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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 27001-23-33-000-2022-00103-01

Fecha
28 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 27001-23-33-000-2022-00103-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase la sentencia de 13 de octubre de 2022, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Chocó declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la motivación. 2º.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 27001-23-33-000-2022-00103-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

28 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Acción : Tutela (impugnación)
Expediente : 27001-23-33-000-2022-00103-011
Actores : Yisel, Yasaida y Daniela Palacios Córdoba; María
Ernestina y Jhon Weinmar Córdoba Serna, Jesús Danilo
Palacios Moreno, Teófilo Córdoba Moreno y Juan
Sebastián, Neider Josué y Alber Stiven Palacios Palacios
Demandado : Juez Primero (1º) Administrativo de Quibdó
Tema : Tutela contra providencia judicial; derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia

Procede la Sala a decidir las impugnaciones formuladas por los tutelantes y la
señora directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF)2 contra la sentencia de 13 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó, que declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1 La solicitud de amparo. Los señores Yisel, Yasaida y Daniela Palacios
Córdoba; María Ernestina y Jhon Weinmar Córdoba Serna, Jesús Danilo
Palacios Moreno, Teófilo Córdoba Moreno y Juan Sebastián, Neider Josué y
Alber Stiven Palacios Palacios, quienes actúan en nombre propio, presentan
acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
constitucionales fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia, presuntamente quebrantados por el señor Juez
Primero (1º) Administrativo de Quibdó.

Como consecuencia de lo anterior, piden se deje sin efectos el auto de 30 de
septiembre de 2022, mediante el cual el Juzgado Primero (1º) Administrativo
de Quibdó decidió el incidente de regulación de honorarios formulado por el
señor abogado Édgar Mosquera Gómez, quien los representó en el proceso de
reparación directa que promovieron contra el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) [expediente 27001-33-33-001-2014-00576-00]; en
su lugar, se ordene a las autoridades accionadas que emitan una nueva

1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.
2
En condición de tercera interesada.

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Actores: Yisel Palacios Córdoba y otros

providencia en la que fijen en «forma justa» lo que debe recibir el aludido
profesional del derecho como retribución por sus servicios.

1.2 Hechos. Relatan los accionantes que suscribieron contrato de prestación
de servicios con el señor abogado Édgar Mosquera Gómez, con la finalidad de
que instaurara demanda de reparación directa contra el ICBF3, y en el que se
pactó que este recibiría el 45% de la eventual condena, por lo que le
confirieron el respectivo poder especial, sin embargo, como la señora María
Ernestina Córdoba Serna no sabía leer ni escribir para esa época, él le ayudó a
firmarlo.

Que el asunto contencioso-administrativo fue desatado, en segunda instancia,
por el Tribunal Administrativo del Chocó4, en el sentido de acceder
parcialmente a las pretensiones ordinarias, no obstante, la suma que devengará
el mencionado profesional del derecho es casi igual al monto que les
corresponde como indemnización, situación por la que le revocaron el poder,
lo que produjo que aquel promoviera incidente de regulación de honorarios,
trámite en el que el 30 de septiembre de 2022 el Juzgado Primero (1º)
Administrativo de Quibdó determinó que debía concedérsele al apoderado el
porcentaje convenido en el negocio jurídico aludido en el párrafo precedente.

Dicen que la providencia cuestionada no advirtió que el monto fijado en el
contrato de prestación de servicios «es excesivamente alto», si se tiene en
cuenta que sufragaron el valor de «las copias» y no es habitual que se cobre el
45% como «cuota litis», máxime cuando el abogado no fue quien sufrió con el
hecho dañoso que motivó la demanda de reparación directa 27001-33-33-001-
2014-00576-00.

1.3 Contestaciones de la acción.

1.3.1 La señora directora general del ICBF5, por conducto de apoderado,
asevera que no le concierne la controversia planteada en la solicitud de
amparo, porque la inconformidad de los demandantes se deriva del auto que
decidió el incidente de regulación de honorarios dentro del proceso de
reparación directa 27001-33-33-001-2014-00576-00, en el que no tuvo
participación alguna.

3
No determinan los hechos que dieron origen al asunto contencioso-administrativo.
4
Omiten identificar la fecha en que se emitió la decisión.
5
Vinculada en primera instancia, mediante auto de 5 de octubre de 2022, al presente asunto constitucional,
junto con el señor abogado Édgar Mosquera Gómez, en condición de terceros interesados.

2

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Actores: Yisel Palacios Córdoba y otros

Que, no obstante, es pertinente fijar una postura sobre las súplicas de los
tutelantes, toda vez que en los hechos debatidos están inmersos derechos del
menor hijo de la señora Yisel Palacios Córdoba (quien resultó embarazada
mientras se encontraba en custodia del organismo en un centro de
restablecimiento de derechos, lo que ocasionó que se declarara su
responsabilidad patrimonial en sede contencioso-administrativa), por
consiguiente, es oportuno indicar que la providencia censurada quebranta su
garantía superior al debido proceso, en razón a que se profirió sin tener en
cuenta las condiciones particulares de ellos, quienes son personas de escasos
recursos, por tanto, sujetos de especial protección constitucional.

Aduce que los accionantes afirmaron en el trámite incidental que tenían en su
poder un audio en el que se escucha una conversación con el entonces señor
apoderado Édgar Mosquera Gómez, en la que se le ofrecen como honorarios el
«38%[,] sin llegar a acuerdo alguno», lo cual el señor juez demandado
desestimó, con el argumento de que allí se trataron múltiples aspectos privados
de la relación entre clientes y apoderado, pero no se evidenciaba un convenio,
frente a lo que se advierte que no resulta acertado, como aquel lo asumió, que
el porcentaje consignado en el contrato de prestación de servicios es
irrefutable.

1.3.2 El señor abogado Édgar Mosquera Gómez estima que la intervención
del apoderado de la regente del ICBF resulta «temeraria y de mala fe»,
comoquiera que dice actuar en defensa del menor hijo de la señora Yisel
Palacios Córdoba, sin advertir que fue ese organismo el que quebrantó las
garantías de ella al permitir el hecho dañoso que desencadenó en la condena
impuesta en el medio de control de reparación directa 27001-33-33-001-2014-
00576-00, la cual, valga decir, se rehúsa a pagarle, con el argumento de que es
muy alta, con desconocimiento de lo acordado y de la providencia aquí
atacada.

Que falta a la verdad la aserción de que la señora María Ernestina Córdoba
Serna no sabe leer ni escribir, por cuanto suscribió unas declaraciones
adosadas al expediente ordinario, el acta de entrega del hijo de la señora Yisel
Palacios Córdoba de 7 de junio de 2011 (firmada antes de promoverse el
referido medio de control) y la revocación del mandato judicial que le confirió.
Además, tampoco es cierto que los actores no tengan conocimientos jurídicos,
pues de los escritos allegados al incidente de regulación de honorarios se
colige que están asesorados por abogados «de manera clandestina y
trasbanbalinas (sic)».

3

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Actores: Yisel Palacios Córdoba y otros

Expresa que los tutelantes formularon queja disciplinaria en su contra, pero la
«Comisión Seccional de Disciplina Judicial»6 archivó las diligencias al no
evidenciar irregularidad alguna en su actuar, situación que impide asumir que
el contrato de prestación de servicios en el que se pactó «su cuota litis»
trasgrede el sistema normativo.

1.3.3 El señor Juez Primero (1º) Administrativo de Quibdó guardó silencio en
la oportunidad prevista para el efecto.

1.4 Providencia impugnada. El Tribunal Administrativo del Chocó, mediante
sentencia de 13 de octubre de 2022, declaró improcedente la tutela de la
referencia, al considerar que no satisface la exigencia de procedibilidad de la
subsidiariedad, dado que los demandantes no interpusieron recursos de
reposición ni apelación contra la providencia cuestionada y aquel mecanismo
constitucional no es un instrumento que permita subsanar las omisiones en las
que incurran las partes dentro de un proceso ordinario.

Que, de asumirse que el mencionado requisito se colma, tampoco habría lugar
a acceder al amparo deprecado, puesto que no se evidencia que el proveído
reprochado trasgreda el marco jurídico, por cuanto (i) se les otorgó la
posibilidad a los demandantes de designar un nuevo apoderado y no lo
hicieron (desatención que no es atribuible a la autoridad accionada); (ii) de las
pruebas obrantes en el expediente ordinario se infiere que la señora María
Ernestina Córdoba Serna sí sabe leer y escribir, pues obran varios documentos
suscritos por ella; y (iii) se atendió el criterio del Consejo de Estado7, según el
cual los honorarios de los abogados se cuantifican conforme a lo pactado en el
respectivo contrato de prestación de servicios profesionales.

1.5 Impugnaciones.

1.5.1 Inconforme con la anterior decisión, los demandantes la impugnan, con
fundamento en los mismos argumentos expuestos en la solicitud de amparo.

1.5.2 La señora directora general del ICBF, por medio de apoderado, pide
revocar la sentencia que decidió, en primera instancia, estas diligencias
constitucionales, para en su lugar, acceder a las súplicas de los tutelantes,
habida cuenta de que no es dable exigirles el agotamiento de los recursos que
procedían contra el proveído censurado, dado que no conocen de asuntos
6
No la individualiza.
7
Sección tercera, providencia de 22 de julio de 2009, C. P. Ruth Stella Correa Palacio, expediente 23001-23-
31-000-1997-08763-00.

4

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Actores: Yisel Palacios Córdoba y otros

jurídicos, no fueron asistidos por un abogado durante la audiencia de
regulación de honorarios y están en condiciones de vulnerabilidad manifiesta,
por atravesar una difícil situación económica.

Que, tanto el Decreto 2591 de 1991 como la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, permiten que quien tenga un interés directo en el trámite
constitucional impugne el correspondiente fallo de tutela, premisa en virtud de
la cual está facultada para impugnar el de 13 de octubre de 2022, puesto que
también atañe a los derechos de un menor, como lo es el hijo de la señora
Yisel Palacios Córdoba (cuyo concepción derivó en que se declarara la
responsabilidad extracontractual del ICBF en el expediente 27001-33-33-001-
2014-00576-00), por cuanto los términos en que se pactó la contraprestación
del señor apoderado Édgar Mosquera Gómez podría afectar la reparación que
se le otorgó al mencionado infante.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia. En virtud de los artículos 328 del Decreto ley 2591 de 19919
y 2510 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201911 expedido por la sala plena del
Consejo de Estado, esta subsección es competente para conocer de las
presentes impugnaciones.

2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

8
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro
de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]».
9
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
10
«[…]
Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas
por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto.
[…]».
11
«Reglamento interno del Consejo de Estado».

5

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Actores: Yisel Palacios Córdoba y otros

2.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional
fundamental que pueda comportar el auto de 30 de septiembre de 2022, por
cuyo conducto el Juzgado Primero (1º) Administrativo de Quibdó decidió el
incidente de regulación de honorarios promovido por el señor abogado Édgar
Mosquera Gómez, quien representó a los tutelantes, en condición de
integrantes de la parte actora, en el proceso de reparación directa adelantado
contra el ICBF (expediente 27001-33-33-001-2014-00576-00); y, en caso
afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia invocadas en la solicitud de
amparo.

2.4 Requisito de subsidiariedad de la acción de tutela. El carácter
subsidiario de la acción de tutela hace referencia a que solo procede cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, sin embargo, no debe
perderse de vista que aunque el trámite de esta acción es preferente y sumario,
regido por los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial,
economía, celeridad y eficacia, su carácter es eminentemente residual y
subsidiario, es decir, que únicamente procede en aquellos eventos en que no
exista un instrumento constitucional o legal diferente que permita solicitar ante
los jueces la protección de los derechos, salvo que se pretenda evitar la
causación de un perjuicio irremediable.

De acuerdo con la sentencia T-480 de 2011 de la Corte Constitucional12 y ante
la naturaleza eminentemente subsidiaria de la acción de tutela, es menester que
quien depreca el amparo de un derecho constitucional fundamental haya
agotado todos los mecanismos de defensa que el ordenamiento jurídico pone a
su disposición, previa la interposición de la acción.

De lo anotado se puede concluir, entonces, que la acción de tutela no solo es
improcedente cuando el accionante aún cuenta (o contó) con otro medio de
defensa, sino también cuando este tiene (o tuvo) la posibilidad de acudir ante
las autoridades que presuntamente han quebrantado sus derechos
constitucionales fundamentales a efectos de solicitar de ellas una respuesta
favorable o la satisfacción de sus intereses.

De manera que la falta de diligencia del demandante, entendida como la
renuencia o el uso tardío de los medios ordinarios de defensa previstos en la
normativa legal, constituye una causal válida para declarar la improcedencia
12
M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

6

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Actores: Yisel Palacios Córdoba y otros

de la acción constitucional frente al caso particular13.

La jurisprudencia constitucional ha dicho que la acción de tutela no es
procedente cuando el marco jurídico ofrece otro mecanismo para la protección
de los derechos, sin embargo, si el sistema normativo dispone de otras
herramientas jurídicas para el amparo de los derechos, estas deben ser
suficientemente eficaces para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
pues de lo contrario la acción de tutela procede de manera transitoria.

En otras palabras, si la situación fáctica es de tal gravedad que los recursos
ordinarios resultan ineficaces para defender los derechos fundamentales, el
juez de tutela debe adoptar las medidas necesarias que neutralicen las causas
de vulneración o amenaza con la finalidad de evitar un menoscabo o de hacer
cesar una violación a prerrogativas inalienables.

Ahora bien, el perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas
circunstancias específicas que si bien deben ser valoradas en cada caso
concreto, deben hallarse presentes:

1) Que se produzca de manera cierta y evidente una amenaza sobre un
derecho fundamental.
2) Que de presentarse no exista forma de reparar el daño producido a ese
derecho.
3) Que su ocurrencia sea inminente.
4) Que resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la
condición de amenaza en la que se encuentra.
5) Que la gravedad de los hechos sea de tal magnitud que haga evidente la
impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales14.

En consecuencia, cuando el caso bajo estudio reúna los supuestos anteriores se
hará necesaria la intervención del juez constitucional para el restablecimiento
de los derechos involucrados a través de medidas inmediatas de protección,
imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio mientras el
juez competente decide de fondo la acción correspondiente15.

13
En esos términos lo precisó la Corte Constitucional en sentencia T-375 de 2018, M. P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
14
Corte Constitucional, sentencia T-458 de 1994, M. P. Jorge Arango Mejía.
15
Consejo de Estado, sección segunda, sentencias AC-2010-00032 de 18 de marzo de 2010, y AC-2010-
01795-01 de 9 de diciembre de 2010.

7

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Asimismo, la jurisprudencia constitucional16 ha precisado que el perjuicio
irremediable debe ser probado por la persona que lo alega, pues si bien no es
dable exigir el cumplimiento de una carga probatoria rigurosa en asuntos
donde se discute la violación de derechos fundamentales, el tutelante debe
demostrar al menos someramente los posibles perjuicios que se llegaren a
originar en los hechos que motivaron la presentación de la solicitud de amparo,
por cuanto al juez constitucional no le concierne probar las circunstancias
fácticas en que se fundamenta la acción de tutela, salvo que sea evidente la
inminencia del perjuicio.

2.5 Caso concreto. En el sub lite la Sala evidencia, en atención a lo expuesto
en el escrito inicial y a las pruebas adosadas al presente trámite constitucional,
que los tutelantes suscribieron contrato de prestación de servicios con el señor
abogado Édgar Mosquera Gómez, con el propósito de que instaurara demanda
de reparación directa contra el ICBF, encaminada a que se le declarara
administrativamente responsable del embarazo de la joven Yisel Palacios
Córdoba, que aconteció cuando se encontraba bajo su custodia en un centro de
restablecimiento de derechos. Allí se pactó como honorarios el 45% de la
eventual condena.

El profesional del derecho, en ejercicio de los poderes a él otorgados por los
demandantes, promovió medio de control de reparación directa contra el ICBF
(expediente 27001-33-33-001-2014-00576-00), encaminado a que se le
declarara patrimonialmente responsable de la gestación de la joven Palacios
Córdoba y se les indemnizara a sus poderdantes los respectivos perjuicios,
asunto decidido, en segunda instancia, el 27 de junio de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Chocó, en el sentido de acceder parcialmente a las
precitadas pretensiones, al considerar que la Administración incumplió su
posición de garante frente a la adolescente que estaba sometida a un
procedimiento de restablecimiento de derechos.

En razón a que para los tutelantes la contraprestación acordada con el señor
abogado Édgar Mosquera Gómez era muy elevada, pues devengaría casi la
mitad de la condena, le revocaron el mandato judicial, lo que fue aceptado el
19 de septiembre de 2022 por el Juzgado Primero (1º) Administrativo de
Quibdó, decisión en la que se les indicó a aquellos que podían designar un
nuevo representante judicial.

El mencionado profesional del derecho formuló incidente de regulación de
16
Corte Constitucional, auto 164 de 21 de julio de 2011, M. P. María Victoria Calle Correa.

8

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honorarios, desatado por el señor Juez demandado, con auto de 30 de
septiembre de 2022, en el que declaró que aquel debía recibir el porcentaje
pactado en el contrato de prestación de servicios (45% de la condena), habida
cuenta de que el Consejo de Estado17 ha precisado que «las disposiciones del
contrato [de mandato] no pueden ser ignoradas, considerando que forman
parte del ámbito privado y no son propiamente de orden público, pues se
derivan esencialmente de la autonomía de la voluntad[.] Siempre se
privilegiará la voluntad contractual de las partes».

Que, en atención a lo anterior, como en el respectivo negocio jurídico se
acordó que el abogado Mosquera Gómez recibiría el 45% de la condena,
aspecto sobre el cual estuvieron de acuerdo los demandantes, no hay lugar a
reducir dicho porcentaje. Contra la anterior decisión los accionantes no
interpusieron recurso alguno.

En el asunto sub examine la Sala evidencia que la acción de tutela de la
referencia, como se determinó en el fallo impugnado, no colma la exigencia de
la subsidiariedad, por cuanto los actores contaban con la posibilidad de atacar
el auto censurado través del recurso de reposición, conforme al artículo 24218
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), y no lo hicieron.

Cabe advertir que, pese a que en primera instancia se señaló que el recurso de
apelación procedía contra la providencia atacada, esa decisión no está
enunciada como apelable en el artículo 24319 del CPACA ni en las normas que
reglamentan el incidente de regulación de honorarios (artículo 20920 y 21021

17
Sección tercera, subsección A, providencia de 25 de junio de 2019, C. P. María Adriana Marín, expediente
25001-23-26-000-1998-02809-00.
18
«El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su
oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso».
19
«Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia:
1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo.
2. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso.
3. El que apruebe o impruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales. El auto que aprueba una
conciliación solo podrá ser apelado por el Ministerio Público.
4. El que resuelva el incidente de liquidación de la condena en abstracto o de los perjuicios.
5. El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar.
6. El que niegue la intervención de terceros.
7. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas.
8. Los demás expresamente previstos como apelables en este código o en norma especial […]».
20
«Solo se tramitarán como incidente los siguientes asuntos:
1. Las nulidades del proceso.
2. La tacha de falsedad de documentos en el proceso ejecutivo sin formulación de excepciones y las demás
situaciones previstas en el Código de Procedimiento Civil para ese proceso.
3. La regulación de honorarios de abogado, del apoderado o sustituto al que se le revocó el poder o la
sustitución […]».

9

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ibidem), por tanto, no era viable que los actores interpusieran dicho recurso22,
sin embargo, ello no impone asumir que se satisface el requisito de la
subsidiariedad, comoquiera que, se reitera, el auto refutado debía
controvertirse mediante el recurso de reposición, lo cual no aconteció.

Ahora bien, la directora general del ICBF sostiene que no es dable exigirles a
los accionantes el agotamiento del recurso que procedía contra el proveído
cuestionado, dadas las especiales circunstancias en las que se encuentran, no
obstante, para la Sala esa aserción carece de asidero jurídico, por cuanto la
jurisprudencia constitucional ha señalado que no es dable emplear la tutela
como un instrumento para revivir oportunidades no aprovechadas por alguna
de las partes dentro de un proceso. Sobre el particular, la Corte Constitucional,
en sentencia T-396 de 201423, indicó:

[…] es reiterativa la posición de la Corte en cuanto a la improcedencia
de la tutela cuando en desarrollo de un proceso judicial las partes
pudieron valerse de los recursos judiciales ordinarios pero estos no
fueron empleados oportunamente, ya que no puede constituirse en la
vía para discutir situaciones jurídicas consolidadas que adquirieron
firmeza por la caducidad de los recursos y acciones que no fueron
utilizados oportunamente por los interesados […].

En conclusión, es necesario que quien alega la vulneración de sus
derechos fundamentales haya agotado los medios de defensa
disponibles en la legislación para el efecto. Esta exigencia responde al
principio de subsidiariedad de la tutela, que pretende asegurar que la
acción constitucional no sea considerada en sí misma una instancia más
en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que reemplace
aquellos otros diseñados por el legislador. Menos aún, que resulte ser
un camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las
partes o para corregir oportunidades vencidas en los procesos
jurisdiccionales ordinarios [destaca la Sala].

Así las cosas, la Sala considera que no es factible relevar a los demandantes de
su deber de haber formulado el recurso de reposición que procedía contra el
auto reprochado, máxime cuando el Juzgado Primero (1º) Administrativo de
Quibdó, mediante auto de 19 de septiembre de 2022, les informó que contaban
con la posibilidad de designar un nuevo apoderado, con el fin de que los
asistiera en el incidente de regulación de honorarios, y no lo hicieron. Además,
21
«El incidente deberá proponerse verbalmente o por escrito durante las audiencias o una vez dictada la
sentencia, según el caso, con base en todos los motivos existentes al tiempo de su iniciación, y no se admitirá
luego incidente similar, a menos que se trate de hechos ocurridos con posterioridad […]».
22
Consejo de Estado, sección quinta, sentencia de 3 de septiembre de 2020, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, expediente 11001-03-15-000-2020-00726-00.
23
M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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Actores: Yisel Palacios Córdoba y otros

no se adosaron medios de convicción de los que se infiera que se hallan en una
situación de debilidad manifiesta y que exigirles el agotamiento de los medios
ordinarios de defensa resulta una carga desproporcionada.

Cabe señalar que la Corte Constitucional ha precisado que «la libertad
probatoria en sede de tutela es amplia, pero esto no significa que no exista
una carga mínima de la prueba en cabeza de quien alega la vulneración de
algún derecho fundamental, ya que las reglas probatorias generales aplican
también para la acción de tutela»24.

En ese orden de ideas, ante la naturaleza eminentemente subsidiaria de la
acción de tutela, es indispensable que quien depreca el amparo de un derecho
constitucional fundamental haya empleado todos los mecanismos de defensa
judicial que el ordenamiento jurídico pone a su disposición, previa la
interposición de la acción.

De tal manera que la falta de diligencia de los actores, entendida como la
renuencia y el uso tardío e indebido de los medios ordinarios de defensa
previstos en la normativa legal, constituye una causal válida para declarar la
improcedencia del trámite constitucional en cuanto al caso particular.

A guisa de corolario de lo que se deja consignado, en este asunto el ejercicio
de la tutela resulta improcedente, porque dicho amparo se encuentra gobernado
por el principio de subsidiariedad, según el cual esta no tiene cabida «Cuando
existan otros recursos o medios de defensa […]»25. Es decir, si los medios
ordinarios pudieron ser utilizados de manera eficaz, como acontece en el sub
lite, la acción instaurada no es pertinente.

En tales condiciones (la existencia de otros medios de defensa judicial), es
aplicable la preceptiva del numeral 1 del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991,
norma que guarda estricta armonía con el artículo 86 de la Constitución
Política, en virtud de los cuales la acción de tutela «[…] solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial […]»26.

A partir de los anteriores prolegómenos, la Sala concluye que comoquiera que
no se colma la exigencia de subsidiariedad del amparo, se impone confirmar el
fallo impugnado, con el que se declaró improcedente esta acción
constitucional.
24
Sentencia T-187 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
25
Numeral 1 del artículo 6º del Decreto ley 2591 de 1991.
26
Artículo 86 de la Carta Política.

11

Acción de tutela 27001-23-33-000-2022-00103-01
Actores: Yisel Palacios Córdoba y otros

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1º. Confírmase la sentencia de 13 de octubre de 2022, mediante la cual el
Tribunal Administrativo del Chocó declaró improcedente la acción de tutela de
la referencia, por las razones expuestas en la motivación.

2º. Notifíquese esta determinación judicial a las partes por el medio más
expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

3º. Comuníquese el presente fallo al Tribunal Administrativo del Chocó y
remítasele copia.

4º. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991 envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNANDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS

12

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