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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 27001-23-33-000-2023-00041-01

Fecha
6 de julio de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 27001-23-33-000-2023-00041-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 5 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Quibdó, que negó la acción de tutela promovida por la apoderada de la empresa Aguas Nacionales E.P.M. S.A.S. E.S.P. 18 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandantes: Aguas Nacionales E.P.M. S.A. E.S.P. (ANEPM) y otro Demandado: Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó Radicado: 27001233300020230004101 (ANEPM) y el señor José Clidio Mosquera Martinez contra el Juzgado Primero Administrativo Oral de Quibdó, en lo que atañe al defecto sustantivo. SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia del 5 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Quibdó, en el sentido de declarar la improcedencia de la acción respecto del cargo por desconocimiento del precedente judicial, al no cumplir el requisito de relevancia constitucional. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 27001-23-33-000-2023-00041-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

6 de julio de 2023

Demandantes: Aguas Nacionales E.P.M. S.A. E.S.P. (ANEPM) y otro
Demandado: Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó
Radicado: 27001233300020230004101

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., seis (6) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 27001-23-33-000-2023-00041-01
Demandantes: AGUAS NACIONALES E.P.M. S.A. E.S.P. (ANEPM) Y OTRO
Demandado: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE QUIBDÓ

Tema: Tutela contra providencia judicial. Incidente de desacato.
Confirma parcialmente la decisión de primera instancia que negó
el amparo. Declara la improcedencia de la acción respecto del
cargo por desconocimiento del precedente judicial por falta de
relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la apoderada de la parte actora,
contra la providencia del 5 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
de Quibdó, que negó la acción de tutela promovida por la apoderada de la empresa
Aguas Nacionales E.P.M. S.A.S. E.S.P. (ANEPM) y el señor José Clidio Mosquera
Martinez contra el Juzgado Primero Administrativo Oral de Quibdó.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Mediante escrito enviado el 23 de mayo de 2023 al buzón web de la Rama
Judicial, la apoderada de la empresa ANEPM y del señor José Clidio Mosquera
Martinez, instauró una acción de tutela contra el Juzgado Primero Administrativo Oral
de Quibdó, con el objetivo de obtener la protección de los derechos fundamentales
de acceso a la justicia, a la seguridad social en pensión, en conexidad con las
garantías a la vida en condiciones dignas, el mínimo vital y la salud a sujeto de
especial protección.

2. La parte actora consideró que los derechos mencionadas fueron vulneradas
con la providencia del 27 de marzo de 2023, proferida por el Juzgado Primero
Administrativo Oral de Quibdó, que se abstuvo de imponer una sanción en el trámite

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del incidente de desacato que la parte actora inició en contra de Colpensiones, por el
presunto incumplimiento de la sentencia de tutela del 24 de agosto de 2022,
proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito y confirmada en el
fallo del 27 de septiembre de 2022, del Tribunal Administrativo de Chocó.

3. Con base en lo anterior, los demandantes solicitaron el amparo de los
derechos fundamentales referidos y, en consecuencia, pidió lo siguiente:

PRIMERO: REVOCAR O DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 27 de marzo de 2023, notificado el
11 de abril de 2023, por medio del cual se abstiene DE IMPONER SANCIÓN POR DESACATO
al Dr. JAIME DUSSAN CALDERON representante legal de la ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES y la Doctora DALIA TERESA GAMBOA
NARANJO subdirectora de determinación VI COLPENSIONES, proferido por el JUEZ
PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE QUIBDÓ.

SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE QUIBDÓ, que profiera un nuevo auto donde defina la solicitud de incidente
de desacato de acuerdo al fallo por este proferido, su ratio decidendi, el precedente
constitucional y las pruebas de incumplimiento de fallo que obran en el expediente.

1.2. Hechos probados y/o admitidos

4. La Sala encontró demostrados los presupuestos fácticos que a continuación
se relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la
sentencia:

5. El 1.º de junio de 2011, cuando el señor José Clidio Mosquera Martinez tenía
69 años de edad, fue vinculado a la empresa ANEPM mediante contrato laboral a
término indefinido, en el cargo de ayudante “escobita gestión técnica”, hoy ayudante
operativo.

6. El 18 de mayo del 2016, el trabajador le solicitó a ANEPM la suspensión del
pago de aportes pensionales, bajo el argumento de que por Resolución No. GNR
76006 del 11 de marzo de 2016, Colpensiones le había reconocido la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez. Además, el señor Mosquera Martínez manifestó
que sería “ineficaz” continuar con la cotización a pensión, de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 (modificado por el artículo 4 de
la Ley 797 de 2003)1.

7. El 10 de septiembre del 2019, ANEPM le solicitó a Colpensiones que habilitara
los canales de pago o indicara el procedimiento necesario para realizar los aportes a
pensión, y liquidara la suma a pagar por los periodos dejados de cancelar en favor
del señor Mosquera Martínez, toda vez que el trabajador continuaba vinculado a la
empresa y no se habían hecho los aportes porque “el sistema portal del aportante no
lo permite”. Mediante oficio del 29 de octubre del 2019, la entidad contestó la anterior
1 ANEPM no fue vinculada al procedimiento llevado a cabo por el empleado ante COLPENSIONES,

pese a que el empleado se encontraba laborando y activo como cotizante en el sistema por medio de
su empleador.

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petición, a través del cual mencionó los deberes de los empleadores y refirió que
entregaría, en documento anexo, un estado de cuenta, pero no lo hizo.

8. El 12 de febrero del 2021, ANEPM radicó una nueva petición ante
Colpensiones en la que solicitó: “1) Permitir y habilitar los canales necesarios para
realizar los aportes a pensión en favor del señor JOSE CLIDIO MOSQUERA
MARTÍNEZ; 2) Informar de manera puntual y precisa cual es el canal y procedimiento
para realizar los citados aportes a pensión; 3) Liquidar la suma a pagar por parte de
ANEPM por concepto de aportes a pensión en favor del empleado JOSE CLIDIO
MOSQUERA MARTÍNEZ”.

9. Ante la omisión de respuesta, la empresa accionante instauró una acción de
tutela contra Colpensiones para obtener la protección del derecho fundamental de
petición, que fue concedida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
de Quibdó en sentencia del 20 de mayo de 2021.

10. En cumplimiento del fallo, Colpensiones expidió el oficio 2021_5729204,
según el cual expuso:

el día 25 de noviembre del 2021, mediante oficio con radicado número 2021_14242356 (Se anexa)
ANEPM en calidad de empresa empleadora y bajo autorización del empleado, presentó ante
COLPENSIONES escrito de petición solicitando la demarcación para realizar los aportes o la
nulidad de la Resolución No. GNR76006 del 11 de marzo de 2016, que dio lugar al reconocimiento
de indemnización sustitutiva de pensión de vejez a favor del señor JOSE CLIDIO MOSQUERA
MARTINEZ.

11. Por todo lo anterior, ANEPM y el señor José Clidio Mosquera Martínez
instauraron una acción de tutela en contra de Colpensiones, con el objetivo de que
esta última habilitara los canales de pago para que el empleador efectuara los
aportes a pensión. Dicho trámite fue decidido de manera favorable tanto en primera
como en segunda instancia, mediante las sentencias del 24 de agosto y 27 de
septiembre de 2022, proferidas por el Juzgado Primero Administrativo Oral del
Circuito de Quibdó y el Tribunal Administrativo de Chocó, respectivamente. En
concreto, dictaron la siguiente orden:

“CUARTO: ORDÉNASE a COLPENSIONES que verificado el pago de aportes por parte de
AGUAS NACIONALES E.P.M. en un plazo que no supere un (1) mes, contado a partir de la
notificación de esta providencia, defina la prestación que corresponda al señor JOSE CLIDIO
MOSQUERA, de conformidad a las normas que regulan la materia y a lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia”.

12. Como consecuencia de lo anterior, Colpensiones habilitó los canales de pago
para que la empresa ANEPM realizara los respectivos aportes.

13. ANEPM le solicitó a Colpensiones la calificación del señor Mosquera Martínez,
para efectos de que se le reconociera la pensión de invalidez, empero, la entidad,
“sin mediar solicitud de parte del afiliado, sin vincular a ANEPM y sin tener en cuenta
que el trabajador sigue activo en la nómina” de la actora, expidió la Resolución No.

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SUB314686 del 16 de noviembre de 2022, por la cual le reliquidó y pagó una
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez al empleado. Contra el acto
mencionado se interpusieron los recursos de reposición y, en subsidio, el de
apelación.

14. Según ANEPM, Colpensiones no ha notificado a la apoderada de la resolución
de los recursos:

pero se tiene conocimiento que abusando de la edad y la situación del señor JOSE CLIDIO
MOSQUERA MARTINEZ, este fue contactado directamente por COLPENSIONES para que
reclamara ‘una pensión’ la cual no es más que la indemnización sustitutiva de la que habla en
hecho anterior que de ningún modo puede definirse como una pensión.

15. Mediante oficio BZ2022_17275418-3579391 de 23 de noviembre de 2022,
Colpensiones informó que no era procedente la solicitud de calificación de pérdida de
capacidad laboral del señor Mosquera Martínez porque el trabajador cuenta con una
“pensión de invalidez o vejez”.

16. El 28 de noviembre de 2022, la parte actora inició un incidente de desacato
contra Colpensiones por el incumplimiento de las órdenes judiciales descritas.

17. Con posterioridad a la radicación del incidente, la empresa le informó al juez
que desde el mes de febrero de 2023, Colpensiones cerró totalmente los canales de
pago, pese a que el señor Mosquera Martínez continua como empleado activo “con
80 años de edad, con dos hijos discapacitados, con un diagnóstico de glaucoma no
especificado, tiene además catarata senil nuclear, posee lentes intraoculares, léntigo
solar, tiña PED´S, y no está apto para trabajar” por lo que consideró que es un sujeto
de especial protección y goza de estabilidad laboral reforzada.

18. Mediante auto del 27 de marzo de 2023 (notificado el 11 de abril del mismo
año), la autoridad judicial accionada se abstuvo de imponerle sanción porque
consideró que Colpensiones había dado cumplimiento a las órdenes de la sentencia
de tutela, en cocnreto, dijo:

En ese sentido, estima el despacho que las ordenes emitidas por el despacho fueron cumplidas
por COLPENSIONES, pues habilitó los canales y recibió los pagos de los períodos 2016 –
2022, cargándolos efectivamente a la historia laboral del señor JOSE CLIDIO, para luego
proceder al estudio de la prestación que correspondiera como efectivamente se hizo, definiendo
que aquella debía ser una indemnización sustitutiva de vejez en razón a que el usuario no
cumplía los requisitos para acceder a la pensión de vejez.

Denótese que el despacho en ningun ítem de la parte resolutiva de la sentencia de tutela,
determinó u ordenó a COLPENSIONES cuál era la prestación económica que debía reconocer
al señor MOSQUERA MARTINEZ, sino que dispuso que, una vez fueran recibidos los aportes
definiese la prestación económica correspondiente.

Visto de esa manera, no puede estimarse ahora que la entidad se encuentra en desacato por
incumplimiento de la orden constitucional, habida cuenta de la constatación realizada en el
expediente que da cuenta de la observancia por parte de la entidad de los mandatos de la
sentencia T-159 del 24 de agosto de 2022; se reitera entonces, que si bien lo pretendido en el
escrito del incidente de desacato, es la concesión de la prestación económica de pensión de

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vejez, en favor del señor JOSE CLIDIO MOSQUERA MARTINEZ, dicha orden que no se
dispuso en forma directa a COLPENSIONES, sino que se ordenó definir la prestación
económica que correspondiera una vez recibidos los aportes faltantes.

Así mismo habrá de indicarse que la entidad exteriorizó tanto al beneficiario como a AGUAS
NACIONALES EPM S.A. E.S.P., la posibilidad de presentar de los recursos de ley (reposición y
apelación) en caso de inconformidad con la decisión de otorgar sólo la indemnización sustitutiva
de vejez.

1.3. Fundamentos de la solicitud

19. En primer lugar, la parte actora efectuó una caracaterización de los derechos
cuya protección solicita, así como de las causales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, específicamente, proferidas en el marco de
incidentes de desacato.

20. En segundo lugar, afirmó que el juez accionado no tuvo en cuenta que el fallo
de tutela le ordenó a Colpensiones que se permitiera efectuar los aportes, previo a
definir la situación pensional del trabajador.

21. Con base en ello, la abogada de los accionantes insiste en que era necesario
permitirle a la compañía efectuar los pagos de aportes y, si bien, tenía que definir la
prestación que le correspondía al señor Mosquera Martínez, no podía reconocérsele
la indemnización sustitutiva porque aquel era trabajador activo de la empresa.

22. En tercer lugar, la apooderada de los demandantes indicó que se cumplen los
presupuestos de la sentencia SU-034 de 2018, que habilitan la procedencia del
amparo en contra de las providencias dictadas en el incidente de desacato porque: (i)
el auto del 27 de marzo de 2023, que decidió el incidente se encuentra en firme y
finalizó la actuación; (ii) se cumplen los requisitos generales y específicos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; y (iii) no se
proponen argumentos nuevos o diferentes a los que se plantearon en el incidente de
desacato.

23. En cuarto lugar, señaló que el auto recurrido desconoció el precedente de la
sentencia T-003 de 2014, en materia de compatibilidad entre una indemnización
sustitutiva previa y la posibilidad de obtener una pensión de vejez o una pensión de
invalidez. Para sustentar el cargo transcribió apartes de la providencia mencionada.

24. Finalmente, indicó que en este caso se configuró un defecto sustantivo porque
existe una “evidente y grosera” contradicción entre los fundamentos de la providencia
cuestionada y la decisión que se adoptó, en este sentido, precisó que la autoridad
judicial accionada señaló:

Denótese que el despacho en ningún ítem de la parte resolutiva de la sentencia de tutela
determinó u ordenó a COLPENSIONES cuál era la prestación económica que debía reconocer
al señor MOSQUERA MARTINEZ, sino que dispuso que, una vez fueran recibidos los aportes
definiese la prestación económica correspondiente.

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25. Según la parte accionante, el juez demandado olvidó que en la parte resolutiva
de la sentencia del 24 de agosto de 2022, se dispuso lo siguiente:

“CUARTO: ORDÉNASE a COLPENSIONES que verificado el pago de aportes por parte de
AGUAS NACIONALES E.P.M. en un plazo que no supere un (1) mes a partir de la notificación
de esta providencia, defina la prestación que corresponda al señor JOSE CLIDIO MOSQUERA,
de conformidad a las normas que regulan la materia y a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia”.

26. Para los accionantes, la parte resolutiva está íntimamente atado a las normas
que regulan la materia incluyendo los precedentes judiciales y a la parte motiva de la
sentencia o ratio decidendi, pero el juez olvidó aplicar esa regla de coherencia, por
cuanto a su juicio:

La ratio decidendi obrante a página 18 de la sentencia dentro del acápite de análisis del caso
establece: En el sub examen, el reconocimiento de la indemnización sustitutiva realizada al
señor JOSE CLIDIO MOSQUERA MARTINEZ mediante la Resolución No. GNR 76006 del 11
de marzo de 2016, no es un impedimento para que COLPENSIONES verifique nuevamente la
procedencia de conceder la pensión de vejez o invalidez, siendo que la incompatibilidad no es
un obstáculo para evaluar nuevamente el caso, tomando en cuenta que su empleador está en
plena disposición de pagar los aportes pensionales correspondientes para tal efecto.

Como consecuencia de lo anterior y en procura de la protección de los derechos a la seguridad
social, mínimo vital y móvil del sujeto de especial protección constitucional JOSE CLIDIO
MOSQUERA MARTINEZ, quien pertenece a la tercera edad, el despacho ordenará a
COLPENSIONES que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta
providencia, proceda a liquidar la suma a pagar incluidos los intereses que apliquen
correspondientes a los periodos dejados de pagar al señor JOSE CLIDIO MOSQUERA, por
parte de la Empresa AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P., Una vez liquidada la suma
correspondiente dentro de las 48 horas siguientes, COLPENSIONES habilitará los canales
necesarios para realizar los aportes a pensión en favor del señor JOSÉ CLIDIO MOSQUERA
MARTÍNEZ, identificado con número de cédula 4.857.109, y verificado el pago de los aporte
(sic) por AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P., aplicará de manera retroactiva las 359
semanas que aproximadamente aplican en el sistema general de pensiones entre los períodos
2016 – 2022 o las que resulten al momento de la liquidación y pago.

27. Con base en lo anterior, consideró que debe dejarse sin efectos la providencia
acusada y, en su lugar, imponer la sanción de desacato pretendida en contra de
Colpensiones.

1.4. Actuaciones procesales relevantes

28. Mediante auto del 24 de mayo de 2023, el magistrado sustanciador del Tribunal
Administrativo del Chocó admitió la acción de tutela presentada por la apoderada de
la compañía ANEPM y el señor José Clidio Mosquera Martínez y dispuso la
notificación del juez primero administrativo oral de Quibdó, en calidad de accionado.
Asimismo, vinculó como tercero interesado en las resultas del proceso a
Colpensiones.

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1.5. Intervención

29. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en el expediente digital, únicamente Colpensiones contestó la acción de
tutela.

1.5.1. Colpensiones

30. La entidad se opuso a las pretensiones del amparo e informó que dio
cumplimiento a la orden de tutela, en tanto que acató el numeral 4.º de la sentencia
de tutela, que dispuso que una vez “verificado el pago de aportes por parte de
AGUAS NACIONALES E.P.M. en un plazo que no supere un (1) mes, contado a
partir de la notificación de esta providencia, defina la prestación que corresponda al
señor JOSE CLIDIO MOSQUERA”.

31. En efecto, mediante Resolución del 12 de abril de 2023, se estableció que el
trabajador tenía derecho a recibir la indmenización sustitutiva porque no tenía el
número de semanas suficiente para acceder a la pensión de vejez. Con esta
determinación, se demostró el acatamiento de la orden judicial.

1.6. Sentencia de primera instancia

32. En sentencia del 5 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo del Chocó negó la
solicitud de amparo. En primer lugar, el a quo aludió a la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales proferidas en el marco de un incidente de
desacato, así como a los derechos que la parte actora estimó vulnerados.

33. En segundo lugar, el tribunal explicó que el incidente de desacato es un
mecanismo que tiene como propósito que el juez constitucional, en ejercicio de sus
potestades disciplinarias, sancione con arresto y multa a quien desatienda las
órdenes de tutela mediante las cuales se protejan derechos fundamentales. Este
trámite se caracteriza porque: (i) se inscribe en el ejercicio del poder jurisdiccional
sancionatorio; y (ii) tiene carácter incidental.

34. En tercer lugar, el a quo relacionó las actuaciones que se adelantaron en el
marco del incidente de desacato y concluyó que en ese trámite se verificó que
Colpensiones cumplió la orden impartida en la sentencia del 29 de agosto de 2022
del Juzgado Primero Oral Administrativo de Quibdó, la cual fue confirmada el 27 de
septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo del Chocó. Con base en lo
anterior, se determinó que el caso bajo estudio fue resuelto bajo los parámetros
jurisprudenciales establecidos por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

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1.7. Impugnación

35. La apoderada judicial de ANEPM y en representación del señor José Clidio
Mosquera Martínez impugnó el anterior proveído. Consideró que la decisión de
primera instancia se basó en un análisis procedimental del incidente de desacato,
pero no estudió el fondo del asunto, por esto insistió en que existió un defecto
sustantivo por parte del juez accionado, toda vez que:

“la decisión del juez fuese tomada de acuerdo al tenor literal remitido en el auto que decide el
incidente de desacato, cuando indica que COLPENSIONES tenía la facultad de definir la
prestación económica que le correspondiese al trabajador, no es menos cierto que en todo caso
la prestación debe cumplir los requisitos de ley, por tanto en este caso la indemnización
sustitutiva ni siquiera era procedente, dado que el señor JOSÉ CLIDIO MOSQUERA
MARTINEZ aún es trabajador activo de ANEPM, por tanto no se cumplían los requisitos para
esta.

36. En este sentido, agregó que en la primera indemnización sustitutiva que se
expuso en el procedimiento de tutela, el mismo juez reprochó y encontró probado
que Colpensiones había actuado irregularmente y en contravía de los derechos
constitucionales del trabajador al otorgarle una indemnización cuando aquel estaba
activo de la empresa, “por lo tanto irrefutablemente no se ha de cumplir el fallo bajo
este razonamiento, en tanto ni siquiera era procedente y por tanto se estaba
incumpliendo la orden de protección constitucional emanada de la sentencia”.

37. También insistió en la configuración del defecto por desconocimiento del
precedente en materia de compatibilidad entre la indemnización sustitutiva y la
pensión de vejez o invalidez de la sentencia T-003 de 2014 de la Corte
Constitucional.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

38. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la parte
actora contra la sentencia del 5 de junio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, en el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 así como en el artículo 13 del
Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problemas jurídicos

39. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la apoderada de
los demandantes, las pretensiones formuladas y el material probatorio recaudado, le
corresponde a esta Sala resolver el siguiente problema jurídico: ¿Se superan en este
asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial? En el
evento que la respuesta al anterior interrogante fuere positiva, a la Sección Quinta de

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esta corporación le correspondería determinar si ¿confirma, modifica o revoca la
decisión de primera instancia que negó el amparo solicitado por la abogada de
ANEPM y el señor José Clidio Mosquera Martinez?

40. Para resolver los interrogantes planteados, se abordarán los siguientes temas:
(i) el criterio de esta Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) el mecanismo de amparo constitucional contra
decisiones dictadas en el trámite de un incidente de desacato; (iii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva; (iv) caracterización del defecto sustantivo y (v)
caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

41. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
2
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 3 y declaró su
procedencia4.

42. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) Relevancia
constitucional ii) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.

43. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en
la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

44. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
4 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

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interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. El mecanismo de amparo constitucional contra decisiones dictadas en el
trámite de un incidente de desacato

45. La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la procedencia de la acción
de tutela contra decisiones asumidas en el trámite de un incidente de desacato, de la
siguiente manera:

Tratándose de solicitudes de amparo en contra de las providencias proferidas en el curso de
un incidente de desacato, como aquella que resuelve el incidente, la Corte ha establecido que
procede la acción de tutela excepcionalmente, siempre que logre verificarse la existencia de
una vía de hecho. Lo anterior, por cuanto es claro que por medio del incidente de desacato,
las autoridades judiciales toman decisiones que pueden llegar a vulnerar los derechos
fundamentales de las partes. Entonces, siendo procedente de forma excepcional la acción de
tutela, debe tenerse presente que durante el trámite de tal incidente no se deberán ventilar
asuntos que afecten la ratio decidendi, ni la decisión que con base en ésta se adoptó en el
fallo de tutela, y que sirve como fundamento para promover el incidente de desacato. Así, el
estudio de una acción de tutela interpuesta contra un incidente de desacato deberá limitarse,
en todo caso, a la conducta desplegada por el juez durante el incidente mismo, sin
consideración alguna del fallo que le sirve de trasfondo. Lo contrario sería revivir un asunto
debatido que hizo tránsito a cosa juzgada 5.

46. Lo anterior, denota claramente que la acción de tutela sí es procedente en
contra de las decisiones que se profieran en el trámite de un incidente de desacato,
lo que está prohibido es que el juez constitucional ahonde y se pronuncie sobre la
decisión de tutela que sirvió como base para promover el incidente.

47. Dicha postura resulta lógica, pues, de lo contrario, los asuntos decididos por el
juez de tutela serían interminables y sometidos a incertidumbre, lo cual va en
contravía de los postulados de seguridad jurídica y cosa juzgada imperantes en un
Estado de Derecho.

48. Igualmente, en la sentencia SU-627 de 2015, el Máximo Tribunal
Constitucional fijó las reglas de procedencia de la acción de tutela contra
providencias dictadas en el trámite de la acción de tutela, en los siguientes términos:

4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de tutela contra
sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la
sentencia.

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso de
tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de
él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no
procede.

5 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia T-482 de 2013. M.P Alberto Rojas Ríos, expediente: T-

3.836.735.

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4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la
Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este
evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la
Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la
acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se
esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir
con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la
acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la
sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no
exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la
sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la
sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez
de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por
la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el
asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede.
Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado
en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de
manera excepcional6. (Subrayado por fuera del texto)

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

49. La Sala precisa que este requisito se circunscribe a determinar que el asunto
bajo estudio plantee una controversia de carácter iusfundamental. Es decir, que la
intervención judicial tenga como objeto interpretar, aplicar, desarrollar o fijar el
alcance de un derecho fundamental7.

50. Para lograr lo anterior, es necesario que el escrito de tutela esté formulado en
clave de infracción de las garantías superiores y con el objeto de evidenciar que la
decisión enjuiciada es incompatible con la Carta Política. Por el contrario, de manera
general, están descartados los argumentos que propongan discusiones legales,
pretensiones de naturaleza eminentemente económica, controversias para reabrir el
proceso judicial o agotar una instancia adicional. Tampoco es relevante desde el

6 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU- 627 de 1,10,15. M.P. Mauricio Gonzáles Cuervo,

expediente: T- 4.496.402
7 Corte Constitucional, sentencias SU-215 de 2022, T-267 de 2021, SU-753 de 2019 y SU-439 de

2017.

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punto de vista constitucional cuando la acción de tutela se origina en la propia
negligencia del peticionario8.

51. En este orden, el análisis de este requisito implica la valoración de, al menos,
tres elementos. El primero, los supuestos fácticos. El segundo, la decisión judicial
que se cuestiona y, el tercero, el problema jurídico puesto a consideración del juez
de tutela9.

52. ANEPM y el señor José Clidio Mosquera Martínez instauraron una acción de
tutela en contra de Colpensiones, con el objetivo de que esta última habilitara los
canales de pago para que el empleador efectuara los aportes a pensión del
trabajador.

53. Dicho trámite fue decidido de manera favorable tanto en primera como en
segunda instancia, mediante las sentencias del 24 de agosto y 27 de septiembre de
2022, proferidas por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Quibdó y el Tribunal
Administrativo de Chocó, respectivamente. En concreto, le ordenaron a la
administradora que “verificado el pago de aportes por parte de AGUAS
NACIONALES E.P.M. en un plazo que no supere un (1) mes, contado a partir de la
notificación de esta providencia, defina la prestación que corresponda al señor JOSE
CLIDIO MOSQUERA, de conformidad a las normas que regulan la materia y a lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia”.

54. Según la parte actora, la entidad dio cumplimiento parcial a esa orden judicial,
porque si bien habilitó los canales de pago, procedió a reliquidarle y pagarle al señor
Clidio Mosquera Martinez la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez al
empleado, aun cuando la ANEPM le había solicitado a Colpensiones que evaluara la
posibilidad de reconocerle la pensión de invalidez al trabajador (la cual fue negada
mediante oficio BZ2022_17275418-3579391 de 23 de noviembre de 2022). Por lo
anterior, los demandantes promovieron un incidente de desacato.

55. Para el juez primero oral del circuito de Quibdó, la orden de tutela fue
cumplida a cabalidad, toda vez que no se le ordenó a Colpensiones el
reconocimiento de la pensión de invalidez sino la evaluación de la situación jurídica
del señor José Clidio Mosquera Martinez, lo que en efecto, acató la entidad.

56. No obstante, la apoderada de la parte actora, en sede de este recurso de
amparo, advirtió la vulneración de los derechos fundamentales y sustentó la
configuración de los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente, esto
porque consideró que, dadas las condiciones particulares del trabajador, era

8 Corte Constitucional, sentencias SU-240 de 2022, SU-215 de 2022, SU-134 de 2022, T-267 de 2021,

T-131 de 2021, SU-128 de 2021, SU-573 de 2019, SU-573 de 2017, T-458 de 2016 y C-590 de 2005.
9 Corte Constitucional, sentencias SU-215 de 2022, T-267 de 2021, SU-753 de 2019 y SU-439 de

2017.

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necesario que Colpensiones le reconociera la pensión de invalidez, para lo cual citó
la sentencia T-003 de 2014.

57. Visto lo anterior, la Sala concluye que, en principio, se cumple el requisito de
la carga argumentativa mínima exigida en este tipo de actuaciones.

58. En dición a lo anterior, la Sección no pierde de vista que el señor Mosquera
Martinez es un adulto mayor de 80 años con dos hijos discapacitados, con un
diagnóstico de glaucoma no especificado y de catarata senil nuclear, por lo que
posee lentes intra oculares; además, padece léntigo solar, tiña PED´S, y no está apto
para trabajar en la actualidad debido a que prácticamente no tiene visión en su ojo
derecho y el ojo izquierdo es deficiente, por lo tanto, es un sujeto de especial
protección y goza de estabilidad laboral reforzada.

59. Para esta corporación el asunto bajo estudio guarda relevancia constitucional.
Esto es así porque, en primer lugar, se constató que el demandante es un sujeto de
especial protección constitucional. En segundo lugar, la partea actora identificó los
hechos que dieron lugar a la vulneración. En tercer lugar, se cumplió con la carga de
formular una cuestión constitucional en clave de derechos fundamentales. Esto
último se adecuó a los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente.

60. En cuarto lugar, esta Sección encuentra que los problemas jurídicos derivados
del escrito de tutela, proponen al menos una cuestión relevante desde el punto de
vista constitucional, ya que la situación descrita por la parte demandante evidencia
una posible afectación del derecho al debido proceso en el trámite del desacato,
como pasa a explicarse a continuación.

61. La Sección observa que la inconformidad del actor recae sobre la apreciación
que hizo la autoridad judicial accionada sobre el cumplimiento del fallo de tutela. En
criterio del demandante, dicha autoridad judicial entendió que Colpensiones se
pronunció adecuadamente sobre la situación pensional del señor Mosquera Martinez,
lo cual, a juicio de aquellos no es cierto, porque se le reliquidó la inemnización
sustitutiva de la pensión de vejez, pese a que reclamaron el reconocimiento de la
prestación de invalidez. En otras palabras, materialmente no se ha cumplido lo
ordenado en la sentencia. Esta cuestión tiene relevancia constitucional porque
plantea una posible infracción del derecho al debido proceso cuyas consecuencias
podrían derivar en la satisfacción de otras garantías superiores.

62. Sin embargo, frente al cargo por desconocimiento del precedente, la Sección
toma nota de que la parte actora afirmó que la decisión acusada desconoció el
precedente en materia de compatibilidad entre la indemnización sustitutiva y la
pensión de vejez o invalidez de la sentencia T-003 de 2014, sin embargo, no se
identificó ninguna regla o subregla que permita concluir que este fallo era aplicable al
presente caso y que además es vinculante, por lo que este yerro carece de la carga
argumentativa mínima exigida para estudiarlo de fondo.

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63. En consecuencia, se declarará la improcedencia de la acción de tutela de la
referencia frente al cargo por desconocimiento del precedente, toda vez que no
satisfizo el requisito de relevancia constitucional.

2.5.2. Tutela contra tutela

64. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra decisión de la misma
naturaleza, esto porque la providencia judicial demandada fue proferida en el trámite
del incidente de desacato que promovió la parte actora contra Colpensiones, por el
presunto incumplimiento de la sentencias del 24 de agosto de 2022, proferida por el
Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, confirmada el 27 de
septiembre de 2022, por el Tribunal Administrativo de Chocó.

2.5.3. Inmediatez

65. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte
ningún reproche, toda vez que la parte actora considera vulnerados sus derechos
fundamentales con ocasión del auto proferido el 27 de marzo de 2023, notificado el
11 de abril del mismo año y la acción de tutela se ejerció el 23 de mayo del año en
curso, lo que para la Sala es un término razonable para el uso del mecanismo de
amparo constitucional.

66. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 10,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200511 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el
amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de
providencias judiciales.

2.5.4. Subsidiariedad

67. En consideración con el requisito de subsidiariedad, en este caso se cuestiona
el auto del 27 de marzo de 2023, por medio de la cual el juez primero administrativo
de Quibdó dio por terminado el incidente de desacato y ordenó el archivo de las
diligencias. Contra esta determinación, no proceden recursos ordinarios o

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05.08.14., M.P.
Jorge Octavio Ramírez, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
11 “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un

término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.”

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extraordinarios. Esto por cuanto el Decreto Ley 2591 de 1991 no establece ningún
medio de impugnación para controvertir este tipo de proveídos que dictan los jueces
de tutela en el trámite de los incidentes de desacato.

68. Superados todos los requisitos de procedibilidad adjetiva, la Sala abordará de
fondo el amparo solicitado, no sin antes resaltar el carácter excepcional de la acción
de tutela, la cual tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el
respeto de la autonomía judicial, la protección de derechos de terceros de buena fe,
la seguridad jurídica y la confianza en las decisiones judiciales.

2.6. Caracterización del defecto sustantivo

69. Este yerro encuentra fundamento en el principio de igualdad, en los derechos de
acceso a la administración de justicia y el debido proceso. Se materialzia con la
irregular aplicación o interpretación de una norma por parte de la autoridad judicial al
momento de resolver el caso puesto12, lo cual justifica la intervención del juez
constitucional para garantizar la vigencia de los derechos fundamentales y el texto
superior, sin que ello suponga suplantar la labor del juez natural13.

70. En el fallo SU-050 de 2018, reiterado en la sentencia SU-474 de 2020, la Corte
Constitucional caracterizó los eventos en que se presenta este yerro, cuando se
aplica:

“una norma (i) derogada; (ii) que ha sido declarada inexequible por la Corte; (iii) que es
inconstitucional y el juez se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad; (iv) que no
está vigente o a pesar de estarlo y ser constitucional, no se adecúa a las circunstancias del
caso; (v) que es irracional y desproporcionada en contra de los intereses de una de las partes
del proceso; (vi) no es tenida en cuenta por el fallador; y (vii) cuando al resolver el caso, el juez
desconoce el precedente horizontal o vertical 14“.

71. En suma, para la Sección, este yerro se configura cuando el juez realiza una
interpretación irrazonable, desproporcionada, arbitraria y caprichosa de la norma o la
jurisprudencia aplicable, generando una decisión contraria a la efectividad de los
derechos fundamentales o la Constitución15. Por el contrario, la mera inconformidad
con el análisis efectuado no habilita la intervención de la autoridad judicial en sede de
tutela contra la providencia judicial.16

2.7 Caso concreto

72. En el presente caso la parte actora pretende que se le amparen los derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia, a la seguridad social en

12 Corte Constitucional, Sentencia T-543 de 2017.
13 Sentencia T-543 de 2017.
14 También pueden consultarse las decisiones T-367, T-334, SU-065, T-039, SU-035 y T-031 de 2018, SU-

649, SU-573 y SU-210 de 2017, entre otras.
15 Cfr. Sentencias T-453 y SU-050 de 2017, SU-427 de 2016, SU-432 y SU-241 de 2015.
16 Cfr. Sentencia T-118A de 2013.

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pensión, en conexidad con las garantías superiores a la vida en condiciones dignas,
el mínimo vital y la salud, y, en consecuencia, se le ordene a la autoridad judicial
accionada revocar y/o dejar sin efecto el auto del 27 de marzo de 2023, por medio
del cual el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, se abstuvo
de imponerle sanción por desacato a Colpensiones, por el presunto incumplimiento
del fallo del 24 de agosto de 2022, confirmado por el Tribunal Administrativo del
Chocó el 27 de septiembre de 2022, el cual dispuso:

PRIMERO: CONCEDER la tutela a los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo
vital y móvil del sujeto de especial protección constitucional JOSE CLIDIO MOSQUERA
MARTINEZ, identificado con la C.C. Nº 4.857.109 de Riosucio.

SEGUNDO: ORDÉNASE a COLPENSIONES que, en el término de 48 horas contados a partir
de la notificación de esta providencia, proceda a liquidar la suma a pagar por parte de la
Empresa AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. en favor del señor JOSE CLIDIO
MOSQUERA MARTÍNEZ, tal como se indicó en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDÉNASE a COLPENSIONES que una vez liquidada la suma correspondiente
dentro de las 48 horas siguientes, habilite los canales necesarios para realizar los aportes a
pensión en favor del señor JOSÉ CLIDIO MOSQUERA MARTÍNEZ, identificado con número de
cédula 4.857.109, y verificado el pago de los aporte (sic) por AGUAS NACIONALES EPM S.A.
E.S.P., aplique de manera retroactiva las 359 semanas que aproximadamente aplican en el
sistema general de pensiones entre los períodos 2016 – 2022 o las que resulten al momento de
la liquidación y pago.

CUARTO: ORDÉNASE a COLPENSIONES que verificado el pago de aportes por parte de
AGUAS NACIONALES E.P.M. en un plazo que no supere un (1) mes, contado a partir de la
notificación de esta providencia, defina la prestación que corresponda al señor JOSE CLIDIO
MOSQUERA, de conformidad a las normas que regulan la materia y a lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

73. Según la parte actora, Colpensiones incumplió las anteriores órdenes, pese a
que habilitó el portal de pago de los aportes y definió la situación pensional del señor
José Clidio Mosquera Martínez, en el sentido de concluir que aquel no tenía el
número de semanas requeridas para acceder a esa prestación, por lo que le reliquidó
la indemnización sustitutiva.

74. Por lo anterior, la apoderada de la compañía ANEPM y de José Clidio
Mosquera Martínez, presentaron solicitud de incidente de desacato, el cual fue
admitido en la misma fecha por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
de Quibdó, que le corrió traslado y requirió al representante legal de Colpensiones
para que informara sobre los trámites adelantados tendientes a acatar el fallo, lo cual
fue atendido por la entidad.

75. En auto del 27 de marzo de 2023, el Juzgado Primero Administrativo Oral del
Circuito de Quibdó, se abstuvo imponer sanción por desacato al representante legal
de Colpensiones, al considerar que se le dio cumplimiento parcial a la orden judicial.
En los siguientes términos:

“En ese sentido, estima el despacho que las ordenes emitidas por el despacho fueron
cumplidas por COLPENSIONES, pues habilitó los canales y recibió los pagos de los períodos

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2016 – 2022, cargándolos efectivamente a la historia laboral del señor JOSE CLIDIO, para
luego proceder al estudio de la prestación que correspondiera como efectivamente se hizo,
definiendo que aquella debía ser una indemnización sustitutiva de vejez en razón a que el
usuario no cumplía los requisitos para acceder a la pensión de vejez.

Denótese que el despacho en ningún (sic) ítem de la parte resolutiva de la sentencia de tutela,
determinó u ordenó a COLPENSIONES cuál era la prestación económica que debía reconocer
al señor MOSQUERA MARTINEZ, sino que dispuso que, una vez fueran recibidos los aportes
definiese la prestación económica correspondiente.

Visto de esa manera, no puede estimarse ahora que la entidad se encuentra en desacato por
incumplimiento de la orden constitucional, habida cuenta de la constatación realizada en el
expediente que da cuenta de la observancia por parte de la entidad de los mandatos de la
sentencia T-159 del 24 de agosto de 2022; se reitera entonces, que si bien lo pretendido en el
escrito del incidente de desacato, es la concesión de la prestación económica de pensión de
vejez, en favor del señor JOSE CLIDIO MOSQUERA MARTINEZ, dicha orden que no se
dispuso en forma directa a COLPENSIONES, sino que se ordenó definir la prestación
económica que correspondiera una vez recibidos los aportes faltantes.

Así mismo habrá de indicarse que la entidad exteriorizó tanto al beneficiario como a AGUAS
NACIONALES EPM S.A. E.S.P., la posibilidad de presentar de los recursos de ley (reposición y
apelación) en caso de inconformidad con la decisión de otorgar sólo la indemnización sustitutiva
de vejez.

Por último, resulta necesario realizar una precisión conceptual en razón con lo expresado por
COLPENSIONES al momento de contestar el incidente de desacato.

Según la postura del accionado, la funcionaria encargada de dar cumplimiento a las ordenes
emitidas en el fallo de tutela plurimentado, era la Doctora DALIA TERESA GAMBOA NARANJO
subdirectora de determinación VI COLPENSIONES y no el doctor JAIME DUSSAN CALDERON
representante legal de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES., haciendo
hincapié en la falta de responsabilidad subjetiva del señor representante legal requerido por el
juzgado, pidiendo se desvinculara a este último del trámite.

En relación con lo anterior estima el despacho, que se trata de la misma entidad -
COLPENSIONES - la que estaba encargada del cumplimiento de las ordenes emitidas en el
fallo de tutela No. 159 del 24 de agosto del 2022, en consecuencia, debe el organismo público,
a través de las áreas competentes, realizar los trámites necesarios para cumplir con la orden
del Juez Constitucional.

Con todo aprecia el despacho que, a la fecha, la entidad se aprestó a cumplir el fallo
constitucional en los términos de la sentencia de tutela No. 159 del 24 de agosto del 2022,
razón por la cual se abstendrá de imponer sanción alguna a los funcionarios llamados a cumplir
la orden” (la transcripción corresponde al texto original de la providencia acusada, puede tener
errores).

76. Lo anterior, evidencia que la decisión que resolvió el incidente de desacato se
circunscribió a cotejar el cumplimiento de la orden judicial del 24 de agosto de 2022
del Juzgado Primero Administrativo Oral de Quibdó, confirmada el 27 de septiembre
de esa anualidad, por el Tribunal Administrativo de Chocó.

77. Según la parte actora, tal decisión le vulneró los derechos fundamentales tanto
a la empresa como al señor José Clidio Mosquera Martínez. Para ello, desarrolló el
defecto sustantivo.

78. En este punto se observa que lejos de configurarse el cargo por defecto
sustantivo, la decisión acusada se basó en las normas y principios que rigen tanto la

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Demandantes: Aguas Nacionales E.P.M. S.A. E.S.P. (ANEPM) y otro
Demandado: Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó
Radicado: 27001233300020230004101

acción de tutela como el incidente de desacato, en ese contexto, se tiene que el juez
primero administrativo oral de Quibdó efectuó una revisión sobre el cumplimiento de
la orden judicial, con base en las pruebas allegadas tanto por los demandantes como
por Colpensiones. Sin que ese análisis pudiera ir más allá de la labor de contraste
entre el fallo y el acatamiento del mismo.

79. En suma, la decisión que se cuestiona en sede de tutela no solo se ajustó a la
orden judicial del 24 de agosto de 2022 del Juzgado Primero Administrativo Oral de
Quibdó, confirmada el 27 de septiembre de esa anualidad, por el Tribunal
Administrativo de Chocó; sino que se atemperó con los derechos al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia de los demandantes.

80. Por lo anterior, mal podría acusársele de desconocer las normas en las que
debía fundarse o de haber interpretado de forma errónea la orden judicial, puesto
que el ejercicio de cotejo que adelantó el juez primero administrativo de Quibdó es
proporcional y razonable.

2.7. Conclusiones

81. La Sala concluye que, en primer lugar, la presente acción es improcedente
respecto del cargo por desconocimiento del precedente, dado que no satisface el
requisito de relevancia constitucional.

82. En segundo lugar, se estudia de fondo el defecto sustantivo, sin embargo, el
análisis efectuado derivó en que el auto que se abstuvo de imponerle sanción a
Colpensiones en el marco del incidente de desacato iniciado no incurrió en el yerro
evaluado, por lo que no se acreditó la vulneración de los derechos fundamentales
invocados.

83. En consecuencia, se confirmará parcialmente la decisión del a quo que negó
la acción de tutela promovida por la parte actora y se adicionará para declarar la
improcedencia de la acción respecto del cargo por desconocimiento del precedente
judicial, por las razones ya expuestas.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

IV. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 5 de junio de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Quibdó, que negó la acción de tutela
promovida por la apoderada de la empresa Aguas Nacionales E.P.M. S.A.S. E.S.P.

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Demandantes: Aguas Nacionales E.P.M. S.A. E.S.P. (ANEPM) y otro
Demandado: Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó
Radicado: 27001233300020230004101

(ANEPM) y el señor José Clidio Mosquera Martinez contra el Juzgado Primero
Administrativo Oral de Quibdó, en lo que atañe al defecto sustantivo.

SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia del 5 de junio de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Quibdó, en el sentido de declarar la improcedencia de la
acción respecto del cargo por desconocimiento del precedente judicial, al no cumplir
el requisito de relevancia constitucional.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Ausente con permiso

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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