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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 27001-23-33-000-2026-00015-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 27001-23-33-000-2026-00015-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de mayo de 2026 dictada por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó que declaró la improcedencia de la demanda. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 27001-23-33-000-2026-00015-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 27001-23-33-000-2026-00015-01
Accionante: JACKSON MARTÍNEZ MAYO
Accionados: NACIÓN – FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS Y OTRO

Tema: Confirma improcedencia – requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala conoce de la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia
del 4 de mayo de 2026, dictada por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Chocó. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 125, 150 y 243 de la Ley 1437 de 20111, así como en el Acuerdo 080 del
12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado (modificado por el
Acuerdo 434 de 2024).

El recurso de apelación fue concedido mediante auto del 5 de junio de 2026. Por lo
anterior, la Sala procede a proferir sentencia en los términos previstos en la Ley 393
de 1997.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor Jackson Martínez
Mayo, a nombre propio, presentó demanda contra la Nación – Fondo de Pensiones
Públicas (FOPEP) y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante
FOMAG), con el fin de obtener el cumplimiento del artículo 142 de la Ley 100 de
1993.

2. En consecuencia, el accionante solicitó lo siguiente:

1
Artículo 150. Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado por
el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [...].

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601-350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
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Accionante: Jackson Martínez Mayo
Accionados: Nación – Fondo de Pensiones Públicas y otro
Radicado: 27001-23-33-000-2026-00015-01

PRIMERA: Ordenar el pago de las mesadas 14 en cumplimiento del artículo 142 de
la ley 100 de 1993, en consonancia con el parágrafo 4 del artículo 48 de la
Constitución Política de Colombia al FONDO DE PENSIONES PUBLICAS (FOPEP)
SEGUNDA: Ordenar el pago de las mesadas 14 en cumplimiento del artículo 142
de la ley 100 de 1993, en consonancia con el parágrafo 4 del artículo 48 de la
Constitución Política de Colombia al FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO.
TERCERO: Condene en costas a la parte demandada. [Sic a toda la cita]

1.2. Posición de la parte demandante

3. La parte actora se limitó a indicar que, luego de constituir en renuencia a las
autoridades accionadas: i) el FOMAG guardó silencio, ii) el FOPEP no manifestó su
oposición y iii) la UGPP le indicó que la mesada 14 fue suprimida mediante Acto
Legislativo 01 de 20052.

4. Acto seguido, refirió que existe una excepción a la aplicación del acto
legislativo en comento y que se encuentra en los parágrafos 4 y 6 del artículo 48 de
la Carta Política, para quienes, i) a la fecha de su expedición, tuvieran 750 semanas
de cotización y ii) devengan más de 3 salarios mínimos, si su pensión es reconocida
antes del 31 de julio de 2011.

5. Finalmente, el señor Martínez Mayo citó como fundamentos de derecho los
artículos 2, 6, 29, 87, 121 y 209 de la Constitución Política.

1.3. Posición de la parte demandada

6. El FOPEP, en primer lugar, mencionó que es el actual administrador fiduciario
de la entidad, quien no representa ni legal ni judicialmente a dicha cuenta de la
Nación, en tanto aquella está en cabeza del Ministerio de Trabajo. Además, señaló
que no tiene competencia en el reconocimiento de derechos pensionales o
similares.

7. Acto seguido, indicó que, de los documentos aportados con la demanda, se
podía advertir que la UGPP (autoridad competente para el reconocimiento de dicha
prestación) le indicó de forma clara las razonales por las cuales no procedía el
reconocimiento de la mesada 14 para la señora «Sissy Mayo Perea». Por
consiguiente, el interesado debía proceder con los mecanismos judiciales
procedentes para controvertir dicha decisión.

8. En esa medida, se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento
en: (i) la improcedencia de la demanda por existir otro mecanismo judicial idóneo,
(ii) su falta de legitimación en la causa por activa; (iii) falta de integración del
contradictorio, al no vincularse a la UGPP; (iv) improcedencia de la acción para

2
Se precisa que el accionante dirigió el escrito de renuencia en contra de la UGPP, sin embargo, no
lo identificó como autoridad accionada en el presente trámite.

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obtener el pago de sumas de dinero o controvertir actos administrativos particulares
y; (v) perseguir el acatamiento de normas que establezcan gastos.

9. El FOMAG pese a ser debidamente notificado, guardó silencio.

1.4. Fallo de primera instancia

10. En sentencia de 4 de mayo de 2026, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Chocó declaró la improcedencia de la acción.

11. En concreto, el operador judicial consideró que del contenido del artículo 142
de la Ley 100 de 1993 no se advertía un mandato imperativo que pudiera cumplirse
a través de acción de cumplimiento, toda vez que era necesario efectuar un análisis
concreto de la situación de la parte actora en el que se estudie por qué la mesada
14 debe pagarse a quien devenga «más de 3 salarios mínimos».

12. Por lo anterior, refirió que debía ser en un proceso ordinario en el que se
discuta la posición de las partes y se analice el acervo probatorio correspondiente,
so pena de que se le otorgue un alcance distinto a la presente acción constitucional.

13. Específicamente, indicó que los derechos que el actor considera que le
asisten debían ser reclamados ante las accionadas mediante derecho de petición y
con la interposición de los recursos respectivos a fin de obtener un acto definitivo
pasible de control ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. En todo caso,
consideró que tampoco estaba acreditada la existencia de un perjuicio grave e
inminente.

1.5. Impugnación

14. La parte actora reiteró el escrito de la demanda.

II. CONSIDERACIONES

15. La Sala confirmará la sentencia del 4 de mayo de 2026, mediante la cual la
Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó declaró la
improcedencia de la acción sub judice. Para ello, analizará las siguientes
cuestiones: (i) el agotamiento del requisito de constitución en renuencia; y (ii) el
cumplimiento de los requisitos de procedencia de este mecanismo constitucional.

2.1. Caso concreto

2.1.1. El accionante agotó el requisito de procedibilidad relativo a la
constitución en renuencia

16. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, previo al ejercicio de la
acción de cumplimiento, el actor debe constituir en renuencia a la autoridad o al
particular que ejerce funciones públicas y frente al cual se exige el cumplimiento del

3
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mandato legal o consagrado en acto administrativo. Para ello, es necesario que el
actor indique expresamente cuál es la norma sobre la cual versa la acción, sin que
la autoridad conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación de la
solicitud o, por el contrario, se ratifique en el pretendido incumplimiento3.

17. En tales términos, esta Sección ha señalado que «el reclamo en tal sentido
no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el
propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento»4. La falta de agotamiento de este requisito genera el rechazo de la
demanda.

18. En este caso, la Sala encuentra acreditada la constitución en renuencia frente
a las autoridades accionadas, pues se probó que, a través de correo electrónico del
5 de diciembre de 2025, la parte actora radicó en sus buzones digitales5 la solicitud
de acatamiento del artículo 142 de la Ley 100 de 1993, sin que obre evidencia de
que aquella hubiera sido atendida por las demandadas.

19. En tales términos, se acredita el requisito de procedibilidad relativo a la
constitución en renuencia de la parte demandada.

2.1.2. La acción no supera los requisitos de procedencia

20. Conforme a lo dispuesto en la Ley 393 de 1997, la Sección Quinta de esta
corporación ha sostenido que la procedencia de la acción de cumplimiento se
encuentra supeditada a la acreditación de cinco requisitos generales:

(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (artículo
1)6.

(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado
de ello (artículos 5 y 6).

(iii) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,

3
Al respecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece lo siguiente: «Con el
propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya
ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la
presentación de la solicitud».
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de
octubre de 2011. Rad. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
5
Dicha solicitud fue enviada a las siguientes direcciones de notificación electrónica:
notificacionesjudiciales.consorcio@fopep.gov.co; notjudicial@fiduprevisora.com.co;
notificacionesjudiciales@mintrabajo.gov.co; notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co;
notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co.
6
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.

4
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circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.

(iv) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que puedan
ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).

(v) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que establezcan
gastos a la administración (artículo 9).

21. El incumplimiento de alguno de los referidos requisitos implica la
improcedencia del medio de control. Por el contrario, si los anteriores presupuestos
se encuentran satisfechos, corresponde a la Sala determinar si existe o no el
mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad o del particular en
ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la acción; y, a
partir de ello, determinar la prosperidad de las pretensiones de la demanda.

22. Así, frente a la solicitud de ordenar el acatamiento del artículo 142 de la Ley
100 de 1993, de manera que se reconozca la mesada 14, esta Sección advierte
que, en principio, la disposición se encuentra vigente y tiene rango de ley. Además,
la acción se dirige en contra de una autoridad pública.

23. Sin perjuicio de lo expuesto, la Sala advierte que la controversia planteada
por la parte actora no satisface el requisito de subsidiariedad. Ello, en la medida en
que lo pretendido a través de esta acción implica el reconocimiento de derechos
subjetivos, circunstancia que excede la lógica de la acción de cumplimiento.

24. En efecto, esta Sala de Decisión comparte las apreciaciones efectuadas por
el juez de primera instancia en lo relativo al requisito de subsidiariedad. Ello, toda
vez que, tanto de los documentos aportados con la demanda como de aquellos
allegados con la contestación, se advierte que lo pretendido por el accionante es el
reconocimiento de un derecho de carácter prestacional, frente al cual, el
ordenamiento jurídico dispuso una serie de mecanismos judiciales y extrajudiciales
para su reconocimiento y pago.

25. Ciertamente, esta Sección ha sostenido que la acción de cumplimiento no es
un instrumento paralelo para reconocer derechos subjetivos7 o resolver
controversias que cuentan con otros medios de defensa. En efecto, este mecanismo
constitucional «no tiene dentro de su objeto el de dirimir controversias jurídicas, ni
el de reconocer derecho subjetivo alguno»8. De lo contrario, si se autoriza al juez

7
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 22 de noviembre de 2022. Rad. 25000-23-41-
000-2012-00109-01(AC). En el mismo sentido, ver: Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia
del 27 de marzo de 2025. Rad. 08001233300020250005701. Consejo de Estado, Sección Quinta,
Sentencia de 1 de noviembre de 2012. Rad. 76001-23-31-000-2012-00499-01. Consejo de Estado,
Sección Quinta. Sentencia de 14 de octubre de 2021. Rad. 19001-23-33-000-2021-00086-01.
8
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 22 de noviembre de 2022. Rad. 25000-23-41-
000-2012-00109-01(AC). En el mismo sentido, ver Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia
del 27 de marzo de 2025. Rad. 08001233300020250005701 («Lo anterior, pone en evidencia que el
debate involucra el reconocimiento de un derecho subjetivo, en el que se involucra un modo de

5
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constitucional a que resuelva de fondo todas las controversias jurídicas en torno a
la aplicación del derecho en el caso concreto, se anularía el principio de separación
funcional de jurisdicciones y se dejaría sin sentido la existencia de los mecanismos
procesales ordinarios y contencioso administrativos.

26. Al revisar con detenimiento el fundamento de la demanda y el escrito de
impugnación, la Sala advierte que la parte actora debe procurar un pronunciamiento
definitivo por parte de la administración. Para ello, puede elevar una solicitud en los
términos de la Ley 1755 de 2015 y ejercer los recursos que correspondan, en caso
de obtener una decisión desfavorable. De igual manera, en contra la decisión
definitiva tiene la posibilidad de ejercer el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contenido en el artículo 138 del CPACA, a efectos de
que se dirima la controversia.

27. En esa medida, lo correspondiente es confirmar la sentencia de primera
instancia que declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento por no
acreditarse el requisito de subsidiariedad, máxime cuando en este caso no se
advierte elemento alguno que permita constatar la posible configuración de un
perjuicio irremediable que torne procedente, de forma excepcional, esta acción.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de mayo de 2026 dictada por la Sala
Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó que declaró la
improcedencia de la demanda.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

extinción de las obligaciones, lo que impone un estudio que trasciende más allá del estudio normativo
y la existencia de un mandado imperativo e inobjetable»).

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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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