Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 27001-23-33-000-2024-00037-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 27001-23-33-000-2024-00037-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 27001-23-33-000-2024-00037-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
6 de junio de 2024
Demandante: Consejo Comunitario de San Isidro
Demandado: Corporación Autónoma Regional para el
Desarrollo Sostenible del Chocó
Rad: 27001-23-33-000-2024-00037-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D. C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 27001-23-33-000-2024-00037-01
Demandante: CONSEJO COMUNITARIO DE SAN ISIDRO
Demandado: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ
Temas: Confirma improcedencia de la acción constitucional para
exigir el cumplimiento de una providencia judicial.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala la impugnación interpuesta por la parte actora contra la
Sentencia del 26 de abril de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo
del Chocó declaró improcedente la acción de cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, el Consejo
Comunitario de San Isidro, actuando a través de apoderado judicial1, presentó
demanda contra la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo
Sostenible del Chocó, en adelante Codechocó, en la cual formuló las siguientes
pretensiones:
1. Se acojan la tesis expuesta
2. Se ordene el cumplimiento de la sentencia número 337 del 27 de septiembre del 2023.
3. A título de restablecimiento del derecho, se ORDENE a LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL PARA DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ –
CODECHOCO, reactivar la licencia que fue concedida mediante la Resolución No. 0266
del 5 marzo de 20192.
2. Hechos
En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente:
1 El señor Custodio Murillo Córdoba, en calidad de representante legal del Consejo Comunitario
de San Isidro, confirió poder especial, amplio y suficiente al abogado Henry Alberto Rivera
Aguilar, para que lo represente en la acción de cumplimiento de la referencia.
2 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
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Demandante: Consejo Comunitario de San Isidro
Demandado: Corporación Autónoma Regional para el
Desarrollo Sostenible del Chocó
Rad: 27001-23-33-000-2024-00037-01
La parte actora afirmó que la corporación demandada expidió la Licencia 0266
el 5 de marzo de 2019, por la cual concedió una autorización para
aprovechamiento forestal persistente, otorgada al Consejo Comunitario de San
Isidro.
Sostuvo que en razón de la pandemia de la COVID 19, no fue posible continuar
con la explotación otorgada en la Licencia 0266 de 2019.
Adujo que, a principios de 2020, solicitó a la demandada la reactivación de la
licencia, pero a través de la Resolución 0853 del 20 de agosto de 2020 se
ordenó la liquidación de ésta, porque permaneció sin uso por un lapso mayor
de 90 días.
Indicó que, con fundamento en lo anterior, en mayo de 2022 promovieron acción
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Codechochó con el fin de
obtener la nulidad de la Resolución 0853 de 2021.
Mencionó que el proceso correspondió al Juzgado Sexto Administrativo del
Chocó que, con sentencia del 27 de septiembre de 2023, dispuso:
PRIMERO: DECLÁRESE LA NULIDAD de los actos administrativos contenidos en los
oficios con Radicado DG-120-16-10-2022 No. 051 de enero de 2022 y No. 2021 – 3 – 2367
y No. 2021- 3- 2367 del 11 de octubre del 2021, que resolvieron la vía gubernativa; así
como la Resolución No 0853 del 20 agosto de 2020, expida por LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL PARA DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ –
CODECHOCO, por medio de la cual se ordena la liquidación, de una autorización de
aprovechamiento forestal persistente al Consejo Comunitario Mayor de San Isidro, por las
razones y con los efectos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Negar las demás pretensiones de la demanda3
Señaló que la sentencia quedó ejecutoriada el 10 de noviembre de 2023,
conforme con la constancia proferida pro el juzgado de conocimiento.
Afirmó que el 22 de noviembre de 2023 solicitó a Codechocó la activación de la
Licencia 0266 de 2019, sin respuesta al respecto.
3. Trámite de la solicitud en primera instancia
Por auto del 13 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo del Chocó, admitió
la demanda y ordenó la notificación a Codechocó y se tuvo como pruebas los
documentos aportados con el escrito de demanda, para ser valorados dentro de
la oportunidad legal.
4. Contestación de la demanda
La entidad demandada Codechocó, a pesar de que fue notificada en debida
forma, no contestó la demanda.
3 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
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5. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Chocó, en Sentencia del 26 de abril de 2024,
declaró la improcedencia del medio de control de la referencia, al considerar
que la parte actora busca el acatamiento de una decisión judicial, contenida en
la sentencia del 27 de septiembre de 2023 que anuló entre otros la Licencia
0266 del 5 de marzo de 2019, es decir, que no se trata de una norma con fuerza
de ley o acto administrativo, por ende, no se atiende el primer requisito para la
procedente de la acción. Agregó, que:
[...]el cuarto requisito para que proceda la acción de cumplimiento precisa;
«iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el
efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo, salvo el caso que, de no proceder,
se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta
que hace improcedente la acción[...]».
Y tampoco se cumple éste cuarto presupuesto para la procedencia de la acción de
cumplimiento, puesto que las sentencias proferidas por la jurisdicción contenciosa
administrativa, tienen establecidos procedimientos para su cumplimiento en los artículos
192 y 297del CPACA.
Considera la Sala que, exigir el cumplimiento, de la citada sentencia es improcedente,
debido a que como se expresó, no se trata de una norma con fuera de ley ni un acto
administrativo, en criterio del Tribunal, lo que debió solicitar el accionante fue el
cumplimiento de la Resolución o acto administrativo 0266 del 5 marzo de 2019 por medio
de la cual se concede una autorización para aprovechamiento forestal persistente, la cual
fue otorgada a favor del Consejo Comunitario de San Isidro, basado en la sentencia número
337 proceso que se adelantó en el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de
Quibdó.
6. La impugnación4
La parte actora solicitó que se revocara la Sentencia del 26 de abril de 2024 y,
en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda.
Manifestó que como lo ratificó la Sentencia del 27 de septiembre del 2023 que
declaró la nulidad, entre otros, de la Resolución 0853 del 20 de agosto de 2020,
expedida por Codechocó, la providencia judicial «debe tener una analogía de
sustracción de materia puesto que si se concede la nulidad y el restablecimiento
del derecho, entonces le esta ordenando directamente a la entidad pública que
proceda y activen la licencia objeto del litigio, lo cual aduce que no hay lugar a
error alguno en la interpretación».
Manifestó que la sentencia que se pide hacer cumplir destacó en la parte final
que «lo anterior genera en consecuencia un restablecimiento automatico para
el consejo comunitario mayor de san isidro, respecto de la resolucion 0266 del
05 de marzo de 2019, reactivandose la misma»5.
4 La Sentencia del 26 de abril de 2024, fue notificada electrónicamente el 29 de abril de 2024 y
el escrito de impugnación fue radicado el 3 de mayo de la misma anualidad, es decir, dentro del
término oportuno.
5 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
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Destacó que, a través de este mecanismo, se busca reactivar la licencia, ya que
no hacerlo ha generado grandes pérdidas económicas y contribuido al
desempleo, toda vez que muchas personas dependen de esta actividad
comercial, «por lo tanto se repara con la decisión tomada por este respetado
tribunal ya que si se menciona que se ordene la reactivación de la licencia e
incluso se relacionan las sentencias como sustento jurídico y probatorio para
que no existan errores a la hora de interpretar exhaustivamente el problema
jurídico relacionado con este proceso y que se tengan en cuenta todo lo
anexado en la parte petitoria».
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sección Quinta de esta corporación es competente para decidir la
impugnación contra la Sentencia del 26 de abril de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Chocó, según lo dispuesto en los artículos 150 y 152
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA) y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena
del Consejo de Estado6.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión
adoptada por la citada corporación judicial en la Sentencia del 26 de abril de
2024, que declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento.
3. Generalidades de la acción de cumplimiento
La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.
Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos.
Estos presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito
«cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un
perjuicio irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la
6 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los
tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.
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solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el
rechazo de la acción de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º].
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder,
se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través
de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
Administración [artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres
puntos descritos [ii, iii o vi], la decisión conlleva a la declaratoria de
improcedencia del medio de control.
Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si
existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad
pública o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales
se haya dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos
5.º y 6.º]. Por tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s
pretensión/es formulada/s.
4. Procedencia de la acción de cumplimiento frente a autoridades
judiciales
La Sala reitera su criterio7, según el cual la acción de cumplimiento es
improcedente cuando se dirige para el cumplimiento de providencias judiciales.
34. Esta Sección, mediante sentencia del 11 de marzo de 20048, acogió esa
conclusión, al explicar que:
La acción de cumplimiento es un instrumento procesal de orden constitucional que
busca la efectividad y realización del principal postulado del Estado de Derecho: el
carácter imperativo y la vinculación cierta de la norma jurídica, por lo que no fue
diseñada como un mecanismo de control de legalidad de todas las actuaciones de
las autoridades públicas y algunas de los particulares. De hecho, si se acepta la
competencia del juez constitucional que conoce de una acción de
cumplimiento para evaluar si dentro de un proceso judicial se debe aplicar o
no determinada norma legal o un acto administrativo, esto implica una
intromisión en la actividad judicial y, eventualmente, en el caso de que se haya
adoptado una decisión judicial sobre el asunto, conduce a que, ni más ni menos,
7 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 1º de febrero de 2018, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez, Exp. No. 25000-23-41-000-2017-01611-01; Sentencia del 11 de febrero
de 2016, M.P. Rocío Araújo Oñate, Exp. No. 08001-23-33-000-2015-00267-01; Sentencia de 3
de julio de 2013, Exp. 54001-23-33-000-2012-00122-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez; Auto de 23 de enero de 2014, Exp. 25000-23-41-000-2013-02479-01, M.P. Alberto
Yepes Barreiro.
8 Expediente 2003-02445, M.P. Dr. Darío Quiñones Pinilla.
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se acepte el control de legalidad de esas decisiones judiciales en manos del juez
de la acción de cumplimiento. Ello muestra un evidente contrasentido, pues la
propia Constitución consagró el principio de separación de jurisdicciones como
garantía de seguridad jurídica y de acceso efectivo a la administración de justicia
(artículos 228 y 234 a 248 de la Constitución), de tal manera que la acción de
cumplimiento no se instituyó como mecanismo último de control de legalidad de las
decisiones judiciales. En consecuencia, la acción de cumplimiento no procede
para disponer la aplicación de normas legales o administrativos en los
procesos judiciales ni para evaluar la validez de las decisiones judiciales.
[…]
Aparece claro, entonces, que la acción de cumplimiento no fue consagrada como
un procedimiento alternativo para evaluar el cumplimiento de la ley por parte de los
jueces ni para suplir los recursos ordinarios diseñados por el legislador para discutir
la validez de las providencias judiciales. De hecho, el artículo 9º de la Ley 393 de
1997 es diáfano en señalar que la acción de cumplimiento es improcedente cuando
existen otros medios de defensa judicial o cuando el afectado disponga de otro
instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de las normas con fuerza
material de ley. Entonces, la acción de cumplimiento no resulta procedente para
suplir los recursos consagrados en el ordenamiento jurídico para discutir la validez
de una decisión judicial.
Además, aceptar la procedencia de la acción de cumplimiento para efectuar el
control de legalidad de las providencias judiciales implicaría el desconocimiento de
los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica e, incluso, la independencia de
los jueces, consagrada en el artículo 228 de la Carta Política. (Negrilla fuera de
texto).
En otra decisión, consideró:
La interpretación sistemática de los artículos 87 de la Constitución, 1º, 5º y 9º de la
Ley 393 de 1997, permite concluir que la acción de cumplimiento no procede
para exigir el cumplimiento de normas en el proceso judicial, no sólo porque
aquello es propio de las decisiones del mismo juez, sino porque el cumplimiento
de las normas legales puede exigirse mediante los procedimientos o
mecanismos, tales como peticiones, recursos o incidentes. En efecto, como
se vio, la acción de cumplimiento está diseñada para exigir la observancia de
normas con fuerza material de ley y actos administrativos y, no debe olvidarse, que
la acción de cumplimiento es una acción residual9. (Negrilla fuera de texto).
5. Análisis del caso concreto
En el sub lite se demanda el acatamiento de la Sentencia del 27 de septiembre
de 2023 proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Chocó. Como se ve,
está acción es improcedente para exigir que se cumpla con los mandatos de
providencias judiciales, pues para ello el ordenamiento prevé otros mecanismos
procesales como peticiones, recursos o incidentes, entre otros.
Además de lo anterior, debe recordarse que la acción de cumplimiento está
diseñada para el acatamiento de normas con fuerza de ley o actos
administrativos, pero no fue creada para solicitar el obedecimiento de
providencias judiciales, como lo pretende la parte actora, por lo que la Sala
confirmará el fallo del Tribunal Administrativo del Chocó, por las razones aquí
señaladas.
9 Sentencia de 15 de julio de 2004, Rad. 2004-0541-01, M.P. Dr. Darío Quiñones Pinilla.
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En consecuencia, la acción constitucional presentada es improcedente, por
cuanto lo pretendido es exigir el acatamiento de una providencia judicial, por
tanto, se confirmará la decisión de primera instancia, con fundamento en lo aquí
señalado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Confirmar la Sentencia del 26 de abril de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Chocó que declaró improcedente la acción de
cumplimiento, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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