Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-31-000-2018-00009-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-31-000-2018-00009-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 27001-23-31-000-2018-00009-02
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 27001-23-31-000-2018-00009-02 (69096)
Demandante: Tomás Rentería Arias y otros
Demandado: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
TEMAS: REPARACIÓN DE PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO – Es el mecanismo
procesal idóneo para obtener la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando
el daño ha sido sufrido por un número de personas igual o superior a veinte, que comparten
condiciones uniformes respecto de una misma causa generadora de perjuicios individuales.
ENFOQUE ÉTNICO-RACIAL - La controversia involucra derechos e intereses de comunidades
negras e indígenas, amparados por una protección constitucional reforzada, en atención a su
especial vínculo con el territorio, su identidad cultural, sus formas propias de organización y la
necesidad de preservar su subsistencia física y cultural. ENFOQUE DIFERENCIAL – Incide en
la interpretación del derecho sustancial, en la apreciación del contexto fáctico, en la flexibilización
del estándar probatorio y en la modulación de las medidas de reparación. NORMAS DE ORDEN
PÚBLICO - Operan como un límite estructural del proceso que asegura condiciones de igualdad
formal y material entre todos los sujetos procesales y que garantiza la coherencia del
ordenamiento jurídico en su conjunto. TÉRMINO PRECLUSIVO CUANDO LA REPARACIÓN DE
PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO SE FUNDA EN LA ILEGALIDAD DE UN ACTO DE
ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS – Corresponde a dos (2) años, según lo dispuesto en el literal e)
del numeral 2 del artículo 164 del CPACA. CADUCIDAD – No se torna inaplicable por análisis
bajo óptica de enfoque diferencial; no obstante, puede diferirse el hito inicial a partir del cual se
realiza su conteo, en los eventos donde se constata una grave situación de desventaja histórica,
invisibilización institucional y déficit de protección jurídica.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 16 de enero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del
Chocó, mediante la cual declaró probada la excepción de caducidad del medio
de control.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Mediante la Resolución No. 185 del 13 de diciembre de 1979, el INCORA
constituyó el “Resguardo Indígena del Río Andágueda”, en un terreno baldío
ubicado en jurisdicción del municipio de Bagadó (Chocó). Posteriormente, el 9
de junio de 1980, el título colectivo de la comunidad indígena fue inscrito en la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó. Según la demanda,
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Demandante: Tomás Rentería Arias y otros
esa titulación presentó errores en la delimitación de linderos, pues comprendió
terrenos ocupados por comunidades afrodescendientes, circunstancia que dio
origen a una pugna territorial entre ambos grupos étnicos.
Los demandantes grupales, integrantes del Consejo Comunitario Mayor de la
Organización Popular Campesina del Alto Atrato, consideran que la Nación –
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras y la
Agencia de Desarrollo Rural son patrimonialmente responsables por el daño
causado a su territorio, derivado de la errada titulación de tierras baldías
ancestrales que se realizó a través de la Resolución No. 185 del 13 de diciembre
de 1979. El Tribunal Administrativo del Chocó declaró probada la excepción de
caducidad del medio de control, al constatar que entre la fecha en la que los
demandantes conocieron el daño y aquella en la que presentaron la demanda,
transcurrió un término superior al legalmente previsto. Esta decisión fue apelada
por la parte actora.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 2 de marzo de 20181, doscientos ochenta y dos (282)2 miembros de
comunidades negras que integran el Consejo Comunitario Mayor de la
1 Mediante auto del 13 de marzo de 2018 el Tribunal Administrativo del Chocó admitió la
demanda, al constatar que reunía “los requisitos que, conforme al artículo 88 de la Constitución
Política, artículos 46 a 49 y 52 de la Ley 472 de 1998, así como los artículos 156 a 166 de la Ley
1437 de 2011 o CPACA deben confluir para la procedencia y admisión” del medio de control.
2 Tomás Rentería Arias, Rubén Darío Mosquera Mena, Estefanía Pino Mosquera, Edgar Andrés
Mosquera Pino, María Silvia Machado Mosquera, Floria del Carmen Mosquera, Sury Beatriz
Lloreda, Magnolia Lloreda Mosquera, Consolación Mena, Catalina Córdoba Mosquera, Davinson
Mosquera Mosquera, Jesús Lascario Rentería, Digna Rentería M, Luis Carlos Mosquera Mena,
Darlin Mena García, Geraldina Mosquera, Yulis Paola Rentería Pino, Plutarco Elías Mena
Campaña, Vicente Mena Machado, Francisca Mena Moreno, Carlos Eugenio Mena Moreno,
Paula Andrea Mena Moreno, Andrés Zair Córdoba, Noelba Mena Mena, Daicy Mena Mena,
Cenciona Moreno Machado, Carlos Arián Mena Mosquera, Blanca Victoria Mosquera, José I.
Rentería Machado, Noralba Machado Lloreda, Benita Machado Lloreda, Ana Bella Rentería
Mosquera, Luis Germán Palacios Mosquera, Máximo Mosquera Rentería, Alfonso Machado,
María Candelaria Mena, Simón Rentería M, María Lermania Mosquera, Lauria María Machado
Mosquera, Elean Rentería Mena, Sandra Rentería Rentería, Blanca Nieves Moreno Mena,
Idalides Serna Mena, María Victoria Rentería Mosquera, Birgelina Mena, Gladis Milena Mena
Machado, Sandra Patricia Hurtado Mosquera, Lever de Jesús Mosquera Mena, Leonilde Isabel
Mosquera Mena, María Noemí Mena Rentería, Bárbara Machado Mosquera, Omar Rentería
Machado, Cándida Rosa Machado Lloreda, Jesús Naval Machado Lloreda, Avelina Machado,
Faber Mosquera Machado, Víctor Rentería Mosquera, Nora Córdoba Mosquera, Gilsen Serna
Mena, Nerlen del Socorro Palomeque García, Yessica Mosquera Serna, Julián Lloreda Rentería,
Ariel Janeiro Lloreda Mosquera, Ana Beatriz Machado, Edictrudes Machado Córdoba, Maryuly
Mosquera Córdoba, Gladys Emilia Córdoba, Gustavo Lloreda R, Delio Mosquera Palacio, José
Ramón Machado Serna, Marley Mosquera Mosquera, Jesús Vidal Mosquera Serna, Israel
Mosquera Lloreda, Luz Mariana Mosquera Lloreda, Sol Melania Mosquera, Tarqui Nelly Lemus
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Radicado: 27001-23-31-000-2018-00009-02 (69096)
Demandante: Tomás Rentería Arias y otros
Mosquera, Candelaria Mosquera Mosquera, Gloria Edith Rivas Mosquera, Celsa María Córdoba
Mosquera, Yaqueline Serna, Maicol Lloreda Lemos, Gildardo Córdoba Machado, Carlos William
Mosquera, Luz Alejandra Mosquera, Epifanio Mosquera Mosquera, Fulton Córdoba Mosquera,
Héctor Jaime Caraboli Mosquera, Yirley Mosquera Rentería, Ángel Antonio Mosquera Machado,
Olimpo Córdoba Mosquera, Deysi Lloreda Mena, Orania Machado Serna, Melfi Mosquera
Palomeque, Onelis Mosquera Mosquera, José Jacinto Córdoba, Cristina Rivas Mosquera, Anyelo
Steven Machado Castro, Omaira Mosquera Machado, Marlin Patricia Castro Murillo, Fabio
Giraldo Córdoba Campaña, Manuela Mosquera Machado, Luz Stella Mosquera Córdoba, Erenia
Mosquera Serna, Luz Nery Rivas Mosquera, José Epifanio Mosquera, Hipólito Campaña Lloreda,
María Andrea Lloreda Mosquera, Luz Mariela Lloreda Machado, Charines Córdoba Medina, Cruz
Libarda Córdoba Mosquera, Luz Marina Palacios Serna, Libarda Rentería Mosquera, Cesar
Rivas Mosquera, Celia Campaña Machado, Libardo Córdoba Lloreda, Myrian Mosquera
Palomeque, Cupertino Mosquera, Novel Campaña Mena, Erenia Córdoba Mosquera, Orlando
Rentería, Sonia Luz Mena Lloreda, Ana Zurlay Mosquera, Luz Marina Lloreda Castro, Luis
Eduardo Córdoba, Francisco Uriel Campaña Mosquera, Ana Jesús Campaña, Libardo Mosquera
R, Jesús Abel Córdoba Machado, Rosomario Mosquera Machado, James Campaña Rivas, Leidy
María Mosquera Córdoba, María Elena Mosquera, Rebeca Mosquera, Hegar Rentería Mosquera,
Camila Córdoba Mosquera, Mileidi Córdoba Machado, Jesús Nelio Rivas Rentería, Proscopio
Córdoba Mosquera, Rafaela Mosquera Mosquera, Yorelis Córdoba Rentería, Isodoro Mosquera
Machado, Esmoraldo Mosquera Machado, José Arcelcio Rentería Mosquera, Pascuala Lloreda
Mena, Patricia García Mosquera, María Florencia Mena Rentería, Granjer Machado Córdoba,
Griseldino Mosquera Córdoba, María Eva Mosquera Medina, María del Carmen Murillo Sánchez,
Dairon Córdoba Mosquera, María Nilfa Mosquera Machado, Calixto Mosquera Córdoba, Osiris
Córdoba Mosquera, Nilson Jesús Córdoba Gracia, Anyi Paola Rivas Mosquera, Victorino
Mosquera Palomeque, Aníbal Mosquera Palomeque, Liria Córdoba Córdoba, Miguel Horacio
Rivas Mosquera, Arcesio Córdoba Ll., Carlos Andrés Rentería Mosquera, Ángel Antonio Rivas
Mosquera, Ana Rubis Campaña M, Sairo Machado Córdoba, Martín Moreno Mosquera, María
Ofil Rentería Renteria, Amélida Mosquera C., Sergio Luis Rentería Rentería, Teresa Lloreda
Rentería, Yency Yomaira Salcedo Rentería, Telma Piedad Rentería Mena, Lency Edelmira
Mosquera Rentería, Luis Felipe Moreno Moreno, José de la Cruz Machado, Heiler Yair Moreno
Gracia, Norma Luz Guevara Lloreda, Jhina Julia Lloreda Machado, Jonathan Machado Rentería,
Manuel Auténtico Campaña P., Carlos Andrés Machado Rentería, Jhon Fabio Machado Rentería,
Yarisa María Castro Mosquera, Yarissa Rivas Córdoba, Catalina Cuesta Rentería, Edward
Córdoba Mosquera, Leonilde Mena Mosquera, Benjamín Rentería Machado, María Judith
Rentería Mena, Guillermo León Machado Castillo, Álvaro Ruiz Rentería Mosquera, Yustín
Rentería Rentería, Elsa Yaneth Campaña, Dalia María Mena Machado, Gustavo Mena Palacios,
Rubiela Mena Mosquera, Jesús Alberto Moreno Arango, Iris Rosana Mena Mena, Magno
Rentería Machado, Benedita Mena Machado, Antonio Machado Mena, Luis Eduardo Quintero
A., Rafael Mosquera Rentería, Sabina Mena Campaña, Juana Francisca Rentería Mena,
Sócrates Campaña Mena, Adela Mena Mosquera, Deiby Rentería Mena, Clarisa Mena de
Machado, Francisco Antonio Mosquera Mena, Enot de Jesús Machado Ll., Wilson Machado,
Francisco A. Machado, Luz Obeida Machado Mosquera, Yadira Rentería Martínez, Luis Abel
Rentería Mena, Demetria Mosquera Rentería, María Reinalda Martínez Mena, Lusora Rentería
Palacios, María Ignacia Palacios, José U.
Martínez M., Selmira Mosquera Rentería, Solmira
Rentería Lloreda, Yohana Scarpeta Rentería, Yadicilio Rentería Mosquera, Joaquín Machado
Mosquera, Hermeregildo Gracia Lloreda, Germán Roldán Mena Campaña, Ana Arcelia Machado
Mosquera, Héctor Horacio Rentería Rentería, Luis Gerardo Mosquera Mosquera, José Tael
Mena Mena, Ana Lucía Mena Moreno, Ruth María Rentería M., Luis Marino Machado, Ana
Martina Gómez Mosquera, María Soledad Maturana, Reinoldo Martínez M., Gustavo Lloreda
Mosquera, Fabio Machado Mosquera, María Mélida Rentería Mena, Kelly Yaritza Machado
Rentería, Yulis Marley Córdoba Machado, Angélico Rentería Moreno, Deisi Lloreda Rentería,
Jhon Harold Córdoba Machado, Caty Lorena Rentería Martínez, Abelardo Mosquera Rentería,
Clemente Córdoba Córdoba, Guillermina Mosquera Hurtado, José Delfino Martínez Mena, María
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Radicado: 27001-23-31-000-2018-00009-02 (69096)
Demandante: Tomás Rentería Arias y otros
Organización Popular Campesina del Alto Atrato (en adelante COCOMOPOCA),
mediante apoderado judicial, presentaron demanda, en ejercicio del medio de
control de reparación de perjuicios causados a un grupo, contra la Nación -
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras y la
Agencia de Desarrollo Rural, para que fueran declaradas patrimonialmente
responsables por el daño ocasionado a su territorio, producto de la errada
titulación de tierras baldías ancestrales realizada mediante la Resolución No. 185
del 13 de diciembre de 1979.
En su escrito, la parte accionante formuló las siguientes pretensiones
declarativas y de condena (transcritas textualmente, incluso con posibles
errores):
“2.1. Declarar que el Estado cometió una falla del servicio administrativo al expedir
la Resolución Administrativa 185 de 1979 por parte del INCORA, por medio de la
cual se creó el Resguardo Indígena de Andágueda y en el que se incluyeron por
error a cuatro comunidades de la etnia negra: Piedra Onda, Bómbora, Churina y
parte de San Marino del municipio de Bagadó, pertenecientes al Consejo
Comunitario de COCOMOPOCA.
2.2 Declarar, en consecuencia, que las demandadas son extracontractualmente
responsables por los daños de tipo moral, causados a los demandantes según la
narración de los hechos referida en precedencia en este escrito.
2.3. En consecuencia, pedimos al juez del grupo, ordenar a las entidades
demandadas que representan ese Estado culpable del dolor moral ocasionado a
mis apoderados, pagar a título de indemnización por los daños inmateriales (daño
moral) la suma de 100 SMLMV a cada uno de los demandantes.
2.4. Pero también pedimos al juez del grupo, ordenar a las entidades demandadas
que representan ese Estado culpable del dolor ocasionado a mis apoderados,
pagar a título de indemnización por los daños constitucionales y/o convencionales
(daño constitucionalmente protegido) la suma de 100 SMLMV a cada uno de los
demandantes.
2.5. El honorable Tribunal Administrativo del Chocó podrá ordenar las medidas de
justicia restaurativa y si es del caso prospectivas, que logren en este caso de
trascendencia constitucional, lograr una reparación integral que conjure desde
toda dimensión posible los perjuicios morales, psicológicos y culturales
Elena Martínez Mena, Ermán Martínez Mena, Yolanda Cuesta Mena, Ramón Robledo Valencia,
María Birgelina Hurtado Mosquera, Emma Luz Mena, Ileana Rentería Hurtado, María Yolanda
Martínez Hurtado, Reinerio Lloreda Rentería, Riol Rivas Mosquera, Clara Inés Mosquera Mena,
Luiz Bertino Lloreda, Oscar Andrés Mosquera Córdoba, Diego Luis Córdoba Campaña, Rubí
Mena M., Ruvio Machado Mosquera, Eraclio Córdoba Mosquera, Anastacia Campaña Rivas, Luz
Enelis Mosquera, Wandy Lorena Mena M., Francisco Mosquera Martínez, Olga Piedad Mena
Mosquera, Olimpo Mena Mosquera, José Jirineldo Mena, León Mena Mosquera, Sandra Patricia
Mena Mosquera, María Encarnación Serna, Eustacia Serna, Yaquelines Lloreda Mosquera,
Aideé Mosquera Martínez y Yaneth Lloreda Mosquera
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Radicado: 27001-23-31-000-2018-00009-02 (69096)
Demandante: Tomás Rentería Arias y otros
ocasionados con razón de las fallas administrativas cometidas contra estas
personas por obra del Estado colombiano.
2.6. Condenar a las demandadas al pago de las costas procesales.
2.7. Condenar a las demandadas al pago de las agencias en derecho que bien
estime el honorable Tribunal Administrativo del Chocó.”
En sustento de sus pretensiones, el extremo activo narró que mediante la
Resolución No. 185 del 13 de diciembre de 1979 el INCORA constituyó el
“Resguardo Indígena del Río Andágueda”, también conocido como “Resguardo
Tahamí del Alto Andágueda”, en un terreno baldío ubicado en jurisdicción del
municipio de Bagadó (Chocó).
Asimismo, señaló que, por cuenta de “errores técnicos” en la delimitación, dicha
resolución incorporó al título colectivo del pueblo indígena algunos territorios
que, según afirmó, pertenecían a las comunidades negras de Piedra Onda,
Churina, Bómbora y San Marino, las cuales habitaban esa zona desde la época
colonial.
Añadió que esa circunstancia originó un conflicto entre la comunidad indígena y
dichas comunidades negras, el cual se profundizó con la expedición de la
Resolución No. 2425 del 19 de septiembre de 2011, por la cual el INCODER
adjudicó al COCOMOPOCA terrenos baldíos rurales ribereños de la Cuenca del
Pacífico, ocupados colectivamente por comunidades negras en los municipios
de Atrato, Lloró, Bagadó y Cértegui, del departamento del Chocó; pero sin incluir
las áreas correspondientes a las comunidades negras de Piedra Onda, Churina,
Bómbora y San Marino3.
Con fundamento en lo anterior, los demandantes consideran que la Nación –
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras y la
Agencia de Desarrollo Rural son patrimonialmente responsables por el daño
causado al territorio que afirman haber ocupado ancestralmente, como
consecuencia de la errada titulación de tierras efectuada mediante la Resolución
No. 185 del 13 de diciembre de 1979.
2. Contestaciones
2.1. La Agencia Nacional de Tierras se opuso a las pretensiones de la demanda.
Indicó que no ocasionó un daño a los demandantes grupales, pues la Resolución
3 En este punto conviene precisar que la referencia a la no inclusión de dichas comunidades no
alude a su exclusión nominal del Consejo Comunitario, pues la Resolución No. 2425 del 19 de
septiembre de 2011 las relacionó como parte del COCOMOPOCA. La controversia planteada
por la parte actora se refiere, más bien, a la no adjudicación de las áreas específicas que, según
afirma, eran ocupadas ancestralmente por esas comunidades y que habrían quedado
comprendidas en la delimitación previa del “Resguardo Indígena del Río Andágueda”.
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Radicado: 27001-23-31-000-2018-00009-02 (69096)
Demandante: Tomás Rentería Arias y otros
No. 2425 del 19 de septiembre de 2011 se expidió en debida forma y fue
adecuadamente motivada. Formuló como excepciones las de: (i) caducidad del
medio de control, (ii) falta de legitimación en la causa por activa, (iii) falta de
legitimación en la causa por pasiva, (iv) falta de agotamiento del recurso
administrativo obligatorio, (v) demostración de que los argumentos expuestos en
la demanda fueron esgrimidos ante la Administración y (vi) ausencia de concepto
de violación.
2.2. La Agencia de Desarrollo Rural solicitó negar las pretensiones de los
demandantes grupales, aduciendo que carecían de sustento fáctico y jurídico.
Propuso como excepciones las de: (i) caducidad del medio de control, (ii) falta
de legitimación en la causa por pasiva; (iii) ausencia de responsabilidad; (iv)
inexistencia de obligación; y (v) indebida determinación e identificación de los
integrantes del grupo.
2.3. La Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural guardó silencio.
3. Alegatos de conclusión en primera instancia4
3.1. La parte demandante, la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de
Desarrollo Rural reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la
contestación de la misma, respectivamente.
3.2. La Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural solicitó declarar
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, aduciendo
que no fue la entidad que incluyó en el “Resguardo Indígena del Río Andágueda”
las áreas correspondientes a las comunidades negras de Piedra Onda, Churina,
Bómbora y San Marino. De otro lado, pidió declarar probada la excepción de
caducidad del medio de control, afirmando que entre el momento en el que los
demandantes grupales conocieron el daño y aquel en que presentaron la
demanda, transcurrió un término superior al legalmente previsto en el CPACA.
3.3. El Ministerio Público indicó que el medio de control procedente para
controvertir la legalidad de la Resolución No. 185 del 13 de diciembre de 1979
era el de nulidad y restablecimiento del derecho. Asimismo, precisó que éste se
encontraba caducado por haber transcurrido más de 4 meses desde la
publicación del acto administrativo y la fecha de presentación de la demanda.
3.4. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado manifestó que el medio
de control se encontraba caducado. Asimismo, refirió que el daño sufrido por los
actores grupales no era continuado, pues se había concretado en el momento
en que el INCORA publicó la Resolución No. 185 del 13 de diciembre de 1979.
4 Mediante auto del 24 de agosto de 2018 el Tribunal Administrativo del Chocó abrió a pruebas
el proceso, para lo cual decretó unas documentales y otras testimoniales.
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Demandante: Tomás Rentería Arias y otros
4. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 16 de enero de 2020, el Tribunal Administrativo del
Chocó declaró probada la excepción de caducidad del medio de control,
señalando que la parte actora conoció de los hechos generadores del daño al
menos siete años antes de promover la demanda. Al efecto, precisó que esa
conclusión no variaba, con independencia de que la Resolución No. 185 del 13
de diciembre de 1979 se estimara legal o ilegal. Como sustento de su decisión,
el a quo manifestó lo siguiente:
“en los hechos de la demanda anteriormente transcritos se narra que el origen del
conflicto entre comunidades étnicas (indígena y afro), proviene desde el momento
en que el INCORA, mediante Resolución No. 185 de 1979, decide titular o
constituir a favor de la primera de las comunidades mencionadas (pueblos
indígenas de Tahamí) un título colectivo que incluyó en forma errada ‘por errores
técnicos en la definición de los linderos del mismo’, según lo afirma la parte actora,
cuatro comunidades negras… que habitan dichos territorios desde épocas de la
colonia. Afirma, además, que el problema de disputa de propiedad entre dichas
comunidades se agudiza cuando en el año 2011 el Consejo Comunitario del Alto
Atrato COCOMOPOCA Consejo Mayor, al cual pertenecen las comunidades
negras desposeídas -señaladas anteriormente- el INCODER le otorga su título
colectivo de Ley 70 de 1993, mediante la Resolución No. 2425 de 2011, titulación
colectiva que no pudo incluir las comunidades negras de Piedra Onda, Churina,
parte de Sana Marino y Bómbora, que organizativamente pertenecen a
COCOMOPOCA y que hacían parte de la solicitud de titulación presentada por
este Consejo en 1999, ya que al momento del estudio y titulación colectiva estas
ya pertenecían al título colectivo del Resguardo Indígena de Andágueda, de que
trata la Resolución No. 185 de 1979. Lo narrado en la demanda, en concordancia
con la prueba obrante en el expediente, permite concluir que por lo menos 7 años
antes de la presentación de la demanda la parte accionante [tuvo] conocimiento
de los hechos que imputan al Estado, que supuestamente generó el daño, tiempo
que se considera extemporáneo para hacer uso del medio de control incoado por
los demandantes”.
5. Apelación
5.1. La parte actora solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, acceder a las pretensiones de la demanda. Para sustentar su
inconformidad, afirmó que el fallo desconoció la jurisprudencia constitucional e
interamericana sobre la aplicación de criterios de flexibilización en asuntos
promovidos por grupos en condición de vulnerabilidad o de desventaja histórica,
como lo eran las sentencia T-622 de 2016 y los casos Tiu vs. Guatemala y
Pueblos Kaliña y Lokono vs. Surinam.
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Radicado: 27001-23-31-000-2018-00009-02 (69096)
Demandante: Tomás Rentería Arias y otros
Asimismo, sostuvo que el tribunal valoró de manera inadecuada el daño alegado,
pues este tenía carácter continuado, en la medida en que las comunidades
negras aún no gozaban efectivamente de su territorio.
Finalmente, señaló que la sentencia omitió examinar una circunstancia particular
del caso, consistente en la imposibilidad de que las comunidades negras
hubieran ejercido oportunamente acciones legales contra la Resolución No. 185
del 13 de diciembre de 1979, debido a que dicho acto no les fue notificado
conforme a las normas vigentes para la época. Agregó que, para entonces, esas
comunidades no contaban con derecho a la titulación colectiva, prerrogativa que
solo surgió con la Constitución Política de 1991.
6. Alegatos de conclusión en segunda instancia
6.1. La parte demandante, la Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural, reiteraron
los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en el trámite de primera
instancia, respectivamente.
6.2. El Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
guardaron silencio.
III. ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO-RACIAL
COMO PARÁMETRO DE ANÁLISIS EN EL PRESENTE ASUNTO
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional5, el enfoque
diferencial, como desarrollo del principio de igualdad, busca proteger a las
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o de debilidad
manifiesta, otorgándoles un tratamiento diferencial acorde con las circunstancias
específicas, que permita alcanzar una verdadera igualdad real y efectiva.
Así, el principio de enfoque diferencial parte del reconocimiento de que existen
grupos de personas con características particulares en razón de su edad,
género, religión, orientación sexual, raza, etnia, situación de discapacidad, entre
otras, de tal manera que las circunstancias específicas que caracterizan ciertas
poblaciones vulnerables sean valoradas, con el fin de brindar el trato diferenciado
que, de acuerdo con las particularidades del caso, permita el ejercicio de sus
derechos en igualdad de condiciones al resto de la población.
En este sentido, es importante destacar que en el caso que ahora ocupa la
atención de la Sala, quienes integran el grupo demandante pertenecen a
comunidades negras y que, además, la decisión judicial también puede proyectar
efectos sobre la comunidad indígena concernida en el litigio, de modo que el
análisis del caso tendrá en cuenta la posición jurídica de ambos pueblos étnicos.
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Corte Constitucional. Sentencias T-010 de 2015 y T-481 de 2020, entre otras.
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Demandante: Tomás Rentería Arias y otros
En efecto, de cara al primer argumento expuesto en la alzada, según el cual, el
fallo del tribunal a quo fue dictado sin tener en consideración la jurisprudencia
constitucional e interamericana sobre la aplicación de criterios de flexibilización
en asuntos promovidos por grupos en condición de vulnerabilidad o de
desventaja histórica, la Sala precisa que el asunto sometido a decisión será
analizado y resuelto con enfoque diferencial étnico-racial6, habida cuenta de que
la controversia involucra derechos e intereses de comunidades negras e
indígenas, las cuales se encuentran amparadas por una protección
constitucional reforzada, debido a su especial vínculo con el territorio, su
identidad cultural, sus formas propias de organización y la necesidad de
preservar su subsistencia física y cultural7.
La protección constitucional reforzada de que gozan las comunidades
mencionadas se desprende del deber estatal de reconocer y proteger la
diversidad étnica y cultural de la Nación (artículos 78, 109, 1310 y 33011 de la
6
Corte Constitucional. Sentencia T-010 de 2015. “Dentro del enfoque diferencial, se encuentra
el enfoque étnico, el cual tiene que ver con la diversidad étnica y cultural, de tal manera que
teniendo en cuenta las particularidades especiales que caracterizan a determinados grupos
étnicos y el multiculturalismo, se brinde una protección diferenciada basada en dichas
situaciones específicas de vulnerabilidad, que en el caso de las comunidades étnicas, como lo
son las comunidades indígenas, afro, negras, palanqueras, raizales y Rom, se remontan a
asimetrías históricas. Dicho principio […] permite visibilizar las vulnerabilidades y vulneraciones
específicas de grupos e individuos, por lo que partiendo del reconocimiento focalizado de la
diferencia se pretenden garantizar los principios de igualdad, diversidad y equidad […]”
7 Corte Constitucional, Sentencia T-622 de 2016 y T-576 de 2014
8 “Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación
colombiana.”
9 “Artículo 10. El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos
etnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades
con tradiciones lingüisticas propias será bilingüe.”
10 “Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar,
lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física
o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan”.
11 “Artículo 330. De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán
gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus
comunidades y ejercerán las siguientes funciones: 1. Velar por la aplicación de las normas
legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus territorios. 2. Diseñar las políticas y los planes
y programas de desarrollo económico y social dentro de su territorio, en armonía con el Plan
Nacional de Desarrollo. 3. Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su
debida ejecución. 4. Percibir y distribuir sus recursos. 5. Velar por la preservación de los recursos
naturales. 6. Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades
en su territorio. 7. Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de
acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional. 8. Representar a los
9
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Constitución Política), de asegurar condiciones materiales de igualdad y de
garantizar la participación efectiva de los pueblos étnicos en las decisiones que
los afectan. Asimismo, encuentra fundamento en el Convenio 169 de la OIT,
incorporado al ordenamiento interno por la Ley 21 de 199112, así como en la Ley
70 de 199313, en cuanto reconoce los derechos territoriales y la identidad cultural
de las comunidades negras, todo ello en armonía con el marco constitucional de
protección reforzada de los pueblos étnicos14.
La adopción de ese enfoque implica que la controversia no puede examinarse
desde categorías abstractas o uniformes de daño, territorio, ocupación o
afectación, sino atendiendo a las particularidades históricas, sociales, culturales
y organizativas de las comunidades involucradas. En tal virtud, la Sala valorará
los hechos del caso a partir de la relación diferenciada que estos pueblos
mantienen con la tierra y el territorio, entendidos no solo como soporte material
de subsistencia, sino también como espacio de memoria, identidad, gobierno
propio, prácticas tradicionales y pervivencia colectiva. Por tanto, la resolución del
litigio tomará en consideración que una eventual afectación territorial trasciende
la dimensión meramente patrimonial y puede proyectarse sobre bienes
constitucionalmente relevantes como la autonomía, la integridad cultural, la
seguridad alimentaria, las prácticas ancestrales y la continuidad comunitaria15.
En materia probatoria, el principio de enfoque diferencial no supone relevar a la
parte actora de la carga de acreditar los supuestos de hecho de sus
pretensiones, pero sí impone al juez una apreciación contextual, flexible e
integral del acervo probatorio16, de modo que la prueba sea leída a la luz de las
territorios ante el Gobierno Nacional y las demás entidades a las cuales se integren; y 9. Las que
les señalen la Constitución y la ley.”
12 Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales
en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T.,
Ginebra 1989
13 Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política
14 Corte Constitucional. Sentencia T-652 de 1998. “la Corte Constitucional ha reiterado el carácter
fundamental del derecho a la propiedad colectiva de los grupos étnicos sobre sus territorios, no
sólo por lo que significa para la supervivencia de los pueblos indígenas y raizales el derecho de
dominio sobre el territorio que habitan, sino porque él hace parte de las cosmogonías amerindias
y es substrato material necesario para el desarrollo de sus formas culturales características.”
15 Corte Constitucional. Sentencia T-955 de 2003. “El Congreso Nacional acogió, la comprensión
de los bosques y suelos en la propiedad colectiva que la Carta Política les reconoce a las
comunidades negras, reafirmando la función social y ecológica de dicha propiedad. Al parecer
de la Sala las previsiones anteriores regulan en forma puntual el derecho de propiedad colectiva
de las comunidades negras, a las tierras que tradicionalmente ocupan, reconocido inicialmente
en la Ley 31 de 1967 y refrendado por el Convenio 169 de la OIT y el artículo 55 T. de la Carta,
de tal manera que son éstas las únicas propietarias de la flora existente en sus territorios, y
quienes pueden extraer y aprovechar los productos de sus bosques.”
16 Corte Constitucional. Sentencia SU-101 de 2026. La Corte advirtió que, tratándose de una
controversia promovida por una comunidad étnica, se debe incorporar un enfoque diferencial en
la valoración probatoria, lo que implica apreciar de manera conjunta y contextualizada los
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condiciones de vulnerabilidad, de las asimetrías históricas que han enfrentado
estas comunidades y de las dificultades que, en no pocos casos, se presentan
para documentar afectaciones colectivas, ancestrales o de larga duración con
los mismos estándares de trazabilidad exigibles en controversias individuales
ordinarias17. De allí que la Sala deba otorgar especial atención a los medios de
convicción que den cuenta del contexto territorial, de las formas propias de
ocupación y uso del espacio, de la memoria comunitaria, de las prácticas
tradicionales y de las afectaciones diferenciadas producidas sobre el tejido social
y cultural del grupo.
Lo anterior significa, además, que la valoración probatoria no podrá fragmentar
artificialmente el hecho dañoso ni reducirlo a manifestaciones exclusivamente
económicas, porque cuando están comprometidos derechos e intereses de
comunidades étnicas el análisis debe comprender también las repercusiones
colectivas, simbólicas, culturales y territoriales de aquel. Sin embargo, esa
lectura reforzada y de contexto no autoriza decisiones basadas en meras
conjeturas, pues el enfoque diferencial implica tener en consideración las
dificultades probatorias, morigerar ciertos criterios de análisis y de valoración de
las pruebas, y ampliar la comprensión del daño y de sus formas de acreditación,
pero no suprime el deber de verificación de los hechos ni lleva a sustituir la
prueba por afirmaciones generales. Se trata, en suma, de un estándar de
apreciación más acorde al contexto y a la especificidad étnica del conflicto, pero
igualmente regido por los principios de contradicción, suficiencia y razonabilidad
probatoria18.
En línea con lo anterior, es importante destacar, de igual modo, que el tratamiento
diferenciado que ha de brindarse en el marco del proceso judicial en favor de un
determinado grupo en condiciones de debilidad manifiesta no comporta, por sí
mismo, la inaplicación de términos procesales perentorios ni de presupuestos de
procedibilidad previstos en normas de orden público. En consecuencia, cuando
el debate verse sobre la oportunidad del medio de control, el enfoque diferencial
tendrá incidencia en la determinación del momento en el que el grupo estuvo en
condiciones reales de conocer el daño, de acuerdo con las circunstancias de
vulnerabilidad y las especificidades de la población de que se trate; sin embargo,
no se traduce en la eliminación del término legal de caducidad establecido para
acudir a la administración de justicia.
distintos elementos allegados al proceso, a fin de establecer si de su convergencia puede
desprenderse un indicio razonable sobre los hechos alegados.
17 Corte Constitucional. Sentencia SU-060 de 2021. “[la] jurisprudencia constitucional ha
reconocido la necesidad de que el juez ordinario flexibilice los estándares probatorios frente a la
demostración de la acción u omisión del Estado, otorgando mayor protagonismo a la prueba
indiciaria, en atención a las dificultades probatorias que comportan los casos que comprometen
graves afectaciones a los derechos humanos, como los denominados falsos positivos o
ejecuciones extrajudiciales.”
18 Corte Constitucional. Sentencia T 305 de 2025.
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La razón de ello reside en que las normas de orden público —tanto sustanciales
como procesales— constituyen expresión directa de valores constitucionales
superiores que el legislador ha sustraído de la disposición de las partes y del
margen de modulación judicial, en cuanto protegen intereses generales cuya
salvaguarda resulta indispensable para la convivencia social, la seguridad
jurídica y la vigencia del Estado de Derecho19. Entre tales normas se cuentan, a
título ilustrativo, las que regulan la caducidad de las acciones, la legitimación en
la causa, los presupuestos de la sentencia y las garantías de defensa y
contradicción, todas las cuales operan como condiciones de validez del proceso
que las partes y el juez no pueden pretermitir y que garantizan la neutralidad del
procedimiento20.
Al respecto, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado
que la protección reforzada de los pueblos étnicos debe armonizarse con las
demás garantías convencionales, de manera que el reconocimiento de derechos
diferenciados no implique la supresión de las reglas que aseguran el equilibrio
procesal ni de aquellas que tutelan derechos de terceros igualmente protegidos
por la Convención Americana21. Así, el principio “pro persona”22 y la obligación
de interpretar las normas de la manera más favorable a la protección de los
derechos humanos no habilitan al juez a prescindir de los presupuestos de
validez del proceso, sino que le imponen el deber de maximizar la eficacia de los
derechos dentro del marco institucional disponible23.
19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del
17 de julio de 1986. “La caducidad tanto se da en el derecho privado como en el derecho público
y en ambos tiene carácter de orden público, pues su organización obedece a la necesidad social
derivada de razones de interés general de obtener en tiempos breves la definición de ciertos
derechos”
20
Corte Constitucional. Sentencia C-407 de 1997.
21 Corte IDH, Caso Pueblos Kaliña y Lokono vs. Surinam, Sentencia de 25 de noviembre de 2015.
“el derecho de los pueblos indígenas y las normas internacionales de medio ambiente deben
comprenderse como derechos complementarios y no excluyentes”, “los criterios de a)
participación efectiva, b) acceso y uso de sus territorios tradicionales y c) de recibir beneficios de
la conservación [...] resultan elementos fundamentales para alcanzar dicha compatibilidad”. Corte
IDH, Caso Tiu Tojín vs. Guatemala, Sentencia de 26 de noviembre de 2008. “es indispensable
que los Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades
propias, sus características económicas y sociales, así como su situación de especial
vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres"
22 Corte Constitucional. Sentencia SU-381 de 2024. “en virtud del principio pro persona, que
“impone aquella interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus
derechos, esto es, la prevalencia de aquella interpretación que propenda por el respeto de la
dignidad humana y consecuentemente la protección, garantía y promoción de los derechos
humanos y de los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional”. El principio pro
persona, en consecuencia, es un criterio imprescindible en el ejercicio de armonización propio
de la figura del bloque de constitucionalidad, a cargo de autoridades internas como la Corte
Constitucional.”
23 Corte IDH, Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros vs. Brasil. Sentencia de 5 de febrero
de 2018. La Corte reiteró que la obligación de los Estados de garantizar los derechos territoriales
de los pueblos étnicos debe cumplirse a través de los mecanismos institucionales y procesales
previstos en el ordenamiento interno. Al efecto la Corte estableció que los procesos
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En suma, la protección reforzada de las personas vulnerables no consiste ni
equivale a inaplicar las normas de orden público que estructuran el debido
proceso24; se traduce en la interpretación de las normas jurídicas aplicables, la
apreciación del contexto fáctico, la flexibilización del estándar probatorio y la
modulación de las medidas de reparación, sin desconocer ni inaplicar las normas
de orden público que estructuran el proceso y aseguran condiciones de igualdad
formal y material entre todos los sujetos procesales.
En consecuencia, la Sala aplicará el enfoque diferencial como una herramienta
hermenéutica y valorativa que permea el análisis del caso en todas sus
dimensiones —fáctica, probatoria, jurídica y reparatoria—, pero lo hará dentro de
los cauces procesales establecidos por la ley y con pleno respeto de las normas
de orden público que gobiernan el trámite del medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo, conforme a lo dispuesto en la Ley 472 de 1998
y en las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA) que resulten aplicables.
Finalmente, no sobra destacar, que el enfoque diferencial también incide en la
definición de las medidas que, en caso de hallarse demostrada la
responsabilidad del Estado, sean idóneas para reparar el daño. En efecto,
tratándose de comunidades negras e indígenas, la respuesta judicial no puede
agotarse en una dimensión indemnizatoria uniforme, sino que debe procurar, en
la mayor medida posible, una reparación congruente con la naturaleza colectiva
y diferenciada de la afectación, teniendo en cuenta la protección del territorio, la
reconstrucción del tejido comunitario, la salvaguarda de las prácticas culturales
y la garantía de no repetición, siempre dentro del marco competencial propio de
este medio de control y de la prueba efectivamente recaudada en el proceso.
IV. CONSIDERACIONES
La Sala anticipa que confirmará la sentencia del 16 de enero de 2020, proferida
por el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante la cual declaró probada la
excepción de caducidad del medio de control, al constatar que desde el momento
en que la parte actora estuvo en condiciones objetivas y jurídicamente
administrativos de delimitación, demarcación, titulación y saneamiento de territorios indígenas
son mecanismos que garantizan seguridad jurídica y la demarcación y titulación del territorio
debe traducirse en el efectivo uso y goce pacífico de la propiedad colectiva. Es decir, la Corte
vinculó la protección territorial diferenciada al cumplimiento de los procedimientos formales del
derecho interno.
24 Constitución Política. “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas
propias de cada juicio”. Las normas procesales que regulan la acción de grupo (Ley 472 de 1998)
son de orden público y, como tales, de obligatorio cumplimiento tanto para las partes como para
el juez.
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verificables de conocer la afectación alegada, hasta la presentación de la
demanda, transcurrió un lapso superior al término legal de dos (2) años.
A esa conclusión se arriba tras verificar que, aun bajo una interpretación flexible
de las reglas relativas al conocimiento del daño, en atención a la grave situación
de desventaja histórica de la comunidad accionante y a la imposibilidad de haber
controvertido oportunamente la Resolución No. 185 del 13 de diciembre de 1979,
la demanda no fue promovida dentro del término previsto en la ley - que está
consagrado en una norma de orden público.
Para el análisis, a continuación, se abordarán los siguientes aspectos: (1)
presupuestos procesales (2) problema jurídico, (3) hechos probados, (4) conteo
del término preclusivo cuando la reparación de perjuicios causados a un grupo
se funda en la ilegalidad de un acto de adjudicación de baldíos, (5) análisis de la
caducidad del medio de control, (6) conclusión, (7) costas; y (8) disposiciones
finales.
1. Presupuestos procesales
1.1. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para
conocer del asunto, según lo previsto en los artículos 5025 de la Ley 472 de 1998
y 152.1626 del CPACA, estatuto vigente a la fecha de presentación de la
demanda y que, por tanto, resulta aplicable, porque se demanda la reparación
de perjuicios causados a un grupo, cuyo conocimiento corresponde a la Sección
Tercera del Consejo de Estado, en razón al criterio de especialidad previsto en
el reglamento de la Corporación27.
1.2. El medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo es
el mecanismo procesal idóneo para obtener la declaratoria de responsabilidad
patrimonial del Estado cuando el daño ha sido sufrido por un número de
personas igual o superior a veinte, que comparten condiciones uniformes
respecto de una misma causa generadora de perjuicios individuales 28, en los
25 “Artículo 50. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los procesos que se
susciten con ocasión del ejercicio de las acciones de grupo originadas en la actividad de las
entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas. […]”.
26 “Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. […]. 16. De
los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de daños causados a
un grupo y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas
que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas”.
27 “Acuerdo 080 de 2019. Artículo 13.12. 12. Las acciones de grupo de competencia del Consejo
de Estado”.
28 En este medio de control la exigencia de que existan “condiciones uniformes” no significa que
todos los integrantes del grupo hayan sufrido exactamente el mismo daño, ni que la
responsabilidad deba examinarse de manera idéntica en cada caso. Lo que exige la ley es que
las reclamaciones estén unidas por un mismo hecho, acción, omisión u origen común, de modo
que exista una base fáctica y jurídica homogénea que justifique su trámite conjunto. Por ello,
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términos del artículo 14529 del CPACA.
Igualmente, esta disposición prevé que el medio de control también resulta
procedente cuando el daño proviene de un mismo acto administrativo de carácter
particular30. Con todo, si se discute su legalidad, habrá de verificarse que al
menos uno de los integrantes del grupo haya agotado el recurso administrativo
obligatorio correspondiente en su contra.
En el caso concreto, las pretensiones de la demanda se edifican exclusivamente
en la ilegalidad de la Resolución No. 185 del 13 de diciembre de 1979, que habría
ocasionado un daño a los actores grupales, derivado de la errada titulación de
tierras baldías ancestrales que se realizó a favor de una comunidad indígena. De
hecho, el tenor literal del libelo introductorio permite advertir que el grupo
demandante reprocha la motivación equivocada del acto administrativo referido,
cuando señala en la demanda que “el Estado cometió una falla del servicio
administrativo al expedir la Resolución Administrativa 185 de 1979 por parte del
INCORA, por medio de la cual se creó el Resguardo Indígena de Andágueda y
en el que se incluyeron por error a cuatro comunidades de la etnia negra: Piedra
Onda, Bómbora, Churina y parte de San Marino del municipio de Bagadó,
pertenecientes al Consejo Comunitario de COCOMOPOCA”.
Bajo ese entendimiento, se advierte que el presente asunto encuadra, en
principio, dentro del supuesto previsto en el artículo 145 del CPACA, pues la
parte demandante afirma representar doscientos ochenta y dos (282) miembros
del COCOMOPOCA (hecho probado 3.23.), que alegan haber sufrido daños
derivados de una causa común: la expedición de la Resolución No. 185 del 13
aunque la causa del daño sea común, sus efectos pueden manifestarse con distinta intensidad
o alcance en cada miembro del grupo. Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-569 de 2004
29 “Artículo 145. Reparación de los perjuicios causados a un grupo. Cualquier persona
perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas que reúnan condiciones uniformes
respecto de una misma causa que les originó perjuicios individuales, puede solicitar en nombre
del conjunto la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago
de indemnización de los perjuicios causados al grupo, en los términos preceptuados por la norma
especial que regula la materia. Cuando un acto administrativo de carácter particular afecte a
veinte (20) o más personas individualmente determinadas, podrá solicitarse su nulidad si es
necesaria para determinar la responsabilidad, siempre que algún integrante del grupo hubiere
agotado el recurso administrativo obligatorio.”
30 Este supuesto debe distinguirse de aquellos eventos en los que se pretende obtener la
reparación de perjuicios derivados de varios actos administrativos de carácter individual. En tales
casos no se satisface el requisito de “causa común”, exigido para la procedencia de la acción de
grupo, pues cada acto origina una situación jurídica particular y un daño cuya reclamación debe
ventilarse de manera separada. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
Sala Catorce Especial de Decisión, Sentencia de unificación del 6 de diciembre de 2021, Rad.
66001-33-31-003-2008-00410-01. “la acción de grupo no procede para reparar perjuicios
causados por varios actos administrativos individuales, al no cumplirse el requisito de comunidad
de causa o de existencia jurídica del grupo y, por lo tanto, la reparación de los perjuicios causados
por cada uno de tales actos administrativos debe intentarse separadamente, mediante los
correspondientes procesos de nulidad y restablecimiento del derecho”.
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de diciembre de 1979, que es un acto administrativo de carácter particular,
dirigido a crear un resguardo para una comunidad indígena. Desde esta
perspectiva, el presupuesto relativo a la existencia de una causa común y de
condiciones uniformes se encuentra satisfecho para efectos de la procedencia
del medio de control. A su turno, se advierte que no le asiste razón a la parte
demandada cuando sostiene que el medio de control es improcedente, pues,
como se observa, por esta vía sí es posible controvertir la legalidad de un acto
administrativo de carácter particular, cuando de él se dice que se derivaron
daños para más de veinte personas.
Ahora bien, la Sala estima que la falta de interposición de recursos contra la
Resolución No. 185 del 13 de diciembre de 1979 no desvirtúa, en este caso, la
procedencia del medio de control. Lo anterior no implica desconocer el requisito
previsto en el artículo 145 del CPACA, sino reconocer que dicha carga solo
resulta exigible cuando el recurso administrativo obligatorio es jurídicamente
procedente y materialmente puede ser ejercido por alguno de los integrantes del
grupo.
En el presente asunto, de acuerdo con lo afirmado en la demanda y lo probado
en el expediente (hecho probado 3.1.), el acto administrativo no estuvo dirigido
a los hoy demandantes, no les fue notificado en debida forma y tampoco se les
informó sobre la procedencia de recursos. Por tanto, no puede predicarse
automáticamente el incumplimiento de una carga procesal cuya observancia
exigía una oportunidad real y efectiva de contradicción. A ello se suma que no
resulta jurídicamente admisible trasladar mecánicamente, y con efectos
retroactivos, una exigencia de procedibilidad prevista por el CPACA a una
actuación administrativa culminada varias décadas antes, especialmente
respecto de sujetos que no fueron vinculados formalmente al trámite ni tuvieron
conocimiento cierto de los mecanismos de impugnación. Esta conclusión se
refuerza desde un enfoque diferencial étnico-racial, en la medida en que el litigio
compromete a comunidades negras, titulares de especial protección
constitucional, respecto de las cuales el juez debe valorar las barreras históricas,
institucionales y materiales que pudieron incidir en su acceso oportuno a los
mecanismos administrativos y judiciales de defensa.
En consecuencia, la ausencia de recursos administrativos contra la Resolución
No. 185 del 13 de diciembre de 1979 no constituye, en este caso, un obstáculo
para continuar con el análisis de los demás presupuestos procesales 31, lo que
31 Lo anterior, sin perjuicio de que, al examinar la oportunidad para presentar la demanda, la Sala
deba precisar la regla de caducidad aplicable al caso, habida consideración de que la
controversia se plantea a través del medio de control de reparación de los perjuicios causados a
un grupo, pero tiene como causa común del daño un acto administrativo particular relacionado
con la creación de un resguardo indígena sobre tierras de naturaleza baldía. Esa precisión, sin
embargo, corresponde al análisis de caducidad y no desvirtúa la procedencia del medio de
control, pues el artículo 145 del CPACA habilita expresamente esta vía cuando el daño proviene
de un acto administrativo particular cuya legalidad se discute.
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de paso hace próspero el cargo de la alzada, según el cual la sentencia del
tribunal a quo no consideró las circunstancias particulares del caso, consistentes
en la imposibilidad de que las comunidades negras hubieran ejercido
oportunamente acciones legales contra la Resolución No. 185 del 13 de
diciembre de 1979.
En ese sentido, el requisito de agotamiento del recurso administrativo obligatorio
previsto en el artículo 145 del CPACA presupone que dicho recurso haya sido
jurídicamente procedente y materialmente exigible para alguno de los
integrantes del grupo y no puede convertirse en una carga imposible frente a
terceros no vinculados formalmente al trámite administrativo, no notificados del
acto y respecto de quienes no se acreditó una oportunidad real de impugnación.
Por ello, en este caso, la ausencia de recurso administrativo contra la Resolución
No. 185 del 13 de diciembre de 1979 no impide el estudio de los demás
presupuestos procesales.
1.3. El ejercicio oportuno del medio de control constituye un presupuesto
indispensable para habilitar la competencia del juez contencioso administrativo32
y, por tanto, para abrir paso al examen de la responsabilidad que se atribuye a
las entidades demandadas. En esa medida, cuando se advierte que la demanda
fue presentada una vez vencido el término legal de caducidad, se impone un
pronunciamiento previo, autónomo y excluyente sobre ese presupuesto
procesal, dado que la caducidad, como regla de orden público, extingue la
posibilidad de promover válidamente el medio de control e impide cualquier
decisión de fondo sobre el litigio.
Así, aunque el presente asunto será analizado con enfoque diferencial étnico-
racial, en atención a que involucra derechos e intereses de comunidades negras
e indígenas, ello no releva a la Sala de verificar el cumplimiento de las exigencias
procesales imperativas que estructuran el debido proceso, entre ellas la
oportunidad en el ejercicio del medio de control. Por esta razón, el problema
jurídico se formulará en el estudio de la caducidad del medio de control, habida
cuenta que la sentencia de primera instancia consideró que los demandantes
32 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 22 de noviembre de
2021, Rad.: 51648. “Esta corporación, en forma reiterada, ha sostenido que, para garantizar la
seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como
una sanción, en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejerzan en un término
específico. En este sentido, los interesados tienen la carga procesal de acudir a la jurisdicción
dentro del plazo fijado por la ley, por cuanto, al exceder el término preclusivo para promover el
litigio, se pierde la facultad de accionar y así hacer efectivo su derecho”. Asimismo, ver: Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 19 de noviembre de 2021, Rad.:
51788. “[…] la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al
ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de
actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o
requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de
accionar”.
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grupales presentaron la demanda de manera extemporánea y el recurso de
apelación controvierte, precisamente, esa conclusión.
2. Problema jurídico
De conformidad con el recurso de apelación, corresponde a esta Sala verificar si
la demanda de reparación de perjuicios causados a un grupo fue presentada en
tiempo.
3. Hechos probados
Antes de relacionar los hechos probados, conviene realizar algunas precisiones
sobre la valoración de los medios de prueba allegados al proceso. En primer
lugar, la Sala pone de presente que otorgará mérito probatorio a las copias
simples que obran en el expediente, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 24533 del CGP, que admite que los documentos se aporten al proceso
en original o en copia, junto con el artículo 24634 del mismo estatuto, que otorga
a las copias el mismo valor probatorio del original, salvo en los eventos en que
la ley establezca que debe presentarse el original o una determinada copia.
En segundo término, se advierte que, atendiendo el tenor literal del artículo 24435
del CGP, los documentos públicos y privados emanados de las partes o de
terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que
contengan la reproducción de la voz y de la imagen, se presumirán auténticos,
33 “Artículo. 245. Aportación de documentos. Los documentos se aportarán al proceso en original
o en copia. Las partes deberán aportar el original del documento cuando estuviere en su poder,
salvo causa justificada. Cuando se allegue copia, el aportante deberá indicar en dónde se
encuentra el original, si tuviere conocimiento de ello.”
34 “Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del
original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una
determinada copia. Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca
copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia
expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la
audiencia correspondiente.”
35 “Artículo 244. Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre
la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la
persona a quien se atribuya el documento. Los documentos públicos y los privados emanados
de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que
contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan
sido tachados de falso o desconocidos, según el caso. También se presumirán auténticos los
memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas las demandas, sus
contestaciones, los que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de
sustitución. Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos
para ser título ejecutivo. La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia,
reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue
su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos. Lo
dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones”.
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mientras no sean tachados de falso o desconocidos por las partes o
intervinientes.
Finalmente, se advierte que, en los alegatos de conclusión de segunda instancia,
la parte actora hizo referencia a la sentencia del 27 de julio de 2021 36, proferida
por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Antioquia, dentro del proceso promovido por
COCOMOPOCA, y junto con su escrito de alegaciones acompañó de dicho fallo;
sin embargo, esa providencia no fue solicitada, decretada ni incorporada como
prueba dentro de las oportunidades procesales correspondientes. Por tanto, la
Sala no fundará en ella la acreditación de los hechos probados del presente
proceso, ni le asignará valor probatorio para resolver la controversia, sin perjuicio
de entender la referencia realizada por la parte actora como un argumento de
contexto37.
Así las cosas, una vez examinado el acervo probatorio que reposa en el
expediente, se encuentran acreditados los siguientes hechos relevantes para dar
respuesta al problema jurídico planteado en el presente asunto:
3.1. Mediante la Resolución No. 185 del 13 de diciembre de 1979, el INCORA
constituyó el "Resguardo Indígena del Río Andágueda", también conocido como
“Resguardo Tahamí del Alto Andágueda”, en un terreno baldío ubicado en
jurisdicción del municipio de Bagadó, del departamento del Chocó, en beneficio
de la comunidad Embera-Katío. Según este acto administrativo, el resguardo
comprendía un área aproximada de 50.000 hectáreas, cuyos linderos fueron
fijados en la misma resolución. La parte considerativa del acto indicó que en el
área confluían "influencias del contacto entre grupos étnicos diferentes, de un
lado los indígenas, de otro, una importante población negra dedicada a la minería
rudimentaria y a la agricultura, y finalmente, una colonización proveniente del
complejo cultural Antioqueño". En la parte resolutiva se dispuso que ninguna
ocupación de tierras dentro del Resguardo por personas ajenas a la comunidad
indígena, hecha con posterioridad a la publicación de la resolución en el Diario
36 Sentencia. SAMAI, índice No. 26. Certificado 4C1B16B298F7E3D3 F031275580B84F0E
05C75A197C6405C0 8E032707FE5FB066.
37 Aunque la providencia allegada extemporáneamente no puede ser apreciada como prueba
regularmente incorporada al expediente, ello no obsta para que la Sala la mencione como
antecedente judicial y referente contextual del conflicto territorial examinado, en cuanto se trata
de una decisión pública, consultable en medios oficiales, cuyo contenido puede contribuir a una
comprensión más amplia del entorno histórico, social y territorial en el que se inscribe la
controversia. Tal posibilidad adquiere especial relevancia en un asunto que involucra a
comunidades negras y, por ende, exige un análisis con enfoque diferencial étnico-racial,
orientado a captar las particularidades de los procesos de despojo, exclusión, afectación
territorial y vulneración colectiva que han incidido en sus derechos. Con todo, esa referencia no
comporta conferirle valor probatorio dentro de este proceso ni tener por acreditados, con
fundamento en ella, los supuestos fácticos aquí debatidos.
19
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Demandante: Tomás Rentería Arias y otros
Oficial, daría derecho a reclamar adjudicación al Estado ni reembolso a los
indígenas38.
3.2. El 9 de junio de 1980, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Quibdó inscribió la titulación colectiva de baldíos adjudicada mediante la
Resolución No. 185 del 13 de diciembre de 1979, en el folio de matrícula
inmobiliaria No. 180-000168539.
3.3. El 16 de diciembre de 1999, Jhon Elín Bejarano Robledo, en calidad de
representante legal del COCOMOPOCA, con área de influencia en los
municipios de Atrato, Lloró, Bagadó y Cértegui, del departamento del Chocó,
presentó ante el INCORA -Regional Chocó- solicitud de titulación colectiva en
calidad de "tierras de las comunidades negras", con base en lo dispuesto en la
Ley 70 de 199340 y el Decreto 1745 de 199541, de un terreno baldío denominado
COCOMOPOCA, ubicado en las zonas ribereñas del Alto Atrato, con una
extensión territorial estimada en 172.000 hectáreas, que comprendía a 50
comunidades negras identificadas en jurisdicción de los municipios de Atrato,
Lloró, Bagadó y Cértegui42.
38 Resolución No. 185 de 1979. SAMAI, índice No. 2, Certificado 7EB1D7CFDF24AF48
8D3411CAF41578212C8897E77252B347 CE0130EE5CE93AE5. Fl. 336-340.
39 Si bien no se allegó el certificado de tradición respectivo, se aportó copia del sello de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó, con el que se acredita la adjudicación de los
terrenos baldíos. SAMAI, índice No. 2, Certificado 7EB1D7CFDF24AF48
8D3411CAF41578212C8897E77252B347 CE0130EE5CE93AE5. Fl. 341.
40 Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política. El artículo 55
transitorio de la Constitución Política dispuso lo siguiente: “Dentro de los dos años siguientes a
la entrada en vigencia de la presente Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por parte
de una comisión especial que el Gobierno creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las
comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de
los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el
derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley. En la
comisión especial de que trata el inciso anterior tendrán participación en cada caso
representantes elegidos por las comunidades involucradas. La propiedad así reconocida sólo
será enajenable en los términos que señale la ley. La misma ley establecerá mecanismos para
la protección de la identidad cultural y los derechos de estas comunidades, y para el fomento de
su desarrollo económico y social.”
41 Por el cual se reglamenta el Capítulo III de la Ley 70 de 1993, se adopta el procedimiento para
el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las "Tierras de las Comunidades
Negras" y se dictan otras disposiciones
42 El fundamento de los hechos probados 3.3. a 3.22. se encuentra en la parte motiva de la
Resolución No. 2425 del 19 de septiembre de 2011, cuyo contenido no fue controvertido por las
partes dentro del proceso. Dada su relevancia para la comprensión contextual del asunto y para
la aplicación del enfoque diferencial étnico-racial que orienta el análisis del caso, se estima
pertinente incorporar de manera amplia el recuento fáctico allí consignado, en tanto permite
reconstruir el marco histórico, administrativo y territorial en el que se inscribe la controversia.
Resolución No. 2425 de 2011. SAMAI, índice No. 2, Certificado 7EB1D7CFDF24AF48
8D3411CAF41578212C8897E77252B347 CE0130EE5CE93AE5. Fl. 342-388.
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Radicado: 27001-23-31-000-2018-00009-02 (69096)
Demandante: Tomás Rentería Arias y otros
3.4. El 31 de enero de 2000, el Secretario del INCORA -Regional Chocó-
suscribió un informe secretarial mediante el cual dio traslado de la solicitud al
Director Regional, indicando que ésta reunía los requisitos exigidos en el Decreto
1745 de 1995.
3.5. Mediante auto del 1° de febrero de 2000, el Director del INCORA -Regional
Chocó- aceptó la solicitud de titulación colectiva presentada por el
COCOMOPOCA, con extensión aproximada de 172.000 hectáreas, y ordenó
iniciar las diligencias administrativas correspondientes. En el mismo auto ordenó
la publicación de la solicitud en una emisora radial y la fijación de avisos por
cinco días hábiles en las alcaldías municipales de Atrato, Lloró y Bagadó, en
sitios públicos visibles, en las inspecciones de policía y en la oficina del INCORA.
3.6. El 30 de junio de 2000, el Secretario del INCORA -Regional Chocó- expidió
informe secretarial en el que señaló que la etapa publicitaria del proceso
administrativo del COCOMOPOCA se encontraba culminada.
3.7. Mediante la Resolución No. 0125 del 4 de julio de 2000, el Director del
INCORA -Regional Chocó- ordenó la práctica de una visita técnica al globo de
terreno solicitado en titulación colectiva por el COCOMOPOCA, la cual habría de
realizarse del 13 de julio al 12 de agosto de 2000. Asimismo, dispuso realizar las
notificaciones y publicaciones correspondientes a representantes de consejos
comunitarios colindantes, resguardos indígenas, a la Procuraduría Delegada
para Asuntos Étnicos y a las alcaldías municipales de Bagadó, Lloró y Atrato.
3.8. Por auto del 23 de mayo de 2002, el INCORA -Regional Chocó- ordenó
suspender el trámite administrativo hasta tanto existieran condiciones de orden
público favorables para los funcionarios de la regional y las comunidades
involucradas en el procedimiento, decisión que fue notificada a la Procuraduría
Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios.
3.9. Mediante auto del 20 de octubre de 2004, la Oficina de Enlace Territorial
Antioquia del INCODER ordenó excluir del trámite de titulación colectiva del
COCOMOPOCA a varias “comunidades negras” del municipio de Lloró —entre
ellas Currupá, Guaitadó, La Playa, La Vuelta, Peñalosa, Boraudó, Tocolloró,
Playa Alta, Gegorá, Tápera Lloró y Perico—, las cuales pasaron a conformar el
Consejo Comunitario Integral de Lloró -COCOILLO-.
3.10. En fecha indeterminada del año 2005, la Oficina de Enlace Territorial
Antioquia del INCODER expidió un auto ordenando la fijación en lista del proceso
de titulación colectiva del COCOMOPOCA por el término de cinco días hábiles,
diligencia que se realizó desde el 1° hasta el 9 de diciembre de 2005.
21
Radicado: 27001-23-31-000-2018-00009-02 (69096)
Demandante: Tomás Rentería Arias y otros
3.11. Mediante auto del 10 de abril de 2008, la Subdirección de Administración
de Bienes Rurales de la Unidad Nacional de Tierras Rurales asumió el
conocimiento del expediente de titulación colectiva del COCOMOPOCA.
3.12. A través de la Resolución No. 584 del 28 de mayo de 2008, el Director
Ejecutivo de la Unidad Nacional de Tierras Rurales negó la solicitud de
adjudicación de las tierras baldías solicitadas por el COCOMOPOCA. Contra esa
resolución, en fecha indeterminada, el Procurador Judicial Ambiental y Agrario
del Chocó interpuso recurso de reposición, que fue decidido mediante la
Resolución No. 988 del 13 de agosto de 2008, en la que la entidad mantuvo en
firme la decisión impugnada. A su turno, la representante legal del
COCOMOPOCA interpuso igualmente recurso de reposición contra la misma
Resolución No. 584 de 2008, el cual fue resuelto desfavorablemente mediante la
Resolución No. 996 del 21 de agosto de 2008.
3.13. Por auto del 18 de mayo de 2009, la Unidad Nacional de Tierras Rurales
dispuso remitir nuevamente el expediente al INCODER. Esta decisión obedeció
a que la Ley 1152 de 200743, mediante la cual se había creado dicha Unidad, fue
declarada inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-175 de 2009,
circunstancia que dejó sin sustento jurídico su competencia y determinó que el
trámite retornara a la entidad ante la cual se venía adelantando originalmente.
3.14. Mediante oficio del 7 de diciembre de 2009, el Procurador Judicial II 29
Ambiental y Agrario de Bogotá solicitó al INCODER la revocatoria directa de las
Resoluciones Nos. 584 de 2008 y 996 de 2008, expedidas por la extinta Unidad
Nacional de Tierras Rurales, mediante las cuales se había negado la solicitud de
titulación colectiva al COCOMOPOCA.
3.15. A través de escrito del 19 de enero de 2010, el Defensor del Pueblo
Delegado para los Indígenas y Minorías Étnicas también solicitó al INCODER la
revocatoria directa de las Resoluciones Nos. 584 de 2008 y 996 de 2008.
3.16. Mediante la Resolución No. 1011 del 23 de abril de 2010, el Gerente
General del INCODER revocó las Resoluciones Nos. 584, 0988 y 996 del año
2008, expedidas por la Unidad Nacional de Tierras Rurales, y en su lugar dispuso
continuar con el proceso de titulación colectiva del COCOMOPOCA, en el estado
en que se encontraba para la fecha en que se había negado su solicitud.
3.17. Por Resolución No. 1457 del 26 de mayo de 2010, el Gerente General del
INCODER delegó en la Subgerencia de Promoción, Seguimiento y Asuntos
Étnicos la competencia para el conocimiento y trámite del proceso de titulación
colectiva del COCOMOPOCA.
43 Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural, INCODER, y se dictan otras disposiciones
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Radicado: 27001-23-31-000-2018-00009-02 (69096)
Demandante: Tomás Rentería Arias y otros
3.18. Por medio del auto del 8 de junio de 2010, la Subgerencia de Promoción,
Seguimiento y Asuntos Étnicos del INCODER ordenó la realización de una visita
técnica de actualización de información dentro del proceso administrativo. La
visita técnica se realizó entre el 1° y el 15 de julio de 2010. El informe de la visita
fue remitido a la representante legal del COCOMOPOCA mediante oficio del 16
de septiembre de 2010, quien formuló precisiones, objeciones y
recomendaciones mediante escrito del 20 de octubre de 2010.
3.19. A través del auto del 23 de diciembre de 2010, la Subgerencia de
Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos del INCODER decidió las
oposiciones de propietarios particulares a la titulación colectiva, las solicitudes
de reconocimiento de terceros ocupantes de buena fe y otras peticiones que
ameritaban decisión de fondo. En ese mismo auto se admitió el regreso de la
comunidad de La Playa al COCOMOPOCA y se verificó que la “comunidad
negra” de Villa Claret siempre había decidido permanecer afiliada al
COCOMOPOCA. Este auto fue debidamente notificado personalmente, por
estado y por edictos radiales.
3.20. En fecha indeterminada, el representante legal del COCOMOPOCA
interpuso recurso de reposición contra el auto del 23 de diciembre de 2010, al
igual que otros particulares. Para resolver los recursos, la Subgerencia de
Promoción ordenó una visita técnica a terreno, realizada en mayo de 2011, con
el fin de obtener la información requerida. Mediante auto del 26 de agosto de
2011, la Subgerencia de Promoción decidió los recursos interpuestos y adoptó
otras determinaciones.
3.21. Posteriormente, en fecha indeterminada, el proyecto de evaluación previa
de carácter jurídico, técnico y ambiental fue presentado ante la Comisión Técnica
de la Ley 70 de 1993, la cual, en reunión oficial del 30 de agosto de 2011, emitió
concepto previo favorable para que el INCODER expidiera el respectivo título
colectivo a favor de las comunidades negras integradas en el COCOMOPOCA.
3.22. Mediante la Resolución No. 2425 del 19 de septiembre de 2011, el Gerente
General del INCODER adjudicó en calidad de "tierras de las comunidades
negras" 73.317 hectáreas conformadas por terrenos baldíos rurales ribereños de
la Cuenca del Pacífico, ocupados colectivamente por las comunidades negras
integradas en el COCOMOPOCA, en los municipios de Atrato, Lloró, Bagadó y
Cértegui, del departamento del Chocó. En la parte resolutiva de ese acto se
fijaron los linderos del territorio colectivo, y entre ellos se hizo referencia expresa
al “Resguardo Indígena Andágueda”, constituido mediante la Resolución No. 185
del 13 de diciembre de 1979. Según el censo elaborado por el Consejo
Comunitario, el COCOMOPOCA estaba conformado por 12.116 personas
agrupadas en 2.319 familias. Las tierras adjudicadas fueron declaradas de
carácter legal como "tierras comunales de grupos etnicos", con carácter de
propiedad colectiva, no enajenables, imprescriptibles e inembargables, de
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Radicado: 27001-23-31-000-2018-00009-02 (69096)
Demandante: Tomás Rentería Arias y otros
conformidad con el artículo 63 de la Constitución Política y el artículo 7° de la
Ley 70 de 1993. La resolución dispuso su publicación en el Diario Oficial, su
notificación al representante legal del COCOMOPOCA y al Procurador Delegado
para Asuntos Ambientales y Agrarios - en la forma prevista en los artículos 44 y
45 del Código Contencioso Administrativo - y su inscripción en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos correspondiente44. En la parte resoluta, entre
otras disposiciones, se indicó lo siguiente:
“Artículo Primero: Título Colectivo. Adjudicar a favor de la comunidad negra
organizada en el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular
Campesina del Alto Atrato -COCOMOPOCA-, conformado por los Consejos
Locales que se relacionan a continuación: Zona 1. La Canal, Bombora, Piedra
Honda, Pedro Casas, Boca de Cuchado, San Marino, Churina. Zona 2. Engrivado,
Cuajando, Cabezón, Playa Bonita, El Salto. Zona 3. Ochoa, Muchichi, Irachura,
Yacorado, Pasaragama, Chambará, La Sierra. Zona 4. Bagadó Área Rural Barrio
Octavo, San José, Tapera Bagadó. Zona 5. Villanueva, Calle Larga, San Jorge,
Las Hamacas, Ogodo, Canalete, Lloró Zona Rural. Zona 6. El Llano, Yarumal,
Nipurdu, Boca De Tumutumbudo. Zona 7. Villa Claret, El Llanito, Perico. Zona 8.
Boca De Capa, La Playa, Canchido. Zona 9. Yuto-Jiguda, Samurindo, Puente De
Tanando, La Toma, Arenal, Doña Josefa; Representada Legalmente Por el Señor
Jose Américo Mosquera Berrio, identificado con la cédula de ciudadanía número
11.788.153 de Quibdó, los terrenos baldíos rurales ribereños ocupados
colectivamente y de manera ancestral por estas comunidades, los cuales están
ubicados en los municipios de Atrato, Lloró, Bagadó y Cértegui, departamento del
Chocó. El Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del
Alto Atrato COCOMOPOCA, según el censo elaborado por el Consejo
Comunitario está conformado por 12.116 personas agrupadas en 2.319 familias,
quienes son las beneficiarias de la titulación colectiva a la que hace referencia la
presente resolución. De esta población aproximadamente el 40% ha sido objeto
de desplazamiento forzado, lo cual no inhibe el derecho de propiedad colectiva
que adquieren mediante la presente resolución.
Artículo Segundo: Carácter y Régimen Legal de las Tierras Adjudicadas. En
armonía con lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución Política y el artículo
7° de la Ley 70 de 1993, las Tierras de Comunidades Negras que por la presente
providencia se adjudican, tienen el carácter legal de "Tierras Comunales de
Grupos Étnicos", son de propiedad colectiva y no enajenables, además de
imprescriptibles e inembargables. En consecuencia, solo podrán enajenarse las
áreas que sean asignadas a un grupo familiar, por la disolución de aquél o por
cualquier otra causa que señale el reglamento interno aprobado por la Asamblea
General del Consejo Comunitario. En todo caso, el ejercicio del derecho
preferencial de ocupación o adquisición, únicamente podrá recaer en otro
miembro de la comunidad respectiva o, en su defecto, en otros miembros del
grupo étnico al que pertenece la comunidad negra beneficiaria. […]
44Resolución No. 2425 de 2011. SAMAI, índice No. 2, Certificado 7EB1D7CFDF24AF48
8D3411CAF41578212C8897E77252B347 CE0130EE5CE93AE5. Fl. 342-388.
24
Radicado: 27001-23-31-000-2018-00009-02 (69096)
Demandante: Tomás Rentería Arias y otros
Artículo Décimosegundo: Publicación y Registro. La presente resolución se
publicará en el Diario Oficial y por una sola vez en un medio de amplia circulación
o sintonía en el lugar donde se ubica el territorio objeto de titulación y se inscribirá
en un término no mayor de diez (10) días en la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos donde corresponda la inscripción del inmueble, una vez se haya surtido
su ejecutoria y cumplidas las anteriores diligencias. El registrador devolverá al
INCODER la correspondiente anotación de su registro. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 70 de 1993 y el 31 del Decreto 1745 de 1995,
por los servicios de inscripción y publicación de la presente resolución no se
cobrará derecho alguno.
Artículo Décimotercero: Normas Supletorias. En los aspectos no contemplados en
la presente providencia, se aplicará la legislación general sobre tierras baldías de
la Nación en lo que sea compatible con la naturaleza y finalidades del
reconocimiento a la propiedad de las comunidades negras, tal como lo establece
el artículo 12 de la Ley 70 de 1993.
Artículo Décimocuarto: Notificación. La presente resolución se notificará en la
forma prevista en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, al
representante legal del Consejo Comunitario interesado y al Procurador Delegado
para Asuntos Ambientales y Agrarios de la Procuraduría General de la Nación.
Artículo Décimoquinto: Recursos. Contra la presente resolución procede por la vía
gubernativa, el recurso de reposición, de conformidad con lo previsto en el
parágrafo 2° del artículo 29 del Decreto 1745 de 1995.
Artículo Décimosexto: Vigencia. La presente resolución comenzará a regir a partir
de su publicación en el Diario Oficial.”
3.23. El 17 de enero de 201845, el representante legal del COCOMOPOCA
certificó que cada uno de los demandantes se encontraba inscrito en el censo
interno del Consejo Comunitario.
3.24. El 14 de junio de 201846, la Agencia Nacional de Tierras expidió un
“Informe”, mediante el cual hizo un recuento de lo que encontró en el expediente
de constitución del “Resguardo Indígena del Río Andágueda”. El informe
reprodujo la parte considerativa de la Resolución No. 185 del 13 de diciembre de
1979 y concluyó que “[…] tanto en la parte considerativa, como en la parte
resolutiva del acto administrativo de constitución del resguardo Embera-Katio de
Alto Andágueda, No. 185 del 13 de diciembre de 1979 […] no se menciona, en
ninguna parte, que dichas comunidades negras hayan quedado inmersas dentro
del título, o que ejerzan ocupación ancestral, si bien es cierto, allí se indica que
confluyen o hay connivencia (sic) con comunidades negras y colonos, no se
45 Certificación. SAMAI, índice No. 2, Certificado 7EB1D7CFDF24AF48
8D3411CAF41578212C8897E77252B347 CE0130EE5CE93AE5. Fl. 390-402.
46 INFORME. SAMAI. índice No. 2. Certificado F80A163A641C801D FE376A1EB397923F
36113466D325E390 70E50D2EC3464013. Fl. 537-539.
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Radicado: 27001-23-31-000-2018-00009-02 (69096)
Demandante: Tomás Rentería Arias y otros
indica de cuales comunidades se trata. En igual sentido, si bien es cierto en el
plano y los linderos se mencionan los ríos Churina, Piedra Onda, no quiere decir
ello, que las mismas estén dentro del resguardo legalmente constituido a favor
de la Comunidad Embera Katío de Alto Andágueda”.
4. Conteo del término preclusivo cuando la reparación de perjuicios
causados a un grupo se funda en la ilegalidad de un acto de adjudicación
de baldíos
Cuando el daño cuya reparación se reclama a través del medio de control de
reparación de los perjuicios causados a un grupo proviene de un acto
administrativo de adjudicación de tierras baldías y, además, se pretende
controvertir su legalidad, el análisis de caducidad exige armonizar las reglas
previstas en los literales h) y e) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA.
Según el literal h) del artículo 164.2 del CPACA, en el evento en que se pretenda
la declaratoria de responsabilidad y el reconocimiento y pago de indemnización
de los perjuicios causados a un grupo, la demanda deberá promoverse dentro
de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño. Sin embargo,
si el daño causado al grupo proviene de un acto administrativo y se pretende la
nulidad del mismo, la demanda con tal solicitud deberá presentarse dentro del
término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la
comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo.
De otro lado, se tiene, que, según el literal e) de la misma disposición normativa,
cuando se pretenda la nulidad y la nulidad y restablecimiento del derecho de los
actos administrativos de adjudicación de baldíos proferidos por la autoridad
agraria correspondiente, la demanda deberá presentarse en el término de dos
(2) años, siguientes a su ejecutoria o desde su publicación en el Diario Oficial,
según el caso. Para los terceros, el término para demandar se deberá contar a
partir del día siguiente de la inscripción del acto en la respectiva Oficina de
Instrumentos Públicos.
De conformidad con lo expuesto, cuando el medio de control de reparación de
los perjuicios causados a un grupo se dirige a obtener la reparación de perjuicios
derivados de un acto de adjudicación de baldíos y, para tal efecto, se cuestiona
su legalidad o se solicita su nulidad, no resulta razonable aplicar el término de
cuatro (4) meses previsto en el inciso final del literal h), pues una interpretación
en ese sentido haría más gravoso el ejercicio del derecho de acción colectivo
que el control individual de legalidad del acto agrario.
Por tanto, la armonización razonable de ambas disposiciones conduce a concluir
que, en estos eventos, el término preclusivo aplicable es el de dos (2) años. Esta
regla permite preservar la naturaleza indemnizatoria y colectiva del medio de
control de reparación de perjuicios causados a un grupo, sin desconocer la
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Radicado: 27001-23-31-000-2018-00009-02 (69096)
Demandante: Tomás Rentería Arias y otros
especialidad del régimen de caducidad previsto para los actos administrativos de
adjudicación de baldíos.
Con todo, en cuanto al cómputo del término, deberá distinguirse la posición del
demandante grupal frente al acto administrativo. Si quien demandó fue
destinatario directo o beneficiario del acto de adjudicación, el término bienal se
debe contar desde su ejecutoria o desde su publicación en el Diario Oficial,
según corresponda. En cambio, si quien demandó comparece como tercero
frente al acto de adjudicación, el término de dos (2) años deberá contarse, por
regla general, a partir del día siguiente a la inscripción del acto en la respectiva
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
5. Análisis de la caducidad del medio de control
5.1. En el presente asunto el daño invocado por la parte actora consiste en la
afectación a su territorio, derivada de la errada titulación de tierras baldías
ancestrales que se realizó a través de la Resolución No. 185 del 13 de diciembre
de 1979, mediante la cual se creó el “Resguardo Indígena de Andágueda”,
porque dicho acto administrativo habría incluido por error territorios ocupados
por las comunidades negras de Piedra Onda, Bómbora, Churina y parte de San
Marino, del municipio de Bagadó.
Se anticipa que la conclusión a la que se arribará dará cuenta de que el medio
de control se ejerció de forma extemporánea, más de dos (2) años después del
momento en que el grupo demandante tuvo conocimiento de la afectación
alegada, pues, aun bajo una interpretación flexible de las reglas relativas al
conocimiento del daño —en atención a la situación de desventaja histórica de la
comunidad accionante y a la imposibilidad de haber controvertido oportunamente
la Resolución No. 185 del 13 de diciembre de 1979—, la demanda no fue
promovida dentro del término previsto en la ley, consagrado en una norma de
orden público.
5.2. A estos efectos, conviene recordar que la caducidad es una institución
jurídica que se funda en normas de orden público consagradas por el legislador
en procura del interés general y para brindar seguridad jurídica, sobre la base
del cumplimiento de plazos perentorios, improrrogables e irrenunciables para
ejercer los medios de control judicial, los cuales representan, entonces, el límite
dentro del cual los particulares deben reclamar del Estado determinado
derecho47. Tratándose de una figura de orden público —lo que explica su
carácter irrenunciable— el juez tiene la facultad-deber de declararla de oficio
cuando verifique que el derecho de acción no se ejerció en tiempo.
En ese marco, la caducidad debe ser entendida como un fenómeno procesal de
47 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998.
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Radicado: 27001-23-31-000-2018-00009-02 (69096)
Demandante: Tomás Rentería Arias y otros
doble naturaleza —límite y garantía—, pues se erige como un instrumento que
busca racionalizar el uso del aparato judicial, optimizar la eficiencia procesal y
ofrecer estabilidad al conglomerado social, impidiendo la discusión indefinida de
relaciones jurídicas, a la vez que opera, también, como una sanción ipso iure
que, ante la inactividad procesal del interesado, extingue la facultad de accionar
en beneficio del demandado48.
En este sentido, tal como lo ha resaltado la Corte Constitucional, la caducidad
en las acciones contencioso-administrativas se justifica en la necesidad de
preservar la seguridad jurídica y evitar escenarios prolongados de incertidumbre,
tanto frente a la eventual desaparición de los efectos de un acto administrativo
como respecto de la posible obligación del Estado de reparar daños derivados
de su actuación u omisión. Por ello, el ordenamiento prevé términos breves,
estrictos y preclusivos para acudir a la jurisdicción, de manera que, una vez
vencidos, el particular pierde la posibilidad de reclamar judicialmente, en
atención a razones de interés general49.
5.3. Como en el caso sub lite los demandantes grupales cuestionan la legalidad
de la Resolución No. 185 del 13 de diciembre de 1979, en tanto atribuyen el daño
a una supuesta irregularidad en la delimitación y titulación territorial de baldíos
efectuada por el INCORA (hecho probado 3.1.), el término preclusivo debería
contarse, en principio, a partir del día siguiente a la inscripción del acto en la
respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Ello es así porque el
grupo demandante comparece como tercero frente al acto de adjudicación, y en
los términos expuestos en el acápite anterior, el literal e) del numeral 2 del
artículo 164 del CPACA dispone que, tratándose de terceros, el término para
demandar los actos administrativos de adjudicación de baldíos se cuenta desde
el día siguiente a dicha inscripción.
No obstante, dadas las particularidades del caso, la Sala estima que el análisis
de caducidad no puede agotarse en la aplicación automática de ese hito formal
de oponibilidad, pues constituye un hecho notorio la situación de desventaja
histórica, invisibilización y déficit de protección jurídica que han enfrentado las
comunidades negras en Colombia, especialmente en relación con el
reconocimiento, garantía y defensa de sus territorios ancestrales. Esa
48 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de
agosto de 2025, Rad.: 71322; Subsección C, sentencia del 11 de agosto de 2025, Rad.: 67960;
Subsección C, sentencia del 10 de marzo de 2025, Rad.: 67661; Subsección C, sentencia del 9
de abril de 2025, Rad.: 69000.
49 Corte Constitucional. Sentencia C-832 de 2001. “[l]a justificación de la aplicación de la figura
de la caducidad en las acciones contencioso-administrativas, tiene como fundamento evitar la
incertidumbre que podría generarse ya sea por la eventual anulación de un acto administrativo,
o el deber que podría recaer sobre el Estado de reparar el patrimonio del particular afectado por
una acción u omisión suya. Así, en esta materia, se han establecido plazos breves y perentorios
para el ejercicio de estas acciones, transcurridos los cuales el derecho del particular no podrá
reclamarse en consideración del interés general”
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Radicado: 27001-23-31-000-2018-00009-02 (69096)
Demandante: Tomás Rentería Arias y otros
circunstancia adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta que el acto
administrativo cuestionado fue expedido en vigencia de la Constitución de 1886,
ordenamiento bajo el cual no existía un marco constitucional expreso de
reconocimiento y protección diferenciada de los derechos territoriales, culturales
y colectivos de dichas comunidades, como sí vino a consagrarse a partir de la
Constitución Política de 1991.
Por ello, en aplicación de un criterio flexible, material y compatible con el derecho
de acceso a la administración de justicia, en el presente caso el término de
caducidad no se contará desde el día siguiente a la inscripción del acto en la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. En su lugar, la Sala estima que
debe atenderse al momento posterior a la entrada en vigencia de la Constitución
de 1991 en el que se tenga certeza de que el grupo demandante conoció, o debió
conocer real y razonablemente, la afectación territorial que ahora invoca como
fuente del daño. Lo anterior, porque solo a partir del nuevo marco constitucional,
desarrollado luego por la Ley 70 de 199350 en materia de adjudicación colectiva
de tierras baldías ocupadas por comunidades negras conforme a sus prácticas
tradicionales, resulta posible afirmar que esta población contaba con condiciones
normativas e institucionales suficientes para identificar la afectación a sus
derechos territoriales y, una vez conocida, acudir a los mecanismos
administrativos o judiciales de defensa. Esta consideración, además, se
acompasa con lo sostenido por el propio grupo recurrente en la alzada, en cuanto
afirmó que fue a partir de dicho momento que existieron verdaderas prerrogativas
jurídicas a su favor51.
Ahora bien, esta conclusión no supone inaplicar la regla del conteo del término
de caducidad ni desconocer su carácter de orden público. Lo que se define, de
manera excepcional y atendiendo las particularidades del caso, es el momento
a partir del cual podía exigirse razonablemente al grupo demandante el ejercicio
del medio de control, habida cuenta de que no fue destinatario de la Resolución
No. 185 del 13 de diciembre de 1979, no fue vinculado al trámite administrativo,
no contaba entonces con un marco constitucional y legal expreso de
reconocimiento de sus derechos territoriales colectivos y solo con posterioridad
pudo identificar, en términos jurídicamente verificables, la incidencia de ese acto
sobre el territorio reclamado.
Con todo, vale la pena precisar que en el sub examine el daño no tiene el carácter
50 Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política. La ley tiene por
“objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las
zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas
tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva”.
51 De hecho, afirmó que las comunidades negras no contaban con derecho a la titulación colectiva
y que esa prerrogativa solo surgió con la Constitución Política de 1991.
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Radicado: 27001-23-31-000-2018-00009-02 (69096)
Demandante: Tomás Rentería Arias y otros
de continuado52 porque la fuente de la afectación que se invoca no corresponde
a una conducta estatal permanente, sucesiva o renovada en el tiempo, sino a un
acto administrativo concreto de delimitación y titulación territorial, cuyos efectos
jurídicos se consolidaron con su expedición e inscripción. En esa medida, la
permanencia de las consecuencias derivadas de dicho acto —como la alegada
superposición territorial, las dificultades para el ejercicio pleno del territorio o las
tensiones comunitarias que de allí se habrían desprendido— no convierte, por sí
sola, el daño en continuado ni tiene la virtualidad de renovar indefinidamente el
término de caducidad. Tales circunstancias corresponden, en principio, a efectos
prolongados de una causa única ya identificable, y no a nuevos hechos dañosos
autónomos que habiliten un cómputo sucesivo del término para demandar.
Por tanto, esta interpretación flexible que acoge la Sala tiene un alcance limitado,
ya que no comporta la eliminación del término de caducidad ni se constituye en
una autorización para mantener indefinidamente abierta la posibilidad de
demandar. Su efecto consiste, únicamente, en desplazar el momento inicial del
cómputo del término preclusivo hacia la fecha en que se acredite el conocimiento
real o razonablemente cierto del daño, dentro de un marco constitucional que
brinda plenas garantías al grupo demandante.
De manera que, una vez establecido ese momento, corresponderá verificar si la
demanda se presentó dentro del término legal de dos (2) años aplicable al caso
y, en caso de que se encuentre que no se presentó en tiempo —incluso bajo la
lectura más favorable para el grupo demandante—, se impondrá declarar
configurada la caducidad del medio de control, por tratarse de una institución de
orden público, irrenunciable y de obligatoria observancia para el juez.
5.4. Pues bien, además de los medios probatorios allegados al proceso, cuyo
recuento ya se efectuó en el acápite de hechos probados, obran en el expediente
las declaraciones rendidas por Adolfo Guevara, representante legal de
COCOMOPOCA, y por Luis Abel Rentería, representante legal de la comunidad
de Bómbora. Dada la relevancia de sus manifestaciones para el análisis del caso,
algunos apartes de sus declaraciones serán transcritos textualmente, con el fin
de preservar la literalidad y el sentido de lo declarado bajo juramento.
(i) Adolfo Guevara53 manifestó que: “una vez nace la Ley 70 de 1993 y nosotros
iniciamos a tratar los deseos del título colectivo al territorio, allí fue que nos
vinimos a dar cuenta de que esas 6.511 hectáreas habían sido tituladas al
resguardo Alto Andágueda del Tahami […], al encontrar el error que se había
cometido por el INCORA en su momento, porque la resolución del resguardo del
52 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de octubre de 2007, Rad. 25000-23-
27-000-2001-00029-01. El daño continuado o también llamado de tracto sucesivo, viene siendo
“aquél que se prolonga en el tiempo, sea de manera continua o intermitente”.
53 Minuto 17:29 a 17: 53 y 17:54 a 18:48 de la grabación de la audiencia de pruebas. SAMAI,
índice 54.
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Demandante: Tomás Rentería Arias y otros
Alto Andágueda es de 1975 (sic) y proviene de una disputa de territorios que ya
existía entre ellos mismos, […] entonces cuando ya nosotros tratamos de
avanzar en el tema de la titulación colectiva para comunidades Afro conseguimos
(sic) que se había cometido ese error sin consultar con esa población Afro que
estaba asentada en ese territorio”54.
(ii) Luis Abel Rentería expuso: “[…] por lo menos desde el 94 para acá que
comenzó a mover el proceso de organización popular Campesina del Alto Atrato
COPOMOCOCA he venido participando en ella y conociendo la problemática o
parte de la problemática que tenemos por alguna circunstancia con el Resguardo
Alto Tahami […]. Nosotros en el 94 que ya empezamos a saber, a conocer la
problemática que había y mirando los linderos fue que nos dimos cuenta en el
94 que el territorio de Piedra Honda, parte del territorio de Bómbora, y todo el
territorio de la comunidad de Churina y una parte de San Marino […] había
quedado en el Resguardo de Alto Tahami, que para mí verdaderamente fue un
acto del Estado, no sé cómo decirlo, porque no consultó con nosotros y hoy la
verdad nos tiene al bordo del peligro, porque si bien sabemos la mayoría de las
personas se han tenido que desplazar, porque los indios (sic) a cada rato dicen
que ellos tienen un título ahí. […]”55
5.5. Lo declarado por estos dos testigos reviste relevancia probatoria, en la
medida en que se trata de personas pertenecientes o vinculadas a la comunidad
afrodescendiente presuntamente afectada y que, aun cuando no comparecen
como demandantes, podrían tener vocación de integrar el grupo actor, en tanto
afirman compartir las condiciones uniformes derivadas de la misma causa
generadora del daño alegado: la presunta superposición territorial originada en
la titulación efectuada en favor del “Resguardo Alto Andágueda”. En esa medida,
sus declaraciones resultan conducentes para establecer las circunstancias en
que las comunidades habrían conocido los hechos materia de controversia, así
como el contexto en el que se habría manifestado la afectación reclamada. Sin
embargo, precisamente por su vínculo con la comunidad interesada en las
resultas del proceso, sus relatos deben ser apreciados con especial rigor, de
conformidad con el artículo 21156 del CGP.
Sumado a lo anterior, es menester poner de presente que las declaraciones de
quienes integran o tienen vocación de integrar el grupo demandante no pueden
descartarse de plano por esa sola circunstancia. Su mérito demostrativo
54 Minuto 17:29 a 17: 53 y 17:54 a 18:48 de la grabación de la audiencia de pruebas. SAMAI,
índice 54.
55 Minuto 31:38 a 33:54 de la grabación de la audiencia de pruebas. SAMAI, índice 54.
56 “Artículo 211. Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de
las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad,
en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas. La tacha deberá formularse con expresión
de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo
con las circunstancias de cada caso”.
31
Radicado: 27001-23-31-000-2018-00009-02 (69096)
Demandante: Tomás Rentería Arias y otros
dependerá de su coherencia interna, espontaneidad, razón de ciencia,
correspondencia con los demás elementos de convicción y valoración conjunta
conforme a la sana crítica. Además, en el evento de que alguna manifestación
llegare a tener efectos de confesión, esto solo podría proyectarse respecto de la
persona que la efectuó, y no frente a los demás integrantes del grupo, quienes
conservan su autonomía procesal y probatoria frente a los hechos que
individualmente les conciernan57. Por consiguiente, el mérito demostrativo de
dichas declaraciones no será valorado de manera aislada, sino en conjunto con
los demás medios de prueba obrantes en el expediente y conforme a las reglas
de la sana crítica.
5.6. De conformidad con las pruebas relacionadas en el proceso, está
acreditado, entonces: (i) que mediante la Resolución No. 185 del 13 de diciembre
de 1979, el INCORA constituyó el “Resguardo Indígena del Río Andágueda” en
un terreno baldío ubicado en jurisdicción del municipio de Bagadó (Chocó), en
beneficio de la comunidad Embera-Katío (hecho probado 3.1.); (ii) que el 9 de
junio de 1980, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó
inscribió la titulación colectiva de baldíos adjudicada mediante la Resolución No.
185 del 13 de diciembre de 1979 (hecho probado 3.2.); (iii) que el 16 de diciembre
de 1999, Jhon Elín Bejarano Robledo, en calidad de representante legal del
COCOMOPOCA presentó al INCORA -Regional Chocó- solicitud de titulación
colectiva en calidad de "tierras de las comunidades negras" de un terreno baldío
denominado COCOMOPOCA, ubicado en las zonas ribereñas del Alto Atrato,
con una extensión territorial estimada en 172.000 hectáreas, que comprendía a
50 comunidades negras identificadas en jurisdicción de los municipios de Atrato,
Lloró, Bagadó y Cértegui (hecho probado 3.3.); y (iv) que por Resolución No.
2425 del 19 de septiembre de 2011, el INCODER adjudicó en calidad de “tierras
de las comunidades negras”, 73.317 hectáreas, conformadas por “terrenos
baldíos rurales ribereños de la Cuenca del Pacífico, ocupados colectivamente
por las comunidades negras integradas en el COCOMOPOCA, en los municipios
de Atrato, Lloró, Bagadó y Cértegui, [del] departamento del Chocó” (hecho
probado 3.22).
Ahora bien, aunque de las declaraciones rendidas por Adolfo Guevara y Luis
Abel Rentería podría inferirse, en principio, que hacia los años 1993 y 1994
algunos representantes comunitarios tuvieron noticia de una posible
superposición entre los territorios ocupados por comunidades negras y el área
adjudicada al “Resguardo Indígena del Río Andágueda” mediante la Resolución
No. 185 del 13 de diciembre de 1979; lo cierto es que tales manifestaciones no
permiten establecer, por sí solas, una fecha cierta en la que pueda atribuirse al
grupo demandante, como sujeto colectivo, el conocimiento real, cierto y
jurídicamente verificable del contenido, alcance y efectos de dicho acto
administrativo como fuente de la afectación territorial que ahora se reclama. En
57 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 17 de septiembre de 2025.
Rad. 64830.
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Radicado: 27001-23-31-000-2018-00009-02 (69096)
Demandante: Tomás Rentería Arias y otros
consecuencia, esos relatos constituyen un elemento contextual importante, pero
no bastan para fijar el inicio del término de caducidad, en los términos expuestos.
En esa medida, el análisis debe orientarse a establecer el momento posterior a
la Constitución de 1991 en el que, de manera objetiva, pueda tenerse por
acreditado que el grupo demandante estuvo en condiciones jurídicas,
institucionales y materiales de conocer la Resolución No. 185 del 13 de diciembre
de 1979 y su incidencia sobre el territorio que afirmaba ocupar ancestralmente
y, desde entonces, acudir a los mecanismos administrativos o judiciales de
defensa. Este examen debe realizarse a la luz del nuevo marco constitucional y
legal de reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades negras,
configurado a partir de la Constitución de 1991 y desarrollado por la Ley 70 de
1993, que reconoció su condición de grupo étnico titular de derechos
diferenciados, entre ellos la propiedad colectiva sobre las tierras baldías
ocupadas conforme a sus prácticas tradicionales. Dicho contexto no altera la
causa del daño ni modifica el acto que se reputa lesivo, pero sí incide en la
determinación del momento a partir del cual podía exigirse razonablemente al
grupo demandante la identificación jurídica de la afectación territorial atribuida al
acto de 1979 y el ejercicio oportuno de los mecanismos de defensa.
5.7. En este sentido, se tiene que, según lo probado en el proceso, el 16 de
diciembre de 1999, Jhon Elín Bejarano Robledo, en calidad de representante
legal de COCOMOPOCA, presentó al INCORA —Regional Chocó— una
solicitud de titulación colectiva en calidad de “tierras de las comunidades negras”,
respecto de un terreno baldío denominado COCOMOPOCA, ubicado en las
zonas ribereñas del Alto Atrato, con área de influencia en los municipios de
Atrato, Lloró, Bagadó y Cértegui, del departamento del Chocó (hecho probado
3.3.).
Dicha actuación administrativa culminó con la expedición de la Resolución No.
2425 del 19 de septiembre de 2011, mediante la cual el INCODER adjudicó a la
comunidad referida terrenos baldíos ribereños de la Cuenca del Pacífico
ocupados colectivamente por las comunidades negras integradas en
COCOMOPOCA (hecho probado 3.22.). En la parte resolutiva de ese acto se
fijaron los linderos del territorio colectivo y, entre ellos, se incluyó una delimitación
en la que se hizo referencia expresa al Resguardo Indígena Thamy Andágueda,
constituido mediante la Resolución No. 185 del 13 de diciembre de 1979, así:
“…en una distancia de 3.944 metros, hasta encontrar el punto No. 46 de
coordenadas planas Y=1.108.144m.N., X=1.090.296m.E., ubicado en el sitio
donde concurren las colindancias del Resguardo Indígena de Wanchirado y el
Resguardo Indígena Thamy Andágueda (constituido bajo Resolución 185/13-12-
79). Este del punto No. 46 se sigue en dirección general suroeste, por el lindero
del Resguardo Indígena Thamy Andaguéda, en una distancia de 4.093 metros,
hasta encontrar el punto No. 47 de coordenadas…”.
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Radicado: 27001-23-31-000-2018-00009-02 (69096)
Demandante: Tomás Rentería Arias y otros
A partir de lo anterior, se observa que una vez conocida la Resolución No. 2425
del 19 de septiembre de 2011, el grupo demandante contó con un referente
formal para contrastar el territorio objeto de titulación colectiva con la delimitación
previamente efectuada en favor del “Resguardo Indígena del Río Andágueda”.
En efecto, la alinderación contenida en dicho acto permitía advertir que la
afectación territorial ahora invocada guardaba relación con el área adjudicada al
referido resguardo mediante la Resolución No. 185 del 13 de diciembre de 1979.
Esta conclusión no implica, en modo alguno, trasladar la fuente del daño a la
Resolución No. 2425 del 19 de septiembre de 2011, pues dicho acto no es aquel
al que la parte actora atribuyó la afectación territorial, ni el que, según la causa
petendi, habría originado la superposición alegada. La fuente del daño continúa
siendo la presunta irregularidad en la delimitación y titulación efectuada por el
INCORA mediante la Resolución No. 185 del 13 de diciembre de 1979. Lo que
ocurre es que, en aplicación de un enfoque diferencial étnico-racial, la Sala no
puede prescindir del contexto histórico de invisibilización, rezago en el
reconocimiento jurídico de los derechos territoriales de las comunidades negras
y dificultades materiales de acceso a la información y a los mecanismos de
defensa. Por ello, la actuación administrativa culminada en 2011 se toma
únicamente como referente objetivo para establecer el momento en que, dentro
de ese contexto y según lo probado en el proceso, el grupo demandante estuvo
en condiciones reales, institucionales y jurídicamente verificables de conocer la
incidencia de la Resolución No. 185 del 13 de diciembre de 1979 sobre el
territorio que afirmaba ocupar ancestralmente.
Ahora bien, aunque en el expediente no obra un medio de convicción que permita
establecer con certeza cuál fue la fecha de publicación en el Diario Oficial de la
Resolución No. 2425 del 19 de septiembre de 2011 ni aquella exacta en que se
notificó al representante legal del COCOMOPOCA, sí es posible fijar un referente
máximo de conocimiento del acto a partir de las reglas de notificación previstas
en los artículos 4458 y 4559 del CCA, normativa aplicable para la época de los
58 “Artículo 44. Deber y forma de notificación personal. Las demás decisiones que pongan
término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, o a su
representante o apoderado. Si la actuación se inició por petición verbal, la notificación personal
podrá hacerse de la misma manera. Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado,
para hacer la notificación personal se le enviará por correo certificado una citación a la dirección
que aquél haya anotado al intervenir por primera vez en la actuación, o en la nueva que figure
en comunicación hecha especialmente para tal propósito. La constancia del envío de la citación
se anexará al expediente. El envío se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición
del acto. No obstante lo dispuesto en este artículo, los actos de inscripción realizados por las
entidades encargadas de llevar los registros públicos se entenderán notificados el día en que se
efectúe la correspondiente anotación. Al hacer la notificación personal se entregará al notificado
copia íntegra, auténtica y gratuita de la decisión, si ésta es escrita. En la misma forma se harán
las demás notificaciones previstas en la parte primera de este Código.”
59 “Artículo 45. Notificación por edicto. Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de
cinco (5) días del envío de la citación, se fijará edicto en lugar público del respectivo despacho,
por el término de diez (10) días, con inserción de la parte resolutiva de la providencia”.
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Demandante: Tomás Rentería Arias y otros
hechos y bajo la cual debía surtirse la comunicación del acto a los interesados
(hecho probado 3.22.).
Entonces, conforme a dichas reglas, la decisión administrativa debía quedar
notificada, a más tardar, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a su
expedición. Lo anterior, comprendiendo los cinco días previstos para el envío de
la comunicación con fines de notificación personal, los cinco días siguientes para
que esta se surtiera y, en caso de no lograrse, los diez días correspondientes a
la fijación del edicto. Así, la Resolución No. 2425 del 19 de septiembre de 2011
debió haberse notificado, a más tardar, el 18 de octubre de 2011.
En consecuencia, aunque la Sala no toma como punto de partida el registro de
la Resolución No. 185 del 13 de diciembre de 1979 en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos, sino un hito posterior de conocimiento definido a partir de
las particularidades del caso y del enfoque diferencial aplicado, lo cierto es que,
a lo sumo, el 18 de octubre de 2011, la parte actora estuvo en condiciones de
conocer la afectación territorial atribuida a dicho acto. Ello es así, además,
porque el COCOMOPOCA era la beneficiaria directa de la Resolución No. 2425
del 19 de septiembre de 2011, de modo que tenía un interés jurídico y material
en conocer su contenido, especialmente en lo relativo a la delimitación del
territorio colectivo adjudicado y a sus colindancias con otros territorios
jurídicamente reconocidos. Por tanto, a partir de esa actuación administrativa
podía advertir, en términos objetivamente verificables, la existencia de la
Resolución No. 185 del 13 de diciembre de 1979 y su incidencia sobre el territorio
que afirmaba ocupar ancestralmente. No obstante, como se observa, entre esa
fecha y aquella en que presentó la demanda -2 de marzo de 2018-, transcurrió
un lapso superior al término legal de dos (2) años previsto para el ejercicio
oportuno del medio de control.
En línea de lo expuesto, al haberse presentado la demanda el 2 de marzo de
2018, se impone concluir que el medio de control fue ejercido de manera
extemporánea y, en consecuencia, se confirmará la decisión de primera
instancia que declaró probada la excepción de caducidad.
6. Conclusión
En el marco de los cargos formulados en el recurso de apelación contra la
sentencia del 16 de enero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del
Chocó, la Sala concluyó que se configuró la caducidad del medio de control. Para
arribar a esa conclusión, se aplicó un enfoque diferencial étnico-racial,
atendiendo la condición de comunidades negras de los integrantes del grupo, su
contexto histórico de vulnerabilidad y el marco de garantías introducido por la
Constitución de 1991 y desarrollado por la Ley 70 de 1993.
Bajo esa perspectiva, no se tomó como punto de partida el registro de la
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Demandante: Tomás Rentería Arias y otros
Resolución No. 185 del 13 de diciembre de 1979, sino un hito posterior de
conocimiento, determinado a partir de una valoración contextual y flexible de las
pruebas, en particular de las declaraciones de los representantes comunitarios y
de la Resolución No. 2425 del 19 de septiembre de 2011. Esta última no fue
considerada como fuente del daño, sino como referente objetivo que permitió
establecer cuándo el grupo demandante estuvo en condiciones de conocer, en
términos jurídicamente verificables, la incidencia del acto de 1979 sobre el
territorio reclamado.
No obstante, aun con la aplicación del enfoque diferencial, la valoración flexible
y contextual del material probatorio y la adopción de un hito de conocimiento
posterior al registro del acto de 1979 —fijado, a más tardar, el 18 de octubre de
2011—, se advirtió que la demanda fue presentada el 2 de marzo de 2018, esto
es, por fuera del término legal de dos años previsto en el literal e) del numeral 2
del artículo 164 del CPACA.
En consecuencia, sin desconocer las garantías constitucionales de las
comunidades negras ni inaplicar una norma procesal imperativa, de orden
público e irrenunciable como la caducidad, la Sala confirmó la decisión de
primera instancia que declaró probada dicha excepción.
7. Costas
El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo preceptúa que, salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil, hoy CGP,
codificación que, a la vez, resulta aplicable en materia de costas, por virtud de la
remisión expresa de que trata el artículo 68 de la Ley 472 de 199860.
Según lo previsto en CGP61, las costas están compuestas por expensas, gastos
procesales y agencias en derecho, que deben ser “tasadas y liquidadas con
criterios objetivos y verificables en el expediente”. En cuanto a las reglas para la
imposición de la condena, la norma procesal general dispone que procede en
contra de la parte vencida o contra quien se resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación y “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”62.
60 “Artículo 68. Aspectos no Regulados. En lo que no contraríe lo dispuesto en las normas del
presente título, se aplicarán a las Acciones de Grupo las normas del Código de Procedimiento
Civil”.
61 Artículos 361, 362, 363 y 366-4.
62 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos
en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. 2. La condena se
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Demandante: Tomás Rentería Arias y otros
Así pues, atendiendo a lo allí ordenado, se condenará en costas en segunda
instancia a la parte actora, por resultar vencida en esta instancia.
Para tal efecto, la Secretaría de la Sección deberá efectuar la correspondiente
liquidación y tasación, debiendo considerar que en esta instancia se fija por
concepto de agencias en derecho un (1) salario mínimo legal mensual vigente a
la fecha de la sentencia, de acuerdo con las tarifas establecidas en el Acuerdo
No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 expedido por el Consejo Superior
de la Judicatura63. La cifra que arroje la liquidación del salario mínimo se
distribuirá por partes iguales entre las tres entidades demandadas, comoquiera
que participaron en esta instancia alegando de conclusión.
8. Disposiciones finales
Mediante Oficio del 6 de marzo de 202564, la Agencia de Desarrollo Rural, a
través de la Jefatura de la Oficina Jurídica allegó poder con sus respectivos
anexos, conferido al abogado Andrés Mauricio Briceño Chaves, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 79.802.171 y portador de la tarjeta profesional No.
99.598, para que represente los intereses de la entidad. Comoquiera que se
reúnen los requisitos del artículo 7665 del CGP, se reconocerá personería
adjetiva al mencionado profesional del derecho. El poder reconocido pondrá
término a cualquier otro que le anteceda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de enero de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo del Chocó, mediante la cual se declaró probada la
excepción de caducidad del medio de control, pero por las razones expuestas en
la parte motiva de este proveído.
hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. (…) 8. Solo habrá
lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación.”.
63 “Artículo 5 Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. Procesos declarativos en
general. […] En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”.
64 Poder y Anexos. Samia. Índice No. 46.
65 “Artículo 76. Terminación del poder. El poder termina con la radicación en secretaría del escrito
en virtud del cual se revoque o se designe otro apoderado, a menos que el nuevo poder se
hubiese otorgado para recursos o gestiones determinadas dentro del proceso”.
37
Radicado: 27001-23-31-000-2018-00009-02 (69096)
Demandante: Tomás Rentería Arias y otros
SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte
demandante. Para tal efecto se fijan como agencias en derecho el equivalente a
un (1) salario mínimo legal mensual vigente, que se distribuirá por partes iguales
entre las entidades demandadas.
TERCERO: RECONOCER personería adjetiva al abogado Andrés Mauricio
Briceño Chaves, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.802.171 y
portador de la tarjeta profesional No. 99.598, para que represente los intereses
de la Agencia de Desarrollo Rural.
CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de Chocó, para
que continúe con el trámite del proceso en la etapa que corresponda.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRONICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
38
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