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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 27001-23-33-000-2026-00035-01

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 27001-23-33-000-2026-00035-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 12 de marzo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó. En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de Manuel Chamorro Becheche como Gobernador de la comunidad indígena Baudata - Quibdó, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la providencia de 28 de octubre de 2025, proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó dentro del medio de control de reparación directa con número de radicación 27001-33-33-001- 2022-00447-00. TERCERO: ORDENAR al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó que dentro del término de diez (10) días contados a partir de la notificación de esta sentencia, profiera una decisión de reemplazo en la que observe y aplique las consideraciones jurídicas expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 27001-23-33-000-2026-00035-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 27001-23-33-000-2026-00035-01
Accionante: MANUEL CHAMORRO BECHECHE
Accionado: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
QUIBDÓ
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – ERRORES
ARITMÉTICOS EN LAS PROVIDENCIAS. Se revoca el fallo impugnado.
Se tutelan los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia contra el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Quibdó. Deja sin efectos el auto que negó reponer la providencia
que negó la corrección de sentencia por errores aritméticos.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia de 12 de marzo de 2026, proferida por la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo del Chocó.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Manuel Chamorro Becheche, actuando en calidad de gobernador de la
comunidad indígena Baudata – Quibdó, solicitó, a través de apoderado judicial, la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 22 de
septiembre y 28 de octubre de 2025, proferidas por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Quibdó dentro del medio de control de reparación
directa con número de radicación 27001-33-33-001-2022-00447-00.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 27001-23-33-000-2026-00035-01
Accionante: Manuel Chamorro Becheche

2.1. Refirió que el señor Rupertino Gonzáles Díaz, en calidad de gobernador de la
comunidad indígena Baudata – Quibdó, y otros1, promovieron la demanda de
reparación directa núm. 27001-33-33-001-2022-00447-00 contra Nación - Ministerio
de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Policía Nacional, con el fin de que se
declarara la responsabilidad administrativa y patrimonial de las demandadas, por
los daños y perjuicios causados por el presunto desplazamiento forzado que
sufrieron los demandantes en hechos ocurridos el día 9 de febrero de 2022, en la
comunidad indígena Baudata - Quibdó.

2.2. Señaló
que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Quibdó, autoridad judicial que, mediante sentencia de
6 de mayo de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

2.3. Indicó que el 27 de mayo de 2024 presentaron desistimiento de las pretensiones
indemnizatorias respecto de la Policía Nacional, autoridad que previamente interpuso
recurso de apelación contra la sentencia. El Juzgado a través de auto de 5 de junio
de 2024 aceptó el desistimiento de las pretensiones frente a la Policía Nacional,
decidió no dar trámite del recurso de apelación presentado y declaró la firmeza de la
sentencia de 6 de mayo de 2024.

2.4. Comentó que la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional,
mediante escrito de 12 de junio del 2024, presentó recurso de reposición y en subsidio
apelación contra la anterior decisión. Recurso que fue resuelto por auto de 3 de julio
de 2024 en el sentido de reponer el numeral segundo del auto de 5 de junio de 2024
referente a la ejecutoria de la sentencia.

2.5. Expuso que el 17 de octubre de 2024 solicitaron la corrección de los nombres de
algunos de los beneficiarios de la sentencia y mediante memoriales de 4 y 15 de
septiembre de 2025 solicitaron la corrección de la sentencia en los siguientes
términos:

“[…] [P]or medio del presente escrito solicito respetuosamente que conforme a la
sentencia proferida en fecha 06 de mayo de 2024, auto del 05 de junio de 2024 y
auto del 03 de julio de 2024; sea confirmado y ratificado que la condena de la
providencia en mención, respecto de los perjuicios inmateriales (morales y daño a
bienes constitucional y convencionalmente amparados) corre a cargo de la entidad
Ministerio de Defensa Ejercito (sic) Nacional; tal y como se describe en la parte
motiva y resolutiva de la sentencia.

La anterior solicitud obedece a que fue al Ministerio de Defensa a quien se demandó,
involucrando a la Policía Nacional y al Ejército Nacional como responsables del
desplazamiento forzado del cual fue víctima la Comunidad la Baduata (sic) del
municipio de Quibdó, hecho probado en la providencia judicial; sin embargo y aun
sin declararse la falta de legitimación en la causa por pasiva, se pone en duda cual
es la entidad que debe hacerse cargo del fallo indemnizatorio, teniendo en cuenta la
sentencia y los dos autos posteriores al fallo.

1
Relacionados en la sentencia de 6 de mayo de 2024 dentro del expediente núm. 27001-33-33-001-2022-00447-00.

3

Radicación: 27001-23-33-000-2026-00035-01
Accionante: Manuel Chamorro Becheche

Conforme a lo anterior solicito que se exprese que será bajo presupuesto del
Ministerio de Defensa – Ejercito (sic) Nacional que se cubrirá el fallo indemnizatorio
de perjuicios inmateriales, el cual condena y está a cargo del Ministerio de Defensa
Nacional.

[…] en virtud del artículo 286 del Código General del Proceso, respetuosamente
reitero la solicitud de corrección por omisión de la palabra EJÉRICTO (sic)
NACIONAL en los numerales segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia
número 149 del 6 de mayo de 2024.

[…] se hace necesario realizar la corrección por omisión o por cambio de palabras
contenida en el inciso 3 del artículo 286 C.G.P., y enmendar la parte resolutiva de la
providencia con la inclusión de la palabra EJÉRICTO (sic) NACIONAL en los
numerales segundo y tercero de la parte resolutiva de la mencionada sentencia
número 149 del 6 de mayo de 2024, expedida por su juzgado, en el proceso de la
referencia, con el fin de garantizar los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justica de mis representados. […]”.

2.6. Manifestó que la anterior solicitud fue negada por el Juzgado mediante auto de 22
de septiembre de 2025, razón por la cual, interpuso recurso de reposición, en los
siguientes términos:

“[…] La providencia impugnada incurre en error de derecho y violación del
derecho fundamental al debido proceso, por falta de aplicación del artículo
286 del C.G.P., y aplicación indebida de los artículos 285 y 287 del C.G.P.

El suscrito presentó memorial de solicitud de corrección de la sentencia por
omisión de la palabra EJÉRICTO (sic) NACIONAL en los numerales segundo y
tercero de la parte resolutiva de la sentencia número 149 del 6 de mayo de 2024,
proferida por su despacho dentro del expediente de la referencia, considerando
que la misma se enuncia a lo largo de la estructura de la sentencia como parte
demandada.

La solicitud de corrección de sentencia por omisión de palabras es totalmente
diferente a la figura de aclaración o complementación de sentencia que su
despacho utiliza para negar la corrección de sentencia pedida, de manera que el
juzgado obra al margen de la autonomía e independencia judicial para interpretar
la norma, protegida por la Constitución de 1991, cuando inaplica en forma
manifiestamente irrazonable, caprichosa o arbitraria el supuesto normativo del
artículo 286 del C.G.P. y aplica indebidamente los supuestos normativos de los
artículos 285 y 287 del C.G.P. que no tienen nada que ver con la figura procesal
de corrección por omisión de palabras.

Con la solicitud de corrección de palabras no se modifica o altera el fondo del fallo
del 6 de mayo de 2024 expedida por su despacho, pues obviamente se vulnerarían
los derechos fundamentales de contradicción, defensa y debido proceso del
Ejército Nacional.

Por el contrario, solo corrige un simple error gramatical por omisión de palabras
en los numerales segundo y tercero de la mencionada sentencia que no cambia
la esencia de la decisión; guarda relación con las pretensiones y argumentos de
las partes y con las pruebas del proceso; no invade la esfera de lo que se decidió
en la sentencia; y la corrección se basa en un error manifiesto al omitir la palabra
EJÉRICTO (sic) NACIONAL en los numerales segundo y tercero de la parte
resolutiva de la mencionada sentencia número 149 del 6 de mayo de 2024,
expedida por su juzgado en el proceso de la referencia. […]”. [Negrilla del texto].

4

Radicación: 27001-23-33-000-2026-00035-01
Accionante: Manuel Chamorro Becheche

2.7. Sostuvo que lo anterior fue resuelto de manera desfavorable por el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Quibdó a través de la providencia de 28 de
octubre de 2025, al considerar que “[…] las razones de hecho y de derecho contenidas
en el referido escrito son las mismas que se adujeron en los memoriales que dieron
lugar a la expedición del auto de 22 de septiembre de 2025, ergo, obligado resulta,
estarse a lo resuelto en la referida providencia […]”.

2.8. Adujo que las providencias cuestionadas vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso y acceso a la administración de justicia, por incurrir en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente.

2.9. Alegó que la autoridad judicial se negó a corregir un error por omisión consistente
en no incluir la expresión “Ejército Nacional” en la parte resolutiva de la sentencia del
6 de mayo de 2024, pese a que dicha entidad fue claramente identificada como
demandada y responsable a lo largo de la parte motiva.

2.10. Consideró “[…] errado […]” que el juez estimara que el único mecanismo
procedente era la aclaración o adición, sujeta al término de ejecutoria, cuando en
realidad se trataba de una corrección, conforme al artículo 286 del C.G.P., aplicable
incluso después de la ejecutoria.

2.11. Argumentó que la sentencia debe analizarse como un todo orgánico, por lo que la
omisión de palabras en la parte resolutiva no altera el sentido ni el alcance de la
decisión, ni genera duda sobre los sujetos procesales, y que exigir la aclaración o
adición constituye un ritualismo procesal contrario al principio de prevalencia del
derecho sustancial (art. 228 CP).

2.12. Resaltó que la negativa a corregir el error impide hacer efectiva la condena contra
el Ejército Nacional, afectando gravemente el derecho al debido proceso y generando
una situación de incongruencia, en contravía del artículo 281 del CGP.

2.13. Enfatizó que la interpretación formalista le ocasionó un perjuicio irremediable a la
comunidad indígena, sujeto de especial protección constitucional, al impedir la
identificación en la parte resolutiva de la entidad obligada al pago de la indemnización
reconocida en la parte motiva, desconociendo además la protección reforzada
reconocida por la Corte Constitucional en la sentencia SU-510 de 1998.

2.14. Agregó que “[…] la decisión que se ataca por esta vía constituye un defecto de
esa naturaleza en la medida en que el accionando pretender (sic) darle el alcance que
no corresponde a la omisión de la inclusión de la palabra “Ejercito Nacional”, cando
(sic) por virtud del auto del 22 de septiembre de 2025, desatendió la solicitud de
corrección, al considerar que al no figurar dicha palabra en la parte resolutiva de la
sentencia, pese a que como se ha demostrado, aparece integrada a lo largo de la
parte motiva de la decisión de fecha 4 (sic) de mayo de 2024, el único remedio

5

Radicación: 27001-23-33-000-2026-00035-01
Accionante: Manuel Chamorro Becheche

procesal era la aclaración o adición, y que por extemporánea la solicitud no está
facultado para resolver el asunto, por la firmeza de la mencionada sentencia […]”.

2.15. Propuso el estudio de la sentencia T-429 de 19 de mayo de 2011 proferida por la
Corte Constitucional, en la cual se abordó un caso similar donde el Consejo de Estado
omitió incluir el nombre de uno de los demandantes en la parte resolutiva de la
sentencia, y se ordenó realizar la corrección de la providencia por omisión en la
resolutiva del fallo.

2.16. Alegó que la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional promovió
la acción de tutela núm. 27001-23-33-000-2025-00023-01 con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad contra
la sentencia de 6 de mayo de 2024 y los autos de 5 de junio y 3 de julio de 2024,
dictados al interior del proceso de reparación directa; y la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado a través de fallo de 11 de julio de 2025, declaró
improcedente el mecanismo de amparo por incumplimiento del requisito de
inmediatez y subsidiariedad por cuanto se encontraban en trámite solicitudes de
corrección de la sentencia.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] ordenar al JUZGADO PRIMERO CONTENCIOSO ADTIVO ORAL DE
QUIBDÓ, dejar sin efectos el auto de fecha 22 de septiembre de 2025, que
denegó la corrección del (sic) sentencia, y el auto de fecha 28 de octubre de
2025 que resolvió no reponer el auto de 22 de septiembre de 2025, y en su
lugar, ordénese dar aplicación a las previsiones contenidas en el artículo 286
del C.G.P. en el sentido de proceder a la corrección de la sentencia, pro
reunirse los presupuestos para su procedencia, o las órdenes que estime
pertinentes en uso de los poderes extra y ultra petita […]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 3 de marzo de 2026, el magistrado a cargo de la sustanciación
del proceso del Tribunal Administrativo del Chocó admitió la acción de tutela.
Asimismo, vinculó como terceros con interés directo en el resultado del proceso a
la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y Ejército Nacional y
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada la notificación a los accionados y vinculados, se allegaron los
siguientes informes:

5.1. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó señaló que ese
despacho judicial “[…] no ha violentado ninguno de los derechos fundamentales
aducidos por la parte accionante, sino que, por el contrario, la resolución de este

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Radicación: 27001-23-33-000-2026-00035-01
Accionante: Manuel Chamorro Becheche

asunto se ha tramitado dentro del marco legal, constitucional y jurisprudencial
establecido por el ordenamiento jurídico colombiano, lo anterior, bajo los principios
de autonomía e independencia judicial […]”.

5.2. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitó su
desvinculación de la presente acción de tutela, en razón a que esa agencia no es
la destinataria de alguna orden del juez constitucional, en razón a que las
pretensiones de la acción de amparo son ajenas a la entidad y se relacionan con
un trámite judicial en el cual esta entidad, en ejercicio de su facultad discrecional,
no ha intervenido.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 12 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo del
Chocó declaró improcedente la acción de amparo, al concluir que “[…] el
ordenamiento jurídico prevé mecanismos idóneos y específicos para controvertir
las decisiones judiciales dentro del mismo proceso, recursos ordinarios, incidente
de nulidad y herramientas de aclaración, adición y corrección dentro de los plazos
legales, los cuales no fueron activados oportunamente por los accionantes. En ese
escenario, la acción de tutela no puede emplearse como mecanismo sustitutivo
para reabrir términos vencidos ni para reescribir el contenido de una providencia
ejecutoriada […]”.

7. El juez de primera instancia a su vez advirtió que en el caso en concreto “[…] no
[se] advierte la configuración de defecto sustantivo, defecto procedimental absoluto,
defecto fáctico, desconocimiento del precedente, ni violación directa de la
Constitución. Por el contrario, el Juzgado accionado actuó conforme a los artículos
285, 286 y 287 del CGP, aplicó correctamente el principio de inmutabilidad e
intangibilidad de las sentencias ejecutoriadas, y brindó una respuesta clara,
congruente y razonada a la solicitud del accionante […]”, toda vez que, “[…] el auto
del 28 de octubre de 2025, mediante el cual se negó la reposición del auto del 22
de septiembre de 2025, se encuentra debidamente motivado y se limita a reiterar
las razones ya expuestas en torno a la improcedencia y extemporaneidad de la
solicitud. Esta circunstancia descarta la existencia de una actuación arbitraria,
caprichosa o carente de sustento normativo. […]”.

8. Finalmente, declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y dispuso su desvinculación.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

9. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó revocar la
sentencia impugnada para en su lugar, conceder el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

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Radicación: 27001-23-33-000-2026-00035-01
Accionante: Manuel Chamorro Becheche

10. Indicó que el a quo “[…] avaló la negativa del Juzgado Primero Administrativo
Oral del circuito de Quibdó que interpretó con apego y rigor la figura procesal de
aclaración de sentencia, contenida del artículo 285 del Código General del Proceso,
para trasladar toda la carga al suscrito y a las personas indígenas que represento
y endilgar la falta de diligencia en la interposición de los recursos legales que tenía
a su disposición para la corrección del yerro por omisión de las palabras EJÉRCITO
NACIONAL en el que éste incurrió […]”.

11. Así mismo refirió que “[…] [l]a sentencia impugnada convalidó la no aplicación
del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre lo formal y el acceso a la
administración de justicia (artículos 1° y 228 de la Constitución de 1991), y de
manera consciente negó la realización de un derecho subjetivo a favor de los
indígenas que represento […]”.

12. Reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela, a través de los cuales
se señala que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó vulneró sus
derechos fundamentales “[…] al no corregir su propio error, mediante la figura de
corrección de sentencias, lo cual hubiera podido realizar de oficio, teniendo en
cuenta que la omisión de las palabras Ejército Nacional impide el cumplimiento
integral y efectivo de la sentencia de 6 de mayo de 2024 […]”.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

13. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20214 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20255, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20196, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20247.

VIII.2. Cuestión Previa

14. La Sala no analizará la solicitud de desvinculación en razón a que fue estudiada
y resuelta por el juez de primera instancia, y sobre este aspecto del litigio no se
presentaron argumentos en la impugnación.

VIII.3. Problemas jurídicos

2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
6
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
7 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.

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Radicación: 27001-23-33-000-2026-00035-01
Accionante: Manuel Chamorro Becheche

15. El extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos
fundamentales a las providencias de 22 de septiembre y 28 de octubre de 2025,
proferidas por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó. Sin
embargo, la Sala sólo analizará si la providencia de 28 de octubre de 2025 vulneró
los derechos fundamentales de la parte accionante porque esta decisión fue la que
cerró la discusión procesal respecto de la providencia recurrida.

16. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado8, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Y, si ello es
así, se deberá:

b) Determinar si la accionada vulneró los derechos fundamentales invocados
por la parte accionante, al incurrir en los defectos procedimental por exceso
ritual manifiesto, en la causal de violación directa de la constitución y un
desconocimiento del precedente.

17. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de acuerdo con los requisitos generales y especiales de procedibilidad;
para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del
asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

18. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

19. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

20. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto

8
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

9

Radicación: 27001-23-33-000-2026-00035-01
Accionante: Manuel Chamorro Becheche

decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

21. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución11.

22. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”12 que encaje en dichos
parámetros.

23. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

24. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

10
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
11
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
12
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

10

Radicación: 27001-23-33-000-2026-00035-01
Accionante: Manuel Chamorro Becheche

VIII.5. El caso concreto

25. El señor Manuel Chamorro Becheche actuando en calidad de Gobernador de la
comunidad indígena Baudata – Quibdó solicitó, a través de apoderado judicial, la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 22 de
septiembre y 28 de octubre de 2025, proferidas por el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Quibdó dentro del medio de control de
reparación directa con número de radicación núm. 27001-33-33-001-2022-00447-
00.

VIII.5.1. Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela

26. La Sala encuentra que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad, en
razón a que: i) la situación planteada reviste relevancia constitucional, por cuanto
se evidencia una posible vulneración de derechos fundamentales; ii) se cumple el
requisito de subsidiariedad, dado que, la parte accionante no cuenta con ningún
recurso ordinario o extraordinario frente a la decisión cuestionada; iii) la acción de
tutela se presentó dentro de un término razonable; iv) la situación a la cual se
atribuye la vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente
puntualizada en el escrito de tutela; v) no se alega la existencia de una irregularidad
procesal, no es necesario efectuar un análisis al respecto, y vi) la acción
constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un proceso de tutela.

VIII.5.2. Análisis de los requisitos específicos en la presente acción de tutela

27. La Sala abordará el estudio de los requisitos especiales frente a la presunta
vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados por la parte
accionante con ocasión de la configuración del presunto defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, la causal de violación directa de la constitución y un
desconocimiento del precedente judicial.

VIII.5.2.1 Solución del caso concreto

28. En el caso objeto de estudio se señala que el auto de 28 de octubre de 2025 que
confirmó la providencia de 22 de septiembre de la misma anualidad incurrió en un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto por cuanto: (i) negó la corrección
en la omisión de la expresión “Ejército Nacional” en la parte resolutiva de la
sentencia de 6 de mayo de 2024 dentro del medio de control de reparación directa
radicado 27001333300120220044700, a pesar de que, dicha entidad fue
claramente identificada como demandada en la parte motiva; (ii) se trata de un error
por omisión corregible conforme al artículo 286 del C.G.P., y no de una aclaración
o adición sujeta a caducidad, por lo que la negativa judicial privilegió la forma sobre
el fondo, contrariando el artículo 228 de la Constitución Política; y (iii) dicha omisión

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Radicación: 27001-23-33-000-2026-00035-01
Accionante: Manuel Chamorro Becheche

impide hacer efectiva la condena, generando un perjuicio irremediable a la
comunidad indígena, sujeto de especial protección constitucional.

29. El juez de tutela en primera instancia declaró improcedente la acción de tutela,
al considerar que los accionantes: (i) contaron con mecanismos judiciales
ordinarios idóneos “[…] recursos, incidente de nulidad y solicitudes de aclaración,
adición o corrección […]”, los cuales no fueron ejercidos oportunamente, por lo que
la tutela no puede usarse para reabrir términos vencidos ni modificar providencias
ejecutoriadas, y (ii) no se configuraron los defectos alegados, pues el juzgado actuó
conforme a los artículos 285, 286 y 287 del C.G.P., respetó la inmutabilidad de las
sentencias y emitió decisiones motivadas, congruentes y razonadas, descartando
cualquier arbitrariedad.

30. La parte accionante, presentó escrito de impugnación en el que solicitó revocar
la sentencia de 12 de marzo de 2026 y en su lugar, conceder el amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
al considerar que: i) el juez de tutela avaló una interpretación excesivamente
formalista del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó respecto de
la figura de aclaración de sentencia, trasladando injustamente la carga procesal a
la comunidad indígena Baudata y atribuyéndoles falta de diligencia frente a un error
imputable al propio despacho judicial; ii) la providencia cuestionada desconoció el
principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas; y reiteró que iii)
la omisión de la expresión “Ejército Nacional” debió ser corregida de oficio mediante
la corrección de sentencia, pues impide el cumplimiento efectivo e integral de la
sentencia del 6 de mayo de 2024 y vulnera los derechos fundamentales de la
comunidad indígena víctimas del desplazamiento forzado.

31. Para resolver lo expuesto, la Sala considera necesario precisar los siguientes
aspectos:

31.1. El señor Rupertino Gonzáles Díaz en calidad de Gobernador de la comunidad
indígena Baudata – Quibdó y otros, promovieron la demanda de reparación directa
núm. 27001-33-33-001-2022-00447-00 contra Nación - Ministerio de Defensa -
Ejército Nacional – Policía Nacional, con el fin de que se declarara la responsabilidad
administrativa y patrimonial de las demandadas, por los daños y perjuicios causados
por el presunto desplazamiento forzado que sufrieron los demandantes en hechos
ocurridos el día 9 de febrero de 2022, en la comunidad indígena la Baudata – Quibdó.

31.2. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó, mediante sentencia
de 6 de mayo de 2024, resolvió:

“[…] PRIMERO: Declárense no probada las excepciones propuestas por las
entidades demandadas, de conformidad a las consideraciones realizadas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLÁRESE patrimonialmente responsable a la Nación Ministerio
de Defensa-Policía Nacional por los daños y perjuicios causados a los
demandantes, quienes acreditaron hacer sido víctimas del desplazamiento
forzado ocurrido el día 09 de febrero de 2022, en la comunidad indígena la

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Accionante: Manuel Chamorro Becheche

Baudata del Municipio de Quibdó, tal como se determinó en la parte motiva de
esta providencia.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENESE a la NACIÓN
MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL a pagar por concepto de
perjuicios inmateriales (morales y daño a bienes constitucional y
convencionalmente amparados), así:

[…]

El salario mínimo que se debe tener en cuenta para liquidar los daños morales ya
reconocidos será el del año de ejecutoria de esta sentencia.

CUARTO: Como medidas de justicia restaurativa de reparación integral se ordena
a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía – Ejercito Nacional, adoptar las
siguientes medidas de naturaleza no pecuniaria:

(i) Realizar en una ceremonia Pública, con fines de no repetición, en la que
se pidan excusas públicas a cada uno de los miembros de la Comunidad la
Baduata del Municipio de Quibdó, por los hechos victimizantes del día 09
de febrero de 2022, que dieron lugar a esta providencia, la referida
ceremonia debe estar acompañada por todas las instituciones públicas que
para los años 2021 y 2022, integraron el Comité Territorial de Justicia
Transicional Extraordinaria de la Ciudad de Quibdó, entidades a las cuales,
el Ejército Nacional y la Policía Nacional, antes de la instalación de la
diligencia deberán cursar de manera oficial las respectivas invitaciones, la
cual, también deberán hacérsela extensiva a este Despacho. (ii) Así mismo,
dada la precaria situación de salubridad en la que viven los habitantes de la
Comunidad la Baudata, las entidades demandadas – Ejercito (sic) y Policía
Nacional, previa consulta al referido pueblo indígena, deberán construir y/o
reconstruir, por lo menos 24 viviendas, asignadas al mismo número de
familias desplazadas, con materiales acordes a sus costumbres
ancestrales, en armonía al derecho propio de las comunidades indígenas.
(iii), esta sentencia deberá publicarse en la página web de las entidades
demandadas – Ejercito (sic) y Policía Nacional - por un término no inferior a
12 meses, en un periódico o medio de comunicación de amplia difusión
nacional y en un periódico o medio de comunicación de amplia difusión
departamental y local.

QUINTO: CONDÉNASE en costas a la entidad condenada, quien deberá pagar
a los demandantes, como agencias en derecho, el equivalente al 10% de la
condena, valor que deberá pagar a la parte demandante, o apoderado judicial con
facultad para recibir. Por Secretaria (sic) liquídense las costas como gastos.

SEXTO: La entidad condenada, dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 192
y 195 del C.P.A.C.A. Para su cumplimiento, expídase copia auténtica de la
sentencia, con constancia de ejecutoria a las partes, conforme a lo dispuesto en
los artículos 192 y siguientes del C.P.A.C.A.

SÉPTIMO: DENIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda […]”.
[Negrilla del texto y sic en toda la cita]

31.3. El 17 de octubre de 2024, el 4 y 15 de septiembre de 2025 la parte accionante
solicitó la corrección de la sentencia, “[…] por omisión de la palabra EJÉRICTO (sic)
NACIONAL en los numerales segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia
número 149 del 6 de mayo de 2024 […]”.

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Accionante: Manuel Chamorro Becheche

31.4. Las anteriores solicitudes fueron resueltas por el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito de Quibdó mediante auto de 22 de septiembre de 2025, con base en las
siguientes consideraciones:

“[…] observa el Despacho que mediante escritos del 4 y 15 de septiembre de los
cursantes, visibles a índice electrónico No. 44 y 45, el apoderado de la parte
demandante solicita “corrección de la sentencia y nombres, por omisión de la
palabra EJÉRICTO (sic) NACIONAL en los numerales segundo y tercero de la
parte resolutiva de la sentencia número 149 del 6 de mayo de 2024” sobre el
particular ha de decirse que dicha petición en los términos que han sido solicitados
por el petente no corresponde a una corrección (artículo 286 CGP) sino a una
aclaración y/o adición de la sentencia (artículo 285 y 287 del CGP), y en tal virtud,
este despacho no puede hacer pronunciamiento alguno, en la medida que, tanto
la aclaración como la adición de la sentencia deben formularse “dentro del término
de ejecutoria de la providencia”, y como se evidencia en el expediente, la petición
formulada por el apoderado de la parte demandante, data de los días 4 y 15 de
septiembre de los cursantes, es decir, por fuera del término de ejecutoria de la
sentencia No. 149 del 6 de mayo de 2024 y como se sabe, “la sentencia no es
revocable ni reformable por el juez que la pronunció” […]”.

31.5. Contra la anterior decisión, la parte accionante interpuso recurso de reposición
en el que indicó: “[…] [l]a solicitud de corrección de sentencia por omisión de
palabras es totalmente diferente a la figura de aclaración o complementación de
sentencia que su despacho utiliza para negar la corrección de sentencia pedida […]
y aplica indebidamente los supuestos normativos de los artículos 285 y 287 del
C.G.P. que no tienen nada que ver con la figura procesal de corrección por omisión
de palabras […] [c]on la solicitud de corrección de palabras no se modifica o altera
el fondo del fallo del 6 de mayo de 2024 expedida por su despacho, pues
obviamente se vulnerarían los derechos fundamentales de contradicción, defensa
y debido proceso del Ejército Nacional […]”.

31.6. Laanterior solicitud fue resuelta por el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Quibdó mediante providencia de 28 de octubre de 2025, con base en las
siguientes consideraciones:

“[…] [H]a de decirse que el recurso planteado por la parte demandante es
procedente, no obstante, a ello, las razones de hecho y de derecho contenidas
en el referido escrito son las mismas que se adujeron en los memoriales que
dieron lugar a la expedición del auto de 22 de septiembre de 2025, ergo,
obligado resulta, estarse a lo resuelto en la referida providencia […]”.

32. La Sala advierte que la decisión del Juzgado accionado se sustentó en que:
estimó que la solicitud presentada por la parte demandante para incluir la expresión
“Ejército Nacional” en los numerales segundo y tercero de la parte resolutiva de la
sentencia del 6 de mayo de 2024 no correspondía a una corrección por omisión en
los términos del artículo 286 del Código General del Proceso, sino a una aclaración
o adición de la sentencia, reguladas por los artículos 285 y 287 del mismo estatuto
procesal, las cuales debían formularse dentro del término de ejecutoria; y al
haberse presentado la petición de manera extemporánea, consideró que no era

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Accionante: Manuel Chamorro Becheche

posible emitir pronunciamiento alguno, en aplicación del principio de inmutabilidad
de las sentencias ejecutoriadas.

33. Por lo anterior, resulta necesario precisar que el artículo 286 de la Ley 1564 de
201213, delimita la facultad del juez para corregir errores materiales contenidos en
sus providencias:

“[…] Artículo 286. Corrección de errores aritméticos y otros. Toda providencia
en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el
juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante
auto.

Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará por
aviso.

Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o
cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la
parte resolutiva o influyan en ella. […]”. [subrayado fuera del texto].

34. Esta previsión normativa tiene como fin, preservar la coherencia, claridad y
eficacia de las decisiones judiciales, por lo que, su aplicación corresponde
únicamente a aquellos errores meramente formales o materiales, cuya corrección
no altera la voluntad decisoria expresada por el juez.

35. Ladisposición autoriza expresamente la corrección, en cualquier tiempo, de
errores puramente aritméticos, así como de errores por omisión, cambio o
alteración de palabras, siempre que dichas imprecisiones se encuentren en la parte
resolutiva o influyan directamente en ella.

36. Desde una perspectiva funcional, la norma busca garantizar la efectividad del
derecho sustancial y la ejecución material de las decisiones judiciales, evitando que
simples yerros formales obstaculicen la realización de lo decidido. Por esta razón,
la corrección puede efectuarse de oficio o a petición de parte, incluso después de
terminado el proceso, sin que ello implique reabrir el debate probatorio o jurídico ni
desconocer la cosa juzgada.

37. En síntesis, el artículo 286 ibidem consagra un mecanismo excepcional pero
necesario, orientado a salvaguardar la integridad del fallo, asegurar la congruencia
entre su motivación y su parte resolutiva, y evitar que errores materiales generen
consecuencias desproporcionadas o contrarias a los fines de la administración de
justicia.

38. Ahora bien, los artículos 285 y 287 de la Ley 1564 de 201214, habilitan la
posibilidad de aclarar y adicionar las providencias, bajo el cumplimiento de los
siguientes requisitos:

13
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
14
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

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Accionante: Manuel Chamorro Becheche

“[…] Artículo 285. Aclaración. La sentencia no es revocable ni reformable
por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a
solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan
verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte
resolutiva de la sentencia o influyan en ella.

En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración
procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de
ejecutoria de la providencia.

La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero
dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la
providencia objeto de aclaración.

[…]

Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera
de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad
con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio
de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud
de parte presentada en la misma oportunidad.

El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior
siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero sí dejó
de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le
devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su
ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la
complementación podrá recurrirse también la providencia principal. […]”.

39. Las anteriores normas, a diferencia de la corrección de sentencias, fueron
concebidas con la finalidad de: i) aclarar la parte resolutiva cuando esta contenga
conceptos o frases que generen un verdadero motivo de duda; ii) complementar la
decisión cuando la sentencia omita pronunciarse sobre alguno de los extremos de
la litis o sobre un punto respecto del cual el juez debía emitir decisión; y iii) se
caracterizan porque solo pueden ser promovidas dentro del término de ejecutoria
de la providencia, a diferencia de la corrección, que procede aún con posterioridad
a esta.

40. Bajo esa premisa y conforme a la jurisprudencia reiterada de la Corte
Constitucional15, el exceso ritual manifiesto se configura cuando la autoridad
judicial, en aplicación rígida y desproporcionada de las formas procesales, termina
por sacrificar el derecho sustancial, afectando de manera irrazonable el debido
proceso y el acceso a la administración de justicia, desconociendo el mandato
contenido en el artículo 228 de la Constitución Política.

41. Para su verificación, la Sala analizará: i) si la actuación judicial se sustentó en
una interpretación formalista de las normas procesales; ii) si dicha interpretación

15
Ver, las sentencias T-737 de 2007 y T-264 de 2009.

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Accionante: Manuel Chamorro Becheche

carece de razonabilidad o proporcionalidad frente al fin que persigue la norma; iii)
si la decisión genera un impacto material negativo en la efectividad de los derechos
comprometidos; y iv) si existían alternativas jurídicas menos gravosas para
alcanzar el mismo objetivo sin sacrificar el derecho sustancial.

42. En el presente asunto, se observa que el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Quibdó fundamentó su negativa en calificar la solicitud presentada por
la parte actora exclusivamente como una aclaración o adición de la sentencia,
descartando de plano la posibilidad de tramitarla como una corrección por omisión
en los términos del artículo 286 del Código General del Proceso.

43. Tal entendimiento evidencia una lectura aislada del contenido del artículo 286
expuesto supra, toda vez que desconoce que la figura de la corrección aplica para
aquellos eventos en los que por un error se incurrió en una omisión de palabras
que influyen directamente en la parte resolutiva de la providencia, como en efecto
sucede en el caso objeto de estudio en el que se observa que se omitió en los
ordinales segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia de 6 de mayo de
2024 incluir las palabras “Ejército Nacional”, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la providencia judicial en la que se lee que la responsabilidad de los
perjuicios alegados corresponde al Ejército Nacional y a la Policía Nacional.

44. Por otra parte, el juez accionado realizó una lectura estrictamente formal de las
figuras procesales de la adición y la aclaración, sin atender de manera integral la
naturaleza del yerro alegado, lo cual resulta desproporcionado, en la medida en que
desconoce el principio de seguridad jurídica y la estabilidad de las decisiones,
impidiendo la ejecución efectiva del fallo, generando una consecuencia claramente
más gravosa que el eventual riesgo que se pretendía evitar.

45. Se advierte que en el sub examine en efecto la omisión de dichas palabras no
alteraba el contenido decisorio de la sentencia, no modificaba el sentido del fallo ni
afectaba los derechos de defensa o contradicción de la entidad demandada, por lo
que su corrección no comprometía la intangibilidad de la providencia judicial. No
obstante, la negativa a corregir dicho yerro produjo un efecto material
desproporcionado, al obstaculizar la ejecución efectiva de la condena y, con ello, la
materialización del derecho reconocido judicialmente, lo cual resulta incompatible
con los principios que orientan la función jurisdiccional, en especial el de
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, consagrado en el artículo 228
de la Constitución Política.

46. Asimismo, la Sala encuentra que la decisión cuestionada produce un impacto
material relevante en los derechos fundamentales invocados, pues la negativa a
corregir la parte resolutiva impide identificar con claridad a la entidad obligada al
cumplimiento de la condena, lo cual se traduce en un obstáculo real para la
materialización del derecho reconocido judicialmente, afectando de manera directa
a una comunidad indígena víctima de desplazamiento forzado y sujeto de especial
protección constitucional.

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Radicación: 27001-23-33-000-2026-00035-01
Accionante: Manuel Chamorro Becheche

47. Se advierte que el juzgado contaba con una alternativa jurídica menos restrictiva
y plenamente prevista en el ordenamiento, esto es, la corrección de la sentencia
por error de omisión, incluso de oficio, conforme al artículo 286 del C.G.P.,
mecanismo que permitía preservar la coherencia integral del fallo y garantizar su
efectividad sin desconocer los principios de seguridad jurídica ni cosa juzgada. En
ese contexto, la Sala considera que la negativa fundada exclusivamente en la
extemporaneidad de la solicitud, sin evaluar la naturaleza real del yerro ni sus
efectos materiales, implica que los reparos propuestos por la parte accionante sean
susceptibles de control constitucional.

48. La Sala advierte que el accionado al negar la corrección de la sentencia de 6 de
mayo de 2024 con fundamento exclusivo en una interpretación estrictamente formal
de las figuras de aclaración y adición descartó sin un examen material la
procedencia de la corrección por omisión prevista en el artículo 286 del Código
General del Proceso.

49. Adicionalmente, se advierte que consultado el expediente en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial - SAMAI, la parte accionante promovió demanda ejecutiva
con el propósito de obtener el pago de las obligaciones reconocidas en la sentencia
de 6 de mayo de 2024. Frente a dicha solicitud, el juez de conocimiento mediante
auto de 22 de enero de 2026 libró mandamiento de pago en contra del Ejército
Nacional y, posteriormente, a través de providencia de 24 de abril de 2026 ordenó
seguir adelante con la ejecución, decisión contra la cual la Nación - Ministerio de
Defensa - Ejército Nacional interpuso recurso de apelación, argumentando que “[…]
Esta sentencia no establece, respecto de mi representada, una obligación
pecuniaria que reúna los requisitos de ser clara, expresa y actualmente exigible
[…]”.

50. Conforme al análisis efectuado, la Sala concluye que las decisiones proferidas
por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la administración de
justicia de la parte accionante y de la comunidad indígena que representa, razón
por la cual resulta procedente conceder el amparo solicitado.

51. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Sala revocará el fallo
impugnado que declaró improcedente la acción de tutela, para en su lugar: i)
amparar los derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la
administración de justicia del accionante y de la comunidad indígena que
representa; ii) dejar sin efectos la providencia de 28 de octubre de 2025; y iii)
ordenar al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó que, dentro del
término de diez (10) días contados a partir de la notificación de esta sentencia,
profiera una nueva decisión respecto del recurso de reposición interpuesto por la
parte demandante contra la providencia de 22 de septiembre de 2025, dentro del
medio de control de reparación directa con número de radicación 27001-33-33-001-
2022-00447-00, en la que tenga en cuenta las consideraciones expuestas en este
fallo.

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Radicación: 27001-23-33-000-2026-00035-01
Accionante: Manuel Chamorro Becheche

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 12 de marzo de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo del Chocó. En su lugar, AMPARAR los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de Manuel
Chamorro Becheche como Gobernador de la comunidad indígena Baudata -
Quibdó, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la providencia de 28 de octubre de 2025,
proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó dentro del
medio de control de reparación directa con número de radicación 27001-33-33-001-
2022-00447-00.

TERCERO: ORDENAR al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó
que dentro del término de diez (10) días contados a partir de la notificación de esta
sentencia, profiera una decisión de reemplazo en la que observe y aplique las
consideraciones jurídicas expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
Salva voto

19

Radicación: 27001-23-33-000-2026-00035-01
Accionante: Manuel Chamorro Becheche

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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