Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2016-00063-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2016-00063-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 27001-23-33-000-2016-00063-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
2 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 27001 23 33 000 2016 00063 01 (6624-2019)
Demandante: Soler Magnolia Jaramillo Ruiz
Demandado: Municipio de Nuquí (Chocó)
Temas: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías definitivas
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 5 de septiembre de 2019, por el Tribunal Administrativo
del Chocó, mediante la cual declaró probada la excepción de prescripción,
propuesta por la entidad demandada.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la señora Soler Magnolia Jaramillo Ruiz, por conducto
de apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, en orden a que se declare la nulidad del acto ficto negativo
producto del silencio en que incurrió la administración por no dar respuesta a la
petición formulada el 19 de enero de 2014, a través de la cual reclamó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, por
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 27001 23 33 000 2016 00063 01 (6624-2019)
Demandante: Soler Magnolia Jaramillo Ruiz
el no pago oportuno de sus cesantías definitivas.
Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó (i) reconocer el valor
ordenado por concepto de cesantías definitivas y la sanción moratoria prevista en
la Ley 244 de 1995, equivalente a un día de salario por cada día de retraso en el
pago de la prestación concedida a través de la Resolución 040 de 2003, hasta el
momento en que se verifique el pago total de la condena; (ii) reconocer intereses
moratorios sobre las sumas debidas por concepto de sanción moratoria y (iii)
reconocer y pagar los honorarios profesionales de abogado en el equivalente al
20% «del valor total del proceso».
1.1.2. Hechos
Los hechos que fundamentaron las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:
(i) La señora Soler Magnolia Jaramillo Ruiz fue vinculada laboralmente al servicio
público docente con el municipio de Nuquí, mediante el Decreto 013 del 1.º de
febrero de 2002 y se le retiró del servicio el 27 de noviembre siguiente.
(ii) A través de la Resolución 040 del 29 de diciembre de 2003, el municipio de
Nuquí le reconoció y ordenó el pago de sus cesantías definitivas.
(iii) El 19 de enero de 2014, la demandante formuló reclamación orientada a
obtener la cancelación de sus cesantías y la sanción moratoria por la tardanza en
su pago; sin embargo, no obtuvo respuesta de la administración y, con ello, se
generó el silencio administrativo que dio origen al acto ficto negativo que se acusa.
(iv) Debido a la omisión de la administración en el pago de sus cesantías
definitivas, está en la obligación de reconocer el equivalente a un día de salario
por cada día de retraso, de conformidad con lo previsto en la Ley 244 de 1995.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
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Radicado: 27001 23 33 000 2016 00063 01 (6624-2019)
Demandante: Soler Magnolia Jaramillo Ruiz
Como tales, se señalaron los artículos 53 de la Constitución Política, y 1.º de la ley
244 de 1995.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los
argumentos que se relacionan a continuación:
(i) El artículo 53 constitucional obliga al Estado a garantizar el pago oportuno de
las prestaciones legales y, en particular, las cesantías son una de ellas. En esa
materia, el legislador fijó unos términos perentorios para su reconocimiento y
pago, señalados en la Ley 244 de 1995, que comprenden 15 días para la
expedición del acto administrativo que las concede y 45 días siguientes a su
firmeza, para proceder al pago. Además, estableció una sanción en caso de
incumplimiento, equivalente a un día de salario por cada día de retraso, la cual se
causa con la sola acreditación del incumplimiento.
(ii) En el caso concreto, la demandante fue desvinculada de la administración y,
como consecuencia de ello, la entidad demandada le reconoció sus cesantías
definitivas; sin embargo, el pago no se ha hecho efectivo, con lo cual se configura
el incumplimiento señalado en la norma, lo que conlleva que está en la obligación
de pagar la sanción prevista en ella.
1.2. Contestación de la demanda
El municipio de Nuquí, por intermedio de apoderado, contestó la demanda 1 y se
opuso a la prosperidad de las pretensiones. Para ello, invocó los argumentos que
se resumen a continuación:
(i) Debe prosperar a excepción de prescripción en tanto que los derechos
laborales que se reclaman se causaron en el año 2002 y la demandante formuló la
petición cuando habían transcurrido más de 3 años, con lo cual se produjo la
1 Folios 42 a 46.
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Radicado: 27001 23 33 000 2016 00063 01 (6624-2019)
Demandante: Soler Magnolia Jaramillo Ruiz
extinción de aquellos.
(ii) En el caso bajo examen no se configuró la caducidad, en tanto que la demanda
se promueve en contra del silencio administrativo generado por el municipio de
Nuquí, de donde se puede concluir que se podía ejercer, en cualquier tiempo, «la
acción» de nulidad y restablecimiento del derecho.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Chocó, mediante sentencia proferida el 5 de
septiembre de 2019,2 declaró probada la excepción de prescripción propuesta por
la entidad demandada. Las razones que lo llevaron a tal conclusión fueron las
siguientes:
(i) En primer lugar, se precisó que el problema jurídico se circunscribe a definir si
el acto censurado vulnera las normas que se invocaron como tal y, en
consecuencia, establecer si la demandante tiene derecho a la sanción moratoria
por el pago tardío de sus «cesantías parciales» (sic).
(ii) Luego de transcribir diferentes apartes jurisprudenciales en materia de sanción
moratoria por el pago inoportuno de las cesantías, se concluyó que hay una
postura pacífica en la Sección Segunda del Consejo de Estado en torno a la
aplicación de la figura prescriptiva en esa materia, sustentado en lo previsto en el
artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral.
(iii) En las anteriores condiciones, al contabilizar los términos de que disponía la
demandante para reclamar la sanción moratoria, se concluyó que se configuró el
fenómeno extintivo pues tal penalidad se habría empezado a causar el 11 de
marzo de 2004 y, por ende, a partir de ese momento se hizo exigible; por lo que
solo se podía reclamar hasta el 11 de marzo de 2007, so pena de que se
configurara la prescripción, como, en efecto, ocurrió, debido a que la petición solo
se formuló el 19 de enero de 2015, lo que conlleva declarar probada la excepción
2 Folios 85 a 93.
4
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Demandante: Soler Magnolia Jaramillo Ruiz
que, al respecto, propuso la entidad demandada.
1.4. El recurso de apelación
La señora Soler Magnolia Jaramillo Ruiz, por intermedio de su apoderado,
interpuso recurso de apelación,3 el cual sustentó en los siguientes términos:
(i) La prescripción extintiva se configura cuando ha transcurrido el tiempo previsto
en la ley para ejercer ciertas acciones con las cuales se podían hacer valer los
derechos, pero no se ejercieron; sin embargo, existen algunas razones que dan
lugar a la suspensión del término de la figura extintiva, entre ellas, lo previsto en la
Ley 550 de 1999, que trata sobre las disposiciones en materia de acuerdos de
reestructuración de pasivos de las entidades territoriales.
(ii) En tales condiciones, en el sub lite, no debió declararse probado el fenómeno
extintivo, porque la entidad territorial demandada había celebrado con sus
acreedores un acuerdo de reestructuración de pasivos, el cual aplica para toda
clase de créditos a cargo de la entidad territorial, se encuentren o no
contemplados dentro del acuerdo.
(iii) Resultaría injusto que se negaran las pretensiones de la demanda, cuando
precisamente la entidad se excusaba en el acuerdo de reestructuración de pasivos
para no cumplir con su deber y que ello impedía a la demandante acudir a la
jurisdicción a reclamar su derecho durante el lapso en que este tuvo lugar, pues el
deudor no se puede aprovechar de su insolvencia para que el acreedor opte,
necesariamente, por la renuncia de los derechos a su favor. Además, los derechos
laborales de los trabajadores están, incluso, protegidos y garantizados por
acuerdos internacionales de la OIT que impiden su desconocimiento.
(iv) En tales condiciones, se deben considerar los siguientes términos: a.
suscripción del acuerdo de reestructuración de pasivos: el 9 de julio de 2001; b.
3 Folios 101 a 106.
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Demandante: Soler Magnolia Jaramillo Ruiz
nacimiento de la acreencia: el 9 de diciembre de 2003; c. terminación del acuerdo
de reestructuración de pasivos: el 4 de octubre de 2012; d. inicio el conteo del
término de prescripción: el 5 de octubre de 2012; e. presentación de la solicitud de
conciliación en la Procuraduría y suspensión del términos de prescripción: el 6 de
julio de 2015; f. agotamiento del requisito de procedibilidad: el 2 de octubre de
2015; g. reinicio el término prescriptivo: el 3 de octubre de 2015; h. configuración
de la prescripción: el 25 de febrero de 2016. No obstante, como la demanda se
presentó el 20 de noviembre de 2015, en ese momento aún no se había
configurado la extinción del derecho reclamado.
(v) En consecuencia de lo anterior, se debe revocar la sentencia recurrida y, en su
lugar, acceder a todas las súplicas de la demanda, pues ni las cesantías ni la
sanción moratoria por el incumplimiento en su pago han sido reconocidas.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
La entidad demandada, por intermedio de su apoderado, descorrió el término para
para alegar,4 y solicitó confirmar el fallo de primera instancia pues no hay prueba
de que la demandante, en forma oportuna, hubiera formulado petición para
interrumpir el fenómeno extintivo.
La parte demandante guardó silencio durante esta etapa procesal.5
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.6
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
4 Folio 116 e índice 12 de la plataforma Samai.
5 Según consta en el informe secretarial visible en el folio 116.
6 Folio 116.
6
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Demandante: Soler Magnolia Jaramillo Ruiz
2.1. El problema jurídico
De acuerdo con el recurso de apelación, se circunscribe a establecer (i) si el
proceso de reestructuración de pasivos por el que estaba atravesando el municipio
demandado impedía la configuración de la prescripción extintiva de la sanción
moratoria, conforme lo determinó el juez de primera instancia; y (ii) si es viable
acceder a las restantes pretensiones de la demanda, en particular, al
reconocimiento de las cesantías adeudadas.
2.2. Marco normativo
La Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno
de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan
otras disposiciones» en su artículo 1 estableció el término de quince (15) días para
que la administración expida el acto de reconocimiento de cesantías definitivas de
los servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de radicación de la
solicitud que se haga en tal sentido, en todo caso, determinó que en el evento de
que la solicitud esté incompleta, el empleador debe manifestarlo así al peticionario,
dentro de los diez días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, y señalar
expresamente los requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen,
pueda proferir el acto que reconozca la prestación, en el término inicialmente
indicado.
El artículo 2 ibidem determinó que una vez se encuentre en firme el acto de
reconocimiento de cesantías definitivas, la administración cuenta con el término de
cuarenta y cinco días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora
y causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo, en el equivalente a un día
de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se
haga efectivo el pago.
Al respecto, es importante hacer mención de los argumentos que sirvieron de
soporte a la exposición de motivos que dio origen a la sanción moratoria
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Demandante: Soler Magnolia Jaramillo Ruiz
consagrada en la aludida ley, en especial, los siguientes:
[…] la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los
servidores públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para
lograr el cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque
ha terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que
traen consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque
ante la necesidad económica del trabajador, se hace presente la mordida o coima
para los funcionarios que están en la obligación de hacer esos trámites. Este hecho
origina además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de
radicación de las solicitudes, prácticamente al mejor postor.
Además de este factor de corruptela y tras la tortuosa espera, cuando al final se
paga al trabajador su cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la entidad
patronal meses, y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más.
No obstante que la entidad pagadora, los Fondos, durante todo ese tiempo han
estado trabajando esos dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la
institución, pero sin ningún reconocimiento para el trabajador7.
La Ley 1071 de 2006, adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, en torno al pago
de las cesantías definitivas y parciales8 de los servidores públicos, en sus
artículos 4 y 5 determinó lo siguiente:
Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales,
por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo
el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta
deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al
recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos
pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
7 Gaceta del Congreso año IV – núm. 225 del 5 de agosto de 1995.
8 Es importante precisar que se entiende por cesantías parciales aquellas que se requieren a la
administración o al fondo administrador de esa prestación con fines de adquirir vivienda o adelantar
estudios. El artículo 3 de la Ley 1071 de 2006 al respecto, señaló: «Artículo 3°. Retiro parcial de
cesantías. Todos los funcionarios a los que hace referencia el artículo 2° de la presente norma
podrán solicitar el retiro de sus cesantías parciales en los siguientes casos: /- 1. Para la compra y
adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación de
gravámenes del inmueble, contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero(a) permanente.
/- 2. Para adelantar estudios ya sea del empleado, su cónyuge o compañero(a) permanente, o sus
hijos.».
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Demandante: Soler Magnolia Jaramillo Ruiz
Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de
los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se
haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no
cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad
podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se
produjo por culpa imputable a este.
Según lo previsto en el artículo 2, los destinatarios de la Ley 1071 de 2006, son:
Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corporaciones Públicas,
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros
de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma
permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República
y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro. (Se resalta).
2.3. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:
(i) El 1.º de febrero de 2002,9 el alcalde de Nuquí expidió la Resolución 013 a
través de la cual vinculó provisionalmente a algunos docentes, entre ellos, a la
señora Soler Magnolia Jaramillo Ruiz.
(ii) El 27 de noviembre de 2002,10 el alcalde de Nuquí expidió el Decreto 092, por
el cual desvinculó del servicio público educativo, entre otros, a la demandante.
(iii) El 29 de diciembre de 2003,11 el alcalde de Nuquí expidió la Resolución 040
«por medio del (sic) cual se reconoce y ordena pagar un auxilio de cesantías a un
trabajador público», y, en ella, se concedió el valor por concepto de las cesantías
9 Folios 7 a 9.
10 Folios 10 y 11.
11 Folios 12 y 13.
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causadas por el tiempo de labor comprendido entre el 5 de febrero y el 30 de
noviembre de 2002, a favor de la señora Jaramillo Ruiz.
(iv) El 19 de enero de 2015,12 la demandante formuló reclamación administrativa
en la cual exigió al municipio de Nuquí, el pago de las cesantías definitivas
reconocidas en la anterior resolución y de la sanción moratoria producto de la
tardanza en el pago de su prestación.
(v) Al expediente se aportó certificación sin fecha, en la cual se refiere que el
municipio de Nuquí estuvo atravesando por un proceso de reestructuración de
pasivos, así:
El 23 de enero de 2002, luego de sufrir el procedimiento estipulado en la Ley 550 de
1999, se suscribió el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos del municipio y la
entidad pudo fijar las condiciones para el pago de las obligaciones que en él se
reconocieron […]
En la vigencia 2008, por solicitud de la administración municipal, se dio a conocer a
los representantes de los acreedores la propuesta de introducir modificaciones al
Acuerdo de Reestructuración de Pasivos con el propósito de ajustarlo a la realidad
financiera del municipio, a fin de lograr su eficaz cumplimiento, siendo dicha
propuesta aceptada por unanimidad.
[…]
El día cuatro (04) de octubre de 2012, se convocó a una reunión del comité de
vigilancia del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos a efectos de informar a los
representantes de los acreedores que los compromisos asumidos por la
administración, tendientes a formalizar la terminación del Acuerdo de
Reestructuración de Pasivos, fueron cumplidos y que de esta forma se resolvieron
las observaciones efectuadas por la Contraloría General de la República,
resolviendo así, los eventos que impedían la formalización de la terminación del
Acuerdo de Reestructuración de Pasivos. En el seno de la reunión se presentó un
informe donde se expuso la evolución de los pagos del Acuerdo de Reestructuración
de Pasivos.
De igual forma la administración municipal, a través de la secretaria de hacienda,
certificó que no existían pagos pendientes de obligaciones restructuradas.
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
12 Folios 14 y 15.
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Demandante: Soler Magnolia Jaramillo Ruiz
El primer problema jurídico que se deberá resolver consiste en determinar si
procedía declarar probada la excepción de prescripción de la sanción moratoria
propuesta por el municipio de Nuquí o si era inviable declarar ese fenómeno, pues,
en sentir de la demandante, el hecho de que la entidad hubiera estado
atravesando por un proceso de reestructuración de pasivos, interrumpía su
configuración.
Con el propósito de resolver lo anterior, sería del caso identificar las
particularidades del proceso de reestructuración de pasivos a que estuvo sometida
la entidad territorial; sin embargo, en el expediente no hay prueba sobre tales
circunstancias, pues, según lo relacionado en el acápite 2.3., numeral v), de esta
providencia, si bien es cierto que existe una constancia de la existencia del
referido acuerdo, que, en él, se fijaron las condiciones para pagar obligaciones allí
reconocidas y, finalmente, que se cumplió la totalidad del pago de las obligaciones
restructuradas, también lo es que no se demostró que la obligación «sanción
moratoria» reclamada por la demandante hubiera hecho parte del referido
acuerdo.
En tales condiciones, y según lo previsto en el artículo 167 del Código General del
Proceso, si la demandante pretendía hacer valer la presunta interrupción del
término de prescripción con ocasión del proceso de reestructuración de pasivos,
debió demostrar la suscripción del acuerdo respectivo, el término de duración de
dicho proceso y las determinaciones que allí se adoptaron, particularmente en
torno a la obligación que pretende exigir a la entidad demandada, para confrontar
sus argumentos con lo decidido en dicho proceso y arribar a las conclusiones que
de tal análisis derivaran; sin embargo, como ello no ocurrió en el caso bajo
análisis, no puede acudir a dicho sustento para eximirse de la obligación de
reclamar oportunamente el derecho pretendido.
En todo caso, la Sala considera oportuno señalar que la Sección Segunda de esta
Corporación ha considerado que un proceso de reestructuración, como el que
alude la recurrente, no tiene por virtud suspender el término de prescripción de la
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sanción moratoria que surge como consecuencia de la tardanza en el pago de las
cesantías, comoquiera que esta es una penalidad que se causa por el
incumplimiento del empleador y no una prerrogativa laboral, de manera que tal
connotación —de penalidad— le permitía promover el reclamo ante la
administración y en sede judicial aún a pesar de la reorganización financiera por la
que estaba atravesando la entidad territorial y su ente de control, sin que respecto
de esta se predicara la suspensión que se invoca. Así se ha sostenido:
28. Además, la norma transcrita establece una garantía a favor de las obligaciones
laborales causadas durante un proceso de reestructuración. Sin embargo, ello no
puede suspender el término de prescripción de la sanción moratoria, pues
dicha penalidad no constituye una prestación social ni una prerrogativa
laboral sino un apremio al empleador para el reconocimiento oportuno de las
cesantías definitivas13, de manera que el acuerdo de reestructuración no le
impedía a la actora efectuar el reclamo ante la administración, pues como se
expuso, es una obligación cuya naturaleza jurídica y exigibilidad difiere
sustancialmente de la prerrogativa laboral.14 [Resalta la Sala]
En las anteriores condiciones, la Sala concluye que el argumento aducido por la
demandante no tiene vocación de prosperidad, pues al tratarse de una penalidad,
debió realizar el reclamo oportuno de esta ante la autoridad correspondiente, y
como no lo hizo, pues las cesantías fueron reconocidas a través de la Resolución
040 del 29 de diciembre de 2003 y la reclamación de la sanción moratoria se
formuló hasta el 19 de enero de 2015, es decir, cuando habían transcurrido más
de 10 años desde el momento en que tal penalidad era exigible —11 de marzo de
2004—15 era viable que el juez de instancia declarara probado el fenómeno
13 Cita propia del texto transcrito: «En sentencia de unificación CE-SUJ2-012-18 de fecha 18 de
julio de 2018, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez se estableció que la sanción moratoria es: «[…] es
una sanción o penalidad cuyo propósito es procurar que el empleador reconozca y pague de
manera oportuna la mencionada prestación…»
14 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de septiembre de 2020, radicación: 08001 23
33 000 2014 00032 01, número interno: 2318-2015, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. En todo caso,
se precisa que esa postura también ha sido acogida por la Subsección A, en sentencia del 29 de
septiembre de 2022, radicación: 08001 23 33 000 2015 00340 01, número interno: 1266-2019, M.P.
William Hernández Gómez.
15 Se precisa que los 45 días con que la administración contaba para realizar el pago de las
cesantías definitivas se cuentan a partir del 8 de enero de 2004, comoquiera que el acto
administrativo fue expedido el 29 de diciembre de 2003 y en el expediente no figura fecha de
notificación, pero en la reclamación de la sanción moratoria la parte demandante reconoce que la
decisión quedó ejecutoriada el 7 de enero de 2004, en los siguientes términos: «la mencionada
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extintivo propuesto por la parte demandada y, en razón de ello, se confirmará la
providencia recurrida que así lo declaró.
Ahora bien, la señora Jaramillo Ruiz, en el escrito del recurso, señala que también
debe accederse a la pretensión orientada a reclamar las cesantías, pues estas
aún no han sido pagadas.
En torno a ese particular, la Sala advierte que, en efecto, dentro de las
pretensiones de la demanda se solicitó «que en razón a ello, la entidad
demandada reconozca y pague a favor de mi pupila, la suma de dinero reconocida
mediante Resolución 040 de fecha 29 de Diciembre de 2.003 […] por concepto de
Cesantías»16.
Ahora bien, al revisar la fijación del litigio, en la audiencia inicial se delimitó con el
objeto de determinar: i) si existe silencio administrativo negativo respecto de la
reclamación del 19 de enero de 2015, por medio de la cual se solicitó el pago de
las cesantías definitivas y la sanción moratoria; ii) si el municipio de Nuquí cumplió
la obligación de pagar, en la oportunidad legal, las cesantías definitivas; iii) definir
si a la demandante le asiste el derecho al reconocimiento y pago de las cesantías
definitivas y la sanción moratoria y iv) si el acuerdo de reestructuración de
pasivos interrumpió el término de prescripción respecto de las prestaciones
reclamadas para determinar si están o no afectadas por ese fenómeno.
Sin embargo, al verificar el contenido de la sentencia, el Tribunal Administrativo
del Chocó se circunscribió a analizar la reclamación de la sanción moratoria y se
abstuvo de estudiar lo relativo al pago de las cesantías, pero, en la alzada, la
demandante insistió en que la totalidad de las pretensiones le deben ser resueltas
en forma favorable y, entre ellas, se refirió a las cesantías. En tales condiciones, la
Sala analizará la pretensión de reconocimiento de cesantías, máxime cuando
dicha pretensión fue objeto de reclamación en sede administrativa, pues, no solo
resolución procede de la Administración municipal y quedó ejecutoriada a partir de la fecha
Enero de 2004 […]»
16 Pretensión primera de la demanda. Folio 1.
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Radicado: 27001 23 33 000 2016 00063 01 (6624-2019)
Demandante: Soler Magnolia Jaramillo Ruiz
se pidió la cancelación de la sanción moratoria sino el pago de las cesantías
definitivas e igual pretensión se formuló en la demanda e hizo parte de la fijación
del litigio.
De tal manera, se observa que a la demandante le fue reconocida la suma de
cuatrocientos cuarenta y siete mil ciento treinta y siete pesos ($467.137) por
concepto de las cesantías causadas por el periodo de labor comprendido entre el
5 de febrero y el 30 de noviembre de 2002, a través de la Resolución 040 del 29
de diciembre de 2003, es decir que ese acto administrativo contiene una
obligación expresa, clara y exigible a cargo de la administración territorial; por lo
tanto, la vía idónea para lograr el pago de las acreencias allí reconocidas era el
proceso ejecutivo, en los términos del Código de Procedimiento Civil,17 —norma
vigente al momento de la expedición del título— comoquiera que la obligación
laboral —cesantías— que se reclama a través del presente medio de control, está
contenida en un título ejecutivo, el cual puede hacerse efectivo usando la acción
judicial que el legislador ha previsto con tal propósito.
Así las cosas, lo procedente para exigir el pago de tal obligación era acudir al
proceso ejecutivo, y no formular una nueva petición que diera origen a un
nuevo pronunciamiento de la administración, en este caso, el acto ficto
negativo demandado, pues es evidente que la resolución antes referenciada
contenía la manifestación expresa de la voluntad de la administración en el sentido
favorable frente a su acreencia laboral.
En tales condiciones, la parte demandante debió exigir el cumplimiento de la
obligación contenida en el acto de reconocimiento de su prestación —Resolución
040 del 29 de diciembre de 2003— y no provocar un nuevo pronunciamiento por
17 Artículo 488.- Títulos ejecutivos. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas,
claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y
constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por
juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva
conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso - administrativos o de policía
aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia. En todo caso se
precisa que similar previsión está contenida en el artículo 422 del Código General del Proceso.
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parte de la administración encaminado a obtener una nueva decisión sobre un
derecho ya concedido.
En ese sentido, el acto ficto negativo que se cuestiona en esta litis no tendría la
virtualidad de haber decidido nada diferente en torno al reconocimiento de
cesantías, pues la administración ya había expedido un acto administrativo frente
a ellas, el cual goza de presunción de legalidad y no se cuestionó en este proceso.
En ese orden de ideas, la decisión negativa que se analiza en el sub lite no es
enjuiciable con miras a lograr el reconocimiento de la aludida prestación, lo que
conlleva declarar probada, de oficio, la excepción de acto no enjuiciable.
2.5. Condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,18 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación atiende un criterio
objetivo valorativo. Objetivo, en el sentido de que toda sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas
del Código General del Proceso; y valorativo, pues se requiere que el juez revise
si ellas se causaron (pago de gastos ordinarios del proceso, actividad profesional
realizada dentro de él), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o la
temeridad de las partes. Conforme a las anteriores reglas, y según lo dispuesto en
los numerales 1 y 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, 19 la Sala se
abstendrá de condenar en costas de segunda instancia, pues aunque no prosperó
ninguno de los argumentos planteados en el recurso de apelación formulado por la
parte demandante, y aun a pesar de que la entidad demandada actuó en esta
instancia,20 el recurso dio lugar a que se analizara una de las pretensiones no
resueltas por el tribunal de instancia y, con ello, quedó resuelto, en su integridad,
el litigio.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández
Gómez.
19 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso […] 8. Solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
20 Presentó alegatos de conclusión, como consta en el informe secretarial de folio 116 y en el
índice 12 de la plataforma Samai.
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3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que se debe confirmar la sentencia de primera
instancia que declaró probada la excepción de prescripción extintiva de la sanción
moratoria, propuesta por la entidad demandada; adicionar dicha providencia, en el
sentido de declarar probada, de oficio, la excepción de acto no enjuiciable para
reclamar las cesantías definitivas; y no condenar en costas de segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 5 de septiembre de 2019, por el
Tribunal Administrativo del Chocó, en cuanto declaró probada la excepción de
prescripción extintiva de la sanción moratoria reclamada en la demanda formulada
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho por la
señora Soler Magnolia Jaramillo Ruiz, en contra del municipio de Nuquí, por las
razones expuestas en las consideraciones que anteceden.
Segundo. Adicionar la sentencia recurrida, en el sentido de declarar probada, de
oficio, la excepción de acto no enjuiciable para obtener el pago de las cesantías
definitivas reclamadas por la señora Soler Magnolia Jaramillo Ruiz, según lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Tercero. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia.
Cuarto. Reconocer personería adjetiva al abogado José Keiber Mosquera Asprilla,
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en la forma y términos del poder otorgado mediante escritura pública y allegado
con el índice 12 de la plataforma Samai.
Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DDG
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