Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-33-000-2015-00106-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Apelación: ámbito de competencia del ad quem – no se satisface la carga
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-33-000-2015-00106-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 27001-23-33-000-2015-00106-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
23 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 27001-23-33-000-2015-00106-01 (68.708)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Demandado: Hernán Manuel Martínez Díaz
Referencia: Medio de control de repetición
Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN / CARGA ARGUMENTATIVA RECURSO DE
APELACIÓN – ámbito de competencia del ad quem – no se satisface la carga
argumentativa con la sola reiteración de las razones expuestas en el curso de la
primera instancia, resulta necesario que se confronte la razón que soporta la decisión
que se impugna – en este caso la Policía Nacional no sustentó debidamente el
recurso de alzada.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia que negó las pretensiones de la demanda.
La demandante solicita que se le ordene al demandado reembolsar el valor
pagado por una condena impuesta en un proceso de reparación directa, la cual
atribuye a su actuar gravemente culposo, toda vez que accionó su arma de
dotación oficial ocasionando la muerte de un compañero.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la sentencia proferida el 19 de marzo de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Chocó, mediante la cual se decidió la demanda instaurada el
6 de julio de 20151, por la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional en
contra del señor Hernán Manuel Martínez Díaz.
2. Como fundamento fáctico de las pretensiones indicó que, el 29 de mayo de
2009, encontrándose en la residencia de la Policía, el señor Hernán Manuel
Martínez, en un cruce de manos con el Pt2. Wilmar Mahecha Forero, accionó
su arma de dotación oficial causándole a este último graves lesiones, quien
murió días después a causa del disparo. Por este motivo, su esposa e hijo
instauraron demanda de reparación directa, que fue resuelta de forma
favorable mediante sentencia del 6 de diciembre de 2012, proferida por el
Tribunal Administrativo del Chocó, a través de la cual se le impuso una
1 SAMAI: índice 2, “ED_01INCORPORAEXPEDEXPE (.pdf) NroActua2”, Página 9.
2 Patrullero.
Radicación: 27001-23-33-000-2015-00106-01 (68.708)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Demandado: Hernán Manuel Martínez Díaz
Referencia: Medio de control de repetición
condena a la Policía Nacional por valor de $375’658.569, monto que pretende
recuperar a través de la presente acción.
3. Agregó que el comportamiento del demandado en la producción del hecho
que dio lugar a la condena fue gravemente culposo, en tanto que desconoció
abiertamente los reglamentos e instrucción brindada por la institución policial3.
La defensa
4. El apoderado del demandado manifestó que la entidad actora en el acápite
de los fundamentos de derecho se limitó a hacer alusión a normas y
fundamentos jurisprudenciales sobre la acción de repetición, pero sin referirse
a la responsabilidad particular del señor Martínez Díaz, ni aportó pruebas que
estuvieran dirigidas a demostrar que su actuar hubiese sido gravemente
culposo. En ese sentido, propuso la excepción que denominó ausencia del
elemento subjetivo de la acción de repetición, por cuanto los diferentes
procesos (penal y disciplinario) adelantados en su contra fueron archivados,
dado que ni siquiera se estableció quién accionó el arma de fuego que produjo
la muerte del Pt. Mahecha Forero.
5. Adicionalmente, formuló la excepción de “violación del parágrafo único del
artículo 19 de la Ley 678 de 2001”, en tanto que la actora en el proceso
ordinario que dio origen a la repetición propuso como excepción la culpa
exclusiva de la víctima, bajo el argumento de que el hoy occiso fue quien
provocó al señor Hernán Manuel Martínez Díaz a bromear con el arma, por lo
que debían negarse las súplicas de la demanda4.
6. Surtido el debate probatorio5, la parte actora reiteró los argumentos
señalados en la demanda6; mientras que el demandado indicó que los
elementos de convicción practicados no acreditaban que la conducta
desplegada por el ex agente Martínez hubiera sido gravemente culposa 7.
Finalmente, el Ministerio Público sostuvo que no se reunían los requisitos para
3 SAMAI: índice 2, “ED_01INCORPORAEXPEDEXPE (.pdf) NroActua2”, páginas 5 a 9.
4 SAMAI: índice 2, “ED_01INCORPORAEXPEDEXPE (.pdf) NroActua2”, páginas 104 a 128 y 147 a 153.
5 El Tribunal, en la audiencia inicial llevada a cabo el 12 de octubre de 2017, decretó las siguientes
pruebas: documentales: 1) Certificación suscrita por la Tesorera General de la Policía Nacional, que
constata el pago de la sentencia condenatoria; 2) Resolución de pago 1669 del 5 de diciembre de 2013;
3) comprobante de egresos de la Policía Nacional No. 1500024650, por valor de 509’038.563,28; 4)
certificación que ordena repetir en contra del ex agente Martínez Díaz; 5) copia de la sentencia del 6 de
diciembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó; 6) cd que contiene la audiencia de
juicio oral del 9 de julio de 2014, celebrada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Quibdó, dentro
del proceso con radicado No. 2009-80038; 7) copia del fallo disciplinario de segunda instancia, preferido
por la Inspección General de la Policía de Nacional del 16 de diciembre de 2010. Oficios: 1) al el Juzgado
Primero Penal del Circuito de Quibdó para que remita copia de la sentencia de primera instancia, proferida
dentro del sumario No. 2009-80038; 2) a la parte demandante para que allegue los fallos de primera y
segunda instancia, proferidos dentro del informativo disciplinario DCHO- 2009-68.
6 SAMAI: índice 2, “ED_01INCORPORAEXPEDEXPE (.pdf) NroActua2”, páginas 203 a 207.
7 SAMAI: índice 2, “ED_01INCORPORAEXPEDEXPE (.pdf) NroActua2”, páginas 208 a 225.
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Radicación: 27001-23-33-000-2015-00106-01 (68.708)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Demandado: Hernán Manuel Martínez Díaz
Referencia: Medio de control de repetición
la procedencia del medio de control de repetición, dada la ausencia de pruebas
que acreditaran la culpa grave en la actuación del demandado8.
La sentencia de primera instancia
7. Al resolver el conflicto, el Tribunal Administrativo del Chocó negó las
pretensiones de la demanda, por considerar que el elemento subjetivo del
medio de control de repetición no se encontraba acreditado, en tanto que el
señor Martínez Díaz fue absuelto de responsabilidad en los procesos penal y
disciplinario adelantados en su contra; ante la duda respecto de quién había
disparado el arma en hechos donde resultó herido el Pt. Wilmer Mahecha, no
existía criterio de causalidad entre la conducta del señor Martínez Díaz y el
daño antijurídico por el cual la Policía Nacional pagó la condena.
8. Añadió que, en todo caso, la presente acción reversiva era improcedente,
en los términos del parágrafo único del artículo 19 de la Ley 678 de 2001, toda
vez que, en el proceso de reparación directa, la entidad demandante formuló la
excepción de culpa exclusiva de la víctima, para cuyo efecto adujo que en la
forma como se dieron los hechos era imposible aseverar que el patrullero
Hernán Manuel Martínez Díaz tuviera en sus manos el arma causante de la
muerte de Wilmar Mahecha Forero9.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
Sustentación del recurso de apelación
9. El Ministerio de Defensa – Policía Nacional, reprodujo en su integridad y de
forma idéntica, los argumentos desarrollados en la demanda, así, en primer
lugar, transcribió las pretensiones elevadas en el escrito inicial. Luego invocó
los fundamentos de derecho, acápite en el cual aludió a los reglamentos,
manuales e instructivos de la Policía Nacional y reiteró que dada la
manipulación imprudente del arma de fuego que causó la muerte del señor
Wilmer Mahecha Forero, se configuraba una “posible” vulneración a normas
internas, tales como la Resolución 05884 del 27/12/2019 “Por la cual se expide
el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía
Nacional de Colombia” y el decálogo de seguridad con las armas de fuego.
10. Además, citó el artículo 322 del CGP para soportar la procedencia y
oportunidad del recurso de apelación interpuesto y, las normas constitucionales
y legales que regulan la acción de repetición (art. 90 C.P., Ley 678 de 2001,
Ley 1437 art. 142, entre otras) y jurisprudencia sobre el tema, para colegir que,
8 Ibidem, páginas 227 a 241.
9 Ibidem, páginas 248 a 271.
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Radicación: 27001-23-33-000-2015-00106-01 (68.708)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Demandado: Hernán Manuel Martínez Díaz
Referencia: Medio de control de repetición
con base en estos fundamentos jurídicos solicitaba que se accedieran a las
pretensiones de la demanda10.
11. Como en el presunto asunto no se decretaron pruebas en segunda
instancia, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en los
términos previstos en el numeral 5 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 11.
Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio12.
III. CONSIDERACIONES
12. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar
sentencia, procede la Sala a resolver el recurso de apelación formulado .
El objeto de la impugnación y el alcance del estudio de segunda instancia
13. Para proceder a la determinación de los asuntos que deberían ser
resueltos en esta instancia, la Sala primero estima necesario detenerse en el
análisis de lo que expresó la parte demandante en su recurso de apelación de
cara a las razones que fundaron la decisión que se cuestiona, para establecer
si, en realidad, revela razones de inconformidad que ataquen los argumentos
que expuso el a quo para denegar las pretensiones de la demanda.
14. En primer lugar, puntualiza la Sala, como ya en otras oportunidades lo ha
hecho13, que el alcance del recurso de apelación, mecanismo de control de las
decisiones judiciales, no se dirige sin límite alguno a reprochar cualquier tipo de
actuación e inconformidad generada en el curso del proceso, ni puede estar
orientado a repetir el trámite acontecido en la primera instancia, pues
fundamentalmente –léase esta expresión en clave de garantías
constitucionales– busca garantizar el principio de la doble instancia que, como
regla general, está disponible para controvertir las decisiones judiciales que se
reputan contrarias al ordenamiento jurídico.
10 SAMAI: índice 2, “ED_03MEMORIALRECIBIDO(.pdf) Nro.Actua 2”.
11 Modificada por el artículo 67 de la Ley 2080 de 20212. Dado que el recurso de apelación se interpuso el
15 de abril de 2021, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones del CPACA con las
reformas introducidas por la Ley 2080 de 2021; ello, en atención a lo previsto en el artículo 86 de la misma
norma. Art. 247. “Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las
sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
“(…)
“5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de
alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá
lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia
dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que
admite el recurso” (negrilla fuera del texto).
12 CPACA. “Art. 247… 6. El Ministerio Público podrá emitir concepto desde que se admite el recurso y
hasta antes de que ingrese el proceso al despacho para sentencia”.
13 Al respecto se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias de esta Subsección:
sentencias del 6 de julio de 2022, expedientes. 44707 y 54666, sentencia del 17 de febrero de 2023,
expediente: 62.136.
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Radicación: 27001-23-33-000-2015-00106-01 (68.708)
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Referencia: Medio de control de repetición
15. En este contexto, la Sala ha señalado que si la aspiración de justicia que
subyace al recurso de alzada tiene por finalidad que el superior revise la
decisión de primer grado acusada de ser errática o de romper o lesionar el
ordenamiento jurídico, resulta imprescindible que el recurrente determine
mediante los cargos planteados, cuáles asuntos deben ser resueltos ante el
superior jerárquico; razón por la cual no basta con la simple interposición del
recurso, ni resulta suficiente repetir un argumento desprovisto de motivos de
disenso, toda vez que los planteamientos de la apelación son los que definen
los temas objeto de control, de cara a la decisión judicial que es rebatida14.
16. Para instrumentalizar lo anterior, el artículo 247 del CPACA dispuso que el
recurso debía interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la
providencia, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación; a su vez,
el 322 del CGP15 establece que “deberá precisar, de manera breve, los reparos
concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación
que hará ante el superior” y, que para la sustentación del recurso “será
suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la
providencia apelada” (se subraya).
17. Adicionalmente, el artículo 328 del CGP dispone que el juez de segunda
instancia deberá pronunciarse “solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante” (se subraya), sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley.
18. Bajo este designio normativo, la carga de sustentación que corresponde
cumplir a la parte recurrente no se satisface con la llana indicación de disenso
frente a la providencia recurrida, como tampoco con la solicitud de que se
revoque para que se acceda a los intereses de la parte inconforme, y menos
aún con la simple reiteración de las razones expuestas en el curso de la
primera instancia, bien sea en la demanda o en la contestación. Lo que la ley
impone es que se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que
sirvieron de sustento a la providencia de primera instancia en aquello que se
considere desfavorable, no solo porque la decisión sea contraria a los intereses
de quien la impugna, sino porque exista en realidad una razón por la que
considere que lo fallado no corresponde en derecho a la decisión acertada, lo
cual, por tanto, delimita el marco al que debe sujetarse el juez al revisar la
sentencia recurrida.
19. En este sentido, es ajeno al recurso de apelación la reiteración de las
hipótesis que se plantearon como punto de partida en la construcción de la
decisión del proceso en primera instancia, en tanto aquéllas, luego de haber
14 El Consejo de Estado en casos similares se ha pronunciado en igual sentido, ver sentencias: (i) del 17
de marzo de 2010, radicación 2009-00045 (36838), (ii) del 9 de junio de 2010, radicación 1997-08775-
01(19283), y (iii) del 14 de mayo de 2014, expediente 31469.
15 Aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CCA.
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Demandado: Hernán Manuel Martínez Díaz
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transitado por las etapas probatorias, de contradicción y de alegaciones finales,
no pueden volver a presentarse al ad quem en su estado inicial, es decir, como
se postularon al presentar la demanda, pues ya fueron objeto de comprobación
y debate; sino que, de cara a la tesis adoptada por el a quo en las conclusiones
del fallo, corresponde al apelante la formulación de una tesis diversa frente a
éste, exigencia que, conforme lo prevé el legislador, se cumple a través de la
carga de sustentación, siendo necesario precisar los reparos concretos que le
hace a la decisión, como lo prevé el artículo 322 del CGP.
20. En consecuencia, le corresponde al apelante confrontar los argumentos
que el juez de primera instancia tuvo en cuenta para adoptar su decisión con
sus propias reflexiones, para efectos de solicitarle al ad quem que decida sobre
los puntos o aspectos que se debaten en la segunda instancia; de ahí que la
carga de sustentación tampoco puede entenderse cumplida con la mera
expresión de afirmaciones genéricas y vagas que no confronten la razón de la
decisión16, pues, aunque sucintas, deben ser suficientes por sí mismas para
evidenciar las razones o motivos que conduzcan a considerar que lo decidido
en primera instancia resultó desacertado.
21. Ciertamente, dado el marco de competencia fijado, al juez de la segunda
instancia no le está dado construir tales motivos de disenso pues si así lo
hiciera, vulneraría el principio de imparcialidad17 y el derecho al debido proceso
de la contraparte18. Recuérdese que la tarea de confrontación entre los
argumentos del apelante y los aspectos de la decisión de primer grado que son
atacados por esta vía, es la que determina la competencia material del juez de
segunda instancia19, pues precisamente el tema de decisión a cargo del ad
quem queda delimitado, por regla general, al examen de dos tesis opuestas
cuyo enfrentamiento debe ser desatado20.
16 “(…) no puede darse por sustentada una apelación, ni por ende cumplida la condición que subordina la
admisibilidad de este recurso, cuando el impugnante se limita simplemente a calificar la providencia
recurrida de ilegal, injurídica o irregular; tampoco cuando emplea expresiones abstractas tales como, ‘sí
hay prueba de los hechos’ u otras semejantes, puesto que aquellos calificativos y estas expresiones,
justamente por su vaguedad e imprecisión no expresan, pero ni siquiera implícitamente, las razones o
motivos de la inconformidad del apelante con las deducciones lógico-jurídicas a que llegó el Juez en s
proveído impugnado”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Auto de 30 de agosto de 1984,
Gaceta Judicial No. 2415. M.P. Humberto Murcia Ballén.
17 “Cuyo fundamento constitucional se encuentra en el artículo 13 Superior, impone al juez la obligación
de dar un trato igual a las personas que acuden a la administración de justicia”. Corte Constitucional,
sentencia C-450 de 2015.
18 Artículo 29 Constitucional.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
del 4 de marzo de 2022, radicación 73001-23-33-000-2015-00512-01 (66390), Consejera Ponente: Marta
Nubia Velásquez Rico.
20 En ese sentido, también se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia al señalar que “el deber de
sustentar este recurso [el de apelación] consiste precisa y claramente en dar o explicar por escrito la
razón o motivo concreto que se ha tenido para interponer el recurso, o sea para expresar la idea con un
criterio tautológico, presentar el escrito por el cual, mediante la pertinente crítica jurídica se acusa la
providencia recurrida a fin de hacer ver su contrariedad con el derecho y alcanzar por ende su revocatorio
o modificación”. Corte Suprema de Justicia, providencia del 30 de agosto de 1984. M.P. Humberto Murcia
Ballén.
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Radicación: 27001-23-33-000-2015-00106-01 (68.708)
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Demandado: Hernán Manuel Martínez Díaz
Referencia: Medio de control de repetición
22. Precisado lo anterior, y revisado el recurso de apelación interpuesto por la
Policía Nacional, encuentra la Sala que a pesar de que formalmente se
presentó la impugnación, lo cierto es que materialmente no puede deducirse un
argumento que esté destinado a debatir o cuestionar las razones que el a quo
expuso como fundamento de su decisión, en tanto, casi en su totalidad, lo
consignado en el escrito se limita a reproducir y transcribir literalmente los
argumentos planteados en el libelo demandatorio -pues se advierte que se
reprodujeron los acápites de las pretensiones y de los fundamentos de derecho
(dentro del cual mencionó nuevamente “DE LOS REGLAMENTOS,
MANUALES, INSTRUCTIVOS E INSTRUCCIONES DE LA INSTITUCIÓN
POLICÍA NACIONAL” y la normativa referente a la acción de repetición)-, sin
confrontar el cimiento de la decisión de la sentencia que se recurre.
23. El Tribunal a quo fundó su decisión de negar las pretensiones de la
demanda en dos argumentos principales, estos son: (i) la improcedencia del
medio de control, con base en el parágrafo único del artículo 19 de la Ley 678
de 2001, ya que en el proceso de reparación directa la Policía Nacional formuló
en su defensa la excepción de culpa exclusiva de la víctima y, (ii) la falta de
causalidad entre la supuesta conducta del demandado y el daño objeto de
indemnización por la entidad demandante, dada la falta de certeza de quien
propició el disparó que causó la muerte del Pt. Wilmer Mahecha Forero. Frente
a estos elementos, no observa la Sala que en la apelación se hubieren hecho
reparos concretos en relación con el razonamiento efectuado por el juez de la
primera instancia, pues como se advirtió, la apelante se limitó a reproducir las
pretensiones y los fundamentos de derecho plasmados en el escrito inicial.
24. Adquiere mayor relevancia lo expuesto, si se tiene en cuenta que en el fallo
objeto de alzada se manifestó que no había lugar a acceder a las pretensiones,
en tanto no se pudo verificar que la conducta por la que fue condenada la
Administración hubiera sido desplegada por el exagente de la Policía, Hernán
Manuel Martínez Díaz y, a pesar de ello, no intentó la actora desvirtuar dicha
afirmación al cuestionar, por ejemplo, la valoración probatoria realizada por el a
quo, así como tampoco lo expresado en la sentencia del proceso de reparación
directa, en donde, vale destacar se concluyó que (se transcribe conforme obra):
“En el proceso está acreditado que el arma con la cual se efectuó el disparo que
ocasionó el deceso de Mahecha Forero, esto es, una MINI UZI, calibre 9 milímetros,
de propiedad de la Policía Nacional. Cabe precisar igualmente que, si bien no
demostró quién fue el que accionó el arma, está situación no influye en la
acreditación de la responsabilidad de la administración por falla del servicio, pues lo
que si quedó acreditado fue el manejo imprudente y ausencia de medidas de
prevención que rigen en esta clase de armas, por parte de los policiales.
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Radicación: 27001-23-33-000-2015-00106-01 (68.708)
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Demandado: Hernán Manuel Martínez Díaz
Referencia: Medio de control de repetición
“Vale destacar, que la parte demandada no alguna de las causales exonerativas de
responsabilidad, y si bien afirmó a lo largo del proceso que hubo culpa exclusiva de
la víctima, no logró demostrar tal circunstancia”21.
25. Contrario a refutar la falta de causalidad, únicamente insistió en lo aducido
en la demanda, atiente a que hubo una manipulación imprudente del arma de
fuego de propiedad de la Policía Nacional que vulneró la Resolución 05884 del
27 de diciembre de 2019 expedida por esta entidad y el decálogo de seguridad
con las armas de fuego, sin referirse ni siquiera a quién le atribuía dicha
conducta y, mucho menos procuró desvirtuar la fuerza probatoria que le asignó
el Tribunal a las sentencias de los procesos penal, disciplinario y de reparación
directa adelantados por los mismos hechos que aquí se analizan, en las cuales
se absolvió de responsabilidad al señor Martínez Díaz (en los primeros dos
procesos) y se arguyó que no se demostró qué agente accionó el arma
causante de la muerte del Pt. Mahecha (el de reparación directa); providencias
que sirvieron de fundamento para la decisión adoptada por el a quo y respecto
de las cuales no se hizo reparo alguno.
26. Así, la falta de cuestionamiento por parte de la apelante a la improcedencia
del medio de control de repetición y la ausencia de un criterio de causalidad
que permita vincular la conducta del señor Martínez Díaz con la ocurrencia del
daño antijurídico por el cual la Policía Nacional pagó una condena resulta
evidente, en tanto que los argumentos reproducidos textualmente sobre la
violación de normativa de la entidad no tienen vocación de cuestionar la
inexistencia del nexo causal; además de que tales planteamiento -invocados
también en la demanda- fueron oportunamente estudiados y decididos en la
sentencia de primera instancia; por manera que no se trató de una propuesta
novedosa sobre un punto no decidido o decidido erróneamente por el juez a
quo.
27. Visto lo anterior, como la parte actora no planteó ninguna consideración
sobre el análisis probatorio adelantado por el fallador de primera instancia, ni
argumentó alguna equivocación en la decisión adoptada por el a quo, esta Sala
no cuenta con fundamento alguno que deba ser objeto de estudio o sobre el
que deba pronunciarse en lo que respecta a la decisión “apelada”, lo que hace
imposible que se realice un pronunciamiento de fondo a fin de reformar o
modificar lo relativo a la declaratoria de responsabilidad del señor Hernán
Manuel Martínez Díaz. Decidir lo contrario, implicaría un palmario quebranto de
la norma procedimental que exige la debida sustentación del recurso de
apelación, porque si bastara para el recurrente con afirmar cada vez que
impugna una decisión que se atiene a lo sostenido en el curso de la instancia o
simplemente repetirlo, no tendría sentido la exigencia de la norma de que el
recurso de apelación sea sustentado por quien está interesado en la reforma o
revocatoria de la decisión.
21 SAMAI: índice 2, “ED_01INCORPORAEXPEDEXPE (.pdf) NroActua2”, páginas 47 y 48.
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Referencia: Medio de control de repetición
28. De modo que, al advertir la falta de sustentación de la impugnación
propuesta por parte de la entidad demandante conforme a los estándares
previamente reseñados, se confirmará la sentencia objeto de alzada que negó
las pretensiones de la demanda.
Costas
29. Sobre el particular, el artículo 188 del CPACA establece lo siguiente:
“ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil” (negrilla por fuera del texto).
30. De la lectura de la norma, se desprende que la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, excepto en los procesos en que se ventilan
intereses públicos.
31. El proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición es
uno de aquellos en los que se ventila un interés público, pues con este se
busca la protección del patrimonio público. Sobre este particular, la Corte
Constitucional ha señalado que “la acción de repetición tiene una finalidad
de interés público como es la protección del patrimonio público el cual es
necesario proteger integralmente para la realización efectiva de los fines y
propósitos del Estado Social de Derecho, como lo señala el artículo 2 de la
Constitución Política”.
32. Así, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA y en razón a
que en el proceso de la referencia se persigue un interés público no hay
lugar a condenar en costas a la parte actora.
IV. PARTE RESOLUTIVA
33. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó el 19 de marzo de 2021, por las razones expuestas
en esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
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Radicación: 27001-23-33-000-2015-00106-01 (68.708)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Demandado: Hernán Manuel Martínez Díaz
Referencia: Medio de control de repetición
TERCERO: En firme esta providencia, incorporarla al expediente digital y
devolverlo al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
VF
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