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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-33-000-2017-00123-02

Fecha
19 de agosto de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-33-000-2017-00123-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA REVOCAR la sentencia del 27 de febrero de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó. Y, en su lugar se dispone: PRIMERO: DECLARAR la caducidad del medio de control de reparación directa por las razones expuestas en la providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: En firme este fallo, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen. 40 Corte Constitucional, sentencia SU 241 de 2024, expediente T-9.792.873. 27 Radicación: 27-001-23-33-000-2017-00123-02 (73673) Demandante: Ana Gertrudis Sánchez y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otro. Proceso: Reparación directa

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 27001-23-33-000-2017-00123-02

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

19 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 27-001-23-33-000-2017-00123-02 (73673)
Demandante: Ana Gertrudis Sánchez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y Policía
Nacional, y otro
Proceso: Reparación Directa

CADUCIDAD EN EVENTOS DE GRAVES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS Y AL DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO-Aplicación del criterio definido en sentencia de unificación de la Sección
Tercera del Consejo de Estado. CADUCIDAD EN REPARACIÓN DIRECTA-El término inicia desde la
ocurrencia de la conducta dañosa o desde que el demandante tuvo conocimiento del daño y de la
participación del Estado (por acción u omisión). RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-
Se rige por normas distintas a las de la responsabilidad penal en crímenes de lesa humanidad. AGENCIAS
EN DERECHO- Por tratarse de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos no se tasarán
agencias en derecho.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por las
partes contra la sentencia del 27 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
SÍNTESIS DEL CASO

Entre julio y agosto de 2008, la Presidencia de la República –a través del Alto
Comisionado para la paz– y el extinto grupo guerrillero “Ejército Revolucionario
Guevarista” adelantaron un proceso de negociación que culminó con la firma de
un acuerdo de paz en el que el grupo guerrillero, por un lado, se comprometió con
la dejación de armas y acciones, y, el gobierno, por el otro, con garantía de
seguridad de desmovilizados y sus familias (entre otras medidas locales de
seguridad, salud y educación). Como área de reinserción a la sociedad se
determinó el sector urbano y rural del municipio de El Carmen de Atrato, Chocó.

Radicación: 27-001-23-33-000-2017-00123-02 (73673)
Demandante: Ana Gertrudis Sánchez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otro.
Proceso: Reparación directa

El 25 de mayo de 2011, guerrilleros del frente 34 de las extintas FARC torturaron
y mataron al desmovilizado Saúl de Jesús Caro Bolívar y a Fabio Nelson Vélez
Restrepo (sobrino del primero).

Los demandantes alegan falla del servicio por omisión en el deber de seguridad y
protección de los desmovilizados, quienes, al estar en proceso de reinserción
social, estaban expuestos a sufrir daños por grupos al margen de la Ley.

ANTECEDENTES

La demanda

El 31 de octubre de 2017, Ana Gertrudis Sánchez Caro y otros1 declarar
patrimonialmente responsables a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional, Policía Nacional y a la Agencia Colombiana para la Reintegración
de personas y grupos alzados en armas -hoy Agencia para la Reincorporación y la
Normalización ARN-, en los siguientes términos:

“1. Que se declare al MINISTERIO DE DEFENSA, y la AGENCIA COLOMBIANA
PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS,
administrativa y solidariamente responsables de los fallecimientos en forma
violenta de SAUL DE JESUS CARO BOLIVAR y FABIO NELSON VELEZ
RESTREPO como consecuencia de la falla en el servicio que incurrieron dichas
entidades al dejar en estado de desprotección y vigilancia que más adelante
expondré.

2. Que como consecuencia de tal declaración los entes demandados están en la
obligación de indemnizar, reconocer y pagar a los demandantes, los daños y
perjuicios en sus aspectos material y moral objetivado y subjetivado, por la
absurda destrucción del derecho a la vida de su(s) esposo, padre, hijo, abuelo
SAUL DE JESUS CARO BOLIVAR y FABIO NELSON VELEZ RESTREPO, en
hechos ocurridos el 25 de mayo de 2011 en la vereda Guaduas del municipio de
Carmen de Atrato Choco.

2.1. PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES:

2.1.1, РERJUICIOS MORALES SAUL DE JESUS CARO BOLIVAR:

2.1.1.1 Que, como consecuencia de la declaración anterior, se condene a los
entes demandados a pagar a favor del demandante ANA GERTRUDIS SANCHEZ
CARO, una suma de dinero equivalente a DOSCIENTOS SALARIOS MINIMOS
LEGALES MENSUALES MLC, para la fecha actual de salario mínimo legal
mensual vigente., como indemnización por los PERJUICIOS MORALES sufridos
por aquella en razón de la muerte de su esposo SAUL DE JESUS CARO
BOLIVAR, imputable a los entes demandados.

1 F. 1-30 C. 1. Ver, además, expediente digital, índice 34, Samai del Tribunal Administrativo del Chocó.

2

Radicación: 27-001-23-33-000-2017-00123-02 (73673)
Demandante: Ana Gertrudis Sánchez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otro.
Proceso: Reparación directa

2.1.1.2 Que, como consecuencia de la declaración anterior, se condene a los
entes demandados a pagar a favor de la demandante TATIANA CARO
SANCHEZ, una suma de dinero equivalente a DOSCIENTOS SALARIOS
MINIMOS LEGALES MENSUALES MLC, para la fecha actual de salario mínimo
legal mensual vigente. (…) a favor de la demandante menor VALENTINA
QUINTERO CARO, una suma de dinero equivalente a la cantidad de CIEN
SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES MLC, para la fecha actual de
salario mínimo legal mensual vigente. (…) a favor de la demandante menor
DANIEL QUINTERO CARO, una suma de dinero equivalente a la cantidad de
CIEN SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES MLC, para la fecha actual de
salario mínimo legal mensual vigente. (…) a favor de la demandante menor
MARIA PAULINA MACHADO CARO, MENSUALES MLC, para la fecha actual de
salario mínimo legal mensual vigente. (…) a favor de la demandante menor
CARLOS ANDRES MACHADO CARO, una suma de dinero equivalente a la
cantidad de CIEN SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES MLC, para la
fecha actual de salario mínimo legal mensual vigente.

(…) a favor del demandante JUAN JAIRO CARO SANCHEZ, una suma de dinero
equivalente a DOSCIENTOS SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES MLC
para la fecha actual de salario mínimo legal mensual vigente. (…) a favor de la
demandante JUAN DIEGO CARO SANCHEZ, una suma de dinero equivalente a
DOSCIENTOS SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES MLC para la fecha
actual de salario mínimo legal mensual vigente., (…) a favor de la demandante
ISADORA CARO SANCHEZ, una suma de dinero equivalente a la cantidad de
DOSCIENTOS SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES MLC para la fecha
actual de salario mínimo legal mensual vigente, (… ) a favor de la demandante
PATRICIA CARO SANCHEZ, una suma de dinero equivalente a la cantidad de
DOSCIENTOS SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES MLC, para la fecha
actual de salario mínimo legal mensual vigente (…) a favor de la demandante
GUILLERMINA CARO SANCHEZ, una suma de dinero equivalente a la cantidad
de CIEN SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES MLC, para la fecha actual
de salario mínimo legal mensual vigente, como indemnización por los
PERJUICIOS MORALES sufridos por aquella en razón de la muerte de SAUL DE
JESUS CARO BOLIVAR, imputable a los entes demandados.

(…) a pagar a favor de la demandante LUIS ANGEL CARO BOLIVAR, una suma
de dinero equivalente a la cantidad de CIEN SALARIOS MINIMOS LEGALES
MENSUALES MLC, para la fecha actual de salario mínimo legal mensual vigente,
(…) a favor de la demandante MARIA JOSEFA CARO PENAGOS, una suma de
dinero equivalente a la cantidad de DOSCIENTOS SALARIOS MINIMOS
LEGALES MENSUALES MLC, para la fecha actual de salario mínimo legal
mensual vigente, (…) a favor de la demandante GLADYS PIEDAD SANCHEZ
CARO, una suma de dinero equivalente a la cantidad de CIEN SALARIOS
MINIMOS LEGALES MENSUALES MLC, para la fecha actual de salario mínimo
legal mensual vigente, (…) a favor de la demandante ABELARDO SANCHEZ
CARO, una suma de dinero equivalente a la cantidad de CIEN SALARIOS
MINIMOS LEGALES MENSUALES MLC, para la fecha actual de salario mínimo
legal mensual vigente (…) y a favor de la demandante JUAN CARLOS RAMIREZ
ARCILA, una suma de dinero equivalente a la cantidad de CIEN SALARIOS
MINIMOS LEGALES MENSUALES MLC, para la fecha actual de salario mínimo
legal mensual vigente, como indemnización por los PERJUICIOS MORALES
sufridos por aquella en razón de la muerte de SAUL DE JESUS CARO BOLIVAR,
imputable a los entes demandados.

2.1.2. PERJUICIOS MORALES FABIO NELSON RESTREPO

2.1.2.1 Que, como consecuencia de la declaración anterior, se condene a los
entes demandados a pagar a favor del demandante FABIO DE JESUS VELEZ
CARO, una suma de dinero equivalente a DOSCIENTOS SALARIOS MINIMOS

3

Radicación: 27-001-23-33-000-2017-00123-02 (73673)
Demandante: Ana Gertrudis Sánchez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otro.
Proceso: Reparación directa

LEGALES MENSUALES MLC, para la fecha actual de salario mínimo legal
mensual vigente., (…) a favor de la demandante menor MICHEL DAYANNY
VELEZ GALLEGO, una suma de dinero equivalente a la cantidad de
DOSCIENTOS SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES MLC, para la fecha
actual de salario mínimo legal mensual vigente. (…) a favor del demandante
JENNYFER VELEZ CARO, una suma de dinero equivalente a DOSCIENTOS
SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES MLC para la fecha actual de
salario mínimo legal mensual vigente. (…) a favor del demandante JULIETA DE
JESUS RESTREPO DE VELEZ, una suma de dinero equivalente a DOSCIENTOS
SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES MLC para la fecha actual de
salario mínimo legal mensual vigente. (…) a favor de la demandante MARIA
FERNANDA VELEZ RESTREPO, una suma de dinero equivalente a CIENTO
CINCUENTA SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES MLC para la fecha
actual de salario mínimo legal mensual vigente., (…) a favor de la demandante
YERLIN VELEZ RESTREPO, una suma de dinero equivalente a la cantidad de
CIENTO CINCUENTA SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES MLC, para
la fecha actual de salario mínimo legal mensual vigente, (…) a favor de la
demandante DAVID ALEJANDRO VELEZ PALACIO, una suma de dinero
equivalente a la cantidad de CIEN SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES
MLC, para la fecha actual de salario mínimo legal mensual vigente, (…) a favor
de la demandante GLADYS PIEDAD SANCHEZ CARO, una suma de dinero
equivalente a la cantidad de CIEN SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES
MLC, para la fecha actual de salario mínimo legal mensual vigente, (…) a favor de
la demandante DAVID ALEJANDRO VELEZ PALACIO, una suma de dinero
equivalente a la cantidad de CIEN SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES
MLC, para la fecha actual de salario mínimo legal mensual vigente, como
indemnización por los PERJUICIOS MORALES sufridos por aquella en razón de
la muerte de FABIO NELSON VELEZ RESTREPO, imputable a los entes
demandados.

2.1.3. DAÑO EN VIDA RELACION

2.1.3.1 DANO EN VIDA RELACION SAUL DE JESUS CARO BOLIVAR

2.1.3.1.1 Que, como consecuencia de la primera pretensión, se condene a los
demandados a pagar a favor de la esposa, ANA GERTRUDIS SANCHEZ CARO,
a título de indemnización por DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN, por la muerte de
su esposo SAUL DE JESUS CARO BOLIVAR, cuando tenía veinte años una
suma de dinero equivalente a la cantidad hasta de CIENTO CINCUENTA (150)
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES para la fecha actual de salario
mínimo legal mensual vigente. Imputable a los entes demandados. (…) a favor de
la tía madre MARIA JOSEFA CARO PENAGOS, a título de indemnización por
DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN, por la muerte de su sobrino hijo SAUL DE
JESUS CARO BOLIVAR, cuando tenía veinte años una suma de dinero
equivalente a la cantidad hasta de CIENTO CINCUENTA (150) SALARIOS
MINIMOS LEGALES MENSUALES para la fecha actual de salario mínimo legal
mensual vigente.

(…) a favor de la hija TATIANA CARO SANCHEZ, a título de indemnización por
DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN, por la muerte de su padre SAUL DE JESUS
CARO BOLIVAR una suma de dinero equivalente a la cantidad hasta de CIENTO
CINCUENTA (150) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES para la fecha
actual de salario mínimo legal mensual vigente. Imputable a los entes
demandados. (…) a favor de la hija GUILLERMINA CARO SANCHEZ, a título de
indemnización por DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN, por la muerte de su padre
SAUL DE JESUS CARO BOLIVAR, una suma de dinero equivalente a la cantidad
hasta de CIENTO CINCUENTA (150) SALARIOS MINIMOS LEGALES
MENSUALES para la fecha actual de salario mínimo legal mensual vigente.
Imputable a los entes demandados (…) a favor de la hija ISADORA CARO

4

Radicación: 27-001-23-33-000-2017-00123-02 (73673)
Demandante: Ana Gertrudis Sánchez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otro.
Proceso: Reparación directa

SANCHEZ, a título de indemnización por DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN, por la
muerte de su padre SAUL DE JESUS CARO BOLIVAR, una suma de dinero
equivalente a la cantidad hasta de CIENTO CINCUENTA (150) SALARIOS
MINIMOS LEGALES MENSUALES para la fecha actual de salario mínimo legal
mensual vigente. Imputable a los entes demandados (…) a favor de la hija
PATRICIA CARO SANCHEZ, a título de indemnización por DAÑO A LA VIDA DE
RELACIÓN, por la muerte de su padre SAUL DE JESUS CARO BOLIVAR, una
suma de dinero equivalente a la cantidad hasta de CIENTO CINCUENTA (150)
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES para la fecha actual de salario
mínimo legal mensual vigente. Imputable a los entes demandados (…) a favor de
la hija ISADORA CARO SANCHEZ, a título de indemnización por DAÑO A LA
VIDA DE RELACIÓN, por la muerte de su padre SAUL DE JESUS CARO
BOLIVAR, una suma de dinero equivalente a la cantidad hasta de CIENTO
CINCUENTA (150) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES para la fecha
actual de salario mínimo legal mensual vigente.

(…) a favor de la nieta VALENTINA QUINTERO CARO, a título de indemnización
por DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN, por la muerte de su abuelo SAUL DE
JESUS CARO BOLIVAR, una suma de dinero equivalente a la cantidad hasta de
CIENTO CINCUENTA (150) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES para
la fecha actual de salario mínimo legal mensual vigente. Imputable a los entes
demandados (…) a favor del nieto DANIEL QUINTERO CARO, a título de
indemnización por DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN, por la muerte de su abuelo
SAUL DE JESUS CARO BOLIVAR, una suma de dinero equivalente a la cantidad
hasta de CIENTO CINCUENTA (150) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES para la fecha actual de salario mínimo legal mensual vigente. (…) a
favor de la nieta MARIA PAULINA MACHADO CARO, a título de indemnización
por DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN, por la muerte de su abuelo SAUL DE
JESUS CARO BOLIVAR, una suma de dinero equivalente a la cantidad hasta de
CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES para la fecha actual de
salario mínimo legal mensual vigente. Imputable a los entes demandados (…) a
favor del nieto CARLOS ANDRES MACHADO CARO, a título de indemnización
por DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN, por la muerte de su abuelo SAUL DE
JESUS CARO BOLIVAR, una suma de dinero equivalente a la cantidad hasta de
CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES para la fecha actual de
salario mínimo legal mensual vigente.

2.1.3.2 DAÑO EN VIDA RELACION FABIO NELSON VELEZ RESTREPO

2.1.3.2.1 Que, como consecuencia de la primera pretensión, se condene a los
demandados a pagar a favor del padre FABIO DE JESUS VELEZ CARO, a título
de indemnización por DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN, por la muerte de su hijo
FABIO NELSON VELEZ RESTREPO, cuando tenía veinte años una suma de
dinero equivalente a la cantidad hasta de CIENTO CINCUENTA (150) SALARIOS
MINIMOS LEGALES MENSUALES para la fecha actual de salario mínimo legal
mensual vigente (…) a favor de la madre JULIETA DE JESUS RESTREPO DE
VELEZ, a título de indemnización por DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN, por la
muerte de su hijo FABIO NELSON VELEZ RESTREPO, cuando tenía veinte años
una suma de dinero equivalente a la cantidad hasta de CIENTO CINCUENTА
(150) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES para la fecha actual de
salario mínimo legal mensual vigente (…) a favor de la hija MICHEL DAYANNY
VELEZ GALLEGO, a título de indemnización por DAÑO A LA VIDA DE
RELACIÓN, por la muerte de su padre FABIO NELSON VELEZ RESTREPO, una
suma de dinero equivalente a la cantidad hasta de CIENTO CINCUENTA (150)
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES para la fecha actual de salario
mínimo legal mensual vigente.

(…) a favor de MARIA FERNANDA VELEZ RESTREPO, a título de indemnización
por DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN, por la muerte de su padre FABIO NELSON

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Radicación: 27-001-23-33-000-2017-00123-02 (73673)
Demandante: Ana Gertrudis Sánchez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otro.
Proceso: Reparación directa

VELEZ RESTREPO, una suma de dinero equivalente a la cantidad hasta de
CIENTO CINCUENTA (150) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES para
la fecha actual de salario mínimo legal mensual vigente (…) a favor de YERLIN
VELEZ RESTREPO, a título de indemnización por DAÑO A LA VIDA DE
RELACIÓN, por la muerte de su padre FABIO NELSON VELEZ RESTREPO, una
suma de dinero equivalente a la cantidad hasta de CIENTO CINCUENTA (150)
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES para la fecha actual de salario
mínimo legal mensual vigente.

2.2. PERJUICIOS MATERIALES

(…)

2.2.3. LUCRO CESANTE SAUL DE JESUS CARO BOLIVAR

2.2.3.1. Que como consecuencia de la anterior declaración se condene a los
demandados, a pagar solidariamente, por la suma de ($1.258.600.000,00). MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS MIL PESOS MLC,
consiste en las sumas de dinero dejadas presentes y futuras toda vez que SAUL
DE JESUS CARO BOLIVAR contaba con 57 años de edad cuando lo mataron con
una expectativa de 28 años sobre unos ingresos de ($2.900.000,00) (…)

2.2.4 LUCRO CESANTE NELSON VELEZ RESTREPO

2.2.4.1. Que como consecuencia de la anterior declaración se condene a los
demandados, a pagar solidariamente la suma de ($2.217.600.000,00). DOS MIL
DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MLC,
consiste en las sumas de dinero dejadas presentes y futuras toda vez que FABIO
NELSON VELEZ RESTREPO, contaba con 21 años de edad cuando lo mataron
con una expectativa de 64 años sobre unos ingresos de ($2.400.000,00) (…)2

Hechos

La demanda afirmó que el 30 de julio de 2008, la Presidencia de la República
expidió la Resolución 262, mediante la cual declaró abierto un proceso de diálogo,
negociación y firma de acuerdos con la guerrilla “Ejército Revolucionario
Guevarista ERG” y designó a Libardo Sánchez Caro y Efraín Sánchez Caro como
Miembros Representantes del ERG.

Agregó que, el 11 de agosto siguiente, por Resoluciones 282 y 283, el gobierno
dio directrices sobre concentración, desarme y desmovilización de los miembros
del ERG, y reconoció, también, como miembro representante del grupo guerrillero,
a Olimpo de Jesús Sánchez Caro. El mismo 11 de agosto de 2008, por Resolución
número 281, se estableció, como zona de la desmovilización guerrillera, la vereda
Guaduas del municipio de El Carmen de Atrato (Choco). En ese lugar se firmarían
los acuerdos y se concentrarían los integrantes de la organización. Conforme a

2 F. 8-19 C. 1. Ver, además, expediente digital, índice 34, Samai del Tribunal Administrativo del Chocó.

6

Radicación: 27-001-23-33-000-2017-00123-02 (73673)
Demandante: Ana Gertrudis Sánchez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otro.
Proceso: Reparación directa

esas normas y a la Ley 782 de 2002, en estas zonas, el Gobierno Nacional debía
suspender las órdenes de captura y garantizar la seguridad de quienes entraban
en proceso de desmovilización.

Expuso que entre julio y agosto de 2008, la Presidencia de la República –a través
del Alto Comisionado para la paz– y el extinto grupo guerrillero “Ejército
Revolucionario Guevarista” adelantaron el proceso de negociación, que culminó
con la firma de un acuerdo de paz entre las partes. El grupo guerrillero se
comprometió a la dejación total de armas y acciones de lucha, y, el gobierno, por
su parte, se comprometió a garantizar la seguridad de desmovilizados y sus
familias (entre otras medidas locales de seguridad, salud y educación).

El 25 de mayo de 2011, guerrilleros del frente 34 de las extintas FARC torturaron
y mataron al desmovilizado Saúl de Jesús Caro Bolívar y a Fabio Nelson Vélez
Restrepo (sobrino del primero e hijo del desmovilizado Fabio de Jesús Vélez
Caro).

Por esos hechos, se adelantó un proceso penal que terminó con sentencia
condenatoria por homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado contra
Martín Perea Córdoba, alias “Miller”, miembro del frente 35 de las FARC.
Conforme a esa decisión se demostró que las víctimas, Saúl de Jesús Caro
Bolívar y Fabio Nelson Vélez Restrepo, junto con otras personas (desmovilizados
del ERG) habían sido declarados previamente como “objetivos militares” por su
ingreso al proceso de reinserción.

Los demandantes alegan falla del servicio por omisión en el deber de seguridad
y protección de los desmovilizados y sus familiares; los primeros al ingresar al
proceso de desmovilización y reinserción social, estaban expuestos a sufrir daños
por grupos al margen de la Ley. Sus familiares, por conexidad, también.

Además, alegaron falla del servicio por incumplimiento al compromiso de
seguridad derivado del acuerdo de paz firmado con la Presidencia de la
República.

Contestación de la demanda

7

Radicación: 27-001-23-33-000-2017-00123-02 (73673)
Demandante: Ana Gertrudis Sánchez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otro.
Proceso: Reparación directa

La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos
Alzados en Armas -hoy Agencia para la Reincorporación y la Normalización,
ARN-, al oponerse a las pretensiones, propuso las excepciones de caducidad y
falta de legitimación en la causa por pasiva, y planteó una ausencia de imputación
jurídica.

Señaló que no hubo omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia, o ausencia del
servicio por parte de la entidad. Sostuvo, además que no generó el daño y no
existía nexo causal entre las funciones de la entidad y el daño.

Por otro lado, afirmó que los hechos eran totalmente ajenos a la entidad y a sus
deberes legales, e indicó que el hecho era atribuible a un tercero y no a ninguna
entidad estatal en tanto el homicidio fue perpetrado por las FARC3.

La Nación-Ministerio de Defensa no contestó la demanda4.

Sentencia de primera instancia

El 27 de febrero de 2025, El Tribunal Administrativo del Chocó profirió sentencia
en la que declaró administrativamente responsables la Nación-Ministerio de
Defensa y a la Agencia Colombiana para la Reincorporación y la Normalización,
de acuerdo con las consideraciones que se sintetizan así5:

Encontró probado el daño por la muerte -en estado de indefensión- de Saúl de
Jesús Caro Bolívar y Fabio Nelson Vélez Restrepo. El primero, desmovilizado del
extinto Ejército Revolucionario Guevarista; y, el segundo, sobrino del primero.

La Sala abordó el análisis bajo el régimen de falla en el servicio por omisión. Se
determinó que la muerte violenta de los señores Saúl de Jesús Caro Bolívar y
Fabio Nelson Vélez Restrepo fue el resultado de un desconocimiento de deberes
de protección reforzados por el estado de riesgo y amenaza de desmovilizados
(sujetos de protección en la zona destinada a la reinserción).

3 F. 404-508 C. 1. Ver, además, expediente digital, índice 34, Samai del Tribunal Administrativo del Chocó.
4 F. 340-342 C. 1. Ver, además, expediente digital, índice 34, Samai del Tribunal Administrativo del Chocó.
5 F. 1748-1781 C. Segunda Instancia Consejo de Estado.

8

Radicación: 27-001-23-33-000-2017-00123-02 (73673)
Demandante: Ana Gertrudis Sánchez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otro.
Proceso: Reparación directa

Respecto de la condición de desmovilizado de una de las víctimas, el Tribunal
estimó que las pruebas acreditaron que el señor Saúl de Jesús Caro Bolívar
contaba con el reconocimiento oficial como desmovilizado del grupo armado
"Ejército Revolucionario Guevarista – ERG" desde agosto de 2008. Por su parte,
el joven Fabio Nelson Vélez Restrepo era hijo de un participante del proceso de
reintegración y formaba parte de la población civil en el momento de los hechos.

Bajo esta óptica, concluyó que ambas víctimas directas ostentaban la calidad de
"personas protegidas" en los términos del Derecho Internacional Humanitario
(DIH), calidad que les otorgaba un estatus especial frente a las hostilidades del
conflicto armado.

En relación con las obligaciones de protección del Estado, consideró que las
autoridades tenían el deber positivo de asegurar la vida e integridad de todos los
residentes (bajo los criterios de protección definidos por la jurisprudencia). Sin
embargo, precisó que el deber, en caso de los reincorporados, se acentuaba por
ser estos sujetos de especial protección. El Tribunal enfatizó que, en situaciones
de desmovilización colectiva, el Estado asumía una posición de garante frente a
quienes depusieron las armas, debiendo desplegar medidas de seguridad
razonables y proporcionales para evitar retaliaciones de otros grupos armados
ilegales.

La falla en el servicio, según el Tribunal, se concretó al verificarse que el Estado,
pese a tener conocimiento del riesgo de quienes estaban en proceso de
reincorporación y la fuerte presencia del frente 34 de las FARC en la vereda
Guaduas (El Carmen de Atrato) omitió garantizar una presencia permanente y
eficaz de la Fuerza Pública. Las medidas de seguridad fueron “escasas, por no
decir casi nulas".

En cuanto a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), sostuvo
que esta no cumplió adecuadamente con su deber de coordinación y seguimiento
oportuno ante las autoridades de policía para proteger a los participantes del
programa de reintegración.

En suma, estimó que el daño fue imputable a las demandadas por no desplegar
los medios técnicos y humanos necesarios para anticiparse a un ataque que

9

Radicación: 27-001-23-33-000-2017-00123-02 (73673)
Demandante: Ana Gertrudis Sánchez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otro.
Proceso: Reparación directa

resultaba previsible por las condiciones de orden público de la zona y el riesgo al
que estaban expuestos quienes estaban en proceso de reincorporación a la vida 6.

Recursos de apelación7.

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) interpuso y
sustentó recurso de apelación contra la sentencia. Los fundamentos del recurso se
estructuraron en torno a dos ejes principales: (i) la configuración del fenómeno de
la caducidad y (ii) la ausencia de imputación jurídica por falta de obligación de
protección.

En cuanto a la caducidad del medio de control, la recurrente sostuvo que el
Tribunal aplicó de manera extensiva y errada la regla de conteo prevista para el
delito de desaparición forzada, cuando el caso se trataba de homicidio.

Argumentó que el Tribunal contabilizó el término de dos años a partir de la
ejecutoria de la sentencia penal (24 de noviembre de 2016), bajo la premisa de
que, al tratarse de un crimen de lesa humanidad —homicidio en persona
protegida—, el plazo no podía correr mientras no existiera certeza sobre los
autores responsables.

Frente a tal razonamiento, la recurrente alegó que se desconocieron las reglas de
unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
específicamente la sentencia del 29 de enero de 2020. Precisó que, según este
precedente, el término de caducidad de dos años era aplicable a los delitos de
lesa humanidad (distintos a la desaparición), computándose, entonces, desde que
los interesados tuvieron o debieron tener conocimiento de la participación del
Estado en el daño.

En tal sentido, advirtió que la parte demandante tenía pleno conocimiento de la
posible responsabilidad estatal, por lo menos, desde el año 2012, año en el que
convocó a la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración (hoy Agencia de
Reincorporación) y al Ministerio de Defensa a diligencia de conciliación
extrajudicial por estos mismos hechos (por omisión en el deber de protección).

6 Índices 73 y 77, Samai del Tribunal Administrativo del Chocó.
7 Índices 69, Samai del Tribunal Administrativo del Chocó.

10

Radicación: 27-001-23-33-000-2017-00123-02 (73673)
Demandante: Ana Gertrudis Sánchez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otro.
Proceso: Reparación directa

Concluyó, por lo tanto, que, para la fecha de presentación de la demanda (7 de
noviembre de 2017), el medio de control se encontraba plenamente caducado.

En cuanto a la ausencia de imputación, la ARN planteó la inexistencia de
funciones de seguridad. Sostuvo que, para la fecha de los hechos (25 de mayo de
2011), las competencias de la entonces Alta Consejería Presidencial para la
Reintegración estaban delimitadas por el Decreto 3445 de 2010, el cual no le
asignaba la función de prestar servicios de protección ni de gestionar seguridad
personal para los desmovilizados.

Explicó que, de conformidad con el Decreto 128 de 2003, la labor de coordinación
con la Policía Nacional y el entonces DAS solo se activaba ante el conocimiento
de situaciones específicas de amenaza o riesgo extraordinario. Al respecto, señaló
que quedó acreditado que las víctimas no pusieron en conocimiento de la entidad
amenazas previas ni solicitaron medidas especiales de protección antes del
suceso fatal.

Agregó que el caso debió abordarse desde la falla relativa del servicio y se debió
considerar que las obligaciones de seguridad estaban limitadas por las
capacidades reales y funcionales. Agregó que el Tribunal le impuso a la recurrente
una “posición de garante inexistente” al reprocharle el no haber solicitado informes
de seguridad permanentes a la Policía, una exigencia que desbordaba el marco
legal y resultaba materialmente inoperante para evitar el daño.

La Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, en su recurso de
apelación, sostuvo que el fallo de primera instancia no contó con argumentación
suficiente para establecer un nexo causal entre la omisión atribuida a la institución
y el daño alegado.

Afirmó que no se demostró negligencia u omisión, toda vez que el Ejército
Nacional realizó operaciones militares constantes en la zona para contrarrestar el
accionar de grupos delincuenciales en la zona. Argumentó que las obligaciones
estatales de protección no eran absolutas ni ilimitadas, sino que debían valorarse
según las posibilidades reales de cumplimiento. Precisó que la seguridad personal
y reubicación de los desmovilizados era una función compartida en la que la
Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y la Unidad Nacional

11

Radicación: 27-001-23-33-000-2017-00123-02 (73673)
Demandante: Ana Gertrudis Sánchez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otro.
Proceso: Reparación directa

de Protección (UNP) tenían la competencia principal, y no el Ejército, cuya misión
no incluía la protección de los reinsertados en sus labores cotidianas. Finalmente,
alegó que el daño se originó en el hecho exclusivo de un tercero.

Respecto a la caducidad del medio de control, la recurrente manifestó su
desacuerdo con la tesis del Tribunal que supeditaba el inicio del conteo del
término de caducidad a la existencia de una sentencia penal en firme por tratarse
de un crimen de lesa humanidad. Sostuvo que la imprescriptibilidad de la acción
penal no era aplicable a la reparación directa, la cual se regía por el conocimiento
del hecho dañoso y la posibilidad de imputarlo al Estado.

Destacó que, dado que los hechos ocurrieron el 25 de mayo de 2011, los
demandantes tuvieron pleno conocimiento de la alegada “omisión estatal” desde
ese momento, circunstancia que se evidenció, según la entidad, con la
presentación de una demanda que terminó por desistimiento tácito. Por
consiguiente, al radicarse la demanda el 1 de noviembre de 2017, el término legal
de dos años se encontraba ampliamente superado, sin que la condena penal
posterior contra alias “Miller” por homicidio en persona protegida tuviera la virtud
de revivir términos procesales ya fenecidos por la negligencia de la parte actora.

Trámite de segunda instancia

El 25 de octubre de 2025, el Tribunal concedió el recurso de apelación8 y el 13 de
marzo de 2026, esta Corporación lo admitió9 y ordenó su ingreso para fallo luego
de allegarse el concepto del Ministerio Público (numeral 5 del artículo 247 del
CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 202110).

El Ministerio Público conceptuó, por un lado, negar las pretensiones por caducidad
del medio de control. Y, por el otro, confirmar la condena porque el daño se originó
en la falla del servicio por omisión de protección de las entidades demandadas.

En cuanto a la caducidad, sostuvo que aun cuando el caso fue calificado (por la

8 Índice 83 SAMAI del Tribunal Administrativo del Chocó.
9 Índice 19 SAMAI.
10 «Artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las
sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 5. Si
fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por
escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado
para alegar […]».

12

Radicación: 27-001-23-33-000-2017-00123-02 (73673)
Demandante: Ana Gertrudis Sánchez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otro.
Proceso: Reparación directa

justicia penal) como crimen de lesa humanidad, el conteo debió partir desde la
ocurrencia del daño y del conocimiento de la participación del Estado, esto es,
desde el mismo 25 de mayo de 2011 (conforme a las reglas definidas en la
sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado de enero de
2020). Al respecto, el Procurador Delegado sostuvo que los demandantes no
acreditaron condiciones especiales que imposibilitaban el acceso a la
administración de justicia. Tan es así que, en el mismo año de los hechos, los
demandantes otorgaron poder a dos abogados para formular la reparación directa
por la muerte del desmovilizado Saúl de Jesús Caro Bolívar y a Fabio Nelson
Vélez Restrepo (sobrino del primero).

Ahora bien, en lo que respecta a la determinación de la fecha en la cual se tuvo
conocimiento del hecho dañoso, es pertinente señalar que este aspecto reviste
especial relevancia dentro del análisis jurídico del caso. En ese sentido, se
advierte que la fijación de dicho momento no puede establecerse de manera
arbitraria sino que debe derivarse de una valoración integral y razonada del
material probatorio incorporado al expediente.

(…)

En ese Orden de ideas, se advierte que, por lo menos desde el año 2012, los
familiares de los señores Saúl de Jesús Caro Bolívar y Fabio Nelson Vélez
Restrepo tenían conocimiento cierto, claro y suficiente tanto de la fecha de la
ocurrencia del hecho dañoso como la identificación de los responsables del
homicidio de los mencionados. En efecto, a partir de dicho momento, los
demandantes contaban con los elementos necesarios para ejercer oportunamente
el medio de control correspondiente contra el Estado, en aras de obtener la
declaratoria de responsabilidad.

(…)

Ahora bien, se observa que, en el evento en que los demandantes hubiesen
estado incursos en una situación económica que les dificultara o imposibilitara el
ejercicio efectivo de sus derechos, contaban con la facultad de solicitar el
reconocimiento del amparo de pobreza desde las etapas iniciales del proceso

(…)

No obstante, pese a la posibilidad de dicho mecanismo procesal, optaron por no
ejercer oportunamente la acción correspondiente dentro del término legalmente
establecido.

Por lo que, el término para demandar, en el ejercicio del medio de control de
reparación directa empezó a correr desde el año 2012, el cual vencía en el año
2014. En ese Orden de ideas, la solicitud de conciliación extrajudicial se radicó 9
de abril de 201217 y la demanda presentó hasta 31 de octubre de 2017.

Por otro lado, planteó que el Tribunal Administrativo del Chocó aplicó una regla de
caducidad que no respondía al criterio jurisprudencial vigente al momento en el

13

Radicación: 27-001-23-33-000-2017-00123-02 (73673)
Demandante: Ana Gertrudis Sánchez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otro.
Proceso: Reparación directa

que fue proferida la sentencia de primera instancia (sentencia de unificación de 29
de enero de 2020), en tanto partió el conteo desde la ejecutoria de la sentencia
penal por homicidio en persona protegida; como si se tratara de un caso de
desaparición forzada (con regulación especial). Se extrae lo pertinente:

Por otro lado, en lo que atañe a la postura adoptada por el Tribunal Administrativo
del Chocó, esta Agencia del Ministerio Público, con et debido respeto, no se
encuentra de acuerdo con la postura planteada, en consideración a que la
sentencia del 29 de enero de 2020 de la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo de Estado estableció que la responsabilidad del Estado es independiente
de la sanción penal del autor o participe de la conducta, por tal razón, la primera
no se encuentra condicionada a la segunda, de ahí que el trámite dado a/ proceso
penal carezca de la suficiencia de determinar la forma en la que se computa el
plazo de caducidad de la pretensión de reparación directa.

(…)

Cabe destacar que, la tesis del Tribunal sobre la caducidad se basó en la fecha del
fallo del proceso penal, contando a partir del 24 de noviembre de 201 6, fecha en
la cual quedó ejecutoriado el fallo. No obstante, con ocasión a la sentencia de
unificación, el Consejo de Estado fijó reglas claras en la materia, en el sentido de
que no es necesario esperar la culminación del proceso penal para formular las
pretensiones de la acción de reparación directa (…)11

Ahora bien, de pasar el presupuesto procesal de caducidad (cuya operancia
insistió el Ministerio Público), sugirió confirmar la condena impuesta, en tanto se
acreditó que el daño era imputable a las entidades demandadas, quienes no
cumplieron con sus obligaciones de seguridad y protección de personal
desmovilizado. Planteó que, aunque el Ejército Nacional efectuó operaciones
militares en la zona, las cuales consideró de mediana profundidad, no había
presencia permanente en los sitios donde residía el personal de desmovilizados y
sus familias.

Asimismo, advirtió que la formalización de Vélez Caro y Caro Bolívar al proceso de
reintegración se llevó a cabo en fechas 17 de diciembre de 2010 y 1 de
septiembre de 2008, respectivamente, y la ARN sólo realizo solicitudes de apoyo
de la Policía Nacional (para obtener el estudio de nivel de riesgo y protección a la
población desmovilizada) días posteriores a los hechos12.

CONSIDERACIONES

11 F. 14-15, índice 26 SAMAI.
12 Índice 26 SAMAI.

14

Radicación: 27-001-23-33-000-2017-00123-02 (73673)
Demandante: Ana Gertrudis Sánchez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otro.
Proceso: Reparación directa

1. La demanda se presentó el 31 de octubre de 2017, por lo tanto, el régimen
aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –en adelante, CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA13,
este código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y solo se aplica a los
procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien, así como a las
demandas y procesos que se instauren con posterioridad a su entrada en
vigencia. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este código 14, en los
aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso –en
adelante, CGP– en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias
cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u
omisión de una entidad estatal, según el artículo 104 del CPACA 15. El Consejo de
Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de
conformidad con el artículo 150 del CPACA16, según el cual conoce de los
recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a
la cuantía, porque el valor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV
exigidos por el artículo 152.6 del CPACA, esto es, $368.858.00017.

13 «Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del

año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia
de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior».
14 «Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el

Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».
15 «Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso

Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes
especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones,
sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares
cuando ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá de los siguientes procesos: 1. Los relativos a la
responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable […]».
16 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El

Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]».
17 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2017, $737.717 por 500.

15

Radicación: 27-001-23-33-000-2017-00123-02 (73673)
Demandante: Ana Gertrudis Sánchez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otro.
Proceso: Reparación directa

Medio de control procedente

3. La reparación directa es la acción idónea para perseguir la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un
hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta
a un contrato estatal o un acto administrativo18, cuya legalidad no se cuestiona. En
este caso el medio control de reparación directa es el que resulta procedente, por
reclamarse el daño derivado –presuntamente– por omisión en el deber de
seguridad y protección de personal desmovilizado de grupos armados y
posteriormente en proceso de reinserción social.

Legitimación en la causa

4. Ana Gertrudis Sánchez Caro, Tatiana Caro Sánchez, Juan Jairo Caro Sánchez,
Juan Diego Caro Sánchez; Isadora Caro Sánchez, Valentina, Daniel Quintero
Caro; Patricia Caro Sánchez, María Paulina, Carlos Andrés Machado Caro;
Guillermina Caro Sánchez, Luis Ángel Caro Bolívar, María Josefa Caro Penagos,
Gladys Piedad Sánchez Caro, Abelardo Sánchez Caro, Juan Carlos Ramírez
Arcila tienen interés jurídico en el asunto que se debate en el proceso porque
conforman el núcleo familiar de Saúl de Jesús Caro Bolívar (víctima directa)19.

Fabio De Jesús Vélez Caro, Jennyfer Vélez Caro, Michel Dayanny Vélez Gallego;
Julieta De Jesús Restrepo de Vélez, María Fernanda Vélez Restrepo, Yerlin Vélez
Restrepo, Gladys Piedad Sánchez Caro y David Alejandro Vélez Palacios tienen
interés jurídico en el asunto que se debate en el proceso porque conforman el
núcleo familiar de Fabio Nelson Vélez Restrepo (víctima directa) 20.

La Nación-Ministerio de Defensa está legitimada en la causa por pasiva, pues el
Ejército Nacional y la Policía Nacional hacen parte de esta entidad (artículo 1°
Decreto 49 de 2003) y a estas últimas les corresponde asegurar la convivencia
pacífica y la defensa del orden constitucional (artículos 217, 218, 303 y 315

18 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por

actos administrativos respecto de los cuales no se discute su legalidad. Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421.
19 Registros civiles de nacimiento y matrimonio (F. 100-107; 139-155 y 230), expediente digital, plataforma

Samai del Tribunal Administrativo del Chocó, índice 34.
20 Registros civiles de nacimiento y matrimonio (F. 161-165; 168-183; 186, 192-205 y 214), expediente digital,

plataforma Samai del Tribunal Administrativo del Chocó, índice 34.

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Radicación: 27-001-23-33-000-2017-00123-02 (73673)
Demandante: Ana Gertrudis Sánchez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otro.
Proceso: Reparación directa

numeral 2 de la CN, 1° de la Ley 62 de 1993 y 2° de la Ley 48 de 1993).

Por su parte, la Agencia de Reincorporación y Normalización-ARN está
legitimada en la causa por pasiva porque tenía a su cargo los procesos de
reincorporación en la vida civil del personal desmovilizado de grupos armados
ilegales. Además, en la demanda se alega, frente a esta entidad, la presunta
omisión de deberes de protección y seguridad en zona destinada a la reinserción
del grupo “Ejército Revolucionario Guevarista”.

Demanda en tiempo

5. La Sala se ve obligada a plantear el problema jurídico en el estudio de este
presupuesto procesal por las razones que se pasarán a explicar.

Problema jurídico

6. Corresponde a la Sala determinar si el medio de control de reparación directa
se interpuso dentro del término preclusivo previsto en la ley.

Análisis de la Sala

7. El fenómeno de caducidad se configura cuando vence el término previsto en la
ley para acudir ante los jueces para demandar. Este término está concebido para
definir un plazo objetivo e invariable, con base en el cual quien pretenda ser titular
de un derecho opte por accionar ante las autoridades competentes. La caducidad
tiene lugar justamente cuando expira ese término perentorio fijado por la ley.

El término para formular pretensiones, en reparación directa, según el literal i) del
artículo 164.2 del CPACA es de dos años, contados a partir del día siguiente al de
la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo (si fue en fecha posterior)
y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su
ocurrencia.

En relación con la caducidad de las pretensiones de reparación directa por daños
causados por crímenes de lesa humanidad, la Sala Plena de la Sección Tercera

17

Radicación: 27-001-23-33-000-2017-00123-02 (73673)
Demandante: Ana Gertrudis Sánchez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otro.
Proceso: Reparación directa

del Consejo de Estado profirió sentencia de unificación el 29 de enero de 2020 21.
Señaló que, en esos eventos, la responsabilidad estatal sí se encontraba sujeta al
plazo de caducidad previsto por el legislador, ya que la regla de imprescriptibilidad
de tales conductas solo era aplicable en juicios penales, cuando se desconocía al
presunto autor de la conducta delictiva.

Desde esa perspectiva, vale anotar que en la citada decisión de unificación se
consideró razonable dar aplicación a las reglas de caducidad en materia de
reparación directa previstas en el numeral 8 del artículo 136 del CCA 22 y en el
literal i) del numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 23, que establecen
dos supuestos para efectos de contabilizar los dos años de presentación de la
demanda contenciosa, al margen de tener relación o no con delitos constitutivos
de crímenes de lesa humanidad: (i) a partir del día siguiente a la ocurrencia del
hecho dañoso, o (ii) de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del
hecho dañoso y de la participación del Estado en el mismo (por acción u omisión),
si ello fue en fecha posterior, siempre y cuando existan pruebas de la imposibilidad
de haberlo conocido en el momento de su ocurrencia.

En el referido pronunciamiento de unificación jurisprudencial también se precisó
que solamente sería procedente un tratamiento diferente para asuntos
relacionados con el delito de desaparición forzada, por tener reglas especiales, y
en aquellos eventos en los que se encontrara demostrada la imposibilidad material
de los afectados de acceder a la administración de justicia, circunstancia en la que
únicamente podrían ser apreciados para el efecto supuestos objetivos –secuestro,
enfermedades o cualesquier otra situación que dé cuenta sobre la imposibilidad de

21 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia del 29 de enero de 2020. Exp. (61033),

C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
22 Adicionado por el artículo 8 de la Ley 589 de 2000: «(…) 8. La de reparación directa caducará al

vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión
u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena
por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.
“Sin embargo, el término de caducidad de la acción de reparación directa derivada del delito de desaparición
forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo
definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en
que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición” (se resalta)».
En la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, la Sección Tercera aclaró que no bastaba la
ocurrencia del hecho dañoso, sino que este debía ser conocido por el afectado. Al respecto, citó: Consejo de
Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de marzo de 2006, Rad. 15.785.
23 «(…) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos

(2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de
cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. Sin embargo, el término para
formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de
la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el
proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que
ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición».

18

Radicación: 27-001-23-33-000-2017-00123-02 (73673)
Demandante: Ana Gertrudis Sánchez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otro.
Proceso: Reparación directa

acceder a la administración de justicia–. La Sección Tercera fue enfática en
destacar que, en los demás asuntos, incluso aquellos que traten de delitos de lesa
humanidad o crímenes de guerra, ni el CCA ni el CPACA establecen alguna regla
especial en materia de caducidad24.

La sentencia en cita fijó las siguientes reglas de unificación:

«Así las cosas, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado se
unificará en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias
formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra
y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de
responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales
eventos resulta exigible el término para demandar establecido por el
legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene
regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados
conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del
Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial,
y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que
hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una
vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.

Finalmente, se precisa que el término de caducidad para solicitar al Estado la
indemnización de un daño es inaplicable en aquellos eventos en los que se
adviertan circunstancias que hubiesen impedido, desde el punto de vista material,
el ejercicio del derecho de acción, lo que puede ocurrir frente a los delitos de lesa
humanidad, los crímenes de guerra o cualquier otro asunto en el que se pueda
demandar la responsabilidad patrimonial [del] Estado, pues para tales efectos no
resulta determinante la situación causante del daño, sino la condición particular de
quien acude a la administración de justicia» 25 (se destaca).

Respecto de los eventos que impidan el acceso a la administración de justicia, el
Pleno de la Sección Tercera anotó lo siguiente:

«La Sección enfatiza en que se trata de supuestos objetivos, como secuestros,
enfermedades o cualquier situación que no permita materialmente acudir a esta
jurisdicción, pues lo referente a la imposibilidad de conocer la relación del Estado
con el hecho dañoso no da lugar a la inaplicación de las reglas de caducidad, sino
al cómputo a partir del momento en el que, dado el conocimiento de los hechos,
surge el interés para reclamar la indemnización de los perjuicios causados, como
se explicó en el acápite precedente.
En síntesis, el juez de lo contencioso administrativo debe, excepcionalmente,
inaplicar el término de caducidad de la pretensión de reparación directa
cuando advierta que la no comparecencia ante la administración de justicia
se encuentra justificada por razones materiales, pues el paso del tiempo no
puede empezar a correr contra quien no goza del acceso efectivo a la
administración de justicia, lo cual, se insiste, depende de las circunstancias
especiales de cada sujeto.

24 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Auto del 30 de marzo de 2020. Radicación No. 05001-

23-33-000-2018-01126-01(63134).
25 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia del 29 de enero de 2020. Exp. (61033),

C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

19

Radicación: 27-001-23-33-000-2017-00123-02 (73673)
Demandante: Ana Gertrudis Sánchez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otro.
Proceso: Reparación directa

En las condiciones analizadas, el plazo para demandar no se computará mientras
subsistan dichas situaciones especiales y, una vez superadas, empezará a correr
el término de ley» 26 (se destaca).

8. La Corte Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse respecto de la
aplicabilidad de la caducidad en asuntos de lesa humanidad, con ocasión del
pronunciamiento de la Sección Tercera de la Corporación. Así, en sentencia SU-
312 de 2020, dispuso unificar la jurisprudencia constitucional en el sentido de
indicar que el criterio de la Sección Tercera «es razonable y proporcional desde
una perspectiva constitucional y convencional». Además, esta postura permite la
mejor optimización de los intereses constitucionales en tensión, en tanto «por una
parte, protege la seguridad jurídica y, por otra, no implica una afectación grave al
acceso a la administración de justicia de las víctimas de violaciones a los derechos
humanos a efectos de obtener la reparación patrimonial de los daños causados
por las mismas». El alto tribunal manifestó, inclusive, que la posición resultaba
coherente con la doctrina constitucional de antaño. De manera textual, expresó:

«(…) esta Corporación resalta que, si con efectos de cosa juzgada constitucional,
se estimó que la existencia de una norma que establecía el término de caducidad
de la pretensión de reparación directa en dos años a partir de la ocurrencia del
hecho dañoso sin modulación alguna, era conforme a la Carta Política debido a
que salvaguardaba la seguridad jurídica y no afectaba el derecho al acceso a la
administración de justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos,
mutatis mutandis, es razonable sostener que una interpretación amplia de una
disposición que es más benéfica para la protección de los intereses de los
afectados por un perjuicio causado por el Estado (numeral 2° del artículo 164 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), al
incorporar el conocimiento de la participación de un agente público en la causa del
menoscabo para iniciar con la contabilización de dicho plazo y la posibilidad
material de acudir al aparato jurisdiccional, también es acorde con el ordenamiento
superior».

Con relación a las barreras de acceso a la justicia que enfrentan las víctimas de
graves violaciones a los Derechos Humanos -DD HH-, la Corte Constitucional ha
considerado que estos obstáculos deben consultarse en razón a que podría
constituir un impedimento al derecho de acción27, acogiendo así lo dispuesto en la
precitada sentencia de unificación del Consejo de Estado.

Caso concreto

26 Ibidem.
27 Al respecto, consultar las sentencias SU-167 de 2023, SU-241 de 2024, SU-429 de 2024, SU-439 de 2024

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Radicación: 27-001-23-33-000-2017-00123-02 (73673)
Demandante: Ana Gertrudis Sánchez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otro.
Proceso: Reparación directa

9. En el presente caso se demandó por la muerte de dos personas (una de ellas
desmovilizada y la otra su familiar), en la vereda “Guaduas”, del municipio El
Carmen de Atrato, Chocó (lugar destinado al proceso de reinserción).

El proceso penal adelantado por esos hechos culminó con una condena contra
miembros del frente de las FARC por la comisión del delito de homicidio en
persona protegida (crimen de lesa humanidad)28.

Los demandantes alegaron falla del servicio por omisión en el deber de seguridad
y protección de los desmovilizados, quienes, al estar en proceso de reinserción
social, estaban expuestos (junto a sus familias) a sufrir daños por grupos al
margen de la Ley.

En el acápite de caducidad se planteó que el conteo para la oportunidad del
medio de control debía partir de la ejecutoria de la sentencia penal por medio de
la cual se condenó a los responsables de la muerte de Saúl de Jesús Caro Bolívar
y Fabio Nelson Vélez Restrepo por el delito de homicidio en persona protegida.
Además, se sostuvo que frente a casos de lesa humanidad operaba la
imprescriptibilidad de la acción penal y la no aplicación de la caducidad en materia
de responsabilidad extracontractual.

10. El Tribunal Administrativo del Chocó, en el año 2025, al estudiar el
presupuesto procesal, en línea con lo sostenido en la demanda, aplicó la
sentencia T-352 de 2016 sentencia de la Corte Constitucional –anterior a la
sentencia de unificación de la Sección Tercera de 2020–, según la cual no había
lugar a contar el término de la caducidad mientras no se hubiera proferido
sentencia penal en contra de los responsables del delito de lesa humanidad.

Esta forma de analizar el presupuesto procesal de caducidad fue, precisamente,
el primer cargo de ambas apelaciones de las demandadas y el primer punto del
concepto del Ministerio Público, quienes advirtieron, al unísono, que el Tribunal
Administrativo del Chocó desconoció el precedente aplicable en la jurisdicción
contencioso administrativa en materia de caducidad en eventos de graves
violaciones a los DDHH (incluidos delitos de lesa humanidad), esto es, la del 29
de enero de 2020 citada.

28 Folios 246-295 del expediente digital, plataforma Samai del Tribunal Administrativo del Chocó, índice 34.

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Radicación: 27-001-23-33-000-2017-00123-02 (73673)
Demandante: Ana Gertrudis Sánchez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otro.
Proceso: Reparación directa

11. Con fundamento en las pruebas allegadas al expediente, quedaron
acreditados los siguientes hechos:

11.1 El 25 de agosto de 2008 Saúl de Jesús Caro Bolívar recibió la calidad de
desmovilizado del Ejército Revolucionario Guevarista-ERG de parte de la Oficina
del Alto Comisionado para la Paz, conforme al Decreto 3360 de 2003. Por su
parte, Fabio de Jesús Vélez Caro (padre de la víctima Fabio Nelson Vélez
Restrepo) fue certificado como desmovilizado por el Comité de Dejación de
Armas, de conformidad con el Decreto 128 de 200329.

11.2. El 25 de mayo de 2011, en la vereda de Guaduas del Municipio de Carmen
de Atrato, Chocó murieron Saúl de Jesús Caro Bolívar y Fabio Nelson Vélez
Restrepo (sobrino del primero e hijo de Fabio de Jesús Vélez Caro), según consta
en los registros civiles de defunción que obran en el expediente30.

11.3. El 11 de julio de 2011, la Policía Nacional notificó a la Agencia Colombiana
de Reincorporación-ACR el estudio técnico de nivel de riesgo y amenaza de los
desmovilizados asentados en Guaduas, El Carmen de Atrato, Chochó, en el que
se concluyó: calificación de nivel de riesgo EXTRAORDINARIO para el
desmovilizado Rodolfo Caro Caro, Fabio de Jesús Vélez Caro (padre de Nelson
Fabio Vélez) y demás desmovilizados.

11.4. El 14 de julio siguiente, la ACR, en atención al riesgo evidenciado de Fabio
de Jesús Vélez (y su núcleo familiar), consideró imperioso sufragar los gastos de
traslado a una ciudad “identificada como destino seguro”. Lo anterior en el marco
de la ruta de reintegración para reubicación (Decreto 1391 de 2011, Ley 418 de
1997 y Ley 1421 de 2010)31.

En el mismo sentido, en atención al riesgo que también se evidenciaba para la
señora Ana Gertrudis Sánchez Caro (esposa de la víctima directa Saúl de Jesús
Caro Bolívar) y su núcleo familiar, se desembolsó por parte de la Agencia

29 F. 437 a 443, expediente digital, índice 34, Samai del Tribunal Administrativo del Chocó.
30 F. 92 y 94 expediente digital, índice 34, Samai del Tribunal Administrativo del Chocó.

31 F. 439 y 440, expediente digital, índice 34, Samai del Tribunal Administrativo del Chocó.

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Radicación: 27-001-23-33-000-2017-00123-02 (73673)
Demandante: Ana Gertrudis Sánchez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otro.
Proceso: Reparación directa

Colombiana para la Reintegración ACR, la suma de $1.150.000 a fin de sufragar
los gastos de su reubicación a una ciudad identificada como segura32.

11.5. En agosto de 2011, los demandantes (con excepción de Jeison Vélez
Restrepo), otorgaron poder a los abogados Pablo Ignacio Jane Fernández y Juan
Carlos Cárdenas Villa para presentar solicitud de conciliación prejudicial por la
muerte de Saúl de Jesús Caro Bolívar y Fabio Nelson Vélez Restrepo.

12. De lo demostrado se advierte que (i) la ocurrencia del hecho (muerte de
desmovilizado y su familiar por miembros de un grupo ilegal) y (ii) el conocimiento
de la participación del Estado (por omisión del deber de seguridad y protección)
coinciden en el tiempo y se concretaron en el 25 de mayo de 2011. Ese mismo día
de la comisión del delito de homicidio en persona protegida los demandantes
sabían que el Estado tenía la obligación de proteger al personal desmovilizado y a
sus familiares en el lugar destinado a la reinserción.

Ahora bien, conforme a la sentencia de unificación del Consejo de Estado
(precedente de obligatoria aplicación), el momento de conocimiento de la
participación del Estado no es el único elemento que debe considerarse para
iniciar el cómputo de la caducidad, también lo son las barreras para acceder a la
justicia (enfermedad, secuestro, estado de riesgo y amenaza, o condiciones
particulares de las víctimas que impedían el acceso a las autoridades y a las
pruebas, entre otros).

El 11 de julio de 2011, según dio cuenta el estudio técnico de nivel de riesgo y
amenaza de los reinsertados asentados en Guaduas, El Carmen de Atrato,
Chochó, los desmovilizados Fabio de Jesús Vélez Caro (padre de Nelson Fabio
Vélez), su núcleo familiar; los familiares de Saúl de Jesús Caro Bolívar y los
demás desmovilizados asentados en la vereda de Guaduas, El Carmen de Atrato,
Chocó se encontraban en riesgo extraordinario. Esta circunstancia fue
determinante para que la Agencia Colombiana de Reincorporación -hoy Agencia
de Reincorporación y Normalización- activara los trámites para el traslado en el
marco de la ruta de reintegración.

32 F. 478 expediente digital, índice 34, Samai del Tribunal Administrativo del Chocó. Ver, además, F. 301-304

C. 1, expediente físico.

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Radicación: 27-001-23-33-000-2017-00123-02 (73673)
Demandante: Ana Gertrudis Sánchez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otro.
Proceso: Reparación directa

En el mismo mes julio, Ana Gertrudis Sánchez Caro (esposa de la víctima directa
Saúl de Jesús Caro Bolívar) y Fabio de Jesús Vélez sus núcleos familiares
recibieron cada uno la suma de $1.150.000 a fin de sufragar los gastos de su
reubicación a una ciudad identificada como segura.

Este escenario probatorio muestra que los demandantes se encontraban en
estado de riesgo y amenaza y que fueron beneficiarios de una suma de dinero
para el traslado. Sin embargo, esta situación excepcional no fue impedimento para
considerar que los demandantes se encontraban en condiciones objetivas que le
impidieran el acceso a la justicia, es decir, el estado de riesgo y amenaza no se
evidencia, en este caso, como una barrera de acceso para reclamar por los daños
causados (en los términos de la sentencia de unificación de la Sección Tercera del
Consejo de Estado –criterio reiterado por la Corte Constitucional–).

En efecto, al mes siguiente de haber recibido la ayuda económica para sus
traslados, los demandantes otorgaron poder a dos abogados para que formularan
la acción de reparación directa por la muerte de sus seres queridos33. Y, a inicios
de 2012, los apoderados iniciaron los trámites de conciliación prejudicial, los
cuales culminaron con celebración de la audiencia que fue declarada fallida 34.

Por otro lado, obra en el expediente la declaración extrajudicial rendida el 15 de
junio de 2012 por Fabio de Jesús Vélez Caro, padre de Fabio Nelson Vélez
Restrepo (víctima directa), quien manifestó:

"mi hijo Fabio Nelson Vélez Restrepo fue víctima del frente 34 de las FARC el 25
de mayo de 2011, en la vereda Guaduas. Vivía allí y era trabajador independiente
(…).

El mismo día, la señora Ana Gertrudis Sánchez Caro, viuda del señor Saúl de
Jesús Caro Bolívar, también declaración extrajudicial e indicó:

"Yo, Ana Gertrudis Sánchez Caro, con de ciudadanía C.C. 35.685.357, viuda mi
esposo, Saúl De Jesús Caro Bolívar, quien fue muerto el 25 de mayo de 2011 por
acto violento cometido por el frente 34 de las FARC (…)"35.

33 F. 43 y ss expediente digital, índice 34, Samai del Tribunal Administrativo del Chocó.
34 F. 46-55 expediente digital, índice 34, Samai del Tribunal Administrativo del Chocó.
35 F. 74 y 76, expediente digital, índice 34, Samai del Tribunal Administrativo del Chocó.

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Radicación: 27-001-23-33-000-2017-00123-02 (73673)
Demandante: Ana Gertrudis Sánchez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otro.
Proceso: Reparación directa

Posteriormente, en el año 2013, el demandante Jeyson Vélez Restrepo, familiar
de Fabio Nelson Vélez Restrepo otorgó poder para formular la demanda de
reparación directa que hoy nos ocupa36.

Las anteriores actuaciones dan cuenta de que, a pesar del estado de riesgo
extraordinario (circunstancia, por demás, delicada en tanto mostraba que los
demandantes estaban expuestos a daños en su vida e integridad), en el que se
encontraban los familiares de las víctimas directas, este no constituyó, en la
práctica, una barrera para que los demandantes accedieran a la justicia dentro del
término de oportunidad del medio de control, esto es, dentro de los dos años
siguientes al 26 de mayo de 2011.

Por otro lado, los demandantes no acreditaron circunstancias adicionales y
posteriores a sus gestiones prejudiciales (de 2012 y 2013), que demostraran
nuevos factores determinantes que les hubieran impedido demandar o continuar el
proceso. Y que justificaran, en consecuencia, considerar un estudio jurídico de
situaciones objetivas (barreras) para acceder a la administración de justicia (en los
términos de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020).

Puntualizado lo anterior, la parte demandante tuvo conocimiento de la muerte de
Saúl de Jesús Caro Bolívar y Fabio Nelson Vélez Restrepo el día de su
ocurrencia, es decir, el 25 de mayo de 2011. Además, el mismo día sus familiares
conocieron la participación del Estado en los hechos (a título de omisión), de modo
que el término de dos años previsto en el literal i) del numeral 2º del artículo 164
de la Ley 1437 de 201137, empezó a correr el 26 de mayo de 2011 y venció el 26
de mayo de 2013. Sin embargo, la demanda se presentó el 31 de octubre de
2017. De modo que operó el fenómeno preclusivo de la caducidad del medio de
control. En consecuencia, la Sala revocará la decisión de primera instancia.

13. El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte
vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso. El

36 F. 44-45, expediente digital, índice 34, Samai del Tribunal Administrativo del Chocó.
37 «(…) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos

(2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de
cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. Sin embargo, el término para
formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de
la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el
proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que
ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición».

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Radicación: 27-001-23-33-000-2017-00123-02 (73673)
Demandante: Ana Gertrudis Sánchez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otro.
Proceso: Reparación directa

artículo 361 ibidem establece que las costas «están integradas por la totalidad de
las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias
en derecho». Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que,
para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.

Respecto de las costas del proceso, el numeral 8 del artículo 365 del CGP dispone
que «solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación» y la liquidación la hará de manera
concentrada el juzgado o tribunal que haya conocido del proceso en primera o
única instancia, en los términos del artículo 366 del CGP38.

En relación con las agencias en derecho, conforme a lo previsto en el numeral 4
del artículo 366 del CGP39, para su fijación deberán aplicarse las tarifas que
establezca el Consejo Superior de la Judicatura y se tendrá en cuenta la
naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte
que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales.

Revisado el expediente, se advierte que, luego de admitidos los recursos de
apelación por esta Corporación, no se registró actuación alguna de la Nación-
Ministerio de Defensa-Ejército Nacional ni de la Agencia para la Reincorporación y
la Normalización-ARN. En efecto, ninguna de las dos entidades presentó
memoriales, solicitudes u observaciones, ni desplegó actividad procesal posterior
a la sustentación de los recursos.

Así las cosas, constatada la no actividad procesal de las demandadas (posterior al
recurso), se negará el reconocimiento de agencias en derecho en segunda
instancia.

Ahora bien, en materia de costas en eventos de conflicto armado y graves
violaciones a los derechos humanos, la Corte Constitucional, en sentencia SU 241
de 20224 estableció:

38 «Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado

que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior,
con sujeción a las siguientes reglas […]».
39 «[…] 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo

Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en
cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de
dichas tarifas […]».

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Radicación: 27-001-23-33-000-2017-00123-02 (73673)
Demandante: Ana Gertrudis Sánchez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otro.
Proceso: Reparación directa

(…) No obstante, observa la Sala plena que, aunque la autoridad judicial
aplicó un criterio objetivo- valorativo para la imposición de la condena en
costas ya que dispuso sobre las costas procesales y explicó por qué fueron
causadas y efectivamente probadas, a juicio de esta Corporación dadas las
particularidades del caso bajo estudio dicha condena resulta irrazonable y
desproporcionada. Lo anterior, porque el ordenamiento jurídico consagra
excepciones para la aplicación de dicha figura procesal a las que hubiese
podido acudir la autoridad judicial, en aras de asegurar el respeto y la
realización de los principios, derechos y deberes constitucionales a favor de
las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, como es el
caso de los demandantes, quienes tienen la calidad de apelantes únicos en
segunda instancia40.

Entonces, conforme a la regla de la Corte Constitucional (que la Sala acoge),
según la cual el análisis de costas procesales debe abordarse desde un enfoque
diferencial y no solo objetivo, tampoco se impondrá al pago de costas procesales a
los demandantes quienes alegan la condición de víctimas de graves violaciones a
los derechos humanos dentro del conflicto armado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

REVOCAR la sentencia del 27 de febrero de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó. Y, en su lugar se dispone:

PRIMERO: DECLARAR la caducidad del medio de control de reparación directa
por las razones expuestas en la providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme este fallo, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

40 Corte Constitucional, sentencia SU 241 de 2024, expediente T-9.792.873.

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Radicación: 27-001-23-33-000-2017-00123-02 (73673)
Demandante: Ana Gertrudis Sánchez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otro.
Proceso: Reparación directa

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLAS YEPES CORRALES

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

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