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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2016-00014-01

Fecha
6 de octubre de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2016-00014-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 17 de enero de 2020 por el Tribunal Administrativo del Chocó que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en el proceso que en ejercicio del medio de control y restablecimiento del derecho, promovió el señor Manuel Ignacio Nagles Ramírez contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP. Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 27001-23-33-000-2016-00014-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

6 de octubre de 2022

1
Radicado: 27001-23-33-000-2016-00014-01 (2918-2021)
Demandante: Manuel Ignacio Nagles Ramírez
Demandada: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 27001-23-33-000-2016-00014-01 (2918-2021)
Demandante: MANUEL IGNACIO NAGLES RAMÍREZ
Demandada: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE
LA PROTECCIÓN SOCIAL1

Tema: Sustitución pensión gracia. Aplicación integral de la
sentencia de unificación SUJ-029-CE-S2 del 11 de agosto
de 2022. Acreditación de convivencia real y permanente
entre causante y cónyuge supérstite.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-168-2022

ASUNTO

La Subsección A decide el recurso de apelación formulado por la parte
demandada contra la sentencia proferida el 17 de enero de 2020 por el
Tribunal Administrativo del Chocó que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor Manuel Ignacio Nagles Ramírez en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20112, formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones3

1. Que se declare la nulidad de la Resolución RDP 056782 del 16 de diciembre
de 2013, expedida por la subdirectora de determinación de derechos
pensionales de la UGPP, que negó el reconocimiento y pago de una
pensión de sobrevivientes a favor del demandante.

1
En adelante UGPP.
2
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
en adelante CPACA.
3
Folios 1 a 2.

2
Radicado: 27001-23-33-000-2016-00014-01 (2918-2021)
Demandante: Manuel Ignacio Nagles Ramírez
Demandada: UGPP

2. A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la autoridad
demandada a reconocer y pagar una pensión de sobrevivientes a favor del
señor Nagles Ramírez, en su calidad de cónyuge de la señora Aura Valois
Asprilla, quien falleció el 1.º de abril de 2011.

3. Que el derecho concedido se haga efectivo a partir del 2 de abril de 2011
con los mismos derechos y garantías que gozaba la causante.

4. Que se conmine a la demandada a dar cumplimiento a la sentencia en los
términos del artículo 192 del CPACA, y al pago de costas que se generen
dentro del proceso.

Fundamentos fácticos relevantes4

1. Mediante Resolución 2524 del 15 de marzo de 1994 le fue reconocida una
pensión gracia a la señora Aura Valois Asprilla, por haber cumplido, en su
calidad de docente oficial, los requisitos exigidos para percibir el derecho.
La pensionada falleció el 1.º de abril de 2011.

2. Manifestó que al momento de concesión de la aludida prestación, la
causante convivía con el señor Nagles Ramírez; de cuya unión procrearon
un hijo quien responde al nombre de Víctor Manuel Nagles Valois.

3. El demandante y la señora Valois Asprilla contrajeron matrimonio civil el 16
de noviembre de 2002, en la Notaría Primera de la ciudad de Quibdó,
conforme escritura pública 672 de la citada fecha.

4. Con ocasión del deceso de la pensionada, el libelista mediante escrito del 8
de octubre de 2013 solicitó a la UGPP el reconocimiento de una pensión de
sobrevivientes.

5. En consecuencia, fue expedida la Resolución RDP 056782 del 16 de
diciembre de 2013, por medio de la cual se desató de manera desfavorable
el requerimiento del interesado, al considerar que, una vez verificado el sitio
web del FOSYGA, se logró evidenciar que aquel fungía como afiliado a
CAPRECOM en su condición de padre cabeza de familia.

6. Al señor Nagles Ramírez le fue otorgada por parte del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, una sustitución de la pensión de
jubilación que en vida gozaba su esposa, ello a través de la Resolución
003320 del 12 de agosto de 2013.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»5, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
4
Folios 2 a 3.
5
Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).

3
Radicado: 27001-23-33-000-2016-00014-01 (2918-2021)
Demandante: Manuel Ignacio Nagles Ramírez
Demandada: UGPP

precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por las partes
se convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las
alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo
dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para
fundamentar adecuadamente la sentencia.

Fecha de la audiencia inicial: 14 de junio de 2017.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:

«De acuerdo a lo ilustrado en precedencia, se puede destacar que en los términos
en que fueron planteados los medios exceptivos no revisten el carácter de previos,
sino que para su estudio se debe abordar como una excepción de mérito, por lo
que resolverla en esta etapa procesal, provocaría la vulneración al derecho
fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 superior. En esos
términos pues el despacho diferirá la decisión de las excepciones a la sentencia.».
(Folio 129 y en cd obrante a folio 1).

Se notificó la decisión en estrados y no se interpusieron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«Corresponde a la Sala establecer la legalidad del acto administrativo Nº RDP
056782 por medio del cual la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social U.G.P.P. niega el
reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente al señor Manuel Ignacio
Nagles Ramírez en calidad de cónyuge supérstite de la señora Aura Valois Asprilla,
en orden a determinar si se encuentra ajustada a derecho la misma, y si como
consecuencia de ello resultaría pertinente el reconocimiento y pago de la pensión
solicitada.». (Folio 130 y en cd que reposa a folio 1).

Se notificó la decisión en estrados y las partes no presentaron recursos.

SENTENCIA APELADA6

El a quo profirió sentencia escrita el 17 de enero de 2020, en la cual accedió
parcialmente a las pretensiones del demandante con fundamento en las
siguientes consideraciones:

Inicialmente precisó que, al margen de que el demandante no hubiera agotado
el procedimiento administrativo por la ausencia de interposición del recurso de
alzada frente al acto administrativo objeto de control judicial, lo cierto es que
al tratarse el objeto de la litis de un derecho pensional, y con el fin de no emitir
una decisión inhibitoria dadas las condiciones particulares del asunto, aunado
el hecho de la avanzada edad del interesado (74 años), consideró que

6
Folios 173 a 184.

4
Radicado: 27001-23-33-000-2016-00014-01 (2918-2021)
Demandante: Manuel Ignacio Nagles Ramírez
Demandada: UGPP

resultaba pertinente efectuar un análisis de fondo del derecho prestacional en
discusión, lo cual a su vez permite brindar seguridad y coherencia dentro del
sistema jurídico.

Acto seguido, puntualizó que la pensión de sobreviviente se enmarca dentro
del derecho a la seguridad social, de ello que la Corte Constitucional mediante
sentencia C-111 de 2006, al resolver una acción pública de
inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 47 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, señaló que la finalidad de
esta prestación es suplir la ausencia repentina del apoyo financiero del
causante frente a su núcleo familiar, con el fin de evitar que su muerte se
traduzca en un cambio radical de las condiciones de subsistencia mínimas de
los beneficiarios.

Efectuó un recuento normativo de las disposiciones normativas que regulan la
naturaleza de la pensión de sobreviviente, a fin de ilustrar los diversos grupos
de beneficiarios de aquella, así como las condiciones que les son exigidas a
cada uno de ellos para su reconocimiento.

En cuanto al caso de marras, sostuvo que para el tribunal cobra especial
relevancia el vínculo de la causante con el señor Nagles Ramírez, solemnidad
que es suficiente para adquirir el derecho a la pensión de sobrevivientes, si
además se advierte que quedó debidamente acreditado que hicieron vida en
común por más de 5 años, sin importar en qué tiempo. Aunado el hecho de
que no se ha presentado conflicto alguno con otra persona bajo la calidad de
compañera permanente o cónyuge que a su vez reclame el derecho instado
por la parte activa.

Bajo este razonamiento, advirtió que en el sub lite la convivencia no es el
criterio material que debe tenerse en cuenta para determinar a quién le asiste
el derecho a la sustitución pensional, sino que debe observarse el criterio
formal de un vínculo preexistente entre los implicados. Al respecto, citó la
sentencia del 23 de septiembre de 2015 proferida por la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, para exponer que el derecho debatido no puede
desconocerse bajo la sola circunstancia de que el demandante no hubiere
convivido con la finada durante sus últimos 5 años de vida, pues estos pueden
ser cumplidos en cualquier tiempo, lo cual quedó demostrado con las
declaraciones extrajuicio y testimonios practicados en el proceso.

Finalmente, arguyó que al señor Manuel Ignacio Nagles Ramírez le asiste el
derecho de que le sea otorgada la sustitución de la pensión que en vida gozaba
la señora Aura Valois Asprilla, a partir del día siguiente del fallecimiento de
esta última, esto es, el 2 de abril de 2011. Agregó que no se configuró el
fenómeno jurídico de la prescripción trienal de mesadas pensionales.

Acorde a los anteriores razonamientos, el tribunal de primera instancia profirió
sentencia que se resume así: i) inaplicó el sistema normativo contenido en los
artículos 74, 76, 87 y 161 del CPACA, en cuanto al presupuesto procesal de
la vía gubernativa; ii) declaró la nulidad de la Resolución RDP 056782 del 16
de diciembre d 2013, por medio de la cual la entidad demandada negó la
pensión de sobrevivientes a favor del libelista; iii) ordenó a la UGPP reconocer
a favor del señor Nagles Ramírez la sustitución de la pensión vitalicia de

5
Radicado: 27001-23-33-000-2016-00014-01 (2918-2021)
Demandante: Manuel Ignacio Nagles Ramírez
Demandada: UGPP

jubilación (sic) que devengaba la señora Aura Valois Asprilla, a partir del 2 de
abril de 2011; iv) denegó las demás pretensiones de la demanda; y, v) condenó
en costas a la parte pasiva del litigio.

RECURSO DE APELACIÓN7

La UGPP presentó recurso de alzada contra la decisión reseñada
anteriormente y solicitó que esta sea revocada para denegar las pretensiones
de la demanda. Al respecto, manifestó que no es procedente el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes a favor del libelista, habida cuenta de que
existen dudas razonables y jurídicas referentes a la inconsistencia en las tres
declaraciones extra proceso arrimadas al plenario, en las cuales se manifestó
que el señor Nagles Ramírez dependía económicamente de la causante, pero
al verificar la plataforma del FOSYGA se logró advertir que se encontraba
afiliado a CAPRECOM.

Añadió que los testimonios rendidos por los deponentes, así como el
interrogatorio de parte del demandante, también ofrecen elementos de duda
que restan convicción a los hechos que con condujeron al a quo a acceder a
los pedimentos del libelo.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las partes y el ministerio público guardaron silencio en esta etapa procesal,
según constancia secretarial visible a folio 218.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, el cual en el presente caso únicamente lo formuló la
entidad demandada.

Problema jurídico

Con fundamento en los anteriores argumentos, el problema jurídico que se
debe resolver en esta instancia, se resume en la siguiente pregunta:

¿El señor Miguel Ignacio Nagles Ramírez cumple con los requisitos previstos
en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley
797 de 2003, para ser beneficiario de la sustitución de la pensión gracia con
ocasión del deceso su cónyuge, la señora Aura Valois Asprilla?

Al respecto, la Subsección sostendrá la siguiente tesis: debido a las
características propias de la pensión gracia instada por el demandante para
su sustitución, resulta aplicable a su caso la sentencia de unificación SUJ-029-
7
Folios 190 a 193.

6
Radicado: 27001-23-33-000-2016-00014-01 (2918-2021)
Demandante: Manuel Ignacio Nagles Ramírez
Demandada: UGPP

CE-S2 dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 11 de agosto
de 2022. En ese sentido, el señor Manuel Ignacio Nagles Ramírez, en su
calidad de cónyuge supérstite, acreditó los requisitos del artículo 47 de la Ley
100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para ser
beneficiario de la prestación que en vida devengaba la causante, Aura Valois
Asprilla, conforme pasa a explicarse:

Acerca de la sentencia de unificación SUJ-029-CE-S2 del 11 de agosto de
2022 y su aplicación en el presente caso

Al respecto, se resalta que la sentencia SUJ-029-CE-S2 del 11 de agosto de
2022 fue dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado, con el fin de
fijar las reglas jurisprudenciales de interpretación para la resolución judicial y
administrativa de asuntos como el analizado en dicha providencia y el que es
objeto de examen en esta oportunidad, correspondiente a la acreditación del
requisito de convivencia por parte del beneficiario que, en calidad de cónyuge
o compañero permanente, reclame la sustitución de la pensión gracia del
docente fallecido.

En punto a los efectos de esta decisión, es válido anotar que la misma
sentencia los contempló de manera retrospectiva según el ordinal segundo de
su parte resolutiva8, ello a fin de que estos se extendieran a todas las
situaciones pendientes de definición jurídica que no hayan sido objeto de
consolidación del fenómeno de cosa juzgada, por lo que claramente su
estudio y sometimiento para resolver el asunto sub lite es pertinente y
necesario, puesto que el proceso de la referencia se encuentra pendiente de
definición judicial en segunda instancia y se ajusta a los criterios temáticos de
dicha providencia.

Ahora, la sentencia unificadora aludida abordó el estudio sobre las normas
que regulan la sustitución de la pensión gracia, las cuales hacen referencia a
las vigentes para la fecha del fallecimiento del pensionado o del docente, bajo
la aclaración de que cuando se presenta el deceso del trabajador que tenía
un derecho consolidado se está en el campo de la sustitución pensional,
mientras que cuando quien muere es el afiliado se habla de pensión de
sobrevivientes.

En ese orden, se destaca que en lo relativo a las precisiones efectuadas en el
proveído en mención frente al marco normativo que gobierna a los casos como
el particular, se partió de la premisa general según la cual la norma aplicable
es la contenida en el Sistema General de Pensiones, siempre que esta se
encontrare vigente a la fecha del fallecimiento de causante, conforme se
señaló:

«[…] 105. En el marco de unificación en el que se elabora el presente estudio,
corresponde a la Sala definir si en el caso de la pensión gracia la norma aplicable
para el requisito de convivencia de los beneficiarios de la sustitución pensional y

8
El cual reza lo siguiente: «[…] Segundo: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas en esta providencia en relación con los temas objeto de unificación, constituyen precedente
obligatorio en los términos del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en discusión
tanto en vía administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la presente sentencia de unificación
son retrospectivos, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. […]». (Negrilla del
texto original).

7
Radicado: 27001-23-33-000-2016-00014-01 (2918-2021)
Demandante: Manuel Ignacio Nagles Ramírez
Demandada: UGPP

pensión de sobrevivientes son las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, que exigen
5 años de convivencia del cónyuge supérstite o compañero permanente con el
causante; o la Ley 71 de 1988, reglamentada por el Decreto 1160 de 1989, que
en el caso del cónyuge supérstite solo exige el vínculo matrimonial y que al
momento del deceso hiciere vida en común con el causante; y para el compañero
permanente requería que hubiere hecho vida marital con el docente durante el año
inmediatamente anterior al fallecimiento.
[…]

107. En este punto es pertinente destacar que el artículo 279 de la Ley 100 de
1993, también exceptuaba a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio. Posteriormente, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003
dispuso que los docentes vinculados después de su entrada en vigencia tendrán
“los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003”. Y, para los vinculados antes “gozan del
mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985”9. Entonces tal como lo ha dicho la
jurisprudencia de esta Corporación los docentes en materia pensional gozan de
una pensión que no es especial, sino que dependiendo de la fecha de vinculación
se rige por las normas para la pensión ordinaria de jubilación anteriores o las del
SGSSP.

108. Ahora bien, retomando el carácter especial de la pensión gracia se tiene que,
en todo caso, la referida característica no excluye la procedencia de la sustitución
pensional conforme las previsiones generales vigentes para la fecha de
fallecimiento del docente. No obstante, en este punto se resalta que como la
pensión gracia no requiere aportes ni afiliación a la Caja Nacional de Previsión
Social, la aplicación de las normas generales procederá en tanto sean compatibles
con aquella.

109. La remisión a las normas generales consta en el Acto Legislativo 01 de 2005,
el cual constitucionalizó que: “Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho
a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes
del Sistema General de Pensiones". Por ello, la Corte Constitucional consideró que
“Esta regla constitucional impide la aplicación ultractiva de regímenes de
pensiones de sobrevivientes anteriores a la Ley 100 de 1993”. En consecuencia,
para el caso de la pensión gracia, en materia de sustitución pensional es
improcedente aplicar la Ley 71 de 1988, reglamentada por el Decreto 1160 de
1989, por ser normas anteriores a la Ley 100 de 1993. Sin perjuicio de la protección
de los derechos adquiridos o situaciones consolidadas bajo su vigencia.
[…]

122. De esta forma, la aplicación de la Ley 100 de 1993 en materia de pensión
gracia sobre la convivencia para los beneficiarios del docente que laboró 20 años
de servicio, se explica en tanto como norma general complementa una pensión
especial; pero, a la luz de los principios de razonabilidad y proporcionalidad no
puede conllevar a que también proceda el reconocimiento de la pensión gracia de
sobrevivientes con 50 semanas de cotización, porque la vocación de sustituibilidad
de una pensión creada como especial y transitoria no puede llevar a perpetuar una
regulación de un tiempo pretérito (1913), creada para compensar salarialmente a
los maestros de primaria de las regiones apartadas. […]». (Negritas del texto).

En igual sentido, a lo largo de este proveído el Consejo de Estado indicó que
el Acto Legislativo 01 de 2005 introdujo a nuestro ordenamiento nuevos

9
Sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-19 del 25 de abril de 2019, proceso con radicado 68001-23-
33-000-2015-00569-01(0935-17).

8
Radicado: 27001-23-33-000-2016-00014-01 (2918-2021)
Demandante: Manuel Ignacio Nagles Ramírez
Demandada: UGPP

criterios como el de la equidad y la sostenibilidad financiera del sistema de
seguridad social, por cuanto este dispone de recursos limitados que debían
ser distribuidos de acuerdo con las necesidades de la población.

Puntualmente respecto a la pensión de sobrevivientes, la referida adición
normativa trazó que para su reconocimiento debía remitirse a las leyes del
Sistema General de Pensiones (Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797
de 2003), que son las que contienen los requisitos para lo propio; ello bajo la
regla general según la cual, la norma que gobierna la situación pensional es la
vigente para la fecha del deceso del causante.

Lo anterior, precisamente con el propósito de fortalecer el sistema pensional,
tal como fue invocado por la sentencia unificadora, al sostener textualmente
que: «el requisito de convivencia de 5 años en materia de pensión de sobrevivientes
responde a las necesidades de robustecer el sistema pensional, blindándolo de
fraudes pensionales que lo desfinancian, con matrimonios o convivencias de último
minuto, a las que se refieren las sentencias C-1176 de 2001 y SU 149 de 2021». Sin
perderse de vista que la finalidad de la sustitución pensional y de la pensión
de sobrevivientes, en el marco de las referidas disposiciones normativas, es
que la pareja del trabajador o pensionado hubiese tenido un proyecto de vida
con permanencia, solidaridad y apoyo mutuo.

En suma, se colige que la circunstancia de muerte del docente o del
pensionado habilita a los beneficiarios para reclamar la sustitución de la
pensión gracia, pues esta resulta sustituible conforme a las reglas generales
en materia pensional, lo que fuerza a remitirse a los preceptos vigentes para
la fecha del deceso. Entendimiento anterior el cual excluye la aplicación de la
Ley 71 de 1988 y el artículo 7.º del Decreto 1160 de 1989, si el fallecimiento
ocurre en vigencia de la Ley 100 de 1993.

Bajo los términos expuestos en la sentencia unificadora del 11 de agosto de
2022, es dable concluir frente a la sustitución pensional o pensión de
sobrevivientes de la pensión gracia que:

i) La norma aplicable en es la vigente para la fecha del deceso del
maestro o del docente pensionado.
ii) Los requisitos de los beneficiarios en su calidad de cónyuge o
compañero o compañera permanente son los previstos en el artículo 47
de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de
2003, que exige la acreditación de no menos de 5 años de convivencia,
siempre que sean las normas vigentes para la fecha del fallecimiento
del causante.
iii) La aplicación del Sistema General de pensiones no habilita a reconocer
la prestación con fundamento en el numeral 2.º del artículo 46 de la Ley
100 de 1993 modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 200310, esto
es, a la luz de la acreditación de 50 semanas de cotización, sino
únicamente en cumplimiento de 20 años de servicios, al tratarse de una
pensión de carácter especial.

10
“Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere
cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento”.

9
Radicado: 27001-23-33-000-2016-00014-01 (2918-2021)
Demandante: Manuel Ignacio Nagles Ramírez
Demandada: UGPP

Ahora, la Sala encuentra que mediante Resolución 2524 del 15 de marzo de
199411 la extinta Cajanal (hoy UGPP) reconoció una pensión gracia a favor de
la señora Aura Valois Asprilla; prestación la cual, en ejercicio del presente
medio de control, es instada por la parte activa para que le sea sustituida en
su alegada condición de cónyuge supérstite.

Por su parte, la inconformidad de la autoridad demandada se centra en la no
acreditación por parte del señor Nagles Ramírez del requisito de convivencia
exigido por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 para acceder a la sustitución
pensional, así como de la dependencia económica que debió existir entre el
reclamante y la finada, por lo que en su recurso de alzada solicitó que se
revocara la sentencia impugnada, y en su lugar, denegar los pedimentos de la
demanda.

Bajo las condiciones en cita, es diáfano que para definir la presente
controversia se debe acudir a la regla jurisprudencial anunciada en
precedencia, contenida en la sentencia de unificación SUJ-029-CE-S2 del 11
de agosto de 2022 de esta Sección Segunda, en lo que respecta al
cumplimiento del requisito de convivencia durante no menos de cinco años
continuos con anterioridad al fallecimiento del pensionado.

Régimen legal de la sustitución pensional

Conforme al artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad social es un
servicio público obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y
control del Estado, con observancia de los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, en los términos que determine la ley.

A través de la Ley 100 de 1993, el legislador organizó el Sistema de Seguridad
Social Integral, en lo que tiene que ver con el régimen de pensiones, su
objetivo fue garantizar a la población el amparo contra las eventualidades
derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de
las pensiones y prestaciones que se determinan en la citada ley.

Así pues, con la finalidad de atender la contingencia derivada de la muerte, el
legislador previó la denominada pensión de sobrevivientes y sustitución
pensional, como una prestación dirigida a suplir la ausencia repentina del
apoyo económico que brindaba el afiliado al grupo familiar y, por ende, evitar
que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las condiciones
mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha prestación. Es
decir, que su reconocimiento se fundamenta en normas de carácter público y
constituye un desarrollo del principio de solidaridad.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-1094 de 2003, manifestó:

«[…] Por su parte, el legislador ha dispuesto que el sistema general de pensiones
tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias
derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las
pensiones y prestaciones que se determinan en ley, así como propender por la
ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con

11
Visible en cd de antecedentes administrativos, a folio 1 del plenario.

10
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Demandante: Manuel Ignacio Nagles Ramírez
Demandada: UGPP

un sistema de pensiones.

La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos
instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social
antes mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la protección
de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las
personas que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo
sus necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación social y
económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido.
Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación, las
personas más cercanas y que más dependían del causante y compartía con él su
vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades. […]» (Se subraya).

En este punto es relevante aclarar que, si bien ambas figuras tienen la misma
finalidad, la sustitución pensional es aquella prestación que se le otorga al
núcleo familiar de un pensionado que fallece o del afiliado que cumple con los
requisitos legalmente exigibles para pensionarse y fallece; en cambio la
pensión de sobrevivientes es aquella prestación que se le otorga al núcleo
familiar del afiliado no pensionado, que muere sin cumplir con los requisitos
mínimos para obtener la pensión12.

De acuerdo con lo anterior, lo aquí debatido es el derecho a la sustitución
pensional, debido a que la causante, Aura Valois Asprilla, al momento de su
fallecimiento ya percibía una pensión gracia13.

Beneficiarios de la sustitución pensional

En cuanto a la normativa que prevé la sustitución pensional, esta Subsección
en diferentes oportunidades14, así como en la sentencia de unificación SUJ-
029-CE-S2 del 11 de agosto de 2022, ha considerado que las disposiciones
aplicables son aquellas vigentes al momento del fallecimiento del causante.

En este sentido, en razón a que el deceso de la señora Aura Valois Asprilla
(causante de la pensión en controversia) se produjo el 1.º de abril de 201115,
es por lo que, frente a la sustitución pensional, estaba vigente la Ley 100 de
1993 que en lo pertinente fue modificada por la Ley 797 de 2003 y preceptúa:

«[…] Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o
compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida
marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no
menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; […]».
(Resaltado del texto).

12
Sentencia T-564 de 2015. Sentencia del 3 de septiembre de 2015. Referencia expediente T-4.919.041.
13
Como se desprende a la Resolución 2524 del 15 de marzo de 1994, a través de la cual la extinta Caja
Nacional de Previsión otorgó una pensión de jubilación a la causante, visible en cd que reposa a folio 1.
14
Ver, entre otras, sentencias del 10 de noviembre de 2005. Exp. 3496-04; y del 2 de octubre de 2008.
Exp. 2638-2014.
15
Acorde con el registro civil de defunción obrante a folio 21.

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Demandante: Manuel Ignacio Nagles Ramírez
Demandada: UGPP

Conforme a la normativa en cita, se observa que para que el compañero
permanente o cónyuge supérstite sea beneficiario de la sustitución pensional,
se debe probar, en este caso, que el aquí demandante hizo vida marital con la
causante hasta la fecha de su deceso no menos de cinco años continuos con
anterioridad a su muerte.

El aparte subrayado de la norma citada fue declarado exequible por la Corte
Constitucional, que en sentencia C-1094 de 200316 consideró:

«[…] La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos
instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social
antes mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la protección
de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las
personas que dependían económicamente del causante puedan seguir
atendiendo sus necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación
social y económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha
fallecido. Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de
prelación, las personas más cercanas y que más dependían del causante y
compartía con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades.
[…]
En relación con los cargos formulados, la Corte encuentra que, en principio, la
norma persigue una finalidad legítima al fijar requisitos a los beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes, lo cual no atenta contra los fines y principios del
sistema. En primer lugar, el régimen de convivencia por 5 años sólo se fija
para el caso de los pensionados y, como ya se indicó, con este tipo de
disposiciones lo que se pretende es evitar las convivencias de última hora
con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión de
sobrevivientes. […]». (Negrilla del texto).

En este orden de ideas, se observa que la exigencia de ese requisito no es
otra cosa que evitar que con base en vínculos adquiridos a último momento y
convivencia que no tenga el carácter de permanencia, se origine el derecho a
sustituir, en forma vitalicia, una prestación.

Ahora bien, en lo que respecta a la convivencia y lo que se ha entendido como
tal, esta Subsección17 ha sostenido:

«[…] La “convivencia” entendida no solamente como "habitar juntamente" y "vivir
en compañía de otro" sino como acompañamiento espiritual y moral permanente,
auxilio, apoyo económico y vida en común es el cimiento del concepto de familia.
Núcleo básico de la sociedad que, como ya se indicó, es el objeto principal de
protección de la sustitución pensional.

Es necesario precisar que la voluntad de conformar hogar y mantener una
comunidad de vida, son elementos distintivos y esenciales del grupo familiar, los
cuales, en criterio reciente y reiterado de la Corte Suprema de Justicia18, no se
pueden desvirtuar por la “separación”, cuando esta eventualidad se impone por la
fuerza de las circunstancias:

“El grupo familiar lo constituyen aquellas personas entre las que se establecen

16
Sentencia del 19 de noviembre de 2003. Referencia: expediente D-4659.
17
Cita de cita. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 24 de octubre de
2012. Radicación número: 25000-23-25-000-2010-00860-01 (2475-11).
18
Sentencia de Casación Laboral de 27 de abril de 2010, proceso No. 38113, Demandante: Beatriz Elena
Aristizábal Vallejo.

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Demandante: Manuel Ignacio Nagles Ramírez
Demandada: UGPP

lazos afectivos estables que deben trascender el plano de un mero
acompañamiento emocional y social, y alcanzar el nivel de un proyecto común de
vida; es esencial a la familia el prestarse ayuda mutua, que no es cualquier
clase de apoyo sino la que se encamina a realizar el propósito familiar
común.

De esta manera el acompañamiento espiritual y material ha de estar referido
a lo que la jurisprudencia ha reiterado: una verdadera vocación de constituir
una familia.

En sentencia de 8 de septiembre de 2009, rad. N° 36448, precisó la Corporación:
‘En el diseño legislativo de la pensión de sobrevivientes tal como fue concebida
en la Ley 100 de 1993, la convivencia ha estado presente como condición esencial
para que el cónyuge o la compañera o compañero permanente accedan a esa
prestación.

‘Este ha sido también el criterio reiterado de la jurisprudencia de la Corte,
que ha visto en la convivencia entendida como acompañamiento espiritual
permanente, apoyo económico y con vida en común que se satisface
cuando se comparten los recursos que se tienen, con vida en común o aún
en la separación cuando así se impone por fuerza de las circunstancias, ora
por limitación de medios, ora por oportunidades laborales, el cimiento del
concepto de familia en la seguridad social y requisito indispensable para que la
cónyuge o la compañera o compañero permanente puedan tener la condición de
miembros del grupo familiar, y vocación para ser beneficiarios de la prestación por
muerte del afiliado o pensionado.

‘Lo anterior significa que en principio para que haya convivencia se exige
vida en común de la pareja, y que no se desvirtúa el concepto de familia en
la separación siempre que ésta obedezca a una causa razonable que la
justifique, porque de lo contrario lo que no existiría es esa voluntad de
conformar un hogar y tener una comunidad de vida’”(resaltado y subrayas
fuera del texto).”19 […]» (Subrayas conforme a la transcripción).

En virtud de lo citado en precedencia y conforme lo consideró en aquella
oportunidad el Consejo de Estado que la convivencia no se refiere, en forma
exclusiva, a compartir el mismo techo y habitar junto al otro, sino que los
elementos que en mayor medida definen esa convivencia se relacionan con el
acompañamiento espiritual, moral y económico y el deber de apoyo y auxilio
mutuo. Además de ello, es preciso tener en cuenta el factor volitivo de la pareja
de mantener un hogar y tener la vocación y convicción de establecer, constituir
y mantener una familia.

Respecto al requisito de la convivencia, esto es, los 5 años continuos
inmediatamente anteriores a la muerte del causante, la Sección Segunda20 ha
señalado que «[…] el legislador lo previó como un mecanismo de protección, ello
para salvaguardar a los beneficiarios legítimos de quienes pretenden solo buscar
provecho económico […]».

Asimismo, que debe acreditarse la vocación de estabilidad y permanencia,
por lo tanto, no se tienen en cuenta aquellas relaciones casuales,

19
Sentencia de abril 7 de 2001, Radicación número: 76001-23-31-000-2005-02741-01(0669-08).
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de noviembre de 2017, número
interno: 0286-2015

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Demandante: Manuel Ignacio Nagles Ramírez
Demandada: UGPP

circunstanciales, incidentales, ocasionales, esporádicas o accidentales que
haya podido tener en vida el fallecido pensionado.

Finalmente, no es factor determinante para desvirtuar la convivencia efectiva,
el que los cónyuges o compañeros permanentes no vivan juntos en un
momento dado. En efecto, debe valorarse cada circunstancia en concreto, las
razones por las que no vivieron en el mismo techo, así como los demás
factores determinantes de la convivencia, como los son el auxilio o apoyo
mutuo, la comprensión y la vida en común, que en últimas son los que
legitiman el derecho reclamado21.

Bajo las anteriores precisiones normativas y jurisprudenciales, procede la
Subsección a verificar si en efecto, el demandante demostró los requisitos
señalados en la norma para ser acreedor de la sustitución de la pensión gracia
que en vida disfrutaba con su cónyuge, la señora Aura Valois Asprilla.

En este orden de ideas, en el expediente se tiene probado lo siguiente:

Ø Resolución 2524 del 15 de marzo de 1994, a través de la cual la extinta
Caja Nacional de Previsión (hoy UGPP) reconoció pensión gracia a la
señora Aura Valois Asprilla, en una cuantía inicial de $57.519,24, efectiva
a partir del 2 de febrero de 1990. (CD de antecedentes administrativos
obrante a folio 1).

Ø Copia de la cédula de ciudadanía de señor Manuel Ignacio Nagles
Ramírez, que indica que nació el 8 de febrero de 1945. (Folio 35).

Ø Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Aura Valois Asprilla (folio
36), que da cuenta que nació el 2 de febrero de 1940, y del registro civil de
defunción (folio 21), del cual se desprende que la referida mujer falleció el
1.º de abril de 2011.

Ø Copia del registro civil de nacimiento del señor Víctor Manuel Nagles
Valois, el cual informa que nació el 26 de octubre de 1971, y que sus padres
son los señores Manuel Ignacio Nagles Ramírez y Aura Valois Asprilla (folio
30).

Ø Escritura pública número 622 del 16 de noviembre de 2002 emitida por la
Notaría Primera del Círculo de Quibdó, por medio de la cual contrajeron
matrimonio civil los señores Manuel Ignacio Nagles Ramírez y Aura Valois
Asprilla. (Folios 28 a 29).

Ø Resolución RDP 056782 del 16 de diciembre de 2013, expedida por la
UGPP, a través de la cual se negó el reconocimiento de una «pensión de
sobrevivientes» a favor del libelista, en los siguientes términos:

«[…] Que dentro del cuaderno administrativo obra declaración extrajuicio rendida
por el peticionario en la cual manifestó:

21
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 22 de marzo de 2018. Radicación:
15-001-23-33-000-2013-00077-01, número interno: 4526-2013.

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Demandante: Manuel Ignacio Nagles Ramírez
Demandada: UGPP

EXPRESÓ (sic) BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, QUIERO DECLARAR
Y DEJAR CONSTANCIA QUE conviví en unión matrimonial compartiendo mesa,
lecho y techo de manera ininterrumpida desde el 16 de noviembre del año 2002
con la señora AURO VALOIS ASPRILLA quien en vida se identificó con la CC No
26311704 de puerto Melú, hasta el día 01 de abril del año 2011.

Que de igual forma la (sic) solicitante allega registro civil de matrimonio, en donde
consta que MANUEL IGNACIO NAGLES RAMÍREZ y VALOIS ASPRILLA AURA,
contrajeron matrimonio el día 16 de noviembre de 2002.
[…]

Que revisada la página del Fondo de Solidaridad y Garantías FOSYGA, se logró
evidenciar que el solicitante funge como AFILIADO A CAPRECOM en condición
de cabeza de familia.

Que en este sentido resulta procedente hacer referencia a la categoría de
CABEZA DE FAMILIA de la siguiente manera:

Entiéndase por Padre Cabeza de Familia quien siendo soltero o casado tenga
bajo su cargo económica o socialmente en forma permanente hijos menores
propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar ya sea por
ausencia permanente o incapacidad física sensorial psíquica o moral de la
cónyuge o compañera permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás
miembros del núcleo familiar. Esta condición y la cesación de la misma desde el
momento en que ocurra el respectivo evento deber ser declarada por el padre
cabeza de familia de bajos ingresos ante notario expresando las circunstancias
básicas de su caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales
a su cargo.

Que teniendo en cuenta lo descrito y la normatividad previamente citada, se
deduce que para ostentar la calidad de padre cabeza de familia, debe existir una
ausencia del cónyuge, lo cual desvirtuaría la convivencia, requisito indispensable
para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, por lo tanto no le será
reconocida la pensión de sobrevivientes al señor MANUEL IGNACIO NAGLES
RAMÍREZ. […]». (Folios 22 a 24).

Ø Resolución 3320 del 12 de agosto de 2013 por medio de la cual la Secretaría
de Educación del departamento del Chocó reconoció una sustitución
pensional a favor del libelista, con ocasión del fallecimiento de la señora
Valois Asprilla, así:

«[…] Que la docente AURA VALOIS ASPRILLA falleció el 01-04-2011.

Que la cuantía es de NOVECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA
Y CINCO PESOS M/CTE ($940.365) valor de la mesada que disfrutaba la
pensionada al momento de su fallecimiento.

Que una vez revisado el presente acto administrativo por la Oficina Asesora de la
Secretaría de Educaciones (sic) Departamental del Chocó, esta lo avala en todos
sus apartes por considerarlo ajustado a derecho.
[…]

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y pagar una SUSTITUCIÓN PENSIONAL
causada por el fallecimiento el día 01-04-2011 de la Docente AURA VALOIS

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Demandante: Manuel Ignacio Nagles Ramírez
Demandada: UGPP

ASPRILLA, quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía Nro.
26.311.704 DE BAUDO (PIZARRO), según registro civil de defunción Nro.
06533711 adiado 04-04-2011, como pensionado (sic) del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio con vinculación NACIONALIZADA, en
cuantía NOVECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO
PESOS M/CTE ($940.365), a partir del 02-04-2011.

ARTÍCULO SEGUNDO: La prestación reconocida surtirá a partir del día siguiente
del fallecimiento al siguiente beneficiario:

NOMBRE DE CEDULA PARENTESCO % VALOR A PAGAR
SOLICITANTE
MANUEL 4.825.800 CÓNYUGE 100 $940.365
IGNACIO NAGLES
RAMÍREZ
[…]». (Folio 26).

Ø Declaraciones extrajuicio rendidas los días 11 y 12 de agosto de 2015 ante
la Notaría Primera de Chocó por parte de los señores Eudaldo Lozano
Murillo y Joel Eduardo Pino Ibarguen, quienes depusieron que les consta
que los señores Manuel Ignacio Nagles Ramírez y Aura Valois Asprilla
convivieron en unión marital de hecho por más de 40 años, y el día 16 de
noviembre de 2002 contrajeron matrimonio. Agregaron que de dicha unión
procrearon a Víctor Manuel Nagles Valois.

De igual manera, afirmaron que los implicados cohabitaron bajo el mismo
techo hasta el momento del fallecimiento de la causante, y que fue el
demandante quien estuvo a cargo de los cuidados de su enfermedad.
(Folios 31 a 32).

Ø Contrato de servicios funerarios suscrito entre la funeraria La Santísima
Trinidad del municipio de Tado, Chocó y la señora Aura Valois Asprilla, el
13 de diciembre de 1998, del cual se evidencia como beneficiario, entre
otros, el aquí demandante. (Folio 39).

Ø Recibo de pago de los servicios funerarios emitido por la entidad en
mención, generados con ocasión de la muerte de la señora Valois Asprilla,
por una suma total de $2.010.000, el cual figura signado por el señor Nagles
Ramírez. (Folio 38).

Ø De igual manera, se practicó el interrogatorio de parte del señor Manuel
Ignacio Nagles Ramírez solicitado por la entidad demandada, del cual se
procede a realizar un resumen:

«[…] Preguntado: ¿sírvase indicarle al despacho la calidad que usted tenía frente
a la señora Aura Valois Asprilla, qué tipo de vínculo tenía con usted y qué tipo de
parentesco o relación existió entre ustedes dos? Contestó: con la educadora Aura
Valois Asprilla desde niños nos conocíamos. Tuvimos unas relaciones formales y
a consecuencia de eso, tuvimos un niño, de nombre Víctor Manuel Nagles. Con la
occisa contrajimos matrimonio en el 2002, matrimonio civil realizado en la Notaría
Primera. Viviendo con ella, llegó un momento que se enfermó; se enfermó de
artrosis degenerativa, que tuvo una duración más o menos de tres años enferma.
Murió aquí en la clínica […] Chocó, y yo estuve con ella, al lado de ella, siempre
fue mi pareja. Preguntado: ¿precísele al despacho por cuánto tiempo convivieron

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Demandada: UGPP

o tuvieron una relación de pareja? Contestó: todo el tiempo, más o menos
cuarenta años. Preguntado: ¿sabe usted en qué estado se encuentra el trámite o
qué decisión se expidió a propósito del trámite del reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes que usted adelantó ante la entidad UGPP? Contestó: yo hice
unas solicitudes buscando la sustitución de esa pensión, resulta que cuando yo
metí la sustitución para solicitarla en el Fondo del Magisterio, se me pasó porque
yo creía que la misma solicitud entrada en ese proceso de la pensión mía. […] allá
todo el tiempo me negaron ese derecho. […] ellos a mí me hicieron varias llamadas
de Bogotá, llegó un momento que me hicieron ir a Bogotá, me desplacé, para ir a
firmar algo, cuando llegué allá me salieron con una resolución en la cual me
negaban ese derecho. […] yo estuve casado con Aura, básicamente veinte y pico
de años. […] Preguntado: ¿sírvase indicar al despacho si usted ha tenido o tiene
la condición de padre de cabeza de familia, y qué sabe al respecto? Contestó: yo
estuve en Acandí, estuve realizando unos trabajos, y como era cuestión de
supervivencia, cuando me afilié a la EPS fue antes de entrar en el matrimonio […]
nunca yo he figurado como cabeza de hogar con mi esposa desde 2002. […]
Preguntado: ¿de qué ingresos deriva su manutención? Contestó: en la
actualidad, de lo que me reconoció el Fondo del Magisterio. Me reconoció una
pensión y la recibo mensualmente. […]». (Minuto 1:23 a 15:20 del cd obrante a
folio 1).

Ahora bien, en virtud de la relación probatoria que antecede, se realizan las
siguientes conclusiones:

• Es un hecho cierto que la extinta Cajanal (hoy UGPP) a través de la
Resolución 2524 del 15 de marzo de 1994 reconoció una pensión gracia a
favor de la señora Aura Valois Asprilla, con ocasión de haber prestado sus
servicios como docente en la Secretaría de Educación del Chocó.

• De otro lado, de las declaraciones extraprocesales arrimadas al proceso,
las cuales si bien es cierto no pueden ser tenidas en cuenta como
testimonios dentro del proceso judicial, sí procede su valoración como
documentos declarativos de terceros, acorde con el artículo 262 del Código
General del Proceso18, dan cuenta de que el señor Manuel Ignacio Nagles
Ramírez y la señora Aura Valois Asprilla mantuvieron una relación de pareja
durante más de 40 años, y que contrajeron matrimonio civil el 16 de
noviembre de 2022.

De igual manera se indicó que entre ellos se presentó una convivencia
ininterrumpida bajo el mismo techo y hasta la fecha de fallecimiento de la
causante, esto es, el 1.º de abril de 2011. Y que el demandante fue la
persona que estuvo a cargo de las enfermedades padecidas por la finada
durante sus últimos años de vida.

La anterior situación respecto al matrimonio civil contraído por los
implicados, se puede corroborar con la escritura pública número 622 del 16
de noviembre de 2002 de la Notaría Primera del Círculo de Quibdó arrimada
al proceso.

• En igual sentido, si se evalúa separadamente la declaración rendida por el
señor Manuel Ignacio Nagles Ramírez dentro de su interrogatorio de parte,
se observa que este fue claro en manifestar que inició una relación
sentimental con la causante que perduró durante 40 años, de los cuales 20
fueron bajo la calidad de cónyuges. Afirmó además que de dicha unión fue

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procreado un hijo que responde al nombre de Víctor Manuel Nagles Valois,
como en efecto se constata con el registro civil de nacimiento del referido
ciudadano.

• Se advierte además que, tal como se desprende del recibo de gastos
funerarios expedido por la empresa La Santísima Trinidad, es evidente que
fue el libelista la persona que estuvo a cargo del pago de las exequias de la
pensionada fallecida. Asimismo, se observa del contrato de seguro fúnebre
suscrito entre dicha entidad y la señora Valois Asprilla, que el demandante
fungía dentro del grupo de beneficiarios de aquella frente a los servicios que
prestaba la compañía.

En ese orden, en virtud de dichas acciones de interés mutuo y cuidado entre
la pareja, la parte activa llevó al convencimiento a la Subsección del vínculo
sentimental y socorro, los cuales sirven de sustento para confirmar la
vocación de estabilidad y permanencia de la unión.

Bajo estas consideraciones previas, es dable argüir que los elementos
probatorios allegados y practicados en el sub lite, no dejan asomo de duda de
que el demandante acreditó el tiempo de convivencia exigido por la ley, esto
es, más de 5 años anteriores al fallecimiento de la pensionada. Pues como
bien se ha analizado de acuerdo a las pruebas documentales allegadas, las
declaraciones extrajuicio, y el interrogatorio de parte exponen los detalles de
la vida en pareja, el acompañamiento espiritual y la asistencia solidaria;
elementos característicos de una convivencia en pareja. Y, por último, resulta
claro que el acervo probatorio en cuestión es coherente y da fe de la tesis
sostenida en la demanda en cuanto a la convivencia durante los últimos años
de vida de la causante.

Carece por tanto de fundamento legal y fáctico la negativa por parte de la
entidad demandada de sustituir la pensión gracia que en vida devengaba la
señora Aura Valois Asprilla a favor del demandante, bajo el argumento de que
no se demostró la convivencia en pareja durante los últimos 5 años de vida de
la pensionada, pues como bien se ha analizado de las pruebas allegadas por
el interesado, estas dan fe de los límites temporales exigidos por la norma para
la procedencia del reconocimiento pensional.

Ahora, la UGPP en su recurso de alzada sostuvo que la negativa del
reconocimiento de la sustitución pensional a favor del señor Nagles Ramírez
se fundamenta en el hecho de que aquel se encuentra afiliado a la Caja de
Previsión Social de Comunicaciones bajo la calidad de cabeza de familia, lo
cual, en concepto del ente de previsión, permite concluir que no mantuvo un
hogar con la causante y que no existió una dependencia económica con
aquella.

Empero, pese a las constantes manifestaciones de la entidad demandada
tendientes a desvirtuar el derecho del señor Manuel Ignacio Nagles Ramírez,
la Sala advierte que dichas situaciones no enervan el derecho del libelista para
hacerse beneficiario de la prestación instada, pues la afiliación a la seguridad
social y la dependencia económica no han sido requisitos exigidos por el
legislador para la procedencia del mismo, o mucho menos son aspectos que
deban mirarse por parte del juez de conocimiento para demostrar el

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cumplimiento de las condiciones propias que le son exigidas al cónyuge o
compañero permanente para el otorgamiento de la sustitución pensional, pues
se reitera que, en este caso, se debía acreditar la convivencia durante no
menos de 5 años anteriores al fallecimiento de la pensionada.

Aunado y en gracia de discusión, se recuerda que, si bien el aspecto relativo
a la dependencia económica ha servido de insumo o indicio en
pronunciamientos de la Subsección22 para confirmar el supuesto de hecho de
la existencia de un vínculo sentimental entre el causante y la persona que
reclamara la sustitución pensional en su calidad de compañero permanente o
cónyuge, lo cierto es que en las mismas oportunidades se ha esclarecido que
esta no es una exigencia consagrada en la norma para que aquellos se hagan
titular de la prestación aludida. Ello guarda sustento normativo en el artículo
47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003,
el cual no previó como un requisito indispensable demostrar la dependencia
económica con el fallecido cuando se tratare de estas calidades de
beneficiarios.

En todo caso, no se puede obviar que en el plenario quedó debidamente
demostrado que el libelista, al tratarse de un interesado en la calidad de
cónyuge supérstite de la finada, acreditó que mantuvo una convivencia durante
los 5 años anteriores a su fallecimiento y que hizo vida marital con la causante
por aproximadamente más de 40 años.

En gracia de discusión, se pone de presente que la UGPP no manifestó
argumentos distintos a la presunta calidad que detenta el demandante en su
afiliación a la seguridad social, los cuales en todo caso permitieran desvirtuar
las afirmaciones del interesado tendientes a obtener el reconocimiento de la
sustitución pensional. Ello por cuanto recaía en cabeza de la administradora
de fondos esgrimir los fundamentos de inconformidad con el fallo impugnado
que avalaran a la Sala analizar de fondo las inconsistencias probatorias
presentadas en el sub lite de cara al cumplimiento de las exigencias formales
para la obtención del derecho económico reclamado.

Contrario a ello, el contexto ilustrado en precedencia ha permitido vislumbrar
que los cónyuges en ningún momento se divorciaron ni liquidaron su sociedad
conyugal constituida, además que no formaron vínculo alguno con otras
personas, circunstancia que permite advertir que su intención siempre fue
mantener una vida en común.

Pues bien, no puede perderse de vista que la prestación económica
denominada «sustitución pensional» tiene por objeto garantizar una renta
periódica a los miembros del grupo familiar de quienes dependían
económicamente, como consecuencia de su muerte y de haber realizado en
vida cotizaciones al Sistema de Seguridad Social, ello, con el fin de que, en
este caso, el cónyuge supérstite cuente con los recursos necesarios para
mantener un nivel de vida similar al que tenía antes del fallecimiento de la
pensionada. Así, en cuanto al caso de marras, el demandante en su calidad
de cónyuge supérstite acreditó, frente al requisito de convivencia, la vocación
de estabilidad y permanencia, así como también se demostraron las relaciones

22
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2020, demandante: Luis
Armando Piña Vega, radicación: 47001-23-33-000-2015-00217-01 (1098-2018).

19
Radicado: 27001-23-33-000-2016-00014-01 (2918-2021)
Demandante: Manuel Ignacio Nagles Ramírez
Demandada: UGPP

de apoyo y comprensión mutua.

Al compás de lo anterior, esta Subsección considera que el a quo no incurrió
en algún desacierto interpretativo al estudiar la tesis de la demanda y acceder
parcialmente a las pretensiones de la misma, pues es evidente que del material
probatorio en estudio, se vislumbra una comunidad de vida entre el libelista y
la finada. Por tanto, pese a las manifestaciones por parte de la entidad
demandada que afirman la inexistencia una convivencia anterior a los 5 años
anteriores al fallecimiento de esta última, estas no conducen a desconocer el
derecho que le fue otorgado en primera instancia al señor Manuel Ignacio
Nagles Ramírez.

Corolario, los medios de prueba referenciados conllevan a afirmar que el
demandante cumple con los requisitos previstos por el artículo 47 de la Ley
100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para ser
beneficiario de la sustitución de la pensión deprecada, pues se probó que
conformó sociedad conyugal con la causante al menos desde el año 2001, y
que convivió de manera efectiva por más de 5 años previos a su fallecimiento;
aspecto último que es de esencial cumplimiento para la procedencia del
derecho económico instado en casos como el de marras en el que se discute
el otorgamiento sustituido de una pensión gracia.

En conclusión: los elementos probatorios aportados por el demandante, así
como los arrimados y practicados dentro del proceso llevan a la convicción de
la existencia de una convivencia real, constante y permanente con la señora
Aura Valois Asprilla, por lo cual, se acreditó el requisito de convivencia previsto
en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley
797 de 2003, para reconocer al señor Manuel Ignacio Nagles Ramírez, en su
calidad de cónyuge supérstite, la sustitución de la pensión gracia de la
causante, lo cual se acompasa con los lineamientos jurisprudenciales trazados
por esta Sección Segunda en la sentencia de unificación del 11 de agosto de
2022.

Decisión de segunda instancia

Según se ha expuesto, se impone confirmar la sentencia apelada en el sentido
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, toda vez que no
prosperaron los argumentos del recurso de alzada presentado por la entidad
demandada.

De la condena en costas

Esta subsección23 sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del
CPACA, en aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo-valorativo
para la imposición de condena en costas por lo siguiente:

a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas,
al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-.

23
Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, demandante: María del
Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.

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Radicado: 27001-23-33-000-2016-00014-01 (2918-2021)
Demandante: Manuel Ignacio Nagles Ramírez
Demandada: UGPP

b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien
para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.

d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará
atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte
vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y
generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la
participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura).

e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por
éstas.

f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP24, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.

g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que,
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público25.

Bajo este hilo argumentativo, en el presente caso no se condenará en costas
a la parte demandada pese a haber resultado vencida en esta instancia, en
atención a que no se observa su causación por no haber intervenido la parte
demandante con sus alegatos de conclusión en sede de apelación, de
conformidad con el numeral 8.º del artículo 365 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

24
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]»
25
Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»

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Radicado: 27001-23-33-000-2016-00014-01 (2918-2021)
Demandante: Manuel Ignacio Nagles Ramírez
Demandada: UGPP

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 17 de enero de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Chocó que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda en el proceso que en ejercicio del medio de control y
restablecimiento del derecho, promovió el señor Manuel Ignacio Nagles
Ramírez contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.

Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa
«SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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