Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 27001-23-33-000-2025-00135-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 27001-23-33-000-2025-00135-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 27001-23-33-000-2025-00135-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 27001-23-33-000-2025-00135-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
27 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 27001-23-33-000-2025-00135-01
Accionante: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS
CÓRDOBA
Accionado: JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DE QUIBDÓ
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Tutela contra auto que declaró medida cautelar de urgencia. Se declara
improcedente por no satisfacer requisito de subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Antecedentes
1. A través de apoderado, la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis
Córdoba promovió acción de tutela contra el Juzgado Séptimo Administrativo Oral
del Circuito de Quibdó, quien profirió el auto de 10 de noviembre de 2025, en el que
suspendió, como medida cautelar de urgencia, los efectos jurídicos de la resolución
No. 005 de 17 de octubre de 2025 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 27001-33-33-007-2025-00157-00.
Hechos alegados en la acción de tutela
2. El tutelante manifestó que, mediante resolución No. 018742 de 6 de octubre de
2023, el Ministerio de Educación Nacional sometió a medidas preventivas de
vigilancia especial a la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba.
3. El 22 de noviembre de 2024, el Consejo Superior Universitario encargó como
rector al vicerrector de docencia, Fabio Magdaleno Aspilla Moreno, por vacancia
absoluta del cargo. Posteriormente, a través de la Resolución 002638 de 18 de
febrero de 2025, el Ministerio de Educación designó como rector a Luis Alfredo
Giraldo Álvarez. El profesor Asprilla Moreno regresó a su cargo de vicerrector hasta
que fue declarado insubsistente el 28 de febrero de 2025.
4. La Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la Resolución 002638 de 18 de
febrero de 2025, por medio de la cual el Ministerio de Educación designó a Luis
Alfredo Giraldo Álvarez como rector de la institución educativa. Como resultado de
lo anterior, en Resolución 005 de 17 de octubre de 2025, el Consejo Superior
Universitario encargó como rector a Milton Henry Pera Córdoba por un mes.
5. En el anterior escenario, Fabio Magdaleno Asprilla interpuso acción de tutela para
solicitar el reintegro al cargo como rector de la Universidad. En providencia de 29
Radicación número: 27001-23-33-000-2025-00135-01
Accionante: Universidad Tecnológica del Chocó
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Quibdó
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
de octubre de 2025, el Juzgado Cuarto Administrativo de Quibdó negó el amparo.
Sin embargo, la misma persona, el docente Asprilla Moreno, promovió medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución 005 de 17 de
octubre de 2025, mediante la cual el Consejo Superior de la Universidad
Tecnológica del Chocó encargó las funciones de rector al vicerrector de docencia/
académico Milton Henry Perea Córdoba, por el término de un (1) mes, es decir,
hasta el 16 de noviembre de 2025.
6. El proceso fue repartido al Juzgado Séptimo Administrativo de Quibdó y se
identifica con el número 27001-33-33-007-2025-00157-00. Dicha autoridad judicial,
en providencia del 10 de noviembre de 2025, decretó como medida cautelar de
urgencia la suspensión de los efectos jurídicos de la Resolución 005 del 17 de
octubre de 2025, y como consecuencia, ordenó el reintegro al cargo de rector de la
Universidad Tecnológica del Chocó al señor Fabio Magdaleno Asprilla Moreno.
Frente a esta decisión, la Universidad presentó recurso de apelación, el cual a la
fecha no ha sido tramitado por el Juzgado. Cabe anotar que, en el momento de la
expedición del auto de suspensión provisional del acto administrativo, la señora
Merlen María Díaz Arriaga ejercía la rectoría, encargada en la Resolución 009 de
14 de noviembre de 2025.
7. El apoderado de la Universidad solicitó dejar sin efecto el auto que suspendió la
resolución que designó rector encargado, en la que, en su criterio el Juez Séptimo
Administrativo de Quibdó sustituyó al Consejo Superior Universitario e invadió la
órbita del ente académico. Sostuvo que la decisión incurrió en el defecto orgánico,
pues el juzgado censurado no es competente para conocer del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho. En su criterio, por razón de las calidades jurídicas
del ente demandado (Universidad Tecnológica del Chocó), se trata de un proceso
en única instancia del Consejo de Estado, al ser un ente universitario de carácter
Nacional.
8. El profesional en derecho alegó un defecto fáctico por indebida valoración
probatoria, toda vez que, con la excusa de examinar la legalidad de un acto
administrativo de encargo, terminó con reintegrar a la universidad una persona que
había sido declarada insubsistente desde el 28 de febrero de 2025. Sostuvo: “El
Juez Séptimo Administrativo del Circuito de Quibdó, no valoró para adoptar la
decisión de reintegrar al cargo de rector al señor FABIO MAGDALENO ASPRILLA
MORENO, contenida en el auto No. 882 del 10 de noviembre de 2025, que el mismo,
no funge como vicerrector de docencia desde el 28 de febrero de 2025, conforme a
la Resolución No. 0185 que lo declaró insubsistente de dicho cargo”.
9. Igualmente recordó varios aspectos del auto, que, en su criterio son
inconsistencias fácticas. Por ejemplo, conforme los estatutos de la universidad, para
ser rector de la universidad se requiere que cuente con 10 años de experiencia
docente y administrativa, y analizada la hora de vida de Fabio Magdaleno Asprilla
Moreno “no cumple los requisitos mínimos para fungir como rector, toda vez que no
acredita 5 años de experiencia administrativa en cargos del nivel directivo o asesor”.
10. Por lo anterior sostuvo que, existe imposibilidad jurídica de cumplimiento de la
medida cautelar de urgencia. Adicionalmente, indicó que el Consejo Superior no ha
Radicación número: 27001-23-33-000-2025-00135-01
Accionante: Universidad Tecnológica del Chocó
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Quibdó
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
nombrado como rector a Fabio Magdaleno Asprilla, sino que, en acto de 22 de
noviembre de 2024, lo encargó de dicha responsabilidad, pero sin separarlo de las
funciones que ordinariamente ejercía, como era vicerrector de docencia.
Trámite de tutela
11. La acción de tutela fue radicada ante el Tribunal Administrativo del Chocó,
autoridad judicial que vinculó al trámite al Juzgado Séptimo Administrativo de
Quibdó y vinculó como terceros con interés al Ministerio de Educación Nacional, a
Fabio Magdaleno Asprilla y a Milton Henry Perea Córdoba. En el mismo sentido, la
providencia negó vincular a la Sección Quinta del Consejo de Estado y a la Fiscalía
General de la Nación, tal como había sido solicitado por la tutelante.
12. El Juzgado Séptimo Administrativo de Quibdó solicitó declarar improcedente
el amparo, dado que no se satisface el requisito de subsidiariedad, al ser
procedentes los recursos ordinarios previstos en el artículo 234 y subsiguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -en
adelante CPACA-. Indicó que la tutelante busca utilizar la acción de tutela como una
instancia adicional. Agregó que la suspensión provisional de los efectos jurídicos de
la Resolución núm. 005 del 17 de octubre de 2025 se basa en que existe otra
Resolución vigente la núm. 0019 del 22 de noviembre de 2024, que encargó como
rector al señor Fabio Magdaleno Asprilla Moreno hasta la designación de un rector
en propiedad. Enfatizó que ese acto administrativo goza de presunción de legalidad
y no ha sido anulado por la autoridad competente, en consecuencia, mientras dicha
manifestación de la voluntad subsista, sus efectos son obligatorios y prevalecen
sobre los nuevos encargos adoptados por el Consejo Superior Universitario.
13. La autoridad judicial de primera instancia indicó que “[u]na vez revisado el
aplicativo Justicia XXI Web se observó que los vinculados no rindieron el respectivo
informe a pesar de que fueron notificados en debida forma a sus correspondientes
correos de notificaciones judiciales”.
Sentencia de primera instancia
14. En fallo de primera instancia, de 10 de diciembre de 2025, el Tribunal
Administrativo del Chocó declaró improcedente la acción de tutela promovida por la
universidad.
15. La Corporación judicial examinó el desarrollo del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 27001-33-33-007-2025-00157-00 instaurado por el
señor Fabio Magdaleno Asprilla Moreno contra la Universidad Tecnológica del
Chocó - Consejo Superior y concluyó que no se presentó el alegado defecto
orgánico, pues la demanda “fue repartido en legal forma a dicho despacho,
conforme al sistema de reparto automatizado”. Además, el artículo 155 del CPACA,
modificado por la Ley 2080 de 2021, asigna expresamente a los juzgados
administrativos la competencia para conocer y decidir solicitudes de medidas
cautelares. No se evidencia que el juez haya actuado fuera de su ámbito funcional,
territorial o temporal.
Radicación número: 27001-23-33-000-2025-00135-01
Accionante: Universidad Tecnológica del Chocó
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Quibdó
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
16. En relación con el supuesto fáctico, el tribunal sostuvo que, “el análisis de la
providencia evidencia que el despacho judicial efectuó una valoración razonada y
completa de los documentos y actuaciones obrantes en el expediente, sustentando
su decisión conforme a la sana crítica”.
17. Frente a un supuesto defecto sustantivo, el tribunal concluyó que “el estudio de
la providencia cuestionada se desprende que el juzgado aplicó los artículos 229 a
233 del CPACA, así como la jurisprudencia vigente sobre medidas cautelares de
urgencia.”
18. Por último, indicó que, puesto que, en su criterio de utiliza la acción de tutela
para cuestionar una decisión judicial que no está en firme, es decir, dentro de una
actuación que tiene pendiente etapas que agotar, el juez de tutela no puede
intervenir en el proceso en consideración a su carácter excepcional y residual.
Concluyó:
“En conclusión, el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó
actuó dentro del marco legal y constitucional, valoró las pruebas y aplicó las
normas pertinentes. No se configura vía de hecho, no se cumple con el requisito
general de la subsidiariedad ni los defectos alegados por el accionante, razón
por la que la Sala procederá a declarar improcedente el amparo deprecado, por
las consideraciones expuestas en la presente providencia”
Recurso de impugnación
19. El apoderado de la Universidad presentó recurso de impugnación e insistió en
que la providencia cuestionada incurrió en el defecto fáctico y orgánico alegado.
Insistió en que se vinculara al trámite de tutela a la sección quinta del Consejo de
Estado pues el auto atacado en la acción de tutela tuvo como fundamento en una
sentencia de única instancia que profirió dicha corporación dentro del radicado
11001-03-28-000-2025-00034-00. Insistió en que la sentencia que resolvió esa
demanda “por cuanto la sentencia de única instancia del 25 de septiembre de 2025
constituye un antecedente directo y su interpretación resulta indispensable para
garantizar la coherencia constitucional del caso”.
20. Indicó que la providencia de tutela de primera instancia vulneró el principio de
autonomía universitaria y no atendió adecuadamente el reproche constitucional que
se planteó respecto a que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho no
realizó una cuantificación de la cuantía. Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia
de primera instancia y ampara los derechos fundamentales al debido proceso.
Solicitud de coadyuvancia
21. El 10 de diciembre de 2025, el Ministerio de Educación Nacional coadyuvó los
argumentos del escrito de amparo y solicitó que se declaré el defecto fáctico
alegado en contra de la providencia cuestionada. Afirmó que “a providencia se
fundamentó en hechos inexistentes y en la omisión de valorar pruebas
determinantes obrantes en el expediente. Entre esas pruebas se encuentra la
Resolución Rectoral 0185 de 2025, mediante la cual la Universidad Tecnológica del
Chocó declaró la insubsistencia del señor Fabio Magdaleno Asprilla Moreno desde
Radicación número: 27001-23-33-000-2025-00135-01
Accionante: Universidad Tecnológica del Chocó
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Quibdó
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
febrero de ese año. Este acto, plenamente vigente y no controvertido judicialmente,
demostraba que el actor no tenía vínculo funcional alguno con la institución al
momento de solicitar la medida cautelar, lo que hacía jurídicamente imposible
cualquier reintegro.”
22. El ministerio alegó que se configuró un defecto sustantivo pues, la decisión
cuestionada se apoya en interpretaciones abiertamente irrazonables y contrarias al
ordenamiento jurídico, puntualmente los requisitos para ser rector. Finalmente
alegó un defecto procedimental absoluto por indebida aplicación del artículo 234 del
CPACA. En criterio de la cartera ministerial, la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida por Fabio Magdaleno Asprilla no permitía
acudir al trámite de urgencia. Adicionalmente invocó la causal específica de
desconocimiento de precedente, puntualmente del contenido claro y expreso de la
sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro de la
nulidad electoral de única instancia 11001-03-28-000-2025-00034-00.
CONSIDERACIONES
Competencia
23. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.
Problema jurídico
24. En el asunto de la referencia, de manera preliminar, la Sala debe establecer si
la acción de tutela es formalmente procedente, puesto que se trata de una acción
constitucional ejercida contra un auto que declaró una medida cautelar de urgencia
dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se encuentra
en curso y en el que están pendiente la resolución de varias recursos o solicitudes.
Solo en caso de encontrar que la acción de amparo es procedente se formulara un
problema jurídico de fondo.
25. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) el cumplimiento
del requisito de subsidiariedad y (iii) el caso concreto.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
26. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 20051,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.
1
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
Radicación número: 27001-23-33-000-2025-00135-01
Accionante: Universidad Tecnológica del Chocó
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Quibdó
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
27. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar2; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela3, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional4 o el Consejo de Estado5, ni
una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP-6; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable7 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
Subsidiariedad en procesos en curso
28. En virtud del principio de subsidiariedad previsto en el artículo 86 superior, y el
artículo 6 del decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia constitucional8 ha señalado
que la acción de tutela contra providencias procede cuando se han agotado todas
la etapas y recursos, ordinarios y extraordinarios. Por tal motivo, en principio, resulta
improcedente cuando se cuestiona una decisión intermedia o que no pone fin a un
proceso judicial por lo cual, se puede afirmar que la actuación continúa abierta y
está pendiente de continuar su avance.
29. En ese sentido, la Corte Constitucional ha identificado tres supuestos que hacen
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales9: “(i) cuando el
proceso judicial se encuentra en curso, (ii) cuando el accionante no ha agotado los
mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa previstos en la ley, y (iii)
cuando se pretende utilizar la tutela para reabrir etapas procesales precluidas por
no haber ejercido oportunamente los recursos legales disponibles”.
2
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
3
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
4
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
5
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
6
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
7
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
8
Corte Constitucional, Sentencia T-511 de 2020.
9
Corte Constitucional, Sentencia SU-115 de 2018 y T-016 de 2022.
Radicación número: 27001-23-33-000-2025-00135-01
Accionante: Universidad Tecnológica del Chocó
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Quibdó
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
30. En particular, si el proceso judicial aún está en trámite, la intervención del juez
constitucional resulta, en principio, improcedente, dado que la tutela no constituye
una vía alterna ni paralela al proceso ordinario. Por tanto, no es admisible que el
accionante alegue la vulneración de derechos fundamentales, cuando no ha
solicitado su protección en el marco del proceso judicial correspondiente
31. Lo anterior cobra especial importancia, cuando se trata de autos interlocutorios
que imponen medidas cautelares, toda vez que: “i) no se trata de decisiones
definitivas; ii) la persona tiene a su disposición distintos recursos jurídicos para
controvertir el auto, en el marco del proceso judicial en el cual fue emitido y,
además, iii) tiene la posibilidad de recurrir la decisión final.”. Sin embargo, se ha
admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela contra autos
interlocutorios que imponen medidas cautelares cuando se demuestra la existencia
de un perjuicio irremediable. La sentencia T-511 de 2020 -reiterando la SU-659 de
2015- precisó las condiciones de procedencia de la acción de tutela contra dichas
providencias interlocutoras:
“En lo que respecta a la tutela contra autos, de cara a determinar la procedencia
del amparo, es necesario diferenciar si se trata de autos de trámite o
interlocutorios. Según la jurisprudencia constitucional, en relación con estos
últimos, la acción de tutela procede en los siguientes eventos: i) cuando “se
evidencie una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de las
partes que no puede ser reprochada mediante otros medios de defensa
judicial”; ii) si “a pesar de que existen otros medios, éstos no resultan idóneos
para proteger los derechos afectados o amenazados”; o iii) si “la protección
constitucional es urgente para evitar un perjuicio irremediable”. En cualquier
caso, el juez debe verificar el cumplimiento de “los requisitos generales de
procedencia y presentarse al menos una de las causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales que han sido
fijados por esta [Corte]”.
Análisis del caso concreto
32. En el caso concreto, entonces, se ataca una decisión judicial interlocutoria, que
tiene pendiente el agotamiento de varias etapas procesales idóneas y eficaces en
las que se puede examinar la legalidad y constitucionalidad de esta. Como indicó la
propia tutelante, presentó recurso de apelación e incidente de nulidad contra la
providencia cuestionada, y los mismos se encuentran pendientes de agotar. De ahí
que, deben resolverse las herramientas procesales de impugnación promovidas.
33. En efecto, la apelación contra la medida cautelar y el incidente de nulidad
constituyen medios procesales idóneos y eficaces para la protección de los
derechos que la Universidad estima vulnerados y para la satisfacción de su
pretensión, pues permiten someter al control del juez natural —y del superior
funcional— los mismos defectos orgánico, fáctico y sustantivo alegados en la acción
de tutela. A través de la apelación, la institución puede cuestionar la competencia
del juzgado para decretar la medida (defecto orgánico), la valoración del acervo
probatorio y la verificación de los requisitos legales para el reintegro ordenado
(defecto fáctico), así como la correcta aplicación de las normas del CPACA sobre
medidas cautelares de urgencia y los estatutos universitarios (defecto sustantivo).
Por su parte, el incidente de nulidad permite denunciar vicios procesales que afecten
el debido proceso, como la indebida aplicación del trámite de urgencia o la adopción
Radicación número: 27001-23-33-000-2025-00135-01
Accionante: Universidad Tecnológica del Chocó
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Quibdó
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
de decisiones que excedan el marco funcional del juez, con efectos correctivos
inmediatos dentro del proceso. En consecuencia, estos mecanismos ordinarios son
aptos para ventilar integralmente los reproches constitucionales formulados y
resultan suficientes para obtener, de ser el caso, la modificación o revocatoria de la
decisión cuestionada, lo que excluye la procedencia excepcional de la acción de
tutela.
34. Asimismo, no se configura un perjuicio irremediable que habilite la intervención
excepcional del juez de tutela, pues la Universidad no acreditó el riesgo cierto y
altamente probable de un daño inminente a sus derechos fundamentales que no
pueda ser conjurado por las vías ordinarias ya activadas. La sola inconformidad con
el reintegro provisional ordenado o con la interpretación del juez natural no equivale
a una afectación cierta y próxima de los derechos al debido proceso o a la
autonomía universitaria. En este escenario, el eventual impacto institucional es
revisable y reversible dentro del mismo proceso contencioso, de modo que no se
evidencia una consumación inminente de un daño constitucionalmente relevante.
35. En particular, no se satisfacen los criterios fijados por la jurisprudencia para
superar la subsidiariedad10: (i) inminencia, porque no se probó un riesgo actual y
próximo más allá de hipótesis o desacuerdos jurídicos; (ii) gravedad, dado que la
medida es provisional y sus efectos pueden ser modificados o dejados sin efectos
por el superior funcional, sin que se haya demostrado una afectación intensa e
irreversible; (iii) urgencia, pues no se acreditó la necesidad de una intervención
inmediata del juez constitucional ante la insuficiencia de los recursos ordinarios; y
(iv) la acción impostergable, ya que la protección pretendida puede obtenerse
oportunamente mediante la resolución de los recursos pendientes y los medios de
control propios del proceso. Admitir la tutela en estas condiciones vaciaría de
contenido los mecanismos judiciales ordinarios y desnaturalizaría su carácter
subsidiario y excepcional. En este contexto, el amparo no satisface el requisito de
subsidiariedad.
36. Sin embargo, la Sala reconoce que el Tribunal Administrativo del Chocó, en la
providencia de tutela de primera instancia, realizó aseveraciones propias de un
examen de fondo a la decisión cuestionada. En efecto, la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia declaró improcedente el amparo, no obstante, en la
parte considerativa de la providencia indicó que no se produjo el defecto orgánico
ni el fáctico alegados. Además, descartó la configuración de un defecto sustantivo
que, explícitamente no fue solicitado por la parte actora.
37. En atención a que la parte resolutiva de la providencia declaró improcedente el
amparo, resultan contrarias a la ratio decidendi de la sentencia que se hayan
realizado consideraciones referidas a la supuesta corrección constitucional de la
providencia censurada. Ellas exceden la razón central de la decisión, motivo por el
cual se confirmará la sentencia de 10 diciembre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Chocó, pero por las razones indicadas en esta providencia.
10
Corte Constitucional, Sentencia T-003 de 2023.
Radicación número: 27001-23-33-000-2025-00135-01
Accionante: Universidad Tecnológica del Chocó
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Quibdó
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
38. Finalmente, puesto que, la parte actora sostiene que los recursos ordinarios que
promovió contra la providencia cuestionada están pendientes de ser resueltos, en
la parte resolutiva, se insta a la autoridad judicial accionada para que, de manera
expedita concluya los trámites pendientes de agotar para resolver los recursos
pendientes y remita el expediente al Tribunal Administrativo del Chocó.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de diciembre de 2025, proferida por la
Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó en cuanto
DECLARÓ IMPROCEDENTE el amparo, pero por las razones explicadas en la
parte motiva.
SEGUNDO: INSTAR al Juzgado Séptimo Administrativo de Quibdó para que, de
manera expedita concluya los trámites pendientes de agotar para resolver los
recursos promovidos contra la decisión de 10 de noviembre de 2025 y de ser el caso
proceda a remitir el expediente al Tribunal Administrativo del Chocó.
TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
CUARTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
!"#ABCDEF*FHIHJ.LMNO*FH
!
!
!!!!!!!!!!!"#A%CDE!F*F+IA-.#+C%F.IF!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#A%CDE!F*F+IA-.#+C%F.IF!
BFP!O!Q"HONFRFAHMOPQ"HBNSPFTHHHHHHHHHHU"*VHP":FP#"H*XJYAJOHLV!QFT!
!
!
!"#$%!LMNO!3QRST8LV:TO!;<L!M<M:QTNO!LV!;RQ=O!L>L:NQ?VT:O!=L8TOVNL!L>!O3>T:ONTSR!@C%C#A!8L!=OVLQO!
B<L! L>! :LQNT;T:O8R! 8TCTNO>! B<L! OQQRaO! L>! MTMNL=O! 3LQ=TNL! SO>T8OQ! >O! TVNLCQT8O8! E! O<NLVNT:T8O8! 8L>!
3QLMLVNL! 8R:<=LVNR! LV! L>!
>TVc!dNN3MeffQL>ONRQTOg:RVMLaR8LLMNO8RgCRSg:RehihifjTMNOMf8R:<=LVNRMfLSO>T8O8RQg! #C<O>=LVNL!
3<L8L!O::L8LQ!O>!O3>T:ONTSR!8L!SO>T8O:T?V!LM:OVLOV8R!:RV!M<!NL>k;RVR!:L><>OQ!L>!:?8TCR!lA!B<L!
O3OQL:L!O!>O!8LQL:dOg! !
ZBH
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.