Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2022-00014-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2022-00014-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 27001-23-33-000-2022-00014-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
12 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D. C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 27001-23-33-000-2022-00014-01 (1806-2025)
Demandantes: Jesús Homero Ledezma Rentería
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil – Delegación
Departamental del Chocó
Tema: Desconocimiento del debido proceso por indebida valoración
probatoria como causal de nulidad de los actos administrativos.
Estructura de la responsabilidad disciplinaria. CONFIRMA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra de
la sentencia proferida el dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal
Administrativo del Chocó, por medio de la cual se negaron las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Jesús Homero Ledezma Rentería instauró demanda en contra de la
Registraduría Nacional del Estado Civil – Delegación Departamental del Chocó, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias expedidas el 12 de
julio y el 20 de septiembre de 2021 por la Oficina de Control Interno Disciplinario de
la Registraduría Nacional del Estado Civil y por la Delegación Departamental del
Chocó de la misma entidad, respectivamente, mediante las cuales fue sancionado
con destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años; y de la
Resolución 182 de 2021, que hizo efectivo el correctivo.
3. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene su reintegro al
cargo de registrador municipal del Carmen de Atrato (Chocó) o a uno de igual o
mayor categoría, junto con el pago de los salarios, prestaciones sociales y demás
emolumentos dejados de percibir. Además, que se condene al pago de una
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indemnización por los perjuicios de orden material en que incurrió para el reclamo
de sus derechos y el pago de perjuicios morales, sumas debidamente actualizadas.
HECHOS
4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
5. Que se desempeñó como registrador municipal del Carmen de Atrato y, en tal
calidad, debió atender la petición remitida por la presidenta del Concejo, quien le
solicitó información acerca de la persona que seguía en la lista del partido Cambio
Radical para ocupar la vacante absoluta generada por la renuncia del concejal
Dawinson Restrepo Sánchez.
6. Que quien seguía en la lista no aceptó el nombramiento, por lo que debió
tramitar una segunda solicitud, en la que advirtió la existencia de un empate entre
dos personas. Que ante esta situación, para brindar una respuesta de fondo,
oportuna y efectiva, y luego de una revisión de la normativa pertinente, decidió
ordenar a tres funcionarias que realizaran el desempate y levantaran las respectivas
evidencias.
7. Expresó que por lo ocurrido, se radicó una queja ante la Delegación
Departamental del Chocó, con base en la cual se abrió investigación disciplinaria y,
de forma posterior, se formuló pliego de cargos, en el cual se calificó la conducta
como constitutiva de falta gravísima a título de dolo, al considerar que se había
extralimitado en el ejercicio de sus funciones, pues no era competente para dirimir
el empate; que, además, expidió un documento contrario a derecho para elegir a
quien debía ocupar la vacante en el Concejo.
8. Que el 12 de julio de 2021 se expidió la decisión disciplinaria de primera
instancia y que al interponer el recurso de apelación, solicitó que los delegados
departamentales se declararan impedidos, porque uno de ellos habría manifestado
que «a Homero lo iban a destituir», pero que no declararon el impedimento y
expidieron el acto cuestionado.
9. Que en sentencia de tutela del 24 de noviembre de 2021, el juez constitucional
protegió sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, defensa
técnica y, como mecanismo transitorio, ordenó a la demandada que suspendiera los
actos sancionatorios y lo reintegrara al cargo.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
10. Constitución Política: artículos 29, 125 y 209; Ley 734 de 2002.
11. Considera que los actos resultaron contrarios a la Constitución y la ley, pues
no se le podía responsabilizar por un deber que no está consignado en las normas,
como es el de consultar a los delegados departamentales o al Consejo Nacional
Electoral acerca de cómo dar respuesta a las peticiones que debe atender.
Considera que se desconoció la tipicidad, pues si bien se hizo uso de tipos abiertos
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y en blanco, la fuente de la responsabilidad es un procedimiento irregular y se
impuso un correctivo desproporcional, porque si en gracia de discusión se aceptara
que debió elevar la referida consulta, el resultado habría sido el mismo, esto es, se
le habría indicado la aplicación del artículo 183 del Decreto 2241 de 1986.
12. Afirma que se desconocieron los derechos de audiencia y defensa, pues se
incurrió en un cúmulo de irregularidades: errores en la calificación típica y
desatención del principio de investigación integral, pues desde que inició la
actuación se le señaló como responsable de la comisión de una falta disciplinaria,
violación del principio de congruencia, se omitió la práctica de pruebas, no se
declararon nulidades, se le exhortó a decir la verdad en la versión libre (con lo que
se desconoció la garantía de no autoincriminación), no se dio trámite a la solicitud
de recusación en contra de los delegados departamentales, «entre otras».
13. Que también se incurrió en falsa motivación, porque los fundamentos fácticos
y jurídicos de los actos no corresponden a la realidad de los hechos, pruebas y
normativa que regula la materia. Que, se incurrió en errores en la calificación de la
falta y no se valoró la ausencia de dolo en su actuación y que no se afectó el deber
funcional.
14. Dijo que la autoridad disciplinaria desconoció la jurisprudencia de las altas
cortes en materia de desempates electorales, en la cual se ha avalado la aplicación
del artículo 183 del Código Electoral como norma supletoria. Que, se le imputó la
falta disciplinaria gravísima del artículo 48.1 de la Ley 734 de 2002, pues se
consideró que no podía dirimir el empate presentado, por lo que se dijo que se
extralimitó en sus funciones y se complementó el tipo disciplinario con el delito de
prevaricato.
15. Que la autoridad dejó de lado que el tipo penal endilgado requiere que se
profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley; no
obstante, ninguna de las normas invocadas como lesionadas regula la competencia
y trámite para los desempates en épocas distintas a las del calendario electoral. En
ese sentido, a la demandada le correspondía probar no solo que carecía de la
facultad para dirimir el empate, sino que esta se encontraba de manera clara y
expresa en cabeza de otro servidor.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
16. La demanda fue admitida el 16 de febrero de 20221. La demandada expresó
que en el procedimiento administrativo se acreditó que el demandante se extralimitó
al ejercer funciones que no eran propias del cargo que ostentaba y, además, expedir
actos administrativos como la certificación de quien debió ser el ganador del
empate, con la excusa de responder un derecho de petición.
17. Precisó que la sentencia de tutela referenciada por el demandante fue
revocada en segunda instancia, tras considerar que los elementos fácticos alegados
no acreditaban que el accionante era padre cabeza de hogar y que el juez del
1 Véase índice 00002 de SAMAI-Tribunales, radicado 27001233300020220001400.
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amparo no estaba en la capacidad de estructurar, concebir, imaginar o proyectar,
por sí mismo, el contexto en el que ocurrió el presunto daño reparable.
18. Que no se incurrió en falsa motivación, pues es claro que el demandante
trasgredió un tema de naturaleza insubsanable, como la falta de competencia, en la
medida en que se atribuyó funciones sin potestad constitucional ni legal, con pleno
conocimiento y voluntad, máxime sus años de experiencia en el cargo de registrador
municipal.
19. Propuso como excepción la ineptitud sustantiva de la demanda, por considerar
que los argumentos del señor Ledezma Rentería se basan en una analogía e
interpretación caprichosa de la normativa2.
20. Por auto del 25 de octubre de 2022 se adoptaron medidas para dictar
sentencia anticipada3. En consecuencia, se fijó el litigio, se incorporaron las pruebas
aportadas por las partes y se determinó que, en firme la decisión sobre los medios
de prueba, las partes contarían con 10 días para alegar de conclusión y el Ministerio
Público con el mismo término para rendir su concepto. Cerrada la etapa anterior, se
profirió sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por el demandante.
SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
21. El Tribunal Administrativo del Chocó, mediante sentencia del dos (2) de mayo
de dos mil veinticinco (2025)4, negó las pretensiones, tras concluir que el
demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad, pues las pruebas
obrantes en el expediente daban cuenta de la existencia de elementos de juicio
suficientes para declarar la responsabilidad disciplinaria. Que, en las distintas
actuaciones se garantizaron el debido proceso y los derechos de contradicción y
defensa y la sanción impuesta resultó razonable y proporcional.
22. Que se acreditó la extralimitación en el ejercicio de las funciones, pues de
conformidad con el artículo 183 del Código Electoral la competencia para dirimir
empates durante o posterior a la elección le correspondía a la comisión escrutadora
y no al registrador municipal.
23. Se refirió al marco normativo del escrutinio de votos y al procedimiento para
dirimir empates después de declarada la elección, de conformidad con el artículo 7
de la Ley 163 de 1994 y el artículo 183 del Decreto 2241 de 1986. También aludió
a la conformación de las comisiones escrutadoras, según se desprende de los
artículos 26.26, 157, 177 y 187 del Código Electoral.
24. Con fundamento en dicho marco, analizó lo acreditado en la actuación
disciplinaria y encontró que en las elecciones del 25 de octubre de 2015 dos
candidatos del partido político Cambio Radical obtuvieron la misma cantidad de
votos. Ante la renuncia de un concejal de esa colectividad, y la negativa de quien
seguía en la lista para ocupar la curul, el demandante certificó a la presidenta del
2 Véase archivo «19_CONTESTACION_CONTESTACI_CONTESTACIONDEMANDA(.pdf)», disponible en el
índice 00010 de SAMAI-Tribunales, radicado 27001233300020220001400.
3 Véase índice 00021 de SAMAI-Tribunales, radicado 27001233300020220001400.
4 Véase índice 00041 de SAMAI-Tribunales, radicado 27001233300020220001400.
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Concejo que el siguiente candidato era el señor Ramiro de Jesús Giraldo Henao.
Tanto la señora Gloria Margarita Taborda Marín, quien estaba empatada con el
referido, como los delegados departamentales de la Registraduría, informaron
acerca de una irregularidad en la que habría incurrido el señor Ledezma Rentería
para dirimir el pluricitado empate, lo que dio lugar al trámite sancionatorio que
concluyó con la expedición de las decisiones disciplinarias.
25. Establecido lo anterior, dijo que no se incurrió en infracción normativa,
desconocimiento de los derechos de audiencia y defensa ni expedición irregular,
pues pese a que en la diligencia de versión libre se exhortó al entonces investigado
a «decir la verdad y nada más que la verdad», ello no riñe con la garantía
constitucional de no autoincriminación.
26. Que, además, en la actuación no obraba evidencia de que el señor Ledezma
Rentería hubiese sido forzado o inducido por el instructor del procedimiento ni que
su consentimiento se hubiese viciado de alguna manera. Si, en gracia de discusión,
se aceptara que el demandante fue compelido a «autoincriminarse», la única
consecuencia sería la exclusión de dicha diligencia del acervo probatorio, sin que
ello bastara para desvirtuar la responsabilidad, pues esta se fundó en pruebas
independientes.
27. Que a la recusación formulada se le dio el trámite previsto en el artículo 87 de
la Ley 734 de 2002, de manera que no se ocasionó ninguna lesión en ese sentido.
En cuanto a la valoración probatoria, destacó que los medios recaudados tuvieron
como cometido encontrar la verdad de los hechos y se analizaron dentro del marco
de la sana crítica, de lo cual se concluyó que el demandante incurrió en la falta que
se le imputó.
28. En relación con el cargo por falsa motivación, señaló que los actos contienen
el estudio de la tipicidad de conformidad con la Ley 734 de 2002, en complemento
con el artículo 413 del Código Penal, que se logró acreditar el conocimiento y la
voluntad como elementos constitutivos del dolo, para lo cual se tuvo en cuenta la
trayectoria del demandante y su conocimiento del artículo 48 del Código Electoral,
que se refiere a las funciones del registrador municipal. También se satisfizo el juicio
de antijuridicidad, porque la conducta irregular tuvo lugar por incumplimiento del
deber funcional, pues con su comportamiento vulneró las normas que, por su
experiencia y formación, debía acatar.
29. Se abstuvo de condenar en costas.
RECURSO DE APELACIÓN
30. El demandante5 interpuso recurso de apelación, en el cual manifestó que
tanto la demandada como el Tribunal incurrieron en una errónea interpretación del
artículo 183 del Código Electoral ante un vacío normativo, pues es claro que dicha
disposición no prevé el procedimiento de desempate cuando deba hacerse con
posterioridad a la declaratoria de la elección. En ese sentido, en la sentencia se
omitió un hecho crucial: que no existía comisión escrutadora legalmente constituida
5 Véase índice 00044 de SAMAI-Tribunales, radicado 270001233300020220001400.
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a la cual acudir para dirimir el empate surgido para proveer una vacante definitiva.
31. Que se encontraba en la obligación legal y constitucional de brindar una
respuesta oportuna, efectiva y de fondo a la solicitud elevada por la presidenta del
Concejo. Para ello, acudió a una interpretación analógica del artículo 183 del Código
Electoral como única alternativa razonable. Inclusive, la jurisprudencia ha
reconocido la validez de la analogía en situaciones no reguladas, siempre que no
sea in malam partem.
32. Insistió en que la conducta endilgada es atípica, porque no se acreditaron los
elementos del prevaricato por acción, pues la aplicación analógica del referido
artículo se realizó ante un vacío normativo y para cumplir con un deber
constitucional. Además, para imputar la extralimitación en el ejercicio de las
funciones es necesario que se desborden las asignadas o se invada la esfera de
otro órgano; pero «[a]quí se actuó en un escenario no regulado, buscando cumplir
deberes funcionales». No obstante, en la sentencia, más allá de una afirmación
genérica sobre la falta de competencia, no se demostró que su conducta se
subsumiera en los tipos disciplinarios endilgados.
33. Que tampoco se acreditó el dolo de su comportamiento, pues este se
determinó de manera especulativa, sin ningún soporte probatorio de que fuera
consciente de cometer una actuación manifiestamente ilegal y que, pese a ello,
decidiera llevarla a cabo. Por el contrario, su conducta estuvo guiada por la
convicción de cumplir con su deber como registrador. Agregó que la trayectoria
laboral no permite presumir el dolo y que el procedimiento de desempate fue
transparente, pues «(…) se realizó con presencia de funcionarias de la
Registraduría, se levantó un acta y se tomó registro fotográfico, lo cual desvirtúa
cualquier intención oculta o maliciosa».
34. Reiteró que se lesionó el debido proceso por las irregularidades en el trámite
de la recusación, pues fue resuelta por los mismos delegados departamentales, en
lugar de remitirla al superior jerárquico para que se pronunciara. Esta situación fue
minimizada en la sentencia, pues simplemente se dijo que «decidieron negarla al
no encontrar probada causal alguna», pese a que no eran los competentes para
ello.
35. Que la investigación se centró exclusivamente en encontrar elementos para
sancionarlo; de allí que la demandada restó trascendencia a pruebas y argumentos
cruciales de la defensa (inexistencia de comisión escrutadora, urgencia y
obligatoriedad de responder la petición del Concejo y las declaraciones de las
funcionarias que participaron en el procedimiento de desempate). Por su parte, la
sentencia no controvirtió la legalidad del trámite llevado a cabo; solo dijo que las
servidoras actuaron bajo orden del Registrador y que no hubo presencia de otras
autoridades.
36. Insistió en que se lesionó el derecho a la no autoincriminación en el trámite de
la versión libre y en que la sanción impuesta resultó desproporcionada, pues no se
consideraron las circunstancias atenuantes, la ausencia de un daño real y la
complejidad del supuesto fáctico.
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TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
37. El 1 de agosto de 20256 fue admitido el recurso de apelación. En esta
providencia se dispuso que dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la
decisión el proceso ingresaría a Despacho para sentencia, salvo que las partes
presentaran solicitud probatoria y se indicó que el Ministerio Público podía emitir su
concepto hasta antes de que el proceso ingresara a Despacho.
38. La procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado7 solicitó
confirmar la sentencia, pues considera que no existe un vacío en cuanto a la
procedencia de aplicar el artículo 183 del Código Electoral para dirimir empates que
surjan después de declarada la elección, en la medida en que la disposición debe
leerse con otras, como el artículo 150 de la misma normativa, el artículo 3 de la Ley
85 de 1981 y el artículo 26 de la Ley 96 de 1985. En ese marco, corresponde a los
tribunales superiores del distrito judicial, en sala plena, la designación de las
comisiones escrutadoras distritales y municipales.
39. Que las comisiones escrutadoras tienen por función el proceso de
clasificación, conteo, verificación y consolidación de los votos, cuyo resultado se
plasma en las actas de escrutinio; además, el Decreto 2241 de 1986 dispone entre
las funciones del registrador municipal la de actuar como secretario de la comisión
escrutadora; de manera que no corresponde al ámbito de competencias de este
funcionario la de dirimir empates entre candidatos y menos la de conformar
comisiones con tal finalidad.
40. Que las pruebas fueron valoradas de manera integral, la calificación de la falta
se realizó de acuerdo con las exigencias de las normas disciplinarias y la
estructuración del dolo se fundamentó en lo acreditado en el trámite sancionatorio.
Finalmente, la sanción resultó proporcional y razonable, pues corresponde a
aquellas que la normativa consagra para las faltas gravísimas ejecutadas con dolo
o culpa gravísima.
41. Las partes guardaron silencio.
42. Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
43. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia apelada debe revocarse y,
en su lugar, es procedente declarar la nulidad de los actos demandados, pues, en
términos del apelante, en su expedición se incurrió en irregularidades en cuanto a
los elementos estructurales de la responsabilidad disciplinaria y se lesionó el
derecho al debido proceso, porque no se tramitó en debida forma una solicitud de
recusación y se valoraron en forma indebida las pruebas.
44. Con este fin, la providencia se referirá al desconocimiento del debido proceso
por indebida valoración probatoria como causal de nulidad de los actos
6 Véase índice 00004 de SAMAI.
7 Véase índice 00010 de SAMAI.
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administrativos, a la estructura de la responsabilidad disciplinaria y abordará el caso
concreto.
Nulidad del acto administrativo por desconocimiento del debido proceso
45. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, los
actos administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos por
la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción parte del
cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su expedición,
relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versa,
la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento
de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la
materia de que trate.
46. En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los
artículos 1378 y 1389 de la Ley 1437 de 2011, regulan los supuestos bajo los cuales
es posible perseguir la declaratoria de su nulidad, pretensión que puede promoverse
cuando se advierte que el acto administrativo i) se ha expedido con infracción de las
normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia; iii) en forma
irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante
falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.
47. Además, la jurisprudencia ha señalado que es posible perseguir la nulidad de
un acto cuando se advierta la vulneración sustancial del derecho al debido proceso,
teniendo en cuenta que el artículo 29 constitucional dispone que esta garantía se
aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e
implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias
de cada juicio.
48. Esta Corporación ha precisado que el debido proceso, además de constituir
un límite al ejercicio del poder público, es un mecanismo para proteger los derechos
de los ciudadanos y, en el ámbito administrativo, implica el deber de los agentes del
Estado de aplicar los procedimientos legalmente establecidos en el curso de
cualquier actuación administrativa, de tal manera que quienes puedan resultar
afectados con sus decisiones cuenten con las garantías procedimentales y
sustanciales que les brinda el ordenamiento jurídico10.
49. En atención a lo anterior, para determinar si hay lugar a declarar la nulidad por
su desconocimiento, se examinan elementos formales y sustanciales en la
formación del acto administrativo que repercuten en la garantía que consagra el
artículo 29 constitucional: a) en la perspectiva formal, (i) que la actuación se
adelante por el competente, (ii) que permita la participación activa de todos los
interesados; (iii) que estos sean escuchados durante el trámite; (iv) que no existan
dilaciones injustificadas; (v) que los interesados puedan aportar, solicitar y
controvertir pruebas; (vi) que las decisiones que se profieran se notifiquen en debida
8 Del medio de control de nulidad.
9 Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
10 Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-
33-000-2014-02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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forma y que se dé el trámite oportuno cuando las decisiones sean impugnadas 11; y
b) en sentido sustancial, (vi) que la autoridad aplique el principio de favorabilidad
siempre que sea pertinente; (vii) que durante el trámite de la actuación el investigado
se presuma inocente.
50. La Corte Constitucional ha señalado que la vulneración sustancial del derecho
al debido proceso12 puede predicarse tanto de las providencias judiciales como de
los actos administrativos y que esta se concreta en los distintos defectos
identificados por la jurisprudencia constitucional: (i) orgánico (falta de competencia
de la autoridad que lo expide); (ii) procedimental absoluto (la actuación se adelantó
al margen del procedimiento); (iii) fáctico (absoluto desconocimiento de lo probado
en el trámite); (iv) material o sustantivo (la autoridad aplicó normas inexistentes,
inconstitucionales, ilegales o que no resultaban aplicables al caso concreto o que
se interpretaron de una manera irrazonable) (v) error inducido o vía de hecho por
consecuencia (se adoptó una decisión contraria a derecho por causa de la actuación
engañosa de un tercero); (vi) falta de motivación (el acto no expresó las razones
fácticas y jurídicas que lo fundamentaban); (vii) desconocimiento del precedente
constitucional vinculante; y (viii) violación directa de la Constitución13.
51. En todos los supuestos de desconocimiento del debido proceso subyace la
aplicación de los principios estructurales de la actividad sancionatoria, en especial,
el in dubio pro disciplinado, que materializa la idea según la cual toda duda que surja
en la actuación disciplinaria debe resolverse en favor del servidor implicado; lo que,
a su vez, es consecuencia de que la carga probatoria en los procedimientos de esta
naturaleza le corresponda al Estado.
52. En especial, el defecto fáctico –que se configura cuando se valora una prueba
de manera irracional o caprichosa, se analizan medios de prueba que se debieron
omitir o se desconocen las reglas de la sana crítica14– puede llevar al operador
disciplinario a la expedición de actos administrativos sin el cumplimiento del
presupuesto procedimental para la imposición de una sanción: la certeza, más allá
de toda duda razonable, de la existencia de la falta disciplinaria y de la
responsabilidad del investigado.
53. Lo anterior se encuentra directamente relacionado con la presunción de
inocencia, arista del derecho al debido proceso según la cual «[t]oda persona se
11 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2014. Exp. 05001-23-31-000-2000-02324-
01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.
12 Cabe destacar que esta Corporación ha precisado que la irregularidad que vicia el acto administrativo es la
sustancial, en línea con lo señalado por la Corte Constitucional: «Una irregularidad acaecida en el curso de un
procedimiento administrativo se considera como sustancial, cuando incide en la decisión de fondo que culmina
con la actuación administrativa, contrariando los derechos fundamentales del administrado, es decir, que de no
haber existido tal irregularidad, el acto administrativo que define la situación jurídica debatida hubiese tenido un
sentido sustancialmente diferente. Por el contrario las irregularidades o vicios, que no afectan el fondo del asunto
discutido, esto es, que de no haber ocurrido, la decisión definitiva hubiese sido en igual sentido, no tienen la
relevancia para generar la nulidad del mismo, pues esto no desconoce la finalidad del debido proceso
administrativo, es decir, la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos» Cfr. Consejo de
Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-33-000-2014-
02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
13 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y Sentencia T-076
de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y, analizados como causales específicas de la acción de tutela contra
providencias, cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-453 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
14 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-117 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
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presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable»15 y de
la que hace eco la normativa disciplinaria aplicable al demandante, pues el artículo
9 de la Ley 734 de 2002 dispone que «[a] quien se atribuya una falta disciplinaria se
presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado.
Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado
cuando no haya modo de eliminarla», en tanto el artículo 142 de la Ley 734 de 2002
señala que «[n]o se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso
prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la
responsabilidad del investigado».
54. En otras palabras: en materia sancionatoria disciplinaria la presunción de
inocencia tiene influencia directa en la carga de la prueba e impacta el principio in
dubio pro disciplinado, pues corresponde a quien ostenta el poder punitivo
encaminar su despliegue probatorio a desvirtuar la presunción y si, examinadas las
pruebas existen dudas sobre la responsabilidad, la decisión solo puede ser
absolutoria16.
Estructura de la responsabilidad disciplinaria
55. De conformidad con el artículo 27 de la Ley 734 de 2002, «las faltas
disciplinarias se realizan por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes
propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus
funciones». La disposición también prevé que «[c]uando se tiene el deber jurídico
de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a producirlo». De
esta forma, el alcance disciplinario de un comportamiento puede provenir, en
términos amplios (i) de una conducta positiva, (ii) de una abstención o (iii) de la
extralimitación en el ejercicio de las funciones17.
56. Advertido que bajo alguna de las formas señaladas se ha incurrido en un
comportamiento con incidencia disciplinaria, a continuación, el régimen normativo
exige el examen de tres elementos: la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad.
57. El primero, íntimamente relacionado con el principio de legalidad contenido en
el artículo 4 de la Ley 734 de 2002, se refiere a que el comportamiento efectivamente
se consagre en las disposiciones aplicables como una falta disciplinaria; el segundo
exige que se evalúe si la conducta afecta el deber funcional sin justificación alguna,
15 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-289 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. En relación con la
presunción de inocencia, señaló: «[s]ignifica que cualquier persona es inicial y esencialmente inocente,
partiendo del supuesto de que sólo se puede declarar responsable al acusado al término de un proceso en el
que deba estar rodeado de las plenas garantías procesales y se le haya demostrado su culpabilidad».
16 Sobre el alcance de la presunción de inocencia, cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-289-2012. M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto: «La presunción de inocencia ‘se constituye en regla básica sobre la carga de la
prueba’ de acuerdo con la cual ‘corresponde siempre a la organización estatal la carga de probar que una
persona es responsable de un delito (…) lo que se conoce como principio onus probandi incumbit actori. La
actividad probatoria que despliegue el organismo investigador debe entonces encaminarse a destruir la
presunción de inocencia de que goza el acusado, a producir una prueba que respete las exigencias legales para
su producción, de manera suficiente y racional, en el sentido de acomodarse a la experiencia y la sana crítica.
Así pues, no le incumbe al acusado desplegar ninguna actividad a fin de demostrar su inocencia, lo que
conduciría a exigirle la demostración de un hecho negativo, pues por el contrario es el acusador el que debe
demostrarle su culpabilidad’».
17 Al respecto, cfr. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Providencia del 28 de septiembre de
2006. Radicado 11001-03-06-000-2006-00105-00 (C). Consejero Ponente: Luis Fernando Álvarez Jaramillo: «El
legislador identificó los tipos de conducta que pueden llevar a un servidor público a incurrir en faltas
disciplinarias, al señalar en el artículo 27 de la Ley 734 de 2002, que éstas se presentan por acción u omisión
en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de
sus funciones».
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lo que para el caso concreto corresponde al alcance del artículo 5 del Código
Disciplinario Único18; el tercero tiene que ver con la proscripción de responsabilidad
objetiva en materia disciplinaria19 y se concreta en la exigencia, para el operador
disciplinario, de analizar si ese comportamiento que la norma aplicable consagra
como falta disciplinaria, con el cual se lesionó un deber funcional sin justificación
alguna, se ejecutó de manera dolosa o culposa.
58. Si bien las disposiciones disciplinarias del régimen aplicable al demandante no
contienen una noción de dolo, en virtud del principio de integración normativa del
que trata el artículo 21 de la Ley 734 de 2002, es posible acudir al sentido de dolo
consagrado en el artículo 22 de la Ley 599 de 2000, según el cual «[l]a conducta es
dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal
[entiéndase disciplinaria] y quiere su realización. También será dolosa la conducta
cuando la realización de la infracción penal [entiéndase disciplinaria] ha sido
prevista como probable y su no producción se deja librada al azar» (corchetes fuera
del texto original).
59. Por su parte, el parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002 contiene un
sentido para la culpa en sus formas gravísima y grave. Según esta disposición, la
culpa es gravísima cuando «(…) se incurra en falta disciplinaria por ignorancia
supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio
cumplimiento» y es grave «(…) cuando se incurra en falta disciplinaria por
inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a
sus actuaciones».
60. En términos generales, ambas formas de culpabilidad requieren, para su
configuración, del conocimiento que el servidor público tiene acerca de cumplir
adecuadamente sus funciones y de aquellas actuaciones que le están proscritas.
Ahora, para concluir que un comportamiento es doloso, hay que sumar a ese
conocimiento un elemento volitivo, que tiene que ver con un direccionamiento
consciente a la obtención de un resultado que contraríe los deberes o configure una
prohibición o, con la decisión de dejar librado al azar la producción de un resultado
contrario a derecho.
61. Ahora bien, para concluir que un comportamiento es culposo es necesario
validar que con la actuación se desatendió el deber objetivo de cuidado, esto es,
que, estando un servidor público en posibilidad de conocer los deberes y
prohibiciones propios de su cargo o función, actuó de manera negligente y, en
consecuencia, se configuró la conducta disciplinable20.
Caso concreto
62. El apelante insistió en varios aspectos debatidos en sede disciplinaria, que a
su vez integraron los cargos de nulidad formulados en contra de los actos
18 Ley 734 de 2001. «Artículo 4. Ilicitud sustancial. La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin
justificación alguna».
19 Ley 734 de 2002. «Artículo 13. Culpabilidad. En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de
responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa».
20 Sobre el análisis del dolo y la culpa disciplinarias, cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencia del 24 de enero de 2019. Radicado 11001-03-25-000-2012-00340-00 (1338-2012). Consejero
Ponente: William Hernández Gómez.
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sancionatorios. Se refirió de nuevo a la indebida adecuación típica, también
manifestó que no se lesionó de forma sustancial el deber funcional y agregó que la
autoridad disciplinaria no acreditó el dolo en su comportamiento.
63. Estos puntos implican la necesidad de referirse a los elementos que
estructuran la responsabilidad disciplinaria. Desde ya se anuncia que, para la Sala,
tales reproches no tienen vocación de prosperidad, pues cabe advertir que la
demandada contó con los elementos de juicio suficientes para sancionar al señor
Ledezma Rentería; mientras que en la sentencia apelada se analizó de manera
integral la actuación y no se advirtieron vicios formales ni sustanciales en el
procedimiento que concluyó con la expedición de los actos demandados.
64. En este punto, se recuerda que el juicio de tipicidad exige que la conducta que
se reprocha a un servidor público esté prevista en el ordenamiento como una falta
disciplinaria, bien sea de aquellas que de manera taxativa señala el artículo 48 de
la Ley 734 de 2002, o que se trate de las que, bajo la categoría de los tipos abiertos
o en blanco, se deban complementar por remisión a otras disposiciones legales o
reglamentarias.
65. La demandada determinó –provisionalmente en el pliego de cargos y luego de
manera definitiva en los actos demandados– que el señor Ledezma Rentería
incurrió en una falta disciplinaria de naturaleza gravísima; concretamente, la
señalada en el artículo 48.1 de la Ley 734 de 2002, complementada con el artículo
413 de la Ley 599 de 2000, que se refiere al tipo penal de prevaricato. Para mayor
ilustración, se cita el contenido de las disposiciones invocadas por la autoridad
disciplinaria:
• Como fuente de la extralimitación en el ejercicio de las funciones, se acudió al
artículo 23 de la Ley 734 de 2002:
«Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de
la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o
comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de
deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones
y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y
conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de
exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente
ordenamiento» (subrayas de la Sala).
• Se imputó la falta gravísima del artículo 48.1 de la misma ley:
«Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley cómo delito
sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o cómo
consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo».
• El tipo disciplinario se complementó con el artículo 413 de la Ley 599 de 2000
«Prevaricato por acción. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. El servidor
público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario
a la ley, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro
(144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos
(300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y
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cuatro (144) meses».
66. Lo anterior, porque en su calidad de registrador municipal del Carmen de
Atrato, se extralimitó en el ejercicio de sus funciones y llevó a cabo un procedimiento
para desempatar a dos candidatos al Concejo Municipal por el partido Cambio
Radical, luego de lo cual expidió la certificación que declaraba como ganador a uno
de ellos.
67. Significa lo anterior que, en la formulación de cargos, se reprochó al
demandante un comportamiento compuesto (la realización del procedimiento de
desempate, para el cual conformó una «comisión escrutadora» y la expedición de
la certificación del «ganador»), cuya acreditación se sustentó en los siguientes
medios de prueba:
• El formulario E24 CON, de las elecciones llevadas a cabo el 25 de octubre de
2015, que consignó el total de votos por mesa para los señores Gloria Margarita
Taborda Marín y Ramiro de Jesús Giraldo Henao21.
• El formulario E26 CON, que contenía los resultados del escrutinio de las
elecciones al Concejo22.
• El acta general de escrutinio de las elecciones para autoridades locales, del 25
de octubre de 201523.
• Una comunicación del 6 de agosto de 2018, mediante la cual la presidenta del
Concejo Municipal para esa vigencia solicitó al registrador que informara quién
seguía en la lista del Partido Cambio Radical, porque se requería ocupar la
vacante generada por la renuncia del concejal Dawinson Restrepo Sánchez24.
• La certificación del 8 de agosto de 2018, en la cual el registrador municipal
informó que el señor Carlos Julio Álvarez Soto era el siguiente en la lista del
partido Cambio Radical25.
• Una comunicación del 24 de agosto de 2018, mediante la cual la presidenta del
Concejo Municipal del Carmen de Atrato solicitó al registrador municipal que le
informara quién continuaba en la lista del Partido Cambio Radical, pues era
necesario proveer la vacante del Concejal Dawinson Restrepo Sánchez y el
señor Carlos Julio Álvarez Soto, quien quedó en segundo lugar, informó que no
era posible tomarla26.
21 Véanse páginas 15-16 del archivo «26_CONTESTACION_CONTESTACI_EXPEDIENETEDISCIPLI» del
expediente digital.
22 Véanse páginas 17 a 19 del archivo «26_CONTESTACION_CONTESTACI_EXPEDIENETEDISCIPLI» del
expediente digital.
23 Véanse páginas 20 a 30 del archivo «26_CONTESTACION_CONTESTACI_EXPEDIENETEDISCIPLI» del
expediente digita.
24 Véanse páginas 23-24 del archivo «21_CONTESTACION_CONTESTACI_EXPEDIANTEHOMERO_1» del
expediente digital.
25 Véase página 27 del archivo 21_CONTESTACION_CONTESTACI_EXPEDIANTEHOMERO_1» del
expediente digital.
26 Véanse páginas 1-2 del archivo « 21_CONTESTACION_CONTESTACI_EXPEDIANTEHOMERO_1» y
páginas 13 y 22 del archivo «21_CONTESTACION_CONTESTACI_EXPEDIANTEHOMERO_1» del expediente
digital.
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• Una certificación del 24 de agosto de 2018, expedida por el señor Jesús Homero
Ledezma Rentería, registrador municipal del Carmen de Atrato, con el siguiente
contenido ((sic) en toda la cita):
«El suscrito Registrador Municipal del Estado Civil, en honor y mérito a la verdad
y a solicitud escrita del Honorable Concejo Municipal:
CERTIFICA:
Que el Señor RAMIRO DE JESÚS GIRALDO HENAO es quien continúa en la
lista del Partido Cambio Radical, según el formulario E26 que muestra los
resultados de escrutinio municipal para las Elecciones de Concejo realizadas el
día 25 de octubre del año 2015, relacionando los votos para cada uno de los
candidatos de este partido; siendo este un formulario que reposa en los archivos
físicos de esta oficina» (negrillas y mayúsculas en el original)27.
• La comunicación del 14 de septiembre de 2018, mediante la cual el registrador
municipal del Carmen de Atrato, Jesús Homero Ledezma Rentería, le informó a
la señora Gloria Margarita Taborda Marín, en respuesta a dos derechos de
petición formulados por aquella, que «Así las cosas y haciendo observancia de
lo establecido en la norma [en referencia al artículo 183 del Código Electoral], se
realizó el procedimiento en esta oficina, quiero aclarar que para tal acción no se
requiere convocar a ninguna entidad o veeduría, menos levantar actas, puesto
como lo describe el Art. En (sic) mención cuando existe empate la elección se
decide a la suerte»28.
• Una comunicación del 28 de junio de 2019, mediante la cual el presidente del
Concejo Municipal para la vigencia 2019 informó a la autoridad disciplinaria que
el registrador no comunicó a dicha Corporación que existía un empate entre los
señores Ramiro de Jesús Giraldo Henao y Gloria Margaria Taborda Marín29.
• La ampliación de la queja formulada por la señora Gloria Margarita Taborda
Marín, quien manifestó que se encontraba inconforme con el procedimiento
adelantado por el registrador municipal,
«(…) pues no he encontrado soporte normativo que pueda dar fe que el
procedimiento realizado por este está acorde a la ley; el señor en mención
mando (sic) al concejo municipal un certificado nombrando al señor Ramiro
Giraldo sin tener en cuenta que seguía Yo (sic) y no este, y sin un proceso de
desempate transparente, pues no fue realizado con las partes involucrada y
tengo entendido que el proceso de desempate tampoco era de su competencia.
Al realizar la solicitud verbal de que me explicara la situación, el señor Jesús
Homero, su actitud en grosera y poco profesional (sic)»30.
• Las declaraciones juramentadas de:
• Yolima Carolina Jiménez Rueda, quien relató que participó en el proceso de sorteo
27 Véase página 11 del archivo « 20_CONTESTACION_CONTESTACI_EXPEDIANTEHOMERO_1» y páginas
14 y 30 del archivo « 21_CONTESTACION_CONTESTACI_EXPEDIANTEHOMERO_1» del expediente digital.
28 Véanse páginas 13-14 del archivo «26_CONTESTACION_CONTESTACI_EXPEDIENETEDISCIPLI» y
páginas 3 y 30-31 del archivo «21_CONTESTACION_CONTESTACI_EXPEDIANTEHOMERO_1», del
expediente digital.
29 Véanse páginas 11-12 del archivo «21_CONTESTACION_CONTESTACI_EXPEDIANTEHOMERO_1» del
expediente digital.
30 Véase página 9 del archivo «21_CONTESTACION_CONTESTACI_EXPEDIANTEHOMERO_1» del
expediente digital.
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para dirimir el empate entre los señores Ramiro de Jesús Giraldo Henao y Gloria
Margarita Taborda Marín y que este se llevó a cabo con las delegadas electorales
vinculadas como auxiliares de servicios generales Diana María Tuberquia y July
Sánchez; además de Diana Tirado, quien tomó registro fotográfico. Dijo que
actuaron por instrucción del registrador municipal, quien manifestó que la diligencia
se llevaba de acuerdo con el artículo 183 del Código Electoral. Que este sorteo no
fue vigilado por ninguna autoridad, ni estuvieron presentes los candidatos
empatados31.
• Diana María Tuberquia Restrepo, quien también participó en el sorteo referido,
puntualmente, fue quien extrajo la «balota» ganadora, y dijo que este se llevó a cabo
por directriz del registrador municipal, sin presencia de ninguna autoridad ni de los
candidatos32.
• Diana Tirado Machado, a quien el 24 de agosto de 2018 participó en el pluricitado
sorteo, pues le correspondió la toma de evidencias fotográficas. Precisó que el
registrador le impartió a Yolima Jiménez, la secretaria, que adelantara el
procedimiento y que, a su vez, dicha funcionaria le solicitó apoyo con el
levantamiento de evidencias. Reiteró que ninguna autoridad estuvo presente y que
los candidatos empatados tampoco33.
• July Sánchez Zuleta, quien, en términos similares, relató que la instrucción fue
impartida por el registrador a su secretaria Yolima Jiménez y que no estuvieron
presentes los candidatos ni alguna autoridad municipal distinta de los funcionarios
de la Registraduría34.
68. La valoración integral de tales medios de prueba llevó a advertir que el 24 de
agosto de 2018, en las instalaciones de la Registraduría del Carmen de Atrato, por
instrucción del demandante, las funcionarias ya mencionadas llevaron a cabo un
procedimiento para «desempatar» a dos candidatos al Concejo Municipal, pues se
requería ocupar una vacante. Culminada tal actuación, el señor Ledezma Rentería
expidió un documento con el fin de certificar, a instancias del Concejo, quién seguía
en el orden de la lista por el partido Cambio Radical.
69. Esta conducta se reprochó porque el registrador se extralimitó en el ejercicio
de sus funciones, pues, en materia electoral, no tenía la competencia de conformar
una comisión escrutadora ni de certificar al ganador del procedimiento de
desempate. Esto, porque de conformidad con el artículo 183 del Decreto 2241 de
1986, «Por el cual se expide el código electoral», es función de la comisión
escrutadora dirimir los empates que se puedan presentar entre candidatos, en los
siguientes términos:
«Si el número de votos a favor de dos (2) o más candidatos o listas fuere igual,
la elección se decidirá a la suerte, para lo cual, colocadas en una urna las
papeletas con los nombres de los candidatos o de quienes encabezan las listas
que hubiesen obtenido Igual número de votos, un ciudadano designado por la
corporación escrutadora extraerá de la urna una de las papeletas. El nombre
31 Véanse páginas 29-30 del archivo «23_CONTESTACION_CONTESTACI_EXPEDIANTEHOMERO_1» del
expediente digital.
32 Véanse páginas 31-32 del archivo «23_CONTESTACION_CONTESTACI_EXPEDIANTEHOMERO_1» del
expediente digital.
33 Véanse páginas 33-34 del archivo «23_CONTESTACION_CONTESTACI_EXPEDIANTEHOMERO_1» del
expediente digital.
34 Según se expone en la relación de pruebas de las decisiones cuestionadas.
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que ésta contuviere será el del candidato o lista a cuyo favor se declara la
elección».
70. La misma normativa prevé, en el artículo 48, que al registrador municipal le
competen las siguientes funciones:
«1. Disponer la preparación de cédulas y tarjetas de identidad, atender las
solicitudes de duplicados, rectificaciones, correcciones, renovaciones,
impugnaciones y cancelaciones de esos documentos y ordenar las
inscripciones de cédulas;
2. Atender la preparación y realización de las elecciones;
3. Nombrar los jurados de votación;
4. Reemplazar a los jurados de votación que no concurran a desempeñar sus
funciones, abandonen el cargo o lo ejerzan sin la imparcialidad o corrección
debidas así como a los que estén impedidos para ejercer el cargo;
5. Sancionar con multas a los jurados de votación en los casos señalados en el
presente código;
6. Nombrar para el día de las elecciones, en las ciudades donde funcionen más
de veinte (20) mesas de votación, visitadores de mesas con facultad de
reemplazar a los jurados que no concurran a desempeñar sus funciones o
abandone el cargo. Estos visitadores tomarán posesión ante el Registrador
Municipal y reclamarán el concurso de la fuerza pública para tales efectos;
7. Transmitir el día mismo de las elecciones, conjuntamente con otro de los
claveros, por lo menos, al Registrador Nacional del Estado Civil, al Ministro de
Gobierno, a los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil y al
respectivo Gobernador, Intendente o Comisario, los resultados de las
votaciones y publicarlos;
8. Actuar como clavero del arca triclave que estará bajo su custodia y como
secretario de la comisión escrutadora;
9. Conducir y entregar personalmente a los delegados del Registrador Nacional
los documentos que las comisiones escrutadoras hayan tenido presentes y las
actas de escrutinio levantadas por éstas;
10. Recibir y entregar bajo inventario los elementos de oficina, y
11. Las demás que les asignen el Registrador Nacional del Estado Civil o sus
delegados» (subrayas de la Sala).
71. El apelante manifestó que sus funciones no son taxativas y que realizó una
interpretación analógica de las disposiciones en materia electoral para brindar una
respuesta de fondo y oportuna a la solicitud del Concejo Municipal; por lo cual, a su
juicio, no se configuró la conducta por la que fue disciplinado.
72. Tal argumento no es de recibo para la Sala, pues aceptar lo anterior implicaría
desconocer el alcance del principio de legalidad en el contexto de los servidores
públicos, pues cabe recordar que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución
Política «[l]os particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir
la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por
omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones» (subrayas de la Sala), lo
que significa que desde esta normativa se establece un límite conforme al cual los
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servidores públicos tienen proscrito exceder en sus actuaciones las funciones que
les son conferidas.
73. Ahora, que el numeral 11 del artículo 48 del Código Electoral haga referencia
a que los registradores municipales tienen como funciones «las demás que les
asignen el Registrador Nacional del Estado Civil o sus delegados» solo significa que
por disposición de tales autoridades al servidor se le podrían encomendar otras
tareas, pero no lo habilita para que motu proprio se asigne una función. Ello,
contrario a lo afirmado por el apelante, no quiere decir que la autoridad disciplinaria
debió determinar en los actos acusados quién era el competente para dirimir el
desempate; sino que esa situación especial no podía solucionarse con una
«interpretación analógica» de las normas electorales para atribuirse una función que
no le correspondía.
74. Tampoco podría aceptarse que se actuara por fuera de las funciones so
pretexto de atender una solicitud, pues cabe recordar que la respuesta oportuna a
una petición puede tener distintas manifestaciones; en el caso específico, lo
esperado –y que, de hecho, se analizó bajo la forma de la antijuridicidad del
comportamiento– era que el señor Ledezma Rentería informase al Concejo que
existía el ya referido empate y que, ante la ausencia de claridad respecto de cómo
proceder, elevaría las consultas pertinentes.
75. Contrario a ello, las pruebas recaudadas dan cuenta de que impartió a sus
subalternas la instrucción de realizar el sorteo, con lo cual dejó de lado que de
conformidad con el artículo 157 del Código Electoral es a los tribunales superiores
del distrito judicial a quienes les compete designar las comisiones escrutadoras 35,
órganos ad hoc que, como se dijo, son los encargados de dirimir los empates entre
candidatos y de los cuales el registrador distrital o municipal actúa como secretario.
76. Además, concluido el procedimiento que las funcionarias de la Registraduría
del Carmen de Atrato llevaron a cabo, el señor Ledezma Rentería expidió la
certificación del 24 de agosto de 2018, en la cual indicó al Concejo de ese municipio
que el señor Ramiro de Jesús Giraldo Henao era quien seguía en lista para ocupar
la curul del partido Cambio Radical, que se generó por una renuncia.
77. Estas situaciones dan cuenta de que el demandante se extralimitó en el
ejercicio de sus funciones y de que, al cabo del «desempate», expidió un acto
manifiestamente contrario a la realidad, supuesto constitutivo del prevaricato que le
fue endilgado como falta disciplinaria gravísima, pues la determinación del tercer
candidato en la lista por el partido político referenciado tuvo lugar por la vía de un
procedimiento inexistente y para cuyo despliegue no se había facultado al
registrador municipal.
35 Decreto 2241 de 1986. «Artículo 157. Diez (10) días antes de las correspondientes elecciones, los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial deberán designar, en Sala Plena, las comisiones escrutadoras distritales y
municipales formadas por dos (2) ciudadanos de distinta filiación política, que sean jueces, notarios o
registradores de instrumentos públicos en el respectivo distrito judicial.
Los términos se suspenderán en los despachos de los jueces designados durante el tiempo en que cumplan su
comisión de escrutadores.
Si fueren insuficientes los jueces, notarios o registradores de instrumentos públicos para integrar las comisiones
escrutadoras, los Tribunales Superiores las complementaran con personas de reconocida honorabilidad.
Los Registradores Distritales y Municipales actuarán como secretarios de las comisiones escrutadoras».
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78. De esta forma, los reproches dirigidos a cuestionar la adecuación típica del
comportamiento no están llamados a prosperar.
79. Ahora bien, respecto de la ilicitud sustancial es necesario recordar que el
artículo 5 de la Ley 734 de 2002 exige, para que un comportamiento sea
sustancialmente ilícito, la concreción de dos elementos: un deber funcional afectado
y la ausencia de una justificación para ello. A su vez, la jurisprudencia de esta
Corporación ha destacado que el deber funcional se compone de tres elementos:
(i) las funciones propias del cargo, (ii) la obligación de actuar acorde con la
Constitución y la ley; y (iii) la garantía de una adecuada representación del Estado,
por lo cual la infracción que demanda la normativa disciplinaria solo tiene lugar
cuando se ejecuta un comportamiento capaz de menoscabar cualquiera de esas
dimensiones36, sumado a que no se cuente con una justificación para ello.
80. En el trámite disciplinario se encontró que la antijuridicidad del comportamiento
provino, precisamente, de la extralimitación en el ejercicio de las funciones que tenía
asignadas y, por esa vía, su actuación riñó con el adecuado ejercicio de la función
pública, en la medida en que incumplió los principios de moralidad, fe pública y
legalidad. Consideraciones que, para la Sala se adecúan a lo que la normativa
disciplinaria exige de la ilicitud sustancial y que, como se vio, se soportaron en la
valoración de los medios de prueba documentales y testimoniales ya referenciados.
81. De nuevo: la obligación constitucional y legal de responder de fondo a la
solicitud elevada por la presidenta del Concejo no podía emplearse como
fundamento para actuar por fuera de las competencias, ni constituye razón para
concluir que debía exonerarse de responsabilidad disciplinaria, justamente porque,
en los términos analizados por la demandada, bien podría haber puesto en
conocimiento del órgano colegiado la existencia del empate, la ausencia de
facultades para dirimirlo y elevar las consultas que fueran del caso.
82. Respecto del juicio de culpabilidad, la autoridad encontró que el
comportamiento ejecutado por el entonces investigado se habría desplegado a título
de dolo, elemento sobre el cual la Sala no encuentra prosperidad en los reparos
formulados. Es cierto que la sola experiencia laboral no puede servir de fundamento
para determinar los elementos cognoscitivo y volitivo que existe esta forma subjetiva
de la responsabilidad.
83. Pero el análisis realizado por la demandada no se limitó a ello, sino que valoró
en conjunto: (i) la conducta que le era exigible, en su condición de registrador
municipal; (ii) el conocimiento de la situación típica que se podía derivar de
desplegar una actuación no prevista dentro de las funciones que tenía
encomendadas y (iii) la conciencia de la ilicitud, reflejada en el actuar deliberado de
apartarse de sus deberes funcionales y materializada en la realización de
procedimiento de desempate y posterior certificación del «ganador».
84. No podría aceptarse la ausencia de dolo a partir de la «publicidad» del
36 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 31 de enero de 2018. Exp. 11001-03-25-
000-2012-00679-00 (2360-2012). C.P. Cesar Palomino Cortés. En similar sentido: Consejo de Estado. Sección
Segunda. Subsección A. Sentencia del 12 de mayo de 2014. Exp. 11001-03-25-000-2011-00268-00 (0947-
2011). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
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procedimiento de desempate, conforme lo alegó el apelante, pues el núcleo del
reproche disciplinario no es ese, sino la extralimitación deliberada y consciente en
el ejercicio de sus funciones, materializada en el ejercicio de competencias no
asignadas y en la expedición de una certificación contraria a la realidad,
irregularidades que no se convalidan con la existencia de soportes de su actuación
ni con la ratificación de que sus subalternas participaron en ella.
85. En cuanto a la valoración probatoria, se insiste en que la autoridad analizó los
documentos y testimonios en línea con las reglas de la sana crítica y, con ello,
encontró que el señor Ledezma Rentería incurrió en el comportamiento que se le
reprochó. No encuentra la Sala que se hubiesen pasado por alto los argumentos de
defensa entonces expuestos por el investigado; solo que estos no bastaron para
exonerarlo de responsabilidad.
86. En esa medida, la demandada no pasó por alto la inexistencia de la comisión
escrutadora, ni el deber de atender la solicitud, ni se dejaron de valorar las
declaraciones de las funcionarias de la registraduría. Estos elementos no llevaron a
una decisión absolutoria precisamente porque lo primero no podía resolverse con la
conformación ad hoc de una comisión escrutadora por parte del registrador
municipal; lo segundo no habilitaba al demandante para crearse una función ni
expedir una certificación con datos no correspondientes a la realidad; y lo tercero
permitió a la autoridad esclarecer precisamente las circunstancias en que se
desplegó el «sorteo» y la manera como este fue instruido por el demandante.
87. El apelante también insistió en que en la diligencia de versión libre se lesionó
el derecho a la no autoincriminación, porque fue exhortado a decir «la verdad y nada
más que la verdad». Respecto de este punto, la Sala comparte los argumentos con
fundamento en los cuales el Tribunal Administrativo del Chocó concluyó que de allí
no se derivaba ninguna irregularidad, fundamentalmente porque esta diligencia no
constituye un medio de prueba, sino un derecho del investigado y, en esa medida,
corresponde al relato libre y espontáneo que el funcionario vinculado a la actuación
sancionatoria decide realizar.
88. Además, en el caso del señor Ledezma Rentería es necesario destacar dos
aspectos que constan en el acta de su versión libre37:
• Que el personero municipal, comisionado para su recepción38, indicó previo
inicio de la diligencia: «Al investigado se le exhorta a decir la verdad y nada más
que la verdad, en aras de esclarecer los hechos que se investigan. Se le pone
de presente que esta versión la rinde sin la gravedad del juramento, que no está
obligado a declarar contra sí mismo, ni contra sus parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil» (subrayas de la
Sala).
• Que en la referida diligencia, el disciplinado estuvo acompañado por su
apoderado de confianza.
37 Véanse páginas 19 a 21 del archivo «21_CONTESTACION_CONTESTACI_EXPEDIANTEHOMERO_1» del
expediente digital.
38 Véanse páginas 15 a 18 del archivo «21_CONTESTACION_CONTESTACI_EXPEDIANTEHOMERO_1» del
expediente digital.
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89. De manera que si bien fue exhortado a decir la verdad, que no es más que una
invitación a que su relato se realizara acorde con la realidad39, lo cierto es que a
continuación se le puso de presente su derecho a no autoincriminarse. Además,
ante la presencia de su apoderado en la diligencia, lo esperado era que si este
advertía alguna lesión de las garantías de su representado interviniera; no obstante,
no se encuentra manifestación alguna en ese sentido.
90. Con todo, como lo precisó el Tribunal, la consecuencia de una eventual
irregularidad sería la exclusión de esta diligencia; lo que en todo caso no incide en
la legalidad de los actos que se estudian, pues no se trata de un medio de prueba
y, en esa medida, de ella no se derivó la responsabilidad disciplinaria.
91. En cuanto al reproche relacionado con el trámite impartido a la recusación que
el demandante formuló en contra de quienes debían resolver el recurso de apelación
en sede disciplinaria, la Sala encuentra que el 30 de julio de 2021 el entonces
apoderado del señor Ledezma Rentería radicó ante los delegados departamentales
de la Registraduría Nacional del Estado Civil un oficio que llevaba por asunto
«solicitud declararse impedidos», en el cual relataba distintas situaciones que, a su
juicio, comprometían la imparcialidad de los funcionarios40. Se refirió a presuntas
presiones para que su representado fuera destituido y a información que «escuchó»
respecto de que la decisión en el trámite disciplinario ya estaba adoptada, inclusive
antes de radicar el escrito de alegatos de conclusión.
92. El escrito se acompañó de un oficio de la misma fecha, elaborado por el señor
Ledezma Rentería, que llevaba por asunto «solicitud apartarse de mi caso por falta
de garantías», en el cual se relataban en idénticos términos las situaciones
expuestas por su apoderado41.
93. El 3 de agosto de 2021 los delegados departamentales respondieron tal
pedimento, en el sentido de indicar que no se declararían impedidos, pues las
situaciones relatadas no contaban con respaldo probatorio alguno, no se invocó
ninguna causal de impedimento ni se fundamentó jurídicamente42.
94. De manera que, contrario a lo afirmado por el apelante, los funcionarios sí
dieron respuesta a su solicitud, solo que esta no siguió el trámite previsto en el Título
III del Libro IV de la Ley 734 de 2002. Y no lo hizo porque, como lo expusieron los
delegados en su comunicación, el trámite de los impedimentos y recusaciones debe
partir de la posible configuración de alguna de las causales previstas en el artículo
84 de la misma normativa.
95. Por su parte, el artículo 86 dispone que cualquiera de los sujetos procesales
puede recursar al servidor que conoce de la actuación disciplinaria, «(…) con base
39 Exhortar significa «[i]ncitar a alguien a que haga o deje de hacer algo» y, como sinónimos de este término,
se encuentran inducir, animar, alentar, pedir, rogar, suplicar. Cfr. https://dle.rae.es/exhortar#HF79bWP. Fecha
de consulta: 05/08/2026.
40 Véanse páginas 4 a 6 del archivo «10DEMANDA.pdf», disponible en la carpeta «No asociado a cuaderno»
del expediente digital.
41 Véanse páginas 7 a 11 del archivo «10DEMANDA.pdf», disponible en la carpeta «No asociado a cuaderno»
del expediente digital.
42 Véanse páginas 12 a 14 del archivo «10DEMANDA.pdf», disponible en la carpeta «No asociado a cuaderno»
del expediente digital.
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en las causales a que se refiere el artículo 84 de esta ley. Al escrito de recusación
acompañara la prueba en que se funde» (subrayas de la Sala). De esa forma, al no
cumplir los oficios del 30 de julio de 2021 con tales requerimientos, el trámite que
se le impartió no fue el de las recusaciones (artículo 87 de la Ley 734 de 2002), sino
el de un derecho de petición y, en esos términos, se respondió de fondo.
96. Ahora, si se aceptara, en gracia de discusión, que tal determinación no podía
adoptarse por parte de los delegados departamentales, lo cierto es que se trataría
de una irregularidad procedimental, configurada en el desarrollo de un trámite
incidental, respecto de la cual no obra en el expediente prueba alguna de su
repercusión sustancial en la actuación disciplinaria, pues ningún elemento permite
advertir que si las peticiones del 30 de julio de 2021, junto con la respuesta del 3 de
agosto del mismo año se hubiesen remitido al superior de los funcionarios, la
decisión hubiese variado. Por el contrario, advertida la ausencia de los requisitos
para la formulación de una recusación, la decisión más probable habría sido la
negativa de separar a los delegados departamentales del conocimiento del asunto.
97. En síntesis, la Sala no encuentra deficiencias sustanciales en el proceso de
estructuración de la responsabilidad disciplinaria ni en la valoración probatoria
contenida en los actos demandados; razones suficientes para confirmar la sentencia
apelada.
De la condena en costas
98. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
99. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
100. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
101. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte
demandante, por cuanto se negarán las pretensiones del recurso de apelación. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Chocó.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR proferida el dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
por el Tribunal Administrativo del Chocó, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.
Segundo. CONDENAR en costas en esta instancia al demandante. Para el efecto,
de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo del Chocó.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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