Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2016-00093-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2016-00093-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 27001-23-33-000-2016-00093-02
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
17 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidos (2022).
Radicado : 27001-23-33-000-2016-00093-02
Nº Interno : 1194-2019
Demandantes : Lindor Emilio Palacios Lloreda y otros
Demandada : Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437
de 2011
Tema : Sanción suspensión por el término de
2 meses
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte
demandante contra la sentencia del 11 de octubre de 20181 proferida por el
Tribunal Administrativo del Chocó, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Lindor Emilio Palacios Lloreda y la señora
Yaneth Palacios Copete, por conducto de apoderado judicial, solicitaron que se
declare la nulidad de las Resoluciones 012044 del 7 de diciembre de 20152 y
002329 del 30 de marzo de 20163, proferidos por el Subdirector de Gestión de
Control Disciplinario Interno de la DIAN y por el Director General de la Unidad
Administrativa Especial – DIAN, mediante los cuales se declaró responsables a
los actores suspendiéndolos del ejercicio del cargo por el término de 2 meses y
se resolvió un recurso de apelación confirmando la decisión.
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Folios 304 a 309
2
Folios 20 a 42
3
Folios 62 a 84
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Nº Interno: 1194-2019
Demandantes: Lindor Emilio Palacios Lloreda y Yaneth Palacios Copete
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN -
Como consecuencia de la nulidad de los actos enjuiciados y a título de
restablecimiento del derecho, pidieron que se ordene a la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales – DIAN- a reintegrar a los demandantes al servicio activo
en el grado que ostentaban al momento de su suspensión.
Exigieron, el pago de los perjuicios causados a los demandantes y su núcleo
familiar, así: a) perjuicios materiales: reconocer y pagar los sueldos,
prestaciones y emolumentos dejados de devengar desde la fecha del retiro y
hasta que se haga el respectivo reintegro; requirieron, que el pago de salarios y
prestaciones sea reajustado en su valor de conformidad con el artículo 187 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; b)
perjuicio morales: la señora Yaneth Palacios Copete pretende que se le
paguen 100 SMLMV y a su núcleo familiar 150 SMLMV; el señor Lindor Emilio
Palacios Lloreda solicitó 100 SMLMV y para su entorno familiar la suma de 200
SMLMV.
Pretenden, que se declare para todos los efectos que no existió solución de
continuidad en la prestación de los servicios por parte de los demandantes. Por
último, instaron para que el cumplimiento del fallo sea en los términos de los
artículo 192 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Los hechos en que se fundamentan las pretensiones son los siguientes:
Señaló el apoderado de la parte actora que el 1º de febrero de 2012, el señor
Lindor Emilio Palacios Lloreda en uso de sus funciones proyectó en calidad de
Auditor Tributario de Gestión y Control un requerimiento especial identificado
bajo el número 182382012000006; posteriormente, dicho documento fue
suscrito por la señora Yaneth Palacios Copete quien ostentaba la calidad de jefe
de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos
y Aduanas Nacionales de Quibdó. Tal formalidad, se planteó tendiente a obtener
de la sociedad FRIOLAC S.A. la corrección de la declaración de renta y
complementarios correspondientes al año gravable 2010.
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Nº Interno: 1194-2019
Demandantes: Lindor Emilio Palacios Lloreda y Yaneth Palacios Copete
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN -
Sostuvo el apoderado, que a partir de la visita de supervisión y evaluación que
realizó el señor Roberto de Jesús Murcia Arias a la Dirección Seccional de
Impuestos y Aduanas Nacionales de Quibdó entre los días 3 y 7 de diciembre de
2012, se determinó que la señora Yaneth Palacios Copete y el señor Lindor
Emilio Palacios liquidaron erradamente la sanción impuesta a la sociedad
FRIOLAC S.A., por inexactitud en el impuesto de renta del año gravable 2010. A
dicha conclusión, llegó el evaluador sustentado en el hecho de que no se tuvo
en cuenta el saldo a favor declarado por el contribuyente, incumpliendo con lo
reglamentado en el inciso 2º del artículo 647 del Estatuto Tributario. Aseguró,
que esta irregularidad se puso en conocimiento de la Subdirección de Gestión
de Fiscalización Tributaria quien trasladó el hallazgo a la Subdirección de
Gestión de Control Disciplinario Interno de la DIAN.
Expuso, que la demandada calificó el mérito de la investigación y procedió a
formular cargo único en los siguientes términos: “liquida la sanción por
inexactitud sobre una base sin tener en cuenta el saldo a favor declarado por el
contribuyente, incumpliendo lo normado en el artículo 647 inciso 2º del Estatuto
Tributario, lo que condujo a una incidencia negativa en perjuicio de la entidad, al
cuantificar menor valor en la sanción a imponer, sin aplicar en su totalidad la
sanción que le faculta a la administración”.
Explica, que en uso de sus derechos los demandantes procedieron a rendir
versión libre, manifestando entre otros aspectos que el cálculo efectuado y la
determinación adoptada se derivó de la interpretación que siempre se le ha dado
al inciso 2º del articulo 647 del Estatuto Tributario. Afirmó, que a pesar de que
defendieron su actuación la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario
Interno los sancionó por 2 meses, decisión que fue confirmada en segunda
instancia.
Asegura, que los fallos disciplinarios deben declararse nulos debido que los
supuestos fácticos, probatorios y jurídicos no fueron adecuados a los
fundamentos típicos, antijurídicos y culpables que se exigen en nuestro
ordenamiento jurídico. Insiste, en que los fallos sancionatorios llegaron a una
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Nº Interno: 1194-2019
Demandantes: Lindor Emilio Palacios Lloreda y Yaneth Palacios Copete
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN -
conclusión errada porque se causó un perjuicio a la administración debido a que
la sanción se cuantificó de una forma ostensiblemente inferior a la que
correspondía, pero no se demostró el detrimento ni su amenaza, pues la reglas
para determinar la forma como se liquidaba se observó por los servidores que
no estaban legitimados, en este caso los señores Robert de Jesús Murcia Arias
y Héctor Fernando Rueda Torres.
Precisó, que los testimonios violentaron el debido proceso porque cuando eran
comunicados a sus apoderados, por la distancia y los costos económicos era
imposible su contradicción al momento de su realización; lo anterior, trajo como
consecuencia la imposición de la sanción. Aduce, que en la investigación se
estaba considerando un proceder errado y por ello el señor Lindor Emilio
Palacios Lloreda elevó una petición a la dependencia expedita para interpretar
la norma en cuestión, es decir a la Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina,
que a su parecer dio una respuesta fuera de contexto.
Afirmó, que no es posible que por error en la interpretación de una ley se
sancione o condene aún servidor público, puesto que este actúa creyendo que
invenciblemente esta haciendo bien su trabajo y que esa conducta no constituye
falta disciplinaria. Agrega, que en gracia de discusión y dada la convicción con
que aplicó el inciso 2º del artículo 647 del Estatuto Tributario la demandada debió
darle aplicación al numeral 6º del artículo 28 de la Ley 734 de 2002.
Finalmente, dijo que el operador disciplinario no realizó un análisis integral de la
prueba, ya que no tuvo en cuenta las favorables y desfavorables a los
investigados y su contenido no fue valorado en la circunstancias de tiempo, modo
y lugar en que se dieron los hechos.
Normas violadas y concepto de violación.
El abogado de la parte actora señaló como normas violadas las siguientes:
La Constitución Política, artículo 29 y 53
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Nº Interno: 1194-2019
Demandantes: Lindor Emilio Palacios Lloreda y Yaneth Palacios Copete
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN -
Decreto 4048 de 2008, articulo 20
Ley 734 de 2002, nueral 6º del artículo 28.
2. La contestación de la demanda.
La apoderada de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN -
mediante memorial del 21 de junio de 20174, contestó la demanda presentada
por el señor Lindor Emilio Palacios Lloreda y la señora Yaneth Palacios Copete,
en la cual se opuso a todas y cada una de las pretensiones conforme a los
siguientes argumentos:
Expone la abogada, que dentro del proceso disciplinario se demostró la
existencia de la falta cometida por los sujetos disciplinarios puesto que aquellos
incurrieron en una conducta típica y sustancialmente ilícita, dado que la
liquidación que efectuaron fue contraria materialmente a la normatividad
tributaria, acomodando su comportamiento a la infracción del deber de respetar
los decretos señalados para tal fin, esto es, el Estatuto Tributario.
Adicionalmente, los funcionarios afectaron sustancialmente no solo ese deber
funcional sino también violentaron los principios de eficacia y eficiencia de la
función pública, en la medida que liquidaron la sanción por un menor valor del
que realmente le corresponde a la DIAN imponer y hacer exigible.
Alega, que el operador disciplinario acreditó la responsabilidad de los
disciplinados, ya que si bien no orientaron su voluntad a la vulneración de la ley
tributaria, si obraron con imprecisión y falta de diligencia en la interpretación de
la norma con base en la cual debían liquidar la sanción, desconociendo con ello
las reglas de obligatorio cumplimiento, es decir, el inciso 2º del artículo 647 del
Estatuto Tributario.
Sostiene, que en los fallos proferidos por su defendida se analizó la formación
profesional de los investigados y la amplia experiencia que tiene en la entidad, la
cual data desde los años 1990, por eso se consideró que para ellos era posible
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Folios 271 a 284
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Nº Interno: 1194-2019
Demandantes: Lindor Emilio Palacios Lloreda y Yaneth Palacios Copete
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN -
solventar el yerro al momento de aplicar la normatividad correspondiente al caso,
pues solo bastaba con hacer un ejercicio de revisión detenido de la disposición
(artículo 647, inciso 2 º del Estatuto Tributario) para establecer su aplicación,
ahora, en última instancia pudieron consultar con sus superiores o servidores del
nivel central que pudieran despejar las dudas que se tuvieran sobre el caso en
particular.
Indica, que en materia disciplinaria operan los tipos abiertos o en blanco los
cuales requieren para su complementación acudir a las normas del
ordenamiento que se observen desatendidas. Explica, que en el caso concreto
la tipificación se realizó conforme al numeral 1º del artículo 34 del Código
Disciplinario, porque se hizo una aplicación errada del inciso 2º del artículo 647
del Estatuto Tributario.
Finalmente, recordó que cada una de las actuaciones adelantadas dentro del
procedimiento disciplinario fueron surtidas respetando el debido proceso y el
derecho a la defensa como garantía de los derechos constitucionales, por lo
tanto, no puede prosperar la solicitud de nulidad conforme a lo preceptuado en
el artículo 29 constitucional.
3. Sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo del Chocó, mediante sentencia del 11 de octubre de
20185, negó las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes
argumentos:
El a quo consideró, que la entidad demandada para imponer la sanción de los
actores realizó una interpretación y valoración integral de las pruebas
recaudadas, de manera tal, que la llevaron a la convicción razonada de que los
accionantes no actuaron con la eficiencia, diligencia y cuidado mínimo, lo que
determinó erradamente la sanción por inexactitud en el impuesto sobre la renta
del año gravable 2010 inobservando las reglas tributarias de obligatorio
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Folios 304 a 309
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Nº Interno: 1194-2019
Demandantes: Lindor Emilio Palacios Lloreda y Yaneth Palacios Copete
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN -
cumplimiento; todo ello, en perjuicio de los intereses del Estado y con
perturbación del servicio a cargo de la DIAN. Tal conducta, halló cabida como
falta disciplinaria a modo de incumplimiento de los deberes de los servidores
públicos previstos en el artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y el inciso 2º del artículo
647 del Estatuto Tributario.
Manifestó, que es innegable que en los actos administrativos cuestionados la
entidad demandada llevó a cabo un análisis integral de las piezas procesales y
explicó y justificó porque dio credibilidad a unas pruebas y se apartó de otras, a
partir de las cuales halló disciplinariamente responsable a los actores, por ende
el hecho de que estén en desacuerdo con el razonamiento no implica que se
hayan configurado los cargos de violación al debido proceso, al derecho a la
igualdad y la prohibición de la responsabilidad objetiva en materia disciplinaria.
Por esto, la demandada fue consistente, evidente y coherente en el raciocinio
que realizó al momento de apreciar las pruebas.
Agregó, que mal puede esta instancia realizar un juicio de corrección de la
actuación disciplinaria, como pretende la parte actora, en tanto que esto
conllevaría a afirmar que cualquier defecto procesal tiene el poder de erosionar
la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos.
Para finalizar, se concluyó que las decisiones administrativas acusadas se
apoyaron en pruebas regularmente aportadas a la investigación disciplinaria,
cuya apreciación integral de los testimonios, documentos e inspecciones llevaron
a la entidad a la convicción de que los actores cometieron la falta por la cual
resultaron suspendidos en el ejercicio del cargo; en consecuencia, no están
probados los vicios formulados en la demanda.
4. El recurso de apelación
Mediante escrito del 23 de octubre de 20186, el apoderado de los demandantes
presentó recurso de apelación contra la sentencia del 11 de octubre del mismo
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Folios
8
Nº Interno: 1194-2019
Demandantes: Lindor Emilio Palacios Lloreda y Yaneth Palacios Copete
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN -
año, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, en los siguientes
términos:
Sostiene, que si la demandada quería tener certeza con relación a la
interpretación que se le debía dar al artículo 647 del Estatuto Tributario, debió
ordenar el decreto de la prueba sugerida por el señor Luis Bill Céspedes García
en su declaración. Dicha situación, fue puesta en conocimiento del tribunal por
este extremo procesal pero este no tuvo en cuenta la valoración de esa prueba
que era de vital importancia. Por lo anterior, se evidencia la violación del debido
proceso por el desconocimiento del mandato dispuesto en el artículo 142 de la
Ley 734 de 2002 y por la inaplicación del principio de la investigación integral.
Por último, manifiesta el abogado que no comparte la decisión tomada por el
tribunal porque aún si sus representados hubieren incurrido en un error al darle
una interpretación errada a la norma tributaria, se debió considerar que los
demandantes tenían la creencia plena de que su actuar fue conforme a derecho
al efectuar la tasación de la sanción por inexactitud, razón por la cual, se
configuró la causal eximente de responsabilidad en el numeral 6º del artículo 28
de la Ley 734 de 2002.
5. Alegatos de conclusión
Mediante auto del 22 de noviembre de 2019, se corrió traslado a las partes para
que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera el respectivo
concepto7, conforme a lo previsto en el numeral 4º del artículo 247 del Códígo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ahora bien,
de acuerdo con el informe secretarial del 11 de marzo de 20208, las partes
presentaron sus alegatos y el Ministerio Público allegó concepto.
5.1. De la parte demandante.
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Folio 340
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Folio 359
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Nº Interno: 1194-2019
Demandantes: Lindor Emilio Palacios Lloreda y Yaneth Palacios Copete
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN -
A través de escrito del 22 de enero de 20209, el apoderado de la parte actora se
ratificó en todo lo expuesto en el libelo demandatorio y en el recurso de
apelación. Insiste, en que para tener certeza respecto de la interpretación que la
entidad demandada debe darle al inciso 2º del artículo 647 del Estatuto Tributario
debió hacerse decretando la prueba sugerida por el señor Luis Bill Céspedes
García, y como ello no ocurrió, claramente se desconoció el mandato del artículo
142 de la Ley 734 de 2002, conllevando a la violación del debido proceso.
Reiteró, que un error en la interpretación de la ley no debe generar ninguna
condena o sanción para los servidores públicos.
5.2. De la parte demandada.
Mediante memorial radicado el 3 de febrero del 202010, el abogado de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN- presentó alegatos de
conclusión convalidando todo lo expuesto en la contestación de la demanda.
5.3. Del Ministerio Público.
Con escrito de 21 de febrero de 202011, la Procuraduría Delegada ante el
Consejo de Estado presentó concepto número 36-2020 SIAF 2020-118485, en
el cual se refirió al caso concreto en los siguientes términos:
Expuso, que es claro para el Ministerio Público que el contribuyente en ese caso
tenia dos sumas negativas en su contra, la primera y más significativa era el
saldo a favor reportado por este y la segunda el saldo a pagar liquidado por la
administración de impuestos; de ahí, que lo obvio era calcular la sanción por
inexactitud con el saldo a favor reportado por el contribuyente y esa omisión fue
la que constituyó el incumplimiento del deber contenido en la ley y previsto como
falta disciplinaria.
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Folios 344 a 349
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Folios 352 y 353
11
Folios 354 a 358
10
Nº Interno: 1194-2019
Demandantes: Lindor Emilio Palacios Lloreda y Yaneth Palacios Copete
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN -
Insiste, en que es claro que si hubo tipicidad de la conducta puesto que para
aplicar la sanción por inexactitud debía tenerse en cuenta el saldo a favor
reportado por el contribuyente, pues de lo contrario la sanción quedaría en nada
y sería justamente la entidad encargada de imponer el castigo la que eludiera su
deber, por lo tanto las conductas de los disciplinados si estaban contenidas en
los deberes a cargo de los servidores públicos.
En conclusión, ratificó que estudiados los argumentos centrales y base del
ataque en contra de los actos administrativos demandados, que la actuación
disciplinaria adelantada por la DIAN estuvo ajustada a los procedimientos y fue
decidida con forme a la lógica sancionatoria, ya que fue evidente que los
servidores públicos disciplinados con la omisión de tomar como base la
liquidación de la sanción el saldo a favor reportado por el contribuyente, dejó sin
piso la sanción prevista en la ley para esos casos.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
El presente asunto es competencia de esta Corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de
Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
2. Problema jurídico
La Sala debe estudiar en los términos del recurso de apelación interpuesto por
el apoderado de los demandantes, si procede revocar el fallo de primera
instancia, dado que de acuerdo al criterio del abogado existió violación al debido
proceso por desconocimiento del artículo 142 de la Ley 734 de 2002, y se
evidencia una ausencia de responsabilidad por interpretación errónea de la
norma que se debió utilizar al efectuar la tasación de una sanción por inexactitud.
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Nº Interno: 1194-2019
Demandantes: Lindor Emilio Palacios Lloreda y Yaneth Palacios Copete
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN -
Con el fin de resolver el problema jurídico, la Sala abordará los siguientes
aspectos: 2.1 Actuación disciplinaria y 2.2 Caso concreto.
2.1 Actuación disciplinaria.
Revisado el expediente administrativo, la Sala encuentra que a través de auto
de 1001-2012 la Subdirección de Gestión del Control Disciplinario Interno de la
DIAN, inició una indagación preliminar contra funcionarios en averiguación.
El 22 de marzo de 201313, la Subdirección de Gestión del Control Disciplinario
Interno de la DIAN abrió investigación disciplinaria bajo el radicado 213-303-
2013-20 contra el señor Lindor Emilio Palacios Lloreda y la señora Yaneth
Palacios Copete.
Mediante auto del 15 de abril de 201414, la Subdirección de Gestión del Control
Disciplinario Interno de la DIAN prorrogó el término de la investigación
disciplinaria por el término de 4 meses.
A través de auto de 1079-133 del 3 de octubre de 201415, la entidad demandada
cerró la investigación dentro del expediente disciplinario 213-303-2013-20; así
mismo, con providencia del 30 de enero de 201516 la Subdirección de Gestión
del Control Disciplinario Interno de la DIAN profirió pliego de cargos contra los
señores Lindor Emilio Palacios y la señora Yaneth Palacios Copete.
Con providencia del 23 de abril de 201517, la Subdirección de Gestión del Control
Disciplinario Interno de la DIAN decretó unas pruebas dentro del expediente
disciplinario 213-303-2013-20.
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Folios 33 y 34 cuaderno pruebas 1
13
Folios 93 a 95
14
Folios 96 y 97
15
Folios 98 y 99
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Folios 102 a 136
17
Folios 137 y 138
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Nº Interno: 1194-2019
Demandantes: Lindor Emilio Palacios Lloreda y Yaneth Palacios Copete
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN -
Mediante auto 1059-22 del 11 de septiembre de 201518, la Subdirección de
Gestión del Control Disciplinario Interno de la DIAN cerró el periodo probatorio y
corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos del conclusión.
La Subdirección de Gestión del Control Disciplinario Interno de la DIAN, con
Resolución 012044 del 7 de diciembre de 201519profirió fallo de primera instancia
dentro de la investigación disciplinaria 213-303-2013-20, declarando
disciplinariamente responsables al señor Lindor Emilio Palacios Lloreda y a la
señora Yaneth Palacios Copete.
A través de Resolución 002329 del 30 de marzo de 201620, la Dirección General
de la Unidad Administrativa Especial – DIAN resolvió el recurso de apelación
interpuesto por los disciplinados, confirmado en todas sus partes la Resolución
012044 del 7 de diciembre de 2015.
2.2 Caso concreto.
En el sub lite el señor Lindor Emilio Palacios Lloreda y la señora Yaneth Palacios
Copete, por conducto de apoderado judicial, solicitaron que se declare la nulidad
de las Resoluciones 012044 del 7 de diciembre de 2015 y 002329 del 30 de
marzo de 2016, proferidos por el Subdirector de Gestión de Control Disciplinario
Interno de la DIAN y por el Director General de la Unidad Administrativa Especial
– DIAN, mediante los cuales se declaró responsables a los actores
suspendiéndolos del ejercicio del cargo por el término de 2 meses y se resolvió
un recurso de apelación confirmando la decisión.
2.2.1. Violación al debido proceso por desconocimiento del artículo 142 de
la Ley 734 de 2002.
Sostiene el apoderado de los demandantes, que si la demandada quería tener
certeza con relación a la interpretación que se le debía dar al artículo 647 del
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Folios 153 y 154
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Folios 20 a 42
20
Folios 62 a 84
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Nº Interno: 1194-2019
Demandantes: Lindor Emilio Palacios Lloreda y Yaneth Palacios Copete
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN -
Estatuto Tributario, debió ordenar el decreto de la prueba sugerida por el señor
Luis Bill Céspedes García en su declaración. Dicha situación, fue expuesta en
conocimiento del tribunal por este extremo procesal pero este no tuvo en cuenta
la valoración de esa prueba que era de vital importancia. Por lo anterior, se
evidencia la violación del debido proceso por el desconocimiento del mandato
dispuesto en el artículo 142 de la Ley 734 de 2002 y por la inaplicación del
principio de la investigación integral.
Para resolver el vicio de nulidad propuesto por el abogado de la parte actora es
necesario precisar todo lo concerniente al debido proceso en materia
disciplinaria; posteriormente, la Sala se referirá al principio de investigación
integral y a la apreciación integral de la prueba en materia sancionatoria.
2.2.1.1. Del debido proceso.
En reiteradas ocasiones esta Colegiatura se ha referido al debido proceso como
un derecho de rango superior, el cual busca que las garantías que hacen parte
del ordenamiento jurídico irriguen todas las actuaciones judiciales y
administrativas, por su parte el artículo 29 Constitucional establece que “(…)
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio (…)”21.
El referido derecho hace parte de los principios rectores que integran la ley
disciplinaria; así, el artículo 6º de la Ley 734 de 2002, señala que: “El sujeto
disciplinable deberá ser investigado por el funcionario competente y con
observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del
proceso, en los términos de este código y de la ley que establezca la estructura
y organización del Ministerio Público”.
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“Constitución Política de Colombia. ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas”.
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Nº Interno: 1194-2019
Demandantes: Lindor Emilio Palacios Lloreda y Yaneth Palacios Copete
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN -
En ese sentido, esta Corporación en sentencia del 18 de noviembre de 201922,
expuso:
“(…)
Al respecto, es pertinente señalar que el derecho al debido proceso goza de
una naturaleza dual, la cual se manifiesta en una perspectiva formal y otra,
material. La primera se refiere a las ritualidades legalmente establecidas,
como lo son las etapas que deben surtirse, los términos que han de
cumplirse, las oportunidades de actuación procesal, entre otras. Por otro
lado, su dimensión material alude a las garantías sustanciales en las que se
proyectan esas formalidades, entre las cuales pueden destacarse el
principio de publicidad, la doble instancia, la presunción de inocencia, la
imparcialidad, el non bis in idem y el derecho a solicitar y contradecir las
pruebas, entre muchas otras.
Con base en esa distinción, es plausible aseverar que no toda violación a la
dimensión formal del debido proceso debe traducirse inexorablemente en la
anulación de la actuación procesal afectada, pues para tales efectos será
necesario que aquella transgresión se proyecte en la esfera material de
protección de aquel derecho. En armonía con ello, se ha sostenido en
cuanto a las irregularidades procesales que, para que puedan afectar la
validez de lo actuado en el procedimiento disciplinario, tienen que ser
determinantes, de manera que, cuando se resguardan las garantías
sustanciales con que cuentan los disciplinados para ejercer su derecho de
defensa, los yerros procesales de menor entidad no pueden aducirse a
efectos de anular el acto administrativo sancionatorio.
Sobre tal aspecto, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:
[…] no toda irregularidad se puede calificar como violación al debido
proceso, sino que éste se afecta cuando hay privación o limitación del
derecho de defensa, que se produce en virtud de concretos actos de los
órganos jurisdiccionales que entraña mengua del derecho de intervenir en
el proceso en que se ventilan intereses al sujeto, respecto de los cuales las
decisiones judiciales han de suponer modificación de una situación jurídica
individualizada. Si bien es cierto "toda clase de actuaciones judiciales",
pueden acarrear una violación al debido proceso, la connotación
constitucional se da si alguna de las partes es ubicada en tal condición de
indefensión que afectaría el orden justo, violándolo ostensiblemente […]23
[Negrillas fuera de texto].
22
Sentencia del 18 de noviembre de 2018; CP William Hernández Gómez; Exp. 25000-23-42-000-2015-04572-01
(1706-17); Demandante: Sandra Rocío Sánchez Gómez vs Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional.
23
Sentencia T-267 del 7 de marzo de 2000, Corte Constitucional. En este sentido también puede leerse el auto 029A
del 16 de abril de 2002, en el que dicha Corporación sostuvo que: «[…] ha de valorarse si la irregularidad observada
tiene la capacidad de alterar de manera grave el proceso, tornándolo en injusto, es decir, violatorio del debido
proceso. En consecuencia, sólo cuando además del vicio procesal se vulnera el fin buscado con la norma, ha de
dictarse la nulidad de lo actuado. Por el contrario, cuando la irregularidad no impide la realización efectiva de la función
o propósito perseguido por el instrumento procesal, no puede endilgarse de injusto e indebido el proceso. De otra
parte, el vicio debe ser trascendente; es decir, que de no haberse producido, otra hubiera sido la evolución del
proceso. Por ende, si se incurre en una grave irregularidad en un fallo, pero el fallo de reemplazo debe dictarse en el
mismo sentido del anterior, a pesar del defecto es improcedente la nulidad por falta de trascendencia del vicio […]».
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En efecto, el anterior postulado es coherente con el llamado principio de
trascendencia que consagra el artículo 310, numeral 1, de la Ley 600 de
2000, aplicable al proceso disciplinario en virtud del artículo 143 de la Ley
734 de 2002, que en su parágrafo dispone la incorporación de los principios
que, en materia penal, orientan la declaratoria de nulidad y su convalidación.
En efecto, dicha norma establece lo siguiente:
[…] No se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad para
la cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho a la defensa.
[…]
En síntesis, el desconocimiento del derecho al debido proceso debe ser
trascedente y determinante para considerar que se ha configurado un vicio
capaz de hacer que se anule el acto administrativo sancionatorio.
(…)”
En ese orden de ideas, la Sala coincide con las líneas jurisprudenciales de la
Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que advierten que no toda
irregularidad es constitutiva de la violación al debido proceso.
2.2.1.2. Del principio de investigación integral y de la apreciación integral
de la prueba en materia sancionatoria.
La disposición en materia disciplinaria desarrolla el principio de investigación
integral, como la oportunidad que tiene la administración para adelantar las
pesquisas pertinente dentro del procedimiento administrativo sancionador con el
fin de recaudar un acervo probatorio que no solo apunte a probar la falta
disciplinaria del funcionario investigado; sino que también, observe las pruebas
que puedan desvirtuar o desestimar la responsabilidad de aquel.
Sobre lo anterior, esta Corporación se ha manifestado en sentencia del 25 de
enero de 201824, cuando expuso:
“(…)
En cuanto a la apreciación del material probatorio, la Ley 734 de 2002 en el
artículo 141 señaló también, que esta debe hacerse según las reglas de la
24
Sentencia del 25 de enero de 2018; CP. William Hernandez Gómez; Exp. 70001-23-33-000-2013-00277-01 (1498-
2015); Demandante: Ruby del Carmen Acosta Bertel y otros.
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sana crítica25, de manera conjunta y con explicación en la respectiva
decisión del mérito de las pruebas en que esta se fundamenta. Sobre el
particular la Subsección A advirtió26:
« […] No puede perderse de vista que en los procesos disciplinarios, como
lo ha precisado en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional y el Consejo
de Estado, el operador disciplinario cuenta con una potestad de valoración
probatoria más amplia que la del mismo operador judicial penal27, que le
autoriza para determinar, en ejercicio de una discrecionalidad razonada,
cuándo obran en un determinado proceso pruebas suficientes para moldear
la convicción respecto de la ocurrencia o no de los hechos, los que, a su
vez, le conducen a la certidumbre de la comisión de la falta y de la
responsabilidad del investigado. Así se colige del texto mismo de las
disposiciones sobre el recaudo y valoración de pruebas consagradas en la
Ley 734 de 2002, tales como el artículo 128, 129, 141 y 142, entre otros […]»
(Subraya fuera de texto).
Finalmente, el artículo 142 ibidem, indica, de manera precisa que «[…] No
se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que
conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad
del investigado […]». De esta manera, la autoridad disciplinaria en el
momento de emitir la decisión condenatoria, debe tener la convicción y la
certeza probatoria de que efectivamente el servidor público incurrió en la
falta que se le imputa. La existencia de dudas al respecto, implica
necesariamente que estas se resuelvan en favor del investigado, en
aplicación del principio in dubio pro disciplinado, toda vez que no logró
desvirtuarse su presunción de inocencia.
(…)”
Conforme lo anterior, la Sala estima que (i) el operador disciplinario cuenta con
una potestad más amplia que los jueces al momento de valorar las pruebas que
reposan en el procedimiento administrativo sancionador; y (ii) este debe buscar
las pruebas para formar un juicio de convicción que llegue a la certeza de que
efectivamente el servidor público incurrió en la falta que se le endilga.
25. En sentencia del 8 de abril de 1999, expediente 15258, magistrado ponente: Flavio Augusto Rodríguez Arce, el
Consejo de Estado sostuvo que la valoración probatoria corresponde a las operaciones mentales que hace el juzgador
al momento de tomar la decisión para conocer el mérito y la convicción de determinada prueba. Por su parte la sana
crítica, es la comprobación hecha por el operador jurídico que de acuerdo con la ciencia, la experiencia y la costumbre
sugieren un grado determinado de certeza de lo indicado por la prueba.
26
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Consejero ponente:
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Bogotá, D.C, 13 de febrero de dos mil catorce (2014). Radicación: 11001-03-
25-000-2011-00207-00(0722-11). Actor: Plinio Mauricio Rueda Guerrero. Demandado: Fiscalía General de La Nación.
27
Al respecto en sentencia T-161 de 2009, Magistrado Ponente Mauricio González Cuervo ha precisado la Corte: «
[…] En cuanto a la autoridad pública encargada de adelantar el proceso penal es evidente que se trata de funcionarios
investidos de poder jurisdiccional cuyas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada, mientras, por regla general, el
proceso disciplinario está a cargo de autoridades administrativas cuyas decisiones pueden ser impugnadas ante la
jurisdicción contencioso administrativa; además, en materia de tipicidad la descripción de la conducta señalada en la
legislación penal no atiende a los mismos parámetros de aquella descrita por la legislación disciplinaria, pues en ésta
última el operador jurídico cuenta con un margen mayor de apreciación, por cuanto se trata de proteger un bien
jurídico que, como la buena marcha, la buena imagen y el prestigio de la administración pública, permite al “juez
disciplinario” apreciar una conducta y valorar las pruebas con criterio jurídico distinto al empleado por el funcionario
judicial, teniendo en cuenta, además, que en el proceso disciplinario se interpreta y aplica una norma administrativa
de carácter ético […]».
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Ahora bien, en el caso sub examine el apoderado de los demandantes insiste en
que la DIAN debió practicar una prueba que sugirió en su momento el señor Luis
Bill Céspedes García quien para el momento de los hechos se desempeñaba
como Subdirector de Gestión de Fiscalización Tributaria de la DIAN; advierte el
abogado, que dicho material probatorio era de vital importancia para demostrar
la ausencia de responsabilidad disciplinaria de los implicados, por ello, la Sala
estima necesario traer a colación la declaración rendida por el funcionario antes
mencionado, con el fin de establecer cual era su importancia dentro del proceso.
Declaración del 24 de julio de 2015, rendida por el señor Luis Bill Céspedes
García: “(…) PREGUNTADO: Sírvase precisar al Despacho si era procedente
que el funcionario auditor no determinara la base en el total de inconsistencia
que propone modificar con el requerimiento especial, teniendo en cuenta que
para el efecto presuntamente excluyó unos gastos de depreciación aduciendo
diferencias de criterios de conformidad con lo establecido en el artículo 647 del
Estatuto Tributario, y unos costos carecían de soporte y/o soportados con
facturas que no cumplían requisitos. CONTESTÓ: De acuerdo con mi formación
y experiencia profesional no considero suficiente la misma para resolver la
pregunta formulada anteriormente; considero que dicha solicitud debe ser
planteada a un perito; en este sentido, una persona preferiblemente con
formación de abogado especializado en derecho tributario y con varios años de
experiencia en auditoria. En el Despacho de la Dirección de Gestión de
Fiscalización se encuentra el funcionario HÉCTOR RUEDA que creo podría
servir de perito técnico o también alguno de los auditores (…) PREGUNTADO.
Sírvase precisar cuál es la interpretación dada al artículo 647 del Estatuto
Tributario y si dicho criterio es único para todas las Divisiones de Gestión de
Fiscalización de las diferentes Direcciones Seccionales o si cabe la posibilidad
de interpretarlo de manera diferente. CONTESTÓ. Considero que la única área
de la Entidad facultada interpretar las normas tributarias y emitir conceptos, es la
Dirección de Gestión Jurídica (…)”28.
28
Foliso 470 y 471 cuaderno de pruebas 3
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De la anterior declaración, la Sala observa que el señor Luis Bill Céspedes
García solicitó que se practicaran dos pruebas a saber: (i) que la solicitud se le
planteara a un perito abogado especialista en derecho tributario y para ello dio el
nombre del señor Héctor Rueda el cual trabajaba en el Despacho de la Dirección
de Gestión de Fiscalización de la DIAN; y (ii) que la consulta de interpretación
del artículo 647 del Estatuto Tributario se elevara a la Dirección de Gestión
Jurídica.
Como quiera que una de las pruebas era solicitar la intervención del señor Héctor
Fernando Rueda Torres, la entidad demandada lo convocó para que rindiera
declaración juramentada sobre los hechos materia de investigación, así:
Declaración juramentada rendida por el señor funcionario Héctor Fernando
Rueda Torres: “(…) PREGUNTADO: Señale este Despacho cuál es su
ubicación actual dentro de la Entidad el cargo que ostenta. CONTESTO: Soy
Inspector III en la Dirección de Gestión de Fiscalización Tributaria Acto seguido
se le colocan de presente al declarante los folios 4 al 27 del expediente
disciplinario. PREGUNTADO. Sírvase precisar al Despacho si era procedente
que el funcionario auditor no determinara la base de la sanción con base en el
total de inconsistencias que propone modificar con el requerimiento especial,
teniendo en cuenta que para el efecto presuntamente excluyó unos gastos de
depreciación aduciendo diferencias de criterios de conformidad con lo
establecido en el articulo 647 del Estatuto Tributario, y unos costos que
carecían de soportes y/o soportados con facturas que no cumplían requisitos.
CONTESTO. Ateniéndome a lo que dice la norma en el articulo 647 del
Estatuto Tributario, establece los casos en que procede la sanción por
inexactitud expresamente; esto quiere decir que al estar señalados en la
norma no admite interpretación; en ese orden de ideas, en el expediente debe
obrar las pruebas en que se sustentan los valores rechazados para efectos de
determinar la base de la sanción; es decir si se trata de una diferencia de
criterios debe estar demostrado. Para el cálculo de la base de la sanción de
inexactitud cuando la liquidación privada tiene un saldo favor, y la liquidación
propuesta un saldo a pagar, se deben sumar los dos valores, como quiera que
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esa es la operación matemática que se debe hacer sobre lo que le da debe
calcular el 160%; y los valores que el funcionario en su momento depuró de la
base deben estar plenamente demostrados. En el evento de que se hubieran
rechazado costos inexistentes en razón que los proveedores no fueron
localizados, o que no prestan el servicio o que no vendan el bien en realidad,
estaríamos ante una operación simulada que constituiría fraude fiscal y por
ende la sanción de inexactitud si es procedente en ese caso, lo cual no veo
que haya hecho. El funcionario ha debido probar los hechos por los cuales
depuró la base para el cálculo de la sanción por inexactitud. No se cómo el
funcionario determinó la base de $ 806.000 para imponer la sanción; ya que lo
que debió hacer es sumar el saldo a favor de $ 46'769.000 con el valor de
impuesto a pagar $ 11'011.000; lo cual da como resultado $ 57'780.000 que
seria la base para el cálculo de la sanción por inexactitud, y pues en gracia de
discusión al depurar la base con lo que el funcionario rechazó no le encuentro
lógica matemática al valor determinado de $ 806.000; no sé cómo los sacó.
PREGUNTADO: Sírvase manifestar al Despacho si para la liquidación de la
sanción era procedente tomar como base el valor a pagar sin tener en cuenta
el saldo a favor que declaró el contribuyente en el periodo investigado.
CONTESTO. No, porque si tiene que tener en cuenta el saldo a favor de la
liquidación privada; este es un error que muchos auditores lo cometen por
desconocimiento de las bases matemáticas. PREGUNTADO. Sírvase precisar
cuál es la interpretación dada al articulo 647 del Estatuto tributario y si dicho
criterio es único para todas las Divisiones de Gestión de Fiscalización de las
diferentes Direcciones Seccionales, o si cabe la posibilidad de ser interpretado
de manera diferente. CONTESTÓ. Es posible que lo interpreten de manera
diferente, aunque hay jurisprudencia y doctrina que ayuda mucho a la
interpretación, pero cada caso es diferente. Las causales por las cuales que
se aplican están en el artículo 647 del E.T. pero hay que verificar en cada caso
cual se aplica o no con la ayuda de la jurisprudencia y la doctrina que pueden
decir qué es un dato falso, equivocado o desfigurado; pero siempre prima la
realidad del contribuyente (…)”29.
29
Folios 488 y 489 cuaderno de pruebas 3
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Ciertamente, la Sala estima que del material probatorio antes visto se puede
concluir que la entidad demandada si solicitó una de las pruebas que anuncio el
señor Luis Bill Céspedes García, esto es, la declaración jurada del señor Héctor
Fernando Rueda Torres, el cual indicó que los disciplinados desatendieron el
inciso 2º del artículo 647 del Estatuto Tributario en la medida que “(…) La
sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) de
la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso,
determinado en la liquidación oficial, y el declarado por el contribuyente o
responsable. Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que
se genere al modificar el impuesto declarado por el contribuyente (…)”30.
Además, explicó que la norma antes señalada no necesitaba mayor
interpretación porque aquella trae los casos específicos en los que se debe
aplicar la liquidación para la sanción por inexactitud.
En efecto, la Sala considera que la entidad demandada encontró en las
declaraciones rendidas por los funcionarios y en las pruebas documentales que
reposan en el expediente administrativo, la certeza de que los disciplinados eran
responsables de la conducta endilgada, pues al inobservar la aplicación del
inciso 2º del artículo 647 del Estatuto Tributario desatendieron los deberes
contenidos en el numeral 1º del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Ahora bien,
respecto a la prueba concerniente a solicitar un concepto a la Dirección de
Gestión Jurídica de la DIAN, la Sala observa que los demandantes no pidieron
esta prueba en ninguna de las instancias dispuestas para ello31; por tal razón, el
cargo de nulidad invocado no esta llamado a prosperar, en la medida que la
demandada no inobservó el artículo 142 del Código Disciplinario Único y por el
30
Decreto 624 de 1989 artículo 647 texto original
31
Sentencia del 4 de noviembre de 2010, Exp. 63001-23-31-000-2004-00151-01 (0639-10); Demandante: Héctor
Javier Rivera Blandón. “(…) De esta manera la posibilidad de demandar ante la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa las providencias que culminan el proceso disciplinario, no implica trasladar, de cualquier manera, a la
sede contenciosa administrativa el mismo debate agotado ante las autoridades disciplinarias. Dicho de otra manera,
el juicio que se abre con la acción de nulidad, no es una simple extensión del proceso disciplinario, sino que debe ser
algo funcionalmente distinto, si es que el legislador consagró el debido proceso disciplinario como el lugar en que
debe hacerse la crítica probatoria y el debate sobre la interrelación de la normatividad aplicable como soporte de la
sanción, además del principio de la doble instancia, como una de las garantías más importantes para ser ejercidas
en el interior del proceso. Bajo esta perspectiva, el control de legalidad y constitucionalidad de los actos de la
administración, que la Constitución ha confiado a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, implica una
especial cualificación y depuración del debate, pues dicho control no puede convertirse en un nuevo examen
de la prueba como si de una tercera instancia se tratara (…)”
21
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contrario respetó el derecho al debido proceso dentro de toda la actuación
administrativa llegando a la certeza de la responsabilidad endilgada.
2.2.2 Ausencia de responsabilidad por interpretación errónea de la norma.
Manifiesta el abogado de los demandantes, que no comparte la decisión tomada
por el tribunal porque aún si sus representados hubieren incurrido en un error al
darle una interpretación errada a la norma tributaria, se debió considerar que los
demandantes tenían la creencia plena de que su actuar fue conforme a derecho
al efectuar la tasación de la sanción por inexactitud, razón por la cual, se
configuró la causal eximente de responsabilidad en el numeral 6º del artículo 28
de la Ley 734 de 2002.
Para desatar el vicio de nulidad, es necesario precisar que el artículo 28 de la
Ley 734 de 2002 prevé las causales de exclusión de responsabilidad, así:
“(…)
Artículo 28. Causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria.
Está exento de responsabilidad disciplinaria quien realice la conducta:
1. Por fuerza mayor o caso fortuito.
2. En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor
importancia que el sacrificado.
3. En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida
con las formalidades legales.
4. Por salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el
cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación,
proporcionalidad y razonabilidad.
5. Por insuperable coacción ajena o miedo insuperable.
6. Con la convicción errada e invencible de que su conducta no
constituye falta disciplinaria.
7. En situación de inimputabilidad. En tales eventos se dará inmediata
aplicación, por el competente, a los mecanismos administrativos que
permitan el reconocimiento de las inhabilidades sobrevinientes (…).
(…)”
Sobre la causal contenida en el numeral 6º correspondiente a la convicción
errada e invencible, el Consejo de Estado ha sostenido:
22
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“(…)
“Para que opere la exención de responsabilidad establecida en el numeral 6
del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, es obligatorio además de la existencia
del error, que éste sea invencible. Es necesario que el disciplinado tenga la
creencia plena y sincera de que actuaba ajustado al ordenamiento jurídico,
y adicionalmente, que el error de apreciación no era humanamente
superable dadas las condiciones personales del procesado y las
circunstancias en que éste se realizó, eventos en los cuales, la conducta no
es reprochable a título de dolo, porque en el encartado no hay la conciencia
de la ilicitud de su acción, sin el cual el fenómeno no se estructura. Tampoco
le puede ser reprochable a título de culpa porque actuó con el cuidado y
diligencia para determinar que su conducta no era contraria a la ley.
(…)”32.
Del precedente legal y jurisprudencial citado, la Sala estima que analizadas las
declaraciones trascritas en el pretérito los señores Lindor Emilio Palacios Lloreda
y la señora Yaneth Palacios Copete, no actuaron dentro de los parámetros de la
causal de exclusión contenida en el numeral 6º del artículo 28 de la Ley 734 de
2002, en la medida que (i) los funcionarios tenía una experiencia amplia en el
manejo de las normas tributarias sumado a la trayectoria dentro de la entidad, lo
que le daba la posibilidad de evitar el yerro en la interpretación de una norma de
obligatorio cumplimiento; (ii) ambos tienen la formación académica para
desempeñar los cargos que tenían asignados, es decir, Auditor Tributario de
Gestión y Control y Jefe de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Quibdó; (iii) pudieron elevar
las consultas necesarias para esclarecer las dudas sobre la interpretación del
inciso 2º del artículo 647 del Estatuto Tributario a sus superiores o a los
compañeros del nivel central ; y (iv) la demandada tipificó la conducta como falta
grave a título de culpa gravísima por violación manifiesta de reglas de obligatorio
cumplimiento tal como quedó demostrado dentro del procedimiento disciplinario.
Por ello, el vicio de nulidad no esta llamado a prosperar.
III. DECISIÓN
32
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 27 de febrero de 2014, Radicación: 11001-03-
25-000-2012-00888-00(2728-12) Actor: Albeiro Freddy Patiño Velasco, Consejera Ponente: Bertha Lucia Ramírez de
Páez.
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Visto lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia proferida
por el Tribunal Administrativo del Chocó que negó las pretensiones de la
demanda.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 11 de octubre de 2018, proferida
por el Tribunal Administrativo del Chocó, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO.- DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez
ejecutoriada esta providencia.
TERCERO: Se deja constancia que esta providencia se firma en forma
electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que
arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el
link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/vistas/documentos/evalidador.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada
en la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISETT IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER.
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