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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 27001-23-33-000-2019-00005-01

Fecha
16 de mayo de 2019
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 27001-23-33-000-2019-00005-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revócase el ordinal tercero de la sentencia del 4 de marzo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y confírmase en lo demás. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 27001-23-33-000-2019-00005-01

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

16 de mayo de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Ampara / VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS AL DEBIDO PROCESO Y DEFENSA / DEFECTOS SUSTANTIVO, FÁCTICO Y DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Se configuran, la autoridad judicial decretó de oficio una prueba impertinente, inconducente e inútil en trámite de reparación directa / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Por presunta falla del servicio al permitir minería indiscriminada en los municipio de Istmina y Medio San Juan, Chocó / DECRETO DE PRUEBAS DE OFICIO

[L]a prueba [El Estudio de Impacto Ambiental] no solo no es útil para demostrar los hechos relacionados con las alegaciones de las partes sino que, resulta impertinente (…). Ahora bien, (…) la carga onerosa que se les impone para la realización de dicho estudio, resulta desproporcionada si se tiene en cuenta que el Estudio (…) no es el medio probatorio conducente para verificar los hechos de la demanda que, en todo caso, le corresponde probar únicamente a la parte actora. (…) luego, no era dable su decreto por parte de la autoridad judicial (…) Claro lo anterior, la Sala encuentra que, en efecto, la prueba decretada de oficio por la autoridad judicial demandada sí resulta impertinente, inconducente e inútil, tal como lo alegó la entidad tutelante y demás entidades coadyuvantes de la acción de tutela, en perjuicio de sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, razón por la cual resulta dable el amparo de los mismos (…).

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / LEY 99 DE 1993 - ARTÍCULO 57 / LEY 472 DE 1998 / LEY 1437 DE 2011 / LEY 1440 DE 2011 / DECRETO 2591 DE 1991

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 27001-23-33-000-2019-00005-01(AC)

Actor: NACIÓN, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Demandado: JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE QUIBDÓ

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora y los terceros vinculados, contra el fallo del 4 de marzo de 2019, proferido el Tribunal Administrativo del Chocó, a través del cual concedió parcialmente el amparo de tutela deprecado.

ANTECEDENTES

1. Petición de amparo constitucional

Mediante escrito radicado el 18 de febrero de 2019, en la Oficina Judicial de Quibdó, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (en adelante DPS), a través la jefe de la Oficina Asesora Jurídica, presentó acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, contra el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Quibdó, con ocasión de la providencia del 5 de diciembre de 2018, numeral 9º de la parte resolutiva, mediante la cual la referida autoridad judicial decretó de oficio una prueba técnica para realizar un estudio de impacto ambiental minero y socio económico del municipio de Istmina y Medio San Juan, Nariño, como consecuencia del ejercicio de la minería ilegal, en el marco del proceso de reparación directa con radicado 27001-33-33-002-2018-000315-00.

Lo anterior, en consideración a que, según lo afirma la parte actora, la autoridad judicial acusada incurrió en un defecto fáctico, por cuanto decretó de oficio una prueba sin sustento alguno y que, además, le corresponde a la parte actora y no al juez, demostrar la existencia del daño. Igualmente, alega un defecto sustantivo al decretar la referida prueba, por cuanto aplicó las previsiones legales de la Ley 472 de 1998, referente a las acciones populares orientadas a la defensa de intereses colectivos y en la cual se otorga al juez amplias facultades para ordenar pruebas de oficio, sin que fueran aplicables al proceso de reparación directa.

En concreto, formuló las siguientes pretensiones:

«1.- Que se ordene la tutela de los derechos fundamentales constitucionales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

2.- Que como consecuencia del amparo constitucional se deje sin efectos el Auto Interlocutorio No. 1972 del 05 de diciembre de 2018 en su orden novena, la cual dispone: “De oficio el despacho decreta la prueba técnica y en ese sentido ordenará a la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” realizar estudio de impacto ambiental minero y socio económico, pasado, presente y futuro del municipio de Istmina y Medio San Juan, como consecuencia del ejercicio de la minería ilegal, los gastos de la pericia lo asumirán las entidades demandadas de manera solidaria».

La solicitud tuvo como fundamento los siguientes

2. Hechos

Sostuvo que, mediante auto interlocutorio No. 394 del 31 de mayo de 2017, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Quibdó admitió la demanda de reparación directa con radicado 27001-33-33-001-2016-00426-00, interpuesta por el señor Ricardo Quinto Quinto y otros contra la Nación, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Agencia Nacional de Minería, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Defensa Nacional y Codechocó. Dentro de la misma decisión se resolvió, entre otros, integrar el contradictorio con la vinculación de oficio del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

De conformidad con el expediente en préstamo allegado, se advierte que la demanda de reparación directa formulada, se encuentra encaminada a que se repare el presunto daño patrimonial causado a los demandantes, quienes hacen parte de una comunidad afrodescendiente y son integrantes del Consejo Comunitario Menor de Boca de Luis, en consideración a la presunta falla del servicio en la que incurrieron las entidades demandadas, al omitir el cumplimiento de sus funciones, competencias legales y constitucionales en la prevención, conservación y control del medio ambiente dentro de su jurisdicción, al permitir de manera indiscriminada la explotación minera y con ello, la destrucción de recursos naturales renovables y no renovables (fuentes hídricas, el paisaje, bosques naturales, parécelas en las que se cultivaba yuca, plátano, banano, ñame, piña, caimito, achiote, tubérculos, borojó, guayaba, limón, papaya, lulo etc.; árboles maderables como el abarco, lirio, jabón, chanó etc.), y otros bienes jurídicos constitucional y convencionalmente protegidos.

Comentó que a través de auto 507 del 05 de marzo de 2018, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Quibdó, convocó a las partes a la audiencia inicial para el día 3 de abril de 2018, fecha en la que se llevó a cabo la misma, siendo suspendida por falta de vinculación de otras entidades como la Gobernación del Chocó y el municipio de Itsmina.

Indicó que, mediante auto del 17 de julio de 2018, el juez Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Quibdó se declaró impedido para continuar con el conocimiento del proceso.

Resaltó que, en consideración a lo anterior, el proceso lo asumió el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Quibdó, despacho que mediante auto del 17 de agosto de 2018, resolvió declarar fundado el impedimento propuesto y avocó conocimiento.

Señaló que mediante auto del 8 de noviembre de 2018, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Quibdó, citó a las partes con el fin de continuar con la audiencia inicial el día 5 de diciembre de 2018, fecha en que se desarrolló la misma y, entre otros, se decretaron las pruebas a través de auto interlocutorio 1972 que en su orden novena resolvió: “de oficio el despacho decreta la prueba técnica y en ese sentido ordenará a la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, realizar el estudio de impacto ambiental minero y socio económico, pasado, presente y futuro del municipio de Istmina y Medio San Juan, como consecuencia del ejercicio de la minería ilegal, los gastos de la pericia lo asumirán las entidades demandadas de manera solidaria”.

Indicó que la mencionada providencia fue recurrida en la audiencia por distintas entidades vinculadas, en el que se expuso entre otros argumentos la “no pertinencia” y la ilegalidad del Estudio de Impacto Ambiental para el objetivo buscado por el despacho, toda vez que dicha herramienta técnica no está determinada por la ley como instrumento para demostrar científicamente daños ocasionados por minería, que es lo pretendido por la juez de conocimiento, argumentaciones que se apoyaron en lo establecido por la Ley 99 de 1993, la Ley 685 de 2001 (Código Minero) y el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y que determina con claridad que es un Estudio de Impacto Ambiental y para qué sirve.

Apuntó que, a pesar de las razones de peso legal esgrimidas en los recursos de reposición la señora juez se mantuvo en firme en la decisión recurrida.
3. Sustento de la vulneración

La entidad accionante considera que la autoridad judicial acusada vulneró sus derechos fundamentales, por cuanto el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Quibdó, incurrió en los defectos fáctico y sustantivo, al decretar de oficio el informe técnico por el impacto ambiental sobre el ejercicio de la minería ilegal en el municipio de Istmina y Medio San Juan.

Indicó que de la normatividad aplicable al asunto, es posible advertir que la prueba técnica decretada de oficio es totalmente inconducente e impertinente para el caso de la demanda de reparación directa que adelanta la autoridad judicial acusada, debido a que el Estudio de Impacto Ambiental, fue concebido para unos propósitos taxativos determinados por la ley, los cuales no aplican para las intenciones que tiene la juez demandada y no es dado darle esa herramienta un alcance distinto al que señala la legislación.

Citó el artículo 223 de la Ley 1450 de 2011 “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 210-2014” mediante el cual se modificó el artículo 57 de la Ley 99 de 1993, así:

“Artículo 57. Del Estudio de Impacto Ambiental. Se entiende por Estudio de Impacto Ambiental, el conjunto de la información que deberá presentar ante la autoridad ambiental competente el peticionario de una licencia ambiental.

El Estudio de Impacto Ambiental contendrá información sobre la localización del proyecto, y los elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro por la respectiva obra o actividad, para cuya ejecución se pide la licencia, y la evaluación de los impactos que puedan producirse. Además, incluirá el diseño de los planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de impactos y el plan de manejo ambiental de la obra o actividad.

La autoridad ambiental competente, para otorgar la licencia ambiental, fijará los términos de referencia de los estudios de impacto ambiental en un término que no podrá exceder de treinta (30) días hábiles contados a partir de la solicitud por parte del interesado”.

Refirió los artículos 58 de la Ley 99 de 1993, 85 y 204 del Código de Minas y 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, para precisar el alcance del Estudio de Impacto Ambiental y su relación con la licencia ambiental para la autorización de proyectos.

Alegó que la prueba de oficio se decretó sin estar soportada en un supuesto fáctico, toda vez que no existe un daño real, actual o técnicamente demostrado al interior del proceso y que, al tratarse de un medio de control de reparación directa, el daño ha de probarse por la parte actora sin que el juez pueda entrar a suplir la falta probatoria como si se tratara de una acción constitucional.

Aseguró que el juzgado accionado incurre en una errada apreciación de los hechos, por cuanto no tiene claro los tipos de daño ambiental que se generan, tanto a intereses colectivos como a garantías individuales producto de la actividad por minería ilegal, pues cada uno de estos tiene vías procesales o acciones judiciales distintas.

Acusó que no es procedente legalmente el decreto de una prueba sin tomar en consideración las circunstancias fácticas del caso, ampliándola a todo el municipio de Istmina, de una gran extensión territorial y, peor aún, extendiéndola a otro municipio como el del Medio San Juan, también de gran extensión y que no fue mencionado por la parte demandante del proceso. Esto genera una clara imprecisión técnica que daría al traste con cualquier estudio pretendido; además de generar una carga presupuestal incalculable para las entidades que conforman la parte demandada, siendo un desperdicio injusto de recursos, pues como se indicó, dicho Estudio de Impacto Ambiental no es conducente ni pertinente para el caso concreto.

Anotó que la decisión acusada adolece de un defecto sustantivo, por cuanto se fundó en normas que no se ajustan a la situación fáctica y al contexto del asunto en cuestión, además de omitirse el análisis de otras disposiciones aplicables al caso.

Indicó que la juez acusada hizo una inadecuada apreciación de la tipología del daño ambiental que se genera a partir de la minería ilegal que afecta multitud de intereses o derechos colectivos e individuales y que el medio de control de reparación directa no es el idóneo para determinar la existencia de daños ecológicos o daños ambientales puros, sino afectaciones patrimoniales concretas a personas individualizables, bien sea por la acción u omisión de las autoridades públicas.

Precisó que al decretarse la referida prueba se están aplicando las previsiones legales de la Ley 472 de 1998 referente a las acciones populares orientadas a la defensa de intereses colectivos y en la cual se le otorga al juez amplias facultades para ordenar pruebas incluso aquellas no pedidas expresamente por las partes.

Afirmó que dicha libertad probatoria no se presenta en el medio de control de reparación directa al tenor del artículo 140 del CPACA, por cuanto el accionante tiene la carga de la prueba de los elementos de la responsabilidad extracontractual y, en especial, del daño patrimonial cuya indemnización reclama.

Aseguró que la prueba decretada de oficio consistente en la financiación con recursos públicos de un Estudio de Impacto Ambiental es ilegal, por cuanto le impone a las entidades públicas demandadas asumir el costo de un estudio, que, según la normativa vigente, le corresponde asumir a los particulares.

Explicó que conforme a la normativa aplicable (Código Minero), dentro del procedimiento que la ley establece para otorgar un título minero, se encuentra el de presentar un Estudio de Impacto Ambiental; obligación que está a cargo única y exclusivamente en el interesado en obtener la licencia ambiental y realizar la explotación minera, por lo tanto, es contrario a la normatividad vigente la prueba de oficio que se decretó con cargo a las entidades públicas y recursos del erario para asumir una carga que le corresponde a los demandantes.

Argumentó que, conforme a lo previsto en el artículo 229 del Código General del Proceso, la prueba pericial es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Dicho dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; en él se deben explicar los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones.

Indicó que en consonancia con lo anterior el artículo 234 del mismo código, consagra que los jueces podrán solicitar, de oficio a petición de parte, los servicios de entidades y dependencias oficiales para peritaciones que versen sobre materias propias de la actividad de aquellas. Con tal fin las decretará y ordenará librar el oficio respectivo para que el director de las mismas designe el funcionario o los funcionarios que deben rendir el dictamen.

Anotó que, la Universidad Tecnológica del Chocó es una institución pública de carácter académico del orden nacional, sin embargo, como institución educativa su misión es formar talento humano para el ejercicio técnico, tecnológico y científico profesional.

Expuso que según la información que se encuentra publicada en la página web de la Universidad, dentro de los programas académicos de pregrado que ofrece esta institución, se encuentra el de Ingeniería Ambiental y Biología, pero esta circunstancia no la habilita o le otorga competencia para realizar el Estudio de Impacto Ambiental que se ordena en la providencia cuestionada, pues, dentro de su misión y funciones, no se encuentra la de rendir dictámenes o informes técnicos especializados en materia ambiental, los cuales están sujetos a una metodología técnica de gran especialidad.

Refirió la providencia del 10 de febrero de 2011, dictada por el Consejo de Estado, en el expediente 2007-00051-00, para precisar que en esa oportunidad, se pretendía igualmente que la Universidad Nacional emitiera una experticia técnica, frente a lo cual advirtió que esa institución no se encontraba habilitada para emitir un dictamen o informe técnico pues, su función principal, es formar profesionales en una determinada materia, pero no es una entidad especializada en las actividades relacionadas con el objeto de lo que se pretendía probar.

Enfatizó que la Universidad Tecnológica del Chocó, no cuenta con la competencia para elaborar el estudio de impacto ambiental ordenado en el presente caso, al no desarrollar actividades relacionadas con el objeto de la pericia ordenada por el juzgado y no ser un ente especializado en la materia.

Concluyó que al ordenar el estudio en mención, para determinar los daños causados por la explotación ilegal de conformidad a lo indicado en la providencia cuestionada con cargo a las entidades accionadas, sería contrario a la Constitución y a la ley, toda vez que se estaría vulnerando el principio de legalidad del gasto al no poseer las entidades demandadas habilitación legal para comprometer su presupuesto para la práctica de una prueba de oficio, consistente en un estudio que, conforme a la normativa vigente, le corresponde realizar al particular.

4. Trámite de la solicitud de amparo

Mediante auto del 19 de febrero de 2019, el Tribunal Administrativo del Chocó admitió la solicitud de tutela y ordenó notificar a la demandante, a la juez Segunda Administrativa Oral del Circuito Judicial de Quibdó, a los demandantes en el proceso ordinario objeto de controversia, al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Ejército Nacional Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Departamento Planeación Nacional, Agencia Nacional de Minería, Agencia Nacional de Tierras, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Instituto Nacional de Salud, Fiscalía General de la Nación, Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó CODECHOCÓ, Departamento del Chocó y el municipio de Istmina, como demandados y terceros interesados en el resultado del proceso (f. 35).

5. Argumentos de defensa

5.1 Juez Segunda Administrativa Oral del Circuito Judicial de Quibdó

La autoridad judicial demanda en la tutela, no rindió el informe requerido.

Entidades vinculadas al trámite de tutela por tener interés en el mismo, al ser parte del proceso de reparación directa.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante apoderado manifestó que coadyuvaba la solicitud de amparo y, en tal sentido, agregó que, en lo que respecta al defecto fáctico, en efecto el peritaje ordenado a través de la prueba técnica decretada de oficio resulta desproporcionada al ser demasiado amplia, pues fue ordenada sobre una zona territorial indeterminada, lo cual no se compadece con las pretensiones de la demanda de reparación directa formulada.

El Ministerio de Minas y Energía coadyuvó igualmente la acción de tutela mediante su apoderada al considerar que, la juez acusada se extralimitó en sus facultades al decretar la prueba de oficio, la cual no se orienta a demostrar los supuestos perjuicios particulares. Alegó que la prueba decretada desconoce la utilización de la lista de auxiliares de la justica y/o las peritaciones de entidades públicas, pues la Universidad Tecnológica del Chocó es una institución pública de carácter académico del orden nacional, sin embargo, como institución educativa su misión es formar talento humano.

Policía Nacional. El apoderado de esta entidad no es de recibo ordenar la realización de un estudio por una cuantiosa suma de dinero, cuando además dicha prueba no es pertinente ni conducente para demostrar los perjuicios reclamados en la demanda.

Fiscalía General de la Nación. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este ente, señaló que los argumentos de la tutela son válidos y demuestran que la decisión acusada debe dejarse sin efecto, pues, quien alega un daño tiene el deber de probarlo sin que al juez le corresponda asumir la carga probatoria de la parte actora en el proceso de reparación directa.

Ministerio de Defensa Nacional. La directora de Asuntos Legales del referido ministerio, coadyuvó la acción de tutela promovida por el DPS, en tanto comparte íntegramente sus argumentos.

Agencia de Defensa Jurídica del Estado. El apoderado especial de esta entidad, también coadyuvó la acción de tutela y reafirmó los argumentos de la misma.

El Instituto Nacional de Salud, mediante el jefe de la Oficina Asesora Jurídica en la respectiva intervención, manifestó que coadyuva al DPS en la acción de tutela impetrada contra el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Quibdó. Indica que no es posible para ese instituto cumplir con la decisión adoptada, en consideración a que dicha institución no cuenta con recursos presupuestales suficientes para costear un estudio de impacto ambiental tan alto y en el que los fines del mismo son contrarios a las funciones y competencias de la entidad.

5.2. Demandantes del proceso ordinario

Los terceros vinculados al trámite de tutela por tener interés en este asunto, contestaron la tutela a través de su apoderado en los siguientes términos:

Sostuvo que conforme al artículo 213 del CPACA “en cualquiera de las instancias el juez o magistrado ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad”.

Comentó que en concordancia con el artículo 169 del CGP “las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte o de oficio cuando sean útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes” y en el inciso 2 del mismo artículo estipula que “las providencias que decreten pruebas de oficio no admiten recurso”.

Aseguró que es congruente este ordenamiento procesal con la decisión que adoptó la Juez Segunda Administrativa Oral del Circuito Judicial de Quibdó, toda vez que se encontraba facultada normativamente para decretar la prueba de oficio, con la que pretende llegar a la verdad más allá de toda duda razonable.

Alegó que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para controvertir la decisión del juez pues, conforme el ordenamiento procesal general, contra el decreto de pruebas de oficio no procede ningún recurso, luego, la solicitud de amparo no puede suplantar al juez para resolver sobre un problema jurídico netamente ordinario.

Solicitó que se deniegue la solicitud de amparo de tutela por improcedente toda vez que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno.

6. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Chocó, mediante sentencia del 4 de marzo de 2019, concedió parcialmente el amparo de tutela. En consecuencia, resolvió:

“PRIMERO. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso, al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL vulnerado por el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE QUIBDÓ, dentro del proceso 27001-33-33-002-2018-000315-00 ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECA, ACCIONANTE: VÍCTOR EMILIO MOSQUERA MOSQUERA Y OTROS, ACCIONADO: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y OTROS, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR sin efecto la orden novena del auto interlocutorio No. 1972 del 05 de diciembre de 2018.

TERCERO. ORDENAR al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, para que en un término no mayor a tres (3) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, dicte una nueva providencia atendiendo las directrices que al respecto prescribe el artículo 230 del C.G.P. en concordancia con el artículo 234 ibidem, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia y que al pronunciarse sobre el costo de la prueba que en su momento ha de presentar la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” dentro del proceso 27001-33-33-002-2018-000315-00 ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, ACCIONANTE: VÍCTOR EMILIO MOSQUERA MOSQUERA Y OTROS, ACCIONADO: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y OTROS, tenga en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Para lo anterior, Secretaría General devolverá el expediente radicado con el No. 27001-33-33-002-2018-00315-00 ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, ACCIONANTE: VICTOR EMILIO MOSQUERA MOSQUERA Y OTROS, ACCIONADO: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y OTROS, allegado a estas diligencias en calidad de préstamo”.

Como fundamento de dicha decisión, expresó en resumen lo siguiente:

Sostuvo que para establecer si la providencia acusada incurrió en alguno de los alegados defectos, es preciso analizar la normativa que regula lo concerniente al decreto de la prueba de oficio en el marco de un proceso ordinario de reparación directa adelantado en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, así como lo referente al decreto en particular de la prueba pericial.

Comentó que la figura procesal del decreto de la prueba de oficio la regula la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en el artículo 213.

Señaló que, en torno a la importancia, relevancia y deber legal de esta facultad oficiosa en un proceso ordinario, y la carga dinámica de la prueba, la jurisprudencia constitucional ha precisado que deberán decretarse de oficio cuando sean útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes o cuando se consideren necesarias para el esclarecimiento de la verdad.

Expuso que, en relación con la prueba pericial, resulta pertinente analizar lo que en tal sentido disponen tanto el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo como el Código General del Proceso. Este último aplicable al asunto en virtud de la remisión que expresamente consagra el artículo 218 de la Ley 1437 de 2011.

Señaló que, de conformidad con los artículos 212 y 213 el CPACA y la jurisprudencia al respecto, el juez contencioso administrativo podrá ordenar o practicar cualquier prueba conducente, pertinente, necesaria y útil, incluida la prueba pericial, para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes y, en todo caso, el esclarecimiento de la verdad.

Comentó que, de igual manera, el Código General del Proceso, en su artículo 229 dispone que cuando el juez decrete la prueba de oficio o a petición del “amparado por pobre”, para designar el perito deberá acudir, preferiblemente, a instituciones especializadas públicas o privadas de reconocida trayectoria e idoneidad.

Sostuvo que, el artículo 230 ibidem prescribe que cuando el juez decrete oficiosamente el dictamen determinará el cuestionario que el perito debe absolver, fijará término para que rinda el dictamen y le señalará provisionalmente los honorarios y gastos que deberán ser consignados dentro de los tres días siguientes. La citada norma prevé que, si no se hace la consignación, el juez decide si persiste o no en la prueba decretada y si ordena en todo caso que se rinda el dictamen por considerarla indispensable.

Indicó que en el mismo sentido y una vez designado el perito e institución pública que ha de practicar o rendir el dictamen, el artículo 234 ibidem, dispone que el directo de la respectiva institución designará el funcionario o funcionarios que deben rendir el experticio. En esta oportunidad, aunque la norma omitió referirse al evento en el que el designado no cuenta con el funcionario o funcionarios idóneos para rendir el dictamen, es claro, según el juez de primera instancia, que la autoridad podrá acudir a otra institución especializada pública o privada de reconocida trayectoria o idoneidad, para los mismos efectos, de conformidad con lo normado en el artículo 229 del CGP.

Manifestó que en el marco de la revisión de las normas que regula la prueba pericial, en particular el artículo 234 ibidem y ante el reproche que la parte actora las vinculadas hacen respecto de la idoneidad del ente designado para rendir la experticia, se pudo establecer que las referidas normas autorizan, que dicha prueba sea emitida por una Institución de Educación Superior, para el caso de la Universidad Tecnológica del Chocó, que como dijo la juez accionada en la audiencia inicial, dicho ente corresponde a uno que forma en conocimiento dentro de la región, calificativo que en principio para este Tribunal, la reputa idónea para cumplir con el encargo, sin perjuicio que en las etapas procesales posteriores, se le pueda tachar por una cualquiera de las causales que al respecto enlista la normativa antes vista.

Afirmó que, conforme a lo anterior, es claro que el juez puede legalmente decretar en forma oficiosa la prueba ordenada en la providencia acusada y a cargo y por cuenta de las entidades e institución indicadas, no siendo de recibo lo argumentado por la accionante y demás vinculados que coadyuvaron la solicitud de amparo, en relación con la imposibilidad de decretar de oficio un dictamen pericial con cargo a las entidades demandada y por cuenta de una institución de educación superior.

Aclaró que, en todo caso, la denominación y marco de acción que el juez de conocimiento le dio a la prueba técnica decretada, consistente en “realizar un estudio de impacto ambiental minero y socioeconómico, pasado, presente y futuro del municipio de Istma y medio San Juan, como consecuencia de la minería ilegal”, desconoció en su integridad lo normado por el artículo 230 del CGP en la medida que ni en la providencia cuestionada que ordenó la mencionada prueba, ni durante la resolución de los recursos de reposición propuestos contra dicha decisión, nada se dijo en torno al cuestionario que debe absolver el perito para sacar de duda al funcionario que considera debe ser esclarecido procesalmente frente a las alegaciones de las partes. Tampoco indicó el término que a su juicio debe otorgarse al perito para la rendición del dictamen, ni mucho menos fijó en forma provisional los honorarios y gastos a favor del perito y a órdenes del juzgado para la práctica de la prueba.

Precisó que lo anterior representa un defecto procedimental de la providencia cuestionada, pues resultaba necesario precisar y concretar los requisitos en los que ha de rendirse el dictamen, prueba técnica que requiere para su realización de un término y unos honorarios y gastos que garanticen su práctica y efectivo recaudo.

Explicó que, al omitir el juzgado accionado en la providencia acusada, trazar el derrotero a seguir por parte del perito encargado, sin duda alguna la funcionaria judicial demandada inaplicó la normativa que regula en forma expresa dicha prueba, sin justificación alguna, tornándola defectuosa en el procedimiento en la medida que no cumple con los parámetros y directrices para la cual fue prevista por el legislador.

Sostuvo que, en tal sentido, es indispensable determinar el cuestionario que en forma puntual el perito debe absolver y fijar el término para que rinda el dictamen, en aras de garantizar que la prueba decretada pueda adelantarse sin dilación en cuanto a la tarea encomendada y el plazo para su cumplimiento y en el entendido que con la referida prueba pericial pretende la juez demandada determinar los daños y perjuicios que las acciones u omisiones de las entidades demandadas pudieron haber causado a las personas demandantes, habitantes de la cuenca del rio Suruco, integrantes del consejo comunitario de Boca de Luis, ubicado en el municipio de Istmina, cuestión que sin duda alguna, corresponde a una de las alegaciones de parte, por lo que, bajo tal marco, debe delimitarse la prueba técnica en cumplimiento estricto del mencionado artículo 230 del CGP.

Advirtió que por la imprecisión y generalidad en la prueba técnica decretada, la juez acusada también incurrió en defecto fáctico, en la medida en que no tuvo en cuenta la delimitación que para actuar marcan las alegaciones de las partes, tanto en los hechos y pretensiones de la demanda como en las respectivas contestaciones y que fueron precisados al momento de fijar el litigio, por la misma funcionaria judicial, durante la audiencia inicial celebrada el 5 de diciembre de 2018, en el conocido proceso de reparación directa.

Comentó que “La prueba pericial se decretó respecto de toda la región del San Juan, cuando es conocido por todos que, dicha región no solo abarca el municipio de Istmina, sino además, a los municipios de Nóvita, Condoto y Medio San Juan (Andagoya), territorios estos que no hacen parte del debate jurídico procesal a que se contrae el medio de control de reparación directa interpuesta por Ricardo Quinto Quinto y otros, contra la Nación – Ministerio de Minas y Energía y otros, bajo el radicado referido a lo largo del presente proceso”.

Destacó que, la prueba ordenada debe dejarse sin efecto, para que en su lugar, vuelva a dictarse una en su reemplazo por parte de la juez Segunda Administrativa Oral del Circuito Judicial de Quibdó, con las observaciones referidas.

Enfatizó que sin perjuicio de lo anterior, debía aclararse que el juez de la causa dentro del proceso debatido, puede decretar pruebas de oficio cuando así lo considere conveniente en virtud de lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con los artículos 229 y siguientes del CGP; sin embargo, dentro de esa facultad oficiosa es imperativo que se ciña a los preceptos que en particular regulan la prueba pericial, que para el caso, corresponde a las directrices estipuladas en el artículo 230 del Código General del Proceso, conforme a la remisión que en forma expresa dispone el artículo 218 del CPACA y que en el sub lite fue desconocido, inaplicado e inobservado por el juzgado accionado, circunstancia que impone el decreto de una nueva prueba que cumpla fielmente dicho mandato.

Sostuvo que, de otro lado, en el escrito de tutela se expuso que la prueba de oficio decretada, consistente en el Estudio de Impacto Ambiental de experticia a cargo de la Universidad Tecnológica del Chocó, tiene un costo muy alto, el cual no pueden asumir las entidades públicas por la austeridad del presupuesto, y que en ese orden no cuentan con los medios económicos necesarios para sufragar el costo de dicha prueba, frente a lo cual, expuso que en principio, la experticia decretada sigue el esquema normal de las pruebas de oficio, donde el extremo de la litis a quien se le impuso su carga, debe sufragar el costo de la misma, sin que sea posible afirmar que, para el procedimiento de las acciones de reparación directa exista una sanción para quien con justa y acreditada causa no pueda pagar las costas de una prueba de oficio.

Señaló que, si bien el juzgado acusado, amparado en su facultad-deber decretó una prueba técnica de oficio y en tal sentido, solicitó dicha experticia a la Universidad Tecnológica del Chocó, lo cierto es que, al momento de establecer el costo del dictamen, que ha de presentar la institución de educación superior, debe tener en cuenta la solvencia económica y financiera de la parte a quien se le impuso dicha carga, como lo hizo con la parte accionante dentro de ese mismo proceso, cuando accedió al amparo de pobreza.

Resaltó que el juez debe evaluar la capacidad económica de la parte a quien le impuso dicha carga y debe tener en cuenta que el costo del peritazgo no puede constituirse en una barrera al derecho de acceso a la administración de justicia y con este el curso normal del proceso que avance en los términos legales que al respecto establece la normativa procesal que regula la materia.

Anotó que el actuar de la autoridad judicial demandada, al pronunciarse sobre el costo de la prueba y gastos de la pericia, que en su momento presente la Universidad Tecnológica del Chocó y del traslado de la misma a las partes y en general frente a la prueba que se practique en el proceso, debe adecuarse al principio de efectividad de los derechos consagrado en el artículo 2 de la Constitución Política y en tal sentido a la capacidad de pago y la austeridad del presupuesto de las entidades públicas debidamente certificado, que ponga en su conocimiento las demandadas, a cargo de las cuales en forma solidaria impuso asumir el costo de la práctica de la prueba pericial decretada de oficio, dentro del proceso de reparación directa.

7. La Impugnación

7.1 Demandantes en el proceso de reparación directa

El apoderado de los demandantes del proceso de reparación directa, inconforme con la decisión, la impugnó. Como fundamento de dicho recurso expresó lo siguiente:

Comentó que, al estudiar la tutela el a quo no tuvo en cuenta los argumentos expuestos por la parte que representa, a efecto que se denegaran las súplicas de la acción constitucional.

Destacó que era menester que el Tribunal se preguntara si la orden proferida era violatoria de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de las entidades demandadas y si el juzgado tenía competencia o no para dictar la prueba de oficio.

Alegó que no se observa que el Tribunal haya encontrado la trascendencia constitucional de los derechos invocados como violados, si se tiene en cuenta que encontró que la juez sí era competente para decretar la prueba de oficio y lo único que halló como irregular es que la orden no se dio de manera completa como a su juicio lo autoriza el Código General del Proceso, por ello, sin dubitación alguna, no hubo en este caso vulneración a algún derecho fundamental de las partes, tanto así, que el a quo decidió que se volviera a dictar la misma orden que ya se dio pero complementándola.

Aseguró que tutelar los derechos de las accionadas resulta un contrasentido si no hay derechos fundamentales vulnerados, pues el hecho que la orden haya sido incompleta de ninguna manera puede entenderse como vulneradora de derechos porque la juez podía completar la orden “intraprocesalmente”.

Solicitó revocar la sentencia impugnada para en su lugar, denegar las súplicas de la demanda de tutela.

7.2. Instituto Nacional de Salud

Mediante apoderado, la entidad vinculada impugnó la decisión de primera instancia en los siguientes términos:

Alegó que, si bien la sentencia de primera instancia concedió el amparo de tutela, no lo hizo en los términos deprecados en la demanda de tutela ni en las solicitudes de coadyuvancia.

Sostuvo que la tutela no buscaba controvertir si el juez podía o no decretar una prueba de oficio ya que el mismo en pro de la actividad de la justicia puede hacerlo. Lo que se buscaba con la solicitud de amparo era aclarar que el Estudio de Impacto Ambiental minero y socio económico decretado es innecesario, inconducente e impertinente, ya que este estudio no aporta probanzas que presten algún servicio dentro del proceso y posterior fallo, pues es lógico que hay un impacto ambiental frente a la minería ilegal, ni tampoco el estudio va a demostrar cuántos son los daños morales o materiales.

Agregó que, igualmente, hay entidades tanto del orden nacional colmo territorial dedicadas a los asuntos ambientales y cuyas competencias fueron conferidas a través de la ley, quienes podrían realizar esa clase de estudios.

Resaltó que además la carga probatoria le corresponde al demandante, de manera que, si el no solicitó un estudio de impacto ambiental, es por que el mismo no resulta necesario para el proceso de reparación directa que se adelanta; sin embargo, la juez acusada ordenó la prueba de oficio.

Concluyó que el a quo lo que hizo fue corregir la decisión de la autoridad judicial acusada, pero no atendió al fin de la tutela, el cual era determinar la conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba.

7.3 Ministerio de Minas y Energía

La apoderada del referido ministerio, inconforme con la decisión, la impugnó. Como sustento del recurso expuso lo siguiente:

Alegó que la decisión de tutela de primera instancia no fue congruente en la resolución de los argumentos expuestos en el escrito de tutela ni con los de coadyuvancia.

Consideró que el problema jurídico planteado por el a quo al resolver la acción de tutela, no abarcó en su totalidad las falencias y la inobservancia normativa y constitucional en que incurrió el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó. Por el contrario, el Tribunal Administrativo del Chocó procedió a corregir los errores procesales en los que incurrió el citado juzgado al decretar la prueba de oficio objeto de discusión, supliendo las falencias probatorias de la parte accionante, pues resulta claro que “le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

Argumentó que en la práctica judicial el juez debe ser imparcial autónomo e independiente, en condiciones de igualdad de tratamiento con las partes; esto implica que los jueces y tribunales deben ejercer sus labores de administración de justicia, sin intromisión, con fundamento en los hechos y de conformidad con el ordenamiento jurídico y no como lo realizó la juez Segunda Administrativa de Quibdó, al decretar un estudio como prueba de oficio, el cual resulta a todas luces inconducente e impertinente para demostrar los supuestos daños y perjuicios que sufrieron los accionantes con ocasión a la explotación ilícita de minerales que se desarrolló en el municipio donde habitan.

Explicó que, en lo concerniente al reconocimiento de daños y perjuicios es del caso señalar que la exigencia procesal para reconocer la indemnización de los daños que se reclamen es que concurran efectivamente en el momento en que se formule la reclamación. Por ello su falencia lleva generalmente a desestimar las pretensiones relacionadas con la compensación de daños futuros que aún no se han manifestado.

Indicó que el Consejo de Estado ha señalado que el decreto de pruebas de oficio tiene su límite procesal así:

“De conformidad con el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo, el decreto oficioso de pruebas procede en el curso de cualquiera de las instancias del proceso, siendo una facultad discrecional del juzgador cuya finalidad consiste en el esclarecimiento de la verdad y esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda, así como en hacer eficaz el derecho de acceso a la administración de justicia de un extremo de la litis y el derecho de defensa, por el otro.

Por ello no se trata de un ejercicio del poder oficioso por parte del juez administrativo que exceda la discrecionalidad con la que cuenta, sino que atiende a los límites normativos, por ejemplo el consagrado en el artículo 167 del Código General del Proceso “ incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen” y al necesario razonamiento y ponderación que debe operar cuando de la práctica oficiosa o no de una prueba se pueda producir la tensión entre los derechos al acceso a la administración de justicia y al de defensa de cada una de las partes en el proceso. A lo que cabe agregar que, cuando se trata del ejercicio de la facultad discrecional del juzgador, es claro el deber de fundamental razonablemente el motivo por el cual se considera necesario el decreto de una prueba de oficio, máxime si se tiene en cuenta la eventual afectación en las resultas del proceso de los intereses de las partes y/o los intervinientes del mismo”.

Comentó que a la luz del anterior texto jurisprudencial, resultan claras las facultades de los jueces para decretar pruebas de oficio cuando las mismas resulten útiles al proceso; no obstante, para el caso bajo estudio, el Tribunal Administrativo del Chocó no tuvo en cuenta que la juez Segunda Administrativa de Quibdó decretó una prueba de oficio totalmente innecesaria, inconducente e impertinente que no tiene ningún objeto para las resultas del proceso, más aun cuando no está determinada ni limitada su ejecución omitiendo la lista de auxiliares de la justicia, generando así, un desequilibrio procesal e inseguridad jurídica para las entidades públicas demandadas, y en consecuencia, vulnerando sus derechos fundamentales.

7.4. Departamento Nacional de Planeación DPN

La entidad vinculada, inconforme con la decisión, la impugnó. Como fundamento de dicho recurso expuso lo siguiente:

Sostuvo que el juez de primera instancia se alegó de la discusión en derecho planteada en el escrito de tutela, llevando su competencia a corregir los yerros cometidos por la juez acusada e indicándole el tipo de prueba que debía decretar, dejando de lado el defecto fáctico que constituye el haber decretado la prueba consistente en el Estudio de Impacto Ambiental, por carecer esta de necesidad, pertinencia y conducencia en la causa adelantada en el juzgado demandado.

Reiteró que, según el Código de Minas y demás normatividad vigente expuesta en la demanda de tutela, dentro del procedimiento que la ley establece para otorgar el título minero, se encuentra el de presentar un Estudio de Impacto Ambiental, obligación que está a cargo única y exclusivamente del interesado en obtener la licencia ambiental y realizar la explotación minera, por lo tanto, es contrario a la normativa la orden impuesta al DPN, al ordenársele efectuar erogaciones de recursos públicos para suplir una carga que legalmente le corresponde asumir a un particular dentro de un trámite administrativo tendiente a la explotación de un recurso natural, asunto que ese departamento administrativo no podría financiar.

Afirmó que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA en concepto radicado en el DPN, precisó el alcance del Estudio de Impacto Ambiental para el sector minero de la siguiente manera:

El estudio debe realizarse por los interesados en ejecutar proyectos, obras o actividades en el sector minero que se enmarquen en lo señalado en el Decreto 1076 de 2015.
El Estudio de Impacto Ambiental no es e instrumento necesario para determinar los daños producidos por las actividades mineras, en tanto que es un instrumento para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental.
Su construcción y elaboración es de carácter individual para cada proyecto, el cual debe contener la información asociado al área de influencia del proyecto específico, caracterizando los aspectos bióticos, abióticos y socioeconómicos que pueden ser impactados previo a la ejecución de este. Por lo tanto, el EIA no puede ser elaborado para una región como documento para la obtención de varias licencias ambientales para diferentes tipos de proyectos, obras o actividades y para distintos interesados en su obtención.

7.5. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

La referida agencia impugnó la decisión, sin embargo, radicó el recurso el 12 de marzo de 2019, siendo este extemporáneo, razón por la cual, no será tenido en cuenta.

7.6. Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

La parte actora inconforme con la decisión la impugnó. Sin embargo, el referido recurso fue presentado el 12 de marzo de 2019, siento este extemporáneo motivo por el cual, el mismo no será tenido en cuenta.

7.7 Ministerio de Agricultura

La entidad vinculada impugnó la decisión de primera instancia de manera extemporánea (12 de marzo de 2019) razón por la cual, el referido recurso no será tenido en cuenta.

7.8 Ministerio de Defensa

La entidad vinculada impugnó la decisión de primera instancia de manera extemporánea (12 de marzo de 2019) razón por la cual, el referido recurso no será tenido en cuenta.

7.9. Apoderado de los demandantes del proceso ordinario

Mediante escrito radicado el 12 de marzo de 2019, en la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Chocó, el apoderado de los terceros vinculados adicionó su escrito de impugnación. Sin embargo, el mismo fue presentado de manera extemporánea razón por la cual, no será tenido en cuenta.

8. Trámite en segunda instancia

Previamente a dictar la decisión de segunda instancia, el despacho sustanciador advirtió que no se vinculó al presente trámite a la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, institución a la que se le ordenó llevar a cabo el estudio de impacto ambiental que se decretó como prueba en el proveído bajo censura, pese a tener interés directo en el resultado del proceso razón por la cual, mediante providencia del 3 de abril de 2019, se dispuso su vinculación para que: i) alegara la posible nulidad, ii) acudiera al presente trámite o iii) guardara silencio. En estos dos últimos eventos se entendería saneada la nulidad.

Cumplido el término otorgado para intervenir, la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” guardó silencio, quedando saneada la nulidad que presentaba el trámite.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte actora y los terceros vinculados, contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, de conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015 modificado por el Decreto 1983 de 2017 y el artículo 2 del Acuerdo 55 de 2003 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la decisión de conceder el amparo de tutela deprecado.

Para el efecto se deberá establecer si, en el asunto de la referencia, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó incurrió en un defecto fáctico, sustantivo, procedimental y desconocimiento del precedente de esta Corporación, al decretar de oficio una prueba consistente en un Estudio de Impacto Ambiental en los municipios de Istmina y Medio San Juan, Chocó, en el marco de un proceso de reparación directa promovida por la comunidad afrodescendiente que se encuentra asentada en dichos municipios contra la entidad accionante y demás entidades públicas vinculadas, por el presunto daño que se generó como consecuencia de la omisión de las demandadas en evitar la minería indiscriminada en esa región del país.

Para abordar el problema jurídico planteado se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial y ii) el caso concreto.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012, mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, conforme al cual:

«De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.».

La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…».

Es claro que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo (procedencia sustantiva) y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto (procedencia adjetiva).

En tales condiciones, debe verificarse en primer término que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad, a saber: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez y iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

En caso contrario, en el evento en que el asunto supere dichos requisitos, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Al respecto, resulta del caso reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

4. Caso concreto

Para la parte actora y sus coadyuvantes, sus derechos fundamentales se desconocieron por parte del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó, con ocasión a la providencia del 5 de diciembre de 2018, dictada en el proceso de reparación directa promovido contra la accionante y las entidades vinculadas al presente trámite tutelar, mediante la cual se decretó una prueba de oficio consistente en la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental de la región de Istmina y Medio San Juan, con ocasión a los daños generados por la minería ilegal en esa zona.

Lo anterior toda vez que, a juicio de la parte actora, la autoridad judicial acusada incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, procedimental y desconocimiento del precedente de esta Corporación, toda vez que la prueba decretada resulta a todas luces inconducente e impertinente para demostrar los daños que, presuntamente se le generaron a las comunidades afrodescendientes de la región, de cara a la minería ilegal indiscriminada, pues el objeto del Estudio de Impacto Ambiental no es determinar daños individuales, sino que se dirige a establecer pautas para la concreción de proyectos mineros. Asimismo, alegan que la facultad oficiosa del juez contencioso administrativo en un proceso de reparación directa, no puede exceder sus facultades en desmedro de su imparcialidad y neutralidad, pues le corresponde única y exclusivamente a los demandantes demostrar los elementos de la responsabilidad extracontractual, entre ellos el daño.

Afirman igualmente que, según jurisprudencia del Consejo de Estado, la facultad oficiosa del juez en materia de pruebas, no debe exceder la discrecionalidad con la que cuenta, sino que atiende a los límites normativos, como el consagrado en el artículo 167 del Código General del Proceso según el cual “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

Concluyeron además que, el Estudio de Impacto Ambiental, debe adelantarse por instituciones calificadas para ello sin que la Universidad Tecnológica del Chocó sea la entidad competente para adelantarlo y que, en todo caso, no le corresponde asumir el costo de la práctica

Por su parte, los demandantes del proceso de reparación directa aseguran que, las normas procesales autorizan al juez a decretar pruebas de oficio cuando estas resulten necesarias para esclarecer dudas que se generen en el trámite procesal, razón por la cual no hay lugar a que se deje sin efectos la decisión acusada, pues la autoridad demandada actuó conforme a la ley, sin desconocer las garantías fundamentales de las entidades demandadas.

Sobre el particular, el Tribunal Administrativo del Chocó, concedió el amparo de tutela de la parte actora y sus coadyuvantes, en el sentido de dejar sin efectos la providencia acusada, pero por cuanto el decreto oficioso de la misma no cumplía con los requisitos de una pericia, pues no se estableció el cuestionario que debía atender el perito. Ahora, respecto a la facultad oficiosa de la autoridad judicial demandada, consideró el a quo que la misma se encontraba dentro de los límites legales y que en ese orden, contrario a lo que afirma la parte actora, actuó bajo los supuestos normativos. Sin embargo, consideró que, al dictar nuevamente la prueba, la juez acusada debía tener en cuenta los argumentos de las entidades demandadas sobre la austeridad del gasto público.

Inconforme con la decisión, el apoderado de los demandantes del proceso ordinario la impugnó, al considerar que la decisión del a quo constitucional no resultaba congruente, pues, por un lado, aseguró que la juez tenía la libertad de decretar la prueba de oficio y que con ello no se desconocían los derechos fundamentales invocados, pero, por otro lado, afirmó que la prueba fue mal decretada y le indicó al juzgado como debía hacerlo. Sostuvo así que, si no existió la vulneración de los derechos fundamentales alegados, debió denegar el amparo, pues la precisión en el decreto de la prueba lo debía y le competía únicamente a la juez acusada.

Por su parte, el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Minas y Energía y el Departamento Planeación Nacional, inconformes con la orden de amparo, impugnaron la decisión. Sostuvieron que, el juez de primera instancia le dio un alcance diferente a la solicitud de amparo y no estudió los yerros formulados en el escrito de tutela y demás escritos de coadyuvancia, mediante los cuales se precisó que, la prueba decretada resultaba totalmente inconducente e impertinente para demostrar los hechos de la demanda, razón por la cual, no solo comprendía un exceso de la facultad oficiosa del juez, sino que, imponía una carga a las demandadas que no debían asumir, sobre todo porque el Estudio de Impacto Ambiental Decretado, no cumplía con la finalidad y objeto de la prueba, esto es, demostrar los daños y perjuicios individuales causados a los demandantes con ocasión a la actividad de minería ilegal en los municipios de Istmina y Medio San Juan, Chocó.

Con la claridad anterior, pasarán a estudiarse los defectos alegados en la demanda de tutela, de manera conjunta, por haberse propuesto los mismos en ese orden, esto es: i) defecto fáctico ii) sustantivo, iii) procedimental iv) desconocimiento del precedente del Consejo de Estado.

Al respecto, esta Sección se ha pronunciado en diversas oportunidades para precisar que el defecto fáctico se configura siempre que se advierta cualquiera de los siguientes supuestos: i) omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso.

En este caso, el reparo de la parte actora y sus coadyuvantes, no es la omisión de la autoridad judicial en decretar pruebas, el desconocimiento del acervo probatoria, la valoración irracional de elementos probatorios ni mucho menos que la sentencia se haya dictada con fundamento en pruebas obtenidas con violación al debido proceso, pues aún no se ha llegado a esa etapa procesal en el trámite de reparación directa objeto de discusión.

Lo que genera la inconformidad de los accionantes, radica en que, la juez Segunda Administrativa Oral del Circuito Judicial de Quibdó decretó una prueba de oficio, esto es, la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, para determinar los perjuicios ocasionados en los municipios de Istmina y Medio San Juan, Chocó, con ocasión a la minería ilegal indiscriminada de esa zona del país.

Para la parte actora, ello excedió las facultades discrecionales de la juez acusada, por tanto. conforme al artículo 167 del Código General del Proceso según el cual “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, sin que le fuera dable a la juez demandada, demostrar el daño que se supone, deben probar los demandantes. Igualmente, encuentran que la prueba decretada es a todas luces inconducente e impertinente, pues el objeto del Estudio de Impacto Ambiental, no es determinar daños o perjuicios individuales por la actividad minera, sino que se realiza por los particulares interesados en adelantar un proyecto de extracción minera para efectos de obtener la licencia ambiental correspondiente.

Así las cosas, encuentra la Sala que los argumentos esbozados por la tutelante y las demás entidades coadyuvantes, se concentra netamente en un defecto sustantivo por desconocerse el régimen normativo procesal sobre el decreto de pruebas.

Igualmente, se tiene que la tutelante citó un precedente de esta Corporación esto es, la providencia del 10 de febrero de 2011, dictada en el expediente 2007-00051-00, para precisar que en esa oportunidad, se pretendía igualmente que la Universidad Nacional emitiera una experticia técnica, frente a lo cual advirtió que esa institución no se encontraba habilitada para emitir un dictamen o informe técnico pues, su función principal, es formar profesionales en una determinada materia, pero no es una entidad especializada en las actividades relacionadas con el objeto de lo que se pretendía probar.

Pues bien, en primer término, resulta pertinente citar las normas que regulan el régimen probatorio, que, para el caso particular, corresponden al Código General del Proceso, por remisión expresa de la Ley 1437 de 2011.
“ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares”.
Esta norma, de vital importancia para el análisis que ocupa a la Sala, establece dos supuestos:

Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
Según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos.

En este caso, se tiene que las pretensiones de los señores Ricardo Quinto Quinto, Benjamín Benitez Mosquera y Víctor Emilio Mosquera Mosquera, quienes hacen parte de la comunidad afrodescendiente del municipio de Istmina y del Consejo Comunitario Menor de Boca de Luis, están encaminadas a que las entidades demandadas los indemnicen por los daños y perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales causados, como consecuencia de la falla del servicio en que estas incurrieron, al omitir el cumplimiento de sus funciones, competencias legales y constitucionales en la prevención, conservación y control del medio ambiente dentro de su jurisdicción, al permitir de manera indiscriminada la explotación minera y con ello la destrucción de recursos naturales renovables y no renovables, como fuentes hídricas, bosques, parcelas cultivos, árboles maderables y otros.

Como pruebas, los demandantes solicitaron que se decretaran los siguientes documentales:

Informe sobre minería ilegal en Colombia, realizado por la ONU el cual se encuentra colgado en la Internet.
Certificado del Consejo Comunitario de pertenencia.
Dictamen pericial de las afectaciones a las comunidades del rio Suruco y sus comunidades circundantes.
Certificado de agricultores de la UMATA ISTMINA.
Certificado de vecindad del municipio Istmina.
Certificado de los Consejos Comunitarios Menores de Basurú, Patió, Puerto Salazar (Chigorodó), Boca de Luis, Suruco Santa Mónica y Suruco San José de la jurisdicción de Istmina.
Poderes
Solicitud de información dirigida a la Comandancia Departamental de Policía, sobre las acciones realizadas para el control de la minería ilegal en el municipio de Istmina.
Solicitud de información dirigida al Batallón de Ingenieros “Julio Londoño Londoño” sobre las acciones realizadas para el control de la minería en el municipio de Istmina.

El daño ambiental generado por la minería ilegal, es entonces el principal perjuicio que reclaman los actores sea reparado y, para ello, solicitaron que fuera tenida en cuenta una serie de documentos tendientes a demostrarlo.
Con todo, la juez Segunda Administrativa del Circuito Judicial del Chocó, en el desarrollo de la audiencia inicial, además de decretar las pruebas solicitadas, ordenó de oficio un Estudio de Impacto Ambiental minero, a cargo de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, “pasado, presente y futuro”, del municipio de Istmina y Medio San Juan, como consecuencia del ejercicio de la minería ilegal y dispuso que, los gastos de pericia los asumirían las entidades demandadas de manera solidaria.

Contra dicha decisión presentaron recurso de reposición todas las entidades demandadas, frente al cual, la autoridad judicial acusada, se mantuvo en su decisión.

Sin embargo, la juez acusada no justificó las razones por las cuales debía practicarse el referido Estudio de Impacto Ambiental ni tampoco analizó su conducencia, pertinencia y utilidad para comprobar los hechos expuestos en la demanda. Tan solo se limitó a decretarla.

Si bien, normativamente la autoridad judicial tiene la facultad oficiosa de decretar pruebas, no puede dejarse de lado que, esta potestad debe atender igualmente a los principios de pertinencia, conducencia y utilidad.

Así lo establecen los artículos 168 y 169 del Código General del Proceso al prever:
“ARTÍCULO 168. RECHAZO DE PLANO. El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles. HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr004.html" \l "top" \o "Ir al inicio"
ARTÍCULO 169. PRUEBA DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE. Las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte o de oficio cuando sean útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes. Sin embargo, para decretar de oficio la declaración de testigos será necesario que estos aparezcan mencionados en otras pruebas o en cualquier acto procesal de las partes.
Las providencias que decreten pruebas de oficio no admiten recurso. Los gastos que implique su práctica serán de cargo de las partes, por igual, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre costas”.
En el caso que nos ocupa, la tutelante y las entidades coadyuvantes insisten en que, el Estudio de Impacto Ambiental minero decretado por la autoridad judicial demandada, carece de pertinencia, utilidad y conducencia, puesto que, dicho estudio no está previsto legalmente para demostrar daños o perjuicios individuales producto de la actividad minera.

En efecto, el Estudio de Impacto Ambiental, conforme el artículo 57 de la Ley 99 de 1993, modificada por la Ley 1440 de 2011, establece que “se entiende por Estudio de Impacto Ambiental, el conjunto de la información que deberá presentar ante la autoridad ambiental competente el peticionario de una licencia ambiental”.

Igualmente, el Código de Minas, en su artículo 85 prevé que dicho Estudio de Impacto Ambiental simultáneamente con el Programa de Trabajos y Obras, debe presentarse para demostrar la factibilidad ambiental de dicho programa.

De modo que, el EIA está prevista por la normatividad nacional, como aquel que resulta necesario para obtener la licencia ambiental de un proyecto de extracción minera que pretenda realizar un particular y, con él, demostrar la factibilidad de la explotación minera.

Lo propio en el proceso de reparación directa objeto de controversia, es demostrar el perjuicio que ha ocasionado la minería ilegal a los demandantes, lo cual, claramente le corresponde probar a la parte actora, conforme al artículo 167 del Código General del Proceso.

Con todo, aun cuando el juez pretendiera hacer uso de su facultad oficiosa y decretar pruebas de oficio, estas deben ser útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes, según lo dispone el artículo 169 del Código General del Proceso.

El Estudio de Impacto Ambiental lejos de demostrar los perjuicios ocasionados a los demandantes, es una herramienta que poco o nada le aporta a la juez para zanjar el problema jurídico que se suscita, pues, como quedó precisado líneas atrás, dicho estudio comprende un conjunto de información necesaria para la obtención de la licencia ambiental en un proyecto minero, con el fin de demostrar la factibilidad en el manejo de recursos naturales durante la extracción.

De manera que, esta Sala no desconoce la facultad oficiosa que tiene la autoridad judicial para decretar pruebas de oficio. Sin embargo, cuando esa potestad desborda la discrecionalidad con la que cuenta, al decretar pruebas abiertamente inconducentes, impertinentes y necesarias, en desmedro de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de otras partes, resulta necesaria la intervención del juez de tutela.

Nótese que, la prueba no solo no es útil para demostrar los hechos relacionados con las alegaciones de las partes sino que, resulta impertinente en tanto que, la parte actora aportó un dictamen pericial que, según se observa en la providencia acusada, fue decretado por la juez Segunda Administrativa del Circuito Judicial del Chocó.

Ahora bien, de acuerdo con lo señalado por la parte actora, la carga onerosa que se les impone para la realización de dicho estudio, resulta desproporcionada si se tiene en cuenta que el Estudio de Impacto Ambiental no es el medio probatorio conducente para verificar los hechos de la demanda que, en todo caso, le corresponde probar únicamente a la parte actora.

Igualmente, el hecho de que a los actores del proceso ordinario se les haya otorgado el amparo de pobreza, no los exime de solicitar las pruebas que consideren necesarias para probar el daño que reclaman sea resarcido.

En todo caso, se reitera, de existir alguna duda sobre los puntos de hecho o de derecho que se discuten en el proceso de reparación directa, el Estudio de Impacto Ambiental, no es el mecanismo idóneo para tal fin, luego, no era dable su decreto por parte de la autoridad judicial, más aun cuando con el mismo se puede llegar a comprometer su deber de imparcialidad y neutralidad, al ordenar de oficio una prueba dirigida a demostrar el daño, que, naturalmente, le corresponde solicitar única y exclusivamente a los demandantes.

Claro lo anterior, la Sala encuentra que, en efecto, la prueba decretada de oficio por la autoridad judicial demandada sí resulta impertinente, inconducente e inútil, tal como lo alegó la entidad tutelante y demás entidades coadyuvantes de la acción de tutela, en perjuicio de sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, razón por la cual resulta dable el amparo de los mismos.

Sin embargo, el Tribunal Administrativo del Chocó le dio un alcance diferente al referido amparo puesto que se limitó a verificar que la juez demandada sí podía hacer uso de su facultad oficiosa, solo que no lo hizo de la manera correcta, razón por la cual, ordenó decretar nuevamente la prueba a través de un dictamen pericial en los términos establecidos por el Código General del Proceso, esto es, con el cuestionario que se pretende absolver las dudas que genera la controversia y demás requisitos legales, además de considerar la austeridad del gasto público de cara al costo que debían asumir las entidades demandadas para la elaboración de dicho dictamen.

No obstante, debe precisarse que dicha consideración excede la competencia del juez de tutela, pues éste debe verificar únicamente la vulneración de los derechos fundamentales y, de encontrarla probada tomar las medidas del caso, que, en este asunto, corresponde únicamente a dejar sin efecto el numeral 9 de la providencia 1972 del 5 de diciembre de 2018.

Lo que deba hacer la autoridad judicial respecto a la facultad oficiosa que tiene para decretar pruebas, es algo que le corresponde determinar solo a la juez de la causa (con observancia de las garantías fundamentales), sin que se le pueda ordenar que dicte o decrete en uno u otro sentido la prueba de oficio, como lo pretendió el Tribunal Administrativo del Chocó en primera instancia.

De otro lado, frente a lo que corresponde al desconocimiento del precedente alegado, sobre la improcedencia de ordenar la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental a una institución educativa como lo es en este caso la Universidad Tecnológica del Chocó, resulta innecesario un análisis adicional sobre el punto, pues como se advirtió en párrafos precedentes, la prueba de oficio decretada carece de sustento, de manera que la misma debe dejarse sin efectos, en garantía de los derechos de todas las partes intervinientes en el proceso de reparación directa.

En iguales términos, el Ministerio de Minas y Energía en su escrito de impugnación trajo a colación un precedente de esta Corporación para precisar el alcance de la facultad oficiosa del juez. Sin embargo, el mismo fue puesto de presente en esta instancia por lo que, no se tendrá en cuenta en garantía de los derechos de defensa de la parte demandada.

Asimismo, no sobra precisar que, si bien el juez de primera instancia no abordó el cargo propuesto en la demanda de tutela, según el cual, la autoridad judicial aplicó indebidamente las disposiciones de la Ley 472 de 1998 para el decreto de la prueba de oficio, pese a que se trataba de una acción de reparación directa que busca resarcir intereses individuales y no colectivos, lo cierto es que, ello no fue objeto de impugnación puesto que el DPS presentó de manera extemporánea el recurso. En todo caso, resultaría inocuo un análisis sobre el particular, si se tiene en cuenta que los demás cargos por los que se presentó la tutela sí prosperaron.

Visto así el asunto, la providencia del 4 de marzo de 2019 dictada por el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante la cual se concedió el amparo de tutela deprecado, habrá de confirmarse. Sin embargo, habrá de revocarse el numeral tercero del referido proveído, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Revócase el ordinal tercero de la sentencia del 4 de marzo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y confírmase en lo demás.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión y envíese copia de la misma al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada

ALBERTO YEPES BARREIRO
Magistrado
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de noviembre de 2016, expediente 25000-23-26-000-2004-1742-01.
Consejo de Estado. Sala Plena. Expediente número 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González.
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
Ibidem.
Entre otras, se citan las sentencias T - 949 de 2003, T - 774 de 2004 y C - 590 de 2005 de la Corte Constitucional.
Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01, Accionante: Jaime Rodríguez Forero; Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”. Magistrada Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
Pese a que, contra la decisión que decreta pruebas de oficio, no procede recurso alguno, conforme al artículo 169 del Código General del Proceso.

Radicado: 27001-23-33-000-2019-00005-01
Actor: Nación, Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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