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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 27001-23-33-000-2024-00025-01

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 27001-23-33-000-2024-00025-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 8 de marzo de 2024 del Tribunal Administrativo del Chocó que accedió a las pretensiones para, en su lugar, declarar improcedente la acción de cumplimiento, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 27001-23-33-000-2024-00025-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

25 de abril de 2024

Demandante: Procurador 186 Judicial I para
Asuntos Administrativos de Quibdó
Demandado: Nación – Registraduría Nacional del Estado Civil
Rad: 27001-23-33-000-2024-00025-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 27001-23-33-000-2024-00025-01
Demandante: PROCURADOR 186 JUDICIAL I PARA ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS DE QUIBDÓ - NELSON MARIO MEJÍA
OSPINA
Demandado: NACIÓN – REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO
CIVIL

Temas: Revoca decisión que accedió a pretensiones de la demanda
para declarar improcedente la acción de cumplimiento.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 8 de marzo de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Chocó
accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud

El procurador 186 Judicial I para Asuntos Administrativos de Quibdó1, en
ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, presentó demanda
contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, en adelante RNEC, en la que
solicitó:

PRIMERO: DECLARAR que el señor REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL,
Doctor ALEXANDER VEGA ROCHA, o quien haga sus veces, incumplió el deber legal
consagrado en el artículo segundo de la Resolución N° 1706 del 8 de mayo de 2019,
expedida por el Consejo Nacional Electoral, por medio de la cual se dictan medidas para
garantizar la transparencia de los Escrutinios y el uso eficiente de los recursos públicos
destinados al proceso electoral.

SEGUNDO: ORDENAR al señor REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, Doctor
ALEXANDER VEGA ROCHA, o quien haga sus veces, proceda a implementar todas las
medidas tecnológicas y procedimentales necesarias para que se publiquen los archivos
planos del cuerpo dirigido a los claveros de los formularios E-11 (Lista y registro de votantes)

1 El señor Nelson Mario Mejía Ospina, aportó certificación de la Procuraduría General de la

Nación en la que se certifica que es Procurador Judicial I, en la dependencia «PROCU 186 JUD
I CONCILIA ADTIVA QUIBO».

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Demandante: Procurador 186 Judicial I para
Asuntos Administrativos de Quibdó
Demandado: Nación – Registraduría Nacional del Estado Civil
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en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dentro del plazo prudencial
que fije el juez o magistrado2.

2. Hechos

En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente:

Indicó que el 29 de octubre de 2023 se realizaron las elecciones de autoridades
territoriales a nivel nacional.

Afirmó que la entidad demandada, una vez terminaron los escrutinios de mesa,
publicó en su página web los formularios E-14 de las zonas, puestos y mesas de
votación de los departamentos y municipios de Colombia para elección de
autoridades territoriales; pero no ha publicado los archivos planos de los
formularios E-11 dirigido a los claveros de las zonas, puestos y mesas de
votación, periodo 2024-2027, a pesar de que ya concluyeron los escrutinios de
mesa.

Resaltó que los nombres completos, números de cédula y firmas de los
ciudadanos registrados en los formularios E-11 dirigidos a los claveros no tienen
carácter reservado.

Señaló que el 23 de noviembre de 2023, le solicitó al Registrador Nacional del
Estado Civil:

[I]mplementar todas las medidas tecnológicas y procedimentales necesarias para que se
publiquen en la página web de la entidad, las imágenes y los archivos planos del cuerpo
dirigido a los claveros del formulario E-11 (Lista y registro de votantes) de todas las zonas,
puestos, mesas y lugares de votación para elecciones de autoridades territoriales realizadas
el pasado 29 de octubre de 2023, de conformidad con el artículo segundo de la Resolución
N° 1706 del 8 de mayo de 2019, expedida por el Consejo Nacional Electoral, por medio de
la cual se dictan medidas para garantizar la transparencia de los Escrutinios y el uso
eficiente de los recursos públicos destinados al proceso electoral […]3.

El 6 de diciembre de 2023, la entidad demandada respondió a la parte actora lo
siguiente:

Conforme a lo anterior, se precisa que, los Formularios E-11 (Acta de Instalación y Registro
General de Votantes) de la elección de Autoridades Territoriales 2023 contienen datos
sensibles, incluidas las reseñas dactilares, cuya transmisión de información requiere
permiso del titular por tener el carácter de reservada según el artículo 213 del Código
Electoral, por lo tanto, no es viable publicar los documentos relacionados en su escrito. Lo
mencionado sin perjuicio del hecho que [la] autoridad judicial puede requerir dichos
documentos para el cumplimiento de sus funciones bien sea la Fiscalía General de la
Nación, o bien el operador judicial a cargo de nulidades electorales 4.

3. Trámite de la solicitud en primera instancia

Mediante auto del 15 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo del Chocó
admitió la demanda, ordenó la notificación a la Registraduría Nacional del Estado

2 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
3 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
4 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.

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Civil y tuvo como pruebas los documentos aportados con el escrito contentivo de
la presente acción, para ser valorados dentro de la oportunidad legal.

4. Contestación de la demanda

La apoderada judicial de la RNEC solicitó que se negaran las pretensiones de la
demanda.

Precisó que, en el caso particular, no se evidencia que ante la negativa por
reserva de la información de la entidad de publicar los formularios E-11 en la
página web, la parte actora haya agotado el recurso de insistencia previsto en el
artículo 26 de la Ley 1755 de 2015.

Explicó que el Consejo Nacional Electoral con la expedición de la Resolución
1706 de 2019, dispuso en el artículo 2.º que una vez concluyera el escrutinio de
mesa, implementaría todas las medidas tecnológicas y procedimentales
necesarias para la publicación de las imágenes y archivos planos del cuerpo
dirigido a los claveros de las actas de escrutinio de mesa E-14 y formularios E-
11; así mismo en el artículo 5.º ejusdem, señaló que la Registraduría debía
incorporar espacios en el formulario E-11, para la firma y huella dactilar de los
votantes.

Sostuvo que, con fundamento en lo anterior, en el formulario E-11 para las
elecciones del Congreso de la República del año 2022 se incluyeron los espacios
respectivos para la impresión de la huella dactilar y la firma del votante,
información que tiene carácter reservado de conformidad con la normativa
electoral y la naturaleza de datos sensibles según lo establecido por las normas
sobre protección de datos personales.

Mencionó que el artículo 213 del Decreto Ley 2241 de 1986, prevé el carácter
reservado de la información que reposa en los archivos de la RNEC, atinente a
los datos biográficos, filiación y fórmula dactiloscópica de las personas.

Indicó que el artículo 4.º de la Ley 1581 de 2012, destaca entre otros los
principios para el tratamiento de los datos personales:

f) Principio de acceso circulación restringida: [...] Los datos personales, salvo la información
pública, no podrán estar disponibles en Internet y otros medios de divulgación o
comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un
conocimiento restringido solo a los Titulares o terceros autorizados conforme a la presente
ley;

g) Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable del
Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere la presente ley, se deberá
manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para
otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no autorizado o fraudulento;

h) Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el Tratamiento de
datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la
reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las
labores que comprende el Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación
de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas
en la presente ley y en los términos de la misma.

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Destacó que, así mismo, el artículo 5.º de la Ley 1581 de 2012 definió lo que se
debe entender por datos sensibles:

[...] aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su
discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación
política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones
sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o
que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los
datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.

Afirmó que el formulario E-11 implementado por la RNEC a partir de las
elecciones de 2022, contiene datos reservados y sensibles, pues incluyen las
reseñas dactilares de los votantes, cuya transmisión requiere permiso del titular,
por lo que resulta inviable realizar su publicación y la emisión de copia de estos,
sin perjuicio de que la autoridad judicial pueda requerir tales documentos para el
cumplimiento de sus funciones, bien sea la Fiscalía General de la Nación o el
operador judicial a cargo de nulidades electorales.

Manifestó que el Decreto Ley 2241 de 1986 y la Ley Estatutaria 1581 de 2012
tienen una jerarquía normativa superior a la Resolución 1706 de 2019 proferida
por el Consejo Nacional Electoral; por tanto, en el caso concreto, puede
predicarse que la RNEC se encuentra en imposibilidad jurídica de dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.º de la mencionada resolución.

Explicó que publicar información acerca de los ciudadanos que ejercieron el
derecho al voto «podría afectar los derechos fundamentales [...] generando
acciones por parte de grupos armados al margen de la ley y otros actores que
durante el proceso electoral intimidaron a la población mediante amenazas con
el fin de que no ejercieran de manera libre sus derechos políticos».

Sostuvo que la pretensión de la parte demandante, no está llamada a prosperar,
puesto que las decisiones tomadas por la RNEC se encuentran en armonía con
las disposiciones de las normas citadas, con lo cual se garantiza el principio de
jerarquía normativa y el derecho de los ciudadanos a que se les asegure
confidencialidad de los datos sensibles que se encuentran en los archivos de la
entidad.

5. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Chocó, mediante sentencia del 8 de marzo de
2024, accedió a las pretensiones de la demanda, y dispuso lo siguiente:

1. Declarar que la RNEC ha incumplido lo establecido en el artículo 2.º de la
Resolución 1706 de 2019.

2. Ordenó a la RNEC que dentro del término de 10 días siguientes a la
ejecutoria de la providencia diera cumplimiento al artículo 2.º de la
Resolución 1706 de 2019, implementando todas las medidas tecnológicas y
procedimentales necesarias para que se publiquen en la página web de la
entidad, las imágenes y los archivos planos del cuerpo dirigido a los claveros

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del formulario E-11 (Lista y registro de votantes) de todas las zonas, puestos,
mesas y lugares de votación para elecciones de autoridades territoriales
realizadas el pasado 29 de octubre de 2023.

El Tribunal consideró que el acto administrativo demandado «contiene un
mandato claro, expreso y exigible en cabeza de la Registraduría Nacional del
Estado Civil».

La autoridad judicial precisó que no tienen asidero los argumentos de la RNEC
de que no puede realizar la publicación del precepto invocado porque las
imágenes y archivos planos contienen información reservada y sensible, toda
vez que:

[N]o se considera de naturaleza o carácter sensible, habida cuenta que no corresponde a
información que afecte la intimidad del titular o cuyo uso pueda generar alguna
discriminación, revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones
religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos
humanos, que promueva intereses de cualquier partido político, los datos relativos a la
salud, a la vida sexual y los datos biométricos entre otros.

Sostuvo que el artículo 41 de la Ley 1475 de 2011, expedido con anterioridad a
la Resolución 1706 de 2019, ya exigía a la RNEC publicar en la página web de
la entidad las actas de escrutinio de mesa, por tanto, corresponde a la
demandada cumplir con la norma demandada en garantía de la transparencia
de la actuación.

La magistrada, doctora Norma Moreno Mosquera, integrante de la sala de
decisión, salvó el voto al disentir de la decisión de la sala mayoritaria, al estimar
que no se dan los requisitos mínimos para que prospere la acción de
cumplimiento, toda vez que el deber que se pide acatar si bien se encuentra
consignado en la Resolución 1706 de 2019, no es obligatoria en la aplicación del
artículo 2.º «por excepción de ilegalidad, en razón a que el artículo 213 del
Decreto Ley 2241 de 1986 establece: "Tienen carácter reservado las
informaciones que reposen en los archivos de la Registraduría referentes a la
identidad de las personas, como son sus datos biográficos, su filiación y fórmula
dactiloscópica. De la información reservada sólo podrá hacerse uso por orden
de autoridad competente”»5.

Afirmó que la entidad accionada tiene razón cuando expone el principio de
jerarquía normativa, por cuanto «el Decreto Ley 2241 de 1986 y la Ley
Estatutaria 1581 de 2012 tiene jerarquía normativa superior a la Resolución No.
1706 de 2019».

Destacó que los formularios E-11 contienen información reservada a la luz del
Decreto Ley 2241 de 1986. Además, resulta procedente tener en consideración
los artículos 4.º, 5.º y 6.º de la Ley 1581 de 2012, relativos a los principios para
el tratamiento de datos personales.

5 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.

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6. La impugnación6

La RNEC impugnó la decisión de primera instancia para que se revoque y, en
consecuencia, se desestimen las pretensiones de la demanda, en aras de
proteger la democracia y evitar cohonestar una acción ilegal e inconstitucional.

Indicó que la Resolución 1706 de 2019 se expidió con el fin de dar garantías al
proceso de escrutinios y uso eficiente de los recursos públicos al proceso
electoral, por ende, las medidas que se adoptan en el artículo 2.º se dan para su
implementación y utilidad en la etapa de escrutinios, privilegiando el derecho de
contradicción y defensa de los candidatos, sus apoderados y testigos electorales
en dicha etapa poselectoral.

Resaltó que el artículo 2.º de la citada resolución hace referencia a la publicación
a la mayor brevedad de las imágenes y archivos planos del cuerpo dirigido a
claveros de las actas de escrutinio de mesa E-14 y formulario E-11, que se
materializa en el escrutinio adelantado por las comisiones escrutadoras, «pero
en ningún momento el acto administrativo en cita, impone a la RNEC la
publicación de estas actas en la página web de la entidad, precisándose que la
entidad realiza la publicación en la página web de las actas de escrutinio de mesa
E-14, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 1475 de 2011»7.

Señaló que el Tribunal ordenó a la RNEC implementar todas las medidas
tecnológicas y procedimentales necesarias para que se publique en la página
web de la entidad las imágenes y los archivos planos de los Formularios E-11,
motivando su decisión respecto de los datos contenidos en las actas de
escrutinio de mesa de los jurados de votación formulario E-14, que en efecto no
reviste carácter de datos reservados o sensibles y a las disposiciones que rigen
la publicación de estos, sin hacer mención a la normativa atinente a los
formularios E-11 y a la naturaleza de los datos biométricos que fueron incluidos
en este formulario a partir de las elecciones de 2022, la cual no es otra que la de
datos sensibles a la luz de lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de
2012.

Indicó que es evidente la improcedencia de la acción de cumplimiento, toda vez
que la disposición demandada no precisa que la publicación deba hacerse en la
página web.

Explicó que el «Acta de escrutinio de los jurados de votación» E-14 es un
documento electoral en el que se consigna el cómputo de los votos por parte de
los jurados de votación una vez concluida la jornada electoral, que se compone
de 3 ejemplares idénticos que no contiene información reservada, privada y/o
sensible ni afecta el derecho a la intimidad personal, familiar o buen nombre, es
decir no está sometido a reserva.

6 La sentencia del 8 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, fue

notificada por medios electrónicos el 13 de marzo de 2024, y el escrito de impugnación fue
presentado por correo el 18 de marzo de la misma anualidad, término que se encuentra oportuno.
7 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.

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Afirmó que el «Acta de Instalación y Registro General de Votantes» formulario
E-11, es un documento electoral en el que los jurados de votación registran al
ciudadano que va a ejercer su derecho al voto, diligenciando datos como
nombres, apellidos y para constancia de su presentación personal debe firmarse
y plasmar la huella.

Resaltó que para los certámenes electorales realizados desde el año 2022, los
formularios E-11 fueron diseñados con los espacios respectivos para la
impresión de la huella dactilar y la firma del ciudadano elector, en cumplimiento
del artículo 5.º de la Resolución 1706 de 2019; por tanto, la información allí
contenida si es reservada, privada y/o sensible, conforme con la norma electoral
y la naturaleza de tratamiento del dato, en especial lo preceptuado en los
artículos 6, 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014 y en los artículos 4, 5 y 6 de la Ley
1581 de 2012, como más adelante se desarrollará.

Manifestó que el artículo 41 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 «hace referencia
única y exclusivamente a la publicación de las actas de escrutinio Formulario E-
14, por ende, es refutable e infundado tener como sustento jurídico una norma
que exige una publicación que en efecto esta entidad está realizando; contrario
sensu, no hace alusión a la publicación del formulario que contiene la instalación
de la mesa y registro general de votantes E-11.»

Mencionó que el Decreto Ley 2241 de 1986 y la Ley Estatutaria 1581 de 2012,
tienen jerarquía normativa superior frente a la Resolución 1706 de 2019, razón
por la que puede predicarse que la RNEC está imposibilitada de dar
cumplimiento a la disposición invocada en la demanda.

Destacó que la acción constitucional de la referencia, resulta improcedente, toda
vez que el acatamiento del artículo 2.º de la Resolución 1706 de 2019, esto es,
la publicación de los formularios E-11, implica gasto.

Indicó que para las elecciones de autoridades territoriales de 2023 la entidad
suscribió el contrato 052, cuyo objeto incluyó el servicio de digitalización y
publicación en web de formulario E-11, «señalando: Se deberá publicar en el
sistema de gestión WEB las imágenes de las actas E-11 para ser consultados
mediante usuario y contraseña los cuales se detallarán de común acuerdo con
la Entidad, según la cantidad que disponga la Entidad, a través de la plataforma
tecnológica y los lineamientos de seguridad informática dispuestos».

Precisó que la publicación web de los formularios E-11 se realizó exclusivamente
para uso institucional de la RNEC a través de la red interna, cuyo valor ascendió
a $ 30.087.008.445 por el servicio de digitalización y publicación de los E-11 en
119.879 mesas de votación.

Con fundamento en lo anterior, manifestó que la publicación externa de los
Formularios E-11 implicaría, en primer lugar, realizar la «anonimización» de los
datos sensibles contenidos en dichos formularios aproximadamente 3.356.500
imágenes y, en segundo lugar, la contratación de un software y personal
dispuesto para tal fin, lo cual generaría un gasto que no fue contemplado en el

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contrato aludido y la «entidad no cuenta con la disponibilidad presupuestal para
contratar la ejecución de la anonimización de los formularios E-11».

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sección Quinta de esta corporación es competente para decidir la
impugnación contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Chocó
según lo dispuesto en los artículos 150 y 152 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y en el artículo 13
del Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado 8.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión
adoptada por la citada corporación judicial en la sentencia del 8 de marzo de
2024, que accedió a las pretensiones de la demanda.

3. Generalidades de la acción de cumplimiento

La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.

Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos.
Estos presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito
«cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción
de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º].

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia
esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca
un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

8 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las

apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los
tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.

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(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través
de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
Administración [artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres
puntos descritos [ii, iii o vi], la decisión conlleva a la declaratoria de
improcedencia del medio de control.

Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe
o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública
o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º].
Por tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s
pretensión/es formulada/s.

4. La constitución de la renuencia

En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que “[c]on el propósito de constituir
la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y
la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de
los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud […]”.

Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado según
el cual “[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino
una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la
renuencia para los fines de la acción de cumplimiento”9.

Esta corporación también ha considerado que no puede tenerse por demostrado
el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en que la solicitud
hecha por el interesado “[…] tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia”10.

Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como la
negativa del accionado frente al requerimiento bien porque no brinde respuesta
oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea contraria al querer
del ciudadano11.

Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo pretendido
por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o administrativo,

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de

octubre 20 de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
10 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del

expediente ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
11 Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación 25000-23-41-
000-2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del 17 de noviembre de 2016,
radicación 15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez y sentencia del 15
de septiembre de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-01 M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez.

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Demandante: Procurador 186 Judicial I para
Asuntos Administrativos de Quibdó
Demandado: Nación – Registraduría Nacional del Estado Civil
Rad: 27001-23-33-000-2024-00025-01

cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de la parte
demandada.

Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de 1997,
el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de la parte
accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser rechazada de
plano.

En el caso concreto la parte accionante allegó copia del escrito del 23 de
noviembre de 2023, dirigido al Registrador Nacional del Estado Civil, en la que
le solicitó que, en cumplimiento del artículo 2.º de la Resolución 1706 de 2019,
implementara todas las medidas tecnológicas y procedimentales necesarias
para publicar en la página web de la entidad «las imágenes y los archivos planos
del cuerpo dirigido a los claveros del formulario E-11 (Lista y registro de votantes)
de todas las zonas, puestos, mesas y lugares de votación para elecciones de
autoridades territoriales realizadas el pasado 29 de octubre de 2023».

El 6 de diciembre de 2023, la entidad demandada respondió a la parte actora
que los formularios E-11 de la elección de las autoridades territoriales de 2023,
contienen datos sensibles, esto es, las reseñas dactilares, lo que le impide hacer
la publicación solicitada.

De acuerdo con lo anterior, no hay duda que previo a acudir al ejercicio de la
presente acción de cumplimiento, la parte actora agotó en debida forma el
requisito de renuencia, respecto del artículo 2.º de la Resolución 1706 de 2019.

5. De la procedencia de la acción de cumplimiento

Se observa que con el ejercicio de esta demanda se pretende el cumplimiento
del contenido del artículo 2.º de la Resolución 1706 de 201912, en consecuencia,

12 RESOLUCIÓN No. 1706 de 2019 (08 de mayo)

Por medio de la cual se dictan medidas para garantizar la transparencia de los Escrutinios, el
uso eficiente de los recursos públicos destinados al proceso electoral
EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
En ejercido de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el
numeral 6 del artículo 265 de la Constitución Política, los articulas 11 y 12 del Decreto Ley 2214
de 1986, y. En los casos que aplique, este beneficio no será acumulativo con la ley 1699 de
2013.
[…]
DISPONE:
[…]
ARTICULO SEGUNDO: PUBLICACIÓN DE ACTAS DE ESCRUTINIO DE MESA: En
cumplimiento del artículo 41 de la Lly 1475 de 2011, una vez concluya el escrutinio de mesa, la
Registraduría Nacional del Estado Civil, implementará todas las medidas tecnológicas y
procedimentales necesarias para que se publiquen, a la mayor brevedad, las imágenes y los
archivos planos del cuerpo dirigido a los claveros de las actas de escrutinio de mesa E14 y
formulario E11. Los escrutinios podrán instalarse, pero serán suspendidos en tanto se hace la
publicación total ordenada anteriormente.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Registraduría Nacional del Estado Civil, habilitará un canal
especial, para que los auditores de los partidos y movimientos políticos puedan acceder al
archivo plano o en formato de datos abiertos de los resultados parciales y finales del denominado
pre-conteo, antes que continúe la audiencia de escrutinio el lunes siguiente a las elecciones.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los boletines expedidos por la Registraduria Nacional del Estado
Civil, durante el denominado pre-conteo, no son de carácter vinculante y tienen mero carácter

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que la parte accionada proceda a implementar todas las medidas tecnológicas
y procedimentales necesarias para publicar en la página web de la entidad las
imágenes y archivos planos del cuerpo dirigido a los claveros del formulario E-
11, lista y registro de votantes, de todas las zonas, puestos, mesas y lugares de
votación para elecciones de autoridades territoriales llevadas a cabo el pasado
29 de octubre de 2023.

No se advierte que la parte actora cuente con otro mecanismo de defensa judicial
para procurar por el cumplimiento del precepto que se pide acatar13, que además
es actualmente exigible porque no está derogado ni suspendido.

Sin embargo, esta Sala encuentra que la pretensión de la parte demandante
implica un gasto que no está presupuestado, según pasa a explicarse:

La RNEC indicó que la norma que se dice incumplida establece gastos, toda vez
que para la publicación de los formularios E-11 «implicaría en primer lugar
realizar la “anonimización” de los datos sensibles contenidos en dichos
formularios aproximadamente 3.356.500 imágenes y, en segundo lugar, la
contratación de un software y personal dispuesto para tal fin».

Señaló que con el contrato 052 suscrito en el 2023, dentro de su objeto se incluyó
la digitalización y publicación en la página web del formulario E-11 en el sistema
de gestión de la entidad, incluyendo las imágenes de las actas, para ser
consultados mediante usuario y contraseña, esto es, para uso exclusivo de la
RNEC a través de la plataforma tecnológica y los lineamientos de seguridad
informática dispuestos, en el que no se contempló «la publicación externa de los
Formularios E11».

Precisó que, para cumplir con la orden proferida por el Tribunal Administrativo
del Chocó, implicaría, en primer lugar, realizar la “anonimización” de los datos
sensibles contenidos en dichos formularios, que asciende aproximadamente a
3.356.500 imágenes, lo que generaría un gasto que no fue contemplado en el
contrato y en segundo lugar, la «entidad no cuenta con la disponibilidad
presupuestal para contratar la ejecución de la anonimización de los formularios
E-11».

Así, se evidencia que implementar todas las medidas tecnológicas y
procedimentales para publicar en la página web de la entidad las imágenes y
archivos planos del cuerpo dirigido a los claveros del formulario E-11, lista y
registro de votantes, de todas las zonas, puestos, mesas y lugares de votación
para elecciones de autoridades territoriales llevadas a cabo el pasado 29 de
octubre de 2023, requiere de presupuesto adicional con el que no cuenta
actualmente la entidad, razón por la que la RNEC afirmó que se encuentra en

informativo, por lo que no pueden considerarse como documentos electorales que definan una
elección.
13 la Sección Quinta de esta Corporación, en sentencia del 6 de febrero de 2020, radicado 11001-

03-28-000-2019-00032-00, declaro la nulidad de un aparte de la disposición invocada.

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imposibilidad presupuestal para atender la orden impuesta en la decisión de
primera instancia.

En este orden de ideas, se advierte que no reposa prueba alguna que demuestre
que, contrario al dicho de la entidad accionada, los recursos necesarios para
poder publicar en la página web los formularios E-11 de todas las zonas,
puestos, mesas y lugares de votación de las elecciones territoriales del 29 de
octubre de 2023 que solicita el demandante, estén presupuestados,
circunstancia que permitiría tener por superada esta causal de improcedencia de
la acción de cumplimiento.

Al respecto, en este punto resulta procedente señalar que la publicación del
formulario E-11 en el sistema de gestión de la entidad, para su uso exclusivo, se
contó con presupuesto para su ejecución, que dio origen al contrato 052 de 2023,
en esa medida la publicación externa igualmente requiere de recursos que no
han sido previstos para tal fin.

En conclusión, encuentra la Sala que la acción ejercida por el Procurador 186
Judicial I para Asuntos Administrativos de Quibdó con la cual pretende que se le
ordene a la RNEC que implemente todas las medidas tecnológicas y
procedimentales para publicar en la página web de la entidad el formulario E-11,
deviene improcedente de conformidad con el parágrafo14 del artículo 9.º de la
Ley 393 de 1997.

Resulta necesario destacar, que esta Sección ha concluido que esa causal
puede ser superada cuando dicho gasto está debidamente presupuestado 15, es
decir, una vez elaborado un presupuesto o apropiado el gasto que debe ser
efectivamente destinado a la satisfacción de la función para el cual está
concebido, y será en estos casos, en los cuales, la pretensión de cumplimiento
devendrá procedente.

No obstante, esta excepción no se demostró en el presente asunto, en cuanto
no se cuenta con la erogación que se requiere para la publicación del formulario
E-11, por el contrario, la RNEC aseguró que carece de los recursos necesarios
para tal finalidad, todo lo cual impone que la sentencia impugnada debe ser
revocada para, en su lugar, declarar la improcedencia de la acción por perseguir
un gasto no presupuestado.

Para esta la Sala el artículo 2.º de la Resolución 1706 de 2019 que se pide hacer
cumplir conlleva gasto no presupuestado, lo que configura la improcedencia de
la presente acción e impide que este juez constitucional pueda pronunciarse
respecto del fondo de las pretensiones de la parte actora; en consecuencia, se
revocará la sentencia de primera instancia, que accedió a las pretensiones, para,
en su lugar, declarar improcedente este medio de control por las razones aquí
señaladas.

14 PARÁGRAFO. La Acción regulada en la presente Ley no podrá perseguir el cumplimiento

de normas que establezcan gastos”. (Negrilla y subraya fuera de texto).
15 Al respecto puede consultarse la sentencia de 3 de abril de 2014, Rad. No. 2013-01288-01,

actor: María Luisa Guerrero Narváez, M.P. Alberto Yepes Barreiro.

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Asuntos Administrativos de Quibdó
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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 8 de marzo de 2024 del Tribunal
Administrativo del Chocó que accedió a las pretensiones para, en su lugar,
declarar improcedente la acción de cumplimiento, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Aclara voto

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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