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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 27001-23-33-000-2023-00140-01

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 27001-23-33-000-2023-00140-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Chocó del 4 de julio de 2024, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 27001-23-33-000-2023-00140-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

6 de febrero de 2025

Demandante: Jasson Yovanny Córdoba Moreno
Demandada: Ana Milena Hinojoso
alcaldesa del municipio de Atrato (Chocó)
Radicado: 27001-23-33-000-2023-00140-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., seis (06) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 27001-23-33-000-2023-00140-01
Demandante: Jasson Yovanny Córdoba Moreno
Demandada: Ana Milena Hinojoso – alcaldesa del municipio de Atrato Yuto
(Chocó), periodo constitucional 2024-2027

Temas: Trashumancia electoral, suplantación de electores, falsedad
en documentos electorales, corrupción, violencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del
demandante1 contra la sentencia proferida el 4 de julio de 2024, por el Tribunal
Administrativo del Chocó -Sala Primera de Decisión-, a través de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. El señor Jasson Yovanny Córdoba Moreno, en nombre propio y, en ejercicio del
medio de control consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, presentó
demanda con el fin que se declare la nulidad del formulario E-26 ALC del 3 de
noviembre de 2023, en el que consta la elección de la señora Ana Milena Hinojoso,
como alcaldesa del municipio de Atrato Yuto (Chocó), para el periodo 2024-2027.

1.1 Hechos, normas violadas y concepto de la violación

2. El demandante fundamentó su demanda en los siguientes supuestos fácticos:

3. El 29 de octubre de 2023, se realizaron las elecciones de mandatarios locales, en las
cuales se presentaron problemas de trasparencia por la compra de votos, sabotaje,
suplantación de cédulas, tarjetas falsas, destrucción de material electoral y captura de
personas extranjeras que votaron en el municipio de Atrato Yuto (Chocó).

4. En el curso de la contienda, varios ciudadanos llegaron al puesto de votación a
ejercer su derecho al voto y encontraron que los habían suplantado, porque aparecía
como si ya hubieran sufragado.

5. Para sustentar lo expuesto, señaló:

«que se denomina suplantación de cedulas, cedulas falsas que rondaron todo el día en las
mesas de votación sin que se controlara esa situación por la policía, se hicieron los de la
vista gorda, de hecho hay un video donde aparece el comandante de policía de ATRATO -

1
Jhon Gabriel Pinilla Trejos, a quien se le reconoció personería en la audiencia inicial celebrada el 18 de abril de 2024.

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Demandante: Jasson Yovanny Córdoba Moreno
Demandada: Ana Milena Hinojoso
alcaldesa del municipio de Atrato (Chocó)
Radicado: 27001-23-33-000-2023-00140-01

YUTO con 2 cedulas falsas que portaba una señora, las personas suplantadas y que están
dispuestas a dar su testimonio son LEIDY YULIE PALACIOS PALOMEQUE C,C,
1010072601, celular 3216258131,IRMA AMPARO PALACIOS MURILLO, MERLIN PARRA
CUESTA C.C 1010141394 Celular 3208839750, LEIDY YESENIA PALACIOS HINESTROZA
cedula 35,570,096 celular 3235141479, aparecieron votando cedulas de personas que hace
varios meses y años fallecieron, DEIMER EUCLIDES hijo, de la señora LIBIA PALACIOS
celular 3216316899 y TEODORA PALACIOS, lo dice su nieto MIGUEL MOSQUERA, se
observaron personas con varias cedulas, como el señor BILY SNEIDER PALACIOS, Quien
dijo que la señora SORY MOSQUERA, le entrego 3 cedulas para que votara varias veces
por la candidata MILENA, el actual alcalde JUAN GENECYS BEJARANO MARTINEZ, fue
observado por el señor CARLOS PALOMEQUE ROA, celular 3206378073 comprando votos
dando de 500,000 y 600,000 pesos por un voto, También fue observado el señor AMAITER
BEJARANO CUESTA, comprando votos dice el señor GUILLERMO ABAD CORDOBA
SANCHEZ, celular 3205728483». (Sic para toda la cita).

6. De esta irregularidad, según su dicho, tuvo conocimiento la registradora municipal,
quien le pidió al ciudadano Amín Palacios su cédula de ciudadanía para determinar la
autenticidad del documento.

7. Añadió que, de las 28 mesas de votación instaladas en el municipio de Atrato-Yuto,
el candidato Euclides Pino Córdoba sólo alcanzó a tener «jurados de mesa» en 10 de
ellas, «por eso en YUTO y demás corregimientos en las mesas donde no tubo jurados después
de las 4 de la tarde que cierran las urnas se observan los videos en la mesa 3 donde una jurado
de blusa rosada de la campaña de la candidata ANA MILENA HINOJOSO, emburujando,
maltratando los votos de EUCLIDES PINO CORDOBA, para desecharlos votarlos, esto en
complicidad del personal de la registraduria y otras personas que en esa mesa estaban»2. (Sic
para lo trascrito).

8. Igual pasó en otras mesas, en donde aduce el demandante, hay videos en los que,
en los escrutinios de jurados, la votación del señor Pino Córdoba nunca entró a las
bolsas de los pliegos que se remiten a los claveros; a su juicio, en las grabaciones se
observa que la votación del referido candidato fue seleccionada y separada para
destruirla con el fin de desaparecer los votos en favor de esa campaña.

9. La estrategia para ocultar los votos fue su incineración, para no dejar evidencia del
fraude y de las tarjetas electorales falsas.

10. Manifestó que todas las mesas de la cabecera municipal fueron objeto de fraude;
muestra de ello es lo ocurrido en Doña Josefa (sin especificar si es corregimiento o
puesto de votación), donde incluyen más de 400 votos espurios. Lo mismo acaeció en
Puente de Tanando, corregimiento de 150 habitantes, donde sufragaron 700
ciudadanos.

11. Respecto de las comisiones escrutadoras, aseveró que hubo un complot contra la
campaña del señor Euclides Pino Córdoba, dado que, desde el mismo 29 de octubre de
2023, pusieron a ganar a la demandada con 2399 votos, los mismos con los que ganó
en las elecciones de 2019, tal y como consta en los formularios E-24 y E-26 parciales
(información preconteo).

12. Al finalizar la jornada, se le computaron en total 2699 sufragios, lo cual es « una
información que carece de toda verdad, es infundada, hay alteración de resultados por los
jurados de mesa y la comisión escrutadora municipal por la sencilla razón que el día martes 31
2
Sostuvo que ello se dio delante del señor AZAEL CUESTA celular 3205877368 JASSON YOVANNY CORDOBA MORENO,
celular 3146672796.

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de octubre queman los votos donde se había pedido reconteo de votos y no se hizo por esa
razón, el periódico choco 7 días del día 3 de noviembre publica a milena como ganadora con
2399 después de 4 días entonces no es posible que a la candidata le aparezcan 600 votos más
y a los otros candidatos les rebaje la votación así: el candidato 001 que tenía 241 votos quedo
con 234 votos, la candidata 002 que tenía 2399 subió a 2699 votos, el candidato 003 que tenía
1247 votos quedo con 1217 votos, el candidato 004 que tenía 2099 votos quedo con 2035 votos
según el E-26 QUE ESPIDEN el día viernes 03-11-2023 a las 10:51am» (Sic para toda la
cita).

13. La anterior circunstancia se presentó también, porque hubo personas que votaron 2
y 3 veces como consta en el formulario E-11; tal es el caso del señor Amaiter Bejarano,
que sufragó en la mesa 7 con la cédula de otra persona y firma con su nombre,
actuación de la cual fue testigo la señora Kaira Ramos Escobar quien fungió como
testigo electoral. A su vez, la mencionada testigo, se percató que varios ciudadanos de
nacionalidad venezolana sufragaron en esa mesa de forma irregular.

14. Adicionó que en los formularios E-24 no aparece toda la votación consignada por
los votantes en las respectivas mesas3, es decir, no existe congruencia en lo que
reposa en el E-14 y la mencionada acta de consolidación de resultados.

15. Por lo expuesto, el acto demandado está viciado de nulidad, ya que con su
expedición se desconocieron los artículos 2, 3, 40, 258, 265, y 316 de la Constitución
Política y 137, 139 y 275 del CPACA.

1.2 Trámite procesal de primera instancia

16. Mediante auto del 15 de enero de 2024, se admitió la demanda y se ordenó correr
traslado de la misma a la parte demandada, al Ministerio Público, al Consejo Nacional
Electoral (CNE) y a la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC).

17. Surtidas las notificaciones de rigor, se pronunciaron:

18. La RNEC y el CNE, solicitaron ser desvinculados del presente medio de control y
para ello propusieron la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

19. La demandada, a través de apoderado4, solicitó negar las pretensiones de la
demanda bajo los siguientes argumentos:

20. Lo primero es que el demandante no agotó el requisito de procedibilidad
contemplado en el numeral 7 del artículo 237 de la Constitución Política.

21. Sobre los posibles actos de violencia, señaló que para que se estructure esa
causal, tanto en la modalidad que recae sobre las personas como aquella que se
predica de las cosas, se requiere, no solo la acreditación objetiva del hecho, sino que
debe determinarse si tal irregularidad tuvo la entidad suficiente para modificar el
resultado.

22. Aceptó que en el curso del proceso hubo desmanes generados por personas
inescrupulosas que pretendían alterar el orden público; no obstante, el sistema electoral

3
Sin más detalle.
4
El abogado Dayro Palacios Lizarda, identificado con la CC 12.020.507 de Quibdó y la TP: 181.432 del CSJ.

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cuenta con mecanismos de seguridad que evitaron afectaciones del proceso, las cuales
se encuentran en los pliegos electorales que sirvieron de base a la declaratoria de la
elección de la demandada.

23. En este caso, la parte actora no demostró que el acto electoral fuera producto de la
violencia sobre las personas o las cosas, ello, porque no acreditó que tales
circunstancias tuvieran incidencia en el resultado, dado que no aportó los medios de
convicción necesarios para soportar sus pretensiones.

24. Adujo que el demandante «confunde con el preconteo; por ello su confusión en la
diferencia de votos, los que reporta el preconteo y los que realiza definitivamente la comisión
escrutadora municipal, siendo este último resultado el válido jurídicamente».

25. Calificó de inconducentes, superfluas e inútiles, las grabaciones aportadas con la
demanda5, porque no demuestran de manera contundente, clara y precisa que se haya
realizado fraude alguno por parte de la demandada; además dicha prueba no fue
obtenida de forma legal, en tanto no se conoce su autor.

26. Sobre tales medios de convicción, propuso su desconocimiento bajo las reglas del
artículo 269 del CGP6 por lo que solicitó su exclusión.

27. Bajo los anteriores argumentos, presentó las excepciones de inepta demanda y de
inexistencia de causal de nulidad.

28. Vencida la oportunidad para contestar la demanda, se corrió traslado de las
excepciones sin que se presentara manifestación.

29. El 10 de abril de 2024, se citó a audiencia inicial para el 18 de ese mismo mes y
año. En esa diligencia judicial: i) se fijó el litigio7, ii) saneó el proceso, iii) se decretaron
las pruebas documentales allegadas por los sujetos procesales8, la testimonial
solicitada por el demandante, iv) negó la incorporación de los E-11, E-14 de las 28
mesas instaladas en todo el municipio, el listado de los jurados de dichas mesas, el
censo electoral de Atrato, el nombre de los registradores, entre otras, y, v) postergó el
estudio de las excepciones a la sentencia.

30. El 3 de mayo de 2024, se llevó a cabo la audiencia de pruebas, en la que se
escuchó los testimonios y declaración de los señores Irma Amparo Palacios, Amín
Palacios Palacio, Guillermo Abad Córdoba Sánchez y Jasson Yovanny Córdoba
Moreno. Luego de ello, dispuso correr traslado a las partes para alegar de conclusión y
al Ministerio Público para rendir concepto.

31. La parte demandada, presentó alegatos de conclusión, en los que reiteró los
argumentos de defensa.

5
De los presuntos desmanes, irregularidades del escrutinio, entre otros.
6
Sin que aportara dictamen.
7
Si el acto de elección de la señora Ana Milena Hinojoso, como alcalde del municipio del Medio San Juan Atrato – Yuto - Chocó,
para el período constitucional 2024 – 2027, se encuentra afectado de nulidad, en los términos de los artículos 316 superior y 275
numerales 3° y 7° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por: (i) Contener los documentos
electorales datos contrarios a la verdad, (ii) por haber sufragado electores no residentes en la respectiva circunscripción municipal.
De resolver estos problemas jurídicos se ocupará la Sala. De la fijación del litigio realizada, se corrió traslado a las partes y al
Ministerio Público sin que manifestaran objeción alguna.
8
Demandante visibles a índice No. 1 y de la demandada las visibles en el índice 8 ambos de SAMAI, en

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32. El demandante, insistió en la nulidad del acto demandado y, sobre ello, señaló que
los testimonios rendidos muestran la concreción de los vicios aludidos en la demanda, a
saber: i) la señora Irma Amparo Palacios Murillo, relató que en la casilla del E-11
aparecía que ya había votado; no obstante, asevera que los jurados le dijeron que
podía sufragar y que de ello no se dejaba constancia en la respectiva acta de
instalación. Sostuvo que esto mismo le paso a otras personas; ii) el señor Amín
Palacios Palacio, manifestó que la registradora municipal conocía de las prácticas
corruptas en el municipio y por ello le solicitó su cédula para corroborar su identidad y,
iii) el señor Guillermo Abad Córdoba Sánchez, dijo que vio al señor Amaiter Bejarano
comprando votos.

33. El CNE y la RNEC, insistieron en su falta de legitimación.

1.2.1 Sentencia de primera instancia

34. En fallo del 4 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo del Chocó negó las
pretensiones de la demanda.

35. Previo a entrar al fondo del asunto, negó la desvinculación del CNE y la RNEC al
considerar que el presente medio de control es de carácter objetivo y por ello deben
comparecer al proceso.

36. En lo que hace al requisito de procedibilidad, negó su prosperidad teniendo como
fundamento la sentencia C-283 de 2017, donde la Corte Constitucional declaró
inexequible la norma del CPACA que lo reglamentó, por ello, consideró que en la
actualidad no es exigible.

37. De los documentos aportados por la parte demandante, señaló que de los 3
archivos comprimidos contentivos de 1 imagen con el rótulo «los venezolanos votando en
Atrato-Yuto» y 6 videos adicionales9, no se conocen las circunstancias de tiempo, modo
y lugar en que fueron expedidos, lo que impiden tener certeza de su contenido.

38. Del cargo de violencia sostuvo que «conforme al dicho testimonial, las demás pruebas
documentales adosadas al proceso, y de las circunstancias narradas, no hay concreción
respecto al constreñimiento, coacción o violencia específica sobre la persona del testigo ni
sobre las mesas demandadas y judicializadas, comoquiera que precisamente se advierte que el
relato del testigo es de perspectiva geográfica amplia, a veces acompañada de cuestiones que
escuchó o que se comentó por otras personas. Incluso que responden a suposiciones con
respecto a su integridad y propia humanidad».

39. Refirió que, si bien el dicho de los testigos se relaciona con los cargos de la
demanda, de los mismos no se extrae la contundencia demostrativa que se requiere
para dar por probado el constreñimiento, amedrantamiento y hostigamiento a los
electores sobre las mesas impugnadas.

40. Luego, revisó el acta general que detalla el escrutinio de cada mesa de la cabecera
municipal de Atrato Yuto, de donde concluyó que no se puede inferir hechos o
anomalías constitutivas de violencia.

9
Sin más detalle.

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41. Tampoco existe prueba que permita evidenciar un ambiente de temor generalizado
en la cabecera municipal que impidiera que se llevara a cabo el certamen, dado que,
aún los testigos señalaron que pudieron ejercer su derecho al voto.

42. De la falsedad por diferencia injustificada entre formularios, señaló que no pudo
demostrarse la disparidad entre los E-14 y E-24 dado que en los documentos
respectivos se advierte, en caso de existir diferencia, su justificación. Agregó sobre este
vicio que:

«la formulación de la falsedad de los registros electorales supone necesariamente que el
planteamiento del vicio objetivo sea establecido de manera clara, es decir, se indique
cuál o cuáles de las mesas padecen tal afectación y ello obliga a que se formule la
clase de falsedad que se imputa, pues solo de esta manera se garantiza la posibilidad de
defensa respecto de los demandados y el pronunciamiento del juez en relación con los
hallazgos del examen que resulte del material probatorio que se acredite con miras a probar
la irregularidad.

En el presente asunto, se reitera el demandante no señaló por ejemplo las posibles
incongruencias generadas por la no coincidencia de algunas cedulas resaltadas en el
Formulario E-10 y que no estuvieren registradas como votantes en el formulario E-11 y de
qué manera tal situación tuvo incidencia en la posterior elaboración de los E-14, en tales
condiciones no es posible adelantar un estudio oficioso sobre la totalidad de los registros
electorales para identificar las presuntas alteraciones que genéricamente se presentaron
bajo el calificativo de fraude.

En efecto, la parte actora se abstuvo de controvertir puntualmente los escrutinios cumplidos
en el Municipio de Atrato, con el fin de comprobar el presunto fraude que dicen se presentó,
pues debieron precisar las diferencias que consideran como injustificadas en cada una de las
mesas de votación, en razón a que era necesario establecer con exactitud, el reclamo
pretendido.

Esta situación impide que se analicen los resultados mesa a mesa de esta población, pues
ante la inexistencia de señalamiento preciso de la irregularidad no es posible establecerla,
como ya se dijo, de manera oficiosa por la Sala».

43. De la falsedad por suplantación concluyó que tampoco se concretó debido a que el
demandante en su escrito inicial no indicó la zona, puesto, mesa en la que tuvo lugar
esa irregularidad; adicional, omitió mostrar quien fue el impostor y quien fue el sujeto
pasivo de dicho acto.

44. Finalizó su estudio de legalidad con el cargo de sabotaje, para el cual concluyó, al
igual que el caso anterior, que el actor no demostró la maniobra subrepticia de terceros,
por lo que determinó la inviabilidad de encontrarlo probado.

1.4 Recurso de apelación

45. El demandante recurrió la sentencia de primer grado bajo los siguientes ejes
temáticos:

46. Indebida valoración probatoria. Para la violencia sobre las cosas y sabotaje,
refirió que demostró la destrucción del material electoral que contenía «los tarjetones ya
marcados» para desecharlos, como se observa del video aportado con la demanda, en
el cual, la jurado de votación de camisa rosada, en la mesa 3 de la cabecera municipal
de Atrato Yuto, realiza la actividad cuestionada.

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47. Sobre ello reiteró que:

«El sabotaje, es cierto que fue PROTAGONIZADO por los jurados de mesa porque fue un
plan orquestado por la candidata de la administración municipal de Atrato, y sus seguidores
para derrotar por segunda vez al candidato EUCLIDES PINO CORDOBA, de hecho se
observa en algunos videos el maltrato a los tarjetones ya marcados, donde la votación de
EUCLIDES PINO CORDOBA, fue sacada para destruirla y votarla, por eso decimos que la
señora YENIFER CORDOBA PINO, fue vista corriendo por los pasillos dentro del colegio
hacia los baños con una bolsa negra y que fue detenida por la policía, pero el poder de una
administración municipal puede más que la verdad, por eso se oye decir que con estas
demandas electorales en contra de la alcaldesa MILENA, no pasa nada en el municipio de
Atrato, esto antes del fallo de primera instancia, los comentarios de los seguidores de la
alcaldesa dicen que ella les dice que lo tiene todo controlado, mientras el pueblo está que
revienta porque la señora ANA MILENA HINOJOSO, no es la digna ganadora de las
elecciones del pasado 29 de octubre de 2023 por ello el pueblo indignado por el resultado
contrario a la realidad el día 31 de octubre se presentan disturbios por los malos resultado
ocasionados por los jurados de mesa delegados de la registraduria donde hay videos claros
del sabotaje que no puede negar la magistrada, el sabotaje no fue solamente los actos que
se presentaron el día 31 de octubre, es sabotaje también la manipulación mal intencionada
que se hace al material electoral como se observa en los videos en las mesas». (Sic para
toda la cita).

48. El vicio de suplantación de electores, lo probó con el testimonio de la señora Irma
Amparo Palacios Murillo y con la incautación de 2 cédulas falsas que realiza el
comandante de policía conforme se extrae del video aportado. Frente a ella, reiteró lo
dicho en la demanda, esto es, el hecho que cuando llegó a votar, se le informó que
había sufragado la señora María Edilma. De las otras 2 personas en esa situación adujo
que no lo demostró porque se le negó el testimonio.

49. En cuanto hace al cargo de compra de votos, lo probó con el dicho del señor Carlos
Antonio Palomeque, quien dijo ver al alcalde saliente Juan Genecy Bejaro, incurrir en
esa práctica.

50. Del cargo de trashumancia, sostuvo que lo acreditó con la imagen en que aparecen
capturados venezolanos y los certificados10 de algunas personas11 que votaron pero
que no viven en Atrato.

51. Valor probatorio de los videos y fotos. Sostuvo que ese material fue tomado de
algunos salones del colegio Antonio Abad Hinestroza «después de enterados que el
colegio tiene cámaras, los videos son los que muestran algunas mesas donde los jurados
maltratan, emburujan los tarjetones ya marcados haciendo lo que ya hemos dicho en la
demanda en los alegatos de conclusión, el video donde aparece el comandante de policía con
2 cedulas falsas de las tantas que circularon el día Domingo 29 de octubre de 2023 a lo largo
y ancho del municipio».

52. En cuanto a los resultados electorales, reiteró que se demostró que todo se realizó
para favorecer a la demandada, conforme lo probó con los E-24 de 2019 y 2023, en los
que consta que «la votación que le acomodaron desde el día domingo 29 de octubre de 2023
fue 2399 votos, votación obtenida por el señor JUAN GENECY BEJARANO, en las elecciones
del 2019 cuando le gano a EUCLIDES PINO CORDOBA Y A JESUS HEBER THERAN
HINESTROZA».

10
No detalló cuales.
11
Leidy Yulie Palacios Palomeque y Merlín Parra Cuesta, de quienes dijo viven en Quibdó.

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53. Mediante auto del 1 de agosto de 2024, se concedió el recurso de apelación.

1.5 Actuación de segunda instancia

54. La magistrada ponente, admitió el recurso de apelación y ordenó correr traslado a
los sujetos procesales y al Ministerio Público, quienes intervinieron en el siguiente
orden:

55. El apoderado del demandante reiteró sus argumentos y en ellos solicitó se declare
la nulidad de la elección y la cancelación de la credencial de la demandada, dado que
demostró los vicios que adujo en la demanda.

56. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado, solicitó se confirme la
decisión de primera instancia al considerar lo siguiente:

57. Primero, llamó la atención, que el problema jurídico se circunscribió a dos vicios,
esto es, los datos contrarios a la verdad en los documentos electorales y la
trashumancia; sin embargo, la sentencia se pronunció sobre temas como la
suplantación, la violencia y el sabotaje, los que desbordaron la fijación del litigio.

58. Frente a la trashumancia, sostuvo que no demostró los elementos que la
estructuran, por cuanto no existe prueba que los “venezolanos” hubieran votado.

59. De las diferencias entre los E-14 y E-24, la «considera general, por lo que para
determinarse requería que señalara con precisión las zonas, los puestos y las mesas del
municipio, en los que se habrían presentado diferencias entre los formularios E-14 (actas de
escrutinio de jurados de votación) y E-24 (actas parciales de las comisiones escrutadoras), en
relación con el candidato afectado o beneficiado, junto con el respectivo número de votos
impugnados, en cada uno de estos documentos».

60. Del sabotaje, sostuvo que de la valoración de los videos no se puede extraer su
lugar de origen, las conductas que se están desarrollando y mucho menos que la
destrucción recayera en los votos válidos del señor Pino Córdoba.

61. En el caso de la suplantación de electores, determinó que «si bien es cierto que el
recurrente expone que era notorio que llegaban personas a votar y otras ya habían votado por
ellas, según le sucedió a la declarante Irma Amparo Palacios Murillo; también es evidente que
no se especificó en qué puesto, zona y mesa ocurrió esa irregularidad y en qué otros lugares -
puestos de votación-, acaeció, de manera sistemática, esa alteración en el sistema eleccionario
el 29 de octubre de 2023 en el municipio de Atrato-Yuto».

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

62. La Sala es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra
la sentencia de primera instancia, en atención a lo dispuesto en los artículos 150 12 y
152.7 a)13 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080

12
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…)».
13
«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia (…) 7. De los siguientes asuntos relativos a la
nulidad electoral: (…) a) De la nulidad del acto de elección (…) de los alcaldes municipales y distritales (…)»

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Demandante: Jasson Yovanny Córdoba Moreno
Demandada: Ana Milena Hinojoso
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de 12 de marzo de 2019, modificado por el artículo 1° del Acuerdo 434 de 2024, de la
Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Problema jurídico

63. La controversia en este proceso se circunscribe a determinar si, de acuerdo con los
argumentos expuestos en la apelación, hay lugar a confirmar, modificar o revocar la
sentencia de primera instancia. En ese orden de ideas, la Sala verificará en primera
medida, si los cargos de nulidad de carácter objetivo cumplen con los requisitos de
especificidad para su análisis, de ser afirmativo, se limitará a estudiar si en el caso
concreto se presentó una indebida valoración probatoria frente a cada uno de ellos.

64. Para el efecto, la Sala analizará: i) los requisitos para la postulación de cargos de
carácter objetivo en el medio de control de nulidad electoral, ii) de encontrar que se
acredita el cumplimiento del numeral anterior, analizará el desconocimiento de los
documentos; para (ii) determinar si con las pruebas legal y oportunamente allegadas al
proceso se concretaron los vicios alegados por el demandante.

2.3 Requisitos para la postulación de los cargos de nulidad electoral por causales
objetivas

2.3.1 Violencia sobre el material electoral

65. La parte actora concretó el presente cargo, en el hecho que:

«después de las 4 de la tarde que cierran las urnas se observan los videos en la mesa 3
donde una jurado de blusa rosada de la campaña de la candidata ANA MILENA
HINOJOSO, emburujando, maltratando los votos de EUCLIDES PINO CORDOBA, para
desecharlos votarlos, esto en complicidad del personal de la registraduria y otras personas
que en esa mesa estaban, igual paso en otras mesas donde hay videos, en los escrutinios
de mesa, la votación de PINO CORDOBA, nunca entro a las bolsas requeridas para hacer
un escrutinio serio, transparente conforme a la ley, por lo visto en el video, la votación de
PINO CORDOBA, fue seleccionada, separada para destruirla, desaparecieron los votos de
PINO CORDOBA. Igual paso en los corregimientos donde el candidato PINO CORDOBA,
no tuvo jurados de mesa, si ocurrieron irregularidades en la cabecera municipal yuto, que no
pudo pasar en los corregimientos, en SAMURINDO la mesa 1y 2 las metieron en un mismo
salón cosa que no es legal no había pasado nunca, las unieron, en ninguna de las 2 mesas
hubo jurados del candidato PINO CORDOBA, en estas 2 mesas al único que le aparecen 38
votos malos es a PINO CORDOBA, en yuto a las 6 pm cuando sacan a los testigos y
algunos jurados que no eran de la campaña de MILENA, observan a la señora YENIFER
PINO CORDOBA, jurado de mesa de la campaña 3 de MILENA, corriendo con una bolsa
negra por los baños del colegio en yuto cabecera municipal, según dicen eran los votos de
EUCLIDES PINO, esos que se observan en el video maltratándolos emburujándolos para
desecharlos, votarlos…»

66. También señaló que el material electoral fue destruido (incinerado) con el fin de no
poder comprobar el fraude.

67. Frente los reproches de la demanda, el fallo de primera instancia no resolvió el
cargo de nulidad propuesto, esto es, no determinó si en este caso existió violencia
sobre las cosas, como lo son los pliegos electorales presuntamente excluidos del
escrutinio o incinerados, sino que negó la pretensión anulatoria sobre la base de la falta
de concreción del cargo de violencia sobre las personas.

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Demandante: Jasson Yovanny Córdoba Moreno
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68. Así, inició señalando que: «no hay concreción respecto al constreñimiento, coacción o
violencia específica sobre la persona del testigo ni sobre las mesas demandadas y
judicializadas, comoquiera que precisamente se advierte que el relato del testigo es de
perspectiva geográfica amplia, a veces acompañada de cuestiones que escuchó o que se
comentó por otras personas. Incluso que responden a suposiciones con respecto a su
integridad y propia humanidad».

69. Para culminar diciendo que: «No existe en el acervo probatorio, medios que corroboren
que el electorado de la Cabecera Municipal de Atrato, fue sujeto de coacción, constreñimiento,
hostigamiento o cualquiera otra forma de presión (física o psicológica) al momento de asistir a
las urnas y sufragar o de no haber podido hacer presencia en ellas a ejercer el derecho al
voto».

70. Por las anteriores razones, negó la violación planteada, basada en el numeral 1° del
artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.

71. De lo expuesto, encuentra este fallador, que el a quo decidió la legalidad del
presente acto de elección bajo una causal de nulidad diferente a la propuesta por el
demandante; ante ello, y en consideración a los argumentos de apelación, compete al
juez de segunda instancia pronunciarse sobre el cargo de violencia sobre las cosas
consagrado en el numeral 2 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.

72. Sobre este particular, el demandante solicita se analice ese reproche, al considerar
que cumple con la carga argumentativa necesaria para lograr un pronunciamiento de
mérito.

73. En virtud de lo anterior, pasa este juez electoral a verificar si el cargo satisface los
requisitos para su análisis de fondo.

74. La causal de nulidad de los actos de elección por destrucción del material electoral,
se encuentra regulada, como ya se indicó, en el artículo 275.2 del CPACA, que a la
letra reza:

Artículo 275. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son
nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando:

(…) 2. Se hayan destruido los documentos, elementos o el material electoral, así como
cuando se haya ejercido cualquier tipo de violencia o sabotaje contra estos o contra los
sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados de las
elecciones.

75. La sala ha definido esta clase de violencia como «… el hecho de un tercero que
irrumpe a través de la fuerza, …, en la integridad y en el orden natural del proceso eleccionario,
atacando directamente a las personas o a las cosas que hacen parte de él…Cualquiera que
sea el caso, es dicho fenómeno, entonces, una causa exógena que altera la corrección formal
que se debe predicar de un acontecimiento tan significativo como lo es la elección»14.

76. Ahora bien, para que el juez electoral profiera un fallo anulatorio por hechos de
violencia, no sólo debe verificar de manera objetiva la ocurrencia del hecho (elemento

14
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de septiembre de 2016, CP: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. No.
05001-23-33-000-2015-02546-01 acumulado.

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cualitativo), sino que debe proceder a determinar si tal irregularidad, tuvo la entidad
suficiente para modificar el resultado (elemento cuantitativo)15.

77. Sobre este particular, la parte actora sustenta este cargo en los siguientes
supuestos fácticos, (elemento cualitativo):

• «en 28 mesas de votación instaladas en el municipio de Atrato- yuto el candidato
EUCLIDES PINO CORDOBA solo al canso (sic) a tener jurados de mesa en 10 de 28 lo que
estaba en desventaja a los demás candidatos que tenían 2 y 3 jurados es decir en 18 mesas
no tubo (sic) jurados, por eso en YUTO y demás corregimientos en las mesas donde no tubo
(sic) jurados después de las 4 de la tarde que cierran las urnas se observan los videos en la
mesa 3 donde una jurado de blusa rosada de la campaña de la candidata ANA MILENA
HINOJOSO, emburujando, maltratando los votos de EUCLIDES PINO CORDOBA, para
desecharlos votarlos (sic), esto en complicidad del personal de la registraduria y otras
personas que en esa mesa estaban».

• Esta misma circunstancia «se presentó en los corregimientos donde el candidato
PINO CORDOBA, no tuvo jurados de mesa, si ocurrieron irregularidades en la cabecera
municipal yuto, que no pudo pasar en los corregimientos».

• «En SAMURINDO la mesa 1 y 2 las metieron en un mismo salón cosa que no es legal
no había pasado nunca, las unieron, en ninguna de las 2 mesas hubo jurados del candidato
PINO CORDOBA, en estas 2 mesas al único que le aparecen 38 votos malos es a PINO
CORDOBA».

• «El día martes 31 de octubre queman los votos donde se había pedido reconteo de
votos y no se hizo por esa razón, el periódico choco 7 días del día 3 de noviembre publica a
milena como ganadora con 2399 después de 4 días entonces no es posible que a la
candidata le aparezcan 600 votos más y a los otros candidatos les rebaje la votación…» (Sic
a toda la cita).

78. De la lectura de los hechos, se tiene que la parte actora no señala con claridad las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaeció el hecho violento, así, por
ejemplo, frente a la mesa 3, indica que una jurado maltrató los votos del candidato Pino
Córdoba para desecharlos; no obstante, no se sabe el puesto donde ello ocurrió,
elemento esencial para concretar el cargo.

79. Para demostrar la ocurrencia del hecho violento, adjuntó unos videos 16 de los
cuales tampoco se puede advertir las condiciones en que fue elaborado, lo cual impide
determinar la locación en la que presuntamente ocurrió el acto violento.

80. En este caso, solo hasta el recurso de apelación, el demandante señala que los
videos son tomados «de algunos salones del colegio, ANTONIO ABAD HINESTROZA, de
yuto, es decir el colegio tiene cámaras en algunos salones de clase…». A continuación,
unas imágenes extraídas de ese medio de convicción.

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 25 de mayo de 2017, MP: Rocío Araújo
Oñate, radicado 50001-23-33-000-2016-00100-02.
16
Índice 12 de SAMAI Tribunal Administrativo del Chocó.

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81. Es decir, solo hasta la impugnación, esclareció la circunstancia de lugar en que el
hecho violento alegado ocurrió, aspecto que no puede ser subsanado en este estado
del proceso, en tanto, la parte pasiva no tuvo la oportunidad de defenderse de aquella.

82. Vale recordar, que el recurso de apelación fue concebido por el legislador, como el
medio para controvertir las razones de la decisión del fallador de primera instancia, mas
no para subsanar yerros propios de los cargos de nulidad electoral; aceptar tal
circunstancia, conllevaría a que fuera factible enriquecer el debate y pronunciarse
sobre aspectos nuevos de los cuales, las partes y demás intervinientes, no tuvieron la
oportunidad de discutir, ya fuera pidiendo pruebas, presentando excepciones o
manifestando razones para defender su posición al interior del litigio.

83. Por ello, al no cumplirse con el requisito de determinación del elemento cualitativo
de la causal de anulación, no se puede establecer la condición del lugar que permitiría
aclarar en dónde se presentó la situación anómala al interior del proceso eleccionario
de todo un municipio, en tanto, en el cargo, se señala de manera general que esta
situación se presentó en la mesa 3 y en las demás donde el señor Pino Córdoba no
tuvo testigos electorales.

84. Esa relación de hechos de forma abstracta, impide determinar el factor modal de la
causal de nulidad, es decir, si esa conducta se refiere a la labor propia de los jurados
de destrucción del material sobrante de las elecciones (no utilizado), procedimiento
previo al inicio del escrutinio, el cual se encuentra dentro de las labores propias17 o si
en efecto se trata de algún acto de violencia sobre los votos depositados en la urna que
imposibilitara su consolidación.

85. Lo anterior conlleva a que tampoco se satisfaga el requisito relativo al elemento
cuantitativo, pues ante la indeterminación del cargo, el fallador no puede establecer la
manera cómo esa circunstancia pudo modificar los resultados, porque no se ilustraron
con claridad las condiciones de tiempo, modo y lugar en que ello ocurrió y si, en efecto,
se trató de un hecho violento que impidiera la contabilización de los sufragios.

86. Al respecto la Sección Quinta ha establecido18:

En el caso concreto, como la votación destruida por causa de la violencia no fue escrutada
y, por lo mismo, no fue registrada en los resultados finales de la elección, el análisis del
cargo debe abordarse desde la perspectiva de la garantía de participación política ciudadana
a través del ejercicio del derecho al voto, como quiera que los hechos violentos ponen en
evidencia que la voluntad de un determinado número de votantes no se vio reflejada en la
declaratoria de una elección.19
17
https://wapp.registraduria.gov.co/electoral/elecciones-territoriales-2023/pdf/20231004_jurados_territoriales-2023.pdf
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 24 de noviembre de 2005, MP: María Nohemí
Hernández Pinzón, Radicado 19001-23-31-000-2003-02105-03(3800)
19
Al respecto: Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 9 de noviembre de 2000, expediente No. 2424. Sentencia de 25
de enero de 2002, expediente No. 2766.

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Al respecto, la Sala en un caso similar decidido en otra oportunidad, sostuvo que: “La
destrucción de las tarjetas electorales por causa de la violencia origina la nulidad de las
actas de escrutinio en razón a que esa irregularidad conduce a la no contabilización de
los votos reflejados en aquellos y, consecuencialmente, puede alterar la voluntad de
los ciudadanos en las urnas.”.20

Sobre el mismo tema, también resaltó la Sala que cuando ocurren esta clase de situaciones,
“el resultado general que es fruto de la suma de cada una de las actas de los jurados de
mesa, queda afectado por la duda sobre el nombre del triunfador”.21

Pero esta causal no se configura por la sola verificación de que la voluntad electoral de cierto
número de personas resultó menguada por acciones violentas de terceros.

Para dar eficacia al voto depositado pero no reflejado en el resultado electoral definitivo -
según lo dispuesto en el artículo 1°, numeral 3° del Código Electoral-, es menester
establecer a cuánto asciende el total de ciudadanos aptos para sufragar en las mesas cuya
votación fue destruida o, por lo menos, conocer la constante histórica porcentual de
participación de los ciudadanos en la respectiva circunscripción electoral, puesto que es
necesario contemplar los porcentajes normales de abstención que ordinariamente se
presentan en las elecciones.

87. En lo que hace al reproche que, en Samurindo el escrutinio se hiciera en un solo
salón, el actor no señala como ello puedo ser considerado como un acto violento.

88. Finalmente, al igual que en los casos anteriores, la parte actora refiere a la
incineración inadecuada de la votación, no obstante, no ilustra en dónde ocurrió esa
circunstancia, es decir, la etapa del proceso electoral en que ello presuntamente se
concretó, (escrutinio de mesa o de comisión), la ubicación dentro de la jurisdicción de
Atrato- Yuto, la votación afectada, entre otras consideraciones, que permitirían al
fallador de instancia determinar de fondo la existencia o no del vicio aducido

89. Por manera que, se impone negar la prosperidad del presente motivo de
impugnación.

2.3.2 Sabotaje

90. El recurso de apelación, se sustenta en que se incurrió en el fenómeno de sabotaje
electoral, por cuanto «se observa en algunos videos el maltrato a los tarjetones ya marcados,
donde la votación de EUCLIDES PINO CORDOBA, fue sacada para destruirla y votarla…».

91. La Sala ha definido el sabotaje, dentro del marco de los procesos democráticos como
«el daño, deterioro, obstrucción u oposición que, de manera sutil, engañosa o disimulada se
hace sobre las cosas con el objetivo de materializarse en alteraciones del proceso electoral,
que no involucran el uso de la fuerza, sino que obedecen a maniobras subrepticias que buscan
destruir u obstruir el proceso eleccionario»22.

92. A su turno, esta Sección ha señalado que dicha causal es diferente a la de violencia
sobre las cosas, así23:

20
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 9 de noviembre de 2000, expediente No. 2424.
21
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 25 de enero de 2002, expediente No. 2766.
22
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 29 de abril de 2021, Rad. 11001-03-28-000-2018-00106-00 (Acum.), MP. Luis
Alberto Álvarez Parra.
23
Sentencia del 29 de septiembre de 2016. MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicado 05001-23-33-000-2015-02546-01
(acumulado con 05001-23-33-000-2015-02600-01 y 05001-23-33-000-2016-00191-01).

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«… a efectos de definir y determinar el alcance del sabotaje como causal de nulidad
electoral, se hizo la siguiente precisión a partir de las definiciones expuestas por el
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua:

“Sabotaje: (…)

1. m. Daño o deterioro que se hace en instalaciones, productos, etc., como procedimiento
de lucha contra los patronos, contra el Estado o contra las fuerzas de ocupación en conflictos
sociales o políticos.

2. m. Oposición u obstrucción disimulada contra proyectos, órdenes, decisiones, ideas,
etc.” (…)

… Estas acepciones resultan de vital importancia si se tiene en cuenta que la violencia…
está determinada en términos de la fuerza –y cualquiera de sus variantes – física o moral
que se ejerza sobre un determinado objeto.

… Ergo, la diferencia entre “sabotaje” y “violencia” podría estar dada en términos en la
presencia o no de ese ingrediente. Al punto que la primera de tales categorías tendría
que ser concebida como el daño, deterioro, obstrucción u oposición que, de manera
disimulada –por decir lo menos– se hace sobre las “cosas” que, en su conjunto,
permiten materializar el proceso electoral. (…)

De lo anterior, se concluyó que ‘la hipótesis que mejor se aviene al deber estatal de asegurar
la democracia, para estos particulares eventos, es aquella que tiende a conjurar todo daño,
deterioro, oposición y obstrucción que se pueda irrogar al aparato electoral y a sus
componentes por medio de prácticas disimuladas, sutiles, artificiosas, engañosas,
subrepticias y demás, que, por estar desprovistas de fuerza, encuadran en la categoría
de ‘sabotaje’, y no en la de ‘violencia”’ y así, en esos términos quedó definido el
“sabotaje”, entendido entonces, como una hipótesis autónoma que difiere de la “violencia”.

En ese sentido, se reitera que los términos de violencia y sabotaje tienen una diferenciación
en la forma como se materializan y, principalmente, en lo que concierne a la presencia o no
del elemento de la fuerza, siendo el sabotaje el daño, deterioro, obstrucción u oposición que,
de manera sutil, engañosa o disimulada se hace sobre las cosas con el objetivo de
materializarse en alteraciones del proceso electoral, que no involucran el uso de la fuerza
sino que obedecen a maniobras subrepticias que buscan destruir u obstruir el proceso
eleccionario, como por ejemplo, arrojar sustancias sobre los tarjetones de votación para que
se impida ver su contenido, atacar o manipular el aplicativo o software donde se consignan
los resultados de los escrutinios, con programas maliciosos que se introduzcan en los
computadores donde se procesa dicha información y la violencia, aquella acción que
implica el uso de la fuerza física o psicológica que emplea un tercero ajeno al proceso
electoral sobre los instrumentos que hacen parte de él que puede darse ya sea contra
las personas o contra las cosas.

93. La violencia constituye una causal de anulación diferente al sabotaje en tanto la
primera se sustenta en actos de fuerza física, mientras que el sabotaje es el acto
subrepticio de manipulación de resultados, aspecto último que no es el que caracteriza
la sustentación del recurso de apelación.

94. Así, como el actor en su recurso de apelación hace constar sus reproches de
sabotaje bajo los mismos argumentos en que sustentó los actos de violencia sobre el
material electoral, por lo que, la sala resuelve estarse a lo decidido en el numeral 2.3.1,
de este proveído.

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Radicado: 27001-23-33-000-2023-00140-01

2.3.3 Suplantación de electores reitera jurisprudencia24

95. La suplantación de electores se enmarca en la causal de nulidad electoral
consagrada en el numeral 3 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 relativa a que los
documentos electorales contienen datos contrarios a la verdad o falsos, con el fin último
de mutar el resultado del certamen electoral.

96. Este fenómeno se configura cuando i) una persona deposita su voto en nombre de
otra, ii) los jurados de votación diligencian las casillas del E-11 simulando que la
persona allí registrada se acercó a ejercer su derecho al voto, o, iii) cuando en el
formulario E-11 se registra como votante a una persona cuyo cupo numérico no se
encuentra vigente por haber pertenecido a una persona fallecida.

97. La Sala Electoral, desde el año 200925, ha referido las diferentes modalidades de
suplantación de electores, así:

«(…) 1. Cuando una persona que no es titular del documento de identificación que aparece
preimpreso en el formulario E-11 logra depositar el voto a nombre del verdadero titular. 2.
Puede acontecer que nadie haya concurrido a votar a nombre de otro, sino que los jurados
de votación motu proprio llenaron las casillas correspondientes con nombres ficticios. 3.
Cuando frente al número de la cédula preimpresa se encuentran anotaciones o trazos
ilegibles, signos, número de cédula o cualquier otra anotación similar que no permite
identificar al titular del documento de identificación. 4. Cuando el titular de la cédula ejerce el
derecho al voto doble vez, frente al número de cédula del cual es titular y a su vez frente a
otro número de cédula que no le corresponde. (…)” Y afirmó: “Los anteriores casos
conducen a que se esté en presencia de un registro falso o apócrifo, en la medida en que se
carece de explicación válida respecto a que la inconsistencia se deba a un mero error, pues
resulta evidente que la pretensión fue la de introducir votos por ciudadanos no aptos para
votar, con el fin de alterar el resultado de los escrutinios».

98. Nótese que, en el caso de la suplantación, los documentos electorales contienen
datos contrarios a la verdad, pues en ellos reposa información que no se encuentra
conforme con la realidad, porque quien aparece ejerciendo el derecho al voto, no era el
que legalmente podía ejercerlo.

99. Muestra de lo anteriormente señalado, es que en el registro de votantes o
formulario E-11 aparecerá un número de sufragantes que dista de la verdad, dado que,
en realidad, no comparecieron a ejercer su derecho todas aquellas personas que
aparecen en éste como votantes, materializándose la alteración de los resultados,
debido a que en el escrutinio se contabilizarán votos que no fueron depositados en las
urnas por el titular del derecho, lo cual se traduce en marcaciones espurias que van a
ser sumadas en el acta E-14 y posteriormente en los formularios E-24 y E-26, siendo
éste último en el que consta la declaratoria de la elección.

100. Para ser estudiada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, esta
causal de anulación debe cumplir con los siguientes requisitos, con miras a lograr que
el cargo así planteado respete el principio de especificidad que irradia el deber que

24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de abril de 2021, MP: Rocío Araújo Oñate, radicado
44001-23-40-000-2020-00004-01
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 6 de julio de 2009, Radicado No.
11001-03-28-000-2006-00115-00(4056-4084).

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debe cumplir quien pretende un pronunciamiento de fondo frente a éstas. Al respecto se
debe tener en cuenta26:

«No obstante, para que el cargo de suplantación de electores se considere debidamente
formulado, es necesario no sólo que el demandante suministre la zona, el puesto y la mesa
donde la irregularidad tuvo ocurrencia, sino que es imprescindible que individualice a los
presuntos suplantados identificándolos con su cédula de ciudadanía y señale quienes
figuran como suplantadores mediante la indicación de sus nombres y apellidos. Lo
anterior, por cuanto para establecer la veracidad de esa irregularidad y si es constitutiva de
falsedad, se examina si existe inconsistencia entre el nombre que aparece consignado
en el formulario E-11 y el del titular de la cédula que figura en el Archivo Nacional de
Identificación (ANI) o con el censo electoral.

Ha sido reiterada la tesis según la cual para deducir la falsedad de un registro por
inconsistencia entre el nombre registrado en el formulario E-11 y el nombre del titular
de la cédula de ciudadanía, es necesario analizar individualmente cada situación
planteada en la demanda para determinar si realmente se trata de un caso de fraude, o
por el contrario, la equivocación es atribuible a un error de los jurados de votación.

Sobre el tema anotado, la jurisprudencia de la Sala27 ha sostenido lo siguiente:

“La determinación del cargo de suplantación electoral

La determinación de los hechos en que consiste la suplantación de electores implica el
señalamiento de las circunstancias de tiempo, modo, lugar y personas que en ella
incurrieron. Para ello debe individualizarse a los presuntos suplantadores y suplantados por
sus nombres, números de cédula u otra característica y debe señalarse además la zona, el
puesto y la mesa donde ocurrió.» Negrillas fuera de texto.

101. En conclusión, sólo procederá el estudio de fondo de los cargos referentes a la
modalidad de falsedad por suplantación de electores, cuando exista determinación de
esta al momento de presentación de la demanda, lo anterior, debido a que al ser esta
jurisdicción de carácter rogado, le impide al Juez Electoral, entrar a subsanar las
omisiones probatorias de las partes, o peor aún asumir de oficio estudios frente a
registros que no fueron propuestos por los sujetos procesales.

102. Para finalizar, resulta pertinente aclarar que no toda irregularidad puede ser
entendida como suplantación, es así como en el trascurso del proceso de elección, los
jurados cometen errores al momento de diligenciar el E-11 tal y como puede ser: i) que
equivocan la casilla en la que se debe escribir el nombre del votante, ii) al digitar el
nombre del votante no se hace en debida forma ya que se modifica su orden o por
variación de alguno de ellos, iii) trastocan el orden del número de cédula y, iv) se detalla
en dos casillas el mismo nombre pero se deja la salvedad.

103. Por manera que, no todo error en el diligenciamiento del registro de votantes,
debe ser tenido como una irregularidad configuradora de la causal de nulidad
consagrada en el numeral 3 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, dado que al ser
una actuación humana puede estar precedida de inconsistencias que son claramente
identificables como tal por no tener como finalidad adulterar los resultados de la mesa.

104. En este caso, el supuesto en que se sustenta el cargo se basa en dos eventos: i)
la incautación de cédulas falsas y, ii) lo acaecido con la señora Irma Amparo Palacios
Murillo.

26
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 29 de agosto de 2009, C.P: Susana Buitrago Valencia, radicado No. 44001-23-
31-000-2007-00246-01.
27
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 24 de noviembre de 200505, Exp. N° 3851.

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Demandante: Jasson Yovanny Córdoba Moreno
Demandada: Ana Milena Hinojoso
alcaldesa del municipio de Atrato (Chocó)
Radicado: 27001-23-33-000-2023-00140-01

105. Al igual que en los casos anteriores, el demandante en su escrito inicial no indicó
la zona, el puesto y la mesa donde la irregularidad alegada se concretó.

106. Adicional, en el caso de las cédulas falsas, no se adujo si los portadores de
aquellas habían votado, el lugar donde lo hicieron y el registro de votantes donde
consta el vicio, razón suficiente para desestimar su estudio conforme los parámetros
jurisprudenciales de necesidad de determinación de dichos aspectos.

107. En cuanto hace a la señora Irma Amparo Palacios, si bien informó quien fue la
suplantada, en su escrito inicial no se determinó en dónde debía votar (zona, puesto y
mesa); solamente, cuando esta rindió testimonio señaló que:

El objeto de la declaración es que usted nos cuente todo lo relacionado con la elección del
alcalde de Yuto, lo que sepa y le conste. CONTESTÓ: Bueno, yo fu a votar y cuando yo
llegue a votar, yo no pude votar, porque, yo llegue tipo diez de la mañana y no pude votar
porque ya cuando yo dentre (sic), me cogieron la cédula, y fue cuando me dijeron que yo ya
bahía votado; y dije, no yo no he votado porque soy una mujer seria en mis cosas, entonces
yo tengo que votar, que no que yo ya había votado porque la cedula mía ya habían votado,
pues dije yo quien voto por mí, cuando yo soy es una mujer seria, yo no soy una muchacha
de votar de votar hoy y después ir a votar, no, entonces me dijeron y me fui yo misma a ver
dónde una señora llamada María Edilma, estaba en el espacio en el que yo iba a firmar,
entonces yo cuando vi que era una señora María Edilma, entonces yo no voy a votar, me
dijeron no, usted puede votar, pero no queda registrada en el libro y me dieron unos
talonarios, unos tarjetones y me fuí y marqué al señor Euclides y al Gobernador y ahí metí
los papeles y di la vuelta y me fuí, porque con mucha rabia sí, porque yo no quedé registrada
en libro. PREGUNTADO: Dígale al despacho si reconoce la firma de la persona que voto por
usted. CONTESTÓ: Yo vi la firma, y la firma era como de un muchacho de primaria, unos
palotes, dije yo, esta letra no es mía, entonces me dijeron los pelaos, porque eran un poco
de pelaos que estaban ahí, me dijeron, no yo sé que usted no ha venido a votar, y dije yo y
porque aparece donde voy a firmar y ahí se fueron que voy a ver cuál es el problema y ahí
ya me dieron el tarjetón. PREGUNTADO: Recuerda el nombre de la persona que ya había
votado por usted. CONTESTÓ: El nombre de la persona, esa María Edilma, yo no sé, como
ahí había una María Edilma en Yuto, no sé cuál es la muchacha. PREGUNTADO: Recuerda
que dijeron los jurados de mesa. CONTESTÓ: Ellos me dijeron que esperara, y habían ido a
ver si yo podía votar y ahí se fueron, vino una muchacha que tienen unos suéter blanco ahí y
me dijeron usted puede votar y dije yo como voy a votar si no puedo registrarme ni nada,
entonces me dijo, no raye por el que va a votar y yo rayé y eché el de gobernador ya no lo
quise rayar porque estaba con mucha rabia. PREGUNTADO: Entonces no firmó el E11.
CONTESTÓ: No firmé. PREGUNTADO: Podría informarle al despacho si recuerda en que
mesa votó. CONTESTÓ: Voté en la mesa tres. PREGUNTADO: Podría informarle al
despacho quien es María Edilma. CONTESTÓ: Pues María Edilma, no sé. PREGUNTADO:
Podría informarle al despacho si al momento de ejercer su derecho al voto cuantos talonarios
se le entregaron, tarjetas electorales. CONTESTÓ: A mí me dieron varios allí, pero yo firmé,
en mi consciencia firmé dos la de Euclides y del gobernador, no quise firmar más porque
tenía mucha rabia, porque yo no soy muchacho par (sic) engañarme. PREGUNTADO:
Podría usted informarle al despacho que hizo usted con las tarjetas electorales. CONTESTÓ:
Yo las eché ahí al cartón, yo las eché ahí.

108. Hasta la etapa de la audiencia de pruebas estableció con claridad que ejerció su
derecho al voto en la mesa 3 sin que se determinara su puesto de votación.

109. Con todo y si aun en gracia de discusión se pudiera estudiar el presente cargo, lo
cierto es que no obra en el plenario los formularios E-11, los cuales, fueron negados
como medios de convicción, sin que la parte impugnara esa decisión, documental que
se erige como esencial, dado que con ella, el juez puede determinar si en efecto, el
dicho de la deponente es cierto y si en su lugar otra persona, en su nombre sufragó o si,

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por el contrario, se trató de un error en el diligenciamiento del mencionado documento,
en donde se trocó la información del votante.

110. Así las cosas, se impone confirmar el fallo apelado en lo que hace a la negativa
de este argumento de impugnación.

2.3.4 Compra de votos, prácticas corruptas adelantadas por los candidatos de
elección popular28

111. Esta causal fue precisada por la Sección Quinta del Consejo de Estado en
sentencia del 16 de mayo de 2019, frente a un caso de nulidad electoral en el que se
alegaba que la congresista demandada incurrió en prácticas corruptas que afectaron la
pureza y libertad del sufragio, debido a que se acreditó que lideraba una organización
criminal para la compra de votos con el fin de ser elegida senadora de la República para
el período 2018-2022.

112. En dicha oportunidad, la Sección concluyó que conductas como la antes
señaladas desconocían directamente los artículos 40 numeral 1 y 258 de la
Constitución Política, normas en que deben fundar las elecciones de carácter popular.
Empero, aclaró que, dada la naturaleza objetiva del medio de control de nulidad
electoral, en el análisis de la conducta del demandado no se realizaba un juicio de
culpabilidad propio de otros mecanismos de control como la pérdida de investidura o la
acción penal, sino simplemente se verifica o desvirtúa la comisión de las prácticas
corruptas con la participación directa o indirecta del candidato al cargo de elección
popular.

113. Además, se destacó que la referida causal de nulidad, cuyo sustrato es el
desconocimiento de las normas antes señaladas, es de naturaleza subjetiva, en razón a
que está relacionada con la conducta del candidato, por lo que era independiente en su
configuración y consecuencias a la causal de nulidad de carácter objetivo de violencia
contra el elector prevista en el artículo 275.1 de la Ley 1437 de 2011.

114. Para mayor ilustración, se traen a colación los apartes más relevantes de la
sentencia del 16 de mayo de 201929 sobre los asuntos antes señalados:

«(…) actualmente es claro que las causales de nulidad del acto electoral son: i) las generales
consagradas en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y ii) las específicas enumeradas en el artículo 275 de esa misma
codificación

Dentro de las causales generales de nulidad se encuentran la infracción de las normas en
que debe fundarse el acto; la falta de competencia; la expedición irregular; el
desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa; la falsa motivación y la desviación
de poder.

Conforme lo anterior, puede afirmarse que la corrupción de las prácticas electorales
constituye una clara violación de los artículos 40 y 258 Constitucionales anteriormente
desarrollados, toda vez que se afecta el voto libre y secreto y el derecho a elegir y ser
elegido sin coacción alguna, lo cual redunda, se insiste en orden democrático que
debe regir un Estado Social de Derecho como el colombiano.

28
En este capítulo se reiteran las consideraciones expuestas en: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 20 de mayo de
2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 50001-23-33-000-2019-00473-01.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 16 de mayo de 2019, MP: Carlos
Enrique Moreno Rubio, Radicado 11001-03-28-000-2018-00084-00

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Es claro que la alteración indebida de la voluntad de los electores a través de presiones de
cualquier tipo que afecten su libertad y vicien el voto, como por ejemplo, la corrupción a
través de coacción a los votantes o el ofrecimiento y/o entrega de dádivas para que
acudan a las urnas en un sentido determinado, desconocen principios democráticos
fundantes.

Adicionalmente se advierte que las prácticas relacionadas con la compra de votos han sido
catalogadas clásicamente por la jurisprudencia de esta Sección como violencia sicológica
contra el elector y se han analizado como una causal objetiva a la luz de lo establecido en el
numeral 1 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 que establece como una causal específica
de nulidad electoral el haber “ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los
electores o las autoridades electorales”.

Para la prosperidad de dicha causal jurisprudencialmente se ha exigido la demostración
algunos elementos específicos, a saber:

i) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan demostrar que existió la violencia
alegada, lo cual además del factor objetivo que incluye que los constreñidos ejercieron el
voto en determinadas zonas, puestos y mesas, tiene un factor subjetivo, es decir que dicho
voto se dio como consecuencia de las dádivas ofrecidas y/o recibidas;

ii) Que, en caso de violencia sicológica, las dádivas fueron otorgadas por los demandados
con el propósito señalado por el demandante, es decir, para constreñir la voluntad del
elector,

iii) Cuántos ciudadanos votaron en razón de haber recibido un pago o una promesa de
dádiva; y

iv) Que el fraude de esos votantes tuvo la potencialidad de modificar el resultado electoral.30

No obstante, con base en las consideraciones anteriormente expuestas considera la Sala
que el análisis de la incidencia de las prácticas relacionadas con corrupción que
afecten la libertad del elector deben ser estudiadas no desde la óptica de la causal
objetiva de nulidad electoral, sino desde el punto de vista subjetivo caso en el cual no
se requeriría de la demostración taxativa de los requisitos en cita.

Lo anterior, por cuanto, como se expuso, la conducta de un candidato que
deliberadamente afecte la pureza del voto y que a través de prácticas corruptas
obtenga un resultado favorable en las urnas, vulnera las normas de rango superior en
que el acto electoral debe fundarse.

Tal es la relevancia de estas conductas, que recientemente el legislador introdujo una
reforma al Código Penal con el fin de proteger los mecanismos electorales en el país a
través de la modificación de algunas conductas típicas, su(s) penas y la incorporación de
otras, en la Ley 1864 de 2017.

Por lo tanto, las prácticas corruptas y antidemocráticas de candidatos que busquen
coartar por cualquier medio la libertad de los votantes para obtener beneficios en los
resultados electorales, constituye un(a) causal subjetiva de nulidad electoral para
cuya prosperidad se debe demostrar que el candidato ejerció directa o indirectamente
la actividad irregular o sabía de ella y con su anuencia se adelantó.

Conforme lo expuesto, es claro que la causal de nulidad electoral endilgada y analizada
en el caso concreto difiere la causal de violencia tradicionalmente abordada por la
Sala, toda vez que en este evento lo que se censura es la conducta de la demandada desde
el punto de vista de la corrupción, por cuanto las prácticas corruptas que afecten la libertad
del elector y la pureza que debe caracterizar el voto, atentan no sólo contra los principios
democráticos del Estado Social de Derecho sino además, contra normas de rango
constitucional.

30
Ver entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expedientes 2012-00011-01 y 2014-
00030-00 Providencias del 26 de febrero de 2014 y del 21 de enero de 2016, respectivamente. M.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.

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Es esta entonces la oportunidad para precisar por parte de la Sala que la corrupción o
las prácticas corruptas que se adelanten directa o indirectamente por un candidato a
cualquier elección popular constituyen una causal de nulidad electoral de naturaleza
subjetiva, independiente a la clásica violencia que ha sido estudiada por la Sección,
toda vez que ésta se basa no en las causales específicas consagradas en el artículo
275 de la Ley 1437 de 2011 sino en las genéricas de que trata el artículo 137 de la
misma ley, concretamente, porque vulneran las normas en que el acto electoral debe
fundarse.

Lo anterior, sin perjuicio de que el análisis de la causal de naturaleza subjetiva en mención,
siga siendo objetivo, en el marco propio de la nulidad electoral.

En este punto, resulta del caso destacar que el estudio efectuado en materia de nulidad
electoral difiere radicalmente de otros juicios tales como el penal o el que se adelante
en materia de pérdida de investidura como pasa a analizarse a continuación” (Destacado
fuera de texto).

115. Para la Sala este cargo lo compone: i) la existencia de una práctica corrupta, la
cual se concreta en cualquier actuación que atente contra la libertad del elector, ii) cuya
finalidad sea coartar por cualquier medio la libertad de los votantes para obtener
beneficios electorales y, iii) el ejercicio directo o indirecto de la práctica irregular o su
conocimiento acompañado por la anuencia del candidato, lo que en definitiva traduce
es la condición ulterior que justifica la existencia de la corrupción como motivo de
infracción de norma superior (art. 137 CPACA) –en contraste con las causales objetivas
de nulidad electoral fundadas en la violencia y otras formas de corrupción– que se
desmarca de la incidencia como factor cuantitativo, para hacer el tránsito hacia una
perspectiva cualitativa31.

116. Sea lo primero señalar, que el fallador de primera instancia, no hizo
pronunciamiento alguno respecto de esta causal de anulación, en la que el apelante
asevera, que en este caso acreditó el vicio alegado, con la declaración del señor
Guillermo Abad Córdoba en la que relató el acto de corrupción.

117. Con la presentación de la demanda, el actor se limitó a referir que: « el actual
alcalde JUAN GENECYS BEJARANO MARTINEZ, fue observado por el señor CARLOS
PALOMEQUE ROA, celular 3206378073 comprando votos dando de 500,000 y 600,000 pesos
por un voto, También fue observado el señor AMAITER BEJARANO CUESTA, comprando
votos dice el señor GUILLERMO ABAD CORDOBA SANCHEZ, celular 3205728483». (Sic para
toda la cita).

118. De la postulación del cargo se advierte, que esta causal carece del elemento
relativo al sujeto activo, esto es, que el candidato ejecute directa o indirectamente la
práctica irregular.

119. En la imputación del demandante, se asevera la existencia de dicha conducta,
sin que se señale condición alguna que permita inferir que aquella fue propuesta,
avalada, ordenada, aceptada o admitida por la demandada.

120. Con todo, si aun la Sala analizara el cargo a pesar de su inexactitud, se tendría
que el testimonio rendido, tampoco satisface el elemento estructurador que se echa de
menos, en tanto la misma se limitó a narrar el hecho, pero de ella, no se puede inferir
que tales actos vinieran de la demandada.

31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 21 de enero de 2021, MP: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicado 66001-23-33-000-2019-00777-01.

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121. A continuación, lo expuesto por el señor Córdoba Sánchez:

Guillermo Abad Córdoba Sánchez. El objeto de la declaración es que usted nos cuente todo
lo relacionado con la elección del alcalde de Yuto, lo que sepa y le conste. CONTESTÓ: Yo
vengo a decir esto porque en realidad me siento muy en desacuerdo en la situación del 29
de octubre. Resulta que yo me dirijo a votar en la calle principal por donde uno entra al
colegio y veo a un señor dando plata, el señor lo conozco por el nombre de Amaiter,
entonces yo le digo al señor. O sea él tenía unas personas que les estaba dando plata para
que fueran a dirigir el voto, entonces yo al frente de una barra que había ahí, le dicen la barra
mis esfuerzos, yo veo dos agentes de civiles parados ahí al frente, entonces cuando yo lo
veo a él dando plata yo me dirijo donde los que están ahí parados y les digo oiga señor
agente mire que ese señor está dando plata, en ese momento ni tan siquiera. Yo voy a votar
por la calle principal que uno se dirige hacia el colegio y veo al señor Amaiter dándole plata a
unas personas para que fueran a ejercer el voto, entonces yo en ese momento, como yo
sabía que la Policía estaba ahí, habían gentes custodiando eso entonces yo me dirijo a
donde dos personas que hay ahí al frente ellos estaban ahí en la barra Mis Esfuerzos, pero
ellos estaban al frente, entonces yo me dirijo ante el señor y les digo a ellos miren ahí está el
señor Amaiter dando plata, los señores ni tan siquiera me embolaron y después de eso al día
siguiente yo estoy por acá afuera cuando me habla un compañero mío sobre la cuestión que
como había visto la cuestión de las elecciones, entonces yo le digo a él, no hermano
nosotros las elecciones se las robaron y en el preciso momento que yo le estaba diciendo
eso al señor pasa el señor que yo vi, que le dije que estaba comprando votos y me sale el
señor no, ese señor es de la CIPOL y yo dije, mire vea que lo que es de uno es de uno, mire
es así, es así (sic), le dije yo a él. PREGUNTADO: Dígale al despacho quien es el señor
Amaiter. CONTESTÓ: Pues yo al señor Amaiter, en Yuto lo conozco como Amaiter, es hijo
del señor Coquito ex alcalde del Municipio del Atrato, él es bajito, acuerpado, gordito,
barrigoncito el. PREGUNTADO: Quienes eran las personas que estaban al frente que usted
dice fue y les dijo, reconoce usted a esas personas. CONTESTÓ: De esas personas
reconozco a uno, que al verlo lo saco, que no me sé el nombre porque no. PREGUNTADO:
Y eran funcionarios de que institución. CONTESTÓ: El señor yo le pregunté en el preciso
momento que estábamos hablando sobre eso él me dijo que eso muchacho trabaja en la
CIPOL. PREGUNTADO: Cree usted que puso en conocimiento ese caso a las autoridades.
CONTESTÓ: Obvio, sí. PREGUNTADO: En que parte de Yuto fue eso, que usted vio al
señor Amaiter dándole plata a unas personas, comprando votos. CONTESTÓ: Eso fue en la
principal yendo hacia el colegio al frente de la barra Mis Esfuerzos. PREGUNTADO: O sea
eso fue retirado del colegio, donde se estaba ejerciendo el voto, ese día 29 de octubre.
CONTESTÓ: Si. PREGUNTADO: Pudo usted votar ese día. CONTESTÓ: Sí lo hice.
PREGUNTADO: Oyó usted decir que habían inconformidades de que ya habían votado por
algunas personas y no lo pudieron hacer. CONTESTÓ: Sí. PREGUNTADO: Sírvase
manifestarle al despacho en qué mesa del lugar de votación, votó usted para las elecciones
de Atrato. CONTESTÓ: En la mesa número dos. PREGUNTADO: Infórmele al despacho si al
momento de ejercer su derecho al voto se encontraban testigos y jurados respectivamente
en la mesa. CONTESTÓ: Si se encontraban. PREGUNTADO: Sírvase informar al despacho
si al momento de ejercer su voto, usted lo hizo de manera libre, tranquila, sin presión alguna.
CONTESTÓ: Lo hice libre. PREGUNTADO: Infórmele al despacho si está usted en la
capacidad de aprobar que alguien ejerció el derecho al sufragio porque le compraron el voto.
CONTESTÓ: Pues en el momento no.

122. De lo anterior, se impone negar las pretensiones de la demanda, basados en el
presente cargo de nulidad.

2.3.5 Trashumancia

123. Para la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en el artículo 275, numeral
7 de la Ley 1437 de 2011 se encuentra la causal específica de nulidad de los actos
elección o nombramiento relacionada con la trashumancia, así:

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Demandante: Jasson Yovanny Córdoba Moreno
Demandada: Ana Milena Hinojoso
alcaldesa del municipio de Atrato (Chocó)
Radicado: 27001-23-33-000-2023-00140-01

«ARTÍCULO 275. CAUSALES DE ANULACIÓN ELECTORAL. Los actos de elección o de
nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y,
además, cuando: (…)

7. Tratándose de la elección por voto popular por circunscripciones distintas a la nacional, los
electores no sean residentes en la respectiva circunscripción».

124. Aunque la trashumancia electoral solo se consagró expresamente como causal de
nulidad específica mediante la norma transcrita, desde el 28 de enero de 1999 32 el
Consejo de Estado la aceptó jurisprudencialmente como un motivo para anular los
votos afectados y eventualmente el acto de elección, estimando en un primer momento
que dicha conducta constituía una violación del artículo 316 constitucional y luego33
desde el planteamiento de una modalidad de incurrir en la conducta prevista en el
entonces artículo 223.2 del Código Contencioso Administrativo34, aspecto en el que en
esta oportunidad no resulta necesario ahondar35.

125. Sin perjuicio de las consideraciones que más adelante se efectúen, es importante
tener presente que el Consejo de Estado en sede nulidad electoral ha considerado de
manera más o menos uniforme, que «para desvirtuar la presunción de residencia electoral
se debe probar, de forma concurrente y simultánea, (i) que el presunto trahumante (sic) no es
morador del respectivo municipio, (ii) que no tiene asiento regular en el mismo, (iii) que no
ejerce allí su profesión u oficio y (iv) que tampoco posee algún negocio o empleo.»36.

126. Además, «para que prospere el cargo de trashumancia se debe acreditar (i) qué
personas no residentes en el respectivo municipio se inscribieron para sufragar en él, (ii) que
estas efectivamente hayan votado y que (iii) sus votos tuvieron incidencia en el resultado de la
contienda electoral»37.

127. Con todo, emana como requisito esencial que el ciudadano haya votado,
pues la causal de anulación busca acreditar que determinados ciudadanos,
presuntamente trashumantes, influyeron en unas elecciones, por lo que inicialmente
deben confrontarse los formularios E-1038, E-1139 o E-1240, según sea el caso, para
determinar si participaron de forma activa en la contienda y, por ende, influyeron en el
resultado, de lo contrario, no se configura la causal de nulidad objeto de estudio.

32
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 28 de enero de 1999, Rad. 2125, M.P. Mario Alario Méndez. En esta
providencia se indicó: “Esta Sala, reiteradamente, ha expresado que la violación de lo dispuesto en el artículo 316 de la
Constitución no determina la nulidad de las elecciones de que se trate y que las consecuencias de esa violación son las
establecidas en el artículo 4º de la ley 163 de 1.994, según el cual sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiera lugar
cuando se compruebe mediante un procedimiento breve y sumario que el inscrito no reside en el respectivo municipio, el Consejo
Nacional Electoral debe declarar sin efecto la inscripción. La Sala en esta ocasión rectifica ese criterio. Si el artículo 316 de la
Constitución prohíbe que en votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales participen ciudadanos residentes en
otros municipios, el voto cumplido contra esa expresa prohibición constitucional es nulo. Y será nula, consecuentemente, la elección
correspondiente, cuando el número de votos nulos sea determinante de la misma, pues en caso contrario la nulidad del voto
resultaría inocua. Entonces, para alegar con éxito la causal de nulidad que resulta del artículo 316 debe demostrarse que los
inscritos no residían en el respectivo municipio, en el lugar indicado al momento de la inscripción, bajo juramento, en los términos
del artículo 4º, inciso segundo, de la Ley 163 de 1.994, y que efectivamente votaron; y establecer también la incidencia de tales
votos en el resultado electoral”.
33
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 30 de noviembre de 2001, Rad. 25000-23-24-000-2000-0768-01(2719), M.P.
Mario Alario Méndez.
34
“Artículo 223. Causales de nulidad. <Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011.> Las actas de escrutinio de los
jurados de votación y de toda corporación electoral son nulas en los siguientes casos: (…)
2. Cuando aparezca que el registro es falso o apócrifo, o falsos o apócrifos los elementos que hayan servido para su formación”.
35
Para mayor información sobre la evolución de la trashumancia como causal de nulidad electoral, puede apreciarse: 1) Consejo de
Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de febrero de 2017, Rad. 11001-03-28-000-2014-00112-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez. 2) Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo del 23 de febrero de 2017, Rad. 68001-23-33-000-2016-00076-02, M.P.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 3) Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo del 7 de diciembre de 2001, Rad. 41001-23-31-
000-2000-4146-01(2729), Darío Quiñones Pinilla.
36
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de febrero de 2017, Rad. 11001-03-28-000-2014-00112-00, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez.
37
Ibídem.
38
Censo de mesa.
39
Acta de instalación de mesa y registro de votantes.
40
Formulario de habilitación para votar.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 22
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Demandante: Jasson Yovanny Córdoba Moreno
Demandada: Ana Milena Hinojoso
alcaldesa del municipio de Atrato (Chocó)
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128. En aplicación de las consideraciones hasta aquí desarrolladas, corresponde
analizar en concreto, si el cargo se sustentó bajo los parámetros legales y
jurisprudenciales necesarios para ser analizados en esta sede judicial.

129. Al revisar el recurso de apelación, se encuentra que la parte actora lo sustenta en
la votación de venezolanos y en los certificados electorales de personas que no viven
en Atrato.

130. Nuevamente se observa, que el actor pretende corregir los yerros de la demanda
en el recurso de apelación y exponer condiciones de tiempo, modo y lugar que no
fueron alegados en la oportunidad procesal pertinente, esto es, con la demanda.

131. Adicionalmente, analizado el contexto de lo que debe entenderse por el fenómeno
de trashumancia, el cual fue expuesto de forma antecedente en este capítulo, se tiene
que el actor hizo su planteamiento en la demanda bajo la égida de la suplantación de
electores y no del llamado trasteo de votos, en tanto, no indicó i) qué ciudadano se
considera trashumante, ii) si en efecto votó y, iii) su incidencia en el resultado.

132. Al contrario, al revisar el texto de la demanda, la parte actora refirió a la
participación de ciudadanos venezolanos en el proceso democrático que ocupa la
atención de la sala, para referir que aquellos ejercieron el derecho al voto suplantando
ciudadanos del censo de municipio. Al respecto refirió: « de esto es testigo la joven KAIRA
RAMOS ESCOBAR, celular 3113245117 que estaba como testigo electoral en la mesa 7 la
mesa donde se presentaron los mayores problemas con el personal que cuando llegaron a
votar ya lo habían hecho por ellos, fue esta la mesa 7 donde aparecieron votando algunos
venezolanos…».

133. A su turno, manifestó que los extranjeros aparecían aptos para votar en Yuto.

134. Así las cosas, no es viable dar curso al presente argumento de apelación, a través
del cual la parte actora pretende modificar su planteamiento, para ahora, esgrimir
argumentos novedosos en aras de buscar del juez electoral un pronunciamiento de un
aspecto que no fue objeto de reproche en el trámite judicial.

135. No se pasa por alto que al momento de fijar el litigio, el fallador de instancia indicó
que la controversia giraría en la existencia o no de trashumancia, no obstante, al
momento de decir el litigio se abstuvo de hacer un pronunciamiento sobre la materia, al
encontrar que este cargo no fue postulado dentro del proceso.

2.4 Conclusión

136. Al constatarse por la Sala Electoral del Consejo de Estado, que los cargos de la
demanda no cumplen con los parámetros legales y jurisprudenciales para ser
analizados de fondo, se impone mantener incólume la elección demandada, al carecer
de fundamentos el presente medio de control.

137. Conforme a lo expuesto, no se analizará lo relativo al desconocimiento probatorio,
en tanto, no se concretaron los cargos de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

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Demandante: Jasson Yovanny Córdoba Moreno
Demandada: Ana Milena Hinojoso
alcaldesa del municipio de Atrato (Chocó)
Radicado: 27001-23-33-000-2023-00140-01

Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Chocó
del 4 de julio de 2024, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, de
conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta
providencia.

SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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