RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 27001-23-33-000-2017-00006-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-33-000-2017-00006-01

Prueba de la propiedad de automotores: legitimación en la causa

Fecha
17 de octubre de 2023
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-33-000-2017-00006-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó. 36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 18 de septiembre de 2023, exp. 64850, M.P. José Roberto Sáchica Méndez. 20 Radicación número: 27001233300020170000600 (70148) Actor: GUARIN MACHADO RENTERÍA Y OTROS Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA Y OTROS Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA SEGUNDO: CONDENAR en costas en esta instancia a la parte actora, para lo cual se fija por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a un (1) S.M.L.M.V. a la fecha de ejecutoria de esta providencia, en favor de la Policía Nacional. TERCERO: ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER las diligencias al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 27001-23-33-000-2017-00006-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

17 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023).

Radicación número: 27001233300020170000600 (70148)

Actor: GUARIN MACHADO RENTERÍA Y OTROS

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA Y
OTROS

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: DESTRUCCIÓN DE MAQUINARIA – Por el ejercicio de minería ilegal /
PRUEBA DE LA PROPIEDAD DE AUTOMOTORES – Legitimación en la causa
por activa / POSESIÓN – Aunque sea irregular otorga legitimación en la causa por
activa / DAÑO – Destrucción de maquinaria por parte de la Policía Nacional /
DAÑO ANTIJURÍDICO – No se configura porque la parte actora no contaba con
título minero inscrito que la habilitara para ejercer la minería.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia de 28 de octubre de 2022, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo del Chocó negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Se demandó la responsabilidad patrimonial del Estado, porque agentes de la
Policía Nacional destruyeron una maquinaria utilizada, aparentemente, para
minería ilegal en el municipio de Bagadó-Chocó.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 13 de enero de 2017, los ciudadanos Guarín Machado Rentería, Nancy
Rentería Rentería, Kelly Marley Machado Rentería; los menores Edwar Stiven y
José Guarín Machado Rentería -representados por los dos primeros-, por
conducto de apoderado, presentaron demanda en ejercicio del medio de control
de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional,
para que se le declarara administrativa y patrimonialmente responsable por los
daños derivados de la destrucción de una maquinaria de propiedad del primero de
ellos, en el municipio de Bagadó-Chocó.

Radicación número: 27001233300020170000600 (70148)
Actor: GUARIN MACHADO RENTERÍA Y OTROS
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Se narró, en gran síntesis, que el señor Guarín Machado Rentería era propietario
de unas máquinas excavadoras con las que ejercía la actividad minera, pero
fueron destruidas entre el 16, 17 y 18 de septiembre de 2016, mediante un
bombardeo hecho por la Policía Nacional en el municipio de Bagadó, en el
departamento del Chocó.

Se agregó que al señor Guarín Machado se le afectó su buen nombre con
posterioridad a la destrucción de sus bienes, pues se le sindicó de pertenecer a
grupos al margen de la ley, mediante la extracción de metales preciosos.

2. Contestaciones de la demanda1

2.1. La Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Chocó
(Codechocó), señaló que no participó en los hechos materia del proceso y que las
pretensiones estaban dirigidas contra la Policía Nacional.

2.2. La Nación – Ministerio de Defensa, Policía Nacional indicó que se trató de
un operativo legítimo y que la maquinaria que se alega como destruida no
concuerda con la que fue incinerada en el operativo, además, el demandante no
tenía título minero para ejercer la actividad por la que ahora pretende que se le
indemnice.

2.3. La Agencia Nacional de Minería sostuvo que el demandante no se
encuentra en proceso de formalización minera, por lo que no estaba amparado en
solicitud de legalización para poder realizar explotación minera. Propuso la
excepción de falta de legitimación en la causa por activa.

2.4. La Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible propuso la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no tuvo
injerencia alguna en los hechos que aquí se analizan.

3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Chocó, a través de sentencia de 28 de octubre de
2022, negó las pretensiones de la demanda, tras considerar que, si bien el
demandante -a quien le otorgó legitimación en la causa por activa en calidad de

1
La demanda se admitió mediante proveído de 2 de marzo de 2017, en el cual la magistrada
ponente dispuso la vinculación de la Nación - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó
(CODECHOCO), y de la Agencia Nacional de Minería.

2

Radicación número: 27001233300020170000600 (70148)
Actor: GUARIN MACHADO RENTERÍA Y OTROS
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

poseedor y no como propietario de los bienes afectados- sufrió un daño
(destrucción de la maquinaria), este no era antijurídico, dado que era utilizada para
ejercer actividades mineras sin los requisitos legales2.

4. Recurso de apelación

La parte actora adujo que se aportó el material probatorio suficiente para
demostrar que el señor Machado Rentería tenía un contrato con el consejo
comunitario La Sierra, en tierras de titulación colectiva (Ley 70 de 1993), con
licencia ambiental otorgada por CODECHOCÓ, mediante Resolución 0563 de
2013; además, existía un procedimiento de formalización minera en curso, por lo
que cumplía todos los requerimientos establecidos para ejercer la actividad
minera.

Agregó que no se tuvo en cuenta que al señor Guarín Machado se le afectó su
buen nombre con posterioridad a la destrucción de sus bienes, pues se le sindicó
de pertenecer a grupos al margen de la ley, mediante la extracción de metales
preciosos.

Sostuvo que la Policía Nacional, al momento de destruir la maquinaria, no dio la
oportunidad para que se presentaran los documentos que soportaban la legalidad
de la actividad ejercida.

Expresó que la entidad estatal demandada, cuyos agentes bombardearon desde
el aire y tierra las máquinas del señor Guarín Machado Rentería, actuó bajo una
violación a los protocolos y procedimientos -constitucionales e internacionales-
establecidos, pues puso en peligro vidas humanas que se encontraban en el área
y causó un daño ambiental, más el perjuicio patrimonial, por cuanto el actor
cumplió a cabalidad con los requisitos normativos para realizar la actividad de
comerciante de minerales preciosos, por lo que los agentes del Estado, antes de
realizar bombardeos, debieron inspeccionar el área para determinar la legalidad
de la actividad.

2
Se precisa en este acápite que en la audiencia inicial -celebrada el 9 de octubre de 2018-, la
magistrada ponente aplazó para la sentencia la resolución de las excepciones propuestas por las
entidades vinculadas al proceso -particularmente las de falta de legitimación en la causa por
pasiva- (minuto 16:00 de la audiencia); sin embargo, en el fallo no hubo un análisis ni un
pronunciamiento en relación con ese aspecto de la litis, pues el estudio del caso se concretó en lo
siguiente: i) competencia; ii) caducidad del medio de control; iii) legitimación del actor -que se le
otorgó como poseedor-; iv) legitimación de la Policía Nacional; v) el daño y su antijuridicidad.

3

Radicación número: 27001233300020170000600 (70148)
Actor: GUARIN MACHADO RENTERÍA Y OTROS
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Aludió a una normativa que, en su criterio, regula el procedimiento y los requisitos
para la legalización de la actividad minera, del que destacó la excepción que
existe frente a la aplicación de sanciones a quienes desarrollen minería sin los
requisitos legales, mientras esté pendiente la celebración de los contratos
especiales de concesión.

En ese sentido expuso que, si los supuestos previstos en la ley se cumplen, desde
la formulación de la solicitud de legalización minera hasta que se resuelva no
habrá lugar al decomiso de los minerales extraídos ni a la suspensión de la
actividad, así como tampoco a iniciar acciones penales, además de que en la ley
se prevén aquellos proyectos mineros especiales -“explotaciones tradicionales”-
que sean realizados por personas vecinas del lugar y que, por sus características
y ubicación socioeconómicas, sean la única fuente de abastecimiento regional de
los minerales extraídos.

Concluyó que, en vigencia de la Ley 1382 de 2010, la minería tradicional se
caracteriza por adelantarse sin título minero, pero de manera continua durante al
menos 5 años y con una existencia no menor de 10 años, lo que reúne el señor
Guarín Machado, pues hace parte del consejo comunitario La Sierra, en el
departamento del Chocó, con título colectivo de la Ley 70 de 1993, comerciante de
la actividad minera en dicha colectividad por más de 10 años.

4.1. El Procurador Cuarto delegado ante el Consejo de Estado solicitó confirmar el
fallo apelado, “como quiera que en el presente caso el daño padecido por el actor
está el deber jurídico de ser soportado, por cuanto la destrucción de la maquinaria
de su propiedad se derivó de las actividades de explotación ilegal que aquél
realizaba sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional y licencia
ambiental”.

4.2. No se presentó intervención de los demás sujetos procesales.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

1. La Sala conocerá de este asunto en segunda instancia, dado que no se advierte
la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado.

2. En cuanto a la caducidad, se encuentra que la destrucción de los bienes se
produjo el 12 de septiembre de 2016 -según las actas respectivas de la Policía

4

Radicación número: 27001233300020170000600 (70148)
Actor: GUARIN MACHADO RENTERÍA Y OTROS
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Nacional-, en tanto que la demanda se presentó el 13 de enero de 2017, por lo
que se cumple este presupuesto procesal.

3. Legitimación en la causa

Por activa: la Sala encuentra que el tribunal administrativo a quo la encontró
acreditada respecto del señor Machado Rentería en calidad de poseedor, toda vez
que no demostró la propiedad de la maquinaria. Al respecto se consideró
(transcripción de forma literal):

(…) se advierte que en el sub lite, no se demostró en el marco del presente
asunto el derecho de propiedad que aquél adujo tener sobre los vehículos
objeto de su escrito inicial, interés en virtud del cual solicitó la indemnización
de los perjuicios derivados de la pérdida del mismo, en tanto si bien allegó
una prueba documental en la cual consta el contrato de compraventa que
habría celebrado para adquirir su dominio, no acreditó el modo por el cual se
radicaría en su cabeza dicho derecho y por consiguiente, no es posible en un
comienzo tener por cierta su legitimación en la causa por activa con base en
la calidad de dueño del bien en comento.

En este punto, cabe recordar que de conformidad con la actual postura de la
Sección Tercera del Consejo de Estado en relación con la forma de acreditar
la titularidad del derecho de dominio sobre vehículos automotores, es
necesario demostrar tanto el título como el modo mediante los cuales dicho
derecho fue adquirido, y sin importar si resulta aplicable la legislación
comercial o civil al acto jurídico correspondiente, la forma de probar el
segundo elemento señalado consiste en evidenciar la inscripción del título en
el registro automotor respectivo, comoquiera que se concluyó que éste no
tiene una mera naturaleza declarativa sino constitutiva del derecho en
comento (…)

(…)

Ahora, no obstante lo anterior, para la Sala se encuentra suficientemente
acreditado que el demandante ostentaba la posesión del bien objeto de su
demanda, circunstancia que para fines indemnizatorios lleva a reputarlo
dueño a menos de que otra persona justifique serlo en los términos del
artículo 7623 del C.C., y teniendo en cuenta igualmente que en oportunidades
anteriores el H. Consejo de Estado ha reconocido a los poseedores un interés
jurídico sustancial para demandar4.

(…)

En el presente asunto, se demostró la relación material y física que tenía el
señor Guarín Machado Rentería con las máquinas excavadoras, y la
realización de actos materiales sobre el mismo, presentándose
adicionalmente como su propietario ante el público en general, de lo que
3
Original de la cita: “La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o
dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que
la tenga en lugar y a nombre de él.// El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no
justifique serlo”.
4
Original de la cita: “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de marzo del 2000, exp.
12497, actor: Juan de la Cruz Castillo Vargas y otro, C.P. María Elena Giraldo Gómez y, sentencia
del 31 de agosto de 2006, exp. 41001-23-31-000-1993-07279-01 (19432), actor: Jorge Enrique
Sánchez Rodríguez, C.P. Ruth Stella Correa Palacio”.

5

Radicación número: 27001233300020170000600 (70148)
Actor: GUARIN MACHADO RENTERÍA Y OTROS
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

resulta fácil inferir que todas las actuaciones que le correspondían ejercer
en virtud de su trabajo con el bien objeto de la demanda demuestran su
calidad de poseedor, máxime si pregonaba ser su propietario ante los demás
a pesar de no haber acreditado esa condición en este proceso, relación
jurídica en virtud de la cual se tiene por demostrado su interés en las resultas
de esta controversia.

Con observancia de lo expuesto, se tiene por probada la legitimación en la
causa del demandante en su calidad de poseedor sobre el bien objeto de la
demanda y por consiguiente, presunto propietario del mismo (se destaca).

Aunque en el fallo apelado se señaló que la condición de poseedor estaba
demostrada, con suficiencia, en la persona del demandante, lo cierto es que en
esa decisión no se hizo alusión a una sola prueba que respaldara tal afirmación,
por lo que la Sala procede a determinar tal calidad.

Al respecto, el artículo 762 del Código Civil prevé:

La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o
dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o
por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él.

El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo.

Respecto a los elementos constitutivos de la posesión, tanto esta Sección5 del
Consejo de Estado, como la Corte Suprema de Justicia6 han sostenido:

La posesión, entonces, está conformada por dos elementos estructurales: el
corpus, esto es, el ejercicio de un poder material, traducido en un señorío de
hecho, que se revela con la ejecución de aquellos actos que suelen
reservarse al propietario (v.gr., los que refiere el artículo 981 del Código
Civil); y el animus domini, entendido como la voluntad o autoafirmación del
carácter de señor y dueño con el que se desarrollan los referidos actos.

Así, mientras el corpus es un hecho físico, susceptible de ser percibido
–directamente– a través de los sentidos, el animus reside en el fuero interno
del poseedor, por lo que suele tener que deducirse de la exterioridad de su
conducta. Por consiguiente, no bastará con que el pretendido usucapiente
pruebe que cercó, construyó mejoras o hizo suyos los frutos de la cosa, entre
otros supuestos, sino que deberá acreditar que, cuando lo hizo, actuó
prevalido del convencimiento de ser el propietario del bien (negrillas
adicionales).

En la demanda se indicó que los bienes que resultaron destruidos con la actuación
de la Policía Nacional fueron los siguientes:

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 19 de noviembre de 2012, radicación No. 20001-23-31-000-1998-03648-01 (21417)
B, C.P. Enrique Gil Botero; Subsección C, sentencia del 7 de octubre de 2020, radicación No.
25000-23-26-000-2011-01100-02 (50270), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
6
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 8 de septiembre de 2021,
radicación No. 11001-31-03-036-2016-00239-01 (SC3727-2021), M.P. Luis Alfonso Rico Puerta.

6

Radicación número: 27001233300020170000600 (70148)
Actor: GUARIN MACHADO RENTERÍA Y OTROS
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

EXCAVADORA HIDRÁULICA EN ORUGAS MARCA HYUNDAYI ROBEX
2I0LC'7 MODELO 2007, SERIE N° 6061 A 062 CON MOTOR CUMMIS N°
26443199 COLOR AMARILLO IMPORTADA NUEVA POR
MERCOMIL-MEDELLIN MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN
352009000173182-7 Y FACTURA N02287, EXCAVADORA MARCA
KOBELCO SK290LC, MOTOR MITSUBISHI MODELO 6D16-TLUB COLOR
AMARILLO, RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA USADA MARCA SK2LIO
SERIE YQ07- U0187 MOTOR 6D34-073556 AÑO 2004 (trascripción de
forma literal).

En el proceso obra copia del contrato de compraventa suscrito el 4 de agosto de
2014 entre el aquí demandante (comprador) y la sociedad Señales y Vías S.A.S.
(vendedora), respecto de los siguientes bienes (transcripción de forma literal, con
inclusión de errores):

Retro-excavadora hidráulica con las siguientes características:

Marca Kobelco, Modelo SK2101-C-2004, Serie YQ07-U0187, Número de
Motor 6D34-073556.

COLOR AMARILLO.

IMPORTADA NUEVA POR MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES Y EQIPOS
S.A.S. SEGÚN NÚMERO DE IMPORTACIÓN NÚMERO 4810000153372-6 Y
FACTURA No. 0569.

Retro-excavadora hidráulica con las siguientes características:

Marca Kobelco, Modelo SK200CL-1998, Serie YQU3787, Número de Motor

COLOR AMARILLO.

IMPORTADA POR GUIVECOMEX Y CIA. LTDA., SEGÚN NÚMERO DE
IMPORTACIÓN 062008100061693-2.

COLOR AMARILLO.

Asimismo, reposa la copia del contrato de compraventa suscrito el 9 de
septiembre de 2014 entre los señores Gonzalo Jiménez Moreno (vendedor) y
Guarín Machado Rentería (comprador), en relación con los siguientes bienes
(transcripción de forma literal, con inclusión de errores):

Excavadora hidráulica en orugas usada de las siguientes características:

Marca Hyundai Róbex 21OLC7, Modelo 2010, serie 'NoN6061 A 062 CON
MOTOR CUMMJS N°26443199.

COLOR AMARILLO V IMPORTADA NUEVA POR MERCOMIL-MEDELLIN
MANIFIESTO DE IMPORTACION 352009000173182-7 Y FACTURA N02287.

Excavadora usada de las siguientes características.

Marca kobelco SK2901-C, MOTOR MITSUBISHI MODELO 6D16-TLUB.

7

Radicación número: 27001233300020170000600 (70148)
Actor: GUARIN MACHADO RENTERÍA Y OTROS
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

COLOR AMARILLO.

Con base en lo anterior, lo primero que se debe advertir es que solo existe
correspondencia en dos de los bienes que habría adquirido el señor Guarín
Machado Rentería y aquellos descritos en la demanda, pues la <<EXCAVADORA
MARCA KOBELCO SK290LC, MOTOR MITSUBISHI MODELO 6D16-TLUB
COLOR AMARILLO>>, no coincide con las enunciadas en los mencionados
contratos de compraventa.

Aunque los referidos contratos, por sí solos, no resultan suficientes para acreditar
la titularidad7 de la maquinaria destruida, existe otra información que, en conjunto,
permite derivar la posesión que de ellas ejercía el aquí demandante8.

Obran las actas de ejecución de medida de destrucción de la Policía Nacional, de
fecha 12 de septiembre de 2016, suscritas, en su orden, por el comandante del
operativo en el lugar, por un integrante de la policía judicial, por un técnico
profesional en explosivos y por un técnico profesional en identificación de
automotores; allí se consignó los datos de la maquinaria, así:

Acta 1:
Tipo: Excavadora
Marca: KOBELLCO
Color: Amarillo y Gris
Modelo: por establecer.
Número de serie: LLBO03U0185
Motor: 6D16939226
Número de chasis: LLBO03U0185.

Acta 2:
Tipo: Excavadora
Marca: KOBELLCO
Color: Amarillo y Gris
Modelo: por establecer.
Número de serie: YQU3387
Motor: no porta plaqueta

7
Esta Sección del Consejo de Estado ha sostenido que la prueba idónea para acreditar la
propiedad de un vehículo automotor es la respectiva tarjeta de propiedad [sentencia del 22 de
enero de 2014, exp. 28.492, Subsección C; reiterada por esta Subsección, en sentencia de
sentencia de 5 de marzo de 2021, exp. 62.014, entre muchas otras decisiones].
8
En casos similares, esta Subsección ha reconocido la legitimación en la causa que tienen para
demandar los accionantes “cuando logran acreditar la calidad de poseedores de un bien” (se
destaca) [sentencia de 5 de marzo de 2021, exp. 62.014].

8

Radicación número: 27001233300020170000600 (70148)
Actor: GUARIN MACHADO RENTERÍA Y OTROS
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Acta 3:
Tipo: Excavadora
Marca: HITACHI
Color: Naranja y Gris
Modelo: por establecer.
Número de serie: HCM16600V00111921
Motor: 6B615293077
Número de chasis: HCM16600V00111921.

Acta 4:
Tipo: Excavadora
Marca: KOBELLCO
Color: Amarillo y Gris
Modelo: por establecer
Número de serie: YQO70U0187
Motor: 6D34073230
Número de chasis: YQO70U0187

De la anterior información se puede establecer que, al menos dos de las
excavadoras destruidas por la Policía Nacional, coinciden con los datos
contenidos en los contratos de compraventa celebrados por el actor, a saber: i) la
excavadora marca Kobellco, de serie YQ07-U0187 y ii) la excavadora, de la
misma marca, con número de serie YQU3387.

En ese sentido, si dos de los vehículos adquiridos por el demandante en 2014
corresponden a aquellos que, dos años más tarde, se encontraban en el lugar de
los hechos, ello permite evidenciar, cuando menos, que estaban bajo la tenencia o
posesión del señor Machado Rentería.

Lo anterior también se afianza en el informe rendido por un Técnico Investigador
Criminalístico II, dirigido al Fiscal 3° Seccional de turno ante la URI, Quibdó, quien,
al conceptuar sobre los “posibles daños ambientales en la explotación visitada”,
señaló (transcripción de forma literal, con inclusión de errores):

IMÁGENES N° 1. PRIMER PLANO de las retroexcavadora que estaba
causando el daño, Municipio de Bagadó, Sector Rio Tamana, Sitio o Sector
Denominado la Sierra en Departamento Chocó, sobre las coordenadas Punto
… propiedad del señor WARIN MACHADO (se destaca).

De otra parte, se tiene que en el proceso se decretó y practicó el interrogatorio del
demandante -a petición de la parte demandada-, quien afirmó, de un lado, que

9

Radicación número: 27001233300020170000600 (70148)
Actor: GUARIN MACHADO RENTERÍA Y OTROS
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

estuvo presente cuando los agentes del Estado destruyeron la maquinaria y, del
otro, que era su propietario, pero no pudo demostrarlo porque no se le dio la
oportunidad para ello9.

De conformidad con lo anterior, la Subsección estima que existe información que
permite considerar al demandante como poseedor -irregular- de algunos de los
bienes al momento de su destrucción.

En efecto, dado que no se pudo verificar la existencia de un justo título para que el
actor sea reputado como poseedor regular, sí es viable, con la información antes
relacionada, considerarlo poseedor irregular, situación jurídicamente protegida en
nuestro ordenamiento jurídico10, la cual, como lo ha considerado la Sección, “aún
pudiéndose reputar la posesión del demandante como irregular, clandestina
y de mala fe, no deja de ser posesión y es suficiente para acudir al proceso
con la correspondiente legitimación en la causa”11 (se destaca).

Por su parte, los demandantes Nancy Rentería Rentería, Kelly Marley Machado
Rentería, Edwar Stiven y José Guarín Machado Rentería demostraron ser la
esposa (la primera) e hijos (los restantes) del señor Guarín Machado Rentería,
pero, como lo ha sostenido esta Subsección12, dicha calidad no permite, por sí
sola, presumir una afectación moral por la pérdida de unos bienes materiales cuya
posesión, como se vio, solo se predica respecto del señor Machado Rentería13.

Por pasiva: la legitimación -material- de la Policía Nacional se encuentra
suficientemente demostrada, pues el acervo probatorio evidencia que sus agentes
adelantaron la diligencia el 12 de septiembre de 2016 y fueron los que destruyeron
la maquinaria respecto de la que el demandante ejercía posesión.

9
Minuto 21:56 de la audiencia de pruebas.
10
ARTICULO 764. <TIPOS DE POSESION>. La posesión puede ser regular o irregular.
Se llama posesión regular la que procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe, aunque la
buena fe no subsista después de adquirida la posesión.
Se puede ser, por consiguiente, poseedor regular y poseedor de mala fe, como viceversa, el
poseedor de buena fe puede ser poseedor irregular.
Si el título es traslaticio de dominio, es también necesaria la tradición.
La posesión de una cosa, a ciencia y paciencia del que se obligó a entregarla, hará presumir la
tradición, a menos que ésta haya debido efectuarse por la inscripción del título.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia de 3 de febrero de 2104, exp. 29.277, M.P. Enrique gil botero.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencias del 23 de abril de 2021, exp. 62075 y del 7 de mayo de 2021, exp. 51349. C.P. José
Roberto Sáchica Méndez.
13
En este mismo sentido, puede consultarse la sentencia proferida por esta Subsección el 4 de
junio de 2021, exp. 63851.

10

Radicación número: 27001233300020170000600 (70148)
Actor: GUARIN MACHADO RENTERÍA Y OTROS
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

No se predica lo mismo en relación con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo
Sostenible del Chocó y de la Agencia Nacional de Minería, entidades que fueron
vinculadas -de manera oficiosa- en el auto admisorio de la demanda, intervención
que, bueno es precisarlo, no fue sustentada en dicha decisión, pese a que frente a
ellas no hubo imputación alguna en la demanda.

Adicional a ello, a pesar de que esas tres entidades plantearon su ausencia de
participación en los hechos materia de proceso y, por ende, alegaron su falta de
legitimación en la causa por pasiva, no hubo un solo pronunciamiento frente ello,
dado que en la audiencia inicial se dejó la resolución de las excepciones a la
sentencia, pero en esta nada se dijo ni se definió, pues el análisis, como ya se
indicó en precedencia, se limitó a la legitimación del actor y de la Policía Nacional,
a la existencia del daño y de su juridicidad. En el recurso de apelación, la parte
demandante guardó silencio frente a ese aspecto.

La Subsección encuentra que ninguno de esos entes estatales cuenta con
legitimación -material- en la causa por pasiva, pues no fueron los que participaron
del operativo en el que resultaron afectadas las máquinas, además, se insiste,
respecto de aquellos no hubo imputación alguna de responsabilidad patrimonial.

4. El objeto del recurso de apelación

En el recurso de apelación, la parte actora manifestó su desacuerdo con la
sentencia de primera instancia, porque consideró que sí cumplía todos los
requisitos establecidos en la ley para ejercer la actividad minera.

5. Marco normativo de la minería tradicional y de las medidas contra la
minería ilegal

El Código de Minas -Ley 685 de 2001- regula las relaciones jurídicas en torno a la
industria minera en sus fases de prospección, exploración, construcción y montaje,
explotación, beneficio, transformación, transporte y promoción de los minerales
que se encuentren en el suelo o el subsuelo, ya sean de propiedad nacional o de
propiedad privada.

11

Radicación número: 27001233300020170000600 (70148)
Actor: GUARIN MACHADO RENTERÍA Y OTROS
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

El artículo 1414 del estatuto mencionado dispuso que únicamente se constituirá el
derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal a través de contrato de
concesión debidamente registrado en el Registro Minero Nacional, en tanto título
minero, dentro del cual el concesionario debe pagar regalías por el desarrollo de
actividades mineras15. Asimismo, el artículo 20516 de la normativa en comento
estableció que, con base en el estudio de impacto ambiental, se otorgará o no la
licencia ambiental para la explotación minera.

De conformidad con el mandato del artículo 68 de la Ley 685 de 2001,
correspondía al Gobierno nacional la adopción de un glosario o lista de
definiciones en materia minera, de uso obligatorio por los particulares, el que para
la fecha de los hechos fue establecido en el Decreto 2191 de 2003, y en el que se
definió la minería ilegal como aquella sin título inscrito en el Registro Nacional
Minero17.

La explotación ilícita de yacimientos mineros, entendida como aquella realizada
sin el cumplimiento de los requisitos de ley para tal efecto18, fue considerada delito
en el ordenamiento jurídico colombiano, con la finalidad de proteger los recursos
naturales y el medio ambiente, de ahí que la ausencia de título minero o del
requisito para el desarrollo de tal actividad acarrea consecuencias penales19.

14
“Artículo 14. Título minero. A partir de la vigencia de este Código, únicamente se podrá constituir,
declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal, mediante el contrato
de concesión minera, debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional […]”.
15
“Artículo 227. La regalía. De conformidad con los artículos 58, 332 y 360 de la Constitución
Política, toda explotación de recursos naturales no renovables de propiedad estatal genera una
regalía como contraprestación obligatoria. Esta consiste en un porcentaje, fijo o progresivo, del
producto bruto explotado objeto del título minero y sus subproductos, calculado o medido al borde
o en boca de mina, pagadero en dinero o en especie. También causará regalía la captación de
minerales provenientes de medios o fuentes naturales que técnicamente se consideren minas”.
16
“Artículo 205. Licencia ambiental. Con base en el Estudio de Impacto Ambiental la autoridad
competente otorgará o no la Licencia Ambiental para la construcción, el montaje, la explotación
objeto del contrato y el beneficio y para las labores adicionales de exploración durante la etapa de
explotación. Dicha autoridad podrá fundamentar su decisión en el concepto que al Estudio de
Impacto Ambiental hubiere dado un auditor externo en la forma prevista en el artículo 216 de este
Código”.
17
“Minería ilegal: Es la minería desarrollada sin estar inscrita en el Registro Minero Nacional y, por
lo tanto, sin título minero. Es la minería desarrollada de manera artesanal e informal, al margen de
la ley. También incluye trabajos y obras de exploración sin título minero. Incluye minería amparada
por un título minero, pero donde la extracción, o parte de ella, se realiza por fuera del área
otorgada en la licencia”.
18
“Artículo 159. Exploración y explotación ilícita. La exploración y explotación ilícita de yacimientos
mineros, constitutivo del delito contemplado en el artículo 244 del Código Penal, se configura
cuando se realicen trabajos de exploración, de extracción o captación de minerales de propiedad
nacional o de propiedad privada, sin el correspondiente título minero vigente o sin la autorización
del titular de dicha propiedad”.
19
“Articulo 338. Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. El que sin permiso de
autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente explote, explore o extraiga
yacimiento minero, o explote arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos
por medios capaces de causar graves daños a los recursos naturales o al medio ambiente,
incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento

12

Radicación número: 27001233300020170000600 (70148)
Actor: GUARIN MACHADO RENTERÍA Y OTROS
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Ahora bien, como lo señaló la parte demandante en su recurso de apelación, se
exceptuó la aplicación de sanciones a los sujetos que desarrollen minería sin los
requisitos de ley en aquellos eventos en que los explotadores de minas de
propiedad estatal sin título minero soliciten, dentro de los 3 años siguientes
contados a partir del 1 de enero de 2002, que se les otorguen las minas en
concesión, así como también la explotación en zonas de proyectos mineros
especiales y en los desarrollos comunitarios, mientras estén pendientes los
contratos especiales de concesión20.

En ese sentido, si los supuestos anteriores se cumplen, desde la formulación de la
solicitud y mientras no se resuelva, no habrá lugar al decomiso de los minerales
extraídos ni a la suspensión de la actividad, ni a proseguir con acciones penales.

Por otra parte, el legislador modificó el Código de Minas mediante la Ley 1382 de
2010, en la cual se regulan materias para la formalización de actividades de
minería y facultades de las autoridades mineras; sin embargo, dicha regulación no
resulta aplicable a este caso, dado que la norma en cuestión fue declarada
inexequible mediante sentencia C-366 de 2011, con efectos diferidos por dos
años, es decir, que su pérdida de vigencia ocurrió el 12 de mayo de 2013 y como
los hechos que dieron lugar a la presente controversia ocurrieron el 12 de
septiembre de 2016, es claro que no se encontraba vigente el momento de
ocurrencia de los hechos en los cuales se funda la demanda.

Por otra parte, el artículo 106 de la Ley 1450 de 2011 prohibió en todo el territorio
nacional la utilización de dragas, minidragas, retroexcavadoras y demás equipos
mecánicos en actividades mineras sin título minero inscrito en el registro minero
nacional21.

treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes […]”.
20
“Artículo 165. Legalización. Los explotadores de minas de propiedad estatal sin título inscrito en
el Registro Minero Nacional deberán solicitar, en el término improrrogable, de tres (3) años
contados a partir del primero (1o) de enero de 2002, que la mina o minas correspondientes les
sean otorgadas en concesión llenando para el efecto todos los requisitos de fondo y de forma y
siempre que el área solicitada se hallare libre para contratar. Formulada la solicitud y mientras ésta
no sea resuelta por la autoridad minera, no habrá lugar a proceder, respecto de los interesados,
mediante las medidas previstas en los artículos 161 y 306, ni a proseguirles las acciones penales
señaladas en los artículos 159 y 160 de este Código [...]”.
21
“Artículo 106. Control a la explotación ilícita de minerales. A partir de la vigencia de la presente
ley, se prohíbe en todo el territorio nacional, la utilización de dragas, minidragas, retroexcavadoras
y demás equipos mecánicos en las actividades mineras sin título minero inscrito en el Registro
Minero Nacional.
“El incumplimiento de esta prohibición, además de la acción penal correspondiente y sin perjuicio
de otras medidas sancionatorias, dará lugar al decomiso de dichos bienes y a la imposición de una
multa hasta de mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, que impondrá la autoridad
policiva correspondiente. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.

13

Radicación número: 27001233300020170000600 (70148)
Actor: GUARIN MACHADO RENTERÍA Y OTROS
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

En línea con lo anterior, la Comunidad Andina de Naciones -CAN- profirió la
Decisión 774 del 30 de julio de 2012, en la que se establecieron medidas para
combatir la minería ilegal y, entre ellas, la destrucción de la maquinaria utilizada
para tal efecto.

Igualmente, se diferenció la minería ilegal de aquella a pequeña escala y
tradicional, pues, mientras que en la primera no se cuenta con las autorizaciones
de ley, en la segunda se valida el desarrollo de tal actividad de conformidad con la
legislación nacional22. Lo anterior tiene por antecedente el artículo 10723 de la Ley
1450 de 2011, en el que se estableció que era deber del gobierno instituir una
estrategia para diferenciar la minería informal de la ilegal y así proteger a los
mineros informales.

La Decisión 774 de 2012 fue reglamentada mediante el Decreto 2235 de 201224,
en el que se establecieron parámetros para la destrucción de maquinaria pesada y
sus partes, utilizada en actividades de exploración o explotación de minerales sin
las autorizaciones previstas en la ley y se prescribió que, en aquellos casos en
que no se contara con título minero debidamente registrado y licencia ambiental
-como ocurre en este caso según se expondrá más adelante-, la Policía Nacional25
procedería en tal sentido, procedimiento en el que, de manera previa, la autoridad

“Las solicitudes que actualmente se encuentren en trámite para legalizar la minería con minidragas
a que se refiere el artículo 30 de la Ley 1382 de 2010, serán rechazadas de plano por la autoridad
minera”.
22
“Artículo 3. Definiciones. A los fines de la presente Decisión, las expresiones que se indican a
continuación tendrán la acepción que para cada una de ellas se señala: Actividad Minera: Toda
actividad relacionada con la prospección, exploración, explotación, acopio, beneficio,
concentración, transformación, fundición, refinación, transporte, comercialización de minerales y
cierre de minas. Minería Ilegal: Actividad minera ejercida por persona natural o jurídica, o grupo de
personas, sin contar con las autorizaciones y exigencias establecidas en las normas nacionales.
Minería en pequeña escala, artesanal o tradicional: Aquella que por sus características sea
calificada como tal de conformidad con las legislaciones nacionales de los Países Miembros”.
23
“Artículo 107. Es deber del Gobierno nacional implementar una estrategia para diferenciar la
minería informal de la minería ilegal. Deberá, respetando el Estado Social de Derecho, construir
una estrategia que proteja los mineros informales, garantizando su mínimo vital y el desarrollo de
actividades mineras u otras actividades que le garanticen una vida digna”.
24
“Artículo 1. Destrucción de maquinaria pesada y sus partes utilizada en actividades de
exploración o explotación de minerales sin las autorizaciones y exigencias previstas en la ley.
Cuando se realice exploración o explotación de minerales por cualquier persona natural o jurídica,
sin contar con título minero inscrito en el Registro Minero Nacional y licencia ambiental o su
equivalente, cuando esta última se requiera, procederá la medida de destrucción de maquinaria
pesada y sus partes prevista en el artículo 6 de la Decisión 774 de 2012 de la Comunidad Andina
de Naciones, independientemente de quién los tenga en su poder o los haya adquirido”.
25
“Artículo 2°. Ejecución de la medida de destrucción. La Policía Nacional es la autoridad
competente para ejecutar la medida de destrucción de la maquinaria pesada y sus partes, que esté
siendo utilizada en actividades de exploración o explotación de minerales sin el correspondiente
título minero inscrito en el Registro Minero Nacional y licencia ambiental, cuando esta última se
requiera.
“La autoridad minera nacional aportará la información sobre la existencia o no de título minero
vigente inscrito en el Registro Minero Nacional, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
informará sobre la existencia de licencia ambiental o su equivalente, cuando esta se requiera”.

14

Radicación número: 27001233300020170000600 (70148)
Actor: GUARIN MACHADO RENTERÍA Y OTROS
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

minera nacional aportará la información sobre el cumplimiento o no de tales
requisitos.

En la actualidad, la normativa descrita se encuentra compilada en el Decreto 1073
de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía y en
la Resolución 40391 de 2016, por medio de la cual se adoptó la política minera
nacional. En el marco anterior, que rige las actividades mineras, se establece que
para desarrollar tales labores es necesario contar con título minero y licencia
ambiental.

Con base en el mencionado marco normativo, la Sala procederá a establecer la
responsabilidad de la parte demandada, pues a ello se contrae el recurso de
apelación.

6. Responsabilidad de la Policía Nacional: el daño y su antijuridicidad

El primer elemento que se debe observar en el análisis de la responsabilidad
estatal es la existencia del daño, el cual, además, debe ser antijurídico, dado que
constituye un elemento necesario de la responsabilidad, toda vez que, como lo ha
reiterado la jurisprudencia de esta Sección, “sin daño no hay responsabilidad” y
solo ante su acreditación hay lugar a explorar la posibilidad de su imputación al
Estado26.

El daño antijurídico, a efectos de que sea indemnizable, requiere estar cabalmente
estructurado; por tal motivo, la Sala27 ha establecido que resulta imprescindible
acreditar los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya
reparación se reclama:

i) Que el daño es antijurídico, en tanto la persona no tiene el deber jurídico de
soportarlo, “Con ello, entonces, se excluyen las decisiones que se mueven en la
esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones válidas
de los hechos o derechos”28.

26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de 13 de
agosto de 2008, exp. 17.412, M.P. Enrique Gil Botero y de 6 de junio de 2012, exp. 24.633, M.P.
Hernán Andrade Rincón, entre otras.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 13 de
agosto de 2008, exp. 16.516 MP. Enrique Gil Botero, entre otras.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de
abril de 2006, exp. 14.837, reiterada por la Subsección A, en sentencia del 1 de marzo de 2018,
exp. 52.097.

15

Radicación número: 27001233300020170000600 (70148)
Actor: GUARIN MACHADO RENTERÍA Y OTROS
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

ii) Que se lesiona un derecho, bien o interés protegido por el ordenamiento legal.

iii) Que el daño es cierto, es decir, que se puede apreciar material y jurídicamente
y, por ende, no se limita a una mera conjetura.

En el presente caso, el daño atribuido al Estado es la pérdida de una maquinaria
como consecuencia de la destrucción que de ella hizo la Policía Nacional, lo cual
se encuentra probado con las actas de dicha diligencia, reseñadas en
precedencia.

No obstante lo anterior, la Sala estima que el fallo apelado amerita confirmación,
pues, como lo señaló el tribunal administrativo a quo y el Ministerio Público en su
concepto, el referido daño no es antijurídico, habida consideración de que el señor
Guarín Machado Rentería usaba la maquinaria para ejercer la minería ilegal, sin
que en este proceso se hubiere acreditado, verdaderamente, que tenía un título
habilitante para ello.

En el caso concreto, se logró demostrar que no se reportaban títulos vigentes
inscritos en el Registro Nacional Minero para el perímetro de terreno objeto de la
diligencia en la que se destruyó la maquinaria.

Así lo expresó en su declaración la gerente de registro y catastro de la Agencia
Nacional de Minería, quien señaló, entre otras cuestiones, que el catastro minero
nacional es la herramienta tecnológica donde están inscritos los títulos mineros
vigentes a nivel nacional y las peticiones de formalización de un título minero de
hecho; que, para el 12 de septiembre de 2016, en virtud de las coordenadas
presentadas por la Policía Nacional, solo existía una petición de propuesta de
contrato de concesión, pero no una solicitud de formalización de minería de hecho,
por ende, no había título minero vigente a favor del señor Guarín Machado
Rentería29.

A su turno, en las actas de ejecución de medida de destrucción de la Policía
Nacional, se consignó que se actuaba en virtud del Decreto 2235 de 2012 y que
“se verificó con la Agencia Nacional de Minería … y se nos informa que NO
EXISTE TÍTULO MINERO o su equivalente en las coordenadas descritas,

29
Minuto 14:46 de la audiencia de pruebas.

16

Radicación número: 27001233300020170000600 (70148)
Actor: GUARIN MACHADO RENTERÍA Y OTROS
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

asimismo se verificó con la Agencia Nacional de Licenciamiento Ambiental … y se
nos informa que este punto NO CUENTA CON LICENCIA AMBIENTAL”.

Mediante informe rendido por un Técnico Investigador Criminalístico II, dirigido al
Fiscal 3° Seccional de turno ante la URI, Quibdó, se conceptuó sobre los “posibles
daños ambientales en la explotación visitada”; de ese documento se destaca lo
siguiente (transcripción de forma literal, con inclusión de errores):

8.- RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA (DESCRIPCIÓN
CLARA Y PRECISA DE LOS RESULTADOS).

De manera preliminar se puede determinar, que la actividad de explotación
minería que se viene realizando en el Municipio de Bagadó, Sector Río
Tamana, Sitio 'o Sector Denominado la Sierra en Departamento Chocó, sobre
las coordenadas … se está ocasionando daños a los recursos naturales de
manera MUY GRAVE, especialmente al recurso suelo.

(…)

Así las cosas presuntamente se estarían utilizando por parte de estas
personas, medios capaces de causar daño a los recursos naturales y el medio
ambiente ya que en el lugar fue encontrada una retroexcavadora que el
Legislador prohibió en las actividades de explotación de minerales que
no tuviesen Título Minero inscrito en el Registro Minero Nacional.

Observación.

Me permito infórmale al señor fiscal que en el Municipio de Bagadó, Sector
Río Tamana, Sitio o Sector Denominado la Sierra en Departamento Chocó,
sobre las coordenadas … se encontraba 4 retroexcavadoras las cuales fueron
destruida o detonadas.

CONCLUSION

Se concluye de manera preliminar que la actividad de explotación minería que
se viene realizando en el Municipio de Bagadó, Sector Rio Tamana, Sitio o
Sector Denominado la Sierra en Departamento Chocó, sobre las coordenadas
… está ocasionando daños a los recursos naturales de manera MUY GRAVE,
especialmente al recurso suelo (se deja destacado en negrillas).

También reposa una copia del acta de la reunión en la Agencia Nacional de
Minería, con el fin de hacer el reporte de la diligencia efectuada y entregarlo a la
Policía Nacional -Dirección de Carabineros y Seguridad Rural (DICAR-SIJIN)-
Unidad Nacional contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo UNIMIL, en la que consta
el procedimiento que se ejecutó, sus intervinientes, la localización o coordenadas
del lugar, sin referencia alguna a la existencia de títulos mineros o de solicitudes
de legalización de minería de hecho por parte del señor Machado Rentería.

Obra, a su vez, una copia del acta de la reunión sostenida a las 6:00 AM del 12 de
septiembre de 2016 en las instalaciones de la ANLA por los funcionarios

17

Radicación número: 27001233300020170000600 (70148)
Actor: GUARIN MACHADO RENTERÍA Y OTROS
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

involucrados en los hechos, en la que consta la verificación de las coordenadas
del lugar donde se efectuó la diligencia, sin mención a la existencia de títulos
mineros o de solicitudes de formalización de minería de hecho a favor del señor
Machado Rentería.

Así las cosas, contrario a lo manifestado en el recurso de apelación, el señor
Machado Rentería no demostró contar con la autorización plena para el desarrollo
de actividades mineras, con maquinaria pesada, en la zona geográfica en la que
se desarrolló la operación el 12 de septiembre de 2016, de modo que incumplió
con la carga probatoria requerida para demostrar dicha situación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 167 del C.G.P.

El actor no se encontraba facultado para el ejercicio de actividades mineras, pues,
aunque contaba con licencia ambiental30, lo cierto es que no tenía título minero
inscrito, ni siquiera solicitud de formalización minera en curso, por lo que, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 2235 de 201231, la Policía
Nacional tenía el deber de destruir la maquinaria encontrada en el lugar, de ese
modo, la actuación que ocasionó el daño consistió en una acción lícita de la
autoridad.

Con base en todo lo expuesto, se confirmará el fallo apelado, toda vez que la
destrucción de la maquinaria de posesión del actor fue ajustada a derecho, de ahí
que el daño padecido no tiene la calidad de antijurídico, pues se encontraba en el
deber jurídico de soportarlo por haber sido utilizada en actividades mineras sin los
requisitos de ley.

Así lo consideró esta Subsección frente a un caso similar:

Así pues, la Sala considera que se causó un daño cierto, real y determinado a
la parte actora, debido a la destrucción de la máquina de su posesión. Lo
anterior, por cuanto se privó al demandante del uso, goce y disposición del
vehículo de manera permanente.

No obstante, se concluye que el daño no es antijurídico, debido a que el señor
Adrián Humberto Holguín Álvarez no contaba con los requisitos exigidos por la

30
Otorgada mediante Resolución 0563 de 2013 por CODECHOCÓ.
31
“Artículo 2°. Ejecución de la medida de destrucción. La Policía Nacional es la autoridad
competente para ejecutar la medida de destrucción de la maquinaria pesada y sus partes, que esté
siendo utilizada en actividades de exploración o explotación de minerales sin el correspondiente
título minero inscrito en el Registro Minero Nacional y licencia ambiental, cuando esta última se
requiera.
“La autoridad minera nacional aportará la información sobre la existencia o no de título minero
vigente inscrito en el Registro Minero Nacional, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
informará sobre la existencia de licencia ambiental o su equivalente, cuando esta se requiera” (se
destaca).

18

Radicación número: 27001233300020170000600 (70148)
Actor: GUARIN MACHADO RENTERÍA Y OTROS
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

normativa colombiana para desarrollar actividades de explotación minera, o
por lo menos ello no se demostró, de ahí que la Policía Nacional se
encontraba habilitada para la destrucción de la maquinaria sobre la cual el
demandante ejercía posesión.

(…)

Como consecuencia, la Sala concluye que, si bien se probó la configuración
del daño - destrucción de la maquinaria de posesión del actor-, no se acreditó
que fuera antijurídico, porque la actuación se ajustó a las normas vigentes
para la época de los hechos y a un deber legal consagrado en el artículo 2 del
Decreto 2235 de 2012, que imponía la destrucción de la maquinaria utilizada
para actividades mineras ilegales, de ese modo, el demandante debía
soportar la actuación que le ocasionó el daño alegado32.

Finalmente, en cuanto a la imputación consistente en que al señor Guarín
Machado con posterioridad a la destrucción de sus bienes se le afectó su buen
nombre, porque fue tildado de pertenecer a grupos al margen de la ley, mediante
la extracción de metales preciosos, la Sala encuentra que no pasó de ser un
señalamiento, desprovisto de todo sustento probatorio.

7. Costas

De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 201133, en concordancia con
el artículo 365 del CGP, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera
desfavorable la apelación y, en todo caso, “[s]olo habrá lugar a costas cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.

La Subsección, en virtud del artículo 366 ejusdem, teniendo en cuenta la duración
del proceso en segunda instancia y los deberes de vigilancia que su trámite
implicó34, por concepto de agencias en derecho fija 1 smlmv35 a la fecha de
ejecutoria de la presente providencia, a cargo de la parte actora y a favor de la

32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 20 de noviembre de 2020, exp. 63.360.
33
Adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en el siguiente sentido: “[e]n todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”, regla que, por ser de orden público, de
aplicación inmediata y no estar sujeta a régimen de transición, rige en todos los procesos en curso
para la fecha de su entrada en vigor.
El aspecto subjetivo citado no es aplicable a los procesos ordinarios, sino a aquellos en los que se
ventila un interés público, en los cuales proceden las costas, ante la “manifiesta carencia de
fundamento legal” [Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 11 de octubre de 2021, expediente 63.217, CP Fredy Ibarra Martínez;
Subsección A, sentencia del 11 de mayo de 2022, expediente 67.700; sentencia del 10 de octubre
de 2022, expediente 67.965].
34
La Sala ha considerado como criterio para fijar las agencias en derecho, lo referente a las
labores de vigilancia del proceso inherentes al trámite de una instancia adicional [Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 17
de junio y 21 de noviembre de 2022, así como del 3 de febrero de 2023, expedientes 67.618,
68.941 y 69.319].
35
En atención al artículo 5 del Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 del CSJ.

19

Radicación número: 27001233300020170000600 (70148)
Actor: GUARIN MACHADO RENTERÍA Y OTROS
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Policía Nacional, pues aunque hubo una intervención en primera instancia de tres
entidades estatales más, ello obedeció a la vinculación -oficiosa- que de ellas hizo
la magistrada ponente en el auto admisorio de la demanda, sin consideración
alguna acerca de por qué tal vinculación resultaba procedente.

Adicional a ello, pese a que esas tres entidades plantearon su ausencia de
participación en los hechos materia de proceso y, por ende, alegaron su falta de
legitimación en la causa por pasiva, no hubo un solo pronunciamiento frente ello,
dado que en la audiencia inicial se dejó la resolución de las excepciones a la
sentencia pero en esta nada se dijo ni se definió, pues el análisis, como ya se
indicó en precedencia, se limitó a la legitimación del actor y de la Policía Nacional,
a la existencia del daño y de su juridicidad.

En ese sentido, es claro que en este proceso, aunque hubo intervención en
primera instancia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de la
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó y de la
Agencia Nacional de Minería, lo cierto es que respecto de esos entes no hubo
análisis alguno de su responsabilidad y la parte demandante, en su apelación, no
lo controvirtió, cuestión apenas lógica, dado que nunca les atribuyó
responsabilidad.

Así lo consideró, de manera reciente, la Subsección36:

48. En este último punto, vale la pena destacar que, si bien la Policía Nacional
fue vinculada en el auto admisorio de la demanda, lo concreto es que en
sentencia de primera instancia no se analizó su participación en los hechos
luctuosos, aspecto que no fue controvertido en el recurso de alzada. Sobre
esa base, en consideración a que la referida entidad no intervino en esta
instancia, no hay lugar a favorecerla con la condena en costas fijada (se
destaca).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de octubre de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Chocó.

36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 18 de septiembre de 2023, exp. 64850, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.

20

Radicación número: 27001233300020170000600 (70148)
Actor: GUARIN MACHADO RENTERÍA Y OTROS
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

SEGUNDO: CONDENAR en costas en esta instancia a la parte actora, para lo
cual se fija por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a un (1)
S.M.L.M.V. a la fecha de ejecutoria de esta providencia, en favor de la Policía
Nacional.

TERCERO: ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER las
diligencias al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

21

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.