Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-31-000-2017-00105-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ausencia de vulneración de derechos fundamentales
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-31-000-2017-00105-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 27001-23-31-000-2017-00105-01
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez
26 de febrero de 2018
AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES / ESQUEMA DE SEGURIDAD / NIVEL DE RIESGO EXTRAORDINARIO
La Sala debe decidir si se confirma la decisión de primera instancia que amparó los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal del [accionante], o si, como lo alega la UNP, se debe revocar la providencia impugnada, para en su lugar, negar la solicitud de amparo, ya que una decisión al respecto no es competencia del juez de tutela, en tanto no existen hechos respecto de los cuales no se hubiere realizado el estudio correspondiente. (…) la Sala observa que la inconformidad planteada por el actor respecto del esquema de protección que le fue asignado (un hombre de protección, un medio de comunicación y un chaleco blindado), obedece a que, según su criterio, debe asignársele una vehículo idóneo para su desplazamiento, dadas las situaciones de riesgo y amenaza en que se encuentra. Al respecto, contrario a lo considerado por el a quo, del contenido de cada una de las resoluciones que se han proferido con ocasión de la solicitud de medidas de protección en favor del actor, la Sala observa que las situaciones fácticas de riesgo expuestas por este, fueron objeto de estudio por de las diferentes instancias competentes para decidir al respecto, como lo son el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas – CERREM y el Grupo de Valoración Preliminar - GPV de la UNP, en los términos del Decreto 1066 de 2015, adicionado y modificado por el Decreto 567 de 2016. (…) se extrae de los mismos actos administrativos que estas fueron valoradas por las diferentes instancias, donde concluyeron que su nivel de riesgo fue extraordinario, y por ello la ponderación realizada arrojó una intensidad 52.22%.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos dieciocho (2018)
Radicación número: 27001-23-31-000-2017-00105-01(AC)
Actor: ODIN SANCHEZ MONTES DE OCA
Demandado: MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTRO
La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por la Unidad Nacional de Protección, en adelante UNP, contra la sentencia de 21 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, que amparó los derechos fundamentales a la vida, libertad, integridad y seguridad personal del señor Odín Sánchez Montes de Oca, en el sentido de restablecerle medidas de protección hasta tanto se le realice un nuevo estudio de seguridad.
ANTECEDENTES
EL ESCRITO DE TUTELA
Para una mejor comprensión del asunto, la Sala se permite resumir de la siguiente forma los supuestos fácticos y jurídicos planteados por la parte demandante:
Informó el actor que, el 3 de abril de 2016, a solicitud del Ejército de Liberación Nacional (ELN), se vio obligado a canjearse por su hermano Patrocinio Sánchez Montes de Oca, quien se encontraba secuestrado por el mencionado grupo guerrillero; pero que luego de haberse pagado una gran suma de dinero y que el señor Presidente advirtiera que no iniciaría diálogos con ellos hasta que no fuera puesto en libertad, ello ocurrió el 2 de febrero de 2017; pero bajo la advertencia que no se había cancelado la totalidad del dinero acordado, que «ascendía a $3.000.000.000».
Señaló que desde su liberación se ha dedicado viabilizar y organizar a las víctimas del conflicto armado con el ya mencionado grupo al margen de la ley, realizando diferentes actividades, de lo cual nació la Asociación Departamental de Víctimas del Conflicto Armado con el ELN “ASODEVICE”. Que solicitó ante la UNP protección personal, frente a lo cual, el grupo de valoración preliminar de la entidad determinó su riego de nivel «EXTRAORDINARIO», con una matriz de 52.22%, lo cual fue validado el 13 de junio de 2017, por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas -CERREM y, así mismo, lo adoptó la dirección general de la entidad, mediante Resolución 3731 de 14 de junio de 2017, en la que se determinó vincularlo al esquema de seguridad de su hermana Astrid Sánchez Montes, conformado por un vehículo convencional y tres hombres de protección, adicionándole, de forma particular, un chaleco blindado y un medio de comunicación.
Adujo que contra la anterior decisión interpuso recurso de reposición, al considerar que los riesgos de seguridad de uno y otro son diferentes y que ambos tienen diferentes domicilios, pues ella preside el partido político de la U, y él se dedica a actividades con víctimas del conflicto como quedó expuesto en precedencia.
Contó que mediante Resolución 4462 de 19 de julio de 2017, la UNP repuso el acto administrativo mencionado, en el sentido de «Apartarse de la recomendación dada por el Comité de Evaluación del Riesgo y recomendación de Medidas – CERREM – para el caso del peticionario referido y en su lugar mantener las medidas de porte acción con que contaba el señor ODIN HORACIO SANCHEZ MONTES DE OCA», de manera temporal, hasta tanto se le realizara un nuevo estudio de seguridad.
Manifestó que, luego del estudio realizado, el Comité de Evaluación del Riesgo y recomendación de Medidas – CERREM –mediante Resolución 5448 del 24 de agosto de 2017, recomendó su desvinculación del esquema familiar inicialmente asignado, ordenando la asignación de uno de los hombres del mismo a su seguridad personal, un chaleco blindado y un medio de comunicación.
Adujo que presentó escrito contra esta nueva decisión, informando acerca de su inconformismo con la misma, al considerar que si bien el comité reconoció su nivel de riesgo y las medidas pertinentes para afrontarlo, pasó por alto su actividad diaria y domicilio, lo cual refleja por qué no puede compartir el vehículo asignado al esquema de seguridad de su hermana; realizando afirmaciones que no coinciden con la realidad.
PRETENSIÓN
Como consecuencia de todo lo anterior, señaló:
«1°.- Con base en la situación fáctica expuesta, promuevo la Tutela de mi derecho fundamental a la vida, a la integridad personal y a la Seguridad Personal, vulnerados por la Unidad Nacional de Protección, adscrita al Ministerio del Interior y que en consecuencia se revoque la Resolución No. 6715 de 13 de octubre, se ordene completar los medios necesarios de protección personal, que da cuenta la decisión de mi inconformidad, y se asigne un medio de transporte (vehículo automotor) para mi desplazamiento y el del escolta asignado a los sitios donde realizo mis actividades cotidianas, para así evitar en lo posible un hecho irremediable.
2°.- Solicito igualmente, se responsabilice al Estado Colombiano, por lo que pueda pasar a mi vida e integridad física, en caso de que no se dispongan las medidas de protección necesarias.
3°.- Imponer las sanciones establecidas por la entidad accionada, “Por los daños irreparables que pueda sufrir por la negativa en procurarme la protección y evitar a mi vida un grave riesgo y peligro”.»
ACTUACIÓN PROCESAL DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante auto de 14 de noviembre de 2017, el Tribunal Administrativo del Chocó, en sala unitaria, admitió la acción de tutela de la referencia, y ordenó notificar en calidad de accionados al Ministerio del Interior – Unidad Nacional de Protección, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 y concordantes del Decreto 2591 de 1991.
INFORMES RENDIDOS EN EL PROCESO
Ministerio del Interior.
El ente ministerial, a través de la directora de derechos humanos, solicitó su desvinculación del trámite constitucional por carecer de legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que a partir del 1.° de noviembre de 2011, el programa de protección, actualmente reglamentado por el Decreto 1066 de 2015, fue trasladado a la Unidad Nacional de Protección, en los términos del Decreto 4065 de 2011.
Unidad Nacional de Protección
La entidad, mediante escrito de 17 de noviembre de 2017, luego de recordar el procedimiento a seguir en los términos del Decreto 1066 de 2015 y el trámite adelantado respecto del señor Odín Sánchez Montes de Oca, en los mismos términos expuestos en el escrito de tutela, adujo que:
«[…] en este orden de ideas es menester dejar claro que el accionante no cuenta con el personal especializado y técnico ya que para eso la Ley creo autoridades especializadas que cumplen dicha función, reiterando que la implementación de las medidas de protección se hizo con base en el estudio de nivel de riesgo y las recomendación (sic) del CERREM, razón por la cual la accionante no puede pretender definir según su criterio su riego (sic) y las medidas idóneas, dicha facultas es exclusiva de la autoridad competente CERREM.
[…]
Es pertinente aclarar que de acuerdo al análisis del caso y el trabajo de campo realizado por el analista del caso consignado en el Acto Administrativo Resolución 6715 de 2017, deja en evidencia que e accionante no presenta algún hecho de amenaza por la labor que realiza como defensor de víctimas del conflicto armado, así como en los desplazamientos que realiza, cabe también mencionar que en la entrevista rendida a dicho analista es el mismo señor Sánchez quien manifiesta que su secuestro fue netamente extorsivo, por tal razón los miembros del Comité de Evaluación de Riesgo y recomendación de Medidas – CERREM, no accedieron a las pretensión del accionante toda vez que su matriz de riesgo es inversamente proporcional a la solicitud de asignación de vehículo de protección teniendo en cuenta que las medidas de protección se asignan en estricta sujeción a la matriz de riesgo ponderada.
[…]
Así mismo, es de anotar que en lo atinente a la inconformidad del señor Odín Horacio, con respecto la vinculación del esquema protectivo el cual compartía con la señora Astrid Sánchez Montes de Oca, ya que –según él no era una medida idónea, pues existía una gran distancia entre las dos residencias que nos (sic) les permitiría desarrollar sus actividades con normalidad. Hecho que fue desvirtuado en el último estudio realizado en su favor, pues una vez realizadas las labores de campo por parte del analista adscrito al CTRAI se constató que el desplazamiento en vehículo tiene durabilidad de cinco minutos.
[…]
Las pretensiones del accionante se tornan improcedentes debido a que las medidas de protección que otorga o no la Unidad se hacen con base en un estudio especializado por parte de personal capacitado para esa función específica y no por las consideraciones y/o solicitudes que pueda hacer cada beneficiario, razón por la que no se puede tener en cuenta como fundamento para otorgar medidas de protección por la simple apreciación de la accionante.
Así las cosas, el caso del accionante surtió el procedimiento reglado en el parágrafo segundo del artículo 2.4.1.2.40 del Decreto 1066 de 1066 de 2015 “revaluación del nivel de riesgo, no obstante, se observa que, si recurre a la acción de tutela para pretender medidas de protección que considera son las que se ajustan a su nivel de riesgo, desconociendo las vías ordinarias establecidas en la Ley toda vez que el mismo puede recurrir nuevamente a la revaluación de nivel de riesgo, descrito en el parágrafo segundo del citado artículo, en caso de aportar hechos sobrevinientes que cumplan las características del riesgo de acuerdo a los pronunciamientos hechos mediante sentencias T-719 de 2003, T 1026 de 2002, […]»
LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal Administrativo del Chocó, mediante sentencia de 21 de noviembre de 2017, amparó los derechos fundamentales a la vida, libertad, integridad y seguridad personal del accionante y, ordenó a la Unidad Nacional de Protección «restablecer el esquema de seguridad del cual era beneficiario el señor ODIN SÁNCHEZ MONTES DE OCA, en forma colectiva, pero en esta vez en forma individual y completo. En tal sentido, al accionante se le asignará, un vehículo convencional, además del hombre de protección, el medio de comunicación y el chaleco blindado, hasta tanto la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN, a partir de la revaluación del riesgo, defina otra medida a la aquí ordenada, con observancia del debido proceso administrativo del involucrado y directo interesado».
Lo anterior, al considerar que:
«[…] Ya lo ha dicho la Corte Constitucional, que el juez de tutela carece de los elementos de juicio que le permitan evaluar en qué grado de riesgo se encuentra una persona, en tanto, para ello la Unidad tiene dos protocolos, luego no es posible, por esta vía, invadir la competencia de la Unidad Nacional de Protección y determinar la naturaleza del riesgo y, mucho menos, las medidas de protección que se deben adoptar. Sin embargo teniendo en cuenta que 1) el acto fue víctima de secuestro extorsivo por pate del ELN y por tanto víctima de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario 2) que en la actualidad según su dicho, no desvirtuado por la entidad accionada, se dedica a actividades sociales ejerciendo el cargo de Presidente de la Asociación Departamental de Víctimas del Conflicto, condición que le implica, desplazarse permanente con ocasión de eventos dentro y fuera del departamento del Chocó 3) puso en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección a través de los recursos por él interpuestos los hechos por los cuales teme por su vida, integridad, libertad y seguridad. 4) la Unidad Nacional de Protección conoce que el accionante y la señora Astrid Sanchez Montes de Oca, con quien compartía esquema de protección colectiva según Resolución No. 3731 de 2017 residen en lugares distantes, 5) no ha operado según las evidencias ninguna de las causales de suspensión y/o finalización de las medidas de prevención y protección estipuladas en la ley, que impliquen variación en el esquema de seguridad inicialmente otorgado en forma colectiva, 5) no hay prueba dentro de la actuación que justifique la medida de reducir el esquema de seguridad asignado inicialmente al accionante al momento de ingresar al programa de protección, la Sala advierte, que las anteriores situaciones enlistadas, hacen presumir, que el riesgo permanece, y que por tanto no hay motivo, para variar las condiciones iniciales de protección otorgadas al solicitante en la primera fase de su ingreso al programa cuando se le vinculó al esquema de protección colectiva conformado por un vehículo convencional, y tres hombres de protección, y como medida individual se le implementó un medio de comunicación y un chaleco blindado.»
LA IMPUGNACIÓN
La Unidad Nacional de Protección impugnó la sentencia del a quo, al considerar que la orden de amparo emitida usurpa las competencias administrativas asignadas por ley al Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas – CERREM, pues la asignación o no de medidas de protección siempre será el resultado que arroje el estudio técnico realizado por éste, en los términos del Decreto 1066 de 2015, adicionado y modificado por el Decreto 567 de 2016; es decir se crea «TÁCITAMENTE UNA NUEVA INSTANCIA DE REVISIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Y EN ESA MEDIDA GENERA INSEGURIDAD JURIDICA EN LAS DECISIONES QUE ADOPTA ESTA ENTIDAD».
Así mismo, adujo que, respecto a la afirmación del tribunal de que existían hechos relacionados con la situación personal del accionante que no habían sido valorados por la entidad, este puede solicitar una revaluación de nivel de riesgo; es decir, se desconoció la ruta ordinaría para ello.
Frente a la consideración de que el riesgo del actor es inminente, excepcional y puede llegar a ser un perjuicio irremediable, aseguró que para ello, de «debió solicitar un trámite de emergencia y de esta manera determinar si el señor ODIN SÁNCHEZ MONTES DE OCA, necesitaba otro tipo de medidas diferentes a las determinadas en la resolución No. 5448 del 24 de agosto de 2017, de acuerdo con el Decreto 1066 de 2015, artículo 2.4.1.2.9.»
Finalmente, expuso que en cumplimiento de la orden de amparo impugnada, «mediante comunicación interna MEM17-00016661 de fecha 27 de noviembre de 2017, el Director de la Unidad Nacional de Protección en uso de sus facultades, por intermedio de la Oficina jurídica solicitó un nuevo estudio de nivel de riesgo a favor del señor ODIN SÁNCHEZ MONTES DE OCA».
CONSIDERACIONES
Con el fin de resolver la presente acción de tutela, en esta Providencia se abordarán los siguientes aspectos: Competencia, Problema Jurídico, El derecho a la seguridad personal, La escala de riesgos y amenazas que imponen protección por parte del Estado, Criterios de apreciación de los hechos constitutivos de una amenaza y Del caso concreto.
Competencia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto estipula que «Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente», esta Sala es competente para conocer la impugnación interpuesta contra el fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo del Chocó, el día 21 de noviembre de 2017.
Problema Jurídico.
La Sala debe decidir si se confirma la decisión de primera instancia que amparó los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal del señor Odin Sánchez Montes de Oca, o si, como lo alega la UNP, se debe revocar la providencia impugnada, para en su lugar, negar la solicitud de amparo, ya que una decisión al respecto no es competencia del juez de tutela, en tanto no existen hechos respecto de los cuales no se hubiere realizado el estudio correspondiente.
El derecho a la seguridad personal
La jurisprudencia constitucional ha resaltado que la noción de «seguridad» se proyecta en tres dimensiones distintas: (i) como un valor constitucional, (ii) como un derecho colectivo y (iii) como un derecho fundamental.
En el primer aspecto, se ha dicho que la seguridad está referida a la garantía de las condiciones necesarias para el ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales por parte de quienes habitan el territorio nacional. Es uno de los objetivos del preámbulo de la constitución, en tanto, dispone que fuera voluntad del pueblo soberano asegurar a los integrantes de la nación la vida, la convivencia y la paz, entre otros.
En la misma dirección, el artículo 2º de la Carta Política, establece que las autoridades están instituidas para salvaguardar a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.
Respecto del segundo criterio, la seguridad se ha considerado un derecho colectivo, porque es «un derecho que asiste en forma general a todos los miembros de la sociedad, quienes se pueden ver afectados por circunstancias que pongan en riesgo bienes jurídicos colectivos tan importantes para el conglomerado social como el patrimonio público, el espacio público, la seguridad y salubridad públicas, la moral administrativa, el medio ambiente o la libre competencia económica (art. 88, C.P.)».
Por último, en cuanto a la seguridad como derecho fundamental, se tiene que es aquél que permite a las personas recibir protección adecuada por parte de las autoridades, cuando quiera que estén expuestas a riesgos excepcionales que no tienen la obligación de sobrellevar, por rebasar los niveles normales de peligro implícitos en la vida en sociedad. Por esto, «el derecho a la seguridad constituye una manifestación del principio de igualdad ante las cargas públicas, materializa las finalidades más básicas asignadas a las autoridades por el Constituyente, garantiza la protección de los derechos fundamentales de los más vulnerables, discriminados y perseguidos, y manifiesta la primacía del principio de equidad».
La Corte Constitucional ha señalado que el derecho a la seguridad, aunque no se encuentra expresamente nominado como fundamental en la Carta Superior, proviene de una interpretación sistemática de la misma y de los diferentes instrumentos internacionales que hacen parte del ordenamiento jurídico interno, como son la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En virtud de lo anterior, el Tribunal Constitucional ha manifestado que el derecho a la seguridad personal no se ciñe únicamente a los eventos en los que esté comprometida la libertad individual (protección de las personas privadas de la libertad), sino que comprende todas aquellas garantías que por cualquier circunstancia pueden verse afectadas y que necesitan protección por parte del Estado; concretamente, la vida y la integridad personal como derechos básicos para la existencia misma de las personas.
En esta medida, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la función primordial de la labor protectora de las autoridades es la de provisionar efectivamente las condiciones mínimas de seguridad que posibilitan la existencia de las personas en sociedad, sin estar expuestos a riesgos extraordinarios de recibir daños en su contra.
La seguridad, entonces, tiene que ser entendida como valor constitucional, derecho colectivo y derecho fundamental, teniendo en cuenta que este último aspecto constituye una garantía que debe ser salvaguardada por el Estado sin limitar su ámbito de protección (solo respecto de las personas privadas de la libertad), sino por el contrario extenderse a los demás bienes jurídicos que en un momento determinado necesitan la adopción de medidas de protección, a fin de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física.
La escala de riesgos y amenazas que imponen protección por parte del Estado.
El derecho fundamental a la seguridad personal ha sido definido por la Corte Constitucional como aquél que faculta a las personas para recibir protección adecuada por parte de las autoridades públicas, en aquellos casos en los cuales están expuestos a riesgos excepcionales que no tienen el deber jurídico de soportar.
De un lado, la jurisprudencia constitucional ha determinado diferentes escalas de riesgos con el fin de identificar objetivamente cuándo una persona puede solicitar protección especial por parte del Estado, precisando que tal clasificación resulta de gran importancia para diferenciar «el campo de aplicación del derecho a la seguridad personal de las órbitas de otros dos derechos fundamentales con los cuales está íntimamente relacionado, sin confundirse con ellos: la vida y la integridad personal».
Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha precisado la diferencia entre «riesgo» y «amenaza», con el fin de determinar en qué ámbito se hace necesario que la administración otorgue medidas de protección especial. En tal sentido la sentencia T-339 de 2010 sostuvo lo siguiente:
«El riesgo es siempre abstracto y no produce consecuencias concretas, mientras que la amenaza supone la existencia de señales o manifestaciones que hagan suponer que algo malo va a suceder. En otras palabras, la amenaza supone la existencia de signos objetivos que muestran la inminencia de la agravación del daño. Por este motivo, cualquier amenaza constituye un riesgo pero no cualquier riesgo es una amenaza».
Dicho fallo sostuvo también que cuando la jurisprudencia constitucional menciona los tipos de riesgo que conducen a brindar protección del Estado, se refiere «con más exactitud al concepto de amenaza pues no es suficiente con que exista una contingencia de un posible daño sino que debe haber alguna manifestación, alguna señal, que haga suponer que la integridad de la persona corre peligro. De esta manera, no se debe hablar únicamente de escala de riesgos sino de escala de riesgos y amenazas pues los dos primeros niveles de la escala se refieren al concepto de riesgo en la medida en la que, en estos niveles, existe una posibilidad abstracta y aleatoria de que el daño se produzca. En cambio, en los dos últimos niveles de la escala, ya no existe un riesgo únicamente sino que existe una amenaza en la medida en la que existen hechos reales que, por su sola existencia, implican la alteración del uso pacífico del derecho atacado y hacen suponer que la integridad de la persona corre peligro».
En esta medida, la Corte Constitucional ha explicado la escala de riesgo y amenaza que debe ser aplicada a situaciones en las que es solicitada protección especial, así:
«1) Nivel de riesgo: existe una posibilidad abstracta y aleatoria de que el daño a la vida o a la integridad personal se produzca. Este nivel se divide en dos categorías: a) riesgo mínimo: categoría hipotética en la que la persona sólo se ve amenazada por la muerte y la enfermedad naturales y; b) riesgo ordinario: se refiere a aquel riesgo que proviene tanto de factores internos como externos a la persona y que se deriva de la convivencia en sociedad. En este nivel de la escala, los ciudadanos deben soportar los riesgos que son inherentes a la existencia humana y a la vida en sociedad. Cuando una persona pertenece a este nivel, no está facultada para exigir del Estado medidas de protección especial, pues su derecho a la seguridad personal no está siendo afectado, en la medida en la que el riesgo de daño no es una lesión pero sí, en el mejor de los casos, un riesgo de lesión. 2) Nivel de amenaza: existen hechos reales que, de por sí, implican la alteración del uso pacífico del derecho a la tranquilidad y que hacen suponer que la integridad o la libertad de la persona corren verdadero peligro. En efecto, la amenaza de daño conlleva el inicio de la alteración y la merma del goce pacífico de los derechos fundamentales, debido al miedo razonable que produce visualizar el inicio de la destrucción definitiva del derecho. Por eso, a partir de este nivel, el riesgo se convierte en amenaza. Dependiendo de su intensidad, este nivel se divide en dos categorías:
a) amenaza ordinaria: Para saber cuándo se está en presencia de esta categoría, el funcionario debe hacer un ejercicio de valoración de la situación concreta y determinar si ésta presenta las siguientes características:
(i) existencia de un peligro específico e individualizable. Es decir, preciso, determinado y sin vaguedades;
(ii) existencia de un peligro cierto, esto es, con elementos objetivos que permitan inferir que existe una probabilidad razonable de que el inicio de la lesión del derecho se convierta en destrucción definitiva del mismo. De allí que no pueda tratarse de un peligro remoto o eventual;
(iii) tiene que ser importante, es decir que debe amenazar bienes o intereses jurídicos valiosos para el sujeto como, por ejemplo, el derecho a la libertad;
(iv) tiene que ser excepcional, pues no debe ser un riesgo que deba ser tolerado por la generalidad de las personas y finalmente,
(iv) deber ser desproporcionado frente a los beneficios que deriva la persona de la situación por la cual se genera el riesgo. Cuando concurran todas estas características, el sujeto podrá invocar su derecho fundamental a la seguridad personal para recibir protección por parte del Estado, pues en este nivel, se presenta el inicio de la lesión del derecho fundamental y, en esta medida, se presenta un perjuicio cierto que, además, puede o no agravarse. Por estos motivos, la persona tiene derecho a que el Estado intervenga para hacer cesar las causas de la alteración del goce pacífico del derecho o, al menos, para evitar que el inicio de la lesión se vuelva violación definitiva del derecho.
b) amenaza extrema: una persona se encuentra en este nivel cuando está sometida a una amenaza que cumple con todas las características señaladas anteriormente y además, el derecho que está en peligro es el de la vida o la integridad personal. De allí que, en este nivel, el individuo pueda exigir la protección directa de sus derechos a la vida y a la integridad personal y, en consecuencia, no tendrá que invocar el derecho a la seguridad como título jurídico para exigir protección por parte de las autoridades. Por lo tanto, en el nivel de amenaza extrema, no sólo el derecho a la seguridad personal está siendo violado sino que, además, también se presenta la amenaza cierta que muestra la inminencia del inicio de la lesión consumada de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal. De allí que, cuando la persona esté en este nivel, tiene el derecho a que el Estado le brinde protección especializada.
3) Daño consumado: se presenta cuando ya hay una lesión definitiva del derecho a la vida o a la integridad personal. En el evento de presentarse lo segundo, dicha lesión a la integridad personal también genera la protección especial no sólo frente a la integridad personal sino también frente a la vida».
Conforme con lo expuesto, cuando un individuo se encuentra sometido a un nivel de riesgo normal u ordinario no se presenta vulneración alguna del derecho a la seguridad personal, ya que los riesgos que emanan de la existencia humana y de la vida en sociedad deben ser soportados por todas las personas. Por el contrario, cuando quiera que una persona está sometida a una amenaza concreta, bien sea ordinaria o extrema, estamos en presencia de la alteración del derecho a la seguridad personal, por encontrase en peligro la integridad física o la vida según el caso. En estos eventos el Estado tiene la obligación de adoptar los mecanismos de protección, con el fin de amparar a aquellos individuos que se encuentran sometidos a un nivel de riesgo superior al normal, siempre que se acrediten al menos sumariamente los hechos que permitan deducir la existencia de una amenaza real.
Tal situación conlleva a que las autoridades puedan identificar el tipo de amenaza que se cierne sobre la persona y definir de manera oportuna las medidas y medios de protección específicos, adecuados y suficientes con el fin de impedir la consumación de un daño, especialmente cuando se trata de personas que por razón de su labor están expuestas a un nivel de amenaza mayor, como por ejemplo los defensores de derechos humanos, altos funcionarios, periodistas, entre otros.
Por último, la jurisprudencia constitucional ha señalado que las autoridades tienen la obligación de prestar medidas de protección individual a las personas que están expuestas a una amenaza, a pesar de no existir una norma concreta que los obligue, toda vez que los derechos fundamentales son vinculantes y la Carta tiene fuerza normativa directa.
Criterios de apreciación de los hechos constitutivos de una amenaza.
Conforme lo ha señalado la jurisprudencia constitucional en sentencia T – 1026 de 2002, las autoridades competentes administrativas o judiciales encargadas de apreciar los hechos con fundamento en los cuales se solicita el amparo estatal, deben valorar racionalmente los siguientes factores objetivos y subjetivos con el fin de determinar las circunstancias del peticionario y establecer si hay lugar a la protección especial. Al respecto dijo:
«[…] a) Realidad de la amenaza: Se exige que la amenaza sea real, en el sentido que haya sido comunicada o manifestada a la víctima y pueda ser convalidada objetivamente. Esto implica que no debe tratarse de un temor individual frente a una situación hipotética, pues los riesgos imaginarios no son amparables constitucionalmente.
b) La individualidad de la amenaza: Como primer criterio objetivo se busca que la amenaza sea individualizada; para ello se requiere que haya sido dirigida contra un sujeto o un grupo determinado o determinable de personas, pudiéndose establecer que el peligro que corren es excepcional en relación con el riesgo general que debe soportar la población o el grupo o sector al cual pertenecen. Se exige esta individualización para que proceda la intervención particular del Estado, puesto que las amenazas indeterminadas deben ser asumidas por la población como parte de la convivencia en sociedad, en razón al principio de solidaridad.
c) La situación específica del amenazado: En esta apreciación se tienen en consideración aspectos subjetivos que rodean al peticionario, tales como el lugar de residencia, la pertenencia a un partido político, la actividad sindical, la situación económica, la actividad profesional, la labor desempeñada como empleado de cierta entidad estatal o empresa privada, los vínculos familiares, ciertas actuaciones realizadas o haberse visto involucrado en acciones adelantadas por grupos armados que actúan por fuera de la ley. La autoridad competente determinará, de acuerdo con los elementos de juicio existentes, si debido a las circunstancias específicas del solicitante, éste se encuentra expuesto a una situación de mayor vulnerabilidad y por lo tanto, sus derechos fundamentales corren un riesgo superior de ser violados en relación con el resto de la población.
d) El escenario en que se presentan las amenazas: De manera paralela a los criterios anteriores, es conveniente analizar las circunstancias históricas, sociales, económicas y políticas del lugar donde se asegura que han ocurrido las amenazas. (i) Si es una zona generalmente pacífica o si es de aquellas donde hay un alto nivel de conflicto; (ii) si los antecedentes históricos de ataques contra la población por parte de grupos insurgentes que militan en la zona son considerados sistemáticos o esporádicos; (iii) si constituye una zona de importancia estratégica para los grupos al margen de la ley y (iv) si existe presencia suficiente de la fuerza pública y demás autoridades estatales para mantener el orden público; circunstancias que constituyen características del escenario a partir de las cuales se aumenta la probabilidad de la existencia de un riesgo especial y, por tanto, del cumplimiento de la amenaza.
e) Inminencia del peligro: La autoridad competente debe verificar la inminencia del peligro, apreciando las circunstancias generales de riesgo para determinar la probabilidad de la ocurrencia de una afectación grave de la vida y de los derechos fundamentales de la persona amenazada. Que la amenaza sea individualizada y que se presente en una zona de presencia activa de los grupos insurgentes, aumenta la probabilidad de su ocurrencia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la dificultad de determinar la realidad de su acaecimiento aumenta en la medida en que la vulneración depende de la actuación de terceras personas. Por lo tanto, la autoridad competente para calificar la naturaleza de la amenaza tiene que evaluar cuidadosamente los criterios anteriores, con el fin de verificar tanto su existencia real como la probabilidad de la ocurrencia de un daño grave e inminente a la persona. […]»
En efecto, una apreciación integral de los factores objetivos y subjetivos establecidos por la jurisprudencia constitucional, permitirá a la autoridad competente llegar a la convicción sobre la obligación de adoptar las medidas tendientes a otorgar una protección especial a quien es objeto de la amenaza.
Del caso concreto.
Acorde con el escrito de tutela y las pruebas allegadas al proceso, se tiene que el señor Odín Sánchez Montes interpuso la presente acción de tutela con el fin de que se ordene a la Unidad Nacional de Protección, complementar las medidas de protección a él ya asignadas, en el sentido de incluir un vehículo que garantice de manera efectiva su vida e integridad.
Por su parte, la Unidad Nacional de Protección en el informe allegado al presente trámite de tutela, manifestó que no era posible la asignación del vehículo pretendido, pues las medidas de protección ya otorgadas, fueron el resultado del estudio técnico realizado al respecto por el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas – CERREM.
De tal manera y con el fin de resolver los motivos de inconformidad planteados por la parte actora, se enlistarán las pruebas relevantes que obran en el expediente, clasificándolas según la entidad, de la siguiente forma:
• Resolución 4462 de 19 de julio de 2017, a través de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por el actor contra la Resolución 3731 del 14 de junio de 2017, en los siguientes términos:
«Artículo 1°: Reponer la Resolución N° 3731 del 14 de junio de 2017, emitida por el Director general de la Unidad Nacional de Protección – UNP, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
Artículo 2°. En consecuencia, de lo anterior, se ordena modificar el artículo 1° de la Resolución N° 3731 del 14 de junio de 2017, el cual quedará así:
“Artículo 1°: Apartarse de la recomendación dada por el Comité de Evaluación del Riesgo y recomendación de Medidas – CERREM, para el caso del peticionario referido y en su lugar mantener las medidas de protección con que contaba el señor ODIN HORACIO SÁNCHEZ MONTESDEOCA.
Parágrafo: la temporalidad o vigencia de las medidas de protección antes referidas a favor del señor ODIN HORACIO SÁNCHEZ MONTESDEOCA, será hasta tanto el caso sea analizado nuevamente por el Comité CERREM y que implique la modificación de las medidas de protección”»
Con fundamento en las siguientes consideraciones:
«[…] Que teniendo en cuenta que el señor SANCHEZ MONTESDEOCA en su escrito de reposición informó situaciones de riesgo y vulnerabilidad, relacionadas con el antecedente del secuestro del cual fue víctima por parte del grupo al margen de la ley ELN y considerando que el recurrente y la señora ASTRID SANCHEZ MONTES DE OCA, con quien comparte el esquema de protección tipo 5 de conformidad al Acto Administrativo N° 3731 de 2017, residen en lugares distantes y, de conformidad a lo indicado en el Artículo 2.4.1.2.12 del Decreto 1066 de 2015, adicionado y modificado por el Decreto 567 de 2016, el cual determina que el propósito de las medidas de protección es evitar la consumación de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario de igual manera mitigar los efectos generadores de riesgo y la adopción de garantías de no repetición, esta Entidad en aras de salvaguardar su derecho a la seguridad personal enviará lo manifestado en el escrito de reposición, a la Subdirección de Evaluación del Riesgo, con el objeto de establecer técnicamente si existe o no variación del riesgo, que amerite conservar las medidas de protección de las que el señor SÁNCHEZ MONTESDEOCA es beneficiario.
[…]
Que aunado a lo anterior y teniendo en cuenta, que es necesario llevar a cabo el procedimiento de revaluación del nivel de riesgo en el cual se analicen las actuales circunstancias de riesgo y vulnerabilidad que rodean al recurrente, esta entidad en aras de salvaguardar su derecho a la seguridad personal dispondrá lo correspondiente para establecer técnicamente si las medidas de protección de las que es beneficiario, deben ser ajustadas de acuerdo al resultado de la revaluación del nivel de riesgo en favor del señor SÁNCHEZ MONTESDEOCA, con el fin de volver a analizar el caso y que el mismo sea materia de pronunciamiento por parte de los delegados del Comité CERREM, por consiguiente se repone dicho acto administrativo, […]»
• Resolución 5448 de 24 de agosto de 2017, a través de la cual la UNP adopta unas recomendaciones del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas – CERREM, respecto del actor, en los siguientes términos:
«Ajustar medidas de protección de la siguientes manera:
Desvincular al señor Odín Sánchez Montes de Oca cc. 19372389 del esquema de protección colectivo en cabeza de la señora Astrid Sánchez cc 54254949.
Ratificar un (1) hombre de protección el cual se encontraba aprobado en el esquema colectivo n cabeza de la señora Astrid Sánchez cc 54254949 y a partir de la firma del presente acto administrativo quedará aprobado al esquema individual del señor Odin Horacio Sánchez Montes de Oca.
Ratificar como medida individual un (1) medio de comunicación y un (1) chaleco blindado»
• Resolución 6715 de 13 de octubre de 2017, por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 5448 de 24 de agosto de 2017, en el sentido de no reponer la misma, al considerar que:
«[…] que expuesto lo anterior, podemos observar como el analista responsable del caso realizó un análisis minucioso y razonado, integrando todos y cada uno de los factores de amenaza, riesgo y vulnerabilidad informados por el señor SANCHEZ MONTES DE OCA, durante la entrevista en el marco de la revaluación del riesgo por hechos sobrevinientes y en el recurso de reposición interpuesto, en especial su condición como “Víctima de Violación a los DDHH – Secuestrado por el ELN – Medio San Juan – Chocó, reside en el municipio de Quibdó”, el resultado de las actividades de campo, el antecedente del secuestro extorsivo por parte del ELN del cual fue víctima, su visibilidad del Departamento del Chocó por las actividades que realiza como defensor de víctimas del conflicto armado, así mismo, fue valorada la inconformidad presentada en el recurso de reposición anterior, en relación a las medidas de protección colectivas implementadas mediante Resolución N° 3731 de 2017 teniendo en cuenta que – según el beneficiario- no se adaptaban a su necesidad, el contexto de orden social y público de lugar donde desarrolla sus actividades, así como la información suministrada por las entidades y autoridades consultadas tales como Personería Municipal, Secretaría de Gobierno, Policía de Chocó y Fiscalía Seccional de Chocó. Argumentos que fueron tenidos en cuenta por parte de los delegados del Grupo de Valoración Preliminar – GVP y por los cuales determinaron el riesgo como EXTRAORDINARIO con una matriz de 52,22%.
[…]
Que en concordancia con lo anterior, si bien es cierto que la UNP no desconoce el nivel de riesgo EXTRAORDINARIO del señor SANCHEZ MONTES DE OCA, en su condición como “Víctima de Violación a los DDHH – Secuestrado por el ELN – Medio San Juan – Chocó, reside en el municipio de Quibdó”. No es menos cierto que como resultado de la aplicación de instrumento Estándar de Valoración la ponderación del nivel de riesgo se mantuvo en la misma intensidad con relación a la evaluación anterior, correspondiente al mes de junio del 2017, en 52.22%. Vale la pena indicar que dicho resultado es el insumo técnico sobre el cual los delegados del Comité CERREM emiten las recomendaciones de medidas de protección adecuadas fácticamente a cada caso en particular, con fundamento en el principio de idoneidad, en los criterios jurisprudenciales emitidos por la Honorable Corte Constitucional y en las disposiciones del marco normativo del Programa de Prevención y Protección en aras de mitigare riesgo de dicha intensidad.
Que en atención a la afirmación hecha por el señor SANCHEZ MONTES DE OCA, quien argumento “… y en consecuencia recomendar a través del CERREM la asignación de un vehículo automotor, como complemento de las medidas de protección recomendadas e día 22 de agosto de 2017 (…) y se adicione a las medidas de protección un vehículo automotor con las condiciones aptas para las circunstancias de riesgo en que me encuentro y que se correspondan con el territorio por donde he de transitar en el ejercicio propio de mis actividades diarias …”, es importante indicarle al recurrente que, no son los evaluados quienes cuentan con las herramientas para determinar la ponderación del nivel de riesgo, así como tampoco pueden recomendar las medidas de protección que consideren idóneas para su caso en concreto, inmiscuyéndose en la competencia de la autoridad administrativa dado que el estudio de nivel de riesgo, corresponde a una evaluación técnica realizada por especialistas que cuentan con la experticia e infraestructura técnica, indispensable para establecer a ciencia cierta, si de conformidad al resultado de las actividades de campo el evaluado requiere o no medidas de protección.
[…]
Que de conformidad a lo manifestado por el recurrente según el cual: “… 5. Que en principio con el nuevo esquema individual, se nota abultadamente un desmejoramiento en las medidas de protección, pues en el esquema colectivo que termina la resolución cuestionada existió la posibilidad de compartir el vehículo automotor para transporte, el escolta y traslado a los sitios donde realizo las actividades cotidianas…”, es menester poner de presente que en atención al recurso de reposición interpuesto por el señor SANCHEZ MONTES DE OCA contra la Resolución N° 3731 de 2017, y en aras de ser garantes, se llevó a cabo una revaluación de nivel de riesgo en la cual se analizaron las situaciones de riesgo y afectación de seguridad del evaluado sin embargo, los del delegados del Comité – CERREM con fundamento en el resultado de las actividades de campo en la determinación del GVP, recomendaron las medidas de protección que consideraron idóneas guardando proporcionalidad entre la realidad fáctica del caso en particular y la ponderación del instrumento estándar de valoración.
[…]
que con motivo de la revaluación de nivel de riesgo por hechos sobrevinientes, se analizó el riesgo de señor SANCHEZ MONTES DE OCA, y conforme a las actividades de recolección y análisis de la información adelantada por el analista adscrita al CETRAI y dando aplicación al instrumento estándar de valoración de riesgo individual el grupo de valoración preliminar – GVP en sesión del 14 de agosto de 2017 ponderó el riesgo del evaluado como EXTRAORDINARIO, y el mismo fue validado por parte del Comité CERREM, en reunión del 22 de agosto de 2017 quienes recomendaron los siguiente: “… ajustar medidas de protección de la siguiente manera: desvincular al señor Odín Sanchez Montes de Oca cc 19372369 del esquema de protección colectivo en cabeza de la señora Astrid Sánchez cc 54254949. Ratificar un (1) hombre de protección, el cual se encontraba aprobado al esquema de seguridad de la señora Astrid Sánchez cc 54254949 y a partir de la firma del presente acto administrativo quedará aprobado al esquema individual de señor Odín Horacio Sánchez Montes de Oca. Ratificar como medida individual un (1) medio de comunicación y un (1) chaleco blindado.” (Subrayado texto original), y por lo cual, se hace la precisión que la revaluación por hechos sobrevinientes se tuvieron en cuenta todas y cada una de las manifestaciones formuladas por el recurrente, en relación a los temas que afectan su seguridad. Al efecto, el director general, adoptó tales recomendación a través de la Resolución No 5448 del 24 de agosto de 2017.
Que lo expresado por el recurrente como elemento del recurso, no constituye –a criterio de esta dirección- argumento idóneo, ni válido para determinar que el trámite de revaluación de riesgo realizado deba ser retrotraído y que en su lugar se ajusten las medidas de protección.
Que revisado el escrito de reposición así como el sistema de correspondencia de la entidad, se constató que el recurrente no ha dado a conocer nuevas situaciones de riesgo, amenaza o vulnerabilidad, diferentes a las ya evaluadas en el último estudio de nivel de riesgo.
[…]
Que no obstante lo expuesto anteriormente, se realiza la aclaración de que si el beneficiario llegase a ser objeto de una posible situación de riesgo y/o amenaza con posterioridad a esta decisión, podrá solicitarla revaluación de nivel de riesgo de conformidad a la dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 2.4.1.2.40 del Decreto 1066 de 2015, adicionado y modificado por el Decreto 567 de 2016.
[…]»
De conformidad con lo expuesto, la Sala observa que la inconformidad planteada por el actor respecto del esquema de protección que le fue asignado (un hombre de protección, un medio de comunicación y un chaleco blindado), obedece a que, según su criterio, debe asignársele una vehículo idóneo para su desplazamiento, dadas las situaciones de riesgo y amenaza en que se encuentra
Al respecto, contrario a lo considerado por el a quo, del contenido de cada una de las resoluciones que se han proferido con ocasión de la solicitud de medidas de protección en favor del actor, la Sala observa que las situaciones fácticas de riesgo expuestas por este, fueron objeto de estudio por de las diferentes instancias competentes para decidir al respecto, como lo son el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas – CERREM y el Grupo de Valoración Preliminar - GPV de la UNP, en los términos del Decreto 1066 de 2015, adicionado y modificado por el Decreto 567 de 2016.
Pues al revisar de manera detenida la situación fáctica expuesta por el actor, de porqué la necesidad de adjudicarle un vehículo automotor para su desplazamiento, ello se resume en su antecedente de haber sido secuestrado con fines extorsivos, a la actividad profesional a la que se dedica en beneficio de las víctimas del conflicto armado en relación con el ELN en el departamento de Chocó, y los domicilios separados entre él y su hermana, la señora Astrid Sánchez Montes de Oca, a quien inicialmente se le asignó el vehículo automotor; se extrae de los mismos actos administrativos que estas fueron valoradas por las diferentes instancias, donde concluyeron que su nivel de riesgo fue extraordinario, y por ello la ponderación realizada arrojó una intensidad 52.22%.
Además, se advierte que a través del escrito de tutela no se manifestó nada acerca de hecho alguno sobreviniente que amerite un nuevo pronunciamiento frente a la situación de riesgo del señor Odín Sánchez Montes de Oca, y que conlleve a modificar el esquema de seguridad ya asignado, así sea de manera transitoria.
Dicho lo anterior, se informa de manera pedagógica, que de existir o configurarse aquellas situaciones de amenaza o peligro que pudieren vulnerar los derechos fundamentales del accionante, este cuente con la opción de solicitar un nuevo podrá solicitar «revaluación de su nivel de riesgo de conformidad a la dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 2.4.1.2.40 del Decreto 1066 de 2015, adicionado y modificado por el Decreto 567 de 2016», tal como se le informó a través de la pluricitada Resolución 6715 de 13 de octubre de 2017.
Así las cosas, para la Sala resulta evidente que las entidades demandadas no han vulnerado los derechos fundamentales a la vida, libertad, integridad y seguridad personal del accionante; razón por la cual, se REVOCARÁ la decisión del a quo, para, en su lugar, negar el amparo de los mismos, pues se insiste, ante la existencia de una nueva necesidad, es la Unidad Nacional de Protección quien debe realizar un nuevo estudio de nivel de riesgo que permita establecer la necesidad o no de adopción de medidas de protección en favor del señor Sánchez Montes de Oca, diferentes a las ya asignadas (vehículo automotor).
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,
FALLA
I. REVOCAR la sentencia de 21 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, que amparó los derechos fundamentales a la vida, libertad, integridad y seguridad personal del señor Odín Sánchez Montes de Oca. En su lugar,
II. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales del señor Odin Sánchez Montes de Oca, en la acción de tutela por él presentada en contra de la Unidad Nacional de Protección y otros, de conformidad con la parte considerativa motiva de esta providencia.
III. LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.
IV. En acatamiento a las disposiciones del artículo 32 ibídem, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
El proceso de la referencia subió al Despacho con informe de Secretaría General de la Corporación el 5 de febrero de 2018. Ff 1 a 14. F. 37. Doctor José Andrés Rojas Villa. Ff. 41 a 44. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior”
Ff. 46 a 53, vto. T-750 de 2011, sobre la capacidad del juez de tutela de evaluar el riesgo. Ff. 70 a 78. Ver sentencias T-078 de 2013, T-719 de 2013 y T-234 de 2012. Sentencia T-719 de 2003. La Corte analizó el caso de una ciudadana quien, a nombre propio y de su hijo menor de edad, presentó acción de tutela en contra del Ministerio del Interior y de Justicia y la Dirección General para la Reinserción, con el fin de que se les salvaguardara sus derechos fundamentales a la vida, a la igualdad y a la protección integral de la familia, tras el atentado mortal que sufrió su compañero permenante (desmovilizado voluntario del grupo guerrillero las FARC). Este tribunal protegió sus derechos y ordenó a la Directora del Programa de Reincorporación a la Sociedad Civil de Personas y Grupos Alzados en Armas del mencionado ministerio que: valorara la situación de la peticionaria y la de su hijo, así como las características de riesgo que se cernía sobre ellos, y en el evento de detectarse la existencia de un riesgo extraordinario, adoptara las respectivas medidas de protección para evitar que dicho riesgo se materializara sobre la vida e integridad tanto de la accionante como la de su hijo, entre otras. Idem. Corte Constitucional, Sentencia T-719 de 2003. El Preámbulo y los artículos 2, 12, 17, 18, 28, 34 44, 46 y 73 superiores. Ver Sentencias T- 078 de 2013 y T-234 de 2012. En Sentencia T-078 de 2013. La Corte estudió el caso del gobernador de la comunidad indígena Chenche Buenavista, que presentó acción de tutela contra la UNP con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la vida y a la seguridad personal, presuntamente transgredidos por dicha entidad al suspenderle las medidas de protección. La Corte amparó sus derechos y ordenó a la entidad accionada que dispusiera de manera ininterrumpida la continuidad del esquema de seguridad, amparo que de ser necesario debía extenderse a su núcleo familiar. Lo anterior, mientras subsistieran los factores que dieron lugar a su otorgamiento. Sentencia T-339 de 2010. En este caso un ciudadano interpuso acción de tutela contra el Ministerio del Interior, con el objetivo de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la vida y a la igualdad, presuntamente vulnerados por la actitud omisiva de la entidad demandada, puesto que su esquema de seguridad no funcionaba en condiciones óptimas. Esta corporación tuteló el derecho a la seguridad personal y ordenó a la accionada que equipara a los dos escoltas y pusiera a su disposición un carro que le permitiera desplazarse con seguridad, advirtiendo que dichos mecanismos debían tomarse hasta que el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos determinará si el actor debía estar o no cobijado por tales mecanismos. Adicionalmente, pidió al accionante que presentara solicitud de protección ante el Programa de Protección de Derechos Humanos del Ministerio en mención, para que fuera el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos el que determinará si tenía derecho a ser beneficiario de tales medidas. Ídem. Sentencia T-234 de 2012. Correspondió a la Corte determinar si la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior vulneraron los derechos fundamentales a la vida, a la integridad, a la libertad, a la seguridad personal y al acceso a la justicia de una persona, quien en su condición de defensora de derechos humanos, víctima de violencia sexual, desplazamiento forzado y constantes amenazas e intimidaciones, no había sido destinataria de ningún tipo de medida de protección, bajo la consideración de que el riesgo al que estaba expuesta era de naturaleza ordinaria.
Este tribunal amparó sus derechos y, entre otras medidas, ordenó a las entidades accionadas que, conjuntamente, valoraran de manera objetiva y razonada la situación de la accionante, incluyendo las variables que fueran necesarias; al Ministerio del Interior, por intermedio de la UNP, que dispusiera y materializara las medidas de protección que necesitaba en su condición de defensora de derechos humanos, las cuales debían ser dispensadas de manera inmediata e ininterrumpida, mientras se definiera el esquema de seguridad que requería de acuerdo con su situación. Sentencia T-234 de 2012. Sentencia T-078 de 2013. Sentencia T-339 de 2010. Sentencia T-234 de 2012. Sentencia T-339 de 2010. Corte Constitucional, Sentencia T – 1026 de 27 de noviembre de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil
Sentencia T-1206 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Sentencias T-981 de 2001 (M.P. José Manuel Cepeda) y T-1206 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil). Por ejemplo, en la Sentencia T-439 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) se protege al accionante teniendo en consideración que las constantes arbitrariedades y sensaciones de amenaza respecto de su vida debido a las actuaciones desplegadas por los organismo de seguridad del Estado, tenían relación directa con el hecho de ser miembro del movimiento político Unión Patriótica. En la Sentencia T-362 de 1997 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) se protegió el derecho a la vida del accionante quien estaba siendo amenazado debido a su actividad sindical. Tal es el caso del amparo otorgado a una enfermera que fue amenazada por las FARC en Betulia, Antioquia, luego de ser acusada de colaborar con grupos paramilitares ya que su hermano había sido asesinado presuntamente por ser miembro de las autodefensas. Sentencia T-981 de 2001. M.P. José Manuel Cepeda. En la Sentencia T-120 de 1997 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) se protegieron los derechos de los accionantes porque por el hecho de haber el padre de familia prestado sus servicios profesionales como médico a una militante activa de la Unión Patriótica que se encontraba gravemente herida, los grupos al margen de la ley que operan en Urabá empezaron a amenazar a su familia. Sentencias T-981 de 2001(M.P. José Manuel Cepeda) y T-1206 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil). Sentencia T-1206 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Ff. 15 a 17. Ff. 22 a 32.
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