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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 27001-23-33-000-2024-00016-01

Fecha
19 de abril de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 27001-23-33-000-2024-00016-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo del Chocó. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión. Radicación: 27001-23-33-000-2024-00016-01 Demandante: Alberto Lloreda Palacios Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otros Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 27001-23-33-000-2024-00016-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

19 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 27001-23-33-000-2024-00016-01
Demandante: Alberto Lloreda Palacios
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otros
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / Confirma / Subsidiariedad – La parte actora no hizo uso de los
mecanismos ordinarios.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por Alberto Lloreda Palacios
en contra de la sentencia proferida el 14 de febrero de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Chocó, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de
amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 19 de enero de 2024, Alberto Lloreda Palacios, interpuso demanda de tutela
contra la Registraduría Nacional del Estado Civil Colombiano - Comisión
Escrutadora Municipal de Tadó (Chocó) y el Consejo Nacional Electoral, con el fin
de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, elevar peticiones
respetuosas y a elegir y ser elegido, los cuales considera conculcados por las
autoridades accionadas al no resolver hasta la fecha el recurso de apelación que
presentó contra las Resoluciones 1 y 2 del 4 de noviembre de 2023.

2.Como fundamentos fácticos, se tiene que el señor Lloreda Palacios se inscribió
como candidato al Concejo Municipal de Tadó – Chocó para el periodo 2024-2027.
Mediante escritos del 30 y 31 de octubre de 2023, solicitó ante la Comisión

Radicación: 27001-23-33-000-2024-00016-01
Demandante: Alberto Lloreda Palacios
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Escrutadora del municipio de Tadó el reconteo de las siguientes mesas: 1 del
Corregimiento de Carmelo, 1 y 2 del Corregimiento de Playa de Oro, 4,14, 22, 26,
27, 28 y 30 del Casco Urbano del municipio de Tadó, 1 del Corregimiento de
Manungará, 1 del Corregimiento de Mumbú y,1 del Corregimiento de Corcobado.
Consideró -principalmente- que el formulario E14 presentaba tachaduras y
enmendaduras sin nota de observación.

3.A través de las Resoluciones 1 y 2 del 4 de noviembre de 2023, la Comisión
Escrutadora Municipal de Tadó dio respuesta a las peticiones del hoy accionante, y
después de ordenar el conteo de las mesas reclamadas, expuso que a pesar de
que los formularios presentaban enmendaduras, al realizar el conteo de los votos
aquellos coincidían con el formulario E-14.

4. Inconforme con lo anterior, el 7 y 9 de noviembre de 2023 el señor Lloreda
presentó recurso de apelación y adición, al estimar que no se realizó el reconteo de
votos en las mesas 28, 30, 22, 14, 4 y 26 del Casco Urbano del municipio de Tadó,
1 del Corregimiento de Mumbú y, 1 del Corregimiento de Manungará, incurriendo
en una falsa motivación sin que hasta la fecha tenga respuesta alguna.

5. En ese sentido, el actor solicitó que se ordenara a las entidades accionadas en
el marco de sus competencias dar respuesta de fondo a las peticiones que en sede
de recurso de apelación radicó el 7 y 9 de noviembre de 2023 y, del mismo modo,
se realizara el reconteo solicitado y aceptado por la Comisión Escrutadora, pero de
manera completa.

B. Sentencia de primera instancia

6. Mediante sentencia de 14 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo del
Chocó declaró improcedente la solicitud de amparo por estimar que no superaba el
requisito general de subsidiariedad, por cuanto las pretensiones del accionante
deben discutirse al interior del medio de control de nulidad electoral, mecanismo
que resulta idóneo por cuanto permite dejar sin efectos las decisiones que considera
vulneraron sus derechos al debido proceso y doble instancia.

C. La impugnación

7. La parte accionante sostuvo que ratifica todos los argumentos planteados en el
escrito de tutela, los cuales considera no fueron abordados plenamente en el fallo
recurrido. Agregó que la primera instancia omitió referirse a la “petición y/o recurso”

Radicación: 27001-23-33-000-2024-00016-01
Demandante: Alberto Lloreda Palacios
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

que presentó y no ha sido resuelto. Sostuvo que el Tribunal se limitó a indicar que
la Comisión Escrutadora de Tadó en su momento dio respuesta al reclamante,
situación que no resuelve la omisión que en sede de alzada cometieron los
Delegados del Consejo Nacional Electoral en el Departamento del Chocó, y que
implicaba la necesidad de conceder el amparo deprecado.

8. Finalmente, indicó que se obvió analizar la procedencia de la protección
transitoria del amparo de tutela, pues se le está generando un perjuicio por la
pérdida de posibilidad de elegibilidad que padeció, a causa de las irregularidades
objeto de controversia. Añadió que el análisis de su tutela fue defectuoso.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Competencia

9.La Sala es competente para conocer de la impugnación, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19911.

E. Análisis del caso concreto

10. La Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado, pues una revisión de los

planteamientos aducidos por la parte accionante permite advertir que la solicitud de
amparo no supera el requisito de subsidiariedad.

11. Envirtud de su carácter subsidiario, la acción de tutela procede cuando el
accionante no dispone de otro medio de defensa salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. De
acuerdo a ello, los interesados deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y
extraordinarios que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para remediar la situación
que amenaza o lesiona sus derechos, de modo que se impida el uso indebido de
este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial adicional de
protección, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley
determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos. Lo anterior, tiene sustento en el artículo

1 “[P]or el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

Radicación: 27001-23-33-000-2024-00016-01
Demandante: Alberto Lloreda Palacios
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

862 de la Constitución Política y el numeral 1 del artículo 63 del Decreto 2591 de
1991.

12. El señor Lloreda Palacios no hizo uso de los mecanismos ordinarios que tenía a

su disposición, específicamente, la acción de nulidad electoral consagrada en el
artículo 1394 de la Ley 1437 de 2011, a través de la cual podía cuestionar no solo
los actos administrativos proferidos en respuesta a las reclamaciones presentadas
(Resoluciones 1 y 2 del 4 de noviembre de 2023), sino también la legalidad del acto
de elección5; máxime, si se tiene en cuenta que, como él mismo lo dijo en el recurso
de apelación que radicó dentro de la actuación administrativa electoral, las
Resoluciones 1 y 2 de 2023 le fueron notificadas luego de que la Comisión hiciera
la declaratoria de elección y expidiera las correspondientes credenciales para el
Concejo Municipal de Tadó.

13. Es decir, el actor no debía esperar a que le resolvieran el recurso de apelación o

siquiera presentarlo, pues desde antes tenía claro que ya existía un acto de
declaratoria de la elección y se habían expedido las credenciales para el Concejo
Municipal al cual aspiraba, es decir, tenía conocimiento de la presunta irregularidad
allí surtida, por lo que debía acudir inmediatamente a la acción de nulidad electoral

2 “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un

procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable (…)”. (se destaca).
3 “Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…)”
4 “ARTÍCULO 139. NULIDAD ELECTORAL. Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección

por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades
y autoridades públicas de todo orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para
proveer vacantes en las corporaciones públicas.
En elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades electorales que resuelvan sobre
reclamaciones o irregularidades respecto de la votación o de los escrutinios, deberán demandarse junto con el
acto que declara la elección. El demandante deberá precisar en qué etapas o registros electorales se presentan
las irregularidades o vicios que inciden en el acto de elección.
En todo caso, las decisiones de naturaleza electoral no serán susceptibles de ser controvertidas mediante la
utilización de los mecanismos para proteger los derechos e intereses colectivos regulados en la Ley 472 de
1998”.
5 Consejo de Estado – Sección Quinta, fallo del 12 de mayo de 2022, radicado 05001-23-33-000-2019-03249-

01: “…cuando la demanda se funde en causales de reclamación por errores aritméticos o tachaduras y
enmendaduras, es necesario solicitar el estudio de legalidad del acto de elección y el de los actos
administrativos proferidos en respuesta a las mismas, ello por cuanto conforme el inciso 2° del artículo 139 de
la Ley 1437 de 2011, el análisis, en primera fase, se realiza frente a las resoluciones que resuelven tales
reclamaciones, y solo en caso de que se declare su nulidad, se entra a hacer una verificación de las mesas y
los formularios en que se sustenta la información en ella…”.

Radicación: 27001-23-33-000-2024-00016-01
Demandante: Alberto Lloreda Palacios
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

para cuestionar la legalidad de los actos dictados en el marco de esa actuación
administrativa electoral. En términos concretos, proferido el acto de elección el
ejercicio de la defensa se debe ejercer en sede judicial, no a través de los recursos
contra las determinaciones de las comisiones escrutadoras.

14. No obstante lo anterior, el actor no hizo uso de la mencionada acción judicial en

el tiempo legalmente establecido para ello; es decir, dentro de los treinta (30) días
siguientes, de conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 164 de la
Ley 1437 de 20116. Así, el señor Lloreda Palacios omitió hacer uso del mecanismo
judicial ordinario que tenía a su disposición para cuestionar a través de este la
presunta vulneración de sus derechos, pretendiendo por medio de esta acción
constitucional subsanar ese yerro y obviar la caducidad.

15.
Sobre este último aspecto, ha de tenerse en cuenta que la elección de los
concejales del Municipio de Tadó se declaró el 4 de noviembre de 20237, y la tutela
se ejerció el 19 de enero de 2024. Poco más de 2 meses después, cuando ya había
caducado la acción.

16. Si bien no se probó que al actor se le haya resuelto el recurso de apelación que

presentó contra las Resoluciones 1 y 2 de 2023, no se puede pasar por alto que
desatar el mismo carece de sentido pues se insiste, ya existe un acto de elección y
fueron expedidas las correspondientes credenciales del Concejo Municipal de Tadó,
todo lo cual era susceptible de ser estudiado por el juez contencioso administrativo
a través de la acción de nulidad electoral.

17. En tanto las resoluciones recurridas fueron proferidas en la etapa de escrutinios,

y el recurso fue presentado luego de concluidos los mismos, existiendo un acto
administrativo definitivo que declaró la elección, provocar un pronunciamiento sobre
el conteo de los votos, además de resultar tardío e inocuo, distorsionaría la dinámica
ordinaria del proceso electoral y generaría confusiones en cuanto a la oportunidad
para cuestionar en el medio de control electoral los resultados del proceso. Si bien
en la demanda se pretende presentar el caso como una controversia relativa a la

6 “ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser presentada…

a) Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo electoral, el término será de treinta (30) días. Si la
elección se declara en audiencia pública el término se contará a partir del día siguiente; en los demás casos de
elección y en los de nombramientos se cuenta a partir del día siguiente al de su publicación efectuada en la
forma prevista en el inciso 1o del artículo 65 de este Código.
En las elecciones o nombramientos que requieren confirmación, el término para demandar se contará a partir
del día siguiente a la confirmación…”.
7 De ello da cuenta el documento E-26, consultado en el repositorio de la Registraduría Nacional del Estado

Civil, correspondiente a esas elecciones.

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vulneración del derecho de petición, el trasfondo real es de corte electoral, y atiende
al ejercicio oportuno de los mecanismos de defensa en cada una de las etapas del
proceso de elección.

18. Finalmente, se observa que la parte accionante tampoco acreditó la configuración

de un perjuicio irremediable que habilite al juez constitucional a intervenir como
mecanismo transitorio en asuntos que no son de su competencia, pues aunque
indicó que aquel se está conjurando por la pérdida de posibilidad de elegibilidad que
padeció a causa de las irregularidades objeto de controversia, también es claro que
quien debe proponer por la protección de sus derechos principalmente es la persona
afectada, la cual debe hacer uso de los mecanismos ordinarios que le pone a su
disposición la Ley para su defensa, sin que sea válido omitir los mismos, y después
alegar un perjuicio irremediable el cual se configuró por su propia desidia.

19. De este modo, la parte accionante no puede utilizar este mecanismo
constitucional en reemplazo de las vías judiciales ordinarias por dejar de impetrar el
mecanismo judicial ordinario procedente, en una clara invasión de la órbita de
competencia del juez natural, por cuanto la solicitud de amparo no puede convertirse
en un mecanismo alternativo para resolver los problemas jurídicos o controversias
que por naturaleza deben resolverse al interior de los procesos judiciales.

20.
Por lo expuesto anteriormente, la Sala confirmará la sentencia de 14 de febrero
de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó.

21.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de febrero de 2024 por el
Tribunal Administrativo del Chocó.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

Radicación: 27001-23-33-000-2024-00016-01
Demandante: Alberto Lloreda Palacios
Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente8
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

8 VF

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