Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2020-00173-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2020-00173-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 27001-23-33-000-2020-00173-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
13 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 27001-23-33-000-2020-00173-01 (0519-2025)
Demandante: Medardo Antonio Palacios Pino y otros1
Demandado: Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio2
Temas: Afiliación docentes al Fomag. Pago del pasivo prestacional.
Congruencia del recurso de apelación. Apelación fallida
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2024 por la Sala Primera de Decisión
del Tribunal Administrativo del Chocó, mediante la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. La parte demandante presentó demanda en ejercicio del medio de control de
1 Juber de Jesús Córdoba Pino, Blas Henry Mosquera Mena, Marlidis Mosquera Perea, Gloria Esther
Quesada Martínez, Lucy Mariela Cañadas Andrade, Cira Rosa Blandon Córdoba, Lesdy Córdoba
Lozano, Enoe Arroyo Lara, Jorge Enrique Caicedo Martínez, Nicolás Renteria Gracia, Eufracia Díaz
Valencia, Yuly del Carmen Mosquera Perea, María Ofelia Murillo Mena, Zully Delgado Mosquera,
Ana Virginia Sánchez Martínez, Ruth Edid Córdoba Ruiz, Noris Nerling Moreno Robledo, María
Arasnelly Mosquera Córdoba, Matias Mayo Sánchez, Rosa Lilia Renteria, Teresa Hinestroza
Palacios, Luvis Becerra Córdoba, Gladis del Carmen Salas Cuesta y Esmeralda Caicedo Figueroa.
2 En adelante Fomag.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 27001-23-33-000-2020-00173-01 (0519-2025)
Demandante: Medardo Antonio Palacios Pino y otros
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad de los siguientes «actos administrativos, que negaron la afiliación
y el reconocimiento de la seguridad social en pensión, consistente en semanas de
cotización o aportes a pensión y prestaciones sociales» de los demandantes:
«A)- Acto administrativo OFJGCH-01-02-016-633 de fecha 04 de julio de 2017.
B)- Acto administrativo de fecha 21 de julio de 2017.
C)- Acto administrativo de fecha 26 de julio de 2017.
D)- Acto administrativo de fecha 26 de julio de 2017, municipio de Río Quito.
E)- Acto administrativo de fecha 26 de julio de 2017, municipio de Río Quito.
F)- Acto ficto o presunto de fecha 20 de junio de 2017.»
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitaron: i) la afiliación al Fomag «entre el año 1997 hasta el 2007»; ii) los aportes a
pensión «desde los años comprendidos de 1997 hasta 2007»; iii) el pago de las
cesantías «desde 1997 hasta el año 2007»; iv) «seguridad social en salud y riesgos
laborales desde el año 1997 hasta el 2007»; v) el reconocimiento y pago de los
«intereses a los aportes pensionales por falta de pago o consignación desde el año 1997
hasta el 2007»; vi) el reconocimiento y pago de los intereses a las cesantías « desde
el año 1997 hasta el 2007»; y vii) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
«desde el año 1997 hasta las fechas de su pago».
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Ana Virginia Sánchez Martínez prestó sus servicios como docente, así: i) con el
municipio de Quibdó entre 1992 y 1999; ii) con el municipio de Medio Atrato entre el
2000 y el 2003; y iii) con el departamento del Chocó entre el 2003 y el 2007.
3.2. Lesdy Córdoba Lozano prestó sus servicios como docente, así: i) con el
municipio de Quibdó entre 1992 y 1999; ii) con el municipio de Medio Atrato entre el
2000 y el 2003; y iii) con el departamento del Chocó entre el 2003 y el 2007.
3.3. María Arasnelly Mosquera Córdoba prestó sus servicios como docente, así: i)
con el municipio de Quibdó entre 1992 y 1999; ii) con el municipio de Medio Atrato
entre el 2000 y el 2003; y iii) con el departamento del Chocó entre el 2003 y el 2007.
3.4. Cira Rosa Blandón Córdoba prestó sus servicios como docente, así: i) con el
municipio de Quibdó entre 1992 y 1999; ii) con el municipio de Medio Atrato entre el
2000 y el 2003; y iii) con el departamento del Chocó entre el 2002 y el 2007.
3 En adelante CPACA.
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Radicado: 27001-23-33-000-2020-00173-01 (0519-2025)
Demandante: Medardo Antonio Palacios Pino y otros
3.5. LuvisBecerra Córdoba prestó sus servicios como docente, así: i) con el
municipio de Quibdó entre 1992 y 1999; ii) con el municipio de Medio Atrato entre el
2000 y el 2002; y iii) con el departamento del Chocó entre el 2002 y el 2007.
3.6. Lucy Mariela Cañadas Andrade prestó sus servicios como docente, así: i) con el
municipio de Quibdó entre 1997 y 2003; ii) con el municipio de Medio Atrato entre el
2000 y el 2002; y iii) con el departamento del Chocó entre el 2003 y el 2007.
3.7. Zully
Delgado Mosquera prestó sus servicios como docente, así: i) con el
municipio de Quibdó entre 1992 y 1999; ii) con el municipio de Medio Atrato entre el
2000 y el 2002; y iii) con el departamento del Chocó entre el 2003 y el 2007.
3.8. Noris Nerling Moreno Robledo prestó sus servicios como docente, así: i) con el
municipio de Quibdó entre 1992 y 1999; ii) con el municipio de Río Quito entre el
2000 y el 2002; y iii) con el departamento del Chocó entre el 2003 y el 2007.
3.9. Eufracia Díaz Valencia prestó sus servicios como docente, así: i) con el municipio
de Quibdó entre 1992 y 1999; ii) con el municipio de Medio Atrato entre el 2000 y el
2002; y iii) con el departamento del Chocó entre el 2003 y el 2007.
3.10. María Ofelia Murillo Mena prestó sus servicios como docente, así: i) con el
municipio de Quibdó entre 1992 y 1999; ii) con el municipio de Medio Atrato entre el
2000 y el 2002; y iii) con el departamento del Chocó entre el 2003 y el 2007.
3.11. Gladis del Carmen Salas Cuesta prestó sus servicios como docente, así: i) con
el municipio de Quibdó entre 1992 y 1999; ii) con el municipio de Medio Atrato entre
el 2000 y el 2002; y iii) con el departamento del Chocó entre el 2003 y el 2007.
3.12. Nicolás
Renteria Gracia prestó sus servicios como docente, así: i) con el
municipio de Quibdó entre 1992 y 1999; ii) con el municipio de Medio Atrato entre el
2000 y el 2002; y iii) con el departamento del Chocó entre el 2003 y el 2007.
3.13. Blas Henry Mosquera Mena prestó sus servicios como docente, así: i) con el
municipio de Quibdó entre 1997 y 1999; ii) con el municipio de Río Quito entre el
2000 y el 2002; y iii) con el departamento del Chocó entre el 2003 y el 2007.
3.14. Rosa Lilia Renteria prestó sus servicios como docente, así: i) con el municipio
de Quibdó entre 1997 y 1999; ii) con el municipio de Medio Atrato entre el 2000 y el
2003; y iii) con el departamento del Chocó entre el 2003 y el 2007.
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Radicado: 27001-23-33-000-2020-00173-01 (0519-2025)
Demandante: Medardo Antonio Palacios Pino y otros
3.15. Teresa Hinestroza Palacios prestó sus servicios como docente, así: i) con el
municipio de Quibdó entre 1993 y 1999; ii) con el municipio de Río Quito entre el
2000 y el 2002; y iii) con el departamento del Chocó entre el 2003 y el 2007.
3.16. Jorge Enrique Caicedo Martínez prestó sus servicios como docente, así: i) con
el municipio de Quibdó entre 1992 y 1999; ii) con el municipio de Medio Atrato entre
el 2000 y el 2002; y iii) con el departamento del Chocó entre el 2003 y el 2007.
3.17. Esmeralda Caicedo Mena prestó sus servicios como docente, así: i) con el
municipio de Quibdó entre 1992 y 1999; ii) con el municipio de Medio Atrato entre el
2000 y el 2002; y iii) con el departamento del Chocó entre el 2003 y el 2007.
3.18. Yuly del Carmen Mosquera Perea prestó sus servicios como docente, así: i) con
el municipio de Quibdó entre 1992 y 1997; ii) con el municipio de Río Quito entre el
2000 y el 2002; y iii) con el departamento del Chocó entre el 2003 y el 2007.
3.19. Gloria Esther Quesada Martínez prestó sus servicios como docente, así: i) con
el municipio de Quibdó «a través de contratos de prestación de servicio, luego, fue
nombrada para los años 1997 hasta 19.1.1» [sic]; ii) con el municipio de Medio Atrato
entre el 2000 y el 2002; y iii) con el departamento del Chocó entre el 2003 y el 2007.
3.20. Juber de Jesús Córdoba Pino prestó sus servicios como docente, así: i) con el
municipio de Quibdó entre 1997 y 2003; y ii) con el departamento del Chocó entre
el 2004 y el 2007.
3.21. Medardo Antonio Palacios Pino prestó sus servicios como docente, así: i) con
el municipio de Quibdó entre 1992 y 2003; y ii) con el departamento del Chocó entre
el 2003 y el 2007.
3.22. Enoe Arroyo Lara prestó sus servicios como docente, así: i) con el municipio de
Quibdó entre 1997 y 2002; y ii) con el departamento del Chocó entre el 2003 y el
2007.
3.23. María Mayo Sánchez prestó sus servicios como docente, así: i) con el municipio
de Quibdó entre 1992 y 1999; ii) con el municipio de Medio Atrato entre el 2000 y el
2002; y iii) con el departamento del Chocó entre el 2003 y el 2007.
3.24. Ruth Edid Córdoba Ruiz prestó sus servicios como docente, así: i) con el
municipio de Quibdó entre 1992 y 2002; y ii) con el departamento del Chocó entre
el 2003 y el 2007.
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Demandante: Medardo Antonio Palacios Pino y otros
3.25. Marlidis Mosquera Perea prestó sus servicios como docente, así: i) con el
municipio de Quibdó entre 1992 y 2002; y ii) con el departamento del Chocó entre
el 2003 y el 2007.
3.26. El 15 de junio de 2017 solicitaron a la Secretaría de Educación de Quibdó el
reconocimiento y pago de los aportes a pensión con ocasión de las vinculaciones
que ostentaron entre 1992 y 1999. En respuesta, el 21 de julio de 2017, la entidad
territorial señaló que, mediante Oficio DAR-0067-00914 del 15 de enero de 2001, la
Fiduprevisora S.A. negó la afiliación de los docentes por no cumplir con la
documentación requerida.
3.27. El 20 de junio de 2017 solicitaron al Fomag que se « obligue a las entidades
territoriales […] a realizar el pago de las prestaciones sociales». La entidad no había dado
respuesta.
3.28. El 27 de junio de 2017 solicitaron al municipio de Medio Atrato, la afiliación al
Fomag y como consecuencia el pago de los aportes a pensión, con ocasión de las
vinculaciones entre 2000 y 2003. La entidad territorial, el 26 de julio de 2017 anunció
que adelantaría las actuaciones pertinentes.
3.29. El 4 de julio de 2017, la Gobernación del Chocó informó que los «docentes desde
su vinculación en provisionalidad al servicio del departamento del Chocó, fueron afiliados
al FNPSM, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 3752 de 2003».
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 48 y 58 de la Constitución Política; 5 y 15
de la Ley 91 de 1989; y 5, 17, 22 y 23 de la Ley 100 de 1993. Asimismo, el Decreto
2665 de 1998.
5. En cuanto al concepto de violación expusieron que «la falta de diligencia de estas
entidades» desconoce el ordenamiento constitucional, puesto que «está causando un
daño grave, ya que por la falta de estos aportes […] no se han podido pensionar y disfrutar
del trabajo realizado en toda su vida de servicio prestado al Estado».
1.2. Contestaciones de la demanda
6. 1.2.1. El municipio de Quibdó se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo
cual expuso lo siguiente:
6.1. Pese a los «esfuerzos realizados por el municipio de Quibdó […] no fue posible la
afiliación de los docentes, en este sentido, no fue aceptada por el Fondo de Prestaciones
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Demandante: Medardo Antonio Palacios Pino y otros
Sociales del Magisterio, quien es el competente para recibir los aportes a salud, pensión y
consignación de prestaciones económicas y sociales».
6.2. En
distintas capacitaciones desarrolladas por la Fiduprevisora S.A. a los
empleados de las secretarías de educación del país « han manifestado que no es
posible afiliar a los docentes que no lo hicieron posterior al año 2004, que solo por orden
judicial, específicamente mediante sentencia de tutela se puede realizar la afiliación
docente, emitiendo la Fiduprevisora el cálculo actuarial y de esta manera las alcaldías
consignarían esos valores».
7. 1.2.2. El municipio de Río Quito solicitó que se negaran las pretensiones de la
demanda, al considerar que «el capítulo de las pretensiones del demandante, no cumple
con los requisitos y formalidades de ley, al o ser claros y específicos sobre cada uno de los
demandantes».
8. Si bien «los derechos de pensión no prescriben, también es cierto, que, si prescriben
mesadas y emolumentos prestacionales que hoy se solicita nos condenen a título de
restablecimiento, ya que lo aquí reclamados al parecer, si se presentó desvinculación de
los docentes reclamantes desde el año 2002, ya prescribieron bajo la normatividad de la
prescripción trianual».
9. 1.2.3. El departamento del Chocó se opuso a las pretensiones de la demanda,
para lo cual expuso lo siguiente:
9.1. La entidad territorial «cumplió con su deber legal de afiliarlos al Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio, desde el 27 de julio de 2004, por lo tanto, las prestaciones sociales
(pensión, cesantías, salud, riesgos laborales), intereses y sanción moratoria, no le
corresponde asumirla, evidenciando de esta manera una inexistencia de causa petendi, por
carencia actual de objeto frente al departamento del Chocó (Secretaría de Educación), ya
que las pretensiones que se persiguen, están satisfechas a la luz del Decreto 3752 de
2003».
9.2. Propuso como excepciones las que denominó caducidad de la acción y falta de
causa petendi por carencia actual de objeto.
1.3. La sentencia apelada
10. El Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera de Decisión accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, en ese sentido declaró la nulidad
parcial de los siguientes oficios: i) «de fecha 21 de julio de 2017 expedido por el
Municipio de Quibdó, mediante el cual niega la afiliación de los docentes»; ii) «de fecha 26
de julio de 2017 expedido por el Municipio de Medio Atrato, mediante el cual niega la
afiliación de los docentes»; y iii) «del 26 de julio de 2017 expedido por el Municipio de Rio
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Demandante: Medardo Antonio Palacios Pino y otros
Quito, mediante el cual niega la afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio a los docentes». Como consecuencia de lo anterior, dispuso:
«QUINTO: ORDÉNESE al Municipio de Quibdó, afiliar y cancelar al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio los pasivos prestacionales causados por el
tiempo en que los docentes Matías Moya Sánchez, Marlidis Mosquera Perea, Medardo
Antonio Palacios Pino, Juber De Jesús Córdoba Pino, Yuli Del Carmen Mosquera Perea,
Jorge Enrique Caicedo Martínez, Blas Henry Mosquera Mena, María Ofelia Murillo Mena,
Lucy Mariela Cañadas Andrade, Luvis Elena Becerra Córdoba, Lesdy Córdoba Lozano,
a quienes acreditaron la prestaron de sus servicios en la entidad territorial durante los
periodos 1997 a julio de 2004 y puedan tener acceso al derecho pensional.
SEXTO: ORDÉNESE al Municipio de Medio Atrato afiliar y cancelar al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio los pasivos prestacionales causados por el
tiempo en que los docentes Ana Virginia Sánchez Martínez y Gladys del Carmen Salas
Cuesta, prestaron sus servicios en la entidad territorial durante los periodos 2000 a julio
de 2004 y puedan tener acceso al derecho pensional.
SÉPTIMO: ORDÉNESE al Municipio de Rio Quito afiliar y cancelar al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio los pasivos prestacionales causados por el
tiempo en que la docente Yuli Del Carmen Mosquera Perea prestó sus servicios en la
entidad territorial durante los periodos 2000 a 2002 y puedan tener acceso al derecho
pensional.
OCTAVO: ORDÉNESE al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
adelantar todas las actuaciones administrativas tendientes a ajustar la afiliación de los
docentes Matías Moya Sánchez, Marlidis Mosquera Perea, Medardo Antonio Palacios
Pino, Juber de Jesús Córdoba Pino, Yuli del Carmen Mosquera Perea, Jorge Enrique
Caicedo Martínez, Blas Henry Mosquera Mena, María Ofelia Murillo Mena, Lucy Mariela
Cañadas Andrade, Luvis Elena Becerra Córdoba, Lesdy Córdoba Lozano, de acuerdo a
los periodos de vinculación como docentes al servicio de los municipios de Quibdó,
Medio Atrato y Rio Quito respectivamente entre los años 1997 a 2007.»
11. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos:
11.1. De acuerdo con el material probatorio se encuentra acreditado que los
«demandantes prestaron sus servicios como docentes adscritos al municipio de Quibdó,
Medio Atrato y Rio Quito desde el año 1997, por tanto, les asiste el derecho a estar afiliados
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al pago de prestaciones
sociales, teniendo en cuenta el proceso de nacionalización de la educación oficial llevado a
cabo en el país mediante la Ley 43 de 1975, en tanto señaló que quedarían
automáticamente afiliados al Fondo los docentes nacionales o nacionalizados vinculados a
la fecha de promulgación de la Ley 91 de 1989».
11.2. Asimismo, «fueron incorporados a la Planta de personal Docentes y Directivos
Docentes del Departamento del Chocó mediante Decreto No 0431 del 21 de julio de 2004
y su afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ocurrió a partir del
27 de julio de 2004, por tanto, una vez realizada tal afiliación, el reconocimiento y pago de
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Demandante: Medardo Antonio Palacios Pino y otros
las prestaciones sociales estarían a cargo del Fondo Nacional del Prestaciones Sociales
del Magisterio, realizado por delegación a través de las Secretarías de Educación de las
entidades territoriales certificadas». Así las cosas, las prestaciones causadas con
posterioridad a la fecha de afiliación, «corresponde el pago de las prestaciones sociales
a sus afiliados».
11.3. Se advierte que la Coordinación de Afiliaciones de Docentes Pensionados y
Beneficiarios de la Fiduprevisora S.A., en cumplimiento de la sentencia de tutela
proferida el 1° de agosto de 2018, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Quibdó, «fueron ajustados las vinculaciones de algunos docentes en la base
de datos del Fondo nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, corrigiéndose los
tiempos asistidos a los municipios de Medio Atrato y Rio Quito» [sic].
11.4. No obstante, «se evidencia que no ocurre lo mismo respecto de los docentes Matías
Moya Sánchez, Marlidis Mosquera Perea, Medardo Antonio Palacios Pino, Juber De Jesús
Córdoba Pino, Yuli Del Carmen Mosquera Perea, Jorge Enrique Caicedo Martínez, Blas
Henry Mosquera Mena, María Ofelia Murillo Mena, Lucy Mariela Cañadas Andrade, Luvis
Elena Becerra Córdoba, Lesdy Córdoba Lozano, quienes de igual manera acreditaron su
vinculación con anterioridad al año 2004, como docentes al servicios de las entidades
territoriales mencionadas y no obra prueba de que hayan sido ajustadas sus afiliaciones al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio». Así las cosas, corresponde
ordenar a los municipios de Quibdó, Medio Atrato y Río Quito pagar al Fomag los
pasivos prestacionales de los referidos docentes.
11.5. En cuanto a las cesantías, intereses a las cesantías y la sanción moratoria, en
tanto fueron causadas en los años 1997 a 2007 y la reclamación administrativa se
presentó solo hasta el año 2017, se configuró el fenómeno jurídico de la
prescripción.
11.6. Finalmente, no condenó en costas, comoquiera que, de conformidad con los
artículos 188 del CPACA y 365 y 366 del Código General del proceso, no se
encuentra acreditada su causación.
1.4. El recurso de apelación
12. La nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag solicitó que se revocara la
sentencia de primera instancia, con sustento en los siguientes argumentos:
12.1. Cuando se trata de «la consignación de las cesantías definitivas, si la mora no se
produce por negligencia del empleador, sino por una causa atribuible al empleado, sí
procede el fenómeno prescriptivo, pues en tal caso, la omisión de este último en cumplir los
requerimientos que el empleador hace para disponer su pago no puede constituir un
beneficio a su favor. En los anteriores términos se precisa que las cesantías anualizadas
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Demandante: Medardo Antonio Palacios Pino y otros
no están sometidas al fenómeno prescriptivo, mientras que las definitivas sí están sujetas
a ese fenómeno».
12.2. Ahora bien, «en caso de pretender la sanción mora de la ley 344 de 1995, el
Honorable Consejo de Estado ha precisado que a los docentes vinculados a partir del 1 de
enero de 1990 no se les aplica la sanción moratoria de que trata la Ley 344 de 1996, pues
i) no son considerados servidores territoriales, sino nacionales, y, ii) no están afiliados a un
fondo privado administrador de cesantías, sino a uno público, como es el Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio, de modo que no se cumplen los supuestos del artículo
1 del Decreto 1582 de 1998, para el reconocimiento de la aludida sanción».
12.3. «Con fundamento en lo anterior, resulta improcedente la reliquidación de la cesantía
por cuanto en su momento se tuvieron en cuenta los factores cotizados al sistema y frente
a la sanción mora también resulta improcedente por cuanto no es beneficiario de sus
previsiones, pues, se insiste, el régimen que cobija al demandante para la liquidación anual
de cesantías es el previsto en el artículo 15 literal B de la Ley 91 de 1989 debido a la fecha
de su vinculación con el servicio de la educación, la cual determina que se regula en materia
prestacional por las normas de empleados públicos de orden nacional».
12.4. Asimismo, «según el relato fáctico relacionado por la parte demandante, podemos
inferir que solo hasta el 2017 (MÁS DE DIEZ AÑOS DESPUÉS), el accionante, por medio de su
apoderado reclama administrativamente el pago de las cesantías correspondientes al año
1997 al 2007, la sanción moratoria contenida en la Ley 1071 de 2006, situación a lo sumo
VIOLATORIA de la normatividad, ya que queda demostrado que trascurrieron más de tres
años desde que el derecho se hizo exigible, situación que corrió la misma suerte en su
pretensión de sanción moratoria, ya que, por su naturaleza de MULTA, no corresponde a un
derecho de orden laboral ni periódico».
1.6. Trámite en segunda instancia
13. Con el recurso de apelación la entidad demandada aportó como pruebas 2
documentos consistentes en: i) una captura de pantalla del recibido manuscrito en
la solicitud de reconocimiento de las cesantías ante el Fomag y ii) un certificado de
afiliación del 8 de mayo de 2024 bajo número de generación
CAA20240508073434292399.
14. El magistrado ponente mediante providencia del 17 de febrero de 2025 negó la
anterior solicitud probatoria en segunda instancia, toda vez que no se ajustaba a a
causal alguna de las previstas en el artículo 212 del CPACA.
1.7. El Ministerio Público
14.1. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto.
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Demandante: Medardo Antonio Palacios Pino y otros
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
15. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación, el
problema jurídico se contrae a determinar ¿si los argumentos de la apelación
expuestos por el Fomag guardan congruencia con lo decidido en la sentencia
recurrida, lo cual ameritaría un pronunciamiento de fondo sobre la decisión de
primera instancia?
2.2. Marco normativo
2.2.1. Principio de la doble instancia y el marco del recurso de apelación fallida
16. El principio de la doble instancia, elevado a canon constitucional en el artículo 31
de la Carta Política4, prevé que toda sentencia judicial podrá ser apelada, salvo las
excepciones que estipula la ley; esta garantía del derecho de impugnación, como
posibilidad de controvertir una decisión judicial, exige la presencia de un superior
funcional, quien participa como autoridad independiente, imparcial y de distinta
categoría en la revisión de una actuación previa. En suma, el principio de la doble
instancia encierra una de las más altas garantías establecidas en la Carta Superior,
por ello, es deber del juez, salvo las excepciones expresamente consignadas por el
legislador, procurar su realización y plena efectividad como garantía de los derechos
de impugnación y de contradicción que de ella subyacen.
17. No obstante, el acceso a dicho derecho no opera de manera deliberada; por ello,
el legislador ha establecido algunos requisitos de oportunidad y procedencia para
su efectividad que deben ser satisfechos a cabalidad, so pena de que el recurso de
apelación fracase, requisitos que dentro del proceso contencioso administrativo
quedaron preceptuados en los artículos 2435 y 2476 de la Ley 1437 de 2011. El
4 ARTICULO 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que
consagre la ley.
5 «ARTÍCULO 243. APELACIÓN. Artículo modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente: Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos
proferidos en la misma instancia».
6 «ARTÍCULO 247. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS. <Artículo
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El recurso de
apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el
siguiente procedimiento:
1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro
de los diez (10) días siguientes a su notificación. Este término también aplica para las sentencias
dictadas en audiencia.
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primero, prevé que serán apelables las sentencias de primera instancia dictadas por
los jueces y tribunales administrativos; el segundo establece, el trámite con el cual
ha de surtirse la apelación señalando el término para la sustentación.
18. Por su parte, la Ley 1564 de 2012 aplicable al proceso contencioso administrativo
por remisión del artículo 306 del CPACA, señala los fines y el alcance de la
apelación, como también el interés para interponerla, al precisar lo que a
continuación se transcribe:
«Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el
superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia.»
19. Una lectura sistemática de las anteriores normas lleva a concluir que, al sustentar
la apelación, el recurrente debe señalar al ad quem las inconformidades frente a la
decisión del a quo para que el superior revise los posibles errores en que se haya
podido incurrir en la primera instancia. La jurisprudencia, en relación con la carga
procesal de indicar los motivos de inconformidad frente a la decisión de primera
instancia, ha precisado7:
«Esta Corporación ha sostenido que la competencia funcional del juez de segunda
instancia está limitada por las razones de inconformidad expresadas por el recurrente en
el recurso de apelación. Lo anterior significa que las competencias funcionales del juez
de la apelación, cuando el apelante es único, no son irrestrictas, pues están limitadas,
en primer lugar, por el principio de la non reformatio in pejus (art. 31 de la Constitución
Política y 328 del C.G.P), y en segundo, por el objeto mismo del recurso, cuyo marco
está definido, a su vez, por los juicios de reproche esbozados por el apelante, en relación
con la situación creada por el fallo de primera instancia.
Así pues, al ad quem le está vedado, en principio y salvo las excepciones hechas por el
legislador, revisar temas del fallo de primera instancia que no fueron objeto de
impugnación, comoquiera que los mismos quedan excluidos del siguiente debate y, por
lo tanto, debe decirse que, frente a dichos aspectos, termina por completo la
controversia» (sic).
[…]
3. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se concederá
mediante auto en el que se dispondrá remitir el expediente al superior. Recibido el expediente por el
superior, este decidirá sobre su admisión si encuentra reunidos los requisitos.
4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en
segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de
apelación formulado por los demás intervinientes.
[…]
7. La sentencia se dictará dentro de los veinte (20) días siguientes. En ella se ordenará devolver el
expediente al juez de primera instancia para su obedecimiento y cumplimiento».
7 Expediente N° 08001-23-31-000-2006-00420-01(1832-15); C.P William Hernández Gómez.
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20. Entonces, cuando los argumentos expuestos en el recurso de apelación no se
dirigen en contra del fondo de la decisión recurrida, esto es en cuanto a las materias
que fueron objeto de análisis por el a quo, al no existir correspondencia lógica ni
jurídica con los presupuestos del asunto que se resuelve, se presenta la apelación
fallida, lo que trae como consecuencia que permanezca incólume lo resuelto en
primera instancia. Ello materializa el debido proceso, teniendo en cuenta que la
decisión que debe adoptar el ad quem necesariamente debe guardar congruencia
con lo resuelto por el juez de primera instancia, razón por la cual, los argumentos
que se presenten en el recurso de apelación son los que eventualmente darán lugar
a que la providencia sea confirmada, revocada o modificada, según el caso.
21. También resulta importante hacer referencia al artículo 328 del CGP el cual
establece la competencia del superior en los siguientes términos:
«Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio
de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el
recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en
razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados
con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación.
Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
22. Visto lo anterior, debe concluirse que la competencia del superior se supedita o
limita al estudio de aquellos argumentos que fueron expuestos por el apelante, de
ahí que, si esos planteamientos no hacen referencia al tema de fondo que decidió
el a quo, no puede en segunda instancia efectuarse pronunciamiento alguno, lo que
trae como consecuencia que la apelación sea fallida. Frente al punto, esta sección8
ha explicado lo siguiente:
«[…] Se debe precisar, a la altura de lo enunciado, que al no respetar el principio de
congruencia el recurso de apelación presentado por el apoderado del Ministerio de
Educación frente a la sentencia de primera instancia, la apelación es fallida y por
consiguiente se tiene por no presentado.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2017,
radicado: 19001-23-33-000-2013-00214-01 (1392-2016).
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Lo anterior por cuanto el recurso de apelación demarca la competencia del juez de
segunda instancia y, por lo mismo, cuando los fundamentos de la apelación son extraños
al debate del sub judice por no corresponder a los mismos hechos analizados por el a
quo, se entiende como una apelación fallida, según lo ha sostenido el Consejo de Estado,
así: […] En conclusión, se observa que los argumentos esgrimidos por el recurrente
como sustentación del recurso, en verdad, no están dirigidos contra el fondo de la
sentencia apelada, por no corresponder al caso que se juzga, lo cual impide en el fondo
desatar la apelación, es decir, ésta resulta fallida porque es imposible confrontar la
sentencia con una apelación de la misma que no lo es.
Así, realmente no existe apelación de la sentencia. Y esta situación impide conocer de
fondo el caso por la vía de la apelación […]».
2.3. Caso concreto
23. El Tribunal Administrativo del Chocó accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda, en ese sentido declaró la nulidad de los actos demandados y, como
consecuencia, ordenó a las respectivas entidades territoriales «afiliar y cancelar al
Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio los pasivos prestacionales causados»
durante el tiempo de servicio en el que se omitió la afiliación de los demandantes a
dicho fondo previsional.
24. Asimismo, ordenó al Fomag «adelantar todas las actuaciones administrativas
tendientes a ajustar la afiliación de los docentes Matías Moya Sánchez, Marlidis Mosquera
Perea, Medardo Antonio Palacios Pino, Juber de Jesús Córdoba Pino, Yuli del Carmen
Mosquera Perea, Jorge Enrique Caicedo Martínez, Blas Henry Mosquera Mena, María
Ofelia Murillo Mena, Lucy Mariela Cañadas Andrade, Luvis Elena Becerra Córdoba, Lesdy
Córdoba Lozano, de acuerdo a los periodos de vinculación como docentes al servicio de
los municipios de Quibdó, Medio Atrato y Rio Quito respectivamente entre los años 1997 a
2007».
25. El Fomag solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia al considerar
que: i) «las cesantías anualizadas no están sometidas al fenómeno prescriptivo, mientras
que las definitivas sí están sujetas a ese fenómeno»; ii) no es procedente el
reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 344 de 1995, porque los
docentes «no son considerados servidores territoriales, sino nacionales» y «no están
afiliados a un fondo privado administrador de cesantías, sino a uno público […] de modo
que no se cumplen los supuestos del artículo 1 del Decreto 1582 de 1998, para el
reconocimiento de la aludida sanción»; iii) resulta improcedente la reliquidación de las
cesantías porque «en su momento se tuvieron en cuenta los factores cotizados al
sistema»; y iv) se configuró el fenómeno jurídico de la prescripción frente al «pago de
las cesantías correspondientes al año 1997 al 2007, la sanción moratoria contenida en la
Ley 1071 de 2006», porque trascurrieron más de 3 años desde que el hecho se hizo
exigible.
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26. Al respecto, se advierte que el reproche planteado por la entidad de previsión se
centró en controvertir el reconocimiento, reliquidación y pago de las cesantías y de
la sanción moratoria por su consignación tardía, así como la configuración del
fenómeno jurídico de la prescripción frente a estos derechos.
27. No obstante, una confrontación de los argumentos en los que se sustentó la
pretensión de revocatoria de la sentencia de primera instancia y lo decidido en esta
por el Tribunal Administrativo del Chocó permite advertir que no existe congruencia
entre uno y otro. Lo anterior, toda vez que, frente a las pretensiones relacionadas
con las cesantías, en la providencia apelada se concluyó:
«En el subjuice, se reclama el reconocimiento y pago de las cesantías causadas entre
los años 1997 a 2007, intereses y la sanción moratoria causada por el pago tardío de la
misma; en ese sentido, ha de precisarse que conforme lo probado en el expediente, los
demandantes fueron vinculados como docentes en el referido periodo mediante Decreto
462 del 30 de diciembre de 1997; sin embargo, fueron asimilados a la planta del
departamento del Chocó, en el año 2003, y fueron afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, el 27 de julio de 2004.
Los demandantes, formularon sus peticiones ante las autoridades demandadas, entre
los meses de junio y julio de 2017, en aras de obtener el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales tales como cesantías e intereses a las cesantías y, como
consecuencia, surgieron los actos administrativos expresos y ficto demandado.
En tales condiciones, como las cesantías, intereses a las cesantías y la sanción
moratoria pretendida fueron las causadas en los años 1997 a 2007 y la reclamación
administrativa se formuló solo hasta el año 2017, es evidente que transcurrieron más de
3 años desde el momento en que la obligación se hizo exigible; por ende, en esta
oportunidad se debe declarar probada la excepción prescripción del derecho
reclamado, conforme lo prevén los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del
Decreto 1848 de 1969.» [sic]
28. Las consideraciones transcritas permiten concluir que las inconformidades
planteadas por el Fomag no se dirigen a cuestionar el fondo de la decisión recurrida,
por el contrario, con estas se pretende dejar sin efectos decisiones que no fueron
adoptadas por el tribunal de instancia, esto, porque la solicitud de revocar la
sentencia tiene como premisa el reconocimiento a los docentes de las cesantías, de
su reliquidación y de la sanción moratoria por la consignación tardía; sin embargo,
según se expuso, en la providencia cuestionada se negó el reconocimiento de estos
al encontrar «probada la excepción prescripción».
29. Así las cosas, si el propósito principal de ese medio impugnatorio es el de
controvertir los argumentos del juez de primera instancia que a la postre redundaron
en una decisión desfavorable a sus intereses, era necesario que los argumentos
expuestos en el escrito de apelación permitieran controvertir la sentencia apelada.
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30. Sin embargo, al no existir correspondencia lógica ni jurídica con los presupuestos
del asunto que se resuelve, se presenta la apelación fallida, lo que trae como
consecuencia que permanezca incólume lo resuelto en primera instancia. Ello
materializa el debido proceso, teniendo en cuenta que la decisión que debe adoptar
el ad quem necesariamente debe guardar congruencia con lo resuelto por el juez
de primera instancia, razón por la cual, los argumentos que se presenten en el
recurso de apelación son los que eventualmente darán lugar a que la providencia
sea confirmada, revocada o modificada, según el caso.
31. En efecto, esta corporación ha advertido que no le es dable al juez asumir cargas
que corresponden a las partes procesales, pues, ello desvirtuaría su papel imparcial
en el juicio. Si una de las partes está inconforme con la sentencia, es su
responsabilidad atacar la decisión poniendo a disposición, tanto del juez como de la
parte favorecida con la sentencia, las razones que, en su criterio, dejan sin
fundamento la providencia judicial9; en tal sentido el apelante debe exponer los
argumentos que sirven de soporte para modificar total o parcialmente la decisión de
primera instancia y que, a la vez, constituye el marco para cumplir con la función,
que no es oficiosa, de decidir la apelación10. En este sentido, la jurisprudencia de lo
contencioso - administrativo ha sido constante en precisar que «en la sustentación de
la apelación frente a la providencia de primer grado, al impugnante o recurrente le asiste el
deber o carga procesal de señalar las discrepancias que tiene frente a la sentencia que
ataca por la vía del recurso de alzada, pues dichas objeciones son las que realmente deben
ser analizadas y resueltas en la providencia de segunda instancia»11.
32. De acuerdo con los anteriores razonamientos, cuando los argumentos expuestos
en el recurso de apelación no se dirigen contra el fondo de la decisión recurrida, al
no existir correspondencia con los presupuestos del asunto que se resuelve, se
presenta la apelación fallida, lo que trae como consecuencia que permanezca
incólume lo resuelto en primera instancia.
33. En consecuencia, es notoria la incongruencia de las razones expuestas por el
Fomag y, por tal motivo, la Sala encuentra que en el caso bajo estudio no era posible
ahondar en consideraciones adicionales comoquiera que los argumentos de la
apelación se dirigen a cuestionar una situación que no guarda coherencia con lo
decidido por el Tribunal Administrativo del Chocó; de modo que carece de razón y
sentido la apelación interpuesta y además limita a esta Sala de Subsección para
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 7 de abril de 2011. Radicación
13001-23-31-000-2004-00202-02(0417-10).
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Providencia del 13 de
septiembre de 2012. Radicación 25000-23-27-000-2006-00825-01(17343).
11 Véase la sentencia del 10 de octubre de 2019, expediente 4719-16, M.P. William Hernández
Gómez
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emitir un pronunciamiento de fondo, por lo que se declarará fallida la apelación y se
mantendrá incólume la sentencia de primera instancia.
2.4. Costas
34. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
35. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
36. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma12.
37. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
38. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
39. Confundamento en lo expuesto, la Sala concluye que no era procedente
examinar los argumentos planteados por el a quo en la primera instancia, en la
medida en que no existe congruencia entre los razonamientos de la apelación
12En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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presentada por la entidad demandada y aquellos señalados en la decisión
controvertida, por consiguiente, la Sala mantendrá incólume la sentencia del 12 de
diciembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Primera
de Decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Declarar fallida la apelación y, como consecuencia, se deja incólume la
sentencia proferida el 12 de diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Chocó, Sala Primera de Decisión, por medio de la cual se accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda presentada por Medardo Antonio Palacios Pino y
otros.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
JMC
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