Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 27001-23-33-000-2026-00059-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 27001-23-33-000-2026-00059-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 27001-23-33-000-2026-00059-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 27001-23-33-000-2026-00059-01
Demandante: LUIS IGNACIO BEJARANO SÁNCHEZ
Demandados: CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y OTRO
Temas: Tutela por presunta vulneración de los derechos a la igualdad,
a elegir y ser elegido y a la información
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
del 30 de abril de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala
Quinta de Decisión que negó la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El 20 de abril de 2026, el señor Luis Ignacio Bejarano Sánchez, actuando en
nombre propio, instauró acción de tutela contra Caracol Televisión S.A. y el
Consejo Nacional Electoral, con la que pretende el amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad, a elegir y ser elegido y a «recibir información veraz e
imparcial».
El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión del debate presidencial llevado a cabo el 16 de abril de 2026 a las 7:00
p.m., transmitido por Caracol Televisión S.A., en el que participaron solamente 4
de los 14 candidatos presidenciales inscritos.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
Demandante: Luis Ignacio Bejarano Sánchez
Demandados: Caracol Televisión S.A. y otro
Radicado: 27001-23-33-000-2026-00059-01
Ordenar a CARACOL TELEVISIÓN S.A. que, dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación del fallo, organice y transmita en horario de alta
audiencia (7:00 p.m.) un nuevo debate presidencial, garantizando la participación
de los catorce (14) candidatos en igualdad de condiciones y tiempos de
intervención.
Ordenar a CARACOL TELEVISIÓN S.A. abstenerse, durante el resto de la
campaña presidencial 2026, de realizar espacios informativos o de opinión que
excluyan arbitrariamente a candidatos legalmente inscritos.
Ordenar al Consejo Nacional Electoral (CNE) que, dentro de las veinticuatro (24)
horas siguientes, emita una circular dirigida a los medios de comunicación que
hacen uso del espectro electromagnético, recordando su deber de garantizar el
pluralismo, el equilibrio informativo y la igualdad entre candidatos, conforme al
artículo 111 de la Ley 996 de 2005, bajo advertencia de las sanciones
correspondientes.
MEDIDA PROVISIONAL
ORDENAR a CARACOL TELEVISIÓN S.A. que se abstenga de realizar, emitir o
promover nuevos debates o espacios de contenido electoral mientras no garantice
la participación equitativa de la totalidad de los candidatos oficialmente inscritos1.
1.3. Hechos
La Sala encontró los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:
El 16 de abril de 2026, Caracol Televisión S.A. llevó a cabo y transmitió el debate
denominado «El Debate Definitivo», en la franja horaria de 7:00 p.m., en el que
participaron 4 de los 14 candidatos presidenciales inscritos, a saber: Paloma
Susana Valencia Laserna, Roy Leonardo Barreras Montealegre, Claudia Nayibe
López Hernández y Sergio Fajardo Valderrama.
1.4. Fundamentos de la vulneración
El accionante señaló que, como consecuencia del debate, varios candidatos
fueron excluidos sin justificación objetiva, como era el caso del señor Luis Gilberto
Murillo Urrutia.
Adujo que el criterio aplicado por el medio de comunicación para definir los
participantes basado en niveles de favorabilidad de encuestas carecía de sustento
constitucional y legal, además de configurar un trato discriminatorio que afectaba
el principio del equilibrio informativo.
1
Transcripción literal que puede contener errores.
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Demandante: Luis Ignacio Bejarano Sánchez
Demandados: Caracol Televisión S.A. y otro
Radicado: 27001-23-33-000-2026-00059-01
Explicó que la situación vulneró su derecho como elector a acceder a información
plural, objetiva e imparcial, indispensable para formación de una decisión libre e
informada.
Asimismo, manifestó que se encontraba afectado el derecho de los candidatos
excluidos a participar en condiciones de igualdad dentro del proceso democrático.
1.5. Trámite de la acción de tutela
El 20 de abril de 2026, la Magistrada Ponente del Tribunal Administrativo del
Chocó, Sala Quinta de Decisión, admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la
parte demandante y, como parte demandada, a Caracol Televisión S.A. y al
Consejo Nacional Electoral2.
Asimismo, fue denegada la solicitud de medida provisional, al no advertirse, prima
facie, la configuración de una afectación actual, grave e inminente de los derechos
fundamentales invocados que hiciera necesaria su adopción.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Caracol Televisión S.A.
Por medio de memorial allegado el 22 de abril de 2026, el representante legal del
medio de comunicación expuso que no existía legitimación en la causa por activa
del señor Bejarano Sánchez para acudir a la acción constitucional. Asimismo,
expresó que no se probó la existencia de un perjuicio irremediable.
Explicó que el debate en cuestión no formaba parte de los espacios regulados por
las leyes 996 de 2005, 130 de 1994 y 1475 de 2011, sino que se trata de un
producto audiovisual que cualquier tercero, sea medio de comunicación o no,
estaba en capacidad de desarrollar.
2
Índice 4 de Samai de primera instancia. Las notificaciones se realizaron a los siguientes correos:
procuraduria41judicial@gmail.com <procuraduria41judicial@gmail.com>; cesadelra@yahoo.com,
<cesadelra@yahoo.com>; notificaciones judiciales
<notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co>;, oficinajuridica@caracoltv.com.co
<oficinajuridica@caracoltv.com.co>; oficinajuridica2@caracoltv.com.co,
<oficinajuridica2@caracoltv.com.co>; cnenotificaciones <cnenotificaciones@cne.gov.co>;,
julian.lopez@cne.gov.co <julian.lopez@cne.gov.co>; nachol1954@yahoo.es
nachol1954@yahoo.es.
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Demandante: Luis Ignacio Bejarano Sánchez
Demandados: Caracol Televisión S.A. y otro
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Relató que, el medio televisivo invitó al debate a los candidatos que, siguiendo
criterios objetivos, se identificaron como aquellos con la mayor intención de voto
según la encuesta vigente para ese momento realizada por INVAMER.
Además, afirmó que el accionante desconocía que los candidatos, partidos y
movimientos políticos podían hacer uso de los diferentes espacios institucionales,
de divulgación política y propaganda electoral que establecían las normas
constitucionales y disposiciones legales para el desarrollo de sus campañas y
agenda política, las cuales se desarrollaban a través de los medios de
comunicación mediante cuñas en televisión, cuñas en radio, publicaciones, vallas
y medios impresos, o inclusive podían valerse de realizar propaganda electoral a
través del uso masivo de medios digitales.
Asimismo, adujo que no existía disposición legal de carácter obligatorio que
Caracol debiera seguir como medio de comunicación privado o alguna directriz
editorial que obligara a la participación de todos los candidatos aspirantes a la
presidencia en un debate electoral. Por el contrario, sostuvo que la no invitación
de la totalidad de candidatos hacía parte del derecho a la libertad de expresión e
información del medio.
Por lo tanto, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción, en tanto
Caracol no había vulnerado los derechos fundamentales alegados por el actor.
1.6.2. Consejo Nacional Electoral
Por medio de documento del 27 de abril del año en curso, el profesional
universitario de la oficina jurídica de la entidad indicó que, una vez verificados los
registros institucionales, no se evidenció que el señor Luis Ignacio Bejarano
Sánchez hubiera presentado petición, solicitud, queja o actuación administrativa
alguna relacionada con los hechos que fundamentaban la acción constitucional.
En consecuencia, alegó que no existía antecedente administrativo que permitiera
establecer que el Consejo Nacional Electoral hubiera tenido la oportunidad de
pronunciarse de fondo frente a las inconformidades formuladas en sede de tutela,
ni que hubiese emitido respuesta desfavorable que habilitara la intervención del
juez constitucional. Al respecto, mencionó que no se cumplía con el requisito de
subsidiariedad, en la medida que el accionante había acudido directamente a la
acción sin agotar previamente los canales ordinarios.
Finalmente, señaló que no se advertía configuración alguna de un perjuicio
irremediable, así como tampoco se evidenciaba una acción u omisión atribuible a
la entidad. Por ello, solicitó que se declarara la improcedencia.
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1.7. Fallo impugnado
En sentencia del 30 de abril de 2026, el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala
Quinta de Decisión negó la solicitud de amparo, bajo los siguientes argumentos:
Derecho a la igualdad: La actuación desplegada por Caracol Televisión S.A.
obedeció a un criterio objetivo y razonable para la selección de los participantes
en el referido debate, el cual estuvo representado en los resultados de encuestas
de intención de voto. En consecuencia, no se configuró la alegada vulneración,
pues dicho parámetro, lejos de constituir un trato discriminatorio, responde a una
diferenciación fundada en elementos verificables dentro de la dinámica
democrática, sin que se evidencie arbitrariedad o exclusión caprichosa.
Derecho a elegir y ser elegido: La realización de un debate por parte de un medio
de comunicación privado no constituye un requisito ni una condición para el
ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos. Los candidatos que no
participaron en dicho espacio cuentan con diversos mecanismos de participación
y difusión de sus propuestas, previstos tanto en el ordenamiento jurídico como en
el ecosistema mediático, lo que garantiza el desarrollo de la contienda electoral en
condiciones de libertad. Por lo tanto, la no inclusión en un debate específico no
limita ni restringe el ejercicio de tales derechos.
Derecho a recibir información veraz e imparcial: El debate cuestionado no
constituye la única fuente de información disponible para el electorado, ni se
encuentra acreditado que el contenido difundido haya sido falso, sesgado o
manipulado. Por consiguiente, no se advierte vulneración alguna.
Consejo Nacional Electoral: No se evidenció incumplimiento de sus funciones
constitucionales y legales, en tanto no existe disposición que le imponga la
obligación de intervenir en la definición de los contenidos o participantes de
debates organizados por medios de comunicación privados. Su rol se circunscribe
a la vigilancia general del proceso electoral y al cumplimiento de las reglas sobre
propaganda y financiación, sin que en el caso concreto se acredite actuación u
omisión que comprometa derechos fundamentales cuya protección deba
ordenarse.
1.8. Impugnación
Por medio de escrito del 1º de mayo de 20263, el señor Bejarano Sánchez impugnó
el fallo de primera instancia. Como fundamentos, sostuvo que se desconoció el
alcance del derecho fundamental a recibir información veraz e imparcial, al
considerar que la exclusión de candidatos en un debate televisado no afecta el
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Sentencia de primera instancia notificada el 30 de abril de 2026.
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pluralismo informativo, pese al impacto determinante de los medios masivos en la
formación de la opinión pública.
Aunado a ello, manifestó su inconformidad con la validación del criterio de
selección de candidatos basado en encuestas, el cual, a su juicio, no constituía un
parámetro constitucional ni legal y generaba una discriminación indirecta al excluir
candidatos con menor visibilidad mediática. También expuso que se desconoció
que los medios de comunicación que utilizaban el espectro electromagnético
estaban sujetos a mayores cargas de pluralismo e igualdad, por tratarse de un bien
público.
Finalmente, adujo que existía legitimación en la causa por activa, en tanto actuaba
como ciudadano titular del derecho a recibir información electoral plural. Por lo
tanto, solicitó que se revocara la decisión de primer grado y se concediera el
amparo.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación presentada
por el señor Luis Ignacio Bejarano Sánchez contra la sentencia del 30 de abril de
2026 proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Quinta de Decisión,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37
del Decreto Ley 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de
Estado 080 del 12 de marzo de 20194.
2.2. Problema jurídico
Le corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia del 30
de abril de 2026 del Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Quinta de Decisión,
para lo cual deberá resolver el siguiente problema jurídico:
• ¿El Consejo Nacional Electoral y Caracol Televisión S.A. vulneraron los
derechos a la igualdad, a elegir y ser elegido y a la información del señor
Luis Ignacio Bejarano Sánchez con ocasión del debate presidencial
realizado el 16 de abril de 2026, en el que solamente particionaron 4 de los
14 candidatos presidenciales?
Para resolver tal problema jurídico, resulta pertinente analizar los siguientes
temas: i) generalidades de la acción de tutela y, ii) el caso concreto.
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Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
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2.3. Generalidades de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción
u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable5.
2.4. Caso concreto
El señor Luis Ignacio Bejarano Sánchez acudió a la acción de tutela al considerar
vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, a elegir y ser elegido y a la
información veraz e imparcial, con ocasión de la realización del debate del 16 de
abril de 2026, convocado y transmitido por Caracol Televisión S.A., en el que
participaron solamente 4 de los 14 candidatos presidenciales inscritos.
En aras de abordar la controversia de la manera más completa, se dividirá el
estudio frente a cada una de las garantías fundamentales alegadas.
2.4.1. Derecho a la igualdad
Si bien la argumentación expuesta en el escrito introductorio fue sucinta, esta Sala
de Decisión comprende que la vulneración al derecho a la igualdad señalada por
el señor Bejarano Sánchez, se refiere a la igualdad de condiciones que no se le
concedió a la totalidad de candidatos presidenciales a participar del debate
político.
De acuerdo con el artículo 1° del Decreto 2591 de 1991 dispone que «[…] Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en las
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Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
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casos que señale este Decreto»6.
Asimismo, la Corte Constitucional, en sentencia T-1020 de 20037, manifestó que
la acción de tutela es un medio de defensa que se encuentra al alcance de todas
las personas y que la legitimidad para interponerla radica en la persona afectada,
quien podrá interponerla directamente o por quien actúe en su nombre.
Es así que la norma, aunada a la jurisprudencia vigente al respecto, establece
como uno de los requisitos de procedibilidad, el hecho de que quien invoque este
mecanismo para la protección de sus derechos fundamentales, se encuentre «[…]
legitimado en la causa por activa […]», siendo exigible que el accionante sea quien
detenta los derechos a proteger.
Pese a que se advierte la inconformidad del actor ante la no invitación de la
totalidad de candidatos presidenciales al debate realizado el 16 de abril de 2026,
lo cierto es que ello no le otorga la legitimación en la causa por activa para reclamar
la pretensión en el mecanismo de amparo.
Lo anterior, en atención a que el accionante se encuentra actuando en la presente
solicitud de amparo en búsqueda de protección de las garantías fundamentales de
los candidatos que no participaron en el debate referido, puesto que, si de alguna
manera su falta de invitación afectó los derechos de alguien, fue de los que no
pudieron expresar sus ideas y comentar sus campañas políticas en tal espacio de
difusión masiva.
Por lo tanto, al no observar que el señor Bejarano Sánchez ostente la titularidad
del derecho a la igualdad invocado, no es posible pedir la protección del juez
constitucional frente a garantías de terceros o exponer situaciones que afecten
personas sobre las cuales no se alegue una agencia oficiosa o representación
legal.
Así las cosas, se declarará la falta de legitimación en la causa por activa del señor
Luis Ignacio Bejarano Sánchez respecto de la reclamación efectuada sobre el
derecho a la igualdad que, para los hechos del caso, no se encuentra bajo su
titularidad.
2.4.2. Derecho a elegir y ser elegido
El actor cuestionó la indebida citación de la totalidad de candidatos presidenciales
al debate del 16 de abril de 2026, en atención a que con ello se le vulneraba su
posibilidad de tener todas las herramientas para hacer una elección a conciencia,
6
«Aparte subrayados declarado EXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-
018 de 1993».
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M.P. Jaime Córdoba Triviño
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luego de escuchar las propuestas de cada uno de los candidatos participantes en
la contienda electoral.
De acuerdo con la Corte Constitucional, «[…] los debates político-electorales
corresponden a espacios moderados de discusión, deliberación, diálogo e
intercambio de ideas, realizados en el contexto de ejercicios democráticos de
elección popular, cuyos partícipes son los candidatos o representantes de alguna
de las alternativas electorales que ofrecen las elecciones. En este tipo de espacios,
se debate frente a asuntos de interés popular relacionados con la elección»8.
El Título VI de la Ley 130 de 1994, relativo a la publicidad, la propaganda y las
encuestas políticas no regula, de manera precisa y explícita, el fenómeno de los
debates políticos organizados por medios masivos de comunicación en Colombia.
El asunto de los debates aparece de manera incidental en numeral 2 del artículo
25 de dicha ley, en el cual se regula el acceso a los medios de comunicación social
del Estado.
La regulación se repite en el artículo 23 de la Ley 996 de 2005, a partir del inciso
segundo, en donde se señala: «Además de los programas de televisión del Canal
Institucional previstos en la ley, durante la campaña presidencial los partidos o
movimientos políticos con personería jurídica, los movimientos sociales y grupos
significativos de ciudadanos que inscriban candidato a la Presidencia de la
República, tendrán derecho a: 1. Realizar tres (3) debates de hasta (60) minutos
cada uno, por parte y a petición conjunta de todos los candidatos presidenciales o
de algunos de ellos, con las reglas y sobre los temas que ellos señalen en la
petición durante el período de campaña presidencial»9.
Similar al caso en resolución, la Corte Constitucional en sentencia T-484 de 1994
conoció de un episodio en el que un candidato presidencial cuestionó el no haber
sido invitado a un debate político organizado por un medio de comunicación, en el
cual solo se habían convocado a los candidatos que tenían más apoyo de la
ciudadanía, según encuestas de la época. En aquella vez, el órgano colegiado
sostuvo que:
[…] era absolutamente comprensible que los organizadores de los debates por
televisión limitarán la participación en ellos a los candidatos que tuvieron a su favor
al menos el 10% en las encuestas de opinión. Ello, según se destacó, se ajusta el
propósito de darle al público precisamente lo que él quiere, y no imponerle algo
que es contrario a sus inclinaciones. Sobre esta base, se concluyó que “no aparece
inequitativo que, existiendo varios candidatos, los organizadores privados del
debate televisivo realizarán este con aquellos que tuvieran los mayores volúmenes
de opinión, según las encuestas.
8
Corte Constitucional, Sentencia SU-369 de 2024.
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Íbidem.
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En consecuencia, se observa que no existe actualmente legislación alguna que
determine la obligatoriedad de los medios de comunicación privados a realizar
debates político-electorales con la totalidad de los candidatos inscritos y que, por
el contrario, constituye una garantía a su libertad e independencia profesional el
conformar los integrantes de sus espacios televisivos.
Además, el respeto por el ejercicio de la libertad de prensa e información no
impacta en el caso actual, de manera fuerte el escenario del electorado a estar
informado, máxime, cuando se tiene en cuenta la dificultad que puede representar
el manejo del debate con el número amplio de candidatos. Asimismo, se expone
que dicho espacio no es el único con el que contaron los candidatos para su
participación y difusión de propuestas ni, los electores para conocer la información.
Por consiguiente, esta Sala no advierte que la actuación desplegada por Caracol
Televisión S.A. como medio de comunicación privado vulnerara el derecho a elegir
y ser elegido del señor Bejarano Sánchez como elector.
2.4.3. Derecho a la información veraz y e imparcial
En las sentencias C-135 de 2021 y T-452 de 2022, el máximo tribunal
constitucional determinó que el ejercicio periodístico desarrollado a través de
medios masivos de comunicación podía considerarse como un educador, un
mecanismo que contribuye a la construcción del dialogo social pacífico y un
guardián de la democracia.
Se destaca que los debates constituyen un derecho del candidato para exponer
sus ideas, pero, además, un deber frente al conglomerado social, pues se trata de
un escenario para que la ciudadanía conozca los distintos programas de gobierno.
Asimismo, la información ahí planteada reviste un derecho de los electores para
formarse opiniones y posturas.
Acercándonos a la situación que generó la acción constitucional, se evidencia que
la única información que se encuentra cuestionando el actor, es la proporcionada
por los candidatos invitados al debate del 16 de abril de 2026. Si bien quien difunde
la información, no sólo tiene el derecho a hacerlo, sino que tiene el deber de ser
veraz e imparcial, ello solo puede predicarse de los dichos de los participantes o
los entrevistadores.
Por lo cual, el juicio que el televidente haga, en este caso, el señor Bejarano
Sánchez, acerca de las propuestas formuladas por los candidatos invitados,
pertenece a su libertad de opinión e interpretación. En consecuencia, no es posible
aducir que la información difundida en aquel espacio fue falsa o parcializada
solamente por cuanto no contó con la totalidad de candidatos inscritos para
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elección presidencial.
Así las cosas, no se encuentra vulnerado su derecho a la información veraz e
imparcial alegado.
2.4.4. Consejo Nacional Electoral
Frente a la autoridad en mención, en el expediente no se encuentra acreditada
alguna vulneración, amenaza o afectación cierta de los derechos fundamentales
invocados, toda vez que la parte accionante no demostró la existencia de
actuaciones concretas, arbitrarias o discriminatorias atribuibles al Consejo
Nacional Electoral que hubieren afectado sus garantías, al punto que no mencionó
algún derecho en específico como quebrantado por dicha autoridad.
En tal medida, la solicitud únicamente se sustenta en afirmaciones generales y
preventivas sobre una eventual afectación, pero carece de elementos que
permitan evidenciar una lesión actual, específica y verificable de derechos
fundamentales, razón suficiente para confirmar la negativa del amparo dispuesta
por el a quo.
Ahora, frente a la pretensión específica de expedir una circular dirigida a los
medios de comunicación que hacen uso del espectro electromagnético para que
garanticen el pluralismo, el equilibrio informativo y la igualdad entre candidatos, se
advierte que el actor puede acudir directamente ante la Comisión de Regulación
de Comunicaciones quien tiene la función de adoptar la medidas orientadas a
garantizar la libre competencia, la calidad en la prestación de los servicios y la
protección de los derechos de las audiencias y usuarios del sector de
comunicaciones, particularmente mediante el ejercicio del derecho de petición, así
como a través de solicitudes administrativas de vigilancia, intervención o adopción
de directrices en la materia.
Así las cosas, se confirmará la decisión del 30 de abril de 2026, dictada por el
Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Quinta de Decisión que negó la solicitud
de amparo. A su vez, se declarará la legitimación en la causa por activa del señor
Luis Ignacio Bejarano Sánchez respecto del derecho a la igualdad alegado.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
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FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa del señor
Luis Ignacio Bejarano Sánchez, en lo relativo al derecho a la igualdad alegado.
SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo del 30 de abril de 2026 proferido por el Tribunal
Administrativo del Chocó, Sala Quinta de Decisión que negó la solicitud de amparo
formulada por el señor Luis Ignacio Bejarano Sánchez.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual
revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Aclaración de voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Aclaración de voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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