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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 27001-23-33-000-2024-00063-01

Fecha
5 de julio de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 27001-23-33-000-2024-00063-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de junio de 2024, proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó, por las razones expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 27001-23-33-000-2024-00063-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

5 de julio de 2024

Radicado: 27001-23-33-000-2024-00063-01
Accionante: Andrés Mauricio Palacios Rivas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., cinco (05) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 27001-23-33-000-2024-00063-01
Accionante: Andrés Mauricio Palacios Rivas
Accionado: Consejo Nacional Electoral
Referencia: Acción de tutela

Tema. acción de tutela
Subtema 1. tutela contra actos administrativos
Subtema 2. requisito de subsidiariedad

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación que presentó Andrés Mauricio Palacios Rivas en
contra de la sentencia de tutela del 4 de junio de 2024, que profirió la Sala Segunda
de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó.

I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela

Andrés Mauricio Palacios Rivas presentó solicitud de amparo de su derecho
fundamental al debido proceso, que consideró vulnerado por el Consejo Nacional
Electoral con ocasión de las Resoluciones números 1009 del 8 de febrero de 2023
y 00778 del 24 de enero de 2024, dentro del proceso administrativo sancionatorio
identificado con el número de radicado 5068-20.

1.2. Hechos probados

1.2.1 El Consejo Nacional Electoral, mediante auto del 7 de diciembre de 20211,
ordenó abrir indagación preliminar en contra de varias personas que fueron
designadas como gerentes de campaña de varios candidatos, entre ellos, Andrés
Mauricio Palacios Rivas, que fue gerente de la campaña del candidato Ever Romaña
a la Asamblea Departamental del Chocó para el periodo 2020-2023.

El proceso administrativo tuvo su origen, con ocasión a la falta de informes de
ingresos y gastos que debían ser reportados conforme a lo dispuesto en el inciso 8
del artículo 109 de la Constitución Política, el artículo 25 la Ley 1475 de 2011 y la
Resolución Interna No. 3097 de 2013. El asunto fue radicado al expediente número
5068-20.

1.2.2. La autoridad electoral, en Resolución número 3560 del 27 de julio de 20222,
dio por terminada la actuación administrativa, ordenó abrir investigación y formuló
cargos en contra de los exgerentes de las campañas electorales. Luego, por medio

1 Páginas 14 a 52 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y anexos, en el índice 2

del expediente digital de tutela del aplicativo SAMAI, identificado con certificado
B958187B0F7C0BD5 8D800FF2404D728C F9FD38B78E0CD839 497A29C29F65C892.
2 Páginas 53 a 98 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y anexos, en el índice 2

del expediente digital de tutela del aplicativo SAMAI, identificado con certificado
B958187B0F7C0BD5 8D800FF2404D728C F9FD38B78E0CD839 497A29C29F65C892.
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Accionante: Andrés Mauricio Palacios Rivas

de la Resolución número 1009 del 8 de febrero de 20233, impuso sanciones, negó
solicitudes de nulidad y caducidad, entre ellas la propuesta por Andrés Palacios
Rivas4.

1.2.3. El señor Palacios Rivas, el 16 de febrero de 2023, radicó solicitud5 de copias
de varios documentos, entre ellos, las resoluciones 1009 del 8 de febrero de 2023
y 3560 del 27 de julio de 2022.

1.2.4. Posteriormente, mediante memorial del 21 de febrero de 2023, pidió la nulidad
de la Resolución 1009 del 8 de febrero de 20236, y el 22 de febrero siguiente,
interpuso recurso de reposición en contra del mismo acto administrativo7, esto, con
sustento en una supuesta indebida aplicación del inciso 5 del artículo 25 de la Ley
1475 de 2011 y la Resolución 3097 de 2013.

1.2.5. El Consejo Nacional Electoral, a través de Resolución 00778 del 24 de enero
de 20248, negó el recurso de reposición y, en consecuencia, confirmó la sanción
impuesta en la Resolución número 1009 del 8 de febrero de 2023.

1.3. Pretensiones y argumentos de tutela

1.3.1. El accionante solicitó al juez constitucional en su escrito de tutela9:

“1. Declarar que el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, vulneran o amenazan los
Derechos Fundamentales al Debido Proceso de ANDRES MAURICIO PLACIOS
RIVAS, al expedir la resolución No 1009 del 08 de febrero de 2023, por medio de la
cual me sanciona con multa equivalente a DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS
VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VENTE PESOS ($ 16.926.827.00) por violación
de la norma contenida en el inciso quinto del artículo 25 de la Ley 1475 de 2011 y
de la resolución No 3097 de 2013 con ocasión de la no presentación de los informes
individuales de ingresos y gastos.

2. Declarar que el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, vulneran o amenazan los
Derechos Fundamentales al Debido Proceso de ANDRES MAURICIO PALACIOS
RIVAS, al expedir la resolución No 00778 del 24 de enero de 2024, por medio de la
cual se resuelve no reponer y en consecuencia confirma La sanción impuesta a
través de la Resolución No 1009 de 2023.

3. Ordenar al CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, disponer lo pertinente para
tramitar la solicitud de nulidad presentada el 21 de febrero de 2023 o en su defecto

3 Páginas 113 a 216 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y anexos, en el índice 2

del expediente digital de tutela del aplicativo SAMAI, identificado con certificado
B958187B0F7C0BD5 8D800FF2404D728C F9FD38B78E0CD839 497A29C29F65C892.
4 Página 197 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y anexos, en el índice 2 del

expediente digital de tutela del aplicativo SAMAI, identificado con certificado B958187B0F7C0BD5
8D800FF2404D728C F9FD38B78E0CD839 497A29C29F65C892.
5 Páginas 217 a 224 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y anexos, en el índice 2

del expediente digital de tutela del aplicativo SAMAI, identificado con certificado
B958187B0F7C0BD5 8D800FF2404D728C F9FD38B78E0CD839 497A29C29F65C892.
6 Páginas 225 a 234 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y anexos, en el índice 2

del expediente digital de tutela del aplicativo SAMAI, identificado con certificado
B958187B0F7C0BD5 8D800FF2404D728C F9FD38B78E0CD839 497A29C29F65C892.
7 Páginas 235 a 241 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y anexos, en el índice 2

del expediente digital de tutela del aplicativo SAMAI, identificado con certificado
B958187B0F7C0BD5 8D800FF2404D728C F9FD38B78E0CD839 497A29C29F65C892.
8Páginas 274 a 309 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y anexos, en el índice 2

del expediente digital de tutela del aplicativo SAMAI, identificado con certificado
B958187B0F7C0BD5 8D800FF2404D728C F9FD38B78E0CD839 497A29C29F65C892.
9 Páginas 1 y 2 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y anexos, en el índice 2 del

expediente digital de tutela del aplicativo SAMAI, identificado con certificado B958187B0F7C0BD5
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dejar sin efecto las resoluciones aludidas por hacerse presentado el instituto jurídico
de la prescripción de la acción.”10.

1.3.2. El señor Andrés Mauricio Palacios Rivas adujo que fue vulnerado su derecho
al debido proceso en tanto en el trámite administrativo, de un lado, no obtuvo
respuesta a las solicitudes de copias y de nulidad en contra de la resolución
sancionatoria y, de otro lado, que solo fue resuelto de forma errada, el cargo por
caducidad, sin analizar los demás cuestionamientos planteados.

Indicó que, no recibió el expediente administrativo en traslado a fin de ejercer
adecuadamente su derecho fundamental a la defensa y explicó que, el correo
electrónico al que fueron remitidas las notificaciones no estaba habilitado, por lo
que, no tuvo oportunidad de conocer y responder los actos administrativos
expedidos en el curso del proceso.

Expuso que, el Consejo Nacional Electoral no era el competente para investigar y
sancionar a los gerentes de las campañas electorales del 27 de octubre de 2019,
ya que el artículo 265 de la Constitución Política se refiere a la competencia general
de la autoridad electoral en función de la inspección, vigilancia y control de la
actividad electoral y, además, que la Ley 1475 de 2011 prevé la competencia para
conocer asuntos relacionados a los partidos, movimientos políticos, grupos
significativos de ciudadanos y no con relación a los candidatos en elección.

Insistió, en síntesis, que las resoluciones expedidas por la autoridad electoral no
son congruentes en relación con las solicitudes del recurso de reposición y tampoco
están dirigidas a resolver la nulidad planteada, así como los cuestionamientos
relacionados con la competencia, la responsabilidad objetiva, la indeterminación de
la cuestión de hecho, entre otros aspectos, por lo que, la actuación y las
consecuentes resoluciones dictadas en las que le fue impuesta una sanción,
vulneraron su derecho al debido proceso administrativo.

1.4. Trámite de tutela e intervenciones

1.4.1. El asunto le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Chocó,
Sección Segunda de Decisión que, por auto del 23 de mayo de 202411, admitió la
solicitud, ordenó notificar a las partes y decretó como pruebas los documentos
aportados como anexos al escrito de tutela.

1.4.2. El Consejo Nacional Electoral anexó copias de las resoluciones 1009 de
2023 y 00778 del 24 de enero de 202412 y, a través de su apoderado, indicó que
actuó conforme a las disposiciones constitucionales y normativas para la garantía
de los derechos al debido proceso y de defensa del accionante. Por lo anterior,
solicitó declarar improcedente el amparo deprecado por el tutelante al no estar
acreditada alguna vulneración de sus garantías fundamentales en el proceso
administrativo.

10 Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto

original.
11 Archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 2

del aplicativo SAMAI, identificado con certificado 0AEF80609520985F EA8AFD63C529A9A7
CEC9356644EB0F73 A6CCAA79EC16ACDB.
12 Archivos electrónicos ubicados en el expediente digital de tutela, en el índice 2 del aplicativo

SAMAI, identificados con certificados DE300A05691374A1 96F553CB064A7072
7A8DEE1DF38341E6 FA53238446F2D962, 23157CB01A8B6B78 CD4CC3A94847D668
BF294989AABEC5D7 477DC97FCCD28E04 y 97A981395B8DB981 6BFFE099A6D05168
C28E2BBD6D81D367 05D4BE81278300FF.
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1.5. Sentencia de primera instancia

La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó, en sentencia
del 4 de junio de 202413, declaró improcedente el amparo por no superar el requisito
de subsidiariedad.

Como fundamento de su decisión, el juez constitucional de primera instancia estimó
que la pretensión del actor estaba encaminada a debatir la presunción de legalidad
de los actos administrativos expedidos por la autoridad electoral cuestionada dentro
del procedimiento administrativo sancionatorio promovido en su contra, sin tener en
cuenta la procedibilidad de otros mecanismos de defensa judicial que resultan
idóneos para exponer sus inconformidades, especialmente el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.

En ese sentido, resaltó que la Corte Constitucional, por regla general, ha establecido
que la acción de tutela no es procedente para controvertir la validez ni la legalidad
de actos administrativos, dada su naturaleza residual y subsidiaria.

Agregó que el accionante no allegó prueba alguna que demostrara que acudió a la
vía ordinaria en procura de la defensa de sus intereses, ni acreditó la existencia de
un perjuicio irremediable que permitiera la intervención del juez constitucional, por
lo que la solicitud de amparo se tornaba improcedente por no superar el requisito
de subsidiariedad.

1.6. Impugnación

El accionante radicó escrito de impugnación contra la decisión proferida por la
Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó14, en el que insistió
en que la autoridad electoral cuestionada vulneró su derecho al debido proceso
administrativo dado que, no dio respuesta a las solicitudes de copias y de nulidad
que radicó, por lo que, al no atender sus requerimientos fueron vulnerados sus
derechos de contradicción y defensa y en consecuencia el acto administrativo que
resolvió sancionarlo con multa, fue dictado sin la garantía de sus derechos
fundamentales.

En el escrito, solicitó revocar la decisión impugnada, amparar su derecho
fundamental al debido proceso administrativo y “Ordenar al CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL, disponer lo pertinente para tramitar la solicitud de nulidad presentada
el 21 de febrero de 2023 o en su defecto dejar sin efecto las resoluciones aludidas
por hacerse presentado el instituto jurídico de la prescripción de la acción”15.

Finalmente sostuvo que no era viable que el juez constitucional de primera instancia
resolviera la improcedencia de la solicitud con sustento en el incumplimiento del
requisito de subsidiariedad y la falta de configuración de un perjuicio irremediable,
ya que tales argumentos, “(…) se ha tornado como una declaración unilateral del
juez y no como producto de una situación concreta y como un lugar común para no

13 Archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela en el índice 2 del aplicativo SAMAI,

identificado con certificado 2DC7ED6FBC9C8DF4 07C43E901366FBCC 265BD79F4C0CB0EB
25FFAA90436619D3.
14 Archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela en el índice 2 del aplicativo SAMAI,

identificado con certificado 4E52DEEAEC697075 271201FBF34278EF 79CE42109B1E2444
22E193D1E1CF3443.
15 Página 3 del archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela en el índice 2 del

aplicativo SAMAI, identificado con certificado 4E52DEEAEC697075 271201FBF34278EF
79CE42109B1E2444 22E193D1E1CF3443. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas,
mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
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atender el fondo de los planteamientos, dando lugar a lecturas superficiales del
mecanismo de protección constitucional que lo vuelven ineficaz”16.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente impugnación, conforme lo
establecen los artículos 86 de la Constitución Política y 32 del Decreto 2591 de
1991.

2.2. Legitimación en la causa

2.2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
el accionante es el titular de los derechos que afirma son vulnerados en su condición
de sancionado dentro del trámite administrativo, por lo tanto, en caso de
configurarse los cargos enunciados, resultaría afectada su garantía al debido
proceso.

También está probada la legitimación en la causa por pasiva, porque el Consejo
Nacional Electoral es la autoridad que intervino en los hechos narrados en las
acciones u omisiones, que, según el accionante, vulneraron su derecho al debido
proceso administrativo.

2.3. Procedibilidad de la acción

La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para
reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un
particular, en los casos que establece la ley17.

En relación con las solicitudes de tutela presentadas en contra de actos
administrativos, la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional18 es que,
en principio, estas no proceden en la medida en que los actos administrativos tienen
la posibilidad de ser controvertidos ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, escenario natural de protección de los derechos.

Sin embargo, excepcionalmente, cuando el juez constitucional encuentra evidente
que la acción de amparo es necesaria para evitar un perjuicio irremediable o que
los mecanismos ordinarios de defensa no son idóneos para la protección del
derecho19, la jurisprudencia constitucional ha admitido que se utilice esta vía. En
estas circunstancias, y siempre que el accionante indique una vulneración al debido
proceso administrativo, deberá superarse el examen establecido para estudiar la

16 Página 4 del archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela en el índice 2 del

aplicativo SAMAI, identificado con certificado 4E52DEEAEC697075 271201FBF34278EF
79CE42109B1E2444 22E193D1E1CF3443. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas,
mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
17 Sentencia T-867 de 2013 de la Corte Constitucional: “Esta Corporación, en ejercicio de su labor

como intérprete autorizado de la Constitución, ha determinado en reiterada jurisprudencia, el alcance
y contenido que el Constituyente otorgó al artículo 86 de la Carta Política, resaltando que la acción
judicial en él contemplada, además de ostentar un carácter preferente y sumario, tiene por principal
objeto, la protección concreta e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de los
ciudadanos, siempre que estos se vean afectados o amenazados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública, o de un particular que se encuentre dentro de los supuestos de hecho
contemplados en la ley”.
18 Corte Constitucional, sentencias T-076 de 2011, T-514 de 2003, T-1110 de 2002, T-773 de 2015

y T-1082 de 2012.
19 Corte Constitucional, sentencia T-596 de 2011.

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procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias judiciales adaptado
al escenario del proceso administrativo.

Cabe mencionar que, para efectos del análisis antes mencionado, la doctrina
constitucional20 permite entender que el amparo solo procede si se cumplen ciertos
y rigurosos requisitos que el juez de tutela debe estudiar a la manera de un examen
de procedibilidad general preliminar21, por cuanto sus resultas determinan la
procedencia del estudio de fondo de los defectos22 que el accionante enrostra a la
decisión.

El requisito de subsidiariedad implica que la acción de tutela solo procederá cuando
el afectado no disponga de otro mecanismo de defensa judicial, salvo que se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pues de esta forma
se reconoce la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección
judicial23.

En ese sentido, la acción de tutela solo procede cuando el afectado no tiene otro
medio de defensa judicial para la protección de sus derechos fundamentales o,
existiendo, el actor pretende evitar un perjuicio irremediable, o el mecanismo
disponible no salvaguarda de manera eficaz o no es idóneo para proteger el derecho
fundamental.

Lo anterior, según el máximo órgano de la jurisdicción constitucional, con las
siguientes excepciones: (i) en los asuntos en los que las acciones de amparo
evidencien una situación constitutiva de un perjuicio irremediable, que reúna los
presupuestos de gravedad, inminencia e impostergabilidad de la medida para
proteger el derecho, caso en el que la tutela funge como mecanismo transitorio; o
(ii) cuando el medio de defensa judicial ordinario no sea idóneo o eficaz como una
herramienta judicial definitiva24. En consecuencia, el análisis de subsidiariedad en
las acciones de amparo constitucional contra actuaciones administrativas adquiere
una rigurosidad reforzada basada en la doble garantía de los derechos

20 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
21 Antes que todo es necesario (i) verificar la legitimación en la causa como una exigencia preliminar

en cualquier acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos
generales de procedibilidad, en los siguientes términos: (ii) que en la solicitud de tutela se expresen
de manera clara los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se imputa a la
decisión judicial; (iii) que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (iv) que previo a
la solicitud de tutela se hayan agotado todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la
persona afectada; (v) que se cumpla con el principio de inmediatez; (vi) que en caso de que se alegue
una irregularidad procesal, la misma tenga la entidad de afectar la decisión; y de manera general, y
(vii) no procede elevar una solicitud de amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de
tutela.
22 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se

concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si
en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente
para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece
de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen
del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material
de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales,
en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo
lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad
de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance; y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los
jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el
artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
23 Corte Constitucional, sentencia T-375 de 2018.
24 Ibíd.

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fundamentales. Ex ante, dentro del proceso administrativo, y, ex post, en el proceso
contencioso.

En otros términos, el juzgamiento de la procedibilidad de la solicitud de amparo
implica, por un lado, verificar que el derecho fundamental alegado fue desconocido
en el proceso administrativo y, por el otro, que no puede ser resguardado en el
proceso contencioso en razón a la existencia de un perjuicio irremediable que no
puede prevenirse en sede judicial, o, directamente, por la ineficacia o falta de
idoneidad del medio de control.

2.4. En el sub lite, la Sala observa, a partir de lo expuesto en el escrito de tutela y
de impugnación, que el accionante adujo vulnerados sus derechos fundamentales
de contradicción y de defensa, porque, según afirmó, la autoridad electoral no
resolvió en debida forma las peticiones y recursos que interpuso al interior del
trámite administrativo sancionatorio, y, en consecuencia, lo sancionó.

Al respecto, es preciso tener en cuenta que, la Ley 1437 de 2011, en su artículo 138,
previó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a través del
cual, toda persona “[…] que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en
una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo
particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho […]”.

Además, el artículo 229 ibidem dispuso que, en todos los procesos declarativos,
iniciados a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
parte podrá solicitar de manera sustentada, con la demanda o en cualquier estado
del trámite, que se decreten las medidas cautelares que considere necesarias para
garantizar y proteger sus derechos fundamentales.

En ese orden, si el accionante considera que sus peticiones y recursos no fueron
resueltos en debida forma dentro del trámite administrativo, y, que tal circunstancia
ocasionó que la autoridad electoral dictara una decisión sancionatoria desfavorable
a sus intereses y con violación de sus derechos fundamentales, materializada en la
Resolución 00778 del 24 de enero de 2024; puede acudir a la administración de
justicia, por conducto del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, para cuestionar la legalidad de ese acto administrativo y, en ese escenario,
solicitar las medidas cautelares que considere necesarias para garantizar la defensa
de sus derechos e intereses y el objeto del proceso, con el fin de evitar que la
sentencia se torne ineficaz respecto de sus pretensiones.

Ahora bien, el señor Palacios Rivas no expuso alguna circunstancia que permita
establecer un riesgo de carácter inminente que vulnere la garantía del derecho
fundamental invocado y que configure un posible perjuicio irremediable, de tal forma
que sea necesaria la intervención excepcional del juez de tutela, en tanto, la sola
manifestación de su configuración con ocasión de los hechos narrados no es
suficiente para tenerlo por acreditado.

En ese orden, la Sala encuentra que la solicitud no cumple con el requisito de
subsidiariedad, en la medida en que, el accionante tiene a su disposición el
mecanismo idóneo para obtener la garantía de sus derechos fundamentales. En tales
condiciones, emitir el juez de tutela una decisión de fondo constituiría una intromisión
indebida en las competencias asignadas legalmente a las autoridades
administrativas y/o judiciales.

2.5. En conclusión, dado que los cargos expuestos por el accionante no superaron
el requisito general de procedibilidad de subsidiariedad y tampoco está acreditada
alguna afectación inminente de derechos fundamentales, la presente solicitud de
amparo se torna en improcedente y en ese orden, la Sala procede a confirmar la

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Radicado: 27001-23-33-000-2024-00063-01
Accionante: Andrés Mauricio Palacios Rivas

decisión del 4 de junio de 2024 dictada por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo del Chocó.

III.DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de junio de 2024, proferida por la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó, por las razones
expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por
el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

NICOLÁS YEPES CORRALES WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de Sala Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
Firmado electrónicamente
DSR

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