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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2016-00081-01

Fecha
23 de octubre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2016-00081-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR probada, de oficio, la excepción de inepta demanda por la falta de agotamiento de los recursos de la actuación administrativa, en lo que respecta a la pretensión de nulidad de la Resolución No. 02111 del 24 de diciembre de 2010. Segundo. CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el veintinueve (29) de marzo de dos mil veinte (2021) por el Tribunal Administrativo del Chocó, por medio de la cual se negaron las pretensiones. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 Radicado: 27001-23-33-000-2016-00081-01 (6449-2023) Tercero. Sin condena en costas en esta instancia. Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 27001-23-33-000-2016-00081-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

23 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 27001-23-33-000-2016-00081-01 (6449-2023)
Demandante: Rubiel Severiano Perea Agualimpia
Demandado: La Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

Tema: Marco normativo aplicable a los beneficiarios del miembro de la
fuerza pública que fallece durante la prestación del servicio
militar obligatorio. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes.
Ley 447 de 1998. Sentencia C-152 de 2002. CONFIRMA
SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el veintinueve (29) de marzo de dos mil veinte (2021) por el
Tribunal Administrativo del Chocó, por medio de la cual se negaron las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Rubiel Severiano Perea Agualimpia instauró demanda contra la Nación-
Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que
se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad del Oficio No. 235083/ARPRE-GRUPE del 29 de julio de
2014, por medio del cual se negó el reconocimiento de la mesada pensional y la
indemnización por muerte del señor Elías Arley Perea Copete. Del Oficio No. S-
2014-106660/ARPRE-GROIN-1.10 del 18 de noviembre de 2014, por medio del cual
se resolvió el recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, en contra del
anterior y de la Resolución No. 02111 del 24 de diciembre de 2010, por medio de la
cual se excluyó al demandante como beneficiario de la pensión por muerte
reconocida en Resolución No. 00863 del 30 de julio de 2007 y, en su lugar, se le
reconoció dicha prestación a la niña Arleidy Eliana Perea Moreno.

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A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se le reconozcan y paguen
todos los derechos reconocidos, de conformidad con la Resolución No. 00863 del
30 de julio de 2007.

Que se le reconozcan y paguen todos los derechos adquiridos que le asisten en su
condición de padre del causante, especialmente, el de la seguridad social.

Que se paguen los intereses moratorios a partir del 28 de octubre de 2013 y que
todas las sumas reconocidas sean indexadas. Que se condene en costas a la parte
demandada.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que mediante Resolución No. 00863 del 30 de julio de 2007, la demandada le
reconoció una cuota parte de pensión por muerte, en su condición de beneficiario
ascendente del señor Elías Arley Perea Copete.

Que dicho reconocimiento se hizo a partir del 28 de octubre de 2013, porque el
derecho se causó conforme a lo estipulado en el artículo 5° de la Ley 447 de 1998,
que previó que los beneficiarios debían contar con 50 años, como edad mínima.

Que, cumplida la condición, el 16 de julio de 2014 solicitó el cumplimiento de la
Resolución No. 00863 del 30 de julio de 2007 y mediante el Oficio No.
235083/ARPRE-GRUPE del 29 de julio de 2014, por existir un beneficiario con mejor
derecho.

Que interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, contra el anterior
acto, el cual fue resuelto de manera negativa mediante el Oficio No. S-2014-
106660/ARPRE-GROIN-1.10 del 18 de noviembre de 2014.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Se indicaron como normas violadas los artículos 4°, 6°, 13 y 29 de la Constitución
Política; las Leyes 57 y 153 de 1887 y la 447 de 1998; y el Decreto 4433 de 2004.

En el concepto de violación señaló que los derechos reconocidos mediante
Resolución No. 00863 del 30 de julio de 2007 están amparados por una legislación
de carácter especial.

Que el Consejo de Estado, en providencias como la del 1° de abril de 2014 ─Exp.
1994-03─, ha consignado que hay grandes vacíos en las leyes que regulan las
prestaciones de los militares.

Que la Resolución No. 02111 del 24 de diciembre de 2010 adolece de falsa
motivación porque, si bien es cierto que el Juzgado Promiscuo de Familia de
Istmina-Chocó surtió un proceso de filiación extramatrimonial post mortem en el que
determinó que la niña Arleidy Eliana Perea Moreno era hija del señor Elías Arley

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Perea Copete, dicha decisión en nada riñe con lo que se pretende, toda vez que la
condición de la menor es la de descendiente del causante.

Que, al ser descendiente, sus derechos están reglados de manera diferente y que,
en estricta aplicación de la normativa aplicable al caso, no hay interpretación
diferente a la que dicho reconocimiento pensional va dirigido, de manera exclusiva,
a los ascendientes del causante.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

Por auto del 18 de julio de 2016, el Tribunal Administrativo del Chocó admitió la
demanda1. La Policía Nacional se opuso a las pretensiones indicando que la
exclusión del reconocimiento de la pensión se fundamentó en la existencia de un
beneficiario con mejor derecho, esto es, el de la niña Arleidy Eliana Perea Moreno.

Que la demanda carece de fundamentos normativos porque es un tema decantado
el hecho que los menores tienen especial protección, razón por la que el
demandante quedó excluido. Que, en otras palabras, ocurrió el decaimiento del acto
administrativo que inicialmente le reconoció los derechos aludidos.

Propuso como excepciones las de indebida acumulación de pretensiones,
presunción de legalidad, inexistencia de vicios de nulidad y la innominada o
genérica2.

El 1° de agosto de 2017 se celebró audiencia inicial, en la que se fijó el litigio y se
ordenó que se notificara a las personas que pudieran resultar afectadas por el
proceso, por cuanto ostentan un mejor derecho3. La señora Nelly Mercedes Moreno
Mosquera, en calidad de representante legal de la niña Arleidy Eliana Perea
Moreno, manifestó que se oponía a todas y cada una de las pretensiones de la
demanda.

Una vez surtido el trámite anterior, se corrió traslado para alegar de conclusión y se
dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por la parte demandante.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo del Chocó, mediante sentencia proferida el veintinueve
(29) de marzo de dos mil veinte (2021), negó las pretensiones tras considerar que
la norma vigente para la fecha en la que ocurrió el fallecimiento del causante, esto
es, el 16 de noviembre de 2004, era la Ley 447 de 1998.

Que dicha norma, en su artículo 1°, estableció a favor de los beneficiarios del
personal vinculado a las fuerzas militares, que falleció con ocasión de la prestación
del servicio militar obligatorio y por causa de actos propios del mismo, el
reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente vitalicia equivalente a un
salario y medio mínimo legal y mensual vigente.

1 Véanse las páginas 67-68 del archivo “01Incorpora Expediente Digitalizado”, a índice 2 de SAMAI.
2 Véanse las páginas 86-104 del archivo “01Incorpora Expediente Digitalizado”, a índice 2 de SAMAI.
3Véanse las páginas 145-150 del archivo “01Incorpora Expediente Digitalizado”, a índice 2 de
SAMAI.

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Que, en principio, la redacción de la norma no ofrece margen de duda, pues en el
primer orden para percibir la prestación se encuentran los padres y en el segundo
orden, previa exclusión de los padres, se otorgaría el beneficio a la persona que el
causante hubiere designado al momento de la incorporación al servicio militar, de
conformidad con el régimen general de pensión contenido en la Ley 100 de 1993.

Que si bien fue a los padres de Elías Arley Perea Copete a quienes en principio se
les reconoció la prestación, como únicos beneficiarios, por Resolución No. 00863
del 30 de julio de 2007, la cual se condicionó hasta que cumplieran 50 años ─28 de
octubre de 2013 y 28 de mayo de 2016, respectivamente─; también es cierto que la
sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Istmina declaró que el
causante era el padre biológico de la menor Arleidy Eliana Perea Moreno, motivo
por el cual se modificó el inicial reconocimiento, ya que la niña ostentaba, al igual
que su madre, la señora Nelly Mercedes Moreno Mosquera, mejor derecho que los
ascendientes.

Que, si bien la norma fue redactada otorgándole el derecho a los ascendientes del
causante en primer orden, con el pronunciamiento de la Corte Constitucional ─que
es de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte resolutiva─ se
precisó que los primeros llamados a recibir los beneficios establecidos eran los hijos
del fallecido, por lo que se concluye que los actos administrativos acusados están
amparados por el ordenamiento jurídico. Finalmente, condenó en costas a la parte
demandante4.
RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que manifestó que el
Tribunal no tuvo en cuenta los alegatos de conclusión que presentó, lo cual es
violatorio de los derechos al debido proceso y a la igualdad, así como al principio de
contradicción.

Que el derecho que le fue reconocido a él y a la niña Arleidy Eliana Perea Moreno
se trata de prestaciones diferentes, en la medida que una tiene origen en la
legislación civil (herederos y causahabientes) y la otra en la legislación castrense
especial (beneficiarios en su condición de ascendientes).

Que el artículo 5° de la Ley 447 de 1998 es inequívoco al establecer quiénes son
los beneficiarios del causante, motivo por el cual, dentro de la hermenéutica jurídica,
no cabe interpretación en contrario, porque el espíritu de la norma fue claro al querer
proteger a los ascendientes o padres adoptivos.

Que como la sentencia no aplicó la norma como era, se violó el principio general del
derecho que reza que “no le es dado al intérprete distinguir donde la ley no
distingue”.

Que, al 28 de octubre de 2013, fecha en la que se cumplió la condición de la edad
que estableció la Resolución No. 00863 del 30 de julio de 2007, ya había devengado
algunas mesadas, por lo que constituyó derechos adquiridos.

4 Véase el archivo “16_SENTENCIA_NIEGA”, a índice 2 de SAMAI.

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Que se produjo la revocatoria directa del acto administrativo que lo reconoció como
beneficiario de las prestaciones de quien en vida era su hijo, pero que nunca constó
su consentimiento previo y el acto no fue demandado por quien lo produjo; lo cual
constituye otra razón para declarar nulos los actos demandados5.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 3 de noviembre de 2023 se admitió el recurso de apelación y en dicha providencia
se dispuso que, una vez ejecutoriada, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara a Despacho 6.

Pronunciamiento de las partes

Las partes guardaron silencio y el Agente del Ministerio Público no presentó
concepto.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico que
deberá resolver la Sala consiste en determinar si al demandante le asiste o no razón
jurídica para reclamar la pensión de sobrevivientes por la muerte de su hijo,
acaecida mientras prestaba el servicio militar obligatorio, de conformidad con la Ley
447 de 1998.

Cuestión previa: del agotamiento de los recursos de la actuación
administrativa

El artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 dispuso, en cuanto a la oportunidad y
presentación de los recursos, que estos deberán interponerse “[…] por escrito en la
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o
a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el
caso”.

El artículo 87 de la misma ley reguló lo relacionado con la firmeza de los actos
administrativos, que se configura: i) cuando contra ellos no proceda ningún recurso,
desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el
caso; ii) desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la
decisión sobre los recursos interpuestos; iii) desde el día siguiente al del
vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron
interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos; iv) desde el día
siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos; y
v) desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el
silencio administrativo positivo.

5 Véase el archivo “19_RECEPCIONRECURSOAPELACION_RECURSODE_202304180151”, a
índice 2 de SAMAI.
6 Véase a índice 4 de SAMAI.

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El numeral 2°, del artículo 161 reguló, como requisitos previos para demandar, el
“[…] haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren
obligatorios. […]”.

Bajo esa lógica, el agotamiento de la actuación administrativa constituye un
presupuesto procesal para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, puesto que la:

“[…] razón de la exigencia legal del señalado agotamiento deviene del
principio llamado de la decisión previa que permite antes de acudir al medio
judicial, que la administración revise sus propios actos y otorga a los
administrados una garantía sobre sus derechos al presentar motivos de
inconformidad para que sea enmendada la actuación si es del caso, antes
de que conozca de ella quien tiene la competencia para juzgarla”7.

En el caso bajo estudio está probado que la Policía Nacional profirió la Resolución
No. 02111 del 24 de diciembre de 2010, suscrita por el subdirector general, por
medio de la cual se excluyó al demandante como beneficiario de la pensión por
muerte reconocida en Resolución No. 00863 del 30 de julio de 2007 y, en su lugar,
se le reconoció dicha prestación a la niña Arleidy Eliana Perea Moreno. Sin
embargo, pese a que dicho acto administrativo podía reponerse y apelarse, en el
expediente no obra prueba de que así haya sucedido, razón por la que se estima
que está ejecutoriado por no haberse agotado en debida forma los recursos de la
actuación administrativa.

Además, tampoco se probó que las autoridades administrativas no hubieran dado
la oportunidad de interponer los recursos procedentes, caso en el que no es exigible
el requisito de haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley
fueren obligatorios.

Por este motivo, al no obrar prueba que acredite que se interpuso el recurso de
apelación contra la Resolución No. 02111 del 24 de diciembre de 2010, se estima
que no se agotaron debidamente los recursos de la actuación administrativa y ello
imposibilita que se estudie de fondo, pues recuérdese que como lo señala el artículo
161 de la Ley 1437 de 2011, este es un requisito de obligatorio cumplimiento para
demandar un acto particular y concreto ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo y, además, es un requisito insubsanable que hace imposible adoptar
una decisión.

Así las cosas, la Sala declarará, de oficio, la excepción de inepta demanda por la
falta de agotamiento de los recursos de la actuación administrativa, en lo que
respecta a la pretensión de nulidad de la Resolución No. 02111 del 24 de diciembre
de 2010.

Marco normativo aplicable a los beneficiarios del miembro de la fuerza pública
que fallece durante la prestación del servicio militar obligatorio

7 CONSEJO DE ESTADO. Sección Cuarta. Sentencia del 21 de junio de 2002. Exp. 12.382. C.P.

María Inés Ortiz Barbosa.

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En vigencia de la Constitución Política de 1886, el Congreso de la República expidió
la Ley 65 de 1967 que revistió al presidente de la República de facultades
extraordinarias relacionadas con la ordenación de materias atinentes a las fuerzas
militares y de policía para, entre otras cosas, establecer el régimen de prestaciones
sociales por retiro o fallecimiento de los oficiales y suboficiales de las fuerzas
militares y de policía, soldados, grumetes, agentes y personal civil al servicio del
ramo de la defensa nacional.

En desarrollo de dicha ley se expidió el Decreto 2728 de 1968 que modificó el
régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de soldados
y grumetes de las fuerzas militares, el cual prescribió, en su artículo 8°, las
prestaciones a las que habría lugar en caso de fallecimiento de un soldado o
grumete.

Con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, se profirió la Ley 447
de 1998 que estableció una pensión vitalicia y otros beneficios a favor de parientes
de personas fallecidas durante la prestación del servicio militar obligatorio,
disponiendo lo siguiente:

“Artículo 1°. Muerte en combate. A partir de la vigencia de la presente ley, a
la muerte de la persona vinculada a las F.F.A.A. y de Policía por razón
constitucional y legal de la prestación del servicio militar obligatorio, ocurrida
en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto
internacional o participando en operaciones de conservación o
restablecimiento del orden público, sus beneficiarios en el orden establecido
en esta ley, o los beneficiarios que designe la persona prestataria del servicio
militar al incorporarse, tendrán derecho a una pensión vitalicia equivalente a
un salario y medio (11/2) mínimo mensuales y vigentes.

Parágrafo 1°. Suprímese la indemnización por muerte, que actualmente se
causa, de conformidad al Estatuto Militar, cuando se apliquen estos casos
de pensiones.

Parágrafo 2°. Lo establecido en este artículo, se aplicará igualmente en el
caso de muerte de persona prestataria del servicio militar obligatorio, como
consecuencia de heridas recibidas en combate o como consecuencia de la
acción del enemigo”.

La normativa en comento también dispuso sobre los beneficiarios del miembro de
la fuerza pública que fallece durante la prestación del servicio militar obligatorio:

“Artículo 5°. Beneficios. Serán llamados a recibir los rendimientos del
causante, los ascendientes o padres adoptivos según se registre en el
formulario de incorporación.

En segundo orden, previa justificación de haber excluido a ascendientes o
padres adoptivos del primer orden, se otorgará el beneficio a la persona que
el causante haya designado en el momento de la incorporación al servicio
militar obligatorio, de conformidad con el Régimen General de Pensiones de
la Ley 100 de 1993.

Parágrafo 1°. Establécese como requisito para la persona quien vaya a ser
beneficiario de la pensión que al momento de serle reconocida tenga como
edad mínima cincuenta (50) años. De no tener esta edad, el Acto
Administrativo del reconocimiento se suspenderá hasta el cumplimiento de

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esta condición suspensiva, sin que se inicie la prescripción de que trata el
artículo 6° de esta ley.

Parágrafo 2°. La sustitución pensional de manera exclusiva, sólo podrá
concederse entre un ascendiente al otro ascendiente o entre los padres
adoptantes. No podrá desplazarse a otros parientes”.

Bajo esa lógica, la norma estableció una pensión, en primer lugar, a favor de los
ascendientes o padres adoptivos y, en segundo lugar, a favor de la persona que
al momento de la incorporación designara el causante, previa justificación de la
exclusión de los primeros. Igualmente, estableció unos beneficios que consisten en
el derecho a percibir una pensión vitalicia equivalente a un salario y medio mínimo
mensual vigente ─artículo 1° de la Ley 447 de 1998─; unas mesadas adicionales
semestrales ─artículo 3°─; y los servicios médicos asistenciales, en los términos
establecidos en la Ley 100 de 1993 ─artículo 4°─.

Ahora, con ocasión del ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, la Corte
Constitucional se pronunció sobre la exequibilidad del artículo 5° de la ley en
mención, pues, a juicio del actor, el mismo “[…] quedó incompleto y excluyente,
porque no tuvo en cuenta que el joven soldado ha podido tener cónyuge o
compañera permanente y ha podido procrear hijos, que son excluidos del beneficio
y, en consecuencia, quedan desamparados”8.

Expresó, la Corte:

“[…] de estos beneficios, la Ley sólo tuvo en cuenta a la familia de origen del
conscripto y omitió a la familia que éste pudo constituir antes o cuando
estaba prestando el servicio militar obligatorio, incluidos los hijos que
pudieren existir al momento de su fallecimiento.

3.2. Entonces, la Corte se pregunta si ¿podía el legislador, con base en la
denominada cláusula general de competencia, excluir de estos beneficios a
los hijos que el joven conscripto hubiera podido tener, o a su cónyuge o
compañera permanente?

La respuesta es no, en razón de que la libertad de configuración de que goza
el legislador para expedir las leyes está limitada por la propia Constitución.

Esto quiere decir que el legislador, al expedir una ley, no puede violar los
principios y fundamentos consagrados en la Carta, so pretexto de la
mencionada libertad configurativa. […].

3.3. ¿Qué sucede en el caso concreto?

En el caso concreto, el legislador, para expedir esta Ley 447 de 1998, estaba
limitado por los principios, garantías y derechos que la familia y los niños
tienen reconocidos en la Constitución. En efecto: según la Carta, la familia
es el núcleo fundamental de la sociedad, y puso en cabeza del Estado y de
la sociedad la responsabilidad de garantizar su protección integral, tal como
lo señala el artículo 42 de la Carta. Así mismo, dentro de los principios
fundamentales de la Constitución (Título I), se expresa que el Estado
“ampara a la familia como institución básica de la sociedad” (art. 5º). Y el
artículo 44 de la Carta consagra los derechos fundamentales de los niños y
dispone, expresamente, que “los derechos de los niños prevalecen sobre los
derechos de los demás.” Estas obligaciones que surgen para el Estado y la

8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-152 de 2002. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

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sociedad, en la protección integral de la familia, son de clara estirpe
constitucional, de tal manera que su protección puede ser reclamada
directamente, cuando fuere el caso, conforme a la ley”9 (subrayas originales).

Igualmente, estableció:

“[…] 3.4. Todas estas referencias constitucionales y jurisprudenciales sobre
el sentido constitucional de la obligación del Estado en la protección de la
familia están encaminadas a concluir que si el Congreso, en su labor
legislativa, excluye de derechos a los miembros de la familia que ha podido
conformar el conscripto que fallece en combate o con ocasión del mismo,
está violando directamente la Constitución, en los artículos 5, 42 y 44. Y,
como esto es lo que sucedió con los beneficios establecidos en esta Ley, la
constitucionalidad del artículo 5 deberá condicionarse, para que no se dé
esta violación.

[…]

Para la Corte, no obstante que existe para el conscripto el deber de
suministrar esta clase de información, las consecuencias del incumplimiento
del mismo no pueden recaer en los miembros de su familia, al punto de
negárseles el reconocimiento de los beneficios de la ley, porque, a pesar de
la omisión, la Constitución le garantiza a la familia el derecho a acceder a los
beneficios. En otras palabras, las posibles responsabilidades disciplinarias o
penales en cabeza del obligado a suministrar información sobre su situación
familiar, no son suficientes para excluir a los hijos o cónyuge o compañera
permanente de los derechos que les pertenecen, y que están garantizados
por los artículos 5, 42 y 44 de la Carta. Asunto que se torna especialmente
claro, en lo que tiene que ver con los derechos de los niños, pues, recuérdese
que éstos prevalecen sobre los de los demás, razón por la cual, los hijos de
quien presta el servicio militar obligatorio, no pueden se objeto de
desconocimiento de su derecho como descendientes suyos, si se produce el
fallecimiento durante el cumplimiento de ese deber para con el Estado
Colombiano.

Por otra parte, también puede suceder que el conscripto, al momento de su
fallecimiento, no estuviera enterado de la existencia de algún descendiente,
o del que esté por nacer, es decir, que no hubo omisión de su parte del deber
de informar. Sin embargo, al aplicar el artículo 5 acusado, tal como está
establecido, este descendiente, del que no tenía conocimiento el conscripto,
tampoco sería sujeto de los beneficios.

Lo mismo sucede en cuanto a los derechos de la cónyuge o compañera
permanente de quien fallece en combate o con ocasión del mismo, y está
prestando el servicio militar obligatorio. El Estado no puede desconocerle
que le asisten derechos que puede reclamar en la forma prevista en la Ley
100 de 1993, Ley a la que hace referencia la propia Ley 447 de 1998.

3.6. En conclusión: con el fin de que los hijos que ha podido tener el
conscripto no queden desprotegidos en el evento de la muerte en combate
o con ocasión del mismo de quien prestaba servicio militar obligatorio, en la
parte resolutiva de esta providencia, se condicionará la exequibilidad del
artículo 5 así:

a) En cuanto a los derechos de los hijos, la Corte declarará la exequibilidad
del artículo 5, inciso primero, bajo la condición de que si el fallecido durante
la prestación del servicio militar obligatorio tiene hijos, que tengan derecho a
los beneficios establecidos en la Ley 447 de 1998, éstos son los primeros
llamados a recibir tales beneficios, de conformidad con el Decreto 1211 de
1990.

9 Ibid.

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Para la Corte es clara esta referencia al Decreto 1211 de 1990, porque, como
se trata de la prestación del servicio militar obligatorio, a este Decreto se
debe remitir, aun para el caso de quienes lo prestan en la Policía Nacional,
prestación permitida por el artículo 1º de la Ley 447 de 1998 citada.

b) En cuanto a los derechos de la cónyuge o compañera permanente, se
declarará exequible el inciso segundo del mismo artículo 5, que dice: “En
segundo orden, previa justificación de haber excluido a los ascendientes o
padres adoptivos de primer orden, se otorgará el beneficio a la persona que
el causante haya designado en el momento de la incorporación al servicio
militar obligatorio, de conformidad con el Régimen General de Pensiones de
la Ley 100 de 1993”, bajo el entendido de que no podrá excluirse a la cónyuge
o compañera permanente que tendrá derecho a la pensión en los términos
de la Ley 100 de 1993”10.

En ese orden, la Corte Constitucional resolvió: i) declarar exequible el artículo 5° de
la Ley 447 de 1998, bajo la condición que si el fallecido durante la prestación del
servicio militar obligatorio tiene hijos que tengan derecho conforme al Decreto 1211
de 1990, estos son los primeros llamados a recibir los beneficios establecidos; y ii)
declarar exequible el inciso segundo del mismo artículo, bajo el entendido que, en
todo caso, no podrá excluirse a la cónyuge o compañera permanente que tendrá
derecho a la pensión en los términos de la Ley 100 de 199311.

Resolución al caso en concreto

En el presente caso, es necesario analizar el acervo probatorio recaudado y
practicado, a fin de evidenciar si el demandante tiene derecho al reconocimiento y
pago de la pensión de sobrevivencia en los términos del artículo 5° de la Ley 447
de 1998.

Se tiene que por Resolución No. 00863 del 30 de julio de 2007, se reconoció pensión
por muerte a los beneficiarios del AR. (F) Perea Copete Elías Arley12.

Que a través de la Resolución No. 02111 del 24 de diciembre de 2010, se excluyó
al demandante como beneficiario de la pensión por muerte reconocida en
Resolución No. 00863 del 30 de julio de 2007 y, en su lugar, se le reconoció dicha
prestación a la niña Arleidy Eliana Perea Moreno13, dicha resolución fue modificada
por la Resolución No. 02036 del 28 de diciembre de 201214.

Que, el 15 de julio de 2014, el demandante solicitó el cumplimiento de la Resolución
No. 00863 del 30 de julio de 200715, dicho requerimiento fue contestado a través del
Oficio No. 235083/ARPRE-GRUPE del 29 de julio de 2014, por medio del cual se
negó el reconocimiento de la mesada pensional y la indemnización por muerte del
señor Elías Arley Perea Copete16 y a través del Oficio No. S-2014-106660/ARPRE-

10 Ibid.
11 Ibid.
12 Véanse las páginas 4-7 del archivo “01Incorpora Expediente Digitalizado”, a índice 2 de SAMAI.
13 Véanse las páginas 109-111, del archivo “01Incorpora Expediente Digitalizado”, a índice 2 de

SAMAI.
14 Véanse las páginas 89-91, del archivo “01Incorpora Expediente Digitalizado”, a índice 2 de SAMAI.

15 Véanse las páginas 8-11, del archivo “01Incorpora Expediente Digitalizado”, a índice 2 de SAMAI.
16 Véase la página 12, del archivo “01Incorpora Expediente Digitalizado”, a índice 2 de SAMAI.

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GROIN-1z.10 del 18 de noviembre de 2014, se resolvió el recurso de reposición y,
en subsidio, el de apelación, en contra del anterior17.

Por Oficio No. 0014 del 13 de enero de 2017, el Juzgado Promiscuo de Familia de
Istmina-Chocó certificó que tramitó el proceso de filiación post mortem 2006-00015,
en el que se reconoció a la niña Arleidy Eliana Perea Moreno, como hija del
causante18.

Con base en lo anterior, es claro para la Sala que, en principio, la pensión y los
beneficios reconocidos a los familiares del miembro de la fuerza pública que fallece
durante la prestación del servicio militar obligatorio, sí les correspondían a sus
ascendientes.

En razón de que el Juzgado Promiscuo de Familia de Istmina-Chocó reconoció a la
niña Arleidy Eliana Perea Moreno como hija del causante, en un proceso de filiación
post mortem, es claro que esta sí ostenta mejor derecho respecto a los
ascendientes del señor Elías Arley Perea Copete pues, atendiendo al principio de
libertad de configuración del legislador, este determinó que el orden de beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes, en primer lugar, corresponde al cónyuge o
compañeros permanentes, así como a los hijos.

Por ende, no le asiste razón al apelante cuando sostuvo que se trata de dos
pensiones completamente diferentes, en la medida que la prestación económica
que se le reconoce a unos beneficiarios u otros tiene un mismo origen: el
fallecimiento de un miembro de la fuerza pública durante la prestación del servicio
militar obligatorio.

Y si bien, textualmente, el artículo 5° de la Ley 447 de 1998 es inequívoco al
establecer quiénes son los beneficiarios del causante, no es menos cierto que la
Corte Constitucional, en Sentencia C-152 de 2002, condicionó la exequibilidad de
dicha norma al entendido que, si el fallecido durante la prestación del servicio militar
obligatorio tiene hijos que tengan derecho conforme al Decreto 1211 de 1990, estos
son los primeros llamados a recibir los beneficios establecidos.

Además, en este punto se advierte que la Resolución No. 00863 del 30 de julio de
2007 ─que fue la que reconoció la prestación económica a favor del demandante,
pero sujeta a condición─ tan solo creó una expectativa legítima, en la medida que
el demandante no había consolidado el requisito de la edad, cual era un
requerimiento relevante para que operara el reconocimiento del derecho subjetivo.
En otras palabras: tenía un derecho eventual.

Por consiguiente, como aquellos que respondan por el pago o hayan reconocido o
reconozcan prestaciones económicas están en el deber de verificar el cumplimiento
de los requisitos para la adquisición del derecho, para la Sala es claro que al
presentarse una persona que sí cumplía con la totalidad de los requisitos exigidos
para el reconocimiento del mismo, era procedente que la Policía Nacional así lo
hiciere, máxime cuando el señor Rubiel Severiano Perea Agualimpia no había

17 Véanse las páginas 21-23, del archivo “01Incorpora Expediente Digitalizado”, a índice 2 de SAMAI.
18 Véase la página 122, del archivo “01Incorpora Expediente Digitalizado”, a índice 2 de SAMAI.

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constituido un derecho adquirido pues, se insiste, su acto administrativo de
reconocimiento prestacional no era, hasta ese entonces, exigible y ejecutable.

En consecuencia, al no haberse desvirtuado la legalidad de los actos administrativos
demandados, se confirmará la sentencia proferida el veintinueve (29) de marzo de
dos mil veinte (2021) por el Tribunal Administrativo del Chocó, por medio de la cual
se negaron las pretensiones.

De la condena en costas en segunda instancia

Es importante aclarar que la jurisprudencia de la Subsección A, de la Sección
Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo consagrado en
el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe.

No obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable,
siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A ha adoptado una nueva postura, en la que en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ellas, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2°, del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa que, en los
argumentos de la parte vencida, no se presenta una carencia de fundamentación
que dé lugar a la condena en costas en esta instancia. Contrario a ello, en sus
escritos, la parte manifestó argumentos razonables en defensa jurídica de sus
intereses.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR probada, de oficio, la excepción de inepta demanda por la
falta de agotamiento de los recursos de la actuación administrativa, en lo que
respecta a la pretensión de nulidad de la Resolución No. 02111 del 24 de diciembre
de 2010.

Segundo. CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el veintinueve (29) de
marzo de dos mil veinte (2021) por el Tribunal Administrativo del Chocó, por medio
de la cual se negaron las pretensiones.

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Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

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