Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 27001-23-33-000-2026-00079-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 27001-23-33-000-2026-00079-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 27001-23-33-000-2026-00079-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 27001-23-33-000-2026-00079-01
Demandante CARLOS ANDRÉS MOSQUERA VALDÉS
Demandado JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
QUIBDÓ
Temas Acción de tutela contra tutela. Requisitos de procedencia. Omisión de
dar trámite a una recusación en acción de tutela. Debido proceso.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Carlos Andrés Mosquera
Valdés contra el fallo de tutela de 4 de junio de 2026, proferido por la Sala Primera
de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó que dispuso lo siguiente:
«PRIMERO. NEGAR la acción de tutela interpuesta por el señor Carlos Andrés Mosquera
Valdés, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Universidad
Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” y, en consecuencia, ORDENAR su
desvinculación del presente trámite, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia».
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 22 de mayo de 20261, Carlos Andrés Mosquera Valdés promovió acción de tutela
contra el juez Tercero Administrativo del Circuito de Quibdó, al considerar vulnerado
su derecho fundamental al debido proceso. Sostuvo que esa autoridad judicial
omitió tramitar la recusación formulada dentro de la acción de tutela 27001-33-33-
003-2026-00060-00, cuyo conocimiento le correspondió en primera instancia.
En consecuencia, solicitó que se ordenara al despacho accionado tramitar la
recusación y remitir el expediente a otro juzgado, con el fin de garantizar que la
acción de tutela sea resuelta por una autoridad judicial imparcial y con plena
observancia del debido proceso en ambas instancias.
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor Carlos Andrés Mosquera Valdés relató que cursa la especialización
en Derecho Administrativo en la Universidad Tecnológica del Chocó (en
adelante UTCH) y que sostiene una controversia con la institución educativa
relacionada con las opciones de grado.
En particular, relató que, al iniciar el programa académico, se le informó que
podía cumplir el requisito de grado mediante un diplomado cursado en
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Samai para tribunales administrativos. Proceso 27001-23-33-000-2026-00079-01, índice 1.
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cualquier institución educativa. Sin embargo, aseguró que, posteriormente, la
UTCH modificó esa condición y dispuso que el diplomado debía realizarse
exclusivamente en la propia institución.
Reprochó que la determinación obedece a intereses económicos y no a
razones académicas, pues el costo del diplomado es superior en la UTCH que
en otras instituciones académicas.
Por lo tanto, aseguró que la determinación vulneraba sus derechos
fundamentales a la educación, al trabajo y a una vida digna, motivo por el cual
promovió una primera acción de tutela contra la UTCH y su rector.
2.2. El conocimiento de esa acción de tutela correspondió al Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Quibdó y fue identificada bajo la radicación
27001-33-33-003-2026-00060-00.
2.3. El aquí accionante adujo que el titular del despacho tiene un vínculo laboral
activo con la institución educativa accionada y que se desempeñó como su
docente en la especialización, por lo que considera que debió declararse
impedido para conocer el caso.
Agregó que en el curso de esa acción de tutela radicó escrito de recusación
contra el juez, aportando como sustento el cronograma académico donde
aparece relacionado como parte de los profesores de la malla curricular.
2.4. El actor indicó que el 21 de abril de 2026, lo notificaron del fallo de primera
instancia que negó las pretensiones de la acción de tutela, sin que el juez
hubiese resuelto el escrito de recusación ni se hubiese declarado impedido.
3. Fundamentos de la acción
El señor Carlos Andrés Mosquera Valdés alega la vulneración de su derecho al
debido proceso a partir de la omisión del juez Tercero Administrativo del Circuito de
Chocó de pronunciarse frente a la recusación formulada en el trámite de la tutela
2026-00060-00, con fundamento en su vínculo laboral con la institución educativa
accionada.
Advierte que no se aseguró un juez imparcial para conocer el asunto, pues la
Universidad accionada también es jefe del fallador de la primera acción de tutela.
Por lo que solicita que se le asegure un juicio justo y se ordene al juez accionado
dar trámite a la solicitud de recusación ya que tiene un vínculo laboral con la UTCH.
Agregó que el Código General del Proceso y el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo son claros al indicar que el juez
debe declararse impedido cuando hay un vínculo laboral que comprometa su
imparcialidad. Indicó que esta postura ha sido defendida por la Corte Constitucional
en las siguientes providencias: «Auto A-1845 de 2023, Auto 320A de 2018, T-176 del
2008 entre otros.»
Aduce que su reproche no es contra el juez en sí, sino contra la UTCH y que por esa
razón no ha tomado acciones disciplinarias en su contra. Sin embargo, solicita que
se asegure su derecho a un proceso justo e imparcial en las dos instancias de la
acción de tutela.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En el curso del proceso constitucional se declaró fundado el impedimento de
la magistrada Dunnia Madyuri Zapata Machado, quien indicó sostener una
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relación de amistad con el accionado (artículo 56.5 del Código de Procedimiento
Penal). En consecuencia, el proceso pasó al conocimiento del despacho de la
magistrada Adela Yriasny Casas Dunlap.
4.2. En auto del 27 de mayo de 2026, el despacho ponente de primera instancia
admitió la acción de tutela presentada por el señor Carlos Andrés Mosquera
Valdés contra el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó.
Además, vinculó en calidad de tercera con interés, a la Universidad
Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” y ordenó que se surtieran las
notificaciones de ley.
4.3. La Universidad Tecnológica del Chocó, por conducto de apoderado judicial,
solicitó que se la desvincule de la acción de tutela debido a que no tiene
legitimación en la causa para satisfacer las pretensiones de la demanda ni sus
competencias guardan relación alguna con el trámite y decisión de
recusaciones en el curso de acciones de tutela.
4.4. El juez Tercero Administrativo del Circuito de Quibdó informó que, si bien
impartió catedra en la UTCH, lo cierto es que, al momento de recibir la tutela
de la referencia en reparto, no fungía como docente catedrático de la
institución.
Mencionó que el memorial supuestamente contentivo de la recusación era
confuso y carecía de soporte fáctico y jurídico que permitiera determinar su
naturaleza y alcance, razón por la cual no fue considerado al momento de
dictar sentencia. Asimismo, recordó que en el trámite de tutela no proceden
las recusaciones, conforme al artículo 39 del Decreto 2591 de 1991.
En todo caso, advirtió que no existía fundamento para declararse impedido
porque al momento de conocer de la tutela no se encontraba inmerso en
ninguna causal de impedimento.
Agregó que las pretensiones del accionante carecen de sustento jurídico y de
lógica procesal, debido a que el proceso de tutela ya había surtido las dos
instancias con decisión desfavorable a sus pedimentos.
Informó que, en el curso de la acción de tutela, el señor Mosquera Valdés
instauró una Vigilancia Administrativa sustentada en los mismos supuestos
fácticos y jurídicos que ahora expone en sede constitucional, lo que pone de
presente su intención de contar con una instancia adicional que revise su
inconformidad.
En cuanto a la discusión que se resolvió en la primera acción de tutela, recordó
que el despacho aclaró que el acuerdo 001 de 2024, aplicaba para resolver la
situación del accionante. Sin embargo, el señor Mosquera Valdés no cumplió
con los requisitos, pues cursó el diplomado en una entidad que, según el
Ministerio de Educación Nacional, no tiene la calidad de institución de
educación superior.
Asimismo, rechazó la afirmación de que la acción de tutela estuvo influenciada
por una supuesta relación del juez con la UTCH. Expuso que tal señalamiento
carece de fundamento fáctico y jurídico, pues el hecho de que haya impartido
clases en el programa de especialización cursado por el actor no constituye,
por sí solo, una causal de impedimento, dado que no corresponde a una de
las causales taxativas previstas en la ley.
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4.5. En auto del 4 de junio de 2026, la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Chocó declaró fundado el impedimento2 formulado por el
magistrado Ariosto Castro Perea para conocer del presente asunto, con
fundamento en el artículo 56.1. del Código de Procedimiento Penal.
5. Providencia impugnada
La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó, mediante
sentencia del 4 de junio de 2026, negó la acción de tutela promovida por el señor
Carlos Mosquera Valdés y declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de
la UTCH.
Evidenció que, si bien se aportó soporte de un correo electrónico dirigido al juez
Tercero Administrativo de Quibdó con asunto «recusación» y un archivo adjunto, lo
cierto es que el mensaje de datos no tenía fundamentación alguna, ni fáctica ni
jurídica. En todo caso, recordó que la recusación no procede en el trámite de la
acción de tutela.
De acuerdo con lo anterior, concluyó que no se puede reprochar al juez por omitir
suspender el trámite de la acción ni reclamarse que se abstuviera de emitir decisión
de fondo, dada la falta de fundamentación y clara improcedencia de la solicitud. Bajo
ese entendido, consideró que no se concretó vulneración al derecho al debido
proceso del actor.
De otro lado, desvinculó a la UTCH de la acción de tutela por considerar que los
reproches refieren exclusivamente a las omisiones atribuidas a la autoridad judicial
accionada, por lo que estimó que la institución educativa no tiene legitimación en la
causa por pasiva.
6. Impugnación
El señor Carlos Andrés Mosquera Valdés reprochó el fallo de tutela de primera
instancia en los siguientes términos: «Con todo respeto estoy en total desacuerdo con
su decisión, es obvio que el accionado SÍ me violó mi derecho a el debido proceso».
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
2.1. Esta Sala considera necesario retomar el análisis general de procedencia de
la acción de tutela, con el fin de determinar si es viable efectuar un
pronunciamiento de fondo, aunque se cuestione una omisión ocurrida en el
trámite de otra acción de tutela. Para tal efecto, deberá verificarse el
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Manifestó que su hijo está vinculado laboralmente a la UTCH y hace parte del sindicato de esa institución educativa, en
calidad de presidente.
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Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
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cumplimiento de los presupuestos establecidos en la sentencia SU-627 de
2015.
2.2. En caso de superarse el examen general de procedencia, la Sala determinará
si le asistió razón al juez de tutela de primera instancia al negar la solicitud de
amparo por considerar que el juez Tercero Administrativo de Quibdó no
vulneró el derecho fundamental al debido proceso de Carlos Andrés Mosquera
Valdés al emitir sentencia de primera instancia en la acción de tutela 27001-33-
33-003-2026-00060-00.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias y
actuaciones de tutela
3.1. Uno de los requisitos generales de procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales consiste en que la providencia reprochada no sea una decisión de
tutela. La razón de ser de este requerimiento es evitar que una y otra vez se
interpongan acciones de tutela que no permitan cerrar definitivamente un
asunto, en detrimento de la seguridad jurídica.
No obstante, la Corte Constitucional ha señalado que esta regla no es
absoluta. En la sentencia SU-627 de 2015 esa alta corte unificó su
jurisprudencia señalando cuándo es procedente la tutela contra providencias
proferidas en el marco de la acción de tutela. Allí explicó que debía
diferenciarse entre dos supuestos: si la acción de tutela se interponía contra
una sentencia de tutela o contra una actuación previa o posterior a aquella
providencia. En caso de que se interponga contra una sentencia proferida por
el juez de tutela la regla general es la improcedencia. Si esta fue emitida por
la Corte Constitucional tal regla no admite excepción.
Sin embargo, si fue proferida por otro juez de la República la acción de amparo
puede proceder excepcionalmente, si además de los requisitos generales de
procedibilidad, se acredita que: (i) la acción de tutela presentada no comparte
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre
de manera clara y suficiente que la decisión adoptada en la sentencia fue
producto de una situación de fraude (cometida por una de las partes, por las dos
o, incluso, con anuencia del juez); y (iii) no exista otro mecanismo judicial eficaz
para conjurar la situación.
El alto tribunal también precisó que, cuando la acción de amparo cuestiona
actuaciones distintas de la sentencia proferida en otro trámite de tutela4, debe
establecerse si estas ocurrieron antes o después del fallo y, en todo caso, debe
verificarse previamente si se supera el examen general de procedibilidad.
3.2. De lo anterior se desprende que, para la procedencia excepcional de la tutela
contra actuaciones dictadas en el marco de una acción de tutela, es
indispensable acreditar la totalidad de los requisitos generales de
procedibilidad. En el caso particular, la Sala advierte que dicha exigencia no
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Al respecto en la sentencia SU627 de 2015, se lee: «4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del
proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a
la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber
de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha
seleccionado el asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes
impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional.»
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se satisface, toda vez que no se acredita la concreción de una irregularidad
procesal con efecto decisivo.
La Corte Constitucional ha indicado que, cuando se discuta una irregularidad
procesal a través de acción de tutela, es necesario que esta tenga la
potencialidad de causar un efecto determinante en la decisión que se acusa y
que afecte los derechos fundamentales de la parte accionante5.
3.3. Esta Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela, porque la alegada
irregularidad procesal advertida por el actor no evidencia una incidencia
determinante en la decisión de la acción de tutela nro. 2026-00060-00/01 ni
una afectación real al derecho al debido proceso del accionante.
Aunque el actor reprocha que el juez que conoció del primer proceso de tutela
emitiera sentencia de primera instancia sin resolver la recusación interpuesta
por él, en calidad de accionante, lo cierto es que se trata de una solicitud
claramente improcedente en el trámite de estas acciones constitucionales, sin
perjuicio del deber del funcionario judicial de declararse impedido cuando
concurra la causal legal.
En efecto, el artículo 39 del Decreto 2591 de 1991 establece:
«En ningún caso será procedente la recusación. El juez deberá declararse impedido cuando
concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir
en la sanción disciplinaria correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo
de tutela deberá adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento
disciplinario, si fuere el caso»
La Corte Constitucional ha establecido que la determinación del legislador
extraordinario a ese respecto se justifica en la necesidad de privilegiar el
principio de celeridad en un trámite que debe ser sumario y prioritario de cara
a la inminencia que puede comportar la vulneración alegada en la tutela.
Además, se ha estimado que el derecho a un juez imparcial se garantiza con
la potestad que le asiste al juez de la causa de declararse impedido de oficio
o por solicitud de parte.
Conviene en este punto transcribir un aparte de la sentencia T-800 de 2006,
en la que se abordó la improcedencia de las recusaciones en el trámite de la
acción de tutela:
«Como se lee claramente en la norma transcrita [art. 39 Decreto 2591], el legislador
extraordinario optó por dejar de lado una figura procesal que por regla general es
consustancial al instituto del impedimento y que es el trámite de la recusación. Ello, vislumbra
la Sala, de cara a los principios de celeridad que informan el trámite de la acción de tutela; no
fuera a convertirse la figura de la recusación en un medio para sabotear el decurso procesal
de la acción que, por disposición constitucional misma, debe resolverse en un término
sumarísimo y de manera prioritaria
Ahora bien, frente a las figuras del impedimento y la recusación ha dicho esta corporación
que éstas, sin ambages de dudas, están llamadas a la protección de dos principios esenciales
de la administración de justicia. A saber: la independencia y la imparcialidad. Al respecto, la
Corte señaló en la sentencia C–365 de 2000, que la independencia e imparcialidad del
funcionario judicial quedan amparadas cuando el funcionario judicial “por un acto voluntario o
a petición de parte, debe apartarse del proceso que viene conociendo cuando se configura,
para su caso específico, alguna de las causales que se encuentran expresamente descritas
en la ley.”»
Por lo anterior, la alegada omisión de decisión de la solicitud de recusación no
constituye una irregularidad con efecto decisivo en el trámite y tampoco da
cuenta de una actuación judicial arbitraria o una afectación desproporcionada
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Sentencia T-515 de 2025 y T-012 de 2026.
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del derecho fundamental al debido proceso del accionante. Aunque pueda
reprocharse la omisión de una decisión expresa, lo cierto es que debía ser
rechazada por improcedente.
3.4. Adicionalmente, de las pruebas aportadas con la demanda, así como de la
respuesta presentada por el juez accionado, se advierte que el correo
electrónico al que el actor atribuye la calidad de solicitud de recusación carecía
de fundamentación suficiente para identificar los hechos y las razones que
sustentaban su planteamiento. En efecto, el mensaje tan solo contenía en el
asunto la palabra «recusación» y un archivo adjunto denominado
«CRONOGRAMA CLASES POSGRADO 2024-2 SEMESTRE I_26040_260408_152016», sin
incluir explicación adicional.
A continuación, se relaciona la captura de pantalla del correo electrónico
remitido el 8 de abril de 2026 al buzón de notificaciones del juzgado accionado:
Si bien el trámite de tutela se caracteriza por ser informal, ello no excluye una
carga mínima del interesado de proporcionar elementos que permitan
comprender su contenido y alcance. No se exige la exposición de una
fundamentación compleja, pero sí es esperable que el memorial contenga, al
menos, los hechos y las razones que permitan establecer la respuesta que se
pretende obtener del juez
En tales condiciones, resulta razonable la explicación ofrecida por el juez
accionado en cuanto sostuvo que no emitió un pronunciamiento específico
sobre el correo debido a que carecía de elementos necesarios para establecer
su fundamento y alcance procesal.
3.5. Adicionalmente, si en gracia de discusión, se accediera al análisis de fondo
del caso por desconocimiento a la garantía de juez imparcial, se advierte que
en la presente tutela persiste la omisión de identificar cuál de las causales
taxativas de impedimentos previstas en el CPP se considera configurada
respecto del juez accionado. Aunque el actor cuestiona su imparcialidad con
fundamento en el alegado vínculo contractual que habría mantenido el juez
con la UTCH en calidad de docente, no explica de qué manera dicha
circunstancia se subsume en una causal legal concreta ni acredita los
elementos de su configuración.
Lo anterior cobra especial relevancia frente a la manifestación del funcionario
judicial, quien señaló que, para el momento en que conoció de la tutela, no
mantenía un vínculo contractual con la UTCH y que su relación anterior con la
institución no comprometía su imparcialidad. Asimismo, sostuvo que el asunto
fue resuelto con objetividad y que los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión quedaron debidamente expuestos en la sentencia de tutela.
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3.6. A lo anterior se suma que el inciso final del artículo 39 del Decreto 2591
establece que, si el juez de segunda instancia advierte que el funcionario
omitió declararse impedido pese a encontrarse incurso en una causal legal,
deberá adoptar las medidas pertinentes para que se inicie el correspondiente
proceso disciplinario. Por lo tanto, la omisión reprochada no convierte en
procedente una nueva acción de tutela contra el trámite de tutela, ni demuestra
por sí misma, una vulneración autónoma al derecho fundamental al debido
proceso.
3.7. De acuerdo con lo anterior, se considera que la parte actora no demostró una
irregularidad procesal con aptitud para incidir de manera determinante en la
decisión judicial. En consecuencia, no se observan satisfechos los
presupuestos excepcionales de la acción de tutela contra actuaciones u
omisiones producidas dentro de otro trámite constitucional.
4. En ese orden de ideas, la Sala revocará el numeral primero de la sentencia de
tutela del 4 de junio de 2026, que negó la acción de tutela, para en su lugar,
declarar su improcedencia por las razones antes expuestas.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. REVOCAR el numeral primero de la sentencia de tutela del 4 de junio de 2026,
proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del
Chocó. En su lugar, declarar la improcedencia de la acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En lo demás, se
CONFIRMA el fallo de tutela de primera instancia.
2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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