) el aire, por
las “emisiones de gases y ruido que no tienen mayor incidencia sobre el medio, ya
que son de fácil asimilación dada su magnitud” y, (iv) la fauna, “debido al
desplazamiento temporal de algunas especies (…) generado por el retiro de la capa
vegetal, por la generación de ruido y por la presencia misma de maquinaria y
personas. Con un buen esquema de recuperación forestal se logra la reincorporación
del 100% de las especies desplazadas”34.
En lo atinente a la descripción y caracterización del suelo y el plan de manejo
ambiental de este factor, el estudio expuso:
≪La actividad minera realizada en el pasado tuvo poca conciencia ambiental, ya que
no se evidencia en el área sectores con algún trabajo de recuperación ambiental, por
tal motivo en toda el área se encuentra un suelo modificado y pobre, que genera una
capa vegetal con capacidad de producir un bosque secundario de rastrojo bajo y medio
(…). Es necesario aprovechar dos grandes fortalezas que posee el municipio de
Condoto que es el recurso humano y su potencialidad minera representada en el
platino y oro, que debido a la forma irracional como hasta la fecha se ha trabajado ha
generado áreas de tierras degradadas, una alteración en el ecosistema, pérdida de
recursos endémicos de flora y fauna y, lo peor, grandes lagunas fuentes y criaderos
de mosquitos (…). Bajo estas circunstancias, la realización del proyecto minero
contribuirá en el mejoramiento de las condiciones ambientales modificadas que
presenta el área actualmente (…).
Manejo del suelo: La pobre capa vegetal, con las especies de rastrojo bajo y medio,
será acumulado en el sitio especial para luego ser utilizadas para generar suelo en
zonas recuperadas geomorfológicamente. Este suelo será utilizado en zonas
recuperadas geomorfológicamente con material sobrante (colas) el proceso de
clasificación y concentración, en vista de que este material sale de este proceso muy
lavado, es poco probable que genere suelo por sí solo en un tiempo prudencial, una
vez dispersa la capa vegetal se procede a la revegetalización con plantas como la
vitabosa y posteriormente se procede a la reforestación con árboles como la acacia
mangium, mata ratón y nacedero.
(…)
Plan de recuperación geomorfológico: Las excavaciones realizadas con el proceso de
extracción del material aluvial, son rellenadas con material que sale de nuevos frentes
32 Folio 54 del c. anexo 2.
33 Folios 142 del c. 1.
34 Folio 176 del c. 1.
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de extracción. (…) La cota de recuperación estará entre 95 y 103 metros sobre el nivel
del mar, para poder garantizar el acomodamiento de todo el material teniendo en
cuenta un factor de expansión del 20 % y que además se tiene que generar el espacio
para acomodar las colas acumuladas en pilas producidas en el primer frente de
extracción, estas colas serán totalmente acomodadas dos años después de haber
iniciado labores.≫
3.3.3. La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó,
Codechocó, mediante resolución 1004 de 25 de agosto de 2009, allegada al
expediente, otorgó licencia ambiental a la empresa Aluviones de Colombia S.A. al
considerar que: (i) el concesionario presentó el estudio de impacto ambiental “con
base en los términos de referencia fijados por la Subdirección de Calidad y Control
Ambiental de Codechocó”; (ii) que de acuerdo con lo informado por el alcalde
municipal de Condoto el 8 de mayo de 2009, el área objeto del proyecto minero no
se encuentra dentro del perímetro urbano municipal y “no hace parte de territorios de
comunidades negras del municipio de Condoto, en consecuencia se descartó la
necesidad de reanudar la reunión de consulta previa iniciada el 12 de febrero de este
año”; (iii) que la Subdirección de Calidad y Control Ambiental de Codechocó rindió
concepto favorable para el otorgamiento de la licencia ambiental.
La licencia ambiental fue otorgada en los siguientes términos: para “la realización de
actividad minera (extracción de oro y platino y sus concentrados), la cual contempla
concesión de agua con un caudal de 88.31 lts/seg el cual será captado de las pozas
abandonadas existentes en el área que son alimentadas por la quebrada Platinero y
agua freática y vertimiento de agua en la quebrada Platinero en un volumen de 96700
M3/mes, en el sector de Espantamuerto en el municipio de Condoto, departamento
de Chocó, y su punto de Arcifinio está definido por las coordenadas planas X
1.054.096 y Y 1.046.034”.
En cuanto a las obligaciones derivadas de la licencia ambiental, Codechocó dispuso,
entre otras actividades, las siguientes: (i) realizar la explotación a cielo abierto por el
método de retrollenado del espacio explotado o minería de transferencia; (ii) retirar
secuencialmente la capa vegetal y ubicarla en un sitio adecuado para ser utilizada
en el proceso de readecuación geomorfológica del terreno; (iii) ejecutar el “programa
de compensación, consistente en la reforestación de 75 hectáreas”, (iv) garantizar la
estabilidad del terreno con pendientes, (v) disponer la grava estéril (piedra y arena)
producto del beneficio del material aluvial en los espacios explotados y proceder a
su replaneo; (vi) retrollenar el área explotada para restaurar el suelo, restablecer la
cobertura vegetal y proceder a la reforestación35.
3.3.4. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, aprobó la licencia
ambiental otorgada por Codechocó a la empresa Aluviones de Colombia S.A.,
mediante la resolución 1040 de 2 de junio de 2010, acto administrativo en el que
constan las obligaciones del concesionario de presentar ante el Ministerio, durante
el primer año de actividad, “informes semestrales de avance (…), acompañados de
un plano de las áreas que han sido recuperadas, las áreas en proceso de
recuperación y las áreas que se encuentren en explotación, junto con las medidas
de manejo implementadas”, y un “estudio geotécnico que establezca las condiciones
de estabilidad de los taludes tanto en húmedo como en seco, bajo las cuales se
desarrollará la explotación, de manera que se aseguren factores de seguridad por
encima de la unidad”, entre otros. Según consta en la Resolución 1480 de 30 de julio
de 2010, allegada al expediente, el Ministerio de Ambiente aclaró la licencia
ambiental en el sentido de precisar que la actividad minera “se realiza en jurisdicción
del municipio de Condoto en el departamento de Chocó”, no en Quibdó, como
mencionó en el acto de aprobación36.
3.3.5. El informe realizado por Ingeominas con base en la visita técnica de
seguimiento y control al área de concesión, realizada el 30 de noviembre y el 1 de
35 Folio 551 del c. 2.
36 Folios 560 y 565 del c. 2.
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diciembre de 2010, da cuenta de que “las zonas de explotación retrollenadas y “sitios
reconformados y perfilados, son utilizados para ubicar las instalaciones de la parte
administrativa (oficinas, campamento, restaurante, laboratorio y beneficio), talleres y
otros entregados a la comunidad como una cancha de fútbol (…)”. “No hay
vertimiento de materiales a las fuentes hídricas”. Adicionalmente, el informe describe
lo siguiente: (i) se visitó una pequeña explotación por el señor Oscar Mosquera
mediante lavado con monitor, donde trabajan tres personas desde hace cuatro
meses, unas dos o tres horas diarias. El agua utilizada para el lavado la capta por
medio de bombeo de un pequeño embalse ubicado dentro del área explotada (…)”.
(ii) “Se visitó por fuera la casa de Jesús Emilio Rentería, para conceptuar sobre unas
averías, que según el propietario, se deben a las actividades mineras de explotación
del contrato de concesión FKJ-083, con el cual limita su propiedad por la parte de
atrás. Según se pudo apreciar por fuera de la vivienda existen problemas
constructivos en cuanto a la falta de elementos estructurales, pega de ladrillos en
dirección inclinada, entre otros (…) En la parte media de la construcción se aprecia
una fractura que parece ser un despegue, donde convergen dos direcciones de
ladrillos en forma de ‘V’.” 37.
3.3.5.1. La coordinadora del Grupo de trabajo de Ingeominas en Medellín, por oficio
de 12 de agosto de 2011 allegado a este contencioso, dictado en respuesta a una
petición presentada por el alcalde del municipio de Condoto, Chocó, informó que en
el expediente del contrato de concesión FKJ-083 “no hay ninguna solicitud,
información o denuncia de eventos de inestabilidad por parte de su administración
que involucren las viviendas ubicadas en el área vecina del mencionado título.
Durante la visita de fiscalización y seguimiento (…) por solicitud del (…) asesor
administrativo de la empresa Aluviones de Colombia S.A. quien atendió dicha visita,
se visitó la casa del señor Jesús Emilio Rentería para conceptuar sobre unas averías
que según su propietario se deben a las actividades mineras de explotación del
contrato FKJ-083 (…). Se pudo apreciar por fuera de la vivienda que existen
problemas constructivos en cuanto a la falta de elementos estructurales (…). En la
parte trasera de la propiedad no se observó manifestación de inestabilidad
alguna. En el expediente sí obra información sobre la seguridad y posible afectación
de los barequeros como consecuencia de la explotación minera dentro del contrato
de concesión FKJ-083, posición que hemos aclarado en cuanto a que resulta
IMPOSTERGABLE la efectiva e inmediata adopción por parte de la Alcandía del
municipio de Condoto, (…) que prohíba de manera definitiva la presencia de
personas que ejercitan esta actividad”38.
3.3.5.2. En el segundo informe de visita técnica de seguimiento y control realizado
por Ingeominas conforme a lo observado en el área de concesión el 1 de diciembre
de 2011, consta que el problema con los barequeros continuó, “aunque muy
restringido por parte de la empresa” y “que falta señalización y cerramiento
principalmente por el límite oriental con el barrio Espantamuertos y parte sur del
título, para prevenir accidentes”. En cuanto a la parte ambiental, el informe concluyó:
(i) que “no hay vertimientos de materiales ni colas a las fuentes hídricas” y, (ii) que
“se retomó y reactivó el proyecto del vivero coordinado por un ingeniero ambiental,
con una capacidad de 5000 plántulas de Acacia Magnum (especie muy resistente)”.
Precisó, además, que “los retrollenados se realizan aprovechando la diferencia de
altura que se gana subiendo las colas por medio de bombas potentes a una parte
alta a más de 30 m de altura, donde aprovechan la altura para ir encauzando el
material a unas pozas o sectores donde se explotó, para lo cual se construyen una
especie de camellones y/o jarillones, para generar las pozas de sedimentación; de
esta forma van avanzando en la explotación y retrollenando.”39.
3.3.6. Codechocó, por su parte, realizó visita técnica el 11 de diciembre de 2011
para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por Aluviones de
37 Folio 426 del c. anexo 2.
38 Folio 480 del c. anexo 2.
39 Folio 540 del c. anexo 2.
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Colombia S.A. en reunión del 22 de agosto del mismo año 40, celebrada con motivo
de la medida preventiva de suspensión de las actividades mineras impuesta
mediante resolución 0111 de 16 de agosto de 201141, levantada transitoriamente por
resolución 1612 de 28 de octubre de 201142. El informe citado, incorporado al
expediente, da cuenta de la verificación de los siguientes factores ambientales:43
(i) El monitoreo para determinar la calidad del agua vertida, aspecto frente al cual
el profesional de Codechocó observó que “el proceso de manejo de las aguas es
cerrado, ya que el agua que entra al sistema es por la acción de las lluvias y esta
circula por las diferentes pozas de sedimentación sin generar vertimiento directo
a fuentes hídricas cercanas, se está a la espera de los resultados de laboratorio
de agua de Codechocó”.
(ii) El monitoreo de emisión de gases en la etapa de beneficio de mineral que
encontró pendiente, porque el estudio fue programado para enero de 2012 debido
a que “la emisión de gases no persiste más de 5 minutos en el aire por lo tanto
no se puede muestrear, además, por los siguientes criterios técnicos: Que sin
existir un ducto que lleve los contaminantes directamente a la atmosfera no es
posible realizar la medición de muestreo en fuentes fijas (…). Si el proceso es de
5 minutos no se considera que se acumulen gases en el ambiente de trabajo y
más aun con extractores de áreas que permiten la renovación del aire”.
(iii) La restauración geomorfológica y la reforestación en los sectores en que la
explotación culminó, actividad respecto de la cual el profesional de Codechocó
verificó la realización de “retrollenados en algunas áreas de explotación, de igual
manera se nivelaron algunas pozas de sedimentación que cumplieron su vida útil,
se realizó realce del jarillón para evitar vertimientos, el cual no se genera en la
actualidad”.
En este escenario, el profesional de Codechocó concluyó que la empresa Aluviones
de Colombia S.A. “viene dando cumplimiento a los compromisos establecidos en
la resolución por la cual se levanta transitoriamente una medida preventiva,
específicamente en las actividades de evaluación ambiental del vertimiento y
restauración geomorfológica y reforestación en los sectores en que la explotación
culminó, (…) no ha realizado el monitoreo de emisión de gases en la etapa de
beneficio de mineral por criterios técnicos.”.
Adicionalmente, puso de presente que se observaron fallas en la estructura de
algunas viviendas cercanas al área de concesión minera, motivo por el cual el
profesional de Codechocó presentó como “sugerencia (…), designar ingeniero civil
preferiblemente con especialización en patología de la construcción y/o geólogo al
sitio donde se ubican las viviendas con fallas en su estructura para que evalúe y
determine si este deterioro es generado por la actividad minera que realiza la
Empresa Aluviones de Colombia.”.
3.3.6.1. Según consta en el auto nro. 906 de 28 de diciembre de 2011, el director
general de Codechocó ordenó abrir investigación administrativa de carácter
ambiental en contra de la empresa Aluviones de Colombia S.A. y dispuso “tener
como prueba el informe técnico de fecha 9 de diciembre de 2011, suscrito por
funcionario de Codechocó”. La decisión fue sustentada en el informe técnico y en el
oficio remitido por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, por medio
del cual esa agencia puso en conocimiento de la autoridad ambiental la
comunicación de la alcaldía de Condoto que informó “acerca de algunas viviendas
que presentan agrietamientos en su estructura debido a trabajos mineros
adelantados por la empresa Aluviones de Colombia S.A.” 44.
40 Folio 356 del c. 1.
41 Folio 346 del c. 1.
42 Folio 357 del c. 1.
43 Folio 364 del c. 1.
44 Folio 373 del c. 1.
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3.3.6.2. Codechocó realizó un nuevo estudio técnico el 29 y 30 de diciembre de 2011
con el objetivo de “realizar visita técnica a los impactos ocasionados en las viviendas
ubicadas en el barrio Platinero por la actividad minera desarrollada por la empresa
Aluviones de Colombia”. En el informe de la visita consta que las viviendas visitadas,
ubicadas en el barrio Espantamuertos, próximas a los frentes de explotación,
presentan “agrietamientos en pisos y paredes (…) Según las primeras evidencias
encontradas, se cree que posiblemente la actividad minera ha afectado o facilitado
el agrietamiento de las viviendas que están construidas en suelos sedimentarios que
presentan poca consistencia y resistencia al corte, además del efecto de las lluvias,
la infiltración del agua que satura los poros del cuerpo sedimentario y/o la pérdida
de este mismo que puede provocar pequeños y lentos asentamientos del terreno
(…). Como es una visita preliminar a las zonas afectadas, es importante contar con
un estudio geológico y geotécnico detallado que demuestre cómo pueden
comportarse los suelos próximos a los cortes de los frentes de explotaciones
realizadas por la empresa Aluviones de Colombia S.A. y que sirva, además, para
determinar las diferentes técnicas constructivas, junto con las restricciones de uso
que de allí se deriven para antiguas y nuevas construcciones”45.
3.3.6.3. En el “informe de seguimiento de licencia ambiental” fechado el 8 de junio
de 2012, aportado al expediente, Codechocó observó el “deterioro de las viviendas
que colindan con la explotación” y encontró personas “realizando actividades
mineras con motobombas los cuales cuentan con maquinaria rudimentaria y sin la
debida protección”; situación que el concesionario informó a la autoridad municipal.
En las conclusiones del informe de seguimiento, el profesional de Codechocó
expuso que la empresa Aluviones de Colombia “no ha cumplido con la totalidad de
las obligaciones” previstas en la licencia ambiental, en específico: (i) “realizar
semestralmente una evaluación completa sobre la calidad fisicoquímica y
bacteriológica de la fuente hídrica (río Condoto – quebrada Platinero)”; (ii) “enviar a
Codechocó en un tiempo no mayor a 30 días la póliza minero ambiental”; (iii)
“realización de talleres de prevención de desastres, capacitación en sistemas de
seguridad y medidas ambientales y taller de capacitación y técnica minera” 46.
3.3.6.4. La resolución 0834 de 13 de junio de 2012, allegada al expediente, da
cuenta de que Codechocó impuso medida preventiva consistente en la suspensión
de la actividad minera ejercida por Aluviones de Colombia S.A., por el
incumplimiento de las obligaciones ambientales relacionadas con la evaluación de
la calidad del agua, el envío de la renovación de la póliza minero ambiental, la
realización de talleres de capacitación y de prevención de desastres y por
“vislumbrar” presuntas afectaciones en las viviendas aledañas al área
concesionada47.
3.3.6.5. Las actuaciones subsiguientes aportadas a este contencioso dan cuenta de
que Codechocó, en el trámite del proceso sancionatorio: (i) negó la solicitud de
levantamiento de la medida preventiva de suspensión por medio de la resolución
1058 de 6 de agosto de 201248, (ii) formuló pliego de cargos en contra del
concesionario el 31 de enero de 201449, (iii) ordenó oficiar a la alcaldía de Condoto
para que remitiera las licencias de construcción de las viviendas aledañas a la
explotación y certificados de la antigüedad o fecha probable de construcción de las
viviendas circundantes al área explotada, entre otros, y, (iv) programó visita técnica
al área de concesión el 29 de enero de 2015, para “constatar las condiciones
actuales de explotación con el fin de tener mayores elementos de juicio a la hora de
adoptar la decisión que ponga fin al proceso sancionatorio” 50.
45 Folios 106, 113 y ss. del c. de anexo 3.
46 Folio 171 del c. anexo 3.
47 Folio 183 del c. anexo 3.
48 Folio 203 del c. anexo 3.
49 Folio 319 del c. anexo 4.
50 Folio 220 del c. anexo 3.
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3.3.7. Al expediente también fue allegado el oficio de 25 de marzo de 2015, expedido
por el Secretario de Planeación y Obras Públicas del municipio de Condoto en
cumplimiento del auto de pruebas dictado en este contencioso, en el que consta que
en esa oficina “no reposan licencias de construcción ni tampoco los planos de las
viviendas que los actores de la acción de grupo denuncian como dañadas” 51.
3.3.8. Por otra parte, el testimonio rendido en este contencioso por Luis Francisco
Lance Aguado en condición de extrabajador de la empresa Aluviones de Colombia
S.A. y habitante del municipio de Condoto, relata que, en ejercicio del cargo de
operario de maquinaria pesada en el área de concesión, tuvo conocimiento de que
las operaciones mineras eran supervisadas en todo momento por el jefe de
extracción y de que en la zona aledaña al barrio Platinero “buscamos la forma de
dejar el espacio que es requerido (…), y ese espacio se lo comían o trabajaban los
motobomberos siendo del mismo barrio, que no hacían caso ni a la policía y que
muchas veces se decomisaron varias motobombas, utilizamos la maquinaria de
aluviones para retrollenar y [hacer] recuperación morfológica de la parte afectada
por los motobomberos” 52.
3.3.9. La apreciación en conjunto de los medios de prueba documentales citados
denota que la actividad minera habilitada a la empresa Aluviones de Colombia S.A.,
mediante licencia ambiental concedida por Codechocó en junio de 2010, lleva
implícita una carga ambiental para el concesionario que forma parte de sus
obligaciones contractuales, dirigidas a prevenir, mitigar, recuperar y compensar las
afectaciones ambientales.
Para la identificación y evaluación de las afectaciones ambientales devenidas de la
actividad minera, el Código de Minas establece como medios e instrumentos para la
vigilancia de “las labores mineras por el aspecto ambiental”, las siguientes: (i) los
planes de manejo ambiental, (ii) el estudio de impacto ambiental, (iii) la licencia
ambiental, (iv) los permisos o concesiones para la utilización de recursos naturales
y, (v) las guías ambientales y demás autorizaciones (art. 198). En lo atinente a la
licencia ambiental, el Código de Minas prevé que la autoridad competente la otorgará
con base en el estudio de impacto ambiental presentado por el concesionario para
la construcción, el montaje, la explotación objeto del contrato y el beneficio (art.
205)53. La licencia comprende “los permisos, autorizaciones y concesiones de
carácter ambiental para hacer uso de los recursos necesarios en el proyecto minero.
La vigencia de dichos permisos y concesiones será igual a la de la Licencia
Ambiental” (art. 207)54.
En este caso, la licencia ambiental habilitó la actividad minera de extracción de oro
y platino en el área de concesión ubicada en el municipio de Condoto, colindante por
el nororiente con viviendas del barrio Platinero, según lo descrito en los informes
técnicos realizados tanto por Ingeominas como por Codechocó y, comprendió,
además, la concesión de aguas. La ubicación del área de concesión determinada en
la licencia ambiental conforme a las coordenadas descritas en dicho acto, con punto
arcifinio “X 1.141.125” y “Y 1.054.646”, acredita que la explotación minera se lleva a
cabo “en el sector denominado Espantamuertos, ubicado en el barrio Platinero del
casco urbano del municipio de Condoto”, con implicaciones mínimas o
“despreciables” en la infraestructura y bienestar social, según consta en el estudio
de impacto ambiental que sustentó el otorgamiento de la licencia.
51 Folio 795 del c. 2.
52 Folio 864 del c. 2.
53 Licencia ambiental. “Con base en el Estudio de Impacto Ambiental la autoridad competente otorgará o no la
Licencia Ambiental para la construcción, el montaje, la explotación objeto del contrato y el beneficio y para las
labores adicionales de exploración durante la etapa de explotación. Dicha autoridad podrá fundamentar su
decisión en el concepto que al Estudio de Impacto Ambiental hubiere dado un auditor externo en la forma prevista
en el artículo 216 de este Código.”.
54 Clase de licencia. “La Licencia Ambiental para las obras y trabajos del concesionario se otorgará de manera
global para la construcción, montaje, explotación, beneficio y transporte interno de los correspondientes
minerales. La Licencia Ambiental comprenderá los permisos, autorizaciones y concesiones de carácter ambiental
para hacer uso de los recursos necesarios en el proyecto minero. La vigencia de dichos permisos y concesiones
será igual a la de la Licencia Ambiental.”.
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La calificación de la magnitud del impacto de la actividad minera, avalada por la
autoridad ambiental al conceder la licencia, lleva a inferir que la explotación, por sí
misma, no involucró un daño ambiental alto para el suelo aledaño al área
concesionada, consistente en erosión, hundimiento o deslizamiento, ni generó
deterioro de la “infraestructura” cercana, como son las viviendas habitadas por los
integrantes del grupo ubicadas en el sector Espantamuertos del municipio de
Condoto55.
Los informes de visita técnica realizados por Ingeominas en diciembre de 2010 y
2011 tampoco dan cuenta del acaecimiento del daño ambiental. Por el contrario,
denotan el cumplimiento de las obligaciones ambientales de prevención, mitigación,
corrección y compensación de los recursos naturales, al constatar la calidad de la
fuente hídrica, la realización de retrollenados en las áreas explotadas y la
reactivación del vivero productor de las especies destinadas a la restauración de la
vegetación. En lo concerniente a la infraestructura, los estudios no refieren
alteraciones de alto impacto en el suelo colindante al área concesionada, ni
hundimientos o deslizamientos generadores de “inestabilidad” en las viviendas
aledañas que presentan “problemas constructivos en cuanto a la falta de elementos
estructurales”.
Los informes de Codechocó realizados en diciembre de 2011, en los que consta el
cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos por la empresa
concesionaria frente a la calidad del agua, monitoreo de gases y restauración
geomorfológica, tampoco refieren alteraciones del suelo consistentes en
hundimientos o deslizamientos. Por este motivo, la determinación de la causa de las
averías en las viviendas aledañas al área de concesión minera quedó sujeta a la
realización de un estudio técnico especializado en “patología de la construcción”,
precisamente para evaluar y determinar si el deterioro fue generado por la actividad
minera realizada por la Empresa Aluviones de Colombia.
La visita de seguimiento de licencia ambiental realizada por Codechocó el 8 de junio
de 2012 no refiere un impacto ambiental en el suelo aledaño al área concesionada
por activación de procesos erosivos generadores de hundimiento, deslizamiento o
agrietamiento del terreno con consecuencias negativas en la estructura de las
viviendas aledañas, hecho que desvirtúa la ocurrencia del daño ambiental alegado
por el grupo accionante. Este documento sólo refiere un posible incumplimiento del
concesionario frente a la periodicidad de la evaluación de la fuente hídrica
comprendida en la licencia ambiental, la renovación de la póliza minero ambiental y
la realización de talleres de capacitación y técnica minera, seguridad y prevención
de desastres.
La ausencia de certeza sobre la causa de las averías vislumbradas por el profesional
de Codechocó hizo necesario que la autoridad ambiental ordenara oficiar a la
alcaldía municipal de Condoto para que remitiera las licencias de construcción de
las viviendas afectadas y previera la realización de una nueva visita técnica
programada para enero de 2015, diligencia que no obran en el proceso sancionatorio
ambiental allegado a este contencioso mediante oficio de 10 de febrero de ese año56.
Tampoco fue aportado al expediente el dictamen pericial solicitado a la Universidad
Tecnológica del Chocó, decretado en este contencioso “a costa de la parte
accionante” para “corroborar los daños ambientales causados a cultivos, viviendas,
flora, fauna de la región y al ecosistema en general”, prueba técnica que resultaba
determinante para acreditar tanto la certeza del daño ambiental como la causa del
mismo. La inobservancia de la carga probatoria, rebatida por el apoderado del grupo
en el recurso de apelación al considerar que el tribunal incurrió en “una irregularidad
55 Folio 187 del c. 1.
56 Folio 790 del c. 2.
Expediente: 27001-23-31-000-2012-00068-01 (AG)
Demandante: Anuar Montalvo Mosquera y otros
sustancial” al no decretar el dictamen pericial, hace necesario reiterar que la prueba
técnica fue decretada de manera expresa, tal como consta en la providencia de 6 de
febrero de 2015, distinto es que la parte interesada no la aportó ni solicitó su práctica
en la etapa procesal dispuesta para el recaudo del material probatorio. Así, el tribunal
dio paso a la etapa de alegaciones sin que el grupo actor cuestionara la providencia
de 22 de mayo de 2015, que concluyó la etapa probatoria57.
La prueba técnica referida resultaba determinante, en primer lugar, porque los
documentos técnicos allegados al expediente, expedidos por la autoridad minera de
la época (Ingeominas), en ejercicio de la función de “seguimiento a los contratos de
concesión y demás títulos mineros para la exploración y explotación de minerales
de propiedad del Estado”58, y por la autoridad ambiental Codechocó, encargada de
la “evaluación, control y seguimiento de las actividades de exploración, explotación,
beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables”59, no
acreditan la existencia del daño ambiental devenido por procesos erosivos
generadores de hundimiento, deslizamiento o agrietamiento, dado que ninguno hace
referencia a impactos ambientales negativos en el suelo aledaño al área de
concesión minera.
En segundo lugar, porque los informes técnicos referidos exponen circunstancias
que descartan el daño ambiental como causa de las averías de las viviendas
colindantes al área de concesión minera, al denotar Ingeominas “problemas
constructivos”, “falta de elementos estructurales” y ausencia de “inestabilidad” 60, y
considerar Codechocó que la construcción se realizó en “suelos sedimentarios que
presentan poca consistencia y resistencia” por explotaciones mineras de antaño,
aunado al ejercicio de actividad minera ilegal en zonas aledañas a las
construcciones61.
Codechocó pretendió analizar las fallas constructivas de las viviendas a partir de las
licencias de construcción que fueron solicitadas en el proceso sancionatorio
ambiental, según consta en el auto de pruebas expedido el 14 de julio de 201462,
documentos que también fueron decretados como prueba documental en este
contencioso, pero no fueron allegadas porque, según consta en el oficio dictado por
el secretario de Planeación y Obras Públicas del municipio de Condoto en marzo de
2015, en los archivos de la Secretaría “no reposan” ni licencias ni planos de la “casas
que los actores de la acción de grupo denuncian como dañadas”63.
La autoridad ambiental también mencionó “el efecto de las lluvias” como posible
causa de la avería de las viviendas, fenómeno natural frente al cual el IDEAM, en
cumplimiento del decreto de pruebas dictado en este contencioso, certificó el
comportamiento de la precipitación y su índice en el municipio de Condoto, Chocó,
durante los años 2010 a 2012, en el sentido de indicar que en noviembre y diciembre
de 2010, diciembre de 2011 y, marzo y diciembre de 2012, esa zona del país
presentó “lluvias moderadamente por encima de lo normal o muy lluvioso” en y en
julio de 2010 “lluvias por encima de lo normal o extremadamente lluvioso”64.
En este orden, es válido afirmar que los integrantes del grupo no acreditaron el
acaecimiento del daño ambiental deprecado como causa común de los perjuicios
57 Folio 817 del c. 2.
58 Decreto 4134 de 2011, por medio del cual se crea la Agencia Nacional de Minerías. Antes decreto 252 de
2004, que fijaba las funciones de Ingeominas como autoridad minera.
59 Ley 99 de 1993, “por la cual se crea el Ministerio de Ambiente”. Artículo 31. “Las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercerán las siguientes funciones: (…) 11. 11. Ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de
los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas
al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las
funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley; (…)”.
60 Apartado 3.3.5.
61 Apartado 3.3.6.
62 Folio 336 del c. anexo 4.
63 Apartado 3.3.7.
64 Folio 792 del c. 2.
Expediente: 27001-23-31-000-2012-00068-01 (AG)
Demandante: Anuar Montalvo Mosquera y otros
individuales que, vale decir, tampoco se encuentran demostrados en el expediente,
pues no aportaron informe técnico de las averías de cada una de las viviendas
ni medio probatorio que permita determinar la condición de propietario,
tenedor o poseedor de los actores que conforman el grupo. Sólo allegaron
declaraciones extrajuicio rendidas por quienes manifestaron ser habitantes del
municipio de Condoto, con formatos idénticos, en los que se les pregunta si “sabe y
le consta que es poseedor de un terreno minero en el sitio denominado sector
Espantamuertos donde realiza actividades de minería”, con respuesta afirmativa.
También se aportaron “pólizas de compraventa” y una “póliza de donación de una
casa”, sin certificado de tradición alguno.
Frente a la prueba del derecho de dominio de bienes inmuebles, la jurisprudencia de
la Sección ha precisado que “el certificado que expida el registrador de instrumentos
públicos en el cual aparezca la situación jurídica de un determinado inmueble y en el
cual se identifique como propietario –por la correspondiente inscripción del título que
dio lugar a ello- la persona que alegue esa condición (…) constituye plena prueba de
ese derecho.”65. Asimismo, esta Corporación ha considerado que “probar la posesión
no es otra cosa que probar sus elementos conforme se encuentran articulados en la
definición que de ella hace el artículo 762 del Código Civil, vale decir, el corpus (la
tenencia del bien) y el animus (el ánimo de señor y dueño). Como ha dicho la Sala
de Sección66: ‘Teniendo en cuenta la doble dimensión del hecho jurídico de la
posesión, la física de aprehensión material de la cosa y la subjetiva de voluntad o
intención de mantenerla en su poder, en principio la prueba de la posesión estará
dada por la demostración del ejercicio del poder de hecho sobre la cosa, unido a la
afirmación de que se está poseyendo para sí (presunción contenida en el art. 762
Código Civil)’.” 67.
Cuando se pretende la indemnización de perjuicios individuales o ‘intereses
privados’ generados por una causa común, la carga probatoria del grupo
demandante implica la acreditación de la vulneración del derecho colectivo, en este
caso el medio ambiente, y la demostración de su repercusión en el patrimonio
particular que cimenta la pretensión indemnizatoria característica de la acción de
grupo. Sobre el tema, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que
“esta acción permite amparar toda clase de derechos constitucionales
fundamentales y subjetivos de origen constitucional o legal, así como derechos e
intereses colectivos. En ese sentido, la acción de grupo se fundamenta en los daños
ocasionados por las autoridades públicas o los particulares a un número plural de
personas, quienes amparadas en una misma causa y a través de una acción única,
reclaman el pago de la respectiva indemnización, la cual, a pesar de referirse a
intereses comunes, se individualiza y se reconoce a título de reparación por los
perjuicios sufridos por cada uno de los miembros del grupo”68.
En vista de lo anterior, no es posible inferir que el grupo demandante padeció un
daño ambiental como causa común de los perjuicios individuales que motivaron el
ejercicio de la acción de grupo, ni es viable concluir que la supuesta afectación
patrimonial es imputable a los demandados, pues se trata de un daño respecto del
cual no se tiene prueba, por el contrario, los medios probatorios allegados al
expediente dan cuenta de la variedad de causas posibles de las averías de las
viviendas, como son las fallas constructivas observadas en las visitas técnicas de las
autoridades ambiental y minera, las características del suelo con las limitaciones en
su uso y factores meteorológicos (precipitaciones).
Así, la Sala concluye que la respuesta al primer problema jurídico es negativa,
porque los integrantes del grupo demandante no acreditaron el daño ambiental que
señalaron como causa común del perjuicio individual consistente en el deterioro de
65Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 13 de mayo de 2014, exp. 23128. Asimismo, sentencias
de la Subsección C de 10 de noviembre de 2016, exp. 34672 y de 14 de octubre de 2021, exp. 52669.
66Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 10 de julio de 2003,
expediente: 73001-23-31-000-1993-9918-01(11163)
67Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 1 de diciembre de 2021, exp. 62403.
68 Corte Constitucional, sentencia SU-018 de 1 de febrero de 2024.
Expediente: 27001-23-31-000-2012-00068-01 (AG)
Demandante: Anuar Montalvo Mosquera y otros
las viviendas aledañas al área de explotación minera concesionada a la empresa
Aluviones de Colombia S.A., ubicada en el municipio de Condoto, Chocó.
4. Costas
De conformidad con los artículos 65 de la Ley 472 de 1998 y 188 del CPACA69 que
remite a las disposiciones del CGP, la condena en costas procede en contra de la
parte vencida o contra quien se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación,
siempre que “en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación” 70, verificación que corresponde al juez de primera instancia
encargado de la liquidación de manera concentrada. En lo atinente a las agencias
en derecho, entendidas como “la porción de las costas imputables a los gastos de
defensa judicial de la parte victoriosa”, la Sala observa que en este caso no procede
su imposición porque no aparece demostrado en el expediente que las demandadas
hubieran incurrido en gastos por este concepto durante la segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del
Chocó el trece (13) de enero de dos mil dieciséis (2016), que negó las pretensiones
de la demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia.
TERCERO: En firme esta decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
Cópiese, Notifíquese y Cúmplase,
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
Firmado electrónicamente
WILLIAM BARRERA MUÑOZ NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VF
YOD
69 “CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.”.
70 CGP, artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que
haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que
dio lugar a aquella. (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación.
CGP, artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en
el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con
sujeción a las siguientes reglas: (…)
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