Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 27001-23-33-000-2019-00080-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 27001-23-33-000-2019-00080-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 27001-23-33-000-2019-00080-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
17 de julio de 2025
Radicado: 27001-23-33-000-2019-00080-01 (27997)
Demandante: Corporación para la Formación, Divulgación y Educación en la Fe – Corpofe
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 27001-23-33-000-2019-00080-01 (27997)
Corporación para la Formación, Divulgación y Educación en la Fe –
Demandante:
Corpofe
Demandada: UGPP
Temas: Aportes 2013. Valoración probatoria
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación1 interpuestos por las partes demandante y
demandada contra la sentencia del 31 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó, que decidió2:
Primero: Declárese la nulidad parcial de la Liquidación Oficial ROO-2018-00496 del 05 de marzo de
2018 y la Resolución RDC 2019-00406 del 03 de abril de 2019 que resolvió el recurso de
reconsideración; por medio de las cuales se profirió liquidación por mora e inexactitud en los pagos
al Sistema de Protección Social durante las vigencias de enero a diciembre de 2013 a la Corporación
para la Formación, Divulgación y Educación en la Fe - Corpofe de conformidad con la parte motiva
de esta providencia.
Segundo: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento se ordenará a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-
UGPP realizar una nueva liquidación, que reliquide los ajustes por mora o inexactitud establecidos
en la liquidación eliminando los pagos realizados por la Corporación, de conformidad con los
considerandos expuestos en este proveído.
Tercero: Deniéguense las demás pretensiones.
Cuarto: Sin condena en costas.
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
Previo requerimiento para declarar y/o corregir, la UGPP profirió Liquidación Oficial RDO-
2018-00496 del 05 de marzo de 20183 por medio de la cual determinó y modificó a la
Corporación para la Formación, Divulgación y Educación en la Fe -Corpofe-4 las
autoliquidaciones de los aportes al SPS (Sistema de Protección Social) correspondientes
a los períodos enero a diciembre del 2013 e impuso sanción por inexactitud5.
1
Ingresó al despacho el 18 de agosto de 2023. SAMAI CE índice 3
2
SAMAI Tribunal índice 28
3
SAMAI CE índice 2 certificado ED_CUADERNO1_27001233300020190008(.pdf) NroActua 2 ff.257 a 288
4
Entidad eclesiástica sin ánimo de lucro cuyo objeto social es la atención a la primera infancia, a los niños y a los jóvenes para lograr
su desarrollo integral y su mejor inserción a la sociedad.
5
Determinó ajustes por mora e inexactitud de $282.126.500 e impuso sanción por inexactitud de $141.729.720
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1
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Demandante: Corporación para la Formación, Divulgación y Educación en la Fe – Corpofe
Decisión recurrida y modificada con la Resolución RDC-2019-00406 de 03 de abril de
20196, que disminuyó el monto de los ajustes liquidados oficialmente y de la sanción por
inexactitud7.
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones8:
1. Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
• La Resolución No. RDC - 2019 - 00406 de fecha 03 de abril de 2019 por medio de la cual se resolvió
el recurso de reconsideración, proferida por la Dirección de Parafiscales de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
• La liquidación oficial No. RDO-2018-00496 de fecha 05 de marzo de 2018, por mora e inexactitud
en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social en los subsistemas
de salud, pensiones, ARL, Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF y se sanciona por
inexactitud, por los periodos de enero a diciembre de 2013, proferida por la Subdirección de
Determinación de la misma entidad.
2. Se restablezca el derecho a Corpofe, en el sentido de que se declare que esta no debe pagar las
supuestas moras e inexactitudes, ni la sanción por inexactitud, liquidadas en el acto administrativo
demandado.
3. Se declare la firmeza de las autoliquidaciones y pagos al Sistema de la Protección Social de los
periodos comprendidos de enero a diciembre de 2013.
4. Se condene a la demandada al pago de las costas y agencias en derecho.
Invocó como normas vulneradas los artículos 2, 6, 29, 83, 121, 209 y 363 de la CP
(Constitución Política); 647 y 683 del ET (Estatuto Tributario); 1, 3 y 9 del CPACA; 193
de la Ley 1607 de 2012 y Código Sustantivo del Trabajo (CST), bajo el siguiente concepto
de violación9:
La actuación de la administración fue inoportuna, pues las autoliquidaciones cobraron
firmeza acorde con el plazo del artículo 714 del ET y no el término de cinco años previsto
en el parágrafo 2 del artículo 178 de la Ley 1607 de 2012.
Los actos demandados adolecen de motivación clara y suficiente; no se fundamentaron
las bases de las sanciones; se aludió a un archivo Excel que trae una explicación somera
de las inconsistencias y la resolución del recurso no expuso razones concretas para
descartar los reparos. Se determinaron doce periodos en un solo acto administrativo
cuando se debió expedir un requerimiento por cada mes acorde con el artículo 694 del
ET. A la par, incluir en un mismo acto conductas de inexactitud y mora acarreó confusión
en cuanto a los fundamentos jurídicos y, además, el inicio de la actuación para cada una
de estas se debió promover mediante actos diferentes.
Comoquiera que la naturaleza de los aportes parafiscales es distinta a la de los
impuestos, erró la UGPP al pretender aplicar las normas del ET, asunto respecto del cual
guardó silencio al resolver el recurso de reconsideración.
6
SAMAI CE índice 2 certificado ED_CUADERNO1_27001233300020190008(.pdf) NroActua 2 ff.148 a 255
7
Disminuyó ajustes de aportes por mora e inexactitud a $226.675.200 y sanción por inexactitud a $108.462.300
8
SAMAI CE índice 2 certificado ED_CUADERNO1_27001233300020190008(.pdf) NroActua 2 f. 20
9
SAMAI CE índice 2 certificado ED_CUADERNO1_27001233300020190008(.pdf) NroActua 2 f. 24 a 124
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La UGPP pretende asignarle la carga de la prueba a la demandante cuando debía
decretar los medios probatorios necesarios ante dudas respecto de los hechos. En todo
caso, no valoró adecuadamente las pruebas aportadas por la actora.
En cuanto a los ajustes por mora, (i) se adelantaron los trámites ante las administradoras
para la corrección del número de cédula de Wilmer Chamapuro Ismare; (ii) los pagos
respecto de María Ruby Lozano Urrutia fueron realizados con el número de identificación
correcto; (iii) deben tenerse en cuenta los pagos efectuados en cuanto a Carlos Alberto
Bonilla Romaña y Eduardo Martínez Rodríguez; (vi) se desconoció que el contrato de
Eduardo Martínez Rodríguez finalizó el 22 de noviembre de 2012; y (v) la mora en algunos
casos tuvo lugar porque se acumularon varios meses para pagar los salarios por falta de
recursos, sin que la remuneración sea el valor acumulado ni que los aportes no se hayan
realizado frente a cada mes.
En lo concerniente a los ajustes por inexactitud, la UGPP tomó como salariales las
bonificaciones otorgadas a Vicente González Murillo en junio y diciembre de 2013 sin
tener en cuenta que en realidad no era empleado de la actora, sino el representante legal,
los pagos efectuados no eran obligatorios por su condición religiosa -sacerdote- y los
emolumentos fueron entregados para llevar a cabo gestiones propias de sus funciones,
sin constituir remuneración por un servicio prestado.
Que la compensación mediante honorarios otorgada a determinados colaboradores
constituye una remuneración derivada de la prestación de servicios de asistencia técnica
en calidad de independientes, conforme a lo consignado en las cuentas de cobro y los
registros contables asociados a la cuenta 511035. Por consiguiente, ante la inexistencia
del vínculo laboral, recaía en el tercero la responsabilidad sobre el pago de aportes.
Y que las vacaciones fueron liquidadas por la demandante de conformidad con el artículo
70 del Decreto 806 de 1998, así como, las presuntas inexactitudes identificadas por la
UGPP derivan de que «está volviendo a sumar los montos pagados a los empleados por concepto de
vacaciones, lo cual está errado, ya que tales sumas se encuentran incluidas en el total de la remuneración
pagada y tomada como IBC»10.
La UGPP erró al omitir valorar en los actos demandados los pagos y correcciones que la
demandante efectuó en relación con los ajustes.
Debe levantarse la sanción por inexactitud al no existir conducta sancionable toda vez
que no se omitieron ingresos; los aportes se pagaron con base en el IBC correcto y el
procedimiento adolece de vicios de nulidad. Además, la entidad adoptó la decisión sin
fundamentación jurídica ni probatoria, por lo que se trataría de error de apreciación o
diferencia de criterio sobre la interpretación del derecho aplicable11.
Contestación de la demanda
La demandada se opuso a las pretensiones de la actora12. Adujo que el plazo de la UGPP
para iniciar actuaciones es de cinco años según el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012,
que se interrumpió con la notificación del requerimiento, sin que operara la aducida
firmeza. Y los actos se encuentran debidamente motivados tanto en el texto de la
respectiva resolución como en el archivo Excel que hace parte integral de los mismos.
10
Adujo que aportó documento Excel con detalle de los reparos.
11
Alusión sin argumentación en punto a la referida diferencia de criterio.
12
SAMAI CE índice 2 certificado ED_CUADERNO2_27001233300020190008(.pdf) NroActua 2 f. 1 a 61
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No existe prohibición de expedir una liquidación oficial por más de una vigencia, y las
normas especiales que regulan el procedimiento de la UGPP no prevén que por cada
conducta deba adelantarse un proceso independiente. Además, el requerimiento para
declarar y/o corregir es el acto previo establecido por la ley especial de la UGPP para
adelantar el trámite de determinación. El procedimiento surtido por la UGPP garantizó los
derechos de la demandante en tanto se adelantó con base en la normativa aplicable
contenida en las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014, acudiendo únicamente al ET en lo
no contemplado en las normas especiales -por remisión del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 y
solo asuntos procedimentales-.
Destacó que, posterior a que la administración propuso la modificación de las
autoliquidaciones mediante la expedición del requerimiento para declarar y/o corregir, le
correspondía a la aportante la carga de la prueba, quien no logró desvirtuar la liquidación
efectuada por la UGPP con base en la información entregada.
En cuanto a los ajustes por mora, deben persistir los relacionados con Wilmer Chamapuro
Ismare y María Ruby Lozano Urrutia porque los aportes se realizaron con números de
identificación diferentes y la actora no tramitó el cambio ante las administradoras. Aunque
la actora pagó aportes respecto de Carlos Alberto Bonilla Romaña y Eduardo Martínez
Rodríguez, la UGPP no los aplicó en la resolución del recurso porque fueron posteriores
a la liquidación oficial. No tiene vocación de prosperidad el planteamiento de pago
acumulado de salarios en un mismo mes por falta de recursos, al no existir evidencia de
esa situación.
Frente a los ajustes por inexactitud, no se desvirtuó el carácter salarial de las
bonificaciones pagadas a Vicente González Murillo en consideración a la habitualidad de
su pago -semestral- aunado a que tampoco se allegó pacto de exclusión salarial.
En cuanto a los honorarios que según la actora eran remuneración por prestación de
servicios a título de independiente, se entienden percibidos en el contexto de un contrato
de trabajo con carácter salarial porque no se acreditó la existencia de contratos de
prestación de servicios ni documentos que respaldaran las cuentas de cobro. La
demandante no incluyó el valor de las vacaciones al liquidar los aportes a los subsistemas
de SENA, ICBF y CCF.
La UGPP validó las planillas allegadas con la información registrada en la plataforma del
Ministerio de Salud y de la Protección Social. Por ende, aplicó pagos sin tener en cuenta
los realizados con posterioridad a la liquidación oficial, por tratarse de hechos nuevos que
no fueron objeto de debate y que deben imputarse en la etapa de cobro.
Procede la sanción por inexactitud porque los ajustes obedecieron a la inaplicación de
normas de orden público y de obligatorio cumplimiento, al tiempo que, no es posible
afirmar que exista diferencia de criterios.
Sentencia apelada
El tribunal accedió parcialmente a las pretensiones sin condenar en costas13. Señaló que
no cobraron firmeza las autoliquidaciones, en tanto fue oportuna la actuación de la UGPP
en aplicación del artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, dado que el término de cinco años
fue interrumpido con la notificación del requerimiento.
13
SAMAI Tribunal índice 28. No condenó en costas por no estar demostrada su causación.
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Los actos acusados no adolecen de falta de motivación porque explicaron las diferencias
resultantes entre los datos declarados y los liquidados oficialmente por la UGPP, con
detalle de la conducta, trabajador y subsistema. La norma aplicable no exige la expedición
de una liquidación oficial independiente por cada mes y trabajador fiscalizado, luego la
UGPP podía proferir un acto respecto de varias autoliquidaciones. El procedimiento
administrativo surtido por la UGPP fue legal, en tanto se ajustó al artículo 180 de la Ley
1607 de 2012 y no a las normas del ET, toda vez que es autónomo e independiente para
la determinación de las contribuciones.
En cuanto a los ajustes por inexactitud, no procede el cargo relacionado con Vicente
González Murillo porque la demandante no desvirtuó la connotación salarial de las
bonificaciones. Tampoco tienen vocación de prosperidad los cargos concernientes a
honorarios y vacaciones, dado que la demandante no allegó soportes idóneos a tal fin.
Accedió al cargo de la demandante en relación con los pagos realizados, pues la UGPP
debió tenerlos en cuenta aun cuando fueran posteriores a la liquidación oficial y, en ese
sentido, le corresponde reliquidar los respectivos ajustes. Y no le dio prosperidad al cargo
relativo a la sanción por inexactitud, ya que fue impuesta acorde con los supuestos
previstos en el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012.
Recurso de apelación
La demandante14 aludió de forma genérica a que la sentencia apelada no se pronunció
respecto de algunos cargos invocados en la demanda o emitió un pronunciamiento
somero.
Reiteró que la actuación de la administración no fue oportuna porque las
autoliquidaciones cobraron firmeza toda vez que era aplicable el artículo 714 del ET y no
el término de cinco años previsto en el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012. A la par, la
motivación de los actos fue abstracta y ambigua en cuanto a la sustentación de los ajustes
determinados.
Se desconoció el debido proceso al liquidar en un solo acto administrativo doce vigencias
que corresponden a diferentes subsistemas, donde también se acumularon conductas de
inexactitud y mora, lo que aparejó confusión en cuanto a los fundamentos jurídicos
expuestos para cada una, cuyo procedimiento debió iniciarse mediante actos diferentes.
El a quo no se pronunció en cuanto a la indebida aplicación de las normas del estatuto
tributario en razón a la naturaleza diferente de los aportes parafiscales y de los impuestos,
lo que tampoco fue objeto de pronunciamiento por la UGPP al resolver el recurso de
reconsideración.
Con base en el principio de la carga de la prueba, solo le correspondía a la actora
demostrar beneficios tributarios, corriendo por cuenta de la administración la
comprobación de las demás situaciones. Igualmente, la UGPP tenía la obligación de
apreciar las pruebas aportadas para verificar la realidad de los hechos y debió resolver
las dudas a favor de la aportante. De manera que, no es acertado que el tribunal haya
considerado que no se desvirtuaron las glosas y, por ende, deben apreciarse las pruebas
dejadas de valorar. Al respecto, adicionó que eran legales los pactos verbales entre
empleador y trabajadores para acordar pagos no salariales.
14
SAMAI Tribunal índice 31
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En cuanto a la conducta de mora, si bien la sentencia apelada reconoció las planillas de
corrección presentadas por la actora, no consideró los aspectos relativos a que (i) se
adelantaron los trámites ante las administradoras para la corrección del número de cédula
de Wilmer Chamapuro Ismare; (iii) los pagos respecto de María Ruby Lozano Urrutia
fueron realizados con el número de identificación correcto y (iii) en algunos casos la mora
en el pago surgió porque se acumularon varios meses para la cancelación del salario
debido a la falta de recursos, lo cual no significa que la remuneración sea el valor
acumulado y, en todo caso, los aportes se hicieron mes a mes y con base en la suma
correspondiente.
En lo concerniente a los ajustes por inexactitud, la UGPP tomó como salariales las
bonificaciones otorgadas a Vicente González Murillo en junio y diciembre de 2013 sin
tener en cuenta que en realidad no era empleado de la actora, sino el representante legal,
los pagos efectuados no eran obligatorios por su condición religiosa -sacerdote- y los
emolumentos fueron entregados para llevar a cabo gestiones propias de sus funciones,
sin constituir remuneración por un servicio prestado. En general, frente a la conducta de
inexactitud, agregó que la UGPP incluyó pagos no salariales dentro del IBC en aplicación
indebida del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.
El tribunal omitió el análisis de la naturaleza de los honorarios desembolsados a ciertos
colaboradores, quienes prestaban servicios de asistencia técnica en calidad de
independientes, sin que mediara vínculo laboral. En virtud de ello, la responsabilidad
sobre el pago de la seguridad social recaía en el tercero.
En lo que atañe a las vacaciones, reiteró que fueron liquidadas de conformidad con el
artículo 70 del Decreto 806 de 1998 y que las presuntas inexactitudes identificadas por
la UGPP derivan de que se «está volviendo a sumar los montos pagados a los empleados por
concepto de vacaciones, lo cual está errado, ya que tales sumas se encuentran incluidas en el total de la
remuneración pagada y tomada como IBC».
Insistió en que debe levantarse la sanción por inexactitud al no existir conducta
sancionable toda vez que no se omitieron ingresos; los aportes se pagaron con base en
el IBC correcto y el procedimiento adolece de vicios de nulidad. Además, la entidad
adoptó la decisión sin fundamentación jurídica ni probatoria, por lo que sería un error de
apreciación o diferencia de criterio relativo a la interpretación del derecho aplicable 15.
La demandada16 controvirtió la orden impartida por el tribunal en punto de aplicar los
pagos efectuados por la demandante, dado que la entidad no los desconoció, sino que
dispuso que serían considerados en la etapa del cobro coactivo -como se dijo en la resolución
del recurso de reconsideración-, toda vez que constituyen nuevos hechos posteriores a la
liquidación oficial.
Pronunciamientos finales
Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.
15
Al igual que en la demanda, se trata de una alusión sin carga argumentativa en punto a la referida diferencia de criterio.
16
SAMAI Tribunal índice 32
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo los cargos de apelación
planteados por las partes demandante y demandada contra la sentencia de primera
instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda sin condenar en
costas. En concreto corresponde establecer (i) la firmeza de las autoliquidaciones cuestionadas;
(ii) la ausencia de motivación de los actos demandados; (iii) la posibilidad de liquidar oficialmente en un
solo acto doce vigencias fiscales, acumulando conductas de inexactitud y mora; (iv) la debida aplicación
del ET al caso concreto; (v) la asignación de la carga de la prueba y la valoración probatoria; (vi) la
legitimidad de los ajustes por mora relacionados con los errores en los números de identificación de Wilmer
Chamapuro Ismare y María Ruby Lozano Urrutia; (vii) la procedencia del argumento tendiente a justificar
la mora en los aportes en el hecho de que el pago de salarios se efectuó de forma acumulada; (viii) la
acreditación del carácter no salarial de las bonificaciones pagadas en junio y diciembre a Vicente González
Murillo; (ix) la demostración de que los pagos constituyeron honorarios por la prestación del servicio de
asistencia técnica a título de independientes; (x) la procedencia de los ajustes referentes a la novedad de
vacaciones; (xi) la aplicación de los pagos realizados por la demandante con posterioridad a la liquidación
oficial; y (xii) la procedencia de la sanción por inexactitud.
Como cuestión previa, la Sala no se pronunciará frente al argumento de apelación de la
demandante en torno a que eran legales los pactos verbales entre empleador y
trabajadores para acordar pagos no salariales, toda vez que no fue incluido en la
demanda y es criterio de decisión de esta Sección que no le es permitido a las partes la
introducción en sede de apelación de planteamientos novedosos, desconocidos y
ausentes a lo largo del debate judicial, pues supone la formulación de asuntos que no
han sido objeto de controversia17. Aunado a que, al tratarse de un asunto que propone
abrir una nueva discusión en esta instancia, abordarlo llevaría a incurrir en un fallo
incongruente -artículo 281 del CGP- que por lo demás, violaría los derechos al debido
proceso y defensa de la contraparte. Igual ocurre frente al planteamiento general de
apelación de la actora referido a que la UGPP incluyó pagos no salariales dentro del IBC
en una aplicación indebida del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, puesto que tampoco
integró los cargos de la demanda.
Análisis del caso concreto
2- El tribunal señaló que no cobraron firmeza las autoliquidaciones en tanto fue oportuna
la actuación de la UGPP en aplicación del artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, dado que
el término de cinco años fue interrumpido con la notificación del requerimiento.
En sede de apelación, la demandante controvirtió que la actuación de la administración
fue inoportuna porque las autoliquidaciones cobraron firmeza toda vez que era aplicable
el artículo 714 del ET y no el término de cinco años previsto en el artículo 178 de la Ley
1607 de 2012.
Sobre esa cuestión, esta judicatura tiene sentado un criterio de decisión que será aplicado
en el presente caso18, acorde con el cual, como antes del 26 de diciembre de 2012 -fecha
de entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012- no existía reglamentación específica respecto de
la competencia temporal de la UGPP para fiscalizar ni de la firmeza de las
17
Sentencia del 23 de septiembre de 2023 (exp. 27320, CP. Wilson Ramos Girón)
18
Entre otras, sentencias del 03 de marzo de 2022 (exp. 25539, CP. Milton Chaves García) y del 29 de junio de 2023 (exp. 27166,
CP. Wilson Ramos Girón)
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Demandante: Corporación para la Formación, Divulgación y Educación en la Fe – Corpofe
autoliquidaciones de aportes al SPS, era aplicable lo dispuesto en el artículo 714 del ET
en virtud de la remisión efectuada por el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007.
De modo que, para los periodos anteriores a dicha fecha, la UGPP podía iniciar el proceso
de fiscalización dentro de los dos años siguientes contados a partir de la fecha de
vencimiento del plazo para declarar o de la presentación de la autoliquidación cuando
hubiere sido presentada extemporáneamente. Ello porque, el término de firmeza se aplica
de conformidad con la norma vigente en el momento en que esta empieza a computarse.
Por consiguiente, para las autoliquidaciones presentadas con posterioridad al 26 de
diciembre de 2012, procede aplicar el término de caducidad de cinco años dispuesto en
el artículo 178 de la Ley 1607 de 201219.
Precisado lo anterior, se observa que es aplicable al presente caso el plazo previsto en
el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, teniendo en cuenta que los periodos discutidos
corresponden a los meses de enero a diciembre de 2013. Al respecto, revisada la
actuación administrativa se observa que el 21 de mayo de 2014 la UGPP notificó el
Requerimiento de Información 20146201833401 del 13 de mayo de 2014 y el 08 de
agosto de 2017 notificó el Requerimiento para Declarar y/o Corregir RCD 2017-01242 del
07 de julio de 2017 y, en ese sentido, se torna tempestiva la actuación de la UGPP toda
vez que se surtió dentro de los cinco años que establece la norma en comento y, por
consiguiente, la administración tributaria no perdió competencia temporal para fiscalizar.
No prospera el cargo de apelación.
3- La demandante en el recurso de apelación insistió en la falta de motivación de los actos
demandados porque en su sentir fue abstracta y ambigua en cuanto a la sustentación de
los ajustes determinados. Al respecto, el tribunal resolvió que no le asiste razón debido a
que en los actos se explicaron las diferencias resultantes entre los datos declarados y los
liquidados oficialmente por la UGPP, con detalle de la conducta, trabajador y subsistema.
Para atender esa cuestión, la Sala precisa que la motivación -como presupuesto de validez de
los actos administrativos- se refiere a los fundamentos de hecho y de derecho en los que se
basa la autoridad para adoptar una decisión, la cual debe ser clara, puntual y suficiente.
En criterio de esta Sección20, la indebida motivación de los actos constituye violación al
debido proceso y al derecho de defensa, en tanto impide al interesado controvertir las
razones y decisiones de las autoridades. En línea con ese razonamiento, el artículo 712
del ET -aplicable por remisión del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007- exige que las liquidaciones
oficiales contengan la explicación sumaria de las modificaciones efectuadas, en lo
concerniente a la declaración.
La Sala interpretó el contenido normativo de esa disposición en relación con los actos de
determinación oficial proferidos por la UGPP, por lo que precisó que si bien deben indicar
con claridad el tipo de incumplimiento, periodo, trabajador, días trabajados, pagos que
integran la base, pagos que se excluyen de la base, total remunerado, determinación del
IBC y el monto del aporte, estos aspectos bien pueden esbozarse mediante archivos
informáticos de hojas de cálculo anexos a la liquidación oficial, siempre que en ellos se
detalle la forma en que se determina el ajuste de aportes en cada uno de los
subsistemas21.
Así las cosas, revisados los actos enjuiciados, se concluye que no adolecen de falta de
motivación porque evidencian los antecedentes que los originaron y los fundamentos
19
Sentencia del 29 de junio de 2023 (exp. 27166, CP. Wilson Ramos Girón)
20
Sentencia del 04 de abril de 2024, (exp. 26941, CP. Wilson Ramos Girón)
21
Sentencia del 04 de abril de 2024, (exp. 26941, CP. Wilson Ramos Girón)
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legales y jurisprudenciales que soportaron la decisión oficial. Además, en ellos se hizo
énfasis en que se encuentran fundados en las observaciones que contiene el archivo
SQL adjunto y que hace parte integral de los mismos, donde se detallaron los ajustes
determinados, identificando el nombre del trabajador, subsistema revisado, periodo,
novedades, pagos y su naturaleza, así como también la base de cotización. No prospera
el cargo de apelación.
4- La demandante insistió en la violación al debido proceso por liquidar en un solo acto
administrativo doce vigencias que corresponden a diferentes subsistemas, donde
también se acumularon conductas de inexactitud y mora, lo que a su juicio aparejó
confusión en cuanto a los fundamentos jurídicos expuestos para cada una, cuyo
procedimiento debió iniciarse mediante actos diferentes. Al respecto, el tribunal indicó
que la norma aplicable no exige la expedición de una liquidación oficial independiente por
cada mes y trabajador fiscalizado, luego la UGPP podía proferir un acto respecto de
varias autoliquidaciones.
Al efecto, se reitera el criterio de decisión de la Sección contenido en la sentencia del 06
de julio de 2023 (exp. 26326, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto) proferida en un asunto
con identidad fáctica y jurídica, en torno a la procedencia de liquidar en un solo acto
administrativo varios períodos de contribuciones parafiscales al sistema de la protección
social, toda vez que la actuación de esa manera atiende a los principios de economía,
celeridad y eficiencia. Lo anterior también aplica frente al reparo en torno a que en el
mismo acto se incluyeron diferentes conductas, dado que la norma en comento no impide
su acumulación y la actuación adelantada de esa forma no vulneró los imperativos
constitucionales porque en el desarrollo normativo y en los datos contenidos en el archivo
SQL se diferencian las razones que fundamentaron los ajustes determinados.
Igualmente, el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012 no establece la exigencia pretendida
por la demandante y, por el contrario, dispone que en el procedimiento especial de la
UGPP debe emitirse un requerimiento para declarar y/o corregir sin distingo de conducta.
No prospera el cargo de apelación.
5- La actora en el escrito de alzada reiteró el argumento genérico de la demanda en
cuanto a la indebida aplicación de las normas del ET en razón a la naturaleza diferente
de los aportes parafiscales a la de los impuestos, lo cual no fue objeto de
pronunciamiento por la UGPP al resolver el recurso de reconsideración.
Para resolver se considera que el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 estableció
inicialmente el procedimiento para la determinación de los aportes al SPS puntualizando
que debía ajustarse a lo previsto en el Libro V, Títulos I, IV, V y VI del ET. Esa remisión
no desapareció con la entrada en vigor de la Ley 1607 de 201222, la cual se contrae a
aspectos procedimentales no regulados en la norma especial, siempre que no riñan con
la naturaleza del tributo determinado.
Bajo la anterior premisa, no fue impropia la aplicación del ET a la actuación debatida y,
por ende, no se advierte la vulneración alegada por la actora que por lo demás, fue
genérica, en tanto no precisó las razones de la indebida aplicación de dicho
ordenamiento tributario. Además, se observa que la UGPP sí se pronunció sobre ese
asunto al resolver el recurso de reconsideración23, en el sentido de precisar que se
22
«Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones». Artículos 178, 179 y 180 de la Ley 1607 de
2012, establecieron competencia, régimen sancionatorio y procedimiento de determinación de las contribuciones parafiscales de la
protección social, respectivamente.
23
Folio 12 de la resolución.
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mantenía la vigencia de la remisión subsidiaria a las normas procedimentales del ET. No
prospera el cargo.
6- La demandante en el recurso de apelación adujo que, con base en el principio de la
carga de la prueba, solo le correspondía demostrar beneficios tributarios, corriendo por
cuenta de la administración la comprobación de las demás situaciones. Igualmente, que
la UGPP tenía la obligación de apreciar las pruebas aportadas para verificar la realidad
de los hechos y debió resolver las dudas a favor de la aportante. De manera que, en su
criterio, no era acertado que el tribunal haya considerado que no se desvirtuaron las
glosas y, por ende, deben apreciarse las pruebas dejadas de valorar.
Para resolver, se destaca que, en virtud del principio general de la carga de la prueba
establecido en el artículo 167 del CGP, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho
de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
Si bien el artículo 746 del ET24 establece la presunción de veracidad de las declaraciones
tributarias, correcciones a las mismas o respuestas a requerimientos administrativos, el
contribuyente no está exento de demostrar los hechos allí consignados. Lo que implica
que tal presunción admite prueba en contrario y que la autoridad fiscal, para asegurar el
«efectivo cumplimiento de las normas sustanciales», puede desvirtuarla mediante el ejercicio de
las facultades de fiscalización e investigación. Por ende, es a la autoridad tributaria a
quien corresponde desvirtuar la veracidad de las declaraciones tributarias y de las
respuestas a los requerimientos y, ante una comprobación especial o exigencia legal,
corre por cuenta del contribuyente la carga de la prueba porque está en mejor posición
para demostrar la veracidad de lo que declaró o informó25. Aunado, la Sala ha reiterado
que «quien pretenda la declaratoria de nulidad de la liquidación oficial, debe probar en sede jurisdiccional,
la realidad de los hechos descritos en las autoliquidaciones de aportes al sistema de la protección social,
así como las irregularidades en la conformación de la base gravable en las que haya podido incurrir la
UGPP»26.
Así las cosas, no le asiste razón a la apelante en cuanto a que recaía en la UGPP la
carga de la prueba de los hechos alegados por la actora, pues si bien la administración
tributaria goza de facultades de fiscalización e investigación, su actividad en el
procedimiento tributario es de comprobación, siendo la aportante quien debía ejercer
diligentemente la carga demostrativa de los supuestos invocados en su favor. En cuanto
al planteamiento general en torno a que se debieron resolver las dudas a favor de la
aportante, no se hará ninguna apreciación porque se trata de una mera manifestación
que tampoco fue mencionada en la demanda. Con arreglo a lo anterior y teniendo en
cuenta que la demandante no puntualizó las pruebas que a su juicio se dejaron de valorar
o se apreciaron de forma contraria a las reglas de la sana crítica, no hay mérito para dar
prosperidad al cargo propuesto.
7- La actora insistió en la eliminación de los ajustes por mora (i) frente a Wilmer
Chamapuro Ismare pues, aunque los aportes se realizaron con un número de cédula
diferente, efectuó los trámites ante las administradoras para corregir el yerro; y (ii) en
cuanto a María Ruby Lozano Urrutia porque las cotizaciones se efectuaron con el número
de identificación correcto. Su contraparte alegó que debían persistir tales ajustes porque
se realizaron con números de cédula errados y no se tramitaron los respectivos cambios
ante las administradoras. El tribunal, sobre este aspecto, guardó silencio.
24
Normas del Estatuto Tributario aplicables por la remisión del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007
25
Sentencia del 09 de abril de 2025 (exp. 27994, CP. Wilson Ramos Girón)
26
Sentencia del 02 de diciembre de 2021 (exp.24624, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello) que reitera jurisprudencia anterior.
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En punto a dirimir el debate planteado, se observa que los ajustes por mora respecto de
Wilmer Chamapuro Ismare persistieron con la anotación «se revisan planillas PILA, se
realizaron los aportes con número de documento errado en PILA "10.040.301.050"».
En cuanto a María Ruby Lozano Urrutia -según las planillas 7582686657 y 7581682224-, los
aportes se hicieron con el número de cédula 26.341.178 que no coincide con el registrado
en los demás soportes allegados y, por ende, los ajustes por mora en junio de 2013 en
cuanto a los subsistemas salud, pensión, ARL y CCF persistieron con la anotación «el
aportante realizó los aportes con número de identificación errado, aportó con el número de documento
26.341.178 y no con el número de identificación 26.341.748».
Al margen de los aludidos yerros de digitación, la Sección27 ha señalado en casos
similares que ello no es impedimento para que la administración verifique el cumplimiento
de la obligación tributaria, ya que en las declaraciones privadas también se incluyen otros
datos como los nombres de los respectivos trabajadores. Además, cabe destacar que,
acorde con el artículo 1 del Decreto 3033 de 2013, se incurre en la conducta de mora
cuando, existiendo afiliación, no se genera la autoliquidación acompañada del respectivo
pago en los plazos legales, lo cual no ocurrió en el caso concreto porque la misma UGPP
reconoció que la actora pagó los aportes oportunamente, solo que lo hizo con números
de cédula errados.
Los fundamentos expuestos son suficientes para resolver favorablemente el cargo de
apelación de la actora, por lo que la UGPP deberá eliminar los ajustes por mora respecto
de dichos trabajadores. Prospera el cargo de apelación.
8- La actora insistió en que en algunos casos la mora en el pago de aportes fue porque
se acumularon varios meses para la cancelación del salario debido a la falta de recursos,
lo cual no significa que la remuneración sea el valor acumulado y, en todo caso, afirmó
que los aportes se hicieron mes a mes y con base en la suma correspondiente. No
obstante, la demandante no identificó los trabajadores frente a los cuales considera que
se presentó la aludida situación, lo que impide a esta judicatura efectuar un estudio de
procedencia del cargo, pues no puede trasladarse al juez la carga de verificar glosas que
ni siquiera fueron individualizadas, labor que, como se explicó, recae en la demandante
acorde con lo dispuesto en el artículo 167 del CGP, quien era la interesada en la
demostración de los hechos alegados.
Si bien en la demanda indicó que en el archivo Excel que adjuntó se identificaron las
observaciones y aclaraciones respecto de los trabajadores glosados por la UGPP,
revisado el mencionado documento se advierte que ninguna de las objeciones hace
referencia de forma específica a la situación anotada, al punto de no resultar posible
identificar si alguna está relacionada con el presente cargo28. No prospera.
9- Sobre los ajustes por inexactitud, en relación con las bonificaciones pagadas a Vicente
González Murillo en junio y diciembre de 2013, la UGPP en la liquidación oficial las tomó
como salariales y ello no fue controvertido por la actora en el recurso de reconsideración.
Sin embargo, en la demanda rebatió que la UGPP tomó como salariales las
bonificaciones otorgadas a Vicente González Murillo en junio y diciembre de 2013 sin
tener en cuenta que en realidad no era empleado de la actora, sino el representante legal,
los pagos efectuados no eran obligatorios por su condición religiosa -sacerdote- y los
emolumentos fueron entregados para llevar a cabo gestiones propias de sus funciones,
sin constituir remuneración por un servicio prestado. En la contestación de la demanda,
27
Sentencia del 04 de abril de 2024 (exp. 26941, CP. Wilson Ramos Girón)
28
Se revisa la columna incluida al final, pues se observa que corresponde a las objeciones planteadas con ocasión de la demanda.
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la UGPP sostuvo que la actora no logró desvirtuar la naturaleza salarial de las referidas
bonificaciones, aspecto avalado por el tribunal y recurrido en apelación por la actora,
quien reiteró lo planteado en la demanda.
Así, los planteamientos en sede judicial de la demandante no son concordantes con su
actuación en sede administrativa y lo cierto es que tampoco honró la carga de la prueba
que en ella recaía (art. 167 CGP) de demostrar la naturaleza no salarial de las
bonificaciones estudiadas29. Ello porque, para tal fin no resultan suficientes sus meras
manifestaciones y las pruebas traídas no apuntan a demostrar esa circunstancia, en tanto
solo allegó el Decreto 098 de 09 de diciembre de 2008 expedido por el obispo de Quibdó
que designó al señor González Murillo como representante legal de la corporación y una
certificación del 15 de diciembre de 2015, suscrita por quien fungía como representante
legal de la corporación en aquella época, en la que expresó que dicho señor «laboró como
representante legal de la Corporación… del 09 de diciembre del año 2008 hasta el 31 del mes de diciembre
de 2013». Además, contrario a lo señalado por la actora, se advierte la existencia de vínculo
laboral acorde con las planillas PILA -período de abril a diciembre de 2013- donde se constató
que Corpofe efectuó aportes al sistema integral de protección social y parafiscales a
nombre de Vicente González Murillo en calidad de cotizante «dependiente».
En ese orden, la demandante no logró desvirtuar la glosa determinada por la UGPP que,
por lo demás, tampoco se enerva con lo aducido en torno a que frente al señor González
no habría obligación de cotizar por su condición religiosa -sacerdote-, pues al efecto la
Corte Constitucional30 ha precisado que ser miembro de comunidad religiosa o sacerdote
en general no exime de la obligación de aportar -en el marco de la Ley 100 de 1993 y el Decreto
Reglamentario 3615 de 2005-, máxime cuando -como ocurre en el caso- existe vínculo laboral
que apareja subordinación y remuneración periódica. No prospera el cargo de apelación
de la actora.
10- La actora sostuvo que la compensación mediante honorarios otorgada a
determinados colaboradores constituye una remuneración derivada de la prestación de
servicios de asistencia técnica en calidad de independientes, conforme a lo consignado
en las cuentas de cobro y los registros contables asociados a la cuenta 511035 y, por
consiguiente, ante la inexistencia del vínculo laboral, recaía en el tercero la
responsabilidad sobre el pago de aportes. En contraste, la UGPP argumentó que dichos
desembolsos se entendieron percibidos en el contexto de un contrato de trabajo con
carácter salarial porque no se acreditó la existencia de contratos de prestación de
servicios ni documentos que respaldaran las cuentas de cobro. El tribunal concluyó que
el cargo carecía de vocación de prosperidad porque no se allegaron soportes y, frente a
dicha decisión, la actora al apelar reiteró lo expuesto en la demanda.
En relación con este punto, se advierte que, conforme lo señaló el tribunal en la sentencia
apelada, los contratos de prestación de servicios y cuentas de cobro aludidos no fueron
presentados y respecto de ello la actora guardó silencio en el recurso de apelación, en
tanto se limitó a replicar lo anotado en la demanda. Aunado, la actora no identificó casos
concretos y el archivo Excel que anexó únicamente refiere a los contratos de prestación
de servicios de Eduardo Martínez Rodríguez y Carlos Alberto Bonilla Romaña en enero
de 2013, los cuales tampoco fueron aportados. En consecuencia, la demandante no logró
desvirtuar las glosas determinadas. No prospera el cargo de apelación.
29
Sentencia Unificación del 09 de diciembre de 2021 (exp. 25185, CP. Milton Chaves García)
30
Sentencia SU-368 de 2022 sobre la obligación de afiliar y cotizar respecto de los miembros de confesiones religiosas e iglesias.
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11- En lo que atañe a las vacaciones, la parte actora reiteró que fueron liquidadas de
conformidad con el artículo 70 del Decreto 806 de 1998 y que las presuntas inexactitudes
identificadas por la UGPP derivan de que se «está volviendo a sumar los montos pagados a los
empleados por concepto de vacaciones, lo cual está errado, ya que tales sumas se encuentran incluidas
en el total de la remuneración pagada y tomada como IBC».
A este respecto, se destaca que revisado el SQL del recurso de reconsideración, ningún
ajuste corresponde a periodos en los que los trabajadores hayan disfrutado vacaciones
y deban calcularse conforme el artículo 70 del Decreto 806 de 1998. Asimismo, la actora
tampoco precisó casos puntuales respecto de los cuales considera que la administración
incurrió en error al establecer el IBC de cotización en el periodo de vacaciones, ni menos
aún especificó las pruebas dejadas de valorar o apreciadas de forma indebida, por lo que
no resulta posible efectuar estudio del cargo propuesto. No prospera el cargo de
apelación de la actora.
12- La actora sostuvo que la UGPP erró al omitir valorar en los actos demandados los
pagos y correcciones que la demandante efectuó en relación con los ajustes. Por su
parte, la UGPP argumentó que aplicó pagos sin tener en cuenta los realizados con
posterioridad a la liquidación oficial por tratarse de hechos nuevos que no fueron objeto
de debate y que deben imputarse en la etapa de cobro. En la sentencia apelada, el
tribunal accedió al cargo de nulidad al corroborar que la UGPP no aplicó en la resolución
que resolvió el recurso de reconsideración los pagos aludidos por la demandante.
Decisión controvertida por la entidad demandada con los mismos argumentos expuestos
en la contestación de la demanda.
En relación con el asunto, corresponde señalar que, conforme lo sostiene la demandante,
las planillas de corrección fueron aportadas con el recurso de reconsideración,
acreditando pagos asociados a ciertos ajustes determinados por la entidad demandada.
Sin embargo, en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, la UGPP
determinó que dichas correcciones serían consideradas en la etapa coactiva.
Para resolver se destaca que, acorde con el artículo 744 del ET, una de las oportunidades
procesales para allegar pruebas en la actuación administrativa es la presentación del
recurso de reconsideración contra la liquidación oficial. Al efecto, se reiteran los
pronunciamientos de la Sala31 en torno a la valoración que debe darles la UGPP a las
planillas de corrección allegadas junto con el recurso de reconsideración, al señalar que
«la interposición del recurso de reconsideración es uno de los momentos procesales oportunos para que
el contribuyente entregue a la Administración las pruebas que pretende hacer valer a su favor, como en el
presente caso, las planillas PILA que demostraban el pago parcial de los ajustes que se determinaron en
la liquidación oficial», por lo que se ha ordenado a la UGPP eliminar de la liquidación oficial
«los pagos que se encuentren probados en relación con los periodos en discusión».
En ese sentido, la demandada no podía legítimamente omitir el reconocimiento de los
ajustes, pues tal proceder vulneró una de las instancias procesales en las que la
demandante tenía la posibilidad de allegar pruebas. En consecuencia, la entidad mantuvo
de manera errónea las glosas, aun cuando la actora había aceptado y certificado su pago.
Por ende, la Sala acompaña la determinación del a quo en punto a ordenar a la UGPP
eliminar o recalcular los ajustes correspondientes a los pagos efectuados por la
demandante. No prospera el cargo de apelación.
31
Sentencias del 19 de agosto de 2021 y del 1 de septiembre de 2022, (exps. 23856 y 26208, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto);
del 16 de febrero de 2023 (exp. 26752, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello); y del 27 de abril de 2023 y del 16 de noviembre de
2023 (exps. 26517 y 27112, CP. Milton Chaves García)
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13- Resta por decidir la procedencia de la sanción por inexactitud. En criterio de la actora
no existe conducta sancionable porque no se omitieron ingresos; los aportes se pagaron
con base en el IBC correcto y el procedimiento adolece de vicios de nulidad. Además, la
entidad adoptó la decisión sin fundamentación jurídica ni probatoria, por lo que surgió un
error de apreciación o diferencia de criterio relativo a la interpretación del derecho
aplicable.
Al efecto, la Sección ha establecido que, si bien la sanción contemplada en el artículo
179 de la Ley 1607 de 2012 es autónoma e independiente de la prevista en el artículo
647 del Estatuto Tributario, y no incorpora la diferencia de criterios sobre el derecho
aplicable como causal eximente, «ello no excluye que sobre estas pueda predicarse el “error sobre
el derecho aplicable”, que pueda exonerar de la sanción al sujeto pasivo», pues «ese error constituye “una
figura ínsita en el contenido de las disposiciones punitivas”, como garantía del debido proceso» 32.
Examinada la actuación controvertida, se advierte que en los actos impugnados la UGPP
impuso la sanción por inexactitud prevista en el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012, por
un monto de $108.462.300, equivalente al 60% de la diferencia entre el valor determinado
a pagar y el inicialmente autoliquidado. En relación con ello, como los aportes fueron
efectuados con base en un IBC incorrecto, subsiste la sanción por inexactitud, sin que
resulte viable la exculpación planteada. Ello obedece a que, si bien la Sala ha reconocido
su aplicación en los procedimientos de determinación adelantados por la UGPP, no se
aportó una carga argumentativa en torno a dicho aspecto.
Por lo tanto, el cargo no prospera. Con todo, dicha sanción deberá reducirse de manera
proporcional a los ajustes eliminados o recalculados como consecuencia de la presente
decisión.
Conclusión
14- Por lo razonado en precedencia se establece que en el caso (i) no cobraron firmeza
las autoliquidaciones cuestionadas; (ii) no adolecen de falta de motivación los actos
demandados; (iii) no se vulneró el debido proceso de la actora al liquidar oficialmente en
un solo acto doce vigencias fiscales y acumular conductas de inexactitud y mora; (iv) se
aplicaron en debida forma las normas del ET; (v) en la aportante recaía la carga de la
prueba de los hechos invocados en su favor; (vi) son improcedentes los ajustes de mora
por errores en la digitación del número de cédula en la planilla, puesto que ello no impide
que la administración verifique el cumplimiento de la obligación tributaria; (vii) no se
desvirtuaron los ajustes por mora porque no se acreditó que la ausencia del pago
obedeció a la acumulación de salarios; (viii) no se desvirtuó el carácter salarial de las
bonificaciones pagadas en junio y diciembre a Vicente González Murillo; (ix) no se
acreditó que los pagos constituyeran honorarios por la prestación del servicio de
asistencia técnica a título de independientes; (x) no se desvirtuaron los ajustes de aportes
con novedad de vacaciones; (xi) se deben aplicar los pagos realizados por la demandante
con posterioridad a la liquidación oficial; y (xii) era procedente la sanción por inexactitud.
Con arreglo a esa pauta, se coincide con el tribunal en la procedencia de la nulidad parcial
de los actos administrativos demandados. No obstante, se modificará el ordinal segundo
-restablecimiento- en cuanto a que, además de lo dispuesto por el a quo, se ordenará a
la UGPP eliminar los ajustes por mora respecto de Wilmer Chamapuro Ismare y María
32
Sentencia del 05 de mayo de 2022 (exp. 25553, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello), reiterada en sentencia del 19 de octubre de
2023 (exp. 27671, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto)
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Demandante: Corporación para la Formación, Divulgación y Educación en la Fe – Corpofe
Ruby Lozano Urrutia, con el consecuencial ajuste de la sanción por inexactitud. En lo
demás, se confirmará la sentencia apelada.
Costas
15- Ante la prosperidad parcial de las pretensiones de la demanda, la Sala se abstendrá
de condenar en costas, conforme con el artículo 365.5 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Modificar el ordinal segundo de la sentencia apelada, el cual queda así:
Segundo: A título de restablecimiento del derecho ordenar a la UGPP reliquidar los ajustes por mora
o inexactitud teniendo en cuenta los pagos realizados por la actora y eliminar los ajustes por mora
de Wilmer Chamapuro Ismare y María Ruby Lozano Urrutia, con el consecuencial ajuste de la
sanción por inexactitud, en los términos señalados en la considerativa de la sentencia de segunda
instancia.
2. Confirmar, en lo demás, la sentencia de primera instancia.
3. Sin condena en costas.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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