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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2021-00081-01

Fecha
23 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2021-00081-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia. TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 27001-23-33-000-2021-00081-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

23 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 27001-23-33-000-2021-00081-01 (6119-2022)
Demandante: Ofir Aurora Quintero Mosquera
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

Temas: De la prima de medio año establecida en la Ley 91 de 1989 y la
mesada adicional o mesada catorce de la Ley 100 de 1993.
Adquisición de estatus pensional con posterioridad a la entrada
en vigencia del Acto Legislativo 01 del 2005, esto es 25 de julio
del mismo año y al 31 de julio del 2011. CONFIRMA
SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el doce (12) de agosto de dos mil veintidós (2022) por el
Tribunal Administrativo del Chocó, por medio de la cual negó las pretensiones de la
demanda.

ANTECEDENTES

La señora OFIR AURORA QUINTERO MOSQUERA instauró demanda en contra
de la NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- FONDO NACIONAL
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el
fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto derivado de la
ocurrencia del silencio administrativo negativo configurado con el derecho de
petición del 26 de junio de 2019 y consolidado el 26 de septiembre de 2019.

1 Archivo digital «27001233300020210008100_0202DEMANDA_6b4e0362606540ee97e9cf7a3a0cfb11»

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Radicado: 27001-23-33-000-2021-00081-01 (6119-2022)

Que como consecuencia y a título de restablecimiento del derecho se le reconozca
y pague a la actora la prima de mitad de año equivalente a una mesada pensional,
desde el 24 de abril de 2017, fecha en que adquirió el estatus pensional y se incluya
dicho pago en adelante.

Que las sumas sean debidamente indexadas, se reconozcan los intereses
moratorios y se ordene dar cumplimiento al fallo, tal como lo disponen los artículos
195 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:

Que la señora Ofir Aurora Quintero Mosquera fue vinculada por primera vez como
docente oficial en fecha posterior al 1.° de enero de 1981, razón por la cual, en
condición de pensionada por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG), no tienen derecho a que la UGPP reconozca a su favor la
pensión de gracia y que, en esa medida, en sentir de la actora, la prima de mitad de
año es un beneficio que pretendió compensar tal situación.

Que mediante Resolución 2738 del 31 de agosto de 2017, se le reconoció la pensión
ordinaria de jubilación, por parte del FOMAG.

Que solicitó con fundamento en el artículo 15 numeral 2 literal b ante la demandada
el reconocimiento y pago de la prima de mitad de año equivalente a una mesada
adicional, pero, a la fecha, la demandada no ha dado respuesta.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 19 de agosto de 2021 y notificada a la
Nación- Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, quien mediante memorial de contestación manifestó que
no es procedente el reconocimiento y pago de la prima de junio a la parte actora,
toda vez que, para los docentes no es aplicable el reconocimiento pago de la
mesada adicional por estar expresamente excluido en el Acto Legislativo 01 de
2005, aunado a que la demandante tampoco acredita devengar menos de tres
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Propuso las excepciones que denominó: (i) litisconsorcio necesario por pasiva; (ii)
legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad; (iii) ineptitud de la
demanda por carencia de fundamento jurídico y (iv) la excepción genérica.

2 Índice 8 SAMAI, Gestión en otras corporaciones.

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Radicado: 27001-23-33-000-2021-00081-01 (6119-2022)

Mediante auto del 17 de enero de 2022, el tribunal decidió negativamente la
excepción de falta de litisconsorcio por pasiva, señalando que en el presente medio
de control no se debe vincular a la Secretaría de Educación del Departamento del
Chocó, pues esta solo tiene la obligación de medio en cuanto al trámite para el
reconocimiento o negación de dicha prestación, por disposición expresa del
legislador, sin que ello le otorgue la titularidad de la obligación sustancial.

Posteriormente, a través de providencia del 16 de mayo de 20223 el tribunal en
aplicación del artículo 182A del CPACA, consideró que la discusión que se
suscitaba en el presente proceso era de pleno derecho y no era necesaria la práctica
de pruebas, por lo que debía dictarse sentencia anticipada. Por lo tanto, a través de
dicha providencia procedió a incorporar las pruebas aportadas en la demanda y en
la contestación, negó las pruebas solicitadas, fijó el litigio y en virtud del artículo 181
del CPACA ordenó correr traslado para presentar alegatos de conclusión dentro de
los 10 días y en la misma oportunidad al Ministerio Público para rendir concepto de
fondo.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN4

El Tribunal Administrativo del Chocó mediante sentencia del 12 de agosto de 2022
negó las súplicas de la demanda, considerando que la demandante adquirió su
estatus pensional de forma posterior a la entrada de vigencia del Acto Legislativo
01 de 2005 (27 de marzo de 2018) hecho que, de entrada, implica que solo puede
percibir trece mesadas.

Además, consideró que no es procedente el pago de una prima adicional, en razón
a que la excepción para devengar más de 13 mesadas pensionales al año
contemplada en el Acto Legislativo 01 de 2005, tampoco se configura al percibirse
por la señora Quintero Mosquera una mesada superior a los 3 Salarios Mínimos
Legales Mensuales Vigentes (SMMLV) para el año 2017, cuando le fue reconocida
la pensión.

Finalmente, se abstuvo de condenar en costas dada la inactividad procesal de la
parte demandada en el trámite de la primera instancia.

EL RECURSO DE APELACIÓN5

El apoderado de la parte demandante inconforme con la decisión solicitó que se
revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las
pretensiones, para lo cual sostuvo que, si bien el Acto Legislativo 01 de 2005

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Archivo digital «13_SENTENCIAQUENIEGALASPRETENSIONES»
5 Archivo digital denominado «34_270012333000202100081001RECEPCIONRECUR20220826112336%20».

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estableció que ningún pensionado podría recibir más de 13 mesadas, también es
cierto que esto se da en razón a la mesada 14 creada en la Ley 100 de 1993,
diferente a la prima de medio año creada única y exclusivamente para los docentes,
que es la pretendida.

Así, reiteró que cumplió con los requisitos para ser beneficiaria del reconocimiento
y pago de esta última a la luz de lo dispuesto en la Ley 91 de 1989.

Considera que la interpretación aplicable a este asunto es que todos los docentes
que no tengan derecho a la pensión gracia, tendrán derecho entonces al pago de la
prima de mitad de año, cuyo valor equivale al pago de una mesada pensional
ordinaria y deberá ser cancelada en el mes de junio de cada año por el FOMAG.

Concluye diciendo que el legislador lo que quiso fue compensar de alguna manera
la inequidad injustificada al interior de los derechos pensionales del magisterio, ya
que hay docentes que tiene derecho a percibir dos pensiones, mientras que otros
solo reciben una, dependiendo de la fecha y el tipo de vinculación.

Finalmente, reiteró que no se puede equiparar la prima de mitad de año establecida
en el numeral 2, literal b del artículo 15 de la Ley 91 de 198, con una mesada
adicional, más cuando esta regulación fue confirmada en la sentencia de unificación
de la Sección Segunda del Honorable Consejo de Estado de 25 de abril de 2019,
identificada como SUJ – 014 -CE- S2-2019.

PRONUNCIAMIENTO DE LAS PARTES

De conformidad con el numeral 4° del artículo 247 del CPACA, una vez admitido el
recurso, las partes guardaron silencio.

POSICIÓN DE MINISTERIO PÚBLICO

El señor Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto a
través del cual solicita confirmar la sentencia de primera instancia, con base en los
siguientes argumentos:

Que el apelante tergiversa y no tiene en cuenta el contenido de la interpretación
jurisprudencial constitucional y contencioso-administrativa respecto del análisis que
se ha aplicado a la prima de medio año contenida en el inciso segundo del numeral
2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y, en ese sentido, confunde los parámetros
dados por la Sentencia C-641 de 1995 de la Corte Constitucional porque el objetivo
esencial de ese fallo fue el de asimilar los emolumentos contenidos en el artículo
142 de la Ley 100 de 1993 y aquel contenido en el artículo 15, numeral 2°, literal b
de la Ley 91 de 1989.

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Radicado: 27001-23-33-000-2021-00081-01 (6119-2022)

Que no resulta relevante la distinción de las fuentes normativas que consagran la
prima de medio año y la mesada adicional, dado que ello no resulta suficiente para
superar el contenido de la reforma constitucional posterior a esa sentencia - Acto
Legislativo 01 de 2005.

Que la presunta distinción entre prima y mesada pensional que pretende la actora
se reconozca tampoco resulta del todo convincente para efectos de otorgar el
derecho reclamado y denegado en primera instancia, porque en materia laboral la
figura de la prima alude a un elemento remuneratorio ordinario como salario, cuando
es contraprestación directa del servicio prestado, por lo cual su consecuencia
prestacional sí se ve reflejada eventualmente en la respectiva liquidación pensional,
y, por ende, toda esta definición genérica se encuentra necesariamente circunscrita
en cada caso concreto por el legislador, la naturaleza de la vinculación acordada y
eventualmente el operador jurídico.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si es procedente el
reconocimiento y pago de la prima de medio año equivalente a una mesada
pensional a la parte actora, conforme lo prevé el numeral 2 literal b) del artículo 15
de la Ley 91 de 1989 y, en esa medida, resolver si se confirma o revoca la decisión
adoptada en primera instancia.

Marco normativo y jurisprudencial

La Ley 91 de 1989 estipuló el régimen pensional para los docentes vinculados hasta
el 31 de diciembre de 1980 y con posterioridad al 1.° de enero de 1981. Para estos
últimos previó una prima de medio año, equivalente a una mesada pensional.

Al respecto, el numeral segundo del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 establece:

2. Pensiones:
[…] Para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales 1
y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de
1990, cuando se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión
de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año.
Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector
público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una
mesada pensional.» (Subrayado fuera de texto).

De manera posterior, los artículos 50 y 142 de la Ley 100 de 1993, consagraron dos
mesadas para los pensionados, la primera para ser percibida en noviembre y una
mesada adicional, pagadera en junio para aquellos que estuvieron vinculados al
sector público, correspondiente a treinta (30) días de valor de la pensión. Dicha
disposición prevé:

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Artículo 50. Mesada Adicional.

Los pensionados por vejez o jubilación, invalidez y sustitución o sobrevivencia
continuarán recibiendo cada año, junto con la mesada del mes de noviembre,
en la primera quincena del mes de diciembre, el valor correspondiente a una
mensualidad adicional a su pensión. (…) (Negrilla para resaltar).

Artículo 142. Mesada Adicional para actuales Pensionados. <Expresiones
tachadas INEXEQUIBLES>

Los pensionados por jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, de sectores
públicos, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, en el sector privado y del
Instituto de Seguros Sociales, así como los retirados y pensionados de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, cuyas pensiones se hubiesen
causado y reconocido antes del primero (1o) de enero de 1988, tendrán
derecho al reconocimiento y pago de treinta (30) días de la pensión que le
corresponda a cada uno de ellos por el régimen respectivo, que se cancelará
con la mesada del mes de junio de cada año, a partir de 1994.(Negrilla para
resaltar).

Los pensionados por vejez del orden nacional, beneficiarios de los reajustes
ordenados en el decreto 2108 de 1992, recibirán el reconocimiento y pago de
los treinta días de la mesada adicional solo a partir de junio de 1996.

PARÁGRAFO. Esta mesada adicional será pagada por quien tenga a su cargo
la cancelación de la pensión sin que exceda de quince (15) veces el salario
mínimo legal mensual.

Sobre esta disposición legal se pronunció la Corte Constitucional mediante
sentencia C-409 de 1994, declarando inexequibles los apartes tachados por
considerar que constituían una violación al derecho a la igualdad, al excluir de este
privilegio a las pensiones causadas y reconocidas con posterioridad al 1.º de enero
de 1988 de manera injustificada.

Igualmente, la sentencia C-461 de 1995, al declarar la constitucionalidad de los
apartes del inciso segundo del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que excluían del
régimen prestacional del sistema general a los afiliados al FOMAG, analizó la
justificación de la existencia de los regímenes pensionales especiales y determinó
que los mismos se encuentran conformes a la Constitución mientras que no se
entienda que la vigencia de estos permite un tratamiento inequitativo y menos
favorable para un grupo determinado de trabajadores en comparación con el
régimen general.

Especialmente, sobre la exclusión de los afiliados del FOMAG de la mesada
adicional consagrada en el artículo 142 de la Ley 100 de 1993, esta providencia
señaló:

En efecto, la Corte advierte que el beneficio contemplado en el artículo 15,
numeral 2°, literal b, de la Ley 91 de 1989, según el cual los pensionados

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vinculados al Fondo con posterioridad al 1º de enero de 1981, "gozarán (...)
adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional", puede asimilarse a la mesada adicional de que trata el artículo 142
de la Ley 100 de 1993.

[...]
Los pensionados afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, vinculados con posterioridad al 1° de enero de 1981 no se
encuentran en una situación distinta a la de los pensionados a quienes se aplica
el Sistema Integral de Seguridad Social contemplado en la Ley 100 de 1993, en
lo referente a la obtención de algún beneficio que compense la pérdida de poder
adquisitivo de las pensiones, pues mientras los primeros reciben la prima
adicional de medio año (artículo 15 Ley 91 de 1989), los segundos reciben la
mesada adicional (artículo 142 Ley 100 de 1993), que son prestaciones
equivalentes.

Sin embargo, [...] Examinada la legislación en materia pensional anterior a la Ley
100 de 1993, y en especial las Leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 4ª. de 1976, 44
de 1980, 33 de 1985, 113 de 1985 y 91 de 1989, no se encuentra un beneficio
equivalente o similar a la mesada adicional de la Ley 100 de 1993, o a la prima
adicional de medio año contemplada en la Ley 91 de 1989, para aquellos
docentes vinculados antes del 1° de enero de 1981 que no sean acreedores a
la pensión de gracia.

[...] Este tratamiento diferenciado, se encuentra configurado en la Ley 91 de
1989, y fue mantenido por el artículo 279 de la Ley 100 de 1993.

[…]
Así las cosas, en la parte resolutoria de esta sentencia se declarará que el aparte
acusado del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 es exequible, siempre y cuando
se aplique en consonancia con los artículos 13, 48 y 53 de la Carta y se asegure
a los maestros vinculados antes del 1° de enero de 1981 al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio que no sean acreedores a la pensión de
gracia, un beneficio sustantivo equivalente al pago de la mesada adicional
contemplada en el artículo 142 de la Ley 100 de 1993.

De tal forma, en dicha providencia se estableció que la prima de medio año y la
mesada catorce eran asimilables, y que, además, debía ampliarse el beneficio de la
mesada adicional solamente a los docentes vinculados con anterioridad al 1.º de
enero de 1981 que no gozaran de pensión gracia. Lo anterior, en la medida en que,
a favor de los docentes vinculados con posterioridad a la citada fecha, la Ley 91 de
1989, artículo 15, numeral 2, literal b, creó la mesada adicional de junio, resultando
discriminatorio que los primeros se quedaran sin mesada adicional.

A partir de la vigencia de la Ley 238 de 19956, se ampliaron los sujetos titulares de
la mesada adicional o mesada catorce a los denominados regímenes exceptuados,
entre ellos, los docentes afiliados al FOMAG, en los siguientes términos:

Adiciónese al artículo 279 de la Ley 100 de 1993, con el siguiente parágrafo:

6 Por la cual se adiciona el artículo 279 de la Ley 100 de 1993.

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"Parágrafo 4. Las excepciones consagradas en el presente artículo no implican
negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y
142 de esta ley para los pensionados de los sectores aquí contemplados.
(Negrilla para resaltar).

Sin embargo, con la expedición del Acto Legislativo 01 de 25 de julio de 2005, se
eliminó la posibilidad de recibir más de 13 mesadas a los nuevos pensionados y
excepcionalmente, con el inciso 8º y parágrafo transitorio 6º del artículo 1º del mismo
acto, se determinó un límite temporal y modal al reconocimiento de la mesada
catorce, así:

Artículo 1o. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de
la Constitución Política:

"El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema
Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el
pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las
leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en
vigencia de este Acto Legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera
de lo establecido en ellas".

[…] "Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la
vigencia del presente Acto Legislativo no podrán recibir más de trece (13)
mesadas pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando
se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aun cuando no se
hubiese efectuado el reconocimiento".

[…] "Parágrafo transitorio 1o. El régimen pensional de los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se
hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán
los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003".

(…) "Parágrafo transitorio 6o. Se exceptúan de lo establecido por el inciso
8o. del presente artículo, aquellas personas que perciban una pensión
igual o inferior a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si
la misma se causa antes del 31 de julio de 2011, quienes recibirán catorce
(14) mesadas pensionales al año".

Bajo este entendido, no resulta procedente el reconocimiento de la mesada catorce
a quienes adquieran el derecho a la pensión con posterioridad al 25 de julio del
2005, cuando la cuantía supere los 3 SMMLV, ni quienes lo causen después del 31
de julio del 2011, cualquiera que sea el valor de la mesada respectiva7.

7 En el mismo sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil mediante concepto del 22 de noviembre de 2007,
N.I. 1.857, señaló: «[…] Los docentes del sector oficial, nacionales, nacionalizados y territoriales, que causen el
derecho a la pensión de jubilación o vejez a partir del 25 de julio del 2005, fecha de entrada en vigencia del Acto
Legislativo No. 1 del 2005, no tienen derecho a la mesada pensional adicional del mes de junio de que tratan el
artículo 142 de la ley 100 de 1993 y la ley 238 de 1995. Se exceptúan los docentes que causen el derecho a la
pensión antes del 31 de julio del 2011, si su mesada pensional es igual o inferior a tres salarios mínimos legales
vigentes, según lo establece el parágrafo transitorio 6º del artículo 1º del Acto Legislativo en mención.»

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De manera posterior, esta corporación en sentencia del 20 de noviembre de 20198
al referirse a los artículos 142 y 279 de La Ley 100 de 1993, así como al Acto
Legislativo 01 de 2005, en cuanto a la mesada catorce, precisó:

En consecuencia, es viable sostener que la mesada 14 contenida en el
artículo 142 de la Ley 100 de 1993, en la actualidad tiene una vigencia
temporal limitada y unas condiciones que reducen su ámbito de aplicación
personal en relación con los pensionados que tienen derecho a su
reconocimiento y pago. […] Por tal razón, no resulta procedente el
reconocimiento de la mesada catorce a quienes adquieran el derecho a la
pensión con posterioridad al 25 de julio del 2005, cuando la cuantía supere
los 3 SMMLV, ni quienes lo causen después del 31 de julio del 2011,
cualquiera que sea el valor de la mesada respectiva.

Resolución del caso concreto

Para resolver el problema jurídico, se tiene que el secretario de educación del
departamento del Chocó, a través de la Resolución 2738 del 31 de agosto de 2017,
concedió la pensión vitalicia de jubilación a la demandante a partir del 24 de abril de
2017 y en dicha resolución quedó establecido que:

• La señora Ofir Aurora Quintero Mosquera nació el 23 de abril de 1962 y
prestó sus servicios como docente desde el 18 de agosto de 1994 hasta el
23 de abril de 2017.
• La demandante adquirió el estatus pensional 24 de abril de 2017, fecha en la
que se encontraba afiliada al FOMAG.
• El valor reconocido como pensión vitalicia de jubilación para el 2017 fue de
$2.467.757 m/cte, por mesada.

Así las cosas, esta Sala considera que a pesar de que la demandante es destinataria
del régimen pensional previsto en la Ley 91 de 1989, a causa de que su ingreso al
servicio de la docencia oficial se efectuó con antelación a la entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003 y por ello, en principio, era beneficiaria de la prerrogativa creada
por la letra b, numeral 2, artículo 15 de dicha normativa, como lo afirma en su
recurso; lo cierto es que la aludida prestación desapareció con la expedición del
Acto Legislativo 1 de 2005 y, en todo caso, no satisface ninguna de las condiciones
necesarias para disfrutarla tal y como pasará a explicarse.

Según se expuso, para que la demandante tenga derecho al reconocimiento y pago
de la prima de mitad de año, debió haber adquirido el estatus de pensionada antes
del 25 de julio de 2005, o cuando menos antes del 31 de julio de 2011, pero sólo si
su mesada pensional no superaba los 3 SMLMV, previsiones que no se cumplen en
el caso objeto de estudio, toda vez que la señora Ofir Aurora Quintero Mosquera

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, radicación
número: 05001-23-31-000-2011-01441-01(0118-14).

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Radicado: 27001-23-33-000-2021-00081-01 (6119-2022)

adquirió su estatus de pensionada el 24 de abril de 2017, hecho que, de entrada,
implica que no le asista el derecho a obtener el reconocimiento y pago de la prima
de mitad de año.

Por otro lado, la Sala resalta que, contrario a lo aseverado por la actora, el juez de
instancia al momento de desatar el asunto sometido a su consideración no
desatendió las pretensiones de la demanda ni realizó una interpretación errada
sobre la normativa aplicable, puesto que si bien se refirió a la mesada adicional
creada por el artículo 142 de la Ley 100 de 1993 (creada en favor de los
pensionados cobijados por el régimen general), de acuerdo con lo precisado por la
Corte Constitucional (sentencia C-461 de 1995), las prerrogativas establecidas en
las anteriores disposiciones pueden asimilarse al contemplar un mismo beneficio.

Es de precisar que, aun cuando la mencionada sentencia C-461 de 1995 hace
referencia a la equivalencia entre la mesada prevista en el literal ‘B’ del número 2
del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y la mesada contemplada en el artículo 142 de
la Ley 100 de 1993, esto no obsta para hacer extensible los argumentos allí
dispuestos a la consagrada en la Ley 238 de 1995, ya que el ámbito prestación
aunque es propia del régimen general de seguridad social en pensiones se
consagró también en beneficio de los regímenes pensionales especiales, como es
el de los docentes.

Sumado a ello, se enfatiza que, esta corporación en sede tutela al estudiar
reproches contra providencias judiciales proferidas por los distintos tribunales del
país, en la mayoría de los casos, ha declarado improcedente las acciones
constitucionales al considerar que no se han configurado los defectos sustantivos
alegados por cuanto no se ha aplicado de manera caprichosa el marco normativo,
sino conforme a la jurisprudencia vigente. A saber, en sentencia del 6 de abril de
2022, radicado: 11001-03-15-000-2022-01586-00, la Subsección B dijo:

En ese orden de ideas, la Sala concluye que la providencia cuestionada no
incurre en el defecto sustantivo alegado, habida cuenta de que los magistrados
accionados estudiaron la procedencia del reconocimiento a la tutelante de la
prima de medio año consagrada en la letra b, numeral 2, artículo 15 de la Ley
91 de 1989 conforme a la normativa que resultaba aplicable, distinto es que
hayan concluido que no le asiste el derecho a recibirla, al no colmar las
exigencias contenidas en el Acto Legislativo 1 de 2005, y que en su análisis
mencionaran la prerrogativa contemplada en el artículo 142 de la Ley 100 de
1993, al considerar que se trata de beneficios pensionales equiparables, lo que
no es cuestionable, puesto que la Corte Constitucional así lo ha precisado 9.

En ese sentido, aunque la denominada mesada catorce y la prima de mitad de año
tienen como fundamento diferentes fuentes legales y su ámbito de aplicación puede
variar; por expresa disposición jurisprudencial, resultan equiparables y, por tanto, su
aplicación está sometida a los mismos criterios jurídicos.

9 C.P.: Carmelo Perdomo Cuéter

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En lo que concierne a que la reforma constitucional debe interpretarse de acuerdo
a los derechos adquiridos en favor de los docentes oficiales que se rigen por la Ley
91 de 1989, esta Subsección precisa que la posibilidad de percibir la prima de medio
año representaba para la parte actora solo una expectativa y no un derecho
adquirido por cuanto este último implica el cumplimiento de los presupuestos
previstos en una ley; circunstancia que no acontece en el caso objeto de estudio.

Ahora, en lo concerniente a la supuesta regulación que efectuó la sentencia de
unificación del Consejo de Estado del 25 de abril de 2019 SUJ-014-CE-S32-2019
sobre la prima de medio año, la Sala estima que, contrario a lo afirmado por la parte
demandante, en esta decisión en ningún momento se sentó parámetro alguno sobre
el reconocimiento y pago de la prima de medio año establecida en el numeral 2 del
artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que permita inferir que se trata de una prestación
o beneficio distinto a una mesada pensional, sino que en esta decisión únicamente
se establecieron pautas acerca el ingreso base de liquidación de la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al
FOMAG.

En conclusión, al no prosperar los argumentos formulados en el recurso de
apelación, la Sala confirmará el fallo de primera instancia en el cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

Condena en costas de segunda instancia

Sobre la imposición de dicha carga, es importante aclarar que la jurisprudencia de
la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, la Sala observa que los
argumentos del recurso de apelación presentados por la parte demandante, vencida

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en el proceso, no presenta una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la
condena en costas. Contrario a ello, dicho extremo del litigio trajo planteamientos
razonables para la defensa jurídica de sus intereses. En consecuencia, no se
impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada que negó las pretensiones de la
demanda.

SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
demandante según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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