Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2013-00190-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2013-00190-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 27001-23-33-000-2013-00190-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
31 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 27001-23-33-000-2013-00190-01 (0725-2017)
Demandante: Xiomara Mosquera Chaverra
Demandado: Departamento del Chocó y Administración Temporal de la
Secretaría de Educación Departamental del Chocó
Vinculado: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 1
Temas: Cesantías. Sanción moratoria por pago tardío de cesantías
definitivas. Prescripción extintiva.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida el ocho (8) de octubre de dos mil quince (2015) por
el Tribunal Administrativo del Chocó, que declaró probada de oficio la excepción
de prescripción.
ANTECEDENTES
La señora Xiomara Mosquera Chaverra instauró demanda contra el
departamento de Chocó y la Administración Temporal de la Secretaría de
Educación departamental, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de
que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad del acto presunto configurado por el silencio
administrativo negativo, por la no resolución de las reclamaciones administrativas
presentadas el 13 de diciembre de 2004, 16 de septiembre de 2005, 28 de agosto
y 15 de diciembre de 2009, en las cuales se solicitó el reconocimiento y pago de
las cesantías definitivas y la correspondiente sanción moratoria prevista en la Ley
244 de 1995.
1
En adelante Fomag.
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A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) que se condene a las
demandadas a reconocer y pagar las cesantías del período comprendido entre el
18 de diciembre de 2003 y el 28 de octubre de 2004; ii) que paguen la sanción
moratoria consagrada en la Ley 244 de 1995, a partir del día 65 posterior a la
fecha de solicitud de pago, esto es, 15 de marzo de 2005; iii) que las sumas a su
favor devenguen los respectivos intereses de mora y que sean debidamente
indexadas; iv) que den cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 187, 188 y 192 del CPACA; y v) que se condene en costas a la
demandada.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que el 18 de diciembre de 2003 ingresó al departamento del Chocó a prestar sus
servicios como docente en el colegio Luis Gonzalo Escipión, vínculo que se
prorrogó hasta el 28 de octubre de 2004.
Que finalizada la relación laboral, la entidad demandada no le reconoció ni pagó
sus cesantías.
Que los días 13 de diciembre de 2004, 16 de septiembre de 2005, 28 de agosto
y 15 de diciembre de 2009 solicitó el pago la prestación social, sin que hasta la
fecha haya obtenido respuesta o desembolso alguno.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 10 de julio de 2013 y notificada a las demandadas
quienes se opusieron a las pretensiones. La Administración Temporal de la
Secretaría de Educación Departamental del Chocó 2 señaló que en la demanda
no se hizo mención a ninguna de las causales de nulidad del acto administrativo
previstas en el artículo 137 del CPACA, y tampoco las desarrolló de manera clara,
limitándose a transcribir normas presuntamente quebrantadas, esto es, no
particulariza un concepto de violación, por lo que es diáfano que incumplió con lo
ordenado en el numeral 4 del artículo 162.
Que según la normativa que rige el proceso de la Administración Temporal que
tiene su origen en la Resolución 1794 de 2009, solo tiene representación judicial
en los casos causados en la ejecución de una medida cautelar, por lo que la
defensa judicial debe ejercerla el departamento del Chocó. Propuso como
excepciones las de ineptitud sustancial de la demanda por ausencia de las
normas jurídicas violadas y el concepto de violación, y falta de legitimación en la
causa por pasiva 3.
2
Folios 73 a 87.
3
Este medio exceptivo fue declarado probado en audiencia inicial llevada a cabo el 5 de diciembre
de 2013 (folios 127 a 133).
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El departamento del Chocó4 indicó que la Secretaría de Educación del Chocó fue
intervenida por medio del documento Conpes 124 de 2009 y la Resolución 1794
del 6 de julio de la citada anualidad, por lo que el ente territorial no es responsable
del «manejo de la educación», y que la Administración Temporal fue investida de
autonomía administrativa y financiera para el cumplimiento de sus cometidos.
Que en sentencia del 28 de julio de 2011, el Consejo de Estado5 analizó un
proceso de contornos similares en el que concluyó que la Secretaría de
Educación del Chocó, al no contar con personería jurídica para intervenir en los
procesos de manera autónoma, no podía responder por una posible condena.
Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no contestó la
demanda6.
La audiencia inicial se llevó a cabo los días 5 de diciembre de 2013 y 1.° de julio
de 2014, en las que se fijó el litigio y se decretaron pruebas, estas últimas
practicadas en audiencia el 8 de septiembre de 2014 donde se corrió traslado a
las partes para alegar.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo del Chocó declaró probada de oficio la excepción de
prescripción, al considerar que los artículos 41 y 102 de los Decretos 3135 de
1968 y 1848 de 1969, respectivamente, disponen que las «acciones» que
emanen de los derechos laborales prescriben en 3 años, contados a partir de la
fecha en que aquellos se hicieron exigibles.
Que de conformidad con fallo del 15 de agosto de 2013 emitido por el Consejo
de Estado7, si la administración omite dar respuesta a una petición, ello no impide
al interesado acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para hacer
efectivos su derecho en términos legales, por lo que, del material probatorio
allegado se advierte que la demandante peticionó por primera vez el pago de sus
cesantías definitivas el 13 de diciembre de 2004 y la sanción moratoria, el 16 de
septiembre de 2005, interrumpiendo el término prescriptivo por una sola vez y un
lapso igual.
En consecuencia, que el fenómeno jurídico de la prescripción se interrumpió
hasta el 13 de diciembre de 2007 (respecto de las cesantías definitivas) y hasta
el 16 de septiembre de 2008 (en relación con la sanción moratoria), fechas para
las cuales, la demandante no solicitó la conciliación prejudicial -pues lo fue el 11
de abril de 2013-, ni presentó la demanda -siendo incoada el 23 de mayo de 2013,
4
Folios 114 a 120.
5
Radicado:52001-23-31-000-1997-08265-01(19753).
6
Según se advirtió en constancia secretarial obrante a folio 138.
7
Radicado: 08001-23-31-000-2011-01333-01(2218-12).
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por lo que las prestaciones solicitadas se encuentran prescritas.
RAZONES DE LA IMPUGNACIÓN
La demandante 8 interpuso recurso de apelación, señalando que está demostrado
que solicitó el pago de las cesantías definitivas dentro de los 3 años posteriores
a su retiro, toda vez que fue declarada insubsistente el 28 de octubre de 2004, y
en diciembre de la citada anualidad realizó una de sus peticiones, a la cual la
administración hasta la fecha no ha dado respuesta.
Que la inactividad de la entidad demandada en dar respuesta a las pretensiones
de reconocimiento y pago de sus cesantías y la respectiva sanción moratoria,
tiene como consecuencia la existencia de un acto administrativo ficto o presunto
negativo que puede ser recurrido judicialmente en cualquier tiempo.
Que al declarar de oficio la prescripción, el tribunal realizó una derogatoria tácita
de los artículos 83 y 164 de la Ley 1437 de 2011, lo que trae como consecuencia
una vía de hecho y violación al debido proceso, en la medida en que desconoció
las normas vigentes y aplicables al presente asunto, que le permitían a la aquí
interesada invocar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
sin límite de tiempo.
Que si las anteriores disposiciones otorgan la oportunidad al administrado de
demandar en cualquier término los actos administrativos presuntos, producto del
silencio administrativo negativo, dicha normativa «crea una suspensión de la
prescripción», hasta tanto la administración dé respuesta a las peticiones
formuladas o hasta que el juez declare la existencia del acto presunto. Para el
efecto citó apartes del auto del 28 de octubre de 1999 proferido por el Consejo
de Estado9, señalando que, así como sobre los actos presuntos que resuelven
un recurso no se aplica la caducidad, sobre los generados a partir de una petición
tampoco, por lo que podían demandarse en cualquier tiempo los actos
administrativos producto de un silencio administrativo negativo respecto del pago
de sus derechos laborales y prestacionales.
Que el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, reguladas en la Ley
244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, otorga unos plazos a la
administración con el objeto que realice las actuaciones internas pertinentes para
satisfacer las obligaciones de los peticionarios, y en caso de no desembolsar
dentro de los términos previstos, se genera una indemnización hasta tanto se
pague en su totalidad la prestación solicitada. Que, en consecuencia, no puede
configurarse el fenómeno de prescripción porque la demanda puede invocarse
en cualquier tiempo, según lo regula el literal d) del artículo 164 del CPACA en
concordancia con el numeral 2 del artículo 161.
8
Folios 194 a 208.
9
Radicado interno: (1660-99).
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Que la sanción moratoria debe pagarse a favor de la interesada, en tanto, la Ley
244 de 1995 señala que aquella se causa cuando la administración incurre en
mora en el pago del auxilio de las cesantías que se ha liquidado, dentro de los
65 días hábiles siguientes al día de la presentación de la solicitud de su
reconocimiento, lapso que ha transcurrido ampliamente en el presente asunto.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación10.
La Administración Temporal de la Secretaría de Educación Departamental del
Chocó y el departamento del Chocó, no emitieron pronunciamiento alguno en
esta etapa procesal 11.
El ministerio público guardó silencio en esta etapa.
Se decidirá la controversia, previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala debe establecer si la administración incurrió en mora para pagar las
cesantías definitivas a la señora Xiomara Mosquera Chaverra y si hay lugar a
pagar la sanción moratoria por esa tardanza o si los derechos se extinguieron en
virtud del fenómeno de prescripción, aun cuando frente a estas se configura el
silencio administrativo negativo.
Marco normativo y jurisprudencial
La prescripción es el fenómeno mediante el cual el ejercicio de un derecho se
adquiere o se extingue con el solo transcurso del tiempo de acuerdo a las
condiciones descritas en las normas que para cada situación se dicten bien sea
en materia adquisitiva o extintiva.
La subsección advierte que la parte demandante confunde la prescripción con la
caducidad al indicar que la sentencia del tribunal no tuvo en cuenta las
consecuencias jurídicas del silencio administrativo negativo. En efecto, la Sala
estima necesario precisar que la caducidad y la prescripción son fenómenos
jurídicos diferentes.
Esta Corporación ha sostenido que la caducidad se refiere al término que posee
el interesado para interponer las acciones que tenga a su alcance con el fin de
buscar la protección de sus derechos, es decir, se predica del ejercicio del
derecho de acción; su finalidad es precisamente racionalizar ese ejercicio, lo que
impone al interesado la obligación de emplearla oportunamente, so pena de que
10
Folios 226 a 239.
11
Según constancia secretarial visible a folio 247.
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las situaciones adquieran firmeza y que se extinga la jurisdicción del juez de lo
contencioso administrativo para estudiarlas 12. Lo anterior se justifica en la
necesidad de obtener seguridad jurídica13.
Frente a esta figura procesal, la Corporación 14 ha sostenido:
«[...] La caducidad es un fenómeno cuya ocurrencia depende del cumplimiento del
término perentorio establecido para ejercer las acciones ante la jurisdicción
derivadas de los actos, hechos, omisiones u operaciones de la administración. sin
que se haya ejercido el derecho de acción por parte del interesado.
De lo anterior se concluye que la caducidad ocurre por la inactividad de quien tiene
el deber de demandar en el tiempo permitido para hacerlo, para no perder el derecho
de ejercer la acción, lo cual no genera un pronunciamiento de fondo por parte de las
autoridades judiciales. Es decir que el término dentro del cual es posible ejercer el
derecho de acción, en cuanto a la nulidad y restablecimiento del derecho es de 4
meses lo cual se constituye como un instrumento que mantiene y protege la
seguridad jurídica que debe brindar el Estado para la estabilidad social de sus
integrantes. [...] Sin embargo, el numeral 3 del artículo 136 del C.C.A., establece que
la acción sobre los actos presuntos se puede ejercer en cualquier tiempo, lo que
significa que en los casos en los que se configura un acto ficto o presunto producto
de un silencio de la Administración no existe término perentorio alguno que da
cabida al fenómeno de la caducidad [...]». (Subrayado de la Sala).
En ese sentido la caducidad hace referencia al término regulado por el legislador
para interponer de manera perentoria la acción o medio de control en sede
judicial.
Para el efecto, el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo reglamentó los términos, con
que cuentan las personas para interponer demandas ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, que para el caso de los derechos laborales- y
prestaciones sociales fijó las siguientes reglas:
• En caso de tratarse de actos administrativos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas, o se dirija contra actos producto del
silencio administrativo, literales c) y d) del numeral 1 del artículo en cita, la
demanda podrá presentarse en cualquier tiempo.
• Si se pretende la nulidad de un acto que reconoce o niega total o parcialmente
un derecho laboral o prestación social que no tenga el carácter de periódico
(literal d, numeral 2 del artículo 164), la demanda ·deberá presentarse en un
término máximo de 4 meses contados a partir del día siguiente a la comunicación,
notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, so pena de que
opere la caducidad.
12
Al respecto, ver providencias del 13 de octubre de 2016, radicado: 08001233100020100034001
(1175-2012); del 28 de noviembre de 2018, radicado: 250002342000201360006501 (3247-16);
del 28 de febrero de 2019, radicado 20150018701; y del 19 de julio de 2019, radicado:
76001233300020160048301 (2063-18).
13
Ver, entre otras, las sentencias de la Sección Segunda, Subsección B, de: 6 de octubre de 2011
(expedientes 1130-2011 y 1135-2011) y de 26 de marzo de 2009. Expediente 1134-07.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del del 19 de julio de 2019,
radicado: 76001233300020160048301 (2063-18).
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Ahora, esta Subsección 15 ha entendido como regla general que las
reclamaciones de naturaleza laboral, tratándose de solicitudes de acreencias
periódicas, no están sujetas al término de caducidad de cuatro meses previsto
para el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
siempre y cuando quien pretenda su pago tenga vigente el vínculo laboral con la
entidad que pretende demandar, pues finalizada la relación laboral, ya no reviste
la connotación de periodicidad del pago y, en esa medida, su exigibilidad vía
judicial está sometida al término preclusivo de cuatro meses que trae el artículo
164 del CPACA.
Así las cosas, podrá hablarse de prestación periódica cuando quien pretende el
pago de acreencias tenga un vínculo laboral vigente con la entidad de la cual
solicita dicha acreencia.
Por otra parte, en el caso del silencio administrativo no es predicable la caducidad
por cuanto fue creado por la ley con el objeto de permitir al interesado adquirir un
derecho por vía judicial en el evento de que la administración no se pronuncie
expresamente sobre la petición de reconocimiento efectuada oportunamente 16.
La prescripción es definida por la jurisprudencia como la acción o efecto de «[...]
adquirir un derecho real o extinguirse un derecho o acción de cualquier clase por el
transcurso del tiempo en las condiciones previstas por la ley "o en otra acepción "como
concluir o extinguirse una carga, obligación o deuda por el transcurso del tiempo [...]» 17.
Dicho fenómeno hace alusión directa a la pretensión, esto es, al derecho, y
constituye el término particular para adquirirlo o extinguirlo.
Es decir, es el fenómeno mediante el cual el ejercicio de un derecho se adquiere
o se extingue con el solo transcurso del tiempo, de acuerdo con las condiciones
descritas en las disposiciones que para cada situación se dicten, bien sea en
materia adquisitiva o extintiva 18.
En lo alusivo a la prescripción extintiva, esta impone el deber a cada persona de
reclamar sus derechos dentro del tiempo que fija la ley, es decir, determina que
el ejercicio de los que se pretenden adquiridos, debe hacerse dentro de un lapso
específico19, pasado el cual, sino se hizo, genera la pérdida del derecho.
15
Ver entre otros los autos de 8 de septiembre de 2017, radicado: 76001233300020160129301
(4218-2016); de 4 de septiembre de 2017, radicado: 76001233300020140049801 (3751-2014) y
28 de noviembre de 2018, radicado: 250002342000201360006501 (3247-16).
16
Al respecto ver providencias del 3 de noviembre de 2016, radicado: 2013-01959 y del 19 de julio
de 2019, radicado: 76001233300020160048301 (2063-18).
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 20 de noviembre de 2014,
actor: Javier Enrique Muñoz Fruto. Número interno: 3404-2013.
18
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2013, radicado:
11001-03-25-000-2012-00301-00(1131 - 12). Demandante: Luz Stella Trujillo Cortés.
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 26 de enero de 2012,
proferida por esta subsección dentro del expediente: 1608 de 2011, demandante Carlos Dussan
Pulecio; y del 23 de septiembre de 2010 dictada dentro del expediente:1201 de 2008, actores:
Marco Fidel Ramírez Yepes y Otros. Consejera Ponente: Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
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Radicado: 27001-23-33-000-2013-00190-01 (0725-2017)
Sobre el particular, esta Sección 20 ha indicado:
«[...] La prescripción extintiva tiene que ver con el deber de cada persona de
reclamar sus derechos en un tiempo prudencial el cual está fijado en la Ley. es decir.
que los derechos que se pretenden adquiridos. para ejercerlos se tiene un lapso en
el que deben ser solicitados so pena de perder dicha administración.
La Corte Constitucional frente a la prescripción de derechos, en sentencia C-662 de
2004, Magistrado Ponente (...), estableció los siguientes parámetros: "La
prescripción, como institución de manifiesta trascendencia en el ámbito jurídico, ha
tenido habitualmente dos implicaciones: de un lado ha significado un modo de
adquirir el dominio por el paso del tiempo (adquisitiva), y del otro, se ha constituido
en un modo de extinguir la acción (entendida como acceso a la jurisdicción), cuando
con el transcurso del tiempo no se ha ejercido oportunamente la actividad procesal
que permita hacer exigible un derecho ante los jueces. A este segundo tipo de
prescripción es al que hace referencia la norma acusada. Al respecto, la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido que: "El fin de la
prescripción es tener extinguido un derecho que, por no haberse ejercitado, se
puede presumir que el titular lo ha abandonado. [...] Por ello en la prescripción se
tiene en cuenta la razón subjetiva del no ejercicio, o sea la negligencia real o
supuesta del titular.
De acuerdo con lo anterior se tiene que la norma establece para el ejercicio de los
derechos un tiempo determinado dentro del cual se debe solicitar su ejecución, y si
transcurre dicho tiempo y no se solicitó, se traduce en la pérdida de interés para
ejercerlo. [...]». (Subrayado de la Sala).
Así entonces, es dable inferir que: i) la prescripción se predica del ejercicio del
derecho, el cual puede adquirirse o extinguirse con el paso del tiempo; ii) es
renunciable una vez ocurrida, así lo señala el artículo 2514 del Código Civil: «[...]
La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente; pero sólo después de
cumplida. [...]»; y iii) puede ser objeto de suspensión frente a algunas personas
dentro de ciertas circunstancias. Así, el artículo 2530 del Código Civil indica que
se suspende a favor de los incapaces y en general, de quienes se encuentran
bajo tutela o curaduría. En efecto, la aludida norma determina que no se contará
el tiempo de prescripción en contra de quien se encuentre en imposibilidad
absoluta de hacer valer su derecho, mientras dicha imposibilidad subsista.
La prescripción de los derechos laborales de los empleados públicos se
encuentra regulada en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 «por el cual se
prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula
el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales» de la
siguiente manera:
«ARTICULO 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este
decreto prescribirán en tres años contados desde que la respectiva obligación
se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente,
20
Ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 7 de septiembre de 2015.
Radicado: 270012333000201300346 01 (0327-2014). Demandante: Sandra Patricia Mena
Martínez.
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Radicado: 27001-23-33-000-2013-00190-01 (0725-2017)
sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la
prescripción, pero sólo por un lapso igual.» (Negrilla del Despacho).
La norma en mención fue reglamentada por el Decreto 1848 del 4 de noviembre
de 1969, el cual en el ordinal 1° del artículo 102 señaló que «Las acciones que
emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este
Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la
respectiva obligación se haya hecho exigible» (Resaltado fuera de texto). El
artículo en el ordinal 2 también advirtió que el reclamo presentado por escrito
ante la entidad interrumpe el término prescriptivo.
De conformidad con los postulados normativos citados, el servidor público cuenta
con el término específico de tres años computados a partir de que su derecho
laboral se hizo exigible para hacerlo efectivo ante la administración o en sede
judicial si se requiere, so pena de que este prescriba y en consecuencia, ya no
pueda ejercerlo.
La prescripción de los derechos laborales así concebida pretende garantizar el
principio de la seguridad jurídica, al imponer un límite a la posibilidad de reclamar
ante la administración su reconocimiento, lo que a su vez repercute directamente
en la preservación del patrimonio público al detener la generación de intereses y
pagos moratorios 21.
La Ley 6 de 1945 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre
convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos
y jurisdicción especial de trabajo», en el artículo 12, literal f), estableció, a favor
de los trabajadores oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes
de sueldo por cada año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año,
y el artículo 17, literal a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos
los empleados y obreros nacionales de carácter permanente.
El Decreto 1160 de 1947 «sobre auxilio de cesantías», en su artículo 6, señaló
que para liquidar las cesantías se toma como base el último sueldo o jornal, salvo
que hubiera sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se
toma el promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo
servido, si fuere menor a ese lapso.
Ahora bien, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro, y dentro
de los objetivos que estableció para la administración de sus recursos, fijó los
siguientes: «pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y
trabajadores oficiales» 22, y «proteger dicho auxilio contra depreciación
monetaria»; 23 con tales finalidades, el artículo 3 ibidem determinó que las
cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los
21
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 28 de septiembre de 2017, radicado: 20001-23-33-000-2014-00074-01(4074-15).
Actor: Freddy de Jesús Rivero Fragozo. Demandado: Municipio de Agustín Codazzi (Cesar).
22
Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968.
23
Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.
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Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias,
Establecimientos Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del Estado
debían ser liquidadas y entregadas al Fondo; asimismo, en su artículo 22 ordenó
a la Caja Nacional de Previsión Social realizar, con corte a 31 de diciembre de
1968, la liquidación de cesantías de los empleados públicos y trabajadores
oficiales afiliados a ella.
Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 ibidem empezó el llamado «desmonte
del régimen de retroactividad de cesantías», pues se dispuso la liquidación anual
de esta prestación para los empleados y trabajadores de las entidades aludidas
previamente, y la liquidación definitiva por la porción de tiempo laborada durante
el año del retiro, así como el reconocimiento de intereses anuales del 9%, a ser
liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el saldo que figure a favor de
cada empleado.
El Decreto 432 de 1998 «por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de
Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras
disposiciones», mantuvo el objetivo de administrar, de manera eficiente, las
cesantías 24, y, dentro de sus funciones, las de recaudo y pago de ese auxilio a
los afiliados, al igual que la protección contra la pérdida de su valor adquisitivo 25.
Además, en los artículos 6 y 7 ibidem, fijó un monto por concepto de intereses,
con el propósito de evitar la pérdida del poder adquisitivo del auxilio de cesantías
depositado, y un porcentaje a título de intereses sobre las cesantías.
Ahora bien, la Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para el
pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen
sanciones y se dictan otras disposiciones» en su artículo 1° estableció el término
de quince (15) días para que la administración expida el acto de reconocimiento
de cesantías definitivas de los servidores públicos, que han de contarse desde la
fecha de radicación de la solicitud que se haga en tal sentido, en todo caso,
determinó que en el evento de que la solicitud esté incompleta, el empleador debe
manifestarlo así al peticionario, dentro de los diez días hábiles siguientes al recibo
de la solicitud, y señalar expresamente los requisitos de que adolece, de modo
que una vez se alleguen, pueda proferir el acto que reconozca la prestación, en
el término inicialmente indicado.
El artículo 2 ibidem determinó que una vez se encuentre en firme el acto de
reconocimiento de cesantías definitivas, la administración cuenta con el término
de cuarenta y cinco días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en
mora y causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo, en el equivalente
a un día de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta
cuando se haga efectivo el pago.
Al respecto, es importante hacer mención de los argumentos que sirvieron de
soporte a la exposición de motivos que dio origen a la sanción moratoria
24
Artículo 2 del Decreto 432 de 1998.
25
Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.
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consagrada en la aludida ley, en especial, los siguientes:
«[…] la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los
servidores públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para
lograr el cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque
ha terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que
traen consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque
ante la necesidad económica del trabajador, se hace presente la mordida o coima
para los funcionarios que están en la obligación de hacer esos trámites. Este hecho
origina además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de
radicación de las solicitudes, prácticamente al mejor postor.
Además de este factor de corruptela y tras la tortuosa espera, cuando al final se
paga al trabajador su cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la entidad
patronal meses, y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más.
No obstante que la entidad pagadora, los Fondos, durante todo ese tiempo han
estado trabajando esos dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la
institución, pero sin ningún reconocimiento para el trabajador 26.»
La Ley 1071 de 2006, adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, en torno al pago
de las cesantías definitivas y parciales 27 de los servidores públicos, en sus
artículos 4 y 5 determinó lo siguiente:
«Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales,
por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo
el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta
deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al
recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos
pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de
los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
26
Gaceta del Congreso año IV – núm. 225 del 5 de agosto de 1995.
27
Es importante precisar que se entiende por cesantías parciales aquellas que se requieren a la
administración o al fondo administrador de esa prestación con fines de adquirir vivienda o
adelantar estudios. El artículo 3 de la Ley 1071 de 2006 al respecto, señaló: «Artículo 3°. Retiro
parcial de cesantías. Todos los funcionarios a los que hace referencia el artículo 2° de la presente
norma podrán solicitar el retiro de sus cesantías parciales en los siguientes casos: /- 1. Para la
compra y adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación
de gravámenes del inmueble, contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero(a)
permanente. /- 2. Para adelantar estudios ya sea del empleado, su cónyuge o compañero(a)
permanente, o sus hijos.».
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dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por
culpa imputable a este.»
De conformidad con lo previsto en el artículo 2, los destinatarios de la Ley 1071
de 2006, son:
«[…] los miembros de las Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del
Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para
los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares
que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios
y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al
Fondo Nacional de Ahorro.». (Se resalta).
La Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de unificación
CESUJO04 de 2016 28, sobre el momento en que surge el derecho a reclamar el
reconocimiento y pago de la indemnización en mención, indicó:
«[…] Como hacen parte del derecho sancionador y a pesar de que las
disposiciones que introdujeron esa sanción en el ordenamiento jurídico, no
consagran un término de prescripción, no puede considerarse un derecho
imprescriptible, pues bien es sabido que una de las características del derecho
sancionador es que no pueden existir sanciones imprescriptibles.
Siendo así y como quiera que las Subsecciones A y B han aplicado la prescripción
trienal en asuntos relativos a sanción moratoria, se considera que no hay
controversia alguna sobre ese particular; no obstante, sí es del caso precisar que la
norma que se ha de invocar para ese efecto, es la consagrada en el Código de
Procedimiento Laboral, artículo 151, que es del siguiente tenor literal:
[…]
Determinar una fecha expresa para que el empleador realice la consignación
respectiva y prever, a partir del día siguiente, una sanción por el incumplimiento en
esa consignación, implica que la indemnización moratoria que surge como una
nueva obligación a cargo del empleador, empieza a correr desde el momento
mismo en que se produce el incumplimiento.
Por ende, es a partir de que se causa la obligación — sanción moratoria cuando se
hace exigible, por ello, desde allí, nace la posibilidad de reclamar su reconocimiento
ante la administración, pero si la reclamación se hace cuando han transcurrido más
de 3 años desde que se produjo el incumplimiento, se configura el fenómeno
de prescripción, así sea en forma parcial.
[…]
Corolario de lo expuesto, la Sala unifica el criterio de que la reclamación de la
indemnización por la mora en la consignación anualizada de cesantías, debe
realizarse a partir del momento mismo en que se causa la mora, so pena de que
se aplique la figura extintiva respecto de las porciones de sanción no
reclamadas oportunamente. […]». (Resaltado intencional).
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25
de agosto de 2016, radicación 08001 23 31 000 2011 00628-01(0528-14).
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Ahora, si bien la sentencia de unificación aludida hace referencia a la sanción
moratoria en el caso de la no consignación oportuna de las cesantías
anualizadas, en criterio de esta Subsección, dicha tesis resulta también aplicable
respecto a la mora en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales y
definitivas por analogía29. Ello por cuanto, se reitera, el argumento expuesto en
la providencia de 2016, en el ordenamiento jurídico colombiano no puede haber
sanciones imprescriptibles, entre las cuales debe incluirse la regulada en las
Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.
De otra parte, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia de
unificación por importancia jurídica identificada CESUJ-SII-012-2018 SUJ-012-
S2, expedida el 18 de julio de 2018 30, decidió:
«SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías, las siguientes reglas:
i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se
expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria
corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término
que corresponde a: 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del
acto; y iii) 45 días para efectuar el pago. […]» (Subrayado fuera de texto original).
Bajo esa óptica, la Sala estima que en el caso de la sanción moratoria por el no
pago oportuno de las cesantías parciales y definitivas, el término prescriptivo
debe contabilizarse a partir de su exigibilidad, tal y como advirtió la Sala Plena de
la Sección Segunda en providencia CE-SUJ-SII-022-2020 del 6 de agosto de
202031, la cual dependerá de las múltiples hipótesis que se pueden presentar en
estos casos y que fueron descritas en sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-
2018 del 18 de julio de 2018.
De lo expuesto en precedencia, es dable efectuar las siguientes conclusiones:
i) La sanción moratoria, está sujeta a prescripción total o parcial, que ocurre si no
se reclama dentro de los tres años siguientes al momento en que se cumple el
plazo para el pago de las cesantías.
ii) La prescripción puede ser total o parcial dependiendo del momento en que la
cesantía sea pagada.
iii) Cuando la cesantía se paga luego de tres años, ello no implica que cese la
sanción legal.
29
Así lo ha considerado la Sala, entre otras, en sentencias del 21 de junio de 2018 (2735-2016),
26 de abril de 2018 (3230-2016), 19 de abril de 2018 (2653-2015 y 2051-2016), 5 de abril de 2018
(2268-2015). De igual forma se ha pronunciado recientemente la subsección B en sentencias del
17 de marzo de 2022 (3369-2021), 3 de febrero de 2022 (6038-2019).
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala de Sección Segunda, radicado:
73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15).
31
Ver sentencia de unificación CE-SUJ-SII-022-2020, radicado: 08001-23-33-000-2013-00666-01
(0833-2016), demandante: María Lucely Taborda Cervantes contra el municipio de Sabanagrande.
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iv) En el anterior evento, la petición de reconocimiento de la sanción, suspende
la prescripción, a la luz del artículo 151 del CPT, sin perjuicio de la porción
prescrita32.
Resolución del caso concreto
Contra la sentencia del 8 de octubre de 2015, dictada por el Tribunal
Administrativo del Chocó, que declaró probada de oficio la excepción
prescripción, se formuló el recurso de apelación objeto de análisis para
controvertir la decisión, por cuanto, a juicio de la demandante al presentarse el
silencio administrativo ficto o presunto negativo puede ejercer el medio de control
en cualquier tiempo, según lo regulado en el literal d) del artículo 164 del CPACA
en concordancia con el numeral 2 del artículo 161 ibidem.
Sobre el particular, estima la Sala que para mayor comprensión sobre el conjunto
de actuaciones que fueron desplegadas por la demandante con el propósito de
lograr el reconocimiento y pago de las cesantías, así como de la sanción
moratoria, se hace necesario ilustrarlas con sus resultados así:
ACTUACIÓN FECHA DECISION
Petición 13 de diciembre de 2004 Silencio negativo
Petición 16 de septiembre de 2005 Silencio negativo
Petición 28 de agosto de 2009 Silencio negativo
Petición 15 de diciembre de 2009 Silencio negativo
La situación particular evidencia que las 4 solicitudes no tuvieron respuesta
definitiva, en ese sentido, la prescripción de los derechos laborales de los
empleados públicos, regulada por los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y
102 del Decreto 1848 de 1969, tiene lugar a los tres años desde que se presenta
la primera reclamación administrativa, la cual, en todo caso, interrumpe la
prescripción por un término igual y por una sola vez.
Acorde con las pruebas allegadas al plenario, se encuentra que la señora
Xiomara Mosquera Chaverra presentó la reclamación administrativa tendiente al
pago de las cesantías ante la entidad demandada el 13 de diciembre de 2004, y
como se demostró dentro del plenario, se había desvinculado de la entidad
territorial el 21 de julio de 2004- de acuerdo con el Decreto 0430- o en gracia de
discusión el 28 de julio de la mencionada anualidad -hecho primero de la
demanda y primera pretensión-, en consecuencia, sus derechos prestacionales
prescribieron inexorablemente el 13 de diciembre de 2007, toda vez que la
demanda fue invocada el 27 de mayo de 2013 33, razón por la cual dicha
prestación se encuentra prescrita.
32
En este sentido se pronunció este Tribunal en sentencia proferida el 27 de febrero de 2020, con
ponencia de la Magistrada Clara Elisa Cifuentes Ortiz, dentro del proceso Rad. No. 15759 3333
001 2018 00119-01.
33
Según acta individual de reparto visible a folio 36
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Bajo esa óptica, es preciso manifestar que la jurisprudencia de esta
Corporación 34 ha señalado que: «la prescripción es tener por extinguido un
derecho que, por no haberse ejercitado se puede presumir que el titular lo ha
abandonado […]. Por ello en la prescripción se tiene en cuenta la razón subjetiva
del no ejercicio del derecho, o sea, la negligencia real o supuesta del titular
(…)».35. En esa lógica, una vez causado el derecho, el interesado cuenta con un
período de tres años para reclamarlo, inicialmente ante la administración y,
posteriormente, en sede judicial. No obstante, el solo hecho de reclamarlo
interrumpe su prescripción por un tiempo igual 36, pero por una sola vez 37.
Ahora bien, en relación con el silencio administrativo negativo, que es uno de los
argumentos del recurso de apelación, la Sala destaca que el silencio
administrativo negativo no interrumpe indefinidamente el término de prescripción,
pues si bien la ley permite que ante el silencio de la administración no opere la
caducidad, es decir, que no se limite la posibilidad de acudir ante el juez en un
término perentorio para obtener su pronunciamiento sobre la existencia o no de
un derecho en cabeza del interesado, dicha situación no se puede traducir en la
inoperancia de la prescripción, esto es, que el derecho que reclama se pierda por
la inactividad del administrado en el transcurso del tiempo.
Al respecto, esta Corporación 38 sostuvo recientemente en un caso similar que:
«[...] si bien, la parte actora alega que el fenómeno prescriptivo no le resulta aplicable
por cuanto lo que se pretende en el sub judice es la nulidad de un acto ficto el cual
se puede demandar en cualquier momento, esta Sala, le señala que no encuentra
de recibo dicho argumento, por cuanto el legislador al contemplar en el literal d)
numeral 1 del artículo 164 del CPACA que la demanda se puede interponer en
cualquier tiempo cuando se dirija contra actos productos del silencio administrativo,
se refiere al lapso con el que cuenta el interesado para incoar acción ante esta
jurisdicción, lo que se traduce, en que en el evento en que la administración no se
pronuncie de manera expresa sobre una petición, no existe término perentorio
alguno que dé cabida al fenómeno de la caducidad, lo que en nada se relaciona con
la obligación que le asiste al interesado de reclamar dentro de la oportunidad legal
el derecho que pretende adquirir a fin de que no le opere el fenómeno extintivo.
34. En efecto, como se expuso en el acápite precedente, la caducidad de la acción
y la prescripción del derecho al ser conceptos diferentes con consecuencias
34 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 27 de enero de 1994, proceso 8847,
M.P. Clara Forero de Castro; 27 de noviembre de 1997, radicado 16971, Consejero Ponente Clara Forero de
Castro, 20 de enero de 2000, Expediente No. 22866 (2119 – 99) M.P. Carlos A. Orjuela Góngora.
35 COVIELLO, Nicolás, Doctrina General del Derecho Civil. UTEHA 1949, citado por el doctor Betancur
Jaramillo Carlos, Derecho Procesal Administrativo, pág. 135, Señal Editora. 1996 .
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 23 de septiembre de 2010, Rad. No.
47001-23-31-000-2003-00376-01 (1201-08). Actor: Marco Fidel Ramírez Yépez y otros, C.P. Bertha Lucia
Ramírez de Páez.
37 Consejo de Estado. Fallo de tutela de 17 de enero de 2017. M.P. César Palomino Cortés: «La ausencia de
norma expresa que regule esta figura respecto de otros derechos prestacionales, como son las cesantías, no
incluidas en el Decreto 3135 de 1968, no implica la imprescriptibilidad de los mismos, de ahí que por analogía
se aplica el artículo 151 del C.P.T., a menos que existan cánones que regulen este tópico en puntos
específicos».
38
Sentencia del 19 de julio de 2019, radicado: 76001233300020160048301 (2063-18),
demandante Clara Inés Córdoba contra el Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, Fiduprevisora S.A. y Municipio de Cali.
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distintas, la ocurrencia de uno de ellos no se encuentra supeditado al acaecimiento
del otro, de manera que el hecho de que la parte actora al pretender la nulidad de
un acto ficto pudiera interponer la respectiva acción en cualquier tiempo, no quiere
decir que no se encontraba obligada a ejercer dentro de la oportunidad legal la
reclamación de su derecho ante esta jurisdicción; máxime cuando la norma que
regula el plazo extintivo en materia de sanción moratoria, no prevé su suspensión
indefinida por la configuración del silencio administrativo, y toda vez que dicha figura
fue creada con la finalidad de que en el evento en que la administración no se
pronuncie de manera expresa sobre una petición, el interesado pueda adquirir su
derecho por vía judicial.
35. Ahora si bien es cierto, la actora interrumpió el término de prescripción de la
sanción moratoria al efectuar reclamación el 1 de abril de 2009 frente a la cual se
configuró el acto ficto acusado, también lo es, que permitía que se extinguiera la
oportunidad para exigir la aludida penalidad en sede judicial, acarreando con ello la
prescripción total de su derecho. [...]».
De acuerdo con lo anterior, se reitera que la caducidad y la prescripción son dos
fenómenos jurídicos distintos, y que el hecho de que no exista un término de
caducidad cuando se ha configurado el silencio administrativo no significa que la
prescripción se interrumpa indefinidamente hasta obtener respuesta efectiva por
parte de la administración.
En ese orden de ideas, el interesado en el reconocimiento de un derecho de
carácter laboral que no constituya prestación periódica, reclamado en debida
forma ante la administración y frente al cual se hubiese configurado el silencio
administrativo negativo, debe acudir al juez administrativo antes de que finalice
el término de interrupción del fenómeno prescriptivo, so pena de que el derecho
se extinga por el paso del tiempo.
En suma, no es de recibo el argumento de la demandante en cuanto a que el
derecho no fenece, pues si bien podía demandar el acto ficto, tal como lo efectuó
en el caso concreto, lo cierto es que dentro del proceso se encuentra acreditado
que la interesada presentó la primera reclamación ante el departamento del
Chocó el día 13 de diciembre de 2004, por lo que, teniendo en cuenta que fue
desvinculada el 21 de julio de dicha anualidad, interrumpió la prescripción del
derecho por un periodo igual, es decir, 3 años. De manera que el término para
demandar el pago de sus prestaciones se aplazó hasta el 13 de diciembre de
2007, y no más allá, pues a pesar de que presentara otras solicitudes, como ya
se explicó, dicha interrupción opera por una única vez al no tratarse de
prestaciones periódicas como es el caso de las cesantías que reclama.
Esta Corporación, a partir de la sentencia de unificación CE-SUJ004 de 2016, ha
entendido que como la sanción moratoria se causa en forma autónoma y es un
derecho prescriptible, debe reclamarse dentro de los 3 años siguientes a aquel
en que se hizo exigible la obligación, so pena de que se extinga por virtud del
fenómeno de prescripción.
En efecto de acuerdo con las reglas de unificación: «En el evento en que el acto
que reconoce las cesantías definitivas y parciales se expida por fuera del término
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de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles
después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a:
i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45
días para efectuar el pago.». (Resaltado intencional).
En el presente caso, y atendiendo a que la primera reclamación se realizó en
vigencia del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), se tiene
que los 70 días a los que alude la regla son 65 para esa data, en tanto que el
término de ejecutoria de los actos administrativos era tan solo de 5 días.
De acuerdo con lo anterior, se tiene que la interesada solicitó el pago de la
sanción moratoria el 16 de septiembre de 2005, por lo que los 65 días vencían el
23 de noviembre de 2005, término que interrumpió por una sola vez, es decir,
que el plazo máximo para reclamarla venció el 24 de noviembre de 2008.
En ese orden de ideas, si bien es cierto ante el silencio de la administración el
acto ficto o presunto podía demandarse en cualquier tiempo, por no estar
sometido a término de caducidad, ello no implicaba la suspensión indefinida del
término de prescripción, de modo que, al haber transcurrido más de tres años
entre la reclamación de la sanción moratoria y la presentación de la demanda (27
de mayo de 2013) resulta evidente que operó el fenómeno de extinción del
derecho.
Es por lo anterior que se confirmará la decisión que se encuentra en la sentencia
de 8 de octubre de 2015, en la medida en que declaró la prescripción extintiva
respecto del pago de las cesantías y de la sanción moratoria.
Lo anterior quiere decir que no le asiste razón a la parte demandante, en el
sentido de que el derecho a la sanción moratoria no está prescrito y que podía
demandar en cualquier tiempo, conforme quedó analizado en precedencia, tal
como lo consideró el a quo.
2.6. De la condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el
proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante
analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala
fe; no obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47
de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable,
siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia
de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las
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sentencias proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la
conducta desplegada por las partes en el proceso, entre ellas, si se presentó o
no carencia de fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.°
del art. 188 de la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio enunciado, se observa de los
fundamentos del recurso de apelación que no se presenta una carencia de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, las
partes manifestaron argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses
por lo que, en consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta
instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Confirmar la sentencia del 8 de octubre de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo del Chocó, dentro del proceso instaurado por la señora
Xiomara Mosquera Chaverra, en contra del departamento del Chocó, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Administración Temporal
de la Secretaría de Educación Departamental del Chocó
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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