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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 27001-23-33-000-2025-00119-01

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 27001-23-33-000-2025-00119-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Confirmar la sentencia de 30 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 27001-23-33-000-2025-00119-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 27001-23-33-000-2025-00119-01
Accionante: RENZO MOSQUERA ECHEVERRY
Accionado: JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
QUIBDÓ

Temas: Tutela contra providencia judicial. Demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en la que se declara probada la
excepción de caducidad. Requisito objetivo de la subsidiariedad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte actora, quien actúa en nombre propio, contra la sentencia
de 30 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó que
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 21 de octubre de 20251, el demandante solicitó al juez constitucional la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración
de justicia y principio de cosa juzgada, que considera vulnerados por la autoridad
judicial accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(Sic a todo) “1. Dejar sin efecto el auto interlocutorio No 386 de fecha 20/05/2025,
proferida por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante el
cual se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada de manera
extemporánea.

2. Declarar que la sentencia No 028 del 18 de marzo de 2025, quedó ejecutoriada y por
lo tanto hizo transito a cosa juzgada (se reconozca su firmeza), con los efectos jurídicos
correspondientes.

3. Disponer de las demás medidas necesarias para garantizar la protección efectiva de
mis derechos fundamentales”.

1
El proceso fue repartido en segunda instancia el 29 de enero de 2026 e ingresó al despacho para fallo el 30 del mismo
mes y año.

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Radicado: 27001-23-33-000-2025-00119-01
Demandante: Renzo Mosquera Echeverry

2. Hechos

Del escrito de tutela y las pruebas allegadas al expediente la Sala constata lo
siguiente:

La parte accionante relató que mediante Resolución núm. 5137 de 18 de noviembre
de 1997, fue nombrado docente del área de matemáticas y física con ubicación en
sede principal de la Institución Educativa “Antonio Abad Hinestroza Mena”
(IEAAHM) sede principal del municipio de Atrato – Yuto, Chocó.

Afirmó que el 10 de enero de 2023 fue trasladado2 por la Secretaría de Educación
Departamental del Chocó, sin justificación, razón por la cual presentó una solicitud
en ejercicio del derecho de petición que fue respondida el 2 de agosto de 2023 y
por medio del cual conoció de la Resolución núm. 2209 de 29 de agosto de 2022.
Expuso que solicitó la revocatoria directa de la decisión, sin recibir respuesta por
parte del departamento del Chocó.

Indicó que el 15 de noviembre de 2023 inició un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con el objeto de declarar la nulidad de la Resolución
núm. 2209 de 2022, que fue de conocimiento del Juzgado Noveno Administrativo
del Circuito Judicial de Quibdó radicado bajo el núm. 27001-33-33-001-2023-00477-
003, despacho que el 18 de marzo de 2025 profirió sentencia de primera instancia
favorable a sus pretensiones, al considerar que el traslado de un docente por
razones de conveniencia solo es válido cuando el acto administrativo está
debidamente motivado y sustentado en la recomendación del Consejo Directivo,
conforme a la normativa aplicable; por tanto, como la administración no acreditó los
soportes que justificaran la medida, se vulneró el debido proceso administrativo y
procedía la nulidad del acto de traslado y el pago de salarios, prestaciones y demás
emolumentos no cancelados al señor Renzo Mosquera.

Sostuvo que el 21 de marzo de 2025 solicitó aclaración de la sentencia, la cual fue
resuelta con auto núm. 358 de 5 de mayo de 2025, por lo que, a su juicio, y siguiendo
lo señalado en el artículo 302 del Código General del Proceso, la sentencia quedó
ejecutoriada el 13 de mayo de 2025, sin ser recurrida por la parte demandada4.

Señaló que mediante el auto interlocutorio núm. 386 de 20 de mayo de 2025, el
Juzgado accionado concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada el 1 de abril de 20255.

Por auto de 9 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo del Chocó admitió el
recurso de apelación y el 17 de junio de 2025, el actor presentó memorial de
oposición contra esa decisión, sin que se observe una actuación posterior.

2 En el escrito de demanda de tutela se indica que el actor fue “suspendido” pero revisada la actuación
administrativa, se constató que la Resolución 2209 de 29 de agosto de 2022 ordenó un “traslado de la Institución
Educativa Antonio Abad Hinestroza Mena de Yuto - Municipio del Atrato - Chocó, al Centro Educativo Primitivo
Palacios sede el guamo en el Municipio Carmen del Darién – Chocó”
3 Fue repartido inicialmente al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó y redistribuido al

Juzgado Noveno del mismo distrito judicial el 29 de mayo de 2024, por Acuerdo CSJCHA24-25 de 19 de abril
de 2024.
4 Verificado el Sistema de Información Samai la Sala observa que el 1 de abril de 2025, el departamento del

Chocó presentó recurso de apelación. (índice 00048 del proceso ordinario de primera instancia).
5 El actor presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra esa decisión el 26 de mayo de 2025,

misma fecha que fue enviado el proceso al superior funcional.
2

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3. Fundamentos de la acción

La parte actora de manera genérica afirmó que la actuación del juzgado accionado
“configuró un defecto procedimental absoluto por haber tramitado un recurso de
apelación extemporáneo, e incluso un defecto orgánico puesto que el juez actuó
sin competencia temporal. La Corte Constitucional ha considerado estos defectos
como causales de procedencia de la tutela contra providencia judicial.”

4. Oposición

4.1. Respuesta del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Quibdó

El titular del despacho informó las actuaciones surtidas en el proceso ordinario y
sostuvo que la concesión del recurso de apelación no vulneró la cosa juzgada ni el
debido proceso, pues procedía contra la sentencia principal y no contra el auto
aclaratorio.

En ese orden, afirmó que la tutela resulta improcedente por incumplir los requisitos
de subsidiariedad al circunscribirse a una discrepancia procesal sobre la
interpretación de términos sin que se configure un riesgo real o inminente de
afectación de derechos fundamentales e inmediatez por presentarse cinco meses
después de proferido el auto de 21 de octubre de 2025. Así las cosas, concluyó que
al no demostrarse un perjuicio irremediable la acción deviene en improcedente o
debe negarse por no encontrarse configurado ningún defecto.

4.2. Respuesta del Departamento del Chocó - Secretaría de Educación del
Chocó

La autoridad administrativa solicitó que se declare improcedente la acción de tutela,
toda vez que el 6 de febrero de 2026, el accionante radicó ante el juzgado
accionado, escrito con las mismas peticiones que son objeto de la presente acción
de tutela y que no han sido resultas por el juez natural.

4.3. Respuesta del Ministerio de Educación Nacional

Argumentó que no existe legitimación en la causa por pasiva, por no ser la autoridad
que expidió la sentencia que motivó la acción de amparo.

5. Sentencia de tutela impugnada

El Tribunal Administrativo del Chocó mediante sentencia de 30 de octubre de 2025,
dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
accionante señor RENZO MOSQUERA ECHEVERRY, contra el Juzgado Noveno
Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, por las razones aquí expuestas”.

Para el efecto, el Tribunal realizó un recuento de las actuaciones surtidas al interior
del trámite ordinario, para concluir que la acción de tutela resulta improcedente
cuando se dirige contra actuaciones judiciales dentro de un proceso que aún se
encuentra en trámite y respecto del cual existen mecanismos ordinarios para debatir
3

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las inconformidades, pues este mecanismo constitucional no puede emplearse
como un medio paralelo o alternativo para cuestionar decisiones procesales del juez
natural ni para anticipar pronunciamientos que deben resolverse dentro del proceso
ordinario. En consecuencia, al advertir que el recurso de apelación concedido por el
juzgado accionado debía tramitarse y resolverse dentro del mismo proceso,
consideró que la solicitud de amparo no cumplió el requisito de subsidiariedad.

7. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
accionante impugnó el fallo de primera instancia, para lo cual reiteró los argumentos
expuestos en el escrito de tutela respecto a fallos estructurales citando presuntas
irregularidades en cuanto a un defecto procedimental absoluto.

Manifestó que el Tribunal pasó por alto que la sentencia estaba ejecutoriada, que la
cosa juzgada impide reabrir debates ya concluidos y que conceder una apelación
tardía es un contrario al orden jurídico. Adicionó que se desconoció lo establecido
por el Consejo de Estado en su jurisprudencia, al enfatizar que la cosa juzgada es
un límite infranqueable a la potestad de los jueces, citando como sustento de su
afirmación las siguientes providencias sobre cosa juzgada: rad. 666001-23-31-000-
2010-00412-01 y 66001-23-33-000-2014-00070-01.

Igualmente indicó que el Tribunal desconoció la existencia de un perjuicio
irremediable por cuanto ha sido privado de su trabajo, salarios y prestaciones
sociales por 2 años y 7 meses sin acto administrativo que lo justifique frente a lo
cual la Corte Constitucional ha señalado que la falta prolongada de ingreso afecta
directamente al mínimo vital (T-962 de 2014 y T-013 de 2018).

Finalmente, expresó que no existe otro medio de defensa judicial idóneo para
proteger sus intereses y que los recursos ordinarios fueron presentados en
oportunidad y solicitó que se revoque el fallo de tutela impugnado y se deje sin
efecto el auto de 20 de mayo de 2025 dictado en el proceso ordinario que concedió
un recurso de apelación improcedente y que se restablezca la firmeza de la
sentencia del 18 de marzo de 2025, que fue favorable a sus pretensiones.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
debe revocar la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción
de tutela por cuanto no cumplió los requisitos generales, y en caso de encontrarse
cumplidos los restantes presupuestos generales, si debe acceder a la protección
constitucional solicitada porque la autoridad judicial demandada incurrió en defecto
4

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procedimental absoluto.

3. El requisito de la subsidiariedad en la acción de tutela cuando se cuestionan
providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción solo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.

A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela
es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en los
siguientes términos:

“(..) La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre
el solicitante”.

Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o si, por el contrario, existen otros mecanismos
jurídicos que permitan satisfacer los derechos fundamentales del actor.

En relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
en particular del requisito de la subsidiaridad, en la sentencia T-016 de 20225, la
Corte Constitucional recordó que este mecanismo no puede ser utilizado de manera
alternativa, adicional o complementaria a los procesos ordinarios o especiales, por
cuanto no es prima facie “el instrumento judicial adecuado para solicitar la
protección de los derechos que sean lesionados en un proceso judicial, “pues el
ordenamiento jurídico ha diseñado para este efecto la estructura de órganos de la
rama judicial, estableciendo un modelo jerárquico cuyo movimiento se activa a partir
de la utilización de una serie de mecanismos judiciales que buscan garantizar la
corrección de las providencias judiciales”6.

Con base en ese marco de referencia, la jurisprudencia constitucional ha precisado
tres eventos en los que es improcedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, a saber: i) el asunto está en trámite; ii) el actor no ha agotado los medios
de defensa judicial ordinarios y extraordinarios para oponerse al proceso judicial; y,
iii) la persona recurre al recurso de amparo constitucional para revivir etapas

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procesales en donde dejó de emplear los recursos previstos en el ordenamiento
jurídico7.

En relación con el primer supuesto, ha indicado que “si el proceso judicial que el
accionante pretende cuestionar está en curso, en principio, la intervención del juez
constitucional está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye un
mecanismo alternativo o paralelo para resolver asuntos que deben analizarse al
interior del trámite ordinario. En definitiva, no es admisible que el afectado alegue la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando no ha solicitado el
amparo de dichas garantías dentro del proceso8.

Respecto del segundo ha precisado que “si el proceso judicial ya ha concluido y el
ciudadano desea controvertir la decisión correspondiente, está en la obligación de
acudir de manera preferente a los mecanismos ordinarios y extraordinarios para
ello. Esta exigencia asegura que la acción de tutela no se torne en una instancia
adicional en el trámite procesal, ni en un mecanismo de defensa que reemplace
aquellos diseñados por el Legislador”9.

Finalmente, en lo que atañe con el tercer supuesto ha destacado que dado el
carácter exceptivo de la acción de tutela “resulta improcedente cuando el actor
pretende revivir etapas procesales que por negligencia, descuido o distracción, se
encuentran debidamente resueltos”.

En definitiva, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
punto del cumplimiento del requisito de la subsidiariedad se torna más exigente,
cuando no se han agotado los mecanismos de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, exigencia que “asegura que el
recurso de amparo no sea utilizado como una instancia más dentro del trámite
jurisdiccional, como un mecanismo que reemplace los demás diseñados por el
legislador o, como un instrumento para solucionar errores u omisiones de las partes
en los procesos ordinarios” .10

4. Estudio y solución del caso concreto

El señor Renzo Mosquera Echeverry, quien actúa en nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de
Quibdó, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia y el principio de cosa juzgada, con ocasión
del auto 386 de 20 de mayo de 2025, por medio del cual concedió el recurso de
apelación presentado por la parte demandada contra la sentencia núm. 028 de 18
de marzo 2025, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho núm. 27001333300120230047700.

El Tribunal Administrativo del Chocó por medio de sentencia de 30 de octubre de
2025, declaró improcedente la acción de tutela, por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, al considerar que el recurso de apelación presentado contra la
sentencia de primera instancia se encontraba pendiente de resolución, por lo que la
discusión constituye una cuestión de legalidad, que debía ser resuelta por el juez
natural dentro del proceso correspondiente.

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Demandante: Renzo Mosquera Echeverry

La parte accionante presentó escrito de impugnación en el que insistió en que la
autoridad judicial accionada incurrió en un defecto procedimental absoluto, al
conceder el citado recurso de apelación violando, entre otros, el principio de cosa
juzgada por presentación extemporánea y reiteró la vulneración de los derechos
fundamentales invocados.

A su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto procedimental
absoluto, puesto que el tribunal pasó por alto que la sentencia estaba ejecutoriada,
que la cosa juzgada impide reabrir debates ya concluidos y que conceder una
apelación tardía es un contrario al orden jurídico. Adicionó que se desconoció lo
establecido por el Consejo de Estado en su jurisprudencia en la que ha señalado
que la cosa juzgada es un límite infranqueable a la potestad de los jueces, lo que
sustento con las siguientes providencias: rad. 666001-23-31-000-2010-00412-01 y
66001-23-33-000-2014-00070-01.

De conformidad con la información suministrada en el Sistema para la Gestión
Judicial SAMAI, la Sala evidencia que en la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado núm. 27001333300120230047700/02, se han surtido las
siguientes actuaciones relevantes:

• El 15 de noviembre de 2023 se presentó la demanda ante el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito de Quibdó.
• El 14 de febrero de 2024, se admitió la demanda, decisión que se notificó 15 del mismo mes
y año.
• El 26 de febrero de 2024, se corrió traslado de la medida cautelar. Por Auto del 15 de abril
de 2024 se negaron las medidas cautelares.
• El 29 de mayo de 2024, se redistribuyó el proceso al Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito de Quibdó en virtud del Acuerdo CSJCHA2425 de 19 de abril de 2024.
• El 5 de junio de 2024, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Quibdó avocó
conocimiento.
• El 26 de septiembre de 2024 se corrió traslado para presentar alegatos de conclusión.
• El 18 de marzo de 2025, luego de recibidos los alegatos, el juez de primera instancia dictó
sentencia de primera instancia, notificada el mismo día.
• El 21 de marzo de 2025, el señor Renzo Mosquera presentó solicitud de aclaración y
corrección de la sentencia, reiterada el 27 de marzo de 2025.
• El 1 de abril de 2025, el departamento del Chocó presentó recurso de apelación.
• El 9 de abril de 2025, el señor Renzo Mosquera solicitó que se rechazara el recurso de
apelación.
• El 5 de mayo de 2025, se corrigen los ordinales primero, segundo y tercero de la sentencia.
• El 20 de mayo de 2025, se concede el recurso de apelación.
• El 26 de mayo de 2025 se envía el proceso al Tribunal Administrativo del Chocó.
• El 26 de mayo de 2025 se presenta recurso de reposición contra el auto que concedió el
recurso de apelación. Esta solicitud se reitera el 6 de junio de 2025.
• El 9 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo del Chocó admite el recurso de apelación.
• El 17 de junio de 2025, se presenta oposición contra el auto admisorio del recurso de
apelación, la cual se reiteró el 19 de septiembre de 2025.
• El 15 de octubre de 2025, ingresó el proceso al despacho con la oposición y otros
memoriales que ha radicado el demandante.

En ese contexto, la Sala comparte la decisión del a quo en el sentido de que la
acción de tutela no cumple el requisito de subsidiariedad, porque el proceso judicial
respecto del cual se alega la supuesta vulneración iusfundamental se encuentra
actualmente en trámite y, en esos escenarios, en principio, la intervención del juez
de tutela es extremadamente reducida.

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Adicionalmente, la Sala observa que el actor al interior del proceso ordinario
presentó “oposición” contra el auto que admitió el recurso de apelación, exponiendo
en síntesis los mismos reparos que presentó en la acción de tutela, lo que conlleva
concluir que acudió a este mecanismo preferente y sumario de manera paralela a
los recursos presentados al interior de ese trámite judicial.

Por lo tanto, el juez de tutela se encuentra imposibilitado para realizar un
pronunciamiento de fondo en esta oportunidad, en tanto el análisis planteado
corresponde ser resuelto por el juez natural en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, sin que resulte admisible el desplazamiento de dicha
competencia mediante la acción de tutela.

Sin perjuicio de lo anterior, corresponde a la Sala indicar que verificada las
manifestaciones del demandante, así como las pruebas allegadas al proceso, no se
advierte la causación de un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración
de los derechos fundamentales de la parte actora y que amerite la intervención
urgente del juez de tutela.

La Corte Constitucional con relación al perjuicio irremediable ha dicho 6:

“En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un
considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren,
tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser
grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la
persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer
lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde
una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio,
y como respuesta que armonice con las-particularidades del caso. Por último, las
medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de
oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico
irreparable”.

Para la Sala, en el sub lite, se reitera, no está probada ninguna circunstancia de
urgencia, inminencia, impostergabilidad o gravedad que demuestre la existencia de
un perjuicio irremediable que imponga la necesidad de la intervención del juez de
tutela, máxime cuando el recurso de apelación interpuesto aún se encuentra en
trámite, no se ha resuelto la oposición contra el auto que lo admitió ni se ha proferido
una decisión definitiva.

Valga recordar, que “de ningún modo es admisible, entonces, que quien resuelve
sobre la tutela extienda su poder de decisión hasta el extremo de resolver sobre la
cuestión litigiosa que se debate en un proceso, o en relación con el derecho que allí
se controvierte”7.

Las anteriores consideraciones son suficientes para confirmar la decisión del a quo
que declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor Renzo
Mosquera Echeverry.

6 Corte Constitucional, sentencia T - 1316 de 2001.
7 Cfr. Sentencia C-543 de 1992.

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III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Confirmar la sentencia de 30 de octubre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Chocó.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx

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