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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2017-00138-01

Fecha
3 de mayo de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2017-00138-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. – Revocar el numeral 4 de la sentencia proferida el 29 de octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Chocó, en cuanto condenó en costas a la entidad demandada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. – Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 29 de octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Chocó, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Bernardo Murillo Murillo contra la Administradora Colombiana de Pensiones, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Tercero. – Sin condena en costas en esta instancia. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 27001-23-33-000-2017-00138-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

3 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., tres (3) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 27001-23-33-000-2017-00138-01 (3087-2022)
Demandante: Bernardo Murillo Murillo
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones1

Tema: Intereses moratorios, artículo 141 de la Ley 100 de 1993

Sentencia de segunda instancia

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 29 de octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo del
Chocó, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

Bernardo Murillo Murillo presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones 053802 del 7 de noviembre de 2008 y
809 del 8 de marzo de 2011, por medio de las cuales Colpensiones le negó la
pensión de jubilación.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó
que i) se ordenara el reconocimiento de la pensión de jubilación en los términos
del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, a partir del 11 de febrero de 2007; ii) se
indexaran las sumas que resultaren de la condena, así como la primera mesada
pensional; iii) se pagaran los intereses moratorios de conformidad con lo dispuesto

1
En lo sucesivo Colpensiones
2 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 27001-23-33-000-2017-00138-01 (3087-2022)
Demandante: Bernardo Murillo Murillo

en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; y iv) se condenara en costas a la parte
demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes3:

• Bernardo Murillo Murillo nació el 11 de febrero de 1952 y laboró desde el 1° de
agosto de 1978 al 1° de marzo de 2004, esto es durante 21 años en las siguientes
entidades del sector oficial:

Entidad Período laborado Tiempo de servicio
Contraloría General de la
República 01/08/78 – 20/03/85 6 años, 7 meses y 20 días
IDEMA 24/08/87 –16/11/89 2 años, 2 meses y 19 días
Adpostal 26/09/90 – 24/07/91 9 meses y 28 días
Alcaldía Mayor de Bogotá 16/10/91 – 13/01/97 5 años, 2 meses y 28 días
INPEC 14/01/97 – 14/07/97 6 meses
Fiduprevisora S.A. 07/07/98 – 20/02/01 2 años, 7 meses y 14 días
Municipio de Nuquí 01/03/01 – 01/03/04 3 años

• A la fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 en el orden nacional tenía
42 años de edad, de modo que era beneficiario del régimen de transición previsto
en el artículo 36 ibidem.

• El 11 de febrero de 2007 cumplió 55 años de edad, por lo que a partir de ese
momento cumplió con los requisitos establecidos en la Ley 33 de 1985 para el
reconocimiento de la pensión de jubilación y con fundamento en ello solicitó aquella
prestación al entonces Instituto de Seguros Sociales4 -hoy Colpensiones-, el 10 de
septiembre de 2008.

• El ISS le negó la anterior petición por medio de la resolución 053802 del 7 de
noviembre de 2008, al considerar que, si bien era beneficiario del régimen de
transición, no acreditó el requisito del tiempo de 20 años de servicios establecido
en la Ley 33 de 1985, debido a que solo cotizó durante 15 años, 10 meses y 17
días equivalentes a 817 semanas.

• La decisión fue impugnada y confirmada con la Resolución 809 del 8 de marzo
de 2011, esta vez bajo el argumento atinente a que solo había acreditado 13 años,
4 meses y 15 días al servicio del Estado.

3 Índice 2 de Samai, expediente digital, documento 01.
4
En lo que sigue ISS

2

Radicado: 27001-23-33-000-2017-00138-01 (3087-2022)
Demandante: Bernardo Murillo Murillo

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1 de la Ley 33 de 1985; 46 y 141 de la Ley
100 de 1993; 103, 104, 138, 157, 159, 162, 164 y 179 de la Ley 1437 de 2011.

En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente5:

• En consideración a que cumplió 55 años de edad el 11 de febrero de 2007, fecha
para la cual contaba con más de 20 años de servicios en el sector público, la
actuación administrativa acusada desconoció el derecho a la aplicación del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y al reconocimiento de la pensión de
jubilación según la Ley 33 de 1985.

1.2. Contestación de la demanda

Colpensiones se opuso a la prosperidad de las pretensiones bajo los siguientes
argumentos6:

• De acuerdo con los documentos aportados se verificó que Bernardo Murillo
Murillo solo completó 13 años, 4 meses y 15 días de servicio, más no 21 años
como se afirmó en la demanda. En ese sentido, los actos administrativos objeto de
censura fueron expedidos de conformidad con los preceptos legales, comoquiera
que en aplicación del régimen de transición no logró acreditar aquella exigencia
para que se accediera al reconocimiento de la pensión.

• Como excepciones propuso la de «inexistencia de la obligación de pagar intereses
moratorios» debido a que Colpensiones asumió la posición jurisprudencial de no
reconocerlos sino en el evento en que se haya incumplido el pago de las
prestaciones económicas luego de reconocidas. Igualmente formuló la de
prescripción «ausencia de causa para pedir», «buena fe», «imposibilidad de condena en
costas», «compensación» y la genérica o innominada.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Chocó en sentencia del 29 de octubre de 2021 7
declaró la nulidad de los actos acusados y ordenó a Colpensiones reconocer y
pagar a Bernardo Murillo Murillo la pensión de jubilación a partir del 11 febrero de

5 Ibidem 3
6 Folios 54 a 57
7 Índice 2 de Samai, expediente digital, documento 03

3

Radicado: 27001-23-33-000-2017-00138-01 (3087-2022)
Demandante: Bernardo Murillo Murillo

2007, en cuantía equivalente al 75% del promedio de lo devengado «[…] en el
tiempo que le hiciere falta para adquirir la pensión, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo,
el que fuere superior […]», actualizado anualmente con base en la variación del IPC
expedido por el DANE. Asimismo, dispuso el pago del retroactivo de la pensión
causada desde el 11 de febrero de 2007, la condena en costas a la parte vencida,
el cumplimiento del fallo de conformidad con lo previsto en los artículos 187, 192 y
195 del CPACA, y negó las demás pretensiones de la demanda.

Como fundamento de su decisión señaló lo siguiente:

• El demandante era beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
circunstancia que no estaba sometida a discusión, en tanto Colpensiones lo aceptó
en la actuación demandada.

• La entidad accionada no se detuvo en contabilizar de manera sistemática y en
conjunto todo el tiempo de servicio prestado por Bernardo Murillo Murillo,
debidamente certificado, por las correspondientes entidades y las cotizaciones
tanto en el sector público como en el privado (independiente), así:

«[…]

Tiempo de servicio
No. Entidad empleadora Desde Hasta días meses años
1 Contraloría General de la
República 01/08/78 20/03/85 20 07 06
2 Idema (CERTIFICADAS) que
corresponde en la Resolución 04/12/85 16/11/89 18 11 03
acusada a las denominadas
semanas tradicionales- ISS
3 Adpostal 26/09/90 24/07/91 28 09
4 Alcaldía mayor de Bogotá D.C. 05
(Secretaría Distrital) 16/10/91 13/01/97 28 02
5 Inpec (ISS) 14/01/97 14/07/97 06
6 Fiduprevisora S.A 07/07/98 20/02/01 14 07 02
7 Municipio de Nuquí -certificadas,
pero no tenida en cuenta en su 01/03/01 01/03/04 03
totalidad en la resolución
acusada
8 Independiente-ISS 01/11/06 30/01/11 29 2 05
9 Total tiempo servido 17 00 28

[…]»

• Así las cosas, se demostró que laboró al servicio del Estado entre el 1° de agosto
de 1978 y el 1° de marzo de 2004, por un lapso de 20 años, 6 meses y 25 días.
Durante este tiempo se demostró además que cotizó «[…] tanto a la Caja de Previsión
Social como al ISS […] sin constancia de haber cotizado o aportado, entre el 01 de marzo

4

Radicado: 27001-23-33-000-2017-00138-01 (3087-2022)
Demandante: Bernardo Murillo Murillo

de 2001 al 01 marzo de 2004» cuando laboró para el municipio de Nuquí, toda vez
que Colpensiones se encuentra facultado para repetir en contra de la entidad
territorial en la cantidad proporcional correspondiente, en virtud del numeral 3 del
artículo 75 del Decreto 1848 de 1969.

• Por lo tanto, cuando Bernardo Murillo Murillo presentó la reclamación a la entidad
demandada -10 de febrero de 2008-, contaba con un tiempo de servicio superior a
20 años en el sector oficial y 56 años de edad, por ende le asistía el derecho al
reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985.

• Es así como se demostró que en la actuación reprochada se omitió el análisis de
todos los tiempos servidos y cotizados como empleado público. Esto por cuanto
en la Resolución 053802 del 07 de noviembre de 2008 solo contabilizó el periodo
servido en la Contraloría General de la República y Adpostal; mientras que en la
Resolución 00809 del 08 de marzo de 2011, el periodo servido en aquel órgano de
control, Idema, Adpostal, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C (Secretaría Distrital),
Inpec, Fiduprevisora S.A, más no en el municipio de Nuquí certificado a folio 25 y
26 del expediente, documento que no fue objeto de reproche, tacha ni mucho
menos fue desconocido por la demandada, por lo que ostentaba eficacia
probatoria.

• En definitiva, con fundamento en los certificados de información laboral válidos
para el reconocimiento de la pensión de jubilación se verificó que en efecto sí
cumplía con el tiempo de servicios y la edad requerida para acceder a la prestación,
de modo que los actos acusados se encontraban viciados por su ilegalidad.

• La base de liquidación de la pensión se definió de acuerdo con los artículos 36
(inciso 3) o 21 de la Ley 100 de 1993, según sea el caso, y los factores taxativos
del Decreto 1158 de 1994 objeto de cotización que, en el presente caso
correspondió solo a la asignación básica.
• La condena en costas a la parte demandada era procedente, toda vez que fue la
vencida en el proceso.

1.4. El recurso de apelación

El demandante8 apeló en forma parcial la sentencia de primera instancia al
considerar que:

• El a quo omitió pronunciarse respecto del numeral 4 del acápite de pretensiones
de la demanda, por virtud del cual solicitó que se ordenara a Colpensiones el

8 Índice 2 de Samai, expediente digital, documento 06

5

Radicado: 27001-23-33-000-2017-00138-01 (3087-2022)
Demandante: Bernardo Murillo Murillo

reconocimiento y pago de los intereses moratorios causados sobre cada mesada
pensional desde el 11 de febrero de 2007, de acuerdo con lo señalado en el artículo
141 de la Ley 100 de 1993.

• Si bien en las consideraciones de la sentencia no señaló nada frente a aquella,
en el numeral 5 de la parte resolutiva dispuso «[…] [d]eniéguense las demás súplicas
de la demanda […]», lo que conlleva presumir que se negó sin ninguna motivación
sobre ese particular.

• El presente caso se «[…] encuentra inmerso en dicha normativa [artículo 141 de la Ley
100 de 1993] no solo por la simple mora en el pago del derecho pensional causado desde
febrero 11 de 2007, sino en el comportamiento de casi mala fe del ente demandado, que
se negó a ver el derecho que me correspondía, sino que de manera maliciosa omitía
contabilizar períodos laborados debidamente certificados […]» (sic).

• La falta de reconocimiento de los intereses moratorios sobre las mesadas
adeudadas depreciaría en sumo grado el valor a pagar y con ello un gran
detrimento al pensionado, quien recibiría un monto inferior del que debió
usufructuar desde 15 años atrás.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

Por auto del 19 de agosto de 20229 se admitió el recurso de apelación, sin que
fuera necesario el decreto de pruebas de conformidad con el numeral 3 del artículo
247 del CPACA, por ende, no hubo traslado a las partes para alegar.

1.6. Concepto del Ministerio Público

El procurador segundo delegado ante el Consejo de Estado solicitó que se
confirmara la sentencia de primera instancia, toda vez que, según la jurisprudencia
de esta Corporación10, los intereses moratorios pretendidos por el recurrente solo
son exigibles por el retraso en el pago de las mesadas pensionales a partir del
título que las otorga, es decir el acto de reconocimiento de la prestación que
determine el monto y periodicidad respectivo, pues en ese momento nacería la
obligación, de modo que ante el retardo en el desembolso se causaría la mora.

La anterior situación no se configuró en el sub examine, pues al efecto se requiere
que: i) el fallo en el que se ordenara el reconocimiento pensional se encontrara en

9 Samai, índice 4.
10
Al respecto citó la sentencia con radicación 25000-23-42-000-2016-03801 (4855-18)

6

Radicado: 27001-23-33-000-2017-00138-01 (3087-2022)
Demandante: Bernardo Murillo Murillo

firme, y ii) la administración expidiera el correspondiente acto de ejecución de
aquella providencia.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

Los problemas jurídicos que se deben resolver en esta instancia se contraen a
determinar ¿si existió mala fe por parte de Colpensiones que conllevara a un
retardo en el reconocimiento de la pensión de jubilación de Bernardo Murillo
Murillo? y si con ocasión de lo anterior ¿se causaron intereses moratorios de
conformidad con lo previsto en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Del principio de la buena fe y su tratamiento jurisprudencial para
devolución de prestaciones periódicas

La institución de la buena fe nace como regla moral regida por el honor y el crédito
personal, luego como regla de derecho. En su origen, en Roma, la fides hacía
referencia a las relaciones entre Dios y el hombre y se le daba su nombre cuando
había cumplido a cabalidad lo que se decía o lo que se había prometido y entre las
partes se actuaba de acuerdo con lo convenido. Es la fidelidad de la palabra al
estar ligado a su propia declaración6.

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos7, «(l)a buena fe (del latín, bona
fides) es un principio general del derecho, consistente en el estado mental de honradez,
de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión, o la rectitud
de una conducta. Exige una conducta recta u honesta en relación con las partes
interesadas en un acto, contrato o proceso. En ocasiones se le denomina "principio de
probidad"», entiéndase por probidad, de conformidad con la Real Academia de la
Lengua Española8, como honradez.

La Corte Constitucional en la sentencia C-540 de 19959, sostuvo que «(l)a buena fe
ha sido desde tiempos inmemoriales, uno de los principios fundamentales del derecho, ya
se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con lealtad en nuestras
relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que los demás
procedan en al (sic) misma forma».

El principio de la buena fe surgió en nuestro ordenamiento jurídico en el Código
Civil, en especial, en su artículo 769 que estableció:

7

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Demandante: Bernardo Murillo Murillo

«Artículo 769. <Presunción de buena fe>. La buena fe se presume, excepto en los
casos en que la ley establece la presunción contraria.

En todos los otros, la mala fe deberá probarse»10.

Por su parte, el Código de Comercio en su artículo 835 dispuso que «(s)e presumirá
la buena fe, aún la exenta de culpa. Quien alegue la mala fe o la culpa de una persona, o
afirme que ésta conoció o debió conocer determinado hecho, deberá probarlo». Este
cuerpo normativo, en los artículos 863 y 871 previó el principio de la buena fe como
rector de los contratos en las etapas precontractual y contractual y su ejecución.

A su turno, el Código Contencioso Administrativo11 en su artículo 136, numeral 2,
estableció que «(l)os actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse
en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe». (Negrilla del texto
original).

El desarrollo más importante del principio de la buena fe en nuestro ordenamiento
jurídico se encuentra en artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, el cual
dispuso:

«Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante éstas».

Así las cosas, la buena fe es uno de los principios generales del derecho que
gobierna las relaciones entre la administración y los ciudadanos. Al respecto, la
Corte Constitucional12 ha sostenido que el principio de la buena fe es aquel que
exige, tanto a las autoridades, como a los particulares acomodar sus
comportamientos y actuaciones a una conducta honesta y leal, tal y como lo haría
una «persona correcta ("vir bonus")». Así, la buena fe presupone la existencia de
relaciones recíprocas con trascendencia jurídica y se refiere a la «confianza,
seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada».

En dicha providencia la Corte Constitucional se refirió a la buena fe, así:

«La buena fe supone la existencia de una relación entre personas y se refiere
fundamentalmente a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada.
En las gestiones ante la administración, la buena fe se presume del particular y
constituye guía insustituible y parámetro de acción de la autoridad. La doctrina, por su
parte, ha elaborado diversos supuestos para determinar situaciones contrarias a la
buena fe. Entre ellos cabe mencionar la negación de los propios actos (venire contra
factum proprium), las dilaciones injustificadas, el abuso del poder y el exceso de
requisitos formales, sin pretender con esta enumeración limitar el principio a tales
circunstancias. No es posible reducir la infracción de la buena fe a casos

8

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Demandante: Bernardo Murillo Murillo

tipificados legalmente. De ahí que la aplicación de este principio suponga incorporar
elementos ético-jurídicos que trascienden la ley y le dan su real significado, suscitando
en muchas ocasiones la intervención judicial para calificar la actuación pública según
las circunstancias jurídicas y fácticas del caso». (Se resalta).

De lo transcrito se advierte que para calificar la conducta se debe analizar la
situación particular en cada caso, de cara a esos comportamientos honestos que
se espera de los particulares cuando acuden a la administración. Valga resaltar
que esa calificación de la conducta a efectos de determinar si se actuó bajo ese
principio o no, corresponde a un análisis subjetivo que debe darse en el caso
concreto; empero el derrotero será siempre la verificación de un actuar honesto de
cada parte.

La Corte Constitucional en la sentencia C-131 de 200413, en cuanto a la aplicación
del principio de la buena fe, sostuvo:

«El mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una exigencia de
honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la
cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los
particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial
del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen el
ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal
suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el
cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido
más congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los
sujetos intervinientes en la misma. La buena fe incorpora el valor ético de la
confianza y significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad
surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y
normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el
ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar
las lagunas del sistema jurídico». (Se resalta).

Así las cosas, el principio de rango constitucional de la buena fe presupone
obligaciones recíprocas relacionadas con la confianza, seguridad y credibilidad; sin
embargo, se ha considerado que este no constituye un postulado absoluto, sino
que tiene límites demarcados por principios de igual o superior categoría
constitucional, tales como la igualdad, la prevalencia del interés general, el
desarrollo de la función administrativa, la legalidad, la moralidad, la eficacia, la
economía, entre otros14.

En materia de lo contencioso-administrativo, el literal c) del numeral 1 del artículo
164 del CPACA al referirse a la oportunidad para presentar la demanda en contra
de actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas,
previó que podían ser demandados en cualquier tiempo y recalcó que «no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe», postulado que

9

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Demandante: Bernardo Murillo Murillo

tiene como fin el de amparar a quienes hayan percibido prestaciones periódicas
como consecuencia de decisiones adoptadas de manera errónea por la
administración.

De acuerdo con la norma, el poder público no puede defraudar la legítima confianza
que los ciudadanos esperan de su actuación, en razón a que la expresión de la
voluntad contenida en el acto de reconocimiento se fundamenta en criterios sólidos
«que indu(cen) racionalmente al administrado a confiar en la apariencia de legalidad de
una actuación administrativa concreta. No puede deducirse de manera subjetiva o
sicológicamente, suponiendo intenciones no objetivas»15, en otras palabras, el
beneficiario del derecho reconocido por la administración actúa con la convicción
en que el acto está sujeto a la legalidad; razón por la cual el ordenamiento
colombiano protege a quienes se benefician de prestaciones pagadas a
particulares de buena fe.

Estas consideraciones imponen la necesidad de demostrar que el beneficiario de
una prestación actuó en forma deshonesta al momento de reclamar el derecho, es
decir, la conducta de la cual se predique la mala fe debe i) ser previa a la expedición
del acto que reconoce el derecho; y ii) derivarse de un hecho concreto en que el
beneficiario haya actuado en forma deshonesta con el propósito de acceder al
derecho.

Respecto de la recuperación de los dineros pagados a los particulares de buena
fe, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 6 de marzo de
200816, hizo énfasis en que la mala fe del particular debía ser probada por quien la
alega. En este fallo se dijo lo siguiente:

«Por último como el numeral 2º del artículo 136 del C.C.A. dispone que “Los actos que
reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la
administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones
pagadas a particulares de buena fe”, igualmente deberá confirmarse en este sentido la
decisión apelada, pues, el demandado está amparado por el principio de la buena fe,
ya que no se afirmó, ni demostró que hubiera incurrido en actos dolosos y de mala fe
para obtener la pensión de jubilación, por lo tanto no está obligado a devolver lo que ya
le fue pagado por este concepto17».

Posteriormente, en la sentencia del 15 de septiembre de 2016 18, la corporación
indicó:

«Por ello, la Sala estima que no existen elementos probatorios suficientes para
determinar que el demandado al recibir19 la cantidad de $73.647.865, 54 actuó de mala
fe, pues, conforme al artículo 83 de la Carta Política, la buena fe se presume, y para
desvirtuar su existencia debe operar prueba en contrario porque —se repite— en el
desprendible de pago no se detallan los conceptos. Dicha suma, según se afirma en el

10

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Demandante: Bernardo Murillo Murillo

recurso de apelación, corresponde a mesadas pensionales atrasadas, desde el 31 de
marzo de 2008, fecha en que el fallo de tutela del Juzgado Tercero de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Pasto ordenó la reliquidación de la pensión de
jubilación con el 100% de la bonificación por servicios prestados (f. 309).

Sobre la buena fe, es oportuno recordar lo que la Corte Constitucional ha dicho: (…)20

Así las cosas, bajo el criterio de que el principio de la buena fe debe presidir las
actuaciones de los particulares y de los servidores públicos, quiso el Constituyente que
sólo en el caso de los primeros ella se presuma. Por lo mismo, mientras no obre prueba
en contrario, la presunción de buena fe que protege las actuaciones de los particulares
se mantiene incólume. En cuanto a los servidores públicos no es que se presuma, ni
mucho menos, la mala fe. Sencillamente, que al margen de la presunción que favorece
a los particulares, las actuaciones de los funcionarios públicos deben atenerse al
principio de constitucionalidad que informa la ley y al principio de legalidad que nutre la
producción de los actos administrativos (…)

(…)

Por lo visto, se ha de revocar el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia,
puesto que el demandado, al actuar de buena fe, no tiene que reintegrar las
prestaciones que le pagaron, de conformidad con el artículo 164, numeral 1, letra c),
del CPACA».

En pronunciamiento del 18 de marzo de 202121, sostuvo:

«25. De acuerdo con lo anterior, el principio de la buena fe incorpora una presunción
legal, que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de
menos probar que el peticionario actuó de mala fe. Por ello, en tratándose de un error
de la administración al concederse el derecho a quien no reunía los requisitos legales,
no puede permitir a la entidad alegar a su favor su propia culpa para tratar de recuperar
un dinero que fue recibido por una persona de buena fe».

Corolario de lo dicho, en todos los actos de los particulares y de las autoridades se
presume la buena fe, razón por la cual cuando se pretenda acreditar lo contrario
se debe desvirtuar que la conducta se amparó en tal principio. Para ello, quien lo
alega debe direccionar su teoría del caso a demostrar una conducta deshonesta
que le permitió el acceso a un derecho a efectos de demostrar que actuó con
desconocimiento de los postulados de la buena fe.

En ese orden, para que proceda el reintegro de las prestaciones periódicas
reconocidas y pagadas, se hace necesario que la entidad pruebe que el
pensionado incurrió en conductas deshonestas o fraudulentas, en el trámite de la
actuación administrativa que, a la postre, conllevó al reconocimiento de la pensión.

En este contexto, vale la pena recordar que la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación, en anterior oportunidad al resolver una demanda

11

Radicado: 27001-23-33-000-2017-00138-01 (3087-2022)
Demandante: Bernardo Murillo Murillo

de lesividad, reflexionó que el obrar del particular mediante maniobras
fraudulentas, como la presentación de documentos que no gozan de veracidad, o
que contienen información que no revelan la realidad, indican una actuación
temeraria e intencional, cuya finalidad es obtener beneficios a los cuales no tendría
derecho sin ellos, lo que conlleva a reprochar dicha conducta con la devolución de
los dineros recibidos como consecuencia del irregular reconocimiento de la
prestación22.

Así las cosas, por ejemplo, la utilización de un documento fraudulento, falso o
apócrifo dentro de la actuación administrativa, y que ello desemboque en el
reconocimiento de un derecho pensional, permitiría desvirtuar la presunción de
buena fe que gobierna los actos del peticionario, haciendo viable así, la
recuperación de los dineros pagados de manera indebida.

Ahora bien, en concordancia con los postulados constitucionales y legales antes
descritos, la jurisprudencia ha protegido a los particulares que de buena fe se les
ha reconocido el pago de prestaciones periódicas como consecuencia de
decisiones tomadas de manera errónea por la administración; sin embargo, esta
protección no acontece en los casos en los que se presentan actuaciones dudosas
con la finalidad de obtener el reconocimiento de una pensión. Con todo, se hace
necesario que se demuestre la comisión de tales conductas dudosas, deshonestas
o fraudulentas que llevaron al reconocimiento de una prestación para que proceda
la devolución de esas sumas de dinero pagadas.

2.3.2. Sobre el reconocimiento de los intereses moratorios

El artículo 141 de la Ley 100 de 199311 señala:

«[…] Intereses de mora. A partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el
pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente
reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el
importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que
se efectué el pago […]».

La disposición en cita previó un mecanismo para conminar a la entidad previsional
encargada de pagar las mesadas pensionales de forma oportuna una vez se
reconociera la pensión, con la finalidad de proteger a los pensionados, pues en
principio esta sería la única forma de ingreso para la subsistencia de las personas
de la tercera edad, quienes han perdido su fuerza laboral.

11 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».

12

Radicado: 27001-23-33-000-2017-00138-01 (3087-2022)
Demandante: Bernardo Murillo Murillo

Así lo consideró la Corte Constitucional al declarar exequibles los apartes
subrayados, mediante sentencia C-601 del 24 de mayo de 2000. En aquella
oportunidad el problema jurídico se concentró en definir quiénes son acreedores
de los intereses moratorios y al respecto consideró:

«[…] la Corte debe recordar que en este caso los intereses de mora tienen como
objetivo primordial proteger a las personas de la tercera edad (art. 46 C.N.),
quienes por sus condiciones físicas, o por razones de la edad o por enfermedad,
se encuentran imposibilitadas para obtener otra clase de recursos para su propia
subsistencia o la de su familia.

Luego, a juicio de la Corte, de no existir el reconocimiento por parte del legislador
de los intereses de mora a favor del pensionado se convertirían en irrisorias las
mesadas pensionales en caso de un incumplimiento tardío por parte de los
organismos de la seguridad social encargados de satisfacer ese tipo de
prestaciones sociales, pues la devaluación de la moneda hace que se pierda su
capacidad adquisitiva en detrimento de este sector de la población.

Así las cosas, en criterio de la Corte, la disposición cuestionada parcialmente, no
hace referencia a los pensionados, como lo expresa el actor, sino que ésta dispone,
únicamente, que, al momento de producirse la mora, para efectos de su cálculo se
reconoce al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de
ella, "la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento de que se efectúe
el pago". En consecuencia, para la Corporación, el legislador produjo un cambio en
cuanto a la forma como, a partir de la vigencia de la referida disposición, se deben
calcular los intereses de mora en caso de un pago atrasado de las mesadas
pensionales correspondientes, ya que la legislación vigente hasta el momento en
que entró a regir la ley de seguridad social, no era diáfana en la materia.
Recuérdese, que para un sector de la doctrina, las normas vigentes hasta el
momento anterior en que entró a regir la Ley 100 de 1993, preveían una
indemnización en caso de mora, en el pago de cualquiera de las mesadas
pensionales, esto es, las que tuvieran como origen las pensiones de vejez,
invalidez por riesgo común y la de sobrevivientes, la que se calculaba por cada día
de retraso a un día de salario, según lo disponía el artículo 8º de la ley 10ª de 1972,
reglamentada por el artículo 6º del decreto 1672 de 1973. Pero también, para otro
sector de la doctrina, e inclusive para algunos jueces de la República, en ausencia
de norma jurídica aplicable a los intereses de mora en materia pensional, acudían
por analogía al artículo 1617 del Código Civil Colombiano, en cuanto lo
relacionaban con el pago de las pensiones legales, disposición que a la postre fue
declarada inexequible por esta Corporación mediante la sentencia C-367 de 1995
(M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

Visto lo anterior, para la Corporación es evidente, que la finalidad de la disposición
cuestionada apunta a proteger a los pensionados, teniendo en cuenta que,
generalmente, se trata de personas de la tercera edad, cuya fuente de ingresos
más importante, la constituye su pensión; luego, llegado el evento de la mora en el
pago de sus mesadas pensionales, es justo y equitativo, como lo dispuso el
legislador, que las entidades de seguridad social, que incurran en mora o se
retrasen en el pago de las mismas, reparen los perjuicios que ocasionen o generen
a esas personas por causa de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda […]».

13

Radicado: 27001-23-33-000-2017-00138-01 (3087-2022)
Demandante: Bernardo Murillo Murillo

La disposición analizada buscaba salvaguardar los derechos de las personas de
la tercera edad como sujetos de especial protección, para que su mesada
pensional, sea recibida de manera oportuna y les permitiera solventar las
necesidades propias de su cotidianidad, correspondiente a la finalidad de la
prestación periódica.

En la citada decisión la Corte recordó que tales intereses son «[…] un derecho de
todos los pensionados […]» que se genera cuando se presenta mora en el pago de
toda clase de pensiones reconocidas en cualquier tiempo, ya sea antes o después
la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993.

Por otra parte, en la sentencia SU-230 de 2015 el problema jurídico principal que
resolvió la Corte Constitucional se relacionó con el alcance del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, pero también se estudió de manera general el tema de los
intereses moratorios que, sobre el particular, indicó lo siguiente: «[…] es importante
anotar que dichos intereses se deben desde que la obligación es exigible. En este orden
de ideas sólo a partir del momento en el que la obligación es reconocida y no existe
controversia sobre la cuantía del pago de la misma tiene el carácter de exigible. Es decir,
la condena por intereses procede una vez se determina en forma definitiva la obligación
de reconocer la pensión […]». De ahí que en el caso concreto resolviera que «[…] [e]n lo
relativo a los intereses moratorios, esta Sala observa que no es una petición procedente
por cuanto, solo después de determinarse de manera definitiva la obligación de pagar una
pensión, podrá fundamentarse que la entidad demandada incurrió en mora de otorgar la
prestación. En otras palabras, en la medida en que la prestación y su monto estaban en
litigio hasta la presente providencia, no puede declararse la mora de la obligación […]»
[Se resalta]

Es así como se ha determinado que los intereses moratorios se causan por el
retraso en el pago de las mesadas pensionales a partir del título que las haga
exigible, esto es el acto de reconocimiento de la prestación que determine el monto
y periodicidad de los pagos correspondientes, pues en ese momento es exigible la
obligación de pagar y ante el retardo en el desembolso se causaría la mora.

En igual sentido, el criterio de la Sección Segunda de esta Corporación estableció
que el pago de los intereses de mora establecido en el artículo 141 de la Ley 100
de 1993, es aplicable solo en aquellos casos en que la prestación social ya fue
concedida y su reconocimiento no se encuentra sometido a controversia en sede
administrativa o judicial12.

12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. De la
Subsección A, sentencias del 21 de junio de 2018 con radicado 25000-23-42-000-2014-02587-01,

14

Radicado: 27001-23-33-000-2017-00138-01 (3087-2022)
Demandante: Bernardo Murillo Murillo

2.4. Lo probado dentro del proceso

En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente13:

• Bernardo Murillo Murillo nació el 11 de enero de 195214 y laboró al servicio del
Estado por un lapso superior a 20 años así:

Ente
Entidad Empleo Período Tiempo de previsional
servicio al que
aportó

Contraloría General Revisor de
de la República documentos 01/08/78 - 6 años, 7 meses Cajanal
20/03/85 y 19 días
Ministerio de
Agricultura y Coordinador 04/12/85 - 3 años, 11 ISS
Desarrollo Rural despensas 16/11/89 meses y 12 días
IDEMA

ADPOSTAL No se indicó 26/09/90 - 9 meses y 27 «Atocotiza»15
24/07/91 días
Caja de
Alcaldía mayor de No se indicó 16/10/91 - 5 años, 2 meses Previsión
Bogotá D.C. 13/01/97 y 25 días Social (91 –
(Secretaría Distrital) 95)

ISS (96 y 97)
Profesional
INPEC especializado 14/01/97 - 6 meses ISS
14/07/97
2 años 7 meses
Fiduprevisora S.A Abogado 06/07/98 - y 15 días ISS
21/02/01
No se
Municipio de Nuquí No se indicó 01/03/01 - 3 años acreditaron
01/03/04

del 23 de agosto de 2018 con radicado 05001-23-33-000-2014-00523-01, del 3 de diciembre de
2020 con radicado 25000-23-42-000-2016-04672-01(3170-2019), del 6 de mayo de 2021 con
radicado 1700123-33-000-2015-00014-01, y del 6 de julio de 2023 con radicado 05001-23-33-000-
2014-00489-01. De la Subsección B, sentencias del 2 de mayo de 2018 con radicado 25000-23-
42-000-2013-05069-01, del 21 de agosto de 2020 con radicación 25000-23-42-000-2016-03801-
01(4855-18), del 9 de septiembre de 2021 con radicado 08001-23-33-000-2014-00149-02(4144-
19), entre otras.
13 Samai, índice 2, documento 01
14 Según el registro civil de nacimiento visible a folio 7.
15
De acuerdo con lo señalado en la Resolución 809 del 8 de marzo de 2011 expedida por el ISS
(acto acusado), visible en Samai, índice 2, documento 01, folio 31.

15

Radicado: 27001-23-33-000-2017-00138-01 (3087-2022)
Demandante: Bernardo Murillo Murillo

• El 8 de febrero de 200816, Bernardo Murillo Murillo solicitó al extinto ISS el
reconocimiento de la pensión de jubilación, la que fue negada a través de la
Resolución 053802 del 7 de noviembre de 2008 expedida por el asesor I de la
Vicepresidencia de Pensiones de Nivel Nacional, Cundinamarca y D.C.17, por no
contar con el requisito del tiempo de 20 años al servicio del Estado exigido por la
Ley 33 de 1985. Al efecto consideró:

«[…] Que ha presentado el documento idóneo para demostrar que nació el 11 de
febrero de 1952, deduciendo que a la fecha cuenta con 56 años de edad (folio 1)
Que para acreditar las semanas necesarias para la pensión se presentan
certificados sobre tiempo de servicios al sector público no cotizado al ISS, así:

Entidad Período T. Días
Contraloría General de la 01/08/78 a 20/03/85 2.360
República Menos 30 días de
interrupción
Adpostal 26/09/90 a 24/07/91 299
Total 2.659

Que según certificado de historia laboral, acredita un total de 3.058 días
válidamente cotizados al ISS para el Sistema General de Pensiones.
Que el tiempo cotizado a entidades de previsión social del sector público y el
cotizado al SEGURO SOCIAL, permite cumplir 15 años, 10 meses y 17 días,
representados en 817 semanas […]».

• El titular interpuso recurso de apelación y en subsidio de apelación contra la
decisión. Al respecto, el gerente de la Seccional Cundinamarca y D.C. del extinto
ISS manifestó:

«[…] Que el ISS S.C. y D.C. por medio de resolución 025656 del 26 de agosto de
2010 desató el recurso de reposición confirmando la resolución impugnada y
concediendo el recurso de apelación ante esta Gerencia.

Que a efectos de decidir el recurso de apelación interpuesto se procede a estudiar
los documentos obrantes dentro del expediente y las normas aplicables
encontrando:

Que a (Folio 01) del expediente, obra registro civil de nacimiento en el cual se
informa que el señor Bernardo Murillo Murillo nació el día 11 de febrero de 1952,
por tanto en la actualidad acredita 59 años de edad.

Que el tiempo laborado al Estado no cotizado y cotizado al ISS ascienden a 7927
días equivalentes a 22 años y 07 días.

16 Según la Resolución 053802 del 7 de noviembre de 2008, folio 28.
17 Ibidem.

16

Radicado: 27001-23-33-000-2017-00138-01 (3087-2022)
Demandante: Bernardo Murillo Murillo

ENTIDAD PERIODO Total Días Total
parcial simult. días
Contraloría General de la 01-05-78 a 20-20-85 2360 0 2360
República - Cajanal
Semanas tradicionales – ISS 04-12-1985 a 16-89 882 0 882
ADPOSTAL – Autocotiza 26-09-90 a 24-07-91 299 0 229
Secretaría Distrital – Caja de 1515 0 1515
previsión Social distrital 16-10-91 a 31-12-95
Secretaría Distrital - ISS 14/01/97 a 30-04-97 210 0 210
INPEC – ISS 14/01/97 a 30-04-97 210 0 210
Fiduciaria La Previsora – ISS 940 0 940
07-07-98 a 20-02-01
Municipio de Nuquí – ISS 01-03-02 a 30-04-02 59 0 59
Independiente - ISS 01-11-06 a 30-01-11 1290 0 1290
Total días 7927
Total semanas 1132

Que la solicitud pensional se estudió según lo establecido en la Ley 33 de 1985, la
cual exige para acceder a la pensión de vejez 20 años de servicio al estado y 55
años de edad tanto para la mujer como para el hombre y un monto máximo de
pensión de 75%.

Que, de acuerdo con la norma precitada, la (sic) recurrente acredita 13 años, 04
meses y 15 días de servicio al estado, por lo que se concluye que no es procedente
la aplicación de la Ley 33 de 1985. […]» (sic).

2.5. Análisis sustancial del caso concreto

El tribunal de primera instancia declaró la nulidad de los actos administrativos
acusados, al considerar que Colpensiones omitió el análisis de todos los tiempos
de servicios cotizados por Bernardo Murillo Murillo y ordenó restablecer el derecho
con el reconocimiento de la pensión de jubilación reclamada a partir del 11 de
febrero de 2007, en cuantía equivalente al 75% del promedio de lo devengado «[…]
en el tiempo que le hiciere falta para adquirir la pensión, o (ii) el cotizado durante todo el
tiempo, el que fuere superior […]», actualizado anualmente con base en la variación
del IPC expedido por el DANE, así como el pago del retroactivo de la pensión
causada, y negó las demás pretensiones de la demanda.

El demandante apeló la sentencia con fundamento en que el a quo omitió
pronunciarse respecto de la pretensión de reconocimiento de los intereses
moratorios de conformidad con el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 «[…] no solo
por la simple mora en el pago del derecho pensional causado desde febrero 11 de 2007,
sino en el comportamiento de casi mala fe del ente demandado, que se negó a ver el
derecho que me correspondía, sino que de manera maliciosa omitía contabilizar períodos
laborados debidamente certificados […]» (sic).

17

Radicado: 27001-23-33-000-2017-00138-01 (3087-2022)
Demandante: Bernardo Murillo Murillo

En consideración a los elementos de prueba señalados con anterioridad, se
demostró que en efecto, como lo señaló el tribunal de primera instancia, el extinto
ISS -hoy Colpensiones- no realizó un trabajo juicioso que permitiera establecer que
para la fecha de la reclamación -10 de septiembre de 2008- el demandante
cumpliera con los requisitos de edad y tiempo de servicios previstos en la Ley 33
de 1985 para el reconocimiento pensional toda vez que: i) en la Resolución 053802
del 7 de noviembre de 2008 solo computó aquellos laborados en la Contraloría
General de la República y Adpostal; y ii) en la Resolución 809 del 8 de marzo de
2011, omitió el cómputo del tiempo total servido en el municipio de Nuquí.

Pese a lo anterior, no se desvirtuó la buena fe de la administración en tanto
ejerciera una maliciosa, deshonesta o desleal conducta o comportamiento frente
al solicitante de la prestación al computar los tiempos de servicio.

Lo cierto es que sí efectuó un cálculo errado del tiempo de servicios prestado para
la acreditación de los requisitos señalados en la Ley 33 de 1985, que conllevó a la
nulidad de los actos administrativos acusados por configurarse una de las causales
del artículo 137 del CPACA -infracción de las normas en que debía fundarse,
alegada en la demanda, y el correspondiente restablecimiento del derecho
ordenado en la sentencia de primera instancia con el reconocimiento de la pensión
por encontrarse demostradas las exigencias de edad y tiempo de servicio.

Ahora bien, le asiste razón al demandante en cuanto a que el a quo omitió
pronunciarse frente a la pretensión de los intereses moratorios al dictar la
sentencia. Sobre el particular, la Sala advierte que, según lo expuesto en el acápite
precedente, la aplicación del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se configura
cuando se determina en forma definitiva el título que genere reconocimiento de
la obligación y la entidad de previsión social incurre en mora en el pago de las
mesadas pensionales.

Esta circunstancia no ocurre en el presente caso, en la medida en que el requisito
del tiempo de servicios para su reconocimiento estaba en litigio hasta la presente
sentencia declarativa que definió en forma definitiva la obligación, de manera que
no es posible alegar un incumplimiento anterior a su exigibilidad.

En lo concerniente al argumento del apelante atinente a la depreciación «[…] del
valor a cancelar y [gran] detrimento del pensionado, quien recibiría un monto inferior al
que debió usufructuar desde hace 15 años […]», conviene precisar que la pérdida del
valor adquisitivo de las mesadas causadas desde el 11 de febrero de 2007 con
ocasión de la inflación fue contrarrestada con la indexación ordenada en el numeral
2 de la parte resolutiva de la sentencia impugnada.

18

Radicado: 27001-23-33-000-2017-00138-01 (3087-2022)
Demandante: Bernardo Murillo Murillo

Si bien el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 prevé además de la obligación a su
cargo y sobre el importe de ella, «[…] la tasa máxima de interés moratorio vigente en
el momento de que se efectúe el pago […]», se reitera es al momento de producirse
la mora, siempre que la prestación y su monto hayan sido reconocidos de manera
definitiva.

Aunado a lo anterior, como lo ha expuesto el Consejo de Estado18 y la Corte
Constitucional19, la naturaleza de los intereses moratorios previstos en el artículo
141 de la Ley 100 de 1993 es resarcitoria y no sancionatoria, ya que pretende
reparar los perjuicios causados a quien pese a tener un título de reconocimiento
del derecho a la pensión no recibe su valor en forma oportuna.

En esas condiciones los argumentos del apelante no tienen vocación de
prosperidad, comoquiera que en el presente caso no se desvirtuó la buena fe en
la expedición de los actos administrativos acusados, y en todo caso, ello no es un
factor determinante para la imposición de los intereses moratorios, pues su
naturaleza es resarcitoria y no sancionatoria. Luego la mora que da lugar a la
aplicación del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 solo se configura una vez
determinada en forma definitiva la obligación de pagar una pensión que en el caso
concreto tiene lugar a través de la presente sentencia que define el litigio. Por ende,
se confirmará la sentencia de primera instancia en tanto accedió en forma parcial
a las pretensiones de la demanda.

2.5. Costas

La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación
y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».

18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A. Sentencia proferida el 6 de julio de 2023, dentro del proceso con radicado 05001-23-33-000-
2014-00489-01 (1390-2016).
19
En la sentencia C-601 del 24 de mayo de 2000.

19

Radicado: 27001-23-33-000-2017-00138-01 (3087-2022)
Demandante: Bernardo Murillo Murillo

Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.20

Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
aquellas costas.

En el caso concreto, como no se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala revocará la condena en costas del numeral
cuarto de la sentencia objeto de apelación y se abstendrá de imponerlas en esta
instancia.

3. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que los argumentos planteados
por el demandante en la apelación son desacertados, toda vez que: i) en el
presente caso no se desvirtuó la buena fe en de la administración en la expedición
de los actos acusados, y en todo caso, ello no es un factor determinante para la
imposición de los intereses moratorios, máxime cuando su naturaleza es
resarcitoria y no sancionatoria; ii) los intereses moratorios señalados en el artículo
141 de la ley 100 de 1993, se configuran cuando con posterioridad al título que
genere el reconocimiento pensional, la entidad de previsión social incurre en
mora en el pago de las mesadas pensionales; circunstancia que no se configura
en el presente caso, comoquiera que este se origina en la presente sentencia
declarativa; y iii) la pérdida del valor adquisitivo alegada se contrarrestó con la
indexación ordenada en el numeral 2 de la parte resolutiva de la sentencia de
primera instancia.

Por consiguiente, se revocará el numeral 4 de la sentencia proferida el 29 de
octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Chocó, en tanto condenó en

20En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, radicación 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

20

Radicado: 27001-23-33-000-2017-00138-01 (3087-2022)
Demandante: Bernardo Murillo Murillo

costas a la entidad demandada, y la confirmará en cuanto accedió en forma parcial
a las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. – Revocar el numeral 4 de la sentencia proferida el 29 de octubre de
2021 por el Tribunal Administrativo del Chocó, en cuanto condenó en costas a la
entidad demandada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo. – Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 29 de octubre de
2021 por el Tribunal Administrativo del Chocó, por medio de la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Bernardo Murillo
Murillo contra la Administradora Colombiana de Pensiones, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Tercero. – Sin condena en costas en esta instancia.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
JNFG

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