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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-33-000-2016-00059-01

Fecha
17 de julio de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-33-000-2016-00059-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Modíficase la sentencia del 31 de octubre de 2024 proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó, la cual queda así: 25 Sobre este punto se puede consultar Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 4 de marzo de 2024, expediente no. 69.509 MP Fredy Ibarra Martínez. 26 En concreto el nuevo precepto prevé: “salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. 27 Ibidem. 28 “Si la interpretación conforme a la Constitución de una determinada norma le resta a esta última todo efecto jurídico, lo que en realidad debería proceder es una declaratoria de inexequibilidad pura y simple. Ciertamente, en un evento como el mencionado, las dos decisiones -de exequibilidad condicionada y de inexequibilidad - serían, en la práctica, equivalentes, siendo la última mucho más acorde con los principios de eficacia del derecho y de seguridad jurídica. Resulta contrario a los principios mencionados, mantener en el ordenamiento una disposición que carece de toda eficacia jurídica, pues se contradice el principio del efecto útil de las normas generando, al mismo tiempo, una circunstancia que puede originar grave confusión e incertidumbre” Corte Constitucional, sentencia C-499 de 1998, MP Eduardo Cifuentes Muñoz. 15 Expediente: 27001-23-33-000-2016-00059-01 (72.463) Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Repetición Apelación sentencia “PRIMERO: Declárase probada de oficio la excepción de la caducidad del medio de control jurisdiccional de repetición, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: En firme la presente decisión, archívese el expediente previa cancelación de su radicación”. 2º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 27001-23-33-000-2016-00059-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

17 de julio de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025).

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 27001-23-33-000-2016-00059-01 (72.463)
Demandante: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO
NACIONAL
Demandado: CAMILO ANDRÉS CÓRDOBA PEÑALOZA
Medio de control: REPETICIÓN - CPACA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – CADUCIDAD DEL MEDIO
DE CONTROL JURISDICCIONAL

Síntesis del caso: la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional demanda en ejercicio
del medio de control jurisdiccional de repetición en contra del señor Camilo Andrés Córdoba
Peñaloza, por estimar que este, en la condición de soldado campesino, disparó en contra de
su homólogo Wílber Borja Serna causándole la muerte, hecho por el cual la entidad en un
proceso de reparación directa concilió el pago de una suma de dinero por los perjuicios
materiales y morales causados a los familiares del occiso. La Sala modifica la decisión de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declara probada, de
oficio, la caducidad del medio de control judicial.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (índice 27
SAMAI de la primera instancia) en contra de la sentencia del 31 de octubre de 2024
proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó (índice
24 SAMAI de la primera instancia) mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: NIÉGUENSE las súplicas de la demanda, por las razones
expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme la presente decisión, archívese el expediente previa
cancelación de su radicación”. (fl. 29 del PDF documento “23_sentencia”
índice 24 SAMAI de la primera instancia- mayúsculas sostenidas y negrillas
del original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 18 de marzo de 20161 y reformado el 14 de octubre de
20162, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por intermedio de

1 Fls. 1 y 84 del PDF “8_270012333000201600059001INCORPORAEXPED20231117151937”
expediente digital, índice 10 SAMAI de la primera instancia.
2 La reforma de la demanda se hizo para respecto de las pruebas y fue admitida por el tribunal de primera

instancia en proveído del 15 de noviembre de 2016 (índice 13 SAMAI de la primera instancia).

2

Expediente: 27001-23-33-000-2016-00059-01 (72.463)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Repetición
Apelación sentencia

apoderado judicial promovió demanda de repetición en contra del señor Camilo Andrés
Córdoba Peñaloza3 con las siguientes súplicas:

“PRIMERO: Que se declare responsable al señor CAMILO ANDRÉS
CÓRDOBA PEÑALOZA perjuicios ocasionados a la Nación - Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional, en virtud del acuerdo conciliatorio, celebrado
ante el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del circuito de
Quibdó, quien mediante auto de fecha 20 de febrero de 2013 dentro del
proceso No 27001333100220070053000, y acordó reconocer una
indemnización a favor de la señora ELENA BORJA SERNA Y OTROS, por la
muerte del soldado campesino WÍLBER BORJA SERNA, como consecuencia
de un disparo con arma de dotación oficial, accionada por un miembro del
Ejército Nacional, según hechos ocurridos el 29 de octubre de 2007, en el
Corregimiento de BELLA LUZ - CHOCÓ.

SEGUNDO: Que se condene al Señor CAMILO ANDRÉS CÓRDOBA
PEÑALOZA, a cancelar la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
VEINTE PESOS (sic) ($396.855.620,98) (sic), en favor de la Nación –
Colombiana – Ministerio de Defensa Nacional, suma que corresponde al
capital efectivamente reconocido por la Autoridad en favor de: ELENA
BORJA SERNA Y OTROS, mediante la Resolución No 1842 del 10 de marzo
de 2014, para hacer efectivo el acuerdo conciliatorio, celebrado ante el
Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del circuito de Quibdó,
quien mediante auto de fecha 20 de febrero de 2013 dentro del proceso No
27001333100220070053000, y acordó reconocer una indemnización a favor
de la señora ELENA BORJA SERNA Y OTROS, por la muerte del soldado
campesino WÍLBER BORJA SERNA, como consecuencia de un disparo con
arma de dotación oficial, accionada, por un miembro del Ejército Nacional,
según hechos ocurridos el 29 de octubre de 2007, en eI Corregimiento de
BELLA LUZ - CHOCÓ.

TERCERO: Que se condene a CAMILO ANDRÉS CÓRDOBA PEÑALOZA
a cancelar intereses comerciales en favor de la NACIÓN – COLOMBIANA –
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, desde la ejecutoria de la providencia
que ponga fin al proceso.

CUARTO: Que se ajuste la condena tomando como base el índice del precio
al consumidor.” (fls. 3 a 4 del PDF “8_2700123330002016000590” expediente
digital, índice 10 SAMAI de la primera instancia - mayúsculas fijas y negrillas
del texto original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito
contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1) El 29 de octubre de 2007, mientras se encontraba prestado el servicio militar
obligatorio en el sitio conocido como Bella Luz del corregimiento de Munguidó del
municipio de Quibdó (Chocó), el soldado campesino Wílber Borja Serna falleció como

3
Fls. 1 a 10 del PDF “8_270012333000201600059001INCORPORAEXPED20231117151937”
expediente digital, índice 10 SAMAI de la primera instancia.

3

Expediente: 27001-23-33-000-2016-00059-01 (72.463)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Repetición
Apelación sentencia

consecuencia de un disparo de arma de fuego de dotación oficial que le fue propinado
por el también soldado campesino Camilo Andrés Córdoba Peñaloza.

2) Por lo anterior, los familiares del fallecido Wílber Borja Serna presentaron demanda
de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional,
la cual fue conocida en primera instancia por el Juzgado Segundo Administrativo de
Descongestión de Quibdó (Chocó), quien, en sentencia del 28 de septiembre de 2012,
declaró responsable patrimonial y extracontractualmente a la aquí actora y, en
consecuencia, la condenó a pagar una indemnización de perjuicios morales y
materiales.

3) La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional apeló la anterior decisión y en
audiencia de conciliación celebrada el 14 de febrero de 2013 la entidad y la parte
demandante del proceso de reparación directa llegaron a un acuerdo que fue aprobado
por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Quibdó en auto del 20 de
febrero de 2013.

4) A través de la Resolución número 1842 del 10 de marzo de 2014, el Ministerio de
Defensa dio cumplimiento al referido acuerdo de conciliación y ordenó el pago de la
suma de trescientos noventa y seis millones ochocientos cincuenta y cinco mil
seiscientos veinte pesos con noventa y ocho centavos ($396.855.620,98) en favor de
la señora Elena Borja Serna y su familia, pago que se efectuó el 21 de marzo de 2014.

5) El señor Camilo Andrés Córdoba Peñaloza fue procesado por la justicia penal militar
a través de la investigación no. 2694.

6) La conducta del demandado se encuentra inmersa tanto en la hipótesis del “artículo
6 numeral 1° de la Ley 678 de 2001 referida a la violación manifiesta e inexcusable de
las normas de derecho”5 -pues el soldado disparó con su arma de dotación oficial a un
compañero- como en la del “artículo 5 numeral 4, indica que existe dolo cuando el
funcionario público lo han declarado penal o disciplinariamente responsable de los
mismos hechos que sirvieron de fundamento para declarar la responsabilidad
patrimonial del Estado”6.

4 Es pertinente precisar que en la demanda solo se dijo que el demandado fue procesado penalmente,

empero, no se indicó cual fue el resultado de la investigación ni se arrimó pruebas de la misma.
5 Fls. 5 del PDF “8_270012333000201600059001INCORPORAEXPED20231117151937” expediente

digital, índice 10 SAMAI de la primera instancia.
6 Ibidem.

4

Expediente: 27001-23-33-000-2016-00059-01 (72.463)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Repetición
Apelación sentencia

3. Contestación de la demanda

1) La demanda de la referencia y su reforma fueron admitidas en autos del 6 de octubre
de 20167 y 15 de noviembre del mismo año8, providencias en la que se ordenó la
notificación del señor Camilo Andrés Córdoba Peñaloza, quien fue notificado por
emplazamiento y se encuentra representado por curador ad litem.

2) A través de escrito radicado el 1° de diciembre de 2013 (índice 15 SAMAI de la
primera instancia), el curador ad litem del señor Camilo Andrés Córdoba Peñaloza
contestó la demanda y se opuso a las súplicas por estimar que no se probó el pago de
la suma conciliada por las partes en el proceso de reparación directa, toda vez que, si
bien es cierto que la demandante aportó una certificación expedida por la tesorería
principal del ministerio de defensa que da cuenta del pago realizado, esta es insuficiente
porque no cuenta con la constancia de los beneficiarios de haber recibido a entera
satisfacción la suma consignada.

Asimismo, refirió que tampoco se demostró la existencia de una conducta dolosa o
gravemente culposa del demandado, pues, en el expediente tan solo se aportó la
sentencia condenatoria dictada en el proceso de reparación directa, la cual es
insuficiente para determinar el grado de culpabilidad del funcionario que causó el daño
ni mucho para indicar que aquel actuó con dolo.

4. Audiencia inicial

Mediante auto del 21 de junio de 2024 (índice 17 SAMAI de la primera instancia), el a
quo incorporó como pruebas las aportadas con la demanda y señaló que el litigio se
circunscribía a lo siguiente:

“Corresponde a la Sala determinar, si de conformidad con el acervo probatorio
allegado al expediente, se debe declarar patrimonialmente responsable al
señor Camilo Andrés Córdoba Peñaloza a título de dolo o culpa grave, por la
condena que le fue impuesta a la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional dentro del proceso de reparación directa adelantado bajo el número
de radicado 27001333100220070053000; en caso afirmativo si es procedente
ordenar la restitución de las sumas que fueron pagadas en virtud de dicha
condena, por la entidad demandante”. (fl. 2 del PDF
“16_Autoordenacor_201659REPETICION” índice 17 SAMAI de la primera
instancia).

7
Fls. 103 a 104 del PDF “8_270012333000201600059001INCORPORAEXPED20231117151937”
expediente digital, índice 10 SAMAI de la primera instancia.
8 Índice 13 SAMAI de la primera instancia.

5

Expediente: 27001-23-33-000-2016-00059-01 (72.463)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Repetición
Apelación sentencia

5. Sentencia de primera instancia

La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó, en sentencia del 31
de octubre de 2024 (índice 24 SAMAI de la primera instancia) negó las pretensiones de
la demanda por estimar que no se demostraron las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en que ocurrió el deceso del soldado campesino Wílber Borja Serna, sobre la
base de argumentar lo siguiente:

Las pruebas aportadas por la parte demandante se limitan a la sentencia condenatoria
dictada por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Quibdó el 28 de
septiembre de 2012, el acta de conciliación judicial del 14 de febrero de 2013, el auto
del 20 de febrero de 2013 que aprobó la conciliación, la Resolución no. 1842 del 10 de
marzo de 2014 por medio de la cual la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de
Defensa dio cumplimiento a la conciliación judicial, la certificación expedida por el Jefe
de Desarrollo Humano del Batallón de Infantería no. 12 “BG. ALFONSO MANOSALVA
FLÓREZ” que da cuenta que el demandado perteneció a dicha unidad como soldado
campesino y, la certificación del 16 de marzo de 2016 suscrita por la Tesorera Principal
del Ministerio de Defensa sobre el pago realizado.

Dichos elementos de prueba no dan cuenta de cómo ocurrió la muerte del soldado
campesino, lo único que se sabe es que falleció por un disparo de arma de fuego y la
sentencia condenatoria del proceso de reparación directa no puede ser el fundamento
para acreditar que el repetido actuó de manera gravemente culposa, en especial si
considera que la condena en dicho expediente -el de reparación directa- fue por el
régimen objetivo.

6. Recurso de apelación

El 26 de noviembre de 2024, la entidad demandante presentó recurso de apelación en
el que solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, que se acceda
a las súplicas de la demanda, por cuanto, el informe administrativo y las pruebas
allegadas al expediente se encuentra establecida la conducta gravemente culposa
desplegada por el señor Camilo Andrés Córdoba Peñaloza, quien, de manera
imprudente y negligente, empleó su arma de dotación oficial contra un compañero,
contrariando los protocolos establecidos. La utilización indebida del arma, sin motivo
legítimo y bajo control exclusivo del demandado, constituye una violación flagrante de
sus deberes como miembro de las Fuerzas Militares.

6

Expediente: 27001-23-33-000-2016-00059-01 (72.463)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Repetición
Apelación sentencia

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que la culpa grave implica una
falta evidente del deber de cuidado. En este caso, el demandado incumplió los
estándares básicos de seguridad en el manejo de armas, transgredió las normativas
específicas del servicio militar y causó un daño antijurídico cuya reparación recayó
sobre el Estado (índice 27 SAMAI de la primera instancia).

7. Actuación surtida en segunda instancia

Por auto del 31 de marzo de 2025 (índice 4 SAMAI) se admitió el recurso de apelación
y el 28 de abril de 2025 (índice 11 SAMAI) ingresó el expediente al despacho para dictar
sentencia, según lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

Durante el termino de ley, el representante del Ministerio Público rindió concepto en el
cual deprecó la confirmación del fallo de primera instancia, pues, no se demostró que
la actuación del demandado fue dolosa o gravemente culposa; el Ministerio público
resaltó que la entidad demandante incurrió en una inactividad probatoria, toda vez que
no solicitó la práctica de pruebas conducentes y pertinentes tendientes a probar el
elemento subjetivo del medio de control jurisdiccional de repetición y se limitó a anexar
la sentencia condenatoria del proceso de reparación directa y unos oficios de los cuales
no se puede establecer la responsabilidad del exagente estatal (índice 10 SAMAI).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente
derrotero: 1) prelación de fallo, 2) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 3)
la competencia del ad quem, 4) caducidad del medio de control jurisdiccional de
repetición, 5) el caso concreto, 6) conclusión, y, 7) condena en costas.

1. Prelación de fallo

En la actualidad, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado conoce
de procesos que entraron para fallo con anterioridad, situación que en los términos del
artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en el turno estricto en el cual
pasaron los expediente al despacho, no obstante, el artículo 18 también autoriza la
modificación de la cronología de turno según “la naturaleza del asunto”9, de igual

9 El artículo 18 de la Ley 446 de 1998 preceptúa: “ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. Es
obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado

7

Expediente: 27001-23-33-000-2016-00059-01 (72.463)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Repetición
Apelación sentencia

manera, el artículo 63 A de la Ley 270 de 199610 permitió que las denominadas altas
cortes y los tribunales establecieran un orden de carácter temático para la elaboración
y estudio preferente de los proyectos de sentencia.

En este asunto sometido a consideración de la Sala, el objeto del litigio corresponde a
una repetición en contra de un exfuncionario público, tema que en virtud de su
naturaleza la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sesión y en el acta no. 15
del 5 de mayo de 200511 consideró que debía dársele prelación, motivo por el cual, con
fundamento en las normas previamente citadas y la referida acta, la Subsección se
encuentra habilitada para emitir fallo de manera anticipada.

2. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

1) El centro de la controversia planteada consiste en determinar si se reúnen los
requisitos necesarios para atribuirle responsabilidad patrimonial personal, a título de
repetición, al señor Camilo Andrés Córdoba Peñaloza con ocasión de la condena
impuesta en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la
muerte del soldado Wílber Borja Serna.

2) En ese sentido, la Sala advierte que se configuró la caducidad del medio de control
de repetición ejercido con la demanda, aspecto que lleva a modificar la decisión de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, para en su lugar declarar
probada, de oficio, la mencionada excepción.

los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de
sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los
asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y
trascendencia social. (…).”
10 El artículo 16 A, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, prevé: “Cuando existan razones

de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves
violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial
trascendencia social, las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la
Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados
preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación
(…) Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del Consejo
de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las Salas de los Tribunales
Superiores y de los Tribunales Contencioso-Administrativos de Distrito podrán determinar un orden de
carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia (…)”.
11 Mediante la cual la Sala de la Sección Tercera del Consejo de Estado aprobó que los eventos de

repetición podían fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno respectivo.

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Expediente: 27001-23-33-000-2016-00059-01 (72.463)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Repetición
Apelación sentencia

3. La competencia del ad quem

1) Sobre el punto debe advertirse que en el asunto de la referencia únicamente
interpuso recurso de apelación la parte demandante.

2) De acuerdo con lo anterior, se tiene que se trata de una situación de apelante único
donde, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso, norma procesal aplicable en virtud de la remisión legal contenida en el artículo
306 de la Ley 1437 de 2011, la competencia del juez en segunda instancia se reduce
al análisis de los puntos objeto del recurso.

3) En efecto, el artículo 328 del Código General del Proceso preceptúa:

“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo
que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia”
(se destaca).

4) En ese contexto, es claro que el ad quem, cuando se trata de apelante único, solo
puede revisar la actuación en cuanto tiene que ver con los motivos de la impugnación12,
vale decir, no puede el juez de segunda instancia entrar a analizar la providencia en la
parte que no fue objeto del recurso, razón por la cual la competencia funcional de esta
Corporación se encuentra restringida legalmente a los cargos esgrimidos en el recurso
de alzada, sin perjuicio de lo expresa y puntualmente dispuesto en el inciso segundo
del artículo 187 del CPACA, según el cual i) en la sentencia el juez decidirá sobre las
excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que encuentre probada y, ii) el silencio
del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones,
propuestas o no, sin perjuicio de la non reformatio in pejus.

12 En relación con este punto, es importante resaltar que la parte actora en la demanda invocó tanto el

dolo como la culpa grave del demandado; no obstante, en el recurso de apelación alegó únicamente la
existencia de una culpa grave por parte de aquel.

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Expediente: 27001-23-33-000-2016-00059-01 (72.463)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Repetición
Apelación sentencia

5) Por consiguiente, la Sala decidirá únicamente en relación con los precisos cargos de
apelación esgrimidos por la parte demandante, así como también las excepciones que
se encuentren probadas, lo cual incluye el pronunciamiento sobre la caducidad del
medio de control judicial, la cual, como ya se anunció en el acápite anterior, será
declarada.

4. Caducidad del medio de control jurisdiccional de repetición

1) Respecto de la oportunidad para ejercer el medio de control jurisdiccional de
repetición el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 164.- Oportunidad para presentar la demanda. La demanda
deberá ser presentada:
(…).

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
(…).

l) Cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como
consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de
un conflicto, el término será de dos (2) años, contados a partir del día
siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del
plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de
conformidad con lo previsto en este Código.” (se resalta).

2) La Corte Constitucional13 condicionó en su momento la exequibilidad del artículo 11
de la Ley 678 de 200114 “bajo el entendido que el término de caducidad de la acción
empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más
tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4
del Código Contencioso Administrativo” con el fin de no mantener en incertidumbre al
funcionario público que pudiese ser sujeto de una demanda de repetición, en los
siguientes términos:

“Se tiene, pues, que uno de los requisitos de la acción de repetición es el pago
de la condena que haya sufrido la Administración, y por consiguiente, resulta
razonable que se haya fijado el momento en que se realiza ese acto jurídico
como punto de partida para computar el término de caducidad.

Por otra parte, contrariamente a lo que afirma el demandante, la entidad
no puede, a su arbitrio, determinar el momento definitivo del pago, ya
que el cumplimiento de esa obligación se encuentra sujeto a estrictas
normas presupuestales.

(…).

13
Corte Constitucional, Sala Plena, (8 de agosto de 2001), C-832 de 2001, MP Rodrigo Escobar Gil.
14
Norma cuyo contenido literal se reprodujo en el literal l) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA junto
con el condicionamiento en mención.

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Expediente: 27001-23-33-000-2016-00059-01 (72.463)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Repetición
Apelación sentencia

De lo anterior se infiere, que como en razón del principio de legalidad del gasto
público (artículos 345 y 346 de la Constitución), el Estado no puede, a
diferencia de los particulares, disponer inmediatamente de sus recursos para
el cumplimiento de las condenas a su cargo, la ley razonablemente le ha
otorgado un plazo de dieciocho meses para realizar los trámites para el pago
de las mismas, so pena de sanciones disciplinarias a los funcionarios que no
procedan de acuerdo con el trámite anteriormente explicado.

Por lo tanto, el Estado cuenta con un término preciso para efectuar el
respectivo trámite presupuestal para efectos de cancelar el monto de la
condena judicial por los perjuicios causados a los particulares.

En síntesis, es viable afirmar, que el plazo con que cuenta la entidad para
realizar el pago de las sentencias de condena en su contra, no es
indeterminado, y por lo tanto, el funcionario presuntamente
responsable, objeto de la acción de repetición, no tendrá que esperar
años para poder ejercer su derecho de defensa.

Si esta fecha no fuera determinada, se estaría vulnerando el derecho al
debido proceso, ya que esto implicaría una prerrogativa desproporcionada
para la Administración, y las prerrogativas deben ser proporcionadas con la
finalidad que persiguen.” (resalta la Sala).

De igual forma, la jurisprudencia de esta Corporación15 ha precisado que para efectos
del cómputo del término de caducidad contenido en el literal l) del numeral 2 del artículo
164 del CPACA debe tenerse en cuenta el supuesto normativo que primero se
configure, con atención de las siguientes reglas:

a) Si el pago de la condena impuesta se realiza dentro del término otorgado por la ley
-ya sean 18 meses tratándose del CCA o 10 meses en el caso del CPACA16-, el término
de caducidad se contará desde el día siguiente a la fecha de pago.

b) Cuando el término conferido por la ley para el pago de la condena se venza sin que
se hubiese realizado el desembolso de esta, el cómputo del término de caducidad se
hará desde el vencimiento de dicho término.

5. El caso concreto

Según las normas citadas y los documentos que obran en el expediente está probado
lo siguiente, especialmente relevante para la adopción de la decisión del caso objeto
de pronunciamiento:

15
Al respecto, véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A. (27 de agosto de 2021) Radicación 05001-23-33-000-2020-00695-01 (67.008), CP María
Adriana Marín // Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
B. (29 de agosto de 2016) Radicación 41001-23-31-000-2003-00822-01 (45.544) CP Ramiro Pazos
Guerrero // Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. (8 de julio de
2009) Radicación 11001-03-26-000-2002-00006-01 (22.120) CP Mauricio Fajardo Gómez.
16
Contados a partir de la ejecutoria de la sentencia que declaró patrimonialmente responsable a la
entidad o del auto que aprobó la conciliación.

11

Expediente: 27001-23-33-000-2016-00059-01 (72.463)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Repetición
Apelación sentencia

1) Mediante auto de 20 de febrero de 201317, el Juzgado Segundo Administrativo de
Descongestión del Circuito Judicial de Quibdó (Chocó) aprobó la conciliación judicial
lograda entre la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y la parte
demandante en el proceso de reparación directa no. 27001-33-31-002-2007-00530-00,
conciliación surtida con ocasión de la sentencia condenatoria de primera instancia
dictada el 28 de septiembre de 201218 en la cual se declaró la responsabilidad
patrimonial extracontractual de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
por el deceso del soldado campesino Wílber Borja Serna el 29 de octubre de 200719.

2) Aunque no se tiene la constancia de ejecutoria del anterior proveído 20, se sabe que
fue notificado por estado el 25 de febrero de 201321, de modo que por normas
procesales22, debió quedar ejecutoriado el 1° de marzo de 2013, aspecto que también

17 Visible en folios 61 a 71 del PDF “8_270012333000201600059001INCORPORAEXPE” expediente

digital, índice 10 SAMAI de la primera instancia.
18 Es menester destacar que en la sentencia condenatoria de reparación directa se declaró la

responsabilidad extracontractual de la aquí demandante por un régimen objetivo; en concreto, se dijo
que “queda claro para el despacho que el soldado campesino Borja Serna del Ejército murió
violentamente, estando prestando el servicio militar obligatorio, como consecuencia de un impacto de
fusil propinado por un compañero de armas y (…) )si bien no obra en el proceso ninguna prueba que
permita señalar las circunstancias precisas de la muerte, si está demostrado que este acaeció en
momentos en que el SLC. Borja Serna, desarrollaba funciones propias del servicio obligatorio, de manera
que su seguridad estaba a cargo de la entidad demandada, que debía garantizar su retorno a la vida
civil, una vez cumplido el término de conscripción en las mismas condiciones de salud y vida en que
había ingresado a las filas, en cumplimiento del deber institucional (…)”; asimismo, es pertinente señalar
que en el proceso de reparación directa se llamó en garantía con fines de repetición al señor Wílber Borja
Serna y que en la referida sentencia el juzgado lo exoneró porque consideró que “la actuación de la
autoridad demandada solo se limitó a la afirmación, en el escrito del llamamiento en garantía, que el
actuar del llamado había sido con un abierto y directo dolo o por lo menos culpa grave, en los hechos
que le causaron la muerte al SLC Wílber Borja Serna, afirmación que carece de total sustento probatorio,
razón por la cual el despacho no atribuirá responsabilidad alguna al llamado en la indemnización de los
perjuicios a que será condenada la autoridad demandada”.
(fl. 53 del PDF “8_270012333000201600059001INCORPORAEXPE” expediente digital, índice 10 SAMAI
de la primera instancia).
(fls. 43 a 45 del PDF “8_270012333000201600059001INCORPORAEXPE” expediente digital, índice 10
SAMAI de la primera instancia).
19 En la sentencia del 28 de septiembre de 2012 se condenó a la entidad aquí demandante a pagar: i) la

suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de pago para la progenitora
del fallecido, mientras que los abuelos y hermanos de aquel les reconoció la suma de cincuenta (50)
salarios mínimos legales mensuales para casa uno y ii) la suma de $108.092.060,32 por concepto de
lucro cesante (fls. 21 a 55 del PDF “8_270012333000201600059001INCORPORAEXPE” expediente
digital, índice 10 SAMAI de la primera instancia). En la audiencia de conciliación del 14 de febrero de
2013, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y la parte actora acordaron que dicha
autoridad pagaría el 80% del valor total de la suma a la que fue condenada (fl. 57 a 59 del PDF
“8_270012333000201600059001INCORPORAEXPE” expediente digital, índice 10 SAMAI de la primera
instancia).
20 En el plenario se aportó la constancia de ejecutoria de la sentencia condenatoria, mas no la de

ejecutoria del auto que aprobó la conciliación.
21
De acuerdo con la constancia visible en fl. 71 del PDF “8_270012333000201600059001” expediente
digital, índice 10 SAMAI de la primera instancia.
22 “Código General del Proceso. Artículo 302. Las providencias proferidas (…) proferidas por fuera de

audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han
vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda
ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos”. Esta norma también se encuentra en el
artículo 331 del Código de Procedimiento Civil que disponía que “las providencias quedan ejecutoriadas
y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos
sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia
que resuelva los interpuestos”.

12

Expediente: 27001-23-33-000-2016-00059-01 (72.463)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Repetición
Apelación sentencia

fue expuesto en la Resolución no. 1842 del 10 de marzo de 2014 dictada por la
Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional23.

3) El pago de la suma conciliada por la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional se efectuó el 21 de marzo de 2014, según consta en el certificado expedido
por la Tesorera Principal de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional (fl.
111 del PDF “8_270012333000201600059001INCORPORAEXPE” expediente digital,
índice 10 SAMAI de la primera instancia).

4) En ese contexto, la demanda del medio de control jurisdiccional de repetición debía
presentarse en el término de dos (2) años contados a partir del día siguiente de la fecha
del pago total efectuado por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo
de diez (10) meses previsto en el inciso 2 del artículo 192 del CPACA, norma que ya
estaba vigente para la época en que quedó ejecutoriado el auto que aprobó la
conciliación judicial alcanzada entre las partes en el proceso de reparación directa por
el deceso del soldado Wílber Borja Serna.

En ese sentido debe precisarse que, según el artículo 40 de la Ley 153 de 1887,
modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, las normas de orden procesal
son de aplicación inmediata y, además, los términos que hubieren empezado a correr
se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación, la cual en el presente asunto no
es otra que la prevista en la Ley 1437 de 2011, sumado al hecho de que el ejercicio del
medio de control jurisdiccional generó la iniciación de un nuevo proceso,
sustancialmente distinto a aquel que dio lugar a la condena cuyo valor se pretende
repetir en contra del ahora demandado.

5) Como se aprecia, el auto que aprobó la conciliación judicial quedó ejecutoriado el 1°
de marzo de 2013, fecha desde la cual la actora contaba con diez (10) meses para
realizar el pago de conformidad con el artículo 192 del CPACA24, término que expiró el
1° de enero de 2014 y a partir del día siguiente empezaron a correr los dos (2) años
previstos en el literal l) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, por lo tanto, el término
para demandar expiraba, inicialmente, el 2 de enero de 2016, sin embargo, por ser una
fecha de vacancia judicial, se extendió hasta el 12 de enero de 2016.

23
Fl. 73 del PDF “8_270012333000201600059001INCORPORAEXPE” expediente digital, índice 10
SAMAI de la primera instancia).
24 Es pertinente poner de presente que las partes en el acuerdo de conciliación acordaron que el pago

“se hará dentro de los diez meses siguientes al aprobado del acuerdo” (fl. 57 del PDF
“8_270012333000201600059001INCORPORAEXPE” expediente digital, índice 10 SAMAI de la primera
instancia).

13

Expediente: 27001-23-33-000-2016-00059-01 (72.463)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Repetición
Apelación sentencia

Es especialmente determinante anotar, que la contabilización de la caducidad, que
incluye el plazo de los diez (10) meses previstos en el artículo 192 del CPACA para que
la entidad pública efectúe el pago, resulta razonable toda vez que el pago de la condena
no puede sujetarse a un término indefinido o quedar a la liberalidad del ente público;
permitir que esto suceda afectaría el derecho de defensa del agente o exagente estatal
quien estaría sometido, indebida e indefinidamente, a la voluntad de la administración,
lo cual generaría inseguridad jurídica para el servidor o exservidor contra quien se dirige
la repetición porque estaría atado a un posible litigio por un tiempo indeterminado.

6) Ahora bien, la entidad pública efectuó el pago el 21 de marzo de 2014, esto es, por
fuera de los diez (10) meses establecidos en el literal l) del numeral 2 del artículo 164
del CPACA; dicho pago extemporáneo no opera en su favor ya que, una vez vencido
este primer término empieza a contarse el plazo de dos (2) años para demandar, admitir
el pago posterior a dicho vencimiento sería permitir, injustificada y caprichosamente,
que se renueven los términos con que cuentan las entidades para accionar en contra
de sus agentes.

7) Por lo anterior, en el presente asunto desde el día siguiente al 1° de enero de 2014
empezaron a correr los dos (2) años previstos en la ley para que opere la caducidad,
por consiguiente, el término para demandar, como ya se explicó, precluyó el 2 de enero
de 2016, pero, por ser un día inhábil se extendió hasta el 12 de enero de 2016; en
consecuencia, la demanda radicada el 18 de marzo de 2016 fue instaurada en forma
extemporánea, lo cual así será declarado.

6. Conclusión

Como la demanda fue presentada por fuera del término dispuesto en el literal l) del
numeral 2 del artículo 164 del CPACA, es claro que operó la caducidad del medio de
control jurisdiccional de repetición promovido por la parte actora del proceso.

7. Condena en costas

1) El tribunal de primera instancia se abstuvo de condenar en costas en primera
instancia por estimar que el medio de control de repetición corresponde a una acción
en la cual se ventila un interés público y, por ende, no es susceptible de costas.

14

Expediente: 27001-23-33-000-2016-00059-01 (72.463)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Repetición
Apelación sentencia

2) Al respecto, es importante referir que esta Sala en varias oportunidades 25 ha
explicado que la Ley 1437 de 2011 reguló el instituto de las costas en materia procesal
y modificó el criterio subjetivo establecido por la Ley 446 de 1998 para acoger uno
objetivo26, el cual se aplica con independencia de la conducta procesal de los litigantes,
asimismo, esta Sala ha explicado27 que la expresión normativa “interés público”
necesariamente debe ser asimilada a “acciones públicas, contencioso objetivo o de
mera constitucionalidad y/o legalidad” en atención al principio de interpretación del
efecto útil de las normas28, de modo que, en los procesos contencioso subjetivos en los
que se ventilen intereses particulares o individuales de las entidades públicas o de los
particulares (v.gr. medios de control de nulidad y restablecimiento; controversias
contractuales; reparación directa, repetición, entre otros) procederá la condena en
costas a la parte vencida, sin importar si es demandante o demandada, en los términos
establecidos por las normas procesales generales a las que remite la disposición.

3) En consecuencia, la razón por la cual no procede la condena en costas radica en el
hecho la parte vencida estuvo representada por curador ad litem, de modo que no se
causaron agencias en derecho ni costas, motivo este por el cual se confirmará la
decisión de primera instancia que se abstuvo de condenar a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Modíficase la sentencia del 31 de octubre de 2024 proferida por la Sala Primera
de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó, la cual queda así:

25 Sobre este punto se puede consultar Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia

del 4 de marzo de 2024, expediente no. 69.509 MP Fredy Ibarra Martínez.
26 En concreto el nuevo precepto prevé: “salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil”.
27
Ibidem.
28 “Si la interpretación conforme a la Constitución de una determinada norma le resta a esta última todo

efecto jurídico, lo que en realidad debería proceder es una declaratoria de inexequibilidad pura y simple.
Ciertamente, en un evento como el mencionado, las dos decisiones -de exequibilidad condicionada y de
inexequibilidad - serían, en la práctica, equivalentes, siendo la última mucho más acorde con los
principios de eficacia del derecho y de seguridad jurídica. Resulta contrario a los principios mencionados,
mantener en el ordenamiento una disposición que carece de toda eficacia jurídica, pues se contradice el
principio del efecto útil de las normas generando, al mismo tiempo, una circunstancia que puede originar
grave confusión e incertidumbre” Corte Constitucional, sentencia C-499 de 1998, MP Eduardo Cifuentes
Muñoz.

15

Expediente: 27001-23-33-000-2016-00059-01 (72.463)
Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Repetición
Apelación sentencia

“PRIMERO: Declárase probada de oficio la excepción de la caducidad del
medio de control jurisdiccional de repetición, por las razones expuestas en la
parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme la presente decisión, archívese el expediente previa
cancelación de su radicación”.

2º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al tribunal
de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con aclaración de voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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