Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2018-90017-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2018-90017-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 27001-23-33-000-2018-90017-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
2 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., dos (2) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 27001-23-33-000-2018-90017-01 (1006-2024)
Demandante: Otoniel Cuesta Palacios, Marino Guerrero Roa, José Danecy
Palomeque Lemus
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Tema: Nulidad del acto administrativo por falta de competencia.
Alcance. Servidores públicos de elección popular. Aplicación del
control de convencionalidad. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra
de la sentencia proferida el treinta (30) de junio de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo del Chocó, mediante la cual se accedió a las pretensiones.
ANTECEDENTES
Los señores Otoniel Cuesta Palacios, Marino Guerrero Roa y José Danecy
Palomeque Lemus instauraron demanda en contra de la Procuraduría General de
la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:
Radicado: 27001-23-33-000-2018-90017-01 (1006-2024)
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de la decisión disciplinaria de primera instancia, expedida
el 9 de noviembre de 2016 por la Procuraduría Regional del Chocó, mediante la cual
fueron sancionados con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 8
meses.
Que, como consecuencia, se habilite su derecho a continuar ejerciendo el cargo de
concejal o cualquier otro cargo público en el que se encuentren vinculados o se
puedan vincular.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que el 7 de enero de 2012, luego de elevar varias consultas al Departamento
Administrativo de la Función Pública, a la ESAP y a profesionales del derecho, en
su condición de concejales eligieron como personero de Lloró (Chocó) al señor Julio
César Cuesta Palomeque.
Que el 16 del mismo mes y año una ciudadana radicó una queja disciplinaria, porque
el señor Cuesta Palomeque se encontraba inhabilitado para ejercer el cargo de
personero, toda vez que el año inmediatamente anterior se desempeñó como
concejal del mismo municipio y que, por los mismos hechos, se radicó una demanda
de nulidad electoral.
Que, adelantado el procedimiento disciplinario, el 9 de noviembre de 2016 la
Procuraduría Regional de Chocó expidió decisión sancionatoria, consistente en
ocho (8) meses de suspensión, la cual se confirmó en segunda instancia el 17 de
abril de 2017, considerando que existía una inhabilidad en la elección del personero
de Lloró (Chocó).
Que la decisión del 17 de abril de 2017 se expidió aproximadamente un mes
después de que el Consejo de Estado profirió una sentencia en un caso de iguales
condiciones, en el cual se indicó que no existía inhabilidad para ser elegido
personero para quien el año anterior hubiera ejercido como concejal del respectivo
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municipio, lo que significa que el operador disciplinario desconoció derechos
constitucionales y un precedente de obligatoria aplicación.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
Mediante auto del 22 de febrero de 2018 el Tribunal Administrativo del Chocó
admitió la demanda1. Se notificó a la demandada, quien se opuso a las
pretensiones, señalando que la entidad acogió las normas que regulan el trámite
disciplinario y los mandatos y principios constitucionales, respetando a los
demandantes el debido proceso, pues pudieron solicitar y aportar pruebas,
controvertir los elementos que obraban en el proceso y contradecir las decisiones
tomadas por el operador disciplinario.
Que, si bien el Consejo de Estado ha aludido al amplio control de los actos
administrativos que imponen sanciones disciplinarias, ello no significa que las
diferencias hermenéuticas entre el operador disciplinario y el juez de lo contencioso
administrativo sean suficientes para invalidar la decisión administrativa
sancionatoria.
Que, en las decisiones de primera y segunda instancia, se valoraron las pruebas
acudiendo a las reglas de la sana crítica, pues se advirtió que los demandantes
eligieron y posesionaron como personero de Lloró (Chocó) a quien se encontraba
inhabilitado, porque el elegido se desempeñó como concejal durante el año
inmediatamente anterior a su elección.
Que, con lo anterior, incurrieron en la falta gravísima consagrada en el numeral 17
del artículo 48 de la Ley 734 de 2002: “actuar u omitir, a pesar de la existencia de
causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de interés, de acuerdo con las
previsiones constitucionales y legales” y que su conducta fue calificada como
dolosa, pues procedió de un actuar consciente y voluntario.
1 Véanse páginas 67 a 69 del archivo
011_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_RAD2700123330002018, del índice 00002 de
SAMAI.
Previamente, la demanda fue remitida por competencia por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Quibdó, mediante auto del 11 de diciembre de 2017 (véanse páginas 59 a 62 del archivo
011_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_RAD2700123330002018, del índice 00002 de
SAMAI).
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Que el legislador no previó el desconocimiento del precedente jurisprudencial como
una causal de nulidad de los actos administrativos y que, en todo caso, la sentencia
que los demandantes citan como desconocida no podía tenerse en cuenta, pues
fue proferida el 23 de marzo de 2017, mientas que la decisión disciplinaria de
primera instancia se expidió el 9 de noviembre de 2016.
Propuso la excepción innominada o genérica2.
Se celebró audiencia inicial el 6 de septiembre de 20183, en la cual se indicó que la
decisión sobre la excepción propuesta se tomaría en la sentencia, se fijó el litigio4,
se resolvió sobre el decreto de pruebas y se dio traslado a las partes para que
alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que presentara su concepto,
luego de lo cual se dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por la parte
demandada.
SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
El Tribunal Administrativo del Chocó, mediante sentencia del 30 de junio de 2023,
declaró la nulidad de las decisiones disciplinarias expedidas el 9 de noviembre de
2016 por la Procuraduría Regional del Chocó y el 17 de abril de 2017 por la
Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa y ofició a la
División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, para que
efectuara la desanotación de las sanciones impuestas.
La sentencia resolvió el problema jurídico acudiendo a las providencias del 15 de
noviembre de 2017, proferida por el Consejo de Estado, y 6 de julio de 2020,
2 Véanse páginas 94 A 105 del archivo
011_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_RAD2700123330002018, del índice 00002 en
SAMAI.
3 Véanse páginas 129 a 135 del archivo
011_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_RAD2700123330002018, del índice 00002 en
SAMAI.
4 “(…) el despacho propone fijar el litigio de la siguiente manera: Consiste en determinar si debe declararse o
no la nulidad del fallo sancionatorio No. IUS-2012-51448 emitido por la Procuraduría Primera Delegada para la
Vigilancia Administrativa, mediante el cual confirma la decisión proferida por la Procuraduría Regional del
Chocó, pero que modificó la sanción impuesta de 8 meses, ¿a 6 meses?” (página 133 del archivo
011_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_RAD2700123330002018, del índice 00002 en
SAMAI).
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proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro
Urrego Vs Colombia, con fundamento en las cuales analizó desde la
convencionalidad las facultades y competencias de la Procuraduría General de la
Nación en relación con las sanciones disciplinarias a servidores elegidos por voto
popular.
Que, en el ordenamiento interno, la Constitución Política exige a los operadores
judiciales interpretar los asuntos que conocen desde una óptica de protección de
los derechos fundamentales, con el objetivo de garantizar la justicia material y que,
en ese marco interpretativo, el control de convencionalidad, como manifestación de
la constitucionalización del derecho internacional, implica realizar un examen de
compatibilidad entre las disposiciones y los actos internos que conforman un caso
concreto, con los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
Que, en ese escenario, al analizar el caso concreto, el haberse impuesto una
sanción por una autoridad administrativa y no por el juez competente, constituye
motivo suficiente para declarar la nulidad de los actos administrativos demandados,
porque i) las conductas investigadas no fueron catalogadas como actos de
corrupción y ii) solo un juez penal podía restringir los derechos políticos de los
demandantes.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada interpuso recurso de apelación5, advirtiendo que, de acuerdo
con la estructura del Estado colombiano, la entidad tenía plena competencia para
investigar y sancionar a los demandantes, pues así se desprende del numeral 6 del
artículo 277 de la Constitución Política, norma que se ha desarrollado en distintos
estatutos legales, como la Ley 200 de 1995, la Ley 734 de 2002 (aplicada al caso
concreto), la Ley 1952 de 2019 y la Ley 2094 de 2021.
Que el artículo 277.6 constitucional es posterior a la expedición de la Ley 16 de
1972, mediante la cual se aprobó la Convención Americana sobre Derechos
5 Véase archivo 005_RECEPCIONRECURSOAPELACION_APELACIONSENTENCIA, en el índice 00002 de
SAMAI.
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Humanos – Pacto de San José de Costa Rica y que, por tanto, en el análisis del
marco normativo superior debe prevalecer el principio de armonización entre las
normas de la Convención y las que integran la Constitución Política, pues lo
contrario implicaría predicar una eventual inconvencionalidad de la propia Carta que
en virtud del artículo 93 integró la CADH al bloque de constitucionalidad.
Que existe una línea jurisprudencial desarrollada por la Corte Constitucional en
relación con las competencias de la Procuraduría General de la Nación para
investigar y sancionar a servidores públicos de elección popular, de la que destacó
las sentencias C-028 de 2006 (en la que se advirtió que la norma interamericana no
podía leerse de manera aislada), SU-712 de 2003 (en la que precisó que las
facultades de la Procuraduría General eran compatibles con la CADH), C-111 de
2019 (en la que se aplicó el precedente vigente sobre las competencias de la
Procuraduría General, al examinar los artículos 45.1 literal a) de la Ley 734 de 2022
y 49.1 literal a) de la Ley 1952 de 2019).
Que, además, en sentencias como la C-146 de 2021 (posterior al caso Petro Urrego
Vs Colombia) y C-030 de 2023 la Corte Constitucional ha señalado que la
Procuraduría General de la Nación ha tenido, tiene y conserva la facultad de
investigar a los servidores públicos, inclusive si fueron elegidos popularmente y de
imponer sanciones que limiten sus derechos políticos y que en distintos
pronunciamientos del Consejo de Estado se ha señalado que la entidad es
competente para investigar y sancionar a este tipo de servidores públicos; línea que
se puede rastrear también en diferentes pronunciamientos del Consejo de Estado.
Que en la jurisprudencia de ambos tribunales es claro que el pleito fallado en el caso
Petro Urrego Vs Colombia no tiene efectos erga omnes y que la competencia de la
Procuraduría General de la Nación para disciplinar funcionarios públicos elegidos
por voto popular no se perdió.
Que el precedente judicial resulta de obligatoria observancia y su desconocimiento,
abre la posibilidad de acudir, primero, a la acción de tutela contra providencia judicial
por incurrirse en una vía de hecho y que, respecto de las competencias disciplinarias
de la Procuraduría General de la Nación, existe cosa juzgada constitucional, lo que
implica que el Tribunal desconoció la existencia del precedente en la materia.
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TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
El 11 de marzo de 20246 fue admitido el recurso de apelación y en dicha providencia
se dispuso que, una vez ejecutoriada, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara a Despacho.
Pronunciamiento de las partes y concepto del Ministerio Público
De conformidad con el numeral 4 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, una vez
concedido el recurso y hasta la ejecutoria del auto admisorio, las partes y el
Ministerio Público guardaron silencio.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cuestión previa: La proposición jurídica completa
Según el texto de la demanda7, la Sala observa que los demandantes no formularon
de manera completa la proposición jurídica, porque, en sus pretensiones,
únicamente se refirieron a la declaratoria de nulidad de la decisión del 9 de
noviembre de 2016, que impuso la sanción en primera instancia8 sin solicitar de
manera expresa la nulidad de la decisión del 17 de abril de 20179, que resolvió el
recurso de apelación, modificando el término de la sanción impuesta.
6 Véase índice 00004 de SAMAI.
7 Véanse páginas 5 a 15 del archivo
011_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_RAD2700123330002018, del índice 00002 en
SAMAI.
8 Mediante decisión del 9 de noviembre de 2016 los demandantes fueron sancionados con suspensión en el
ejercicio del cargo por el término de ocho (8) meses, convertidos en salario, pues para la fecha había concluido
el periodo para el cual fueron elegidos (véanse páginas 295 a 349 del archivo
009_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_RAD2700123330002018, del índice 00002 en
SAMAI).
9 Mediante decisión del 17 de abril de 2017 se modificó la sanción impuesta a los demandantes, fijándose el
término de la suspensión en seis (6) meses (véanse páginas 382 a 398 del archivo
009_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_RAD2700123330002018, del índice 00002 en
SAMAI).
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La anterior situación no fue advertida por el Tribunal ni por las partes, no obstante,
de conformidad con el artículo 163 de la Ley 1437 de 2011, si el acto demandado
fue objeto de recursos ante la administración, “(…) se entenderán demandados los
actos que los resolvieron”; asunto que si bien no se indicó de manera expresa
durante el trámite de primera instancia, fue desarrollado en la medida en que: i) la
providencia apelada resolvió declarar la nulidad de ambos actos y ii) las partes no
objetaron la fijación del litigio; y iii) el recurso de la parte demandada no ataca la
integración de la proposición jurídica que llevó al Tribunal a declarar la nulidad de
los actos, pues su inconformidad se basa únicamente en la competencia de la
autoridad administrativa para investigar y sancionar a los servidores públicos
elegidos democráticamente10.
Advertido lo anterior, la Sala deberá determinar si los actos administrativos
demandados se encuentran viciados de nulidad, porque al aplicar las disposiciones
convencionales, se concluye que se expidieron por una autoridad sin competencia
o si, como lo advierte la parte apelante, no se debió declarar su nulidad porque en
su expedición no se incurrió en ningún vicio.
Con este propósito, se abordará, en primer lugar, la falta de competencia como
causal de nulidad de los actos administrativos; en segundo lugar, el control de
convencionalidad de las decisiones sancionatorias disciplinarias en contra de los
servidores públicos de elección popular y, finalmente, se estudiará el caso concreto.
Nulidad del acto administrativo: la falta de competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, los actos
administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción, desde luego, parte
del cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su expedición,
relacionados con la competencia de quien los expide, la materia sobre la que versa,
la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento
de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la
materia de que trate.
10 Similar análisis fue realizado por esta Corporación en la Sentencia de la Sección Segunda, Subsección B,
con radicado 15001233100020000297701 (2270-08), del 3 de febrero de 2011. Consejero Ponente: Gerardo
Arenas Monsalve.
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Radicado: 27001-23-33-000-2018-90017-01 (1006-2024)
En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los artículos
13711 y 13812 de la Ley 1437 de 2011, señalan los supuestos bajo los cuales es
posible perseguir la declaratoria de su nulidad, pretensión que puede promoverse
cuando se advierte que el acto administrativo i) se ha expedido por un funcionario
sin competencia; ii) con infracción de las normas en que debería fundarse; iii) en
forma irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v)
mediante falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien
lo profirió.
Para esta Corporación el análisis de la competencia es fundamental para determinar
la validez de un acto administrativo, pues si bien no hace parte de la estructura y
contenido de la decisión, constituye el elemento determinante de las potestades de
una autoridad para definir una situación jurídica, lo que necesariamente se relaciona
con el principio de legalidad, porque delimitar qué autoridad debe resolver un asunto
específico es indispensable en el modelo de Estado Social y Democrático de
derecho, pues evita el ejercicio arbitrario del poder13.
A partir de tales consideraciones y con apoyo en la doctrina, se ha definido la
competencia como la “(…) facultad o el poder jurídico que tiene una autoridad para
ejercer determinar (sic) función”14, de lo que se sigue que la falta de competencia
se materialice cuando “(…) el autor profiere el acto pese que a (sic) no tenía el poder
legal para expedirlo, es decir, cuando la decisión se toma sin estar legalmente
facultado para ello”; esto es, por fuera de las facultades constitucionales y legales
que se atribuyen a la autoridad.
Carlos Betancur Jaramillo, citando a Jean Rivero, denomina incompetencia a aquel
vicio del acto administrativo que se configura cuando el autor de una decisión no
tenía el poder legal para tomarla15. Para Betancur Jaramillo, es la forma de
11 Del medio de control de nulidad.
12 Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
13 Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 22 de julio de 2021. Radicado 23001-
23-33-000-2013-00163-02 (4789-18). Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
14 Rodríguez, Libardo. Derecho administrativo general y colombiano Temis, Bogotá, 2013. Pág. 322. Citado
en: Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 21 de junio de 2018. Radicado: 73001-23-31-000-2011-
005112-01. Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro.
15 Rivero, Jean. Droit Administratif. Dalloz, Paris 1971, 5ª edición. P. 233. Citado en: Betancur Jaramillo, Carlos.
Derecho procesal administrativo. Ley 1437 de 2011. Medellín, 2013, 8ª edición. P. 291.
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Radicado: 27001-23-33-000-2018-90017-01 (1006-2024)
ilegalidad del acto más grave, porque los agentes públicos no pueden hacer sino
aquello para lo cual están expresamente autorizados, actuando sobre la base y
dentro de los límites de las atribuciones asignadas por los textos legales.
Para el autor, esto refleja “(…) el carácter de orden público que tienen las normas
que distribuyen las competencias funcionales”16; lo que, a su vez:
“(…) permite su declaratoria oficiosa por el juzgador, aunque el
demandante no la haya invocado como apoyo de su petición. Se colige
igualmente que el vicio de incompetencia no puede ser subsanado por la
aprobación posterior de la autoridad competente, ni ésta (sic) puede
renunciar a ella en beneficio de un administrado17. Tampoco puede ser la
competencia objeto de convención entre las partes ni modificarse, en
principio, por razones de urgencia.
(…)
Obsérvese que la formulación del cargo por incompetencia, dada su
magnitud, coloca en un plano un tanto secundario la impugnación por
cualquier otro motivo. (…) En otros términos, cuando la competencia del
funcionario esté cuestionada, la lógica impone determinado orden en la
impugnación y hace que sobre, hasta cierto punto, hablar de la expedición
irregular del acto, de la falsa motivación, de la desviación de poder o de
la infracción de la norma de derecho de fondo. (…)”18 (subrayas de la
Sala).
Visto, pues, el alcance de la causal de nulidad del acto por falta de competencia, en
el caso concreto se estudiará su configuración, como en la providencia apelada, a
partir del control de convencionalidad para determinar si la autoridad demandada
tenía o no la facultad para sancionar disciplinariamente con destitución e inhabilidad
general al demandante, limitando, consecuentemente, sus derechos políticos.
El control de convencionalidad
La Sala considera que, al momento de revisar la legalidad de las sanciones
disciplinarias impuestas por la Procuraduría General de la Nación a los servidores
públicos elegidos por voto popular, resulta imperativo incluir en este análisis un
concepto de derecho internacional de obligatoria aplicabilidad: el principio de control
16 Betancur Jaramillo, Óp. Cit.
17 Rivero Jean, O.C. pág. 233 [cita de Betancur Jaramillo, Óp. Cit.].
18 Betancur Jaramillo, Óp. Cit.
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Radicado: 27001-23-33-000-2018-90017-01 (1006-2024)
de convencionalidad, creado y defendido por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
Esto, en razón de entender que la Constitución Política de Colombia es un cuerpo
normativo que no está reducido al conjunto de disposiciones allí contenidas, sino
que comprende otras normas de rango supranacional que participan de esa misma
naturaleza, como es el caso de las disposiciones de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y de las interpretaciones que realiza la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de la misma, lo cual, en el caso colombiano, se articula a través
del artículo 93 de la Constitución Política, que ha permitido la integración en la Carta
de esos referentes normativos, y que dispone:
“Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el
Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su
limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de
conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Colombia. (…)”.
La Corte Constitucional en Sentencia C-488 del 2009 determinó que si bien es cierto
que las normas que se integran al bloque de constitucionalidad ─con ocasión del
artículo 93 Superior─ tienen la misma jerarquía que los preceptos de la Carta
Política, también lo es que existen diversas formas para su incorporación al
ordenamiento jurídico:
i) Por la vía de la “integración normativa”, que responde a lo dispuesto en el inciso
primero del artículo 93 y que implica que exista un tratado ratificado por Colombia
en el que se reconozcan derechos humanos cuya limitación se prohíba en los
estados de excepción y, en consecuencia, ello presupone que “(...) su incorporación
es directa y puede comprender incluso derechos que no estén reconocidos en forma
expresa en la Carta”19.
ii) Por la vía del “referente interpretativo”, que responde a lo que señala el inciso
segundo del artículo mencionado y que implica que algunos tratados de derechos
humanos cuya limitación no está prohibida en los estados de excepción también
19 Corte Constitucional. Sentencia C-488 de 2009. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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Radicado: 27001-23-33-000-2018-90017-01 (1006-2024)
hacen parte del bloque de constitucionalidad, no como referentes normativos
directos, sino “(…) como herramientas hermenéuticas para juzgar la legitimidad de
la normatividad interna”20.
En ese orden de ideas, la modalidad de incorporación normativa que interesa a este
estudio es la contenida en el inciso primero del artículo 93 Superior que otorga
aplicabilidad directa a las disposiciones que sobre derechos humanos se han
firmado y ratificado por Colombia, en la medida en que los derechos políticos que
regula el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no
pueden ser objeto de suspensión, sin importar la gravedad de la situación, al ser
intangibles o inderogables y considerados por un sector doctrinal como normas de
ius cogens.
Es por ello que en este punto juega un papel significativo el control de
convencionalidad como principio de creación jurisprudencial interamericana, que ha
permitido verificar el efecto útil de las normas contenidas en las distintas
convenciones de derechos humanos. Este control ha surgido, conceptualmente,
como aquel mecanismo que permite a los Estados concretar la obligación de
garantía de los derechos humanos en el ámbito interno a través de la verificación
de la conformidad de las normas y prácticas nacionales con la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y su jurisprudencia. Tal control se caracteriza:
i) Porque su ejercicio se realiza en el ámbito de competencias de cada
autoridad, es decir, que su ejecución puede implicar la supresión de normas
contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o bien su
interpretación conforme a la misma.
ii) Porque la obligación que está siempre presente tras el control de
convencionalidad es la de realizar un ejercicio hermenéutico que haga
compatibles las obligaciones del Estado con sus normas internas.
iii) Porque es baremo de convencionalidad la normativa internacional y la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto
contenciosa como consultiva.
20 Corte Constitucional. Sentencia C-067 de 2003. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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iv) Porque la obligatoriedad de realizar el control deriva de los principios del
derecho internacional público y de las propias obligaciones internacionales
del Estado asumidas al momento de hacerse parte de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
v) Porque debe ser realizado de oficio por toda autoridad pública21.
Sobre esta última característica, la Sala considera importante destacar que en el
Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú22, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que:
“(...) 128. Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como
la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo
que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea
mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus
disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder
Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino
también “de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la
Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas
competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Esta
función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones
o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco
implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros
presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese
tipo de acciones. (...)” (negrillas originales).
Bajo esta lógica, en el ejercicio del control de convencionalidad, los jueces y órganos
vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el
tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte
Interamericana, intérprete última de la Convención; y, por ende, en virtud de la
potestad que en derecho les corresponde a las autoridades judiciales, dicho control
puede realizarse bajo su iniciativa, sin necesidad de la solicitud a instancia de parte.
21 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos No. 7: Control de Convencionalidad.
22 Sentencia del 24 de noviembre de 2006.
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Es claro que la jurisdicción interna también está llamada a actuar como juez
interamericano y, en el presente caso, se ejercerá un control de convencionalidad a
la conducta del Estado, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, y se
determinará si este quebrantó normas internacionales de derechos humanos, para
lo cual esta Sala de subsección deberá interpretar este caso a la luz de los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por el país, como lo es la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en 1969, y ratificada por
Colombia, según la Ley 16 del 30 de diciembre de 1972.
Los derechos políticos
Los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental dentro
del sistema interamericano en la medida que se relacionan estrechamente con otros
derechos consagrados en la Convención Americana como la libertad de expresión,
la libertad de reunión y la libertad de asociación; los cuales, en conjunto, hacen
posible la materialización de la democracia y el pluralismo político.
Es así como el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
consagra diversas normas que se refieren a los derechos de la persona como
ciudadano, esto es: como titular del proceso de toma de decisiones en los asuntos
públicos; como elector, a través del voto; o como servidor público, es decir, a ser
elegido popularmente o mediante designación o nombramiento para ocupar un
cargo público.
De ahí que se considere que el contenido de los derechos políticos viene dado por
las prerrogativas de: i) participar en la dirección de los asuntos públicos,
directamente o por representantes libremente elegidos; ii) de votar y ser elegido en
elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto
secreto que garantice la libre expresión de los electores; y iii) de acceder a las
funciones públicas de cada país23.
La Constitución Política de Colombia en su artículo 40 establece el derecho de los
ciudadanos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político por
medio de la elección de sus representantes o del ejercicio del cargo; y, ello, se
23 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia Castañeda Gutman vs México.
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desprende de la calidad de ciudadano que regula el artículo 99 Superior, al disponer
que “[l]a calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa e indispensable para
ejercer el derecho de sufragio, para ser elegido y para desempeñar cargos públicos
que lleven anexa autoridad o jurisdicción”.
No obstante, dichos derechos no son absolutos y por ello se han consagrado ciertas
limitantes a su ejercicio, tales como: la pérdida o suspensión de la ciudadanía
(artículo 98 Superior); la condena, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos
que afecten el patrimonio del Estado o por delitos relacionados con la pertenencia,
promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o
por narcotráfico en Colombia o en el exterior (artículo 122 Superior); cuando se haya
dado lugar, como servidor público, con su conducta dolosa o gravemente culposa
calificada por sentencia ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una
reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño
(artículo 122 Superior); por razón de la edad (artículos 172 y 177 Superiores); por
razón de la nacionalidad (artículo 191 Superior).
Ahora, en el orden legal, con ocasión de la competencia asignada a la Procuraduría
General de la Nación en el numeral 6° del artículo 277 Superior, se consideró que
las sanciones consagradas en el artículo 45 de la Ley 734 de 2002 podían aplicarse
como facultad manifiesta de restricción de los derechos políticos, en la medida que
la destitución y la inhabilidad general, la suspensión y la inhabilidad especial, son
claros ejemplos de ello, ya que: en el primer evento, dicha restricción suponía la
terminación de la relación laboral, e incluso la imposibilidad de ejercer la función
pública por el término señalado en el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera;
mientras que en el segundo evento, dicha restricción suponía la separación del
ejercicio del cargo en cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria y la
imposibilidad de ejercer la función pública, en cualquier cargo distinto de aquel, por
el término señalado en el fallo.
Bajo ese marco, se comprendió que tanto la normativa constitucional como la legal
le habían otorgado a la Procuraduría la facultad de ejercer la potestad disciplinaria
contra los elegidos popularmente, pues el literal a, del numeral 1° del artículo 45 de
la Ley 734 de 2002 disponía que la destitución y la inhabilidad general suponían
“(…) [l]a terminación de la relación del servidor público con la administración, sin
que importe que sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o elección”
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(subrayado de la Sala). En otras palabras: en virtud de la competencia constitucional
y legal, por un tiempo se consideró que el Procurador General de la Nación se
encontraba facultado para investigar y sancionar a los servidores públicos, incluso
los de elección popular.
Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso
López Mendoza vs Venezuela ─cuyo pleito se originó por la sanción de inhabilidad
impuesta por la Contraloría General de la República para el ejercicio de la función
pública, mediante dos procesos administrativos que le prohibieron su participación
en las elecciones regionales del año 2008─, determinó que las sanciones o
condenas impuestas por las autoridades administrativas a los servidores públicos
de elección popular eran contrarias a la Convención, toda vez que el artículo 23 en
ninguna parte dispuso o contempló que la condena a la que se refiere el numeral 2°
pueda ser impuesta por una instancia administrativa.
La Corte IDH señaló, a su vez, que el hecho de que en las legislaciones de algunos
de los Estados Partes de la Convención se prevea que una instancia no penal pueda
imponer la pena de inhabilitación para ser elegido, no constituía una práctica
generalizada acerca de la interpretación de la Convención, máxime cuando no se
conocía ningún antecedente que permitiera inferir que dicha normativa tenía por
finalidad cumplir con lo dispuesto en la Convención, sino todo lo contrario 24. Así, se
expuso:
“107. El artículo 23.2 de la Convención determina cuáles son las causales
que permiten restringir los derechos reconocidos en el artículo 23.1, así
como, en su caso, los requisitos que deben cumplirse para que proceda
tal restricción. En el presente caso, que se refiere a una restricción
impuesta por vía de sanción, debería tratarse de una “condena, por juez
competente, en proceso penal”. Ninguno de esos requisitos se ha
cumplido, pues el órgano que impuso dichas sanciones no era un “juez
competente”, no hubo “condena” y las sanciones no se aplicaron como
resultado de un “proceso penal”, en el que tendrían que haberse
respetado las garantías judiciales consagradas en el artículo 8 de la
Convención Americana.
108. La Corte estima pertinente reiterar que “el ejercicio efectivo de los
derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio
24 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia López Mendoza vs Venezuela. Decisión del 1 de
septiembre de 2011.
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fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los
demás derechos humanos previstos en la Convención y que sus titulares,
es decir, los ciudadanos, no sólo deben gozar de derechos, sino también
de “oportunidades”. Este último término implica la obligación de garantizar
con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de
derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos. En el
presente caso, si bien el señor López Mendoza ha podido ejercer otros
derechos políticos (supra párr. 94), está plenamente probado que se le ha
privado del sufragio pasivo, es decir, del derecho a ser elegido”25.
En el caso en mención, la Corte IDH concluyó que en ningún momento se creó una
regla nueva, distinta o contradictoria con lo reglado en la Convención; sino que se
fijó el sentido y alcance del artículo 23, según su única alternativa de aplicación
posible.
En el ámbito nacional, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia del 15 de
noviembre de 2017, en el proceso radicado 11001032500020140036000 con No.
Interno 1131-201426, al resolver la demanda presentada por Gustavo Francisco
Petro Urrego contra la Procuraduría General de la Nación, luego de haber sido
destituido en su calidad de alcalde mayor de Bogotá e inhabilitado para el ejercicio
de cargos públicos por el periodo de 15 años, dio una interpretación sobre el alcance
del artículo 23.2 de la Convención, como manifestación del derecho vivo, al
siguiente tenor:
“(…) Ahora bien, un control de convencionalidad del artículo 44.1 de la
Ley 734 del 2002, fundamento sancionatorio en el presente caso, permite
advertir una incompatibilidad entre tal disposición y el artículo 23.2
convencional y concluir, de manera diáfana, que la Procuraduría
General de la Nación carecía de competencia para imponer una
sanción que restringiera, casi que a perpetuidad, los derechos
políticos de una persona para ser elegida en cargos de elección
popular, como también para separarlo del cargo de Alcalde Mayor de
Bogotá para el que fue elegido mediante sufragio universal, por las
siguientes razones:
La primera, porque al no ser sancionado el señor Gustavo Petro por una
conducta que constituyera un acto de corrupción, la Procuraduría General
de la Nación contravino una disposición de rango superior (artículo 23.2
convencional) que obliga, por vía del principio pacta sunt servanda, a su
25 Ibid.
26 Consejero Ponente: César Palomino Cortés.
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ineludible observancia por parte de los Estados miembros de la
Convención, norma que dispone que solo un juez penal, mediante una
sentencia condenatoria dictada en un proceso penal, puede restringir los
derechos políticos de una persona.
(…)
La Segunda, porque el artículo 23.2 convencional supone la preservación
del principio democrático y la preponderancia del derecho a elegir que
tienen los ciudadanos de Bogotá en observancia del principio de
soberanía popular, de tal manera que mantener vigente una sanción que
restringe los derechos políticos del elegido no solamente implicaría
cercenar derechos del sancionado, sino también hacer nugatorios los
derechos políticos de sus electores que, como constituyente primario, han
acordado definir los medios y las formas para autodeterminarse, elegir a
sus autoridades y establecer los designios y las maneras en los que
habrán de ser gobernados. (…)” (Negrillas originales).
Igualmente, la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, mediante
sentencia del 29 de junio de 2023, radicado 11001032500020130056100 con No.
Interno 1093-2013, con ponencia del consejero Juan Enrique Bedoya Escobar,
precisó que las restricciones referidas en el artículo 23.2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos son causales taxativas, al incluirse la palabra
“exclusivamente” para enlistar las razones por las cuales a través de la ley se puede
regular el ejercicio de los derechos políticos previstos en el artículo 23.1; y precisó
que:
“En cuanto a la causal por «condena, por juez competente, en proceso
penal», en principio, se refiere a la decisión definitiva adoptada por una
autoridad calificada, esto es, un juez de la República a quien por su
especialidad se le atribuyó la función de estudiar la responsabilidad de la
comisión de un acto considerado delito y que si como consecuencia del
sentido del fallo es declarado culpable se impone una sanción
condenatoria dentro de un proceso de naturaleza especial como lo es un
proceso penal”.
En suma, acatando el marco convencional que sobre derechos políticos se ha
desarrollado, se aclara que la Procuraduría General de la Nación mantiene incólume
sus funciones de investigación y sanción a los servidores públicos de elección
popular, siempre y cuando la misma no implique la restricción de sus derechos
políticos, lo que significa que no los podrá suspender o inhabilitar.
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Resolución del caso concreto
En los términos expuestos, toda autoridad judicial y administrativa tiene el deber de
realizar el control de convencionalidad de manera oficiosa, en virtud de la
integración del orden interno con las disposiciones de carácter supranacional, en el
sentido fuerte o estricto del bloque de constitucionalidad.
Por tanto, teniendo en cuenta la jurisprudencia decantada en el caso Petro Urrego
Vs Colombia27, en la que se consolida la línea interpretativa en relación con el
alcance del artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
para esta Sala de subsección es claro que la normativa colombiana contenida en la
Ley 734 de 2002, que facultaba a la Procuraduría General de la Nación para
destituir, suspender e inhabilitar a funcionarios elegidos por voto popular, estuvo
viciada de ilegalidad desde sus orígenes, por ser contraria a los postulados de la
CADH, pues es manifiesta la falta de competencia de una autoridad administrativa
para restringir los derechos políticos de aquellos servidores que fueron elegidos
democráticamente, y a su vez se incumplió el deber de adoptar las disposiciones de
derecho interno por parte del Estado colombiano.
Se advierte, además, que ni la jurisprudencia de lo contencioso administrativo ni la
interamericana crearon un sentido o alcance nuevo del artículo 23 de la CADH, sino
que han precisado la única alternativa de aplicación de dicha norma; interpretación
que, llevada al caso concreto, permite concluir que las actuaciones adelantadas por
la demandada, que culminaron con la imposición de la sanción de suspensión en el
ejercicio del cargo a los demandantes por el término de seis (6) meses 28, no se
ajustaron a la normativa que regula el ejercicio de los derechos políticos y las
garantías judiciales, en los términos consagrados en la Convención Americana.
En esos términos, como el marco normativo con el cual fueron sancionados los
demandantes fue el mismo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
censuró o reprobó en el precedente convencional del caso Petro Urrego vs
Colombia, es palmaria la ilegalidad de los actos administrativos aquí demandados,
27 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia del 8 de julio de 2020
28 Que fueron convertidos en salarios, según la decisión de primera instancia, porque para la fecha de ejecución
de la decisión había concluido su periodo.
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pues, en efecto, la demandada no era la autoridad competente para su expedición,
lo que implica la configuración de la causal de nulidad previamente analizada.
Lo anterior, fue reiterado por esta Corporación en sentencia proferida en octubre de
2023, en la cual se concluyó que:
“(…) 94. En ese orden la norma constitucional es compatible con la
Convención, pues el artículo 277.6 no enuncia el tipo de sanción que
puede imponer la PGN en ejercicio de la potestad disciplinaria; este
artículo claramente remite a la Ley, que es la que contiene el catálogo de
sanciones. En este contexto, la Procuraduría goza de la potestad
disciplinaria frente funcionarios elegidos democráticamente, siempre que
las sanciones a imponer no restrinjan sus derechos políticos.
95. No sucede lo mismo con los artículos 44 y 45 del Código General
Disciplinario, sobre los cuales, la CIDH, en el fallo del 8 de julio de 2020,
consideró que sí eran incompatibles con la Convención, por violación del
principio de jurisdiccionalidad…”
96. Este pronunciamiento de la CIDH en el caso Petro Urrego Vs.
Colombia es claro en señalar que la vigencia de las normas que facultan
a la Procuraduría a imponer sanciones de inhabilitación o destitución a
funcionarios democráticamente electos, previstas en el Código
Disciplinario Único constituyen un incumplimiento al deber de adoptar
disposiciones de derecho interno; por ello, el Estado es responsable por
la violación al artículo 23 de la Convención Americana. (…)”29.
De conformidad con la jurisprudencia citada, se puede concluir que al momento de
resolver los casos en los que se analice la legalidad de una sanción disciplinaria
impuesta por la Procuraduría General de la Nación a servidores de elección popular,
se debe aplicar el principio de favorabilidad y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; y solo cuando la regulación interna alcance los estándares
internacionales de derechos humanos, se aplicará la norma nacional que regule la
materia.
En síntesis, la decisión apelada se profirió realizando una correcta aplicación del
control de convencionalidad y, de manera acertada, concluyó que la demandada
29 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 11 de octubre de 2023. Exp. 5828-2018. C.P. César
Palomino Cortés.
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carecía de competencia para sancionar disciplinariamente a los demandantes y, por
ello, será confirmada.
De la condena en costas en esta instancia
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda
sentencia el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en
el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar
si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, o si se
encuentra comprobadas o causadas; no obstante, dicho criterio fue variado con la
adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, según la cual la
condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que la parte vencida
obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta ejecutada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.
Con fundamento en lo anterior, al analizar el caso concreto, se observa que los
fundamentos expuestos por la parte vencida no revisten una carencia de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, la parte
vencida, en sus escritos, indicó razones en defensa jurídica de sus intereses, por
tal razón al no encontrarse acreditado tal presupuesto normativo no se condenará
en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
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FALLA
Primero. CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia
proferida el treinta (30) de junio de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal
Administrativo del Chocó, por medio de la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Ausente en comisión
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