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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-33-000-2016-00047-01

Fecha
3 de junio de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-33-000-2016-00047-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Modíficase la sentencia del 31 de octubre de 2024 proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó, la cual queda así: “PRIMERO: Declárase probada de oficio la excepción de la caducidad del medio de control jurisdiccional de repetición, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: En firme la presente decisión, archívese el expediente previa cancelación de su radicación”. 2º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 27001-23-33-000-2016-00047-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

3 de junio de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, tres (3) de junio de dos mil veinticinco (2025).

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 27001-23-33-000-2016-00047-01 (72.465)
Demandante: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO
NACIONAL
Demandado: FLAVIO SERNA RENTERÍA
Medio de control: REPETICIÓN - CPACA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – CADUCIDAD DEL MEDIO
DE CONTROL JURISDICCIONAL

Síntesis del caso: la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional demanda en ejercicio
del medio de control jurisdiccional de repetición en contra del Flavio Serna Rentería, por estimar
que este, en la condición de soldado regular, disparó en contra de su homólogo Dawin Edilson
Aragón Palomeque causándole varias lesiones, hecho por el cual la entidad en una conciliación
prejudicial pagó una suma de dinero por los perjuicios materiales y morales causados a este
último y su familia. La Sala modifica la decisión de primera instancia que negó las pretensiones
de la demanda y, en su lugar, declara probada de oficio la caducidad del medio de control
judicial.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (PDF
“19ED_Cuaderno” índice 2 SAMAI de la segunda instancia) en contra de la sentencia
del 31 de octubre de 2024 proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Chocó (PDF “8_EXPEDIENTEDIGI_C” índice 2 SAMAI de la
segunda instancia) mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: NIÉGUENSE las súplicas de la demanda, por las razones
expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: En firme la presente decisión, archívese el expediente previa
cancelación de su radicación”. (fl. 8 del PDF documento
““8_EXPEDIENTEDIGI_C” índice 2 SAMAI de la segunda instancia-
mayúsculas sostenidas y negrillas del original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 19 de febrero de 20161, la Nación – Ministerio de Defensa
– Ejército Nacional por intermedio de apoderado judicial promovió demanda de
repetición en contra del señor Flavio Serna Rentería2 con las siguientes súplicas

1 Fls. 11 y 37 del PDF “2_270012333000201600047001INCORPORAEXPED20231117152153”
expediente digital, índice 2 SAMAI de la segunda instancia.
2
Fls. 2 a 11 del PDF ““2_270012333000201600047001INCORPORAEXPED20231117152153”
expediente digital, índice 2 SAMAI de la segunda instancia.

2

Expediente: 27001-23-33-000-2016-00047-01 (72.465)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Repetición
Apelación sentencia

“PRIMERO: Que se declare responsable al señor FLAVIO SERNA
RENTERÍA de los perjuicios ocasionados a la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional y Armada Nacional, en virtud del acuerdo
conciliatorio, celebrado ante el Juzgado tercero administrativo oral del circuito
de Quibdó, quien mediante auto de fecha 7 de diciembre de 2012, el cual
quedó debidamente ejecutoriado el 14 de diciembre de 2012, dentro del
proceso No 27001333300320120024000, aprobó la conciliación prejudicial
realizada ante la Procuraduría 77 judicial I para asuntos administrativos de
Quibdó, el día 22 de noviembre de 2012, acordándose reconocer una
indemnización por parte de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional -
Ejército Nacional, a favor del soldado regular DAWIN EDILSON ARAGÓN
PALOMEQUE Y OTROS, por las lesiones físicas sufridas como consecuencia
de un disparo con arma de dotación oficial, accionada por un miembro del
Ejército Nacional, según hecho ocurrido el día 31 de diciembre de 2010.

SEGUNDO: Que se condene al Señor FLAVIO SERNA RENTERÍA, a
cancelar la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES,
CERO SETENTA Y SIETE MIL, TRESCIENTOS CATORCE CON CERO
NUEVE CENTAVOS ($452.077.314,09), a favor de la Nación Colombiana -
Ministerio de Defensa Nacional, suma que corresponde al capital
efectivamente reconocido por la Entidad a favor de: DAWIN EDILSON
ARAGÓN PALOMEQUE Y OTROS, mediante la Resolución No 1401 del 19
de febrero de 2014, para hacer efectivo el acuerdo conciliatorio, celebrado
ante el Juzgado tercero administrativo oral del circuito de Quibdó, quien
mediante auto de fecha 7 de diciembre de 2012, el cual quedó debidamente
ejecutoriado el 14 de diciembre de 2012, dentro del proceso No
27001333300320120024000, aprobó la conciliación prejudicial realizada ante
la Procuraduría 77 judicial I para asuntos administrativos de Quibdó, el día 22
de noviembre de 2012, acordándose reconocer una indemnización por parte
de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, a favor del
soldad regular DAWIN EDILSON ARAGÓN PALOMEQUE Y OTROS, por las
lesiones físicas sufridas como consecuencia de un disparo con arma de
dotación oficial, accionada por un miembro del Ejército Nacional, según hecho
ocurrido el día 31 de diciembre de 2010.

TERCERO: Que se condene a FLAVIO SERNA RENTERÍA, a cancelar
intereses comerciales a favor de la NACIÓN- COLOMBIANA-MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL, desde la ejecutoria de la providencia que ponga
fin al presente proceso.

CUARTO: Que se ajuste la condena tomando como base el índice del precio
al consumidor.” (fls. 2 a 11 del PDF ““2_270012333000201600047001”
expediente digital, índice 2 SAMAI de la segunda instancia - mayúsculas fijas
y negrillas del texto original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito
contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1) El 31 de diciembre de 2010, mientras se encontraba prestado el servicio militar
obligatorio en el corregimiento “90” del municipio del Carmen de Atrato (Chocó), el
soldado regular Dawin Edilson Aragón Palomeque resultó lesionado como
consecuencia de un disparo de arma de fuego de dotación oficial que le fue propinado
por el también soldado regular Flavio Serna Rentería, las lesiones sufridas por el

3

Expediente: 27001-23-33-000-2016-00047-01 (72.465)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Repetición
Apelación sentencia

soldado Aragón Palomeque le causaron una disminución de la capacidad laboral del
100%.

2) Por lo anterior, el joven Dawin Edilson Aragón Palomeque junto con su familia llegó
a un acuerdo de conciliación prejudicial de reparación directa con la Nación – Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional la cual se surtió ante la Procuraduría 77 Judicial I para
asuntos administrativos de Quibdó (Chocó) y, en la cual, la aquí demandante acordó
pagar una indemnización por los perjuicios morales y materiales causados.

3) La conciliación prejudicial fue aprobada por el Juzgado Tercero Administrativo Oral
del Circuito de Quibdó (Chocó) en proveído del 7 de diciembre de 2012 el cual quedó
ejecutoriado el 14 de diciembre de 2012.

4) A través de la Resolución número 1401 del 19 de febrero de 2012, el Ministerio de
Defensa dio cumplimiento al referido acuerdo de conciliación y ordenó el pago de la
suma de cuatrocientos cincuenta y dos millones setenta y siete mil trescientos catorce
pesos con nueve centavos ($452.077.314,09) en favor de Dawin Edilson Aragón
Palomeque y su familia, de manera que esta se efectuó el 27 de febrero de 2014.

5) El señor Dawin Edilson Aragón Palomeque fue procesado por la justicia penal militar
a través de la investigación no. 1652 F11PM.

6) La conducta del demandado se encuentra inmersa en la hipótesis del “artículo 6 de
la Ley 678 del 2001 que indica que existe culpa grave, cuando la conducta desplegada
por el funcionario se considera una transgresión directa de la Constitución Nacional y
de la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejerció de las funciones.
(…) el soldado FLAVIO SERNA RENTERÍA desplegó una conducta negligente, que
culminó generando el daño, y que hubiera podido evadirse o evitado su ocurrencia, si
hubiese obrado con la diligencia y cuidado que corresponde a quien debe ejecutar dicha
actividad en forma normal”3.

3. Contestación de la demanda

1) La demanda de la referencia fue admitida mediante auto del 18 de julio de 20164,
providencias en la que se ordenó la notificación del señor Flavio Serna Rentería quien

3
Fl. 4 del PDF “2_270012333000201600047001INCORPORAEXPED20231117152153” expediente
digital, índice 2 SAMAI de la segunda instancia.
4 Fls. 39 a 40 del PDF “2_270012333000201600047001INCORPORAEXPED20231117152153”

expediente digital, índice 10 SAMAI de la segunda instancia.

4

Expediente: 27001-23-33-000-2016-00047-01 (72.465)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Repetición
Apelación sentencia

fue notificado por emplazamiento y se encuentra representado por curador ad litem5,
quien guardó silencio6.

4. Audiencia inicial

Mediante auto del 21 de junio de 2024 (índice 11 SAMAI de la primera instancia), el a
quo incorporó como pruebas las aportadas en la demanda y señaló que el litigio se
circunscribía a lo siguiente:

“Corresponde a la Sala determinar, si de conformidad con el acervo probatorio
allegado al expediente, se debe declarar patrimonialmente responsable al
señor Flavio Serna Rentería a título de dolo o culpa grave, por las actuaciones
que dieron lugar al acuerdo conciliatorio aprobado por el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Quibdó mediante auto del 07 de diciembre del
2012 proferido dentro del proceso 27001333300320120024000; en caso
afirmativo si es procedente ordenar la restitución de las sumas que fueron
pagadas en virtud de dicha condena, por la entidad demandante”. (fls. 3 a 4
del PDF “9_Autoordenacor_201647REPETICIONA” índice 11 SAMAI de la
primera instancia).

5. Sentencia de primera instancia

La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó, en sentencia del 31
de octubre de 2024 (PDF “8_EXPEDIENTEDIGI_C” índice 2 SAMAI de la segunda
instancia) negó las pretensiones de la demanda por estimar que no se demostraron las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron las lesiones del soldado
regular Dawin Edilson Aragón Palomeque.

Las pruebas aportadas por la parte demandante se limitan al auto del 7 de diciembre
de 2012 dictado por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Quibdó que aprobó la
conciliación prejudicial surtida entre la aquí demandante y el señor Dawin Edilson
Aragón Palomeque junto con su familia, la Resolución no. 1404 del 19 de febrero de
2014 por medio de la cual la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa
dio cumplimiento a la conciliación, y la certificación del 12 de febrero de 2016 suscrita
por la Tesorera Principal del Ministerio de Defensa sobre el pago realizado.

Dichos elementos de prueba no dan cuenta de cómo ocurrieron las lesiones del soldado
regular, lo único que se sabe es que lo fueron por un disparo de arma de fuego y el auto
que aprobó la conciliación prejudicial no puede ser el fundamento para indicar que el
repetido actuó de manera gravemente culposa, en especial si considera que la condena

5 Índice 7 SAMAI de la primera instancia.
6 Índices 10 y 11 SAMAI de la primera instancia.

5

Expediente: 27001-23-33-000-2016-00047-01 (72.465)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Repetición
Apelación sentencia

no fue por esto último.

6. Recurso de apelación

El 6 de diciembre de 2024, la entidad demandante presentó recurso de apelación en el
que solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las
pretensiones de la demanda toda vez que del informe administrativo y las pruebas
allegadas al expediente se encuentra acreditada la conducta gravemente culposa
desplegada por el señor Flavio Serna Rentería, quien, de manera imprudente y
negligente, empleó su arma de dotación oficial contra un compañero, contrariando los
reglamentos de manejo de armas y los estándares de conducta esperados de los
miembros de las Fuerzas Militares.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que la culpa grave implica una
falta evidente al deber de cuidado, superior incluso al estándar de una persona común
y corriente en condiciones similares. En este caso, el demandado incumplió los
estándares básicos de seguridad en el manejo de armas, transgredió las normativas
específicas del servicio militar y causó un daño antijurídico cuya reparación recayó
sobre el Estado (índice 20 SAMAI de la primera instancia).

7. Actuación surtida en segunda instancia

Por auto del 31 de marzo de 2025 (índice 4 SAMAI) se admitió el recurso de apelación
y el 28 de abril de 2025 (índice 11 SAMAI) ingresó el expediente al despacho para dictar
sentencia, según lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

Durante el término de ley, el representante del Ministerio Público rindió concepto en el
cual solicitó declarar de oficio la caducidad del medio de control jurisdiccional de
repetición, pues, el acuerdo de conciliación prejudicial quedó ejecutoriado el 14 de
diciembre de 2012 -esto es, en vigencia del CPACA-, de modo que la entidad
demandante contaba con diez (10) meses para realizar el pago a partir de los cuales
corrían los dos (2) años del término para presentar la demanda de manera oportuna;
dicho término venció el 15 de octubre de 2015 mientras que el medio de control judicial
fue ejercido el 19 de febrero de 2016 (índice 10 SAMAI).

6

Expediente: 27001-23-33-000-2016-00047-01 (72.465)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Repetición
Apelación sentencia

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente
derrotero: 1) prelación de fallo, 2) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 3)
la competencia del ad quem, 4) caducidad del medio de control jurisdiccional de
repetición, 5) el caso concreto, 6) conclusión, y, 7) condena en costas.

1. Prelación de fallo

En la actualidad, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado conoce
de procesos que entraron para fallo con anterioridad, situación que en los términos del
artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en el turno estricto en el cual
pasaron los expediente al despacho, no obstante, el artículo 18 también autoriza la
modificación de la cronología de turno según “la naturaleza del asunto”7, de igual
manera, el artículo 63 A de la Ley 270 de 19968 permitió que las denominadas altas
cortes y los tribunales establecieran un orden de carácter temático para la elaboración
y estudio preferente de los proyectos de sentencia.

En este asunto sometido a consideración de la Sala, el objeto del litigio corresponde a
una repetición en contra de un exfuncionario público, tema que en virtud de su
naturaleza la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sesión y en el acta no. 15
del 5 de mayo de 20059 consideró que debía dársele prelación, motivo por el cual, con
fundamento en las normas previamente citadas y la referida acta, la Subsección se
encuentra habilitada para emitir fallo de manera anticipada.

7 El artículo 18 de la Ley 446 de 1998 preceptúa: “ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. Es
obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado
los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de
sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los
asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y
trascendencia social. (…).”
8 El artículo 16 A, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, prevé: “Cuando existan razones

de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves
violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial
trascendencia social, las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la
Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados
preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación
(…) Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del Consejo
de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las Salas de los Tribunales
Superiores y de los Tribunales Contencioso-Administrativos de Distrito podrán determinar un orden de
carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia (…)”.
9 Mediante la cual la Sala de la Sección Tercera del Consejo de Estado aprobó que los eventos de

repetición podían fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno respectivo.

7

Expediente: 27001-23-33-000-2016-00047-01 (72.465)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Repetición
Apelación sentencia

2. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

1) El centro de la controversia planteada consiste en determinar si se reúnen los
requisitos necesarios para atribuirle responsabilidad patrimonial personal, a título de
repetición, al señor Flavio Serna Rentería con ocasión del acuerdo conciliatorio surtido
entre la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y el señor Dawin Edilson
Aragón Palomeque junto con su familia, a raíz de las lesiones que aquel tuvo luego ser
impactado por un proyectil de arma de fuego.

2) En ese sentido, tal como lo puso de presente el Ministerio Público, la Sala advierte
que se configuró la caducidad del medio de control de repetición ejercido en la
demanda, aspecto que lleva a modificar la decisión de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, para en su lugar declarar probada, de oficio, la
mencionada excepción.

3. La competencia del ad quem

1) Sobre el punto debe advertirse que en el asunto de la referencia únicamente
interpuso recurso de apelación la parte demandante.

2) De acuerdo con lo anterior, se tiene que se trata de una situación de apelante único
donde de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso, norma procesal aplicable en virtud de la remisión legal contenida en el artículo
306 de la Ley 1437 de 2011, la competencia del juez en segunda instancia se reduce
al análisis de los puntos objeto del recurso.

3) En efecto, el artículo 328 del Código General del Proceso preceptúa:

“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo
que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia”
(se destaca).

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Expediente: 27001-23-33-000-2016-00047-01 (72.465)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Repetición
Apelación sentencia

4) En ese contexto, es claro que el ad quem, cuando se trata de apelante único, solo
puede revisar la actuación en cuanto tiene que ver con los motivos de la impugnación10,
vale decir, no puede el juez de segunda instancia entrar a analizar la providencia en la
parte que no fue objeto del recurso, razón por la cual la competencia funcional de esta
Corporación se encuentra restringida legalmente a los cargos esgrimidos en el recurso
de alzada, sin perjuicio de lo expresa y puntualmente dispuesto en el inciso primero del
artículo 328 del CPACA, según el cual i) en la sentencia el juez decidirá sobre los
argumentos expuestos por el apelante y ii) también debe tomar las decisiones que se
deben adoptar de oficio, entre las cuales se encuentran las excepciones relacionadas
con los presupuestos procesales del medio de control que se encuentren probadas,
propuestas o no, sin perjuicio de la non reformatio in pejus.

5) Por consiguiente, la Sala decidirá únicamente en relación con los precisos cargos de
apelación esgrimidos por la parte demandante, así como también las excepciones
relacionadas con los presupuestos procesales del medio de control que se encuentren
probadas, lo cual incluye el pronunciamiento sobre la caducidad del medio de control
judicial, la cual, como ya se anunció en el acápite anterior, será declarada.

3. Caducidad del medio de control jurisdiccional de repetición

1) Respecto de la oportunidad para ejercer el medio de control jurisdiccional de
repetición el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 164.- Oportunidad para presentar la demanda. La demanda
deberá ser presentada:
(…).

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
(…).

l) Cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como
consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de
un conflicto, el término será de dos (2) años, contados a partir del día
siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del
plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de
conformidad con lo previsto en este Código.” (se resalta).

2) La Corte Constitucional11 condicionó en su momento la exequibilidad del artículo 11
de la Ley 678 de 200112 “bajo el entendido que el término de caducidad de la acción

10 En relación con este punto es importante resaltar que la parte actora en la demanda alegó tanto el dolo

como la culpa grave del demandado, no obstante, en el recurso de apelación alegó únicamente la
existencia de una culpa grave por parte de aquel.
11
Corte Constitucional, Sala Plena, (8 de agosto de 2001), C-832 de 2001, MP Rodrigo Escobar Gil.
12
Norma cuyo contenido literal se reprodujo en el literal l) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA junto
con el condicionamiento en mención.

9

Expediente: 27001-23-33-000-2016-00047-01 (72.465)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Repetición
Apelación sentencia

empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más
tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4
del Código Contencioso Administrativo” con el fin de no mantener en incertidumbre al
funcionario público que pudiese ser sujeto de una demanda de repetición, en los
siguientes términos:

“Se tiene, pues, que uno de los requisitos de la acción de repetición es el pago
de la condena que haya sufrido la Administración, y por consiguiente, resulta
razonable que se haya fijado el momento en que se realiza ese acto jurídico
como punto de partida para computar el término de caducidad.

Por otra parte, contrariamente a lo que afirma el demandante, la entidad
no puede, a su arbitrio, determinar el momento definitivo del pago, ya
que el cumplimiento de esa obligación se encuentra sujeto a estrictas
normas presupuestales.

(…).

De lo anterior se infiere, que como en razón del principio de legalidad del gasto
público (artículos 345 y 346 de la Constitución), el Estado no puede, a
diferencia de los particulares, disponer inmediatamente de sus recursos para
el cumplimiento de las condenas a su cargo, la ley razonablemente le ha
otorgado un plazo de dieciocho meses para realizar los trámites para el pago
de las mismas, so pena de sanciones disciplinarias a los funcionarios que no
procedan de acuerdo con el trámite anteriormente explicado.

Por lo tanto, el Estado cuenta con un término preciso para efectuar el
respectivo trámite presupuestal para efectos de cancelar el monto de la
condena judicial por los perjuicios causados a los particulares.

En síntesis, es viable afirmar, que el plazo con que cuenta la entidad para
realizar el pago de las sentencias de condena en su contra, no es
indeterminado, y por lo tanto, el funcionario presuntamente
responsable, objeto de la acción de repetición, no tendrá que esperar
años para poder ejercer su derecho de defensa.

Si esta fecha no fuera determinada, se estaría vulnerando el derecho al
debido proceso, ya que esto implicaría una prerrogativa desproporcionada
para la Administración, y las prerrogativas deben ser proporcionadas con la
finalidad que persiguen.” (resalta la Sala).

De igual forma, la jurisprudencia de esta Corporación13 ha precisado que para efectos
del cómputo del término de caducidad contenido en el literal l) del numeral 2 del artículo
164 del CPACA debe tenerse en cuenta el supuesto normativo que primero se
configure, con atención de las siguientes reglas, las cuales se aplican tanto para casos

13
Al respecto, véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A. (27 de agosto de 2021) Radicación 05001-23-33-000-2020-00695-01 (67.008), CP María
Adriana Marín // Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
B. (29 de agosto de 2016) Radicación 41001-23-31-000-2003-00822-01 (45.544) CP Ramiro Pazos
Guerrero // Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. (8 de julio de
2009) Radicación 11001-03-26-000-2002-00006-01 (22.120) CP Mauricio Fajardo Gómez.

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Expediente: 27001-23-33-000-2016-00047-01 (72.465)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Repetición
Apelación sentencia

en los que la repetición tiene por fundamento un acuerdo de conciliación14 o una
sentencia de responsabilidad patrimonial:

a) Si el pago de la condena impuesta se realiza dentro del término otorgado por la ley
-ya sean 18 meses tratándose del CCA o 10 meses en el caso del CPACA15-, el término
de caducidad se contará desde el día siguiente a la fecha de pago.

b) Cuando el término conferido por la ley para el pago de la condena se venza sin que
se hubiese realizado el desembolso de esta, el cómputo del término de caducidad se
hará desde el vencimiento de dicho término.

4. El caso concreto

Según las normas citadas y los documentos que obran en el expediente está probado
lo siguiente, especialmente relevante para la adopción de la decisión del caso objeto
de pronunciamiento:

1) Mediante auto de 7 de diciembre de 201216, el Juzgado Tercero Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Quibdó (Chocó) aprobó la conciliación prejudicial surtida entre
la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y el señor Dawin Edilson Aragón
Palomeque ante la Procuraduría 77 Judicial I para asuntos administrativos de Quibdó
(Chocó), a raíz de las lesiones que este último padeció, luego de haber sido impactado
por un proyectil de arma de fuego mientras prestaba su servicio militar obligatorio y que
le generó una pérdida de la capacidad laboral del 100%17.

2) El anterior proveído quedó ejecutoriado el 14 de diciembre de 2012, como consta en
certificación expedida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Quibdó18.

14 En los casos de conciliación, aún si las partes acuerdan realizar el pago en un periodo superior al de

10 meses -para los asuntos de CCA- o de 18 meses -tratándose de CPACA-, lo cierto es que ello no
cambia las reglas de caducidad de que tratan dichos estatutos.
15
Contados a partir de la ejecutoria de la sentencia que declaró patrimonialmente responsable a la
entidad o del auto que aprobó la conciliación.
16 Visible en folios 20 a 26 del PDF “2_270012333000201600047001INCORPORA” expediente digital,

índice 2 SAMAI de la segunda instancia.
17 De conformidad con el referido auto, el acuerdo conciliatorio data del 22 de noviembre de 2012 y en

este la autoridad aquí demandante se obligó a pagar i) la suma de setenta (70) salarios mínimos legales
mensuales vigentes para el lesionado y cada uno de sus progenitores por concepto de perjuicio moral,
mientras que a sus hermanos y abuelos les reconoció la suma de treinta y cinco (35) salarios mínimos
legales mensuales vigentes para cada uno de ellos, ii) la suma de treinta y cinco (35) salarios mínimos
legales mensuales vigentes en favor del lesionado por concepto de daño a la vida de relación y, iii) la
cantidad de $382.459.068,30 por concepto de perjuicios materiales (fls. 21 a 22 del PDF
“2_270012333000201600047001INCORPORA” expediente digital, índice 2 SAMAI de la segunda
instancia.
18
Fl. 27 PDF “2_270012333000201600047001INCORPORA” expediente digital, índice 2 SAMAI de la
segunda instancia.

11

Expediente: 27001-23-33-000-2016-00047-01 (72.465)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Repetición
Apelación sentencia

3) El pago de la suma conciliada por la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional se efectuó el 27 de febrero de 2014, según consta en el certificado expedido
por la Tesorera Principal de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional (fl.
34 del PDF “2_270012333000201600047001INCORPORAEXPED” expediente digital,
índice 2 SAMAI de la segunda instancia).

4) En ese contexto, la demanda del medio de control jurisdiccional de repetición debía
presentarse en el término de dos (2) años contados a partir del día siguiente de la fecha
del pago total efectuado por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo
de diez (10) meses previsto en el inciso 2 del artículo 192 del CPACA, norma que ya
estaba vigente para la época en que quedó ejecutoriado el auto que aprobó la
conciliación prejudicial surtida entre las partes a raíz de las lesiones sufridas por Dawin
Edilson Aragón Palomeque.

En ese sentido debe precisarse que, según el artículo 40 de la Ley 153 de 1887,
modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, las normas de orden procesal
son de aplicación inmediata y, además, los términos que hubieren empezado a correr
se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación, la cual en el presente asunto no
es otra que la prevista en la Ley 1437 de 2011.

5) Como se aprecia, el auto que aprobó la conciliación prejudicial quedó ejecutoriado el
14 de diciembre de 2012, fecha desde la cual la actora contaba con diez (10) meses
para realizar el pago de conformidad con el artículo 192 del CPACA, término que expiró
el 14 de octubre de 2013 y, a partir del día siguiente, empezaron a correr los dos (2)
años previstos en el literal l) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, de modo que el
término para demandar expiró el 15 de octubre de 2015.

Es especialmente determinante anotar, que la contabilización de la caducidad, que
incluye el plazo de los diez (10) meses previstos en el artículo 192 del CPACA para que
la entidad pública efectúe el pago, resulta razonable toda vez que el pago de la condena
no puede sujetarse a un término indefinido o quedar a la liberalidad del ente público;
permitir que esto suceda afectaría el derecho de defensa del agente o exagente estatal
quien estaría sometido, indebida e indefinidamente, a la voluntad de la administración,
lo cual generaría inseguridad jurídica para el servidor o exservidor contra quien se dirige
la repetición porque estaría atado a un posible litigio por un tiempo indeterminado.

6) Ahora bien, la entidad pública efectuó el pago el 27 de febrero de 2014, esto es, por
fuera de los diez (10) meses establecidos en el literal l) del numeral 2 del artículo 164

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Expediente: 27001-23-33-000-2016-00047-01 (72.465)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Repetición
Apelación sentencia

del CPACA, dicho pago extemporáneo no opera en su favor ya que, una vez vencido
este primer término empieza a contarse el plazo de dos (2) años para demandar, admitir
el pago posterior a dicho vencimiento sería permitir, injustificada y caprichosamente,
que se renueven los términos con que cuentan las entidades para accionar en contra
de sus agentes.

7) Por lo anterior, en el presente asunto, desde el día siguiente al 14 de octubre de 2013
empezaron a correr los dos (2) años previstos en la ley para que opere la caducidad,
de modo que el plazo para demandar, como ya se explicó, expiró el 15 de octubre de
2015; por consiguiente, la demanda radicada el 19 de febrero de 2016 fue instaurada
en forma extemporánea, lo cual así será declarado.

5. Conclusión

Como la demanda fue presentada por fuera del término dispuesto en el literal l) del
numeral 2 del artículo 164 del CPACA, es claro que operó la caducidad del medio de
control jurisdiccional de repetición promovido por la parte actora del proceso.

6. Condena en costas

1) El tribunal de primera instancia se abstuvo de condenar en costas en primera
instancia por estimar que el medio de control de repetición corresponde a una acción
en la cual se ventila un interés público y, por ende, no es susceptible de costas.

2) Al respecto, es importante referir que esta Sala en varias oportunidades 19 ha
explicado que la Ley 1437 de 2011 reguló el instituto de las costas en materia procesal
y modificó el criterio subjetivo establecido por la Ley 446 de 1998 para acoger uno
objetivo20, el cual se aplica con independencia de la conducta procesal de los litigantes,
asimismo, esta Sala ha explicado21 que la expresión normativa “interés público”
necesariamente debe ser asimilada a “acciones públicas, contencioso objetivo o de
mera constitucionalidad y/o legalidad” en atención al principio de interpretación del

19 Sobre este punto se puede consultar Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia

del 4 de marzo de 2024, expediente no. 69.509 MP Fredy Ibarra Martínez.
20 En concreto el nuevo precepto prevé: “salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil”.
21
Ibidem.

13

Expediente: 27001-23-33-000-2016-00047-01 (72.465)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Repetición
Apelación sentencia

efecto útil de las normas22 de modo que en los procesos contencioso subjetivos en los
que se ventilen intereses particulares o individuales de las entidades públicas o de los
particulares (v.gr. medios de control de nulidad y restablecimiento; controversias
contractuales; reparación directa, repetición, entre otros) procederá la condena en
costas a la parte vencida, sin importar si es demandante o demandada, en los términos
establecidos por las normas procesales generales a las que remite la disposición.

3) En consecuencia, la razón por la cual no procede la condena en costas radica en el
hecho la parte vencida estuvo representada por curador ad litem, de modo que no
causaron agencias en derecho ni costas, motivo este por el cual se confirmará la
decisión de primera instancia que se abstuvo de condenar a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Modíficase la sentencia del 31 de octubre de 2024 proferida por la Sala Primera
de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó, la cual queda así:

“PRIMERO: Declárase probada de oficio la excepción de la caducidad del
medio de control jurisdiccional de repetición, por las razones expuestas en la
parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme la presente decisión, archívese el expediente previa
cancelación de su radicación”.

2º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al tribunal
de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con aclaración de voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

22 “Si la interpretación conforme a la Constitución de una determinada norma le resta a esta última todo

efecto jurídico, lo que en realidad debería proceder es una declaratoria de inexequibilidad pura y simple.
Ciertamente, en un evento como el mencionado, las dos decisiones -de exequibilidad condicionada y de
inexequibilidad - serían, en la práctica, equivalentes, siendo la última mucho más acorde con los
principios de eficacia del derecho y de seguridad jurídica. Resulta contrario a los principios mencionados,
mantener en el ordenamiento una disposición que carece de toda eficacia jurídica, pues se contradice el
principio del efecto útil de las normas generando, al mismo tiempo, una circunstancia que puede originar
grave confusión e incertidumbre” Corte Constitucional, sentencia C-499 de 1998, MP Eduardo Cifuentes
Muñoz.

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Expediente: 27001-23-33-000-2016-00047-01 (72.465)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Repetición
Apelación sentencia

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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