Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 27001-23-33-000-2026-00087-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 27001-23-33-000-2026-00087-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 27001-23-33-000-2026-00087-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
12 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., doce (12) de junio de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: Radicación: núm. 27001-23-33-000-2026-00087-01
Demandantes: Dainer Estiven Mena Quejada y Malcon
Seanckler Salamandra Cabrera
Demandado: Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado
de Quibdó
Vinculado: Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad
y Carcelario (Epmsc) Anayancy del Municipio de Quibdó
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Se decide la impugnación presentada en contra de la providencia de 5 de junio de
2026 proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, Despacho 03, por medio
de la cual se negó la solicitud de habeas corpus.
I. ANTECEDENTES
I.1. La solicitud
1. Jackson Martínez Mayo, actuando como apoderado de los señores Dainer
Estiven Mena Quejada y Malcon Seanckler Salamandra Cabrera, mediante escrito
de fecha 5 de junio de 20261 presentó solicitud de habeas corpus en contra del
Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Quibdó, por considerar que
existe violación al derecho a la libertad consagrado en el artículo 30 de la
Constitución Política.
I.2. Los supuestos de hecho y de derecho2
2. El apoderado manifestó que los señores Dainer Estiven Mena Quejada y Malcon
Seanckler Salamandra Cabrera, vinculados al proceso penal con radicado
27001600110020250004300, han permanecido privados de la libertad con
vulneración de las garantías constitucionales y legales, así como en virtud de una
privación cuya prolongación considera ilegal.
1 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Expediente de la primera instancia.
2 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Expediente de la segunda instancia.
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Radicación: 27001-23-33-000-2026-00087-01
Demandantes: Dainer Estiven Mena Quejada y Malcon Seanckler
Salamandra Cabrera
Demandado: Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Quibdó
3. Como sustento de lo anterior invocó los artículos 28 de la Constitución Política y
1º de la Ley 1095 de 2006, al considerar que los procesados fueron privados de la
libertad ilegalmente.
4. Precisó que se desconocieron las garantías establecidas en los artículos 295,
297, 301, 302, 303 y 304 de la Ley 906 de 2004, toda vez que la captura requería
orden escrita de autoridad judicial competente o la configuración de una situación
de flagrancia, así como el respeto de los derechos de los capturados y de las
formalidades para su reclusión.
5. Señaló que la captura, ocurrida el 18 de enero de 2025, no fue realizada en
cumplimiento de una orden escrita emitida por un juez de control de garantías ni
mediante orden excepcional de la Fiscalía General de la Nación.
6. Afirmó que la aprehensión tampoco tuvo lugar en situación de flagrancia como
se desprende de lo mencionado por el agente de la policía Gabriel Mangones
Martínez en el juicio oral y que durante el procedimiento no se observaron
adecuadamente las garantías de los capturados, pues los procesados no habrían
firmado el acta de derechos correspondiente.
7. Anotó que, pese a lo anterior, los procesados fueron conducidos a un
establecimiento carcelario, se les formuló imputación y posteriormente se les
impuso medida de aseguramiento intramural la cual está sometida al límite
temporal de un (1) año previsto en el parágrafo 1º del artículo 307 de la Ley 906
de 2004.
8. Argumentó que desde el 18 de enero de 2025 hasta el 18 de enero de 2026
transcurrió el término máximo legal de la medida y que, al momento de
interponerse la solicitud de habeas corpus, los procesados continuaban privados
de la libertad sin que se hubiera solicitado o decretado prórroga alguna,
circunstancia que configura una prolongación ilegal de la privación de la libertad.
9. Advirtió que el delito investigado, correspondiente a fabricación, tráfico y porte
de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas
o explosivos agravado, no se encuentra dentro de los supuestos que permitirían
extender la vigencia de la medida de aseguramiento en los términos del artículo
317 de la Ley 906 de 2004, razón por la cual la permanencia de los procesados
carece de fundamento legal y constitucional.
II. TRÁMITE
10. El habeas corpus fue presentado y repartido el 5 de junio de 2026 en la Oficina
de Apoyo Judicial de la Rama Judicial3.
3 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Expediente de la primera instancia.
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Radicación: 27001-23-33-000-2026-00087-01
Demandantes: Dainer Estiven Mena Quejada y Malcon Seanckler
Salamandra Cabrera
Demandado: Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Quibdó
11. Mediante proveído del mismo día4, el Despacho sustanciador dispuso avocar
conocimiento de la solicitud de habeas corpus y, en consecuencia, ordenó vincular
al Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Quibdó y al Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario (Epmsc) Anayancy del Municipio
de Quibdó, disponiendo su notificación por la Secretaría General del Tribunal
Administrativo del Chocó.
12. Asimismo, requirió a las autoridades vinculadas para que, a la mayor brevedad,
rindieran informe detallado sobre las actuaciones adelantadas con ocasión de la
privación de la libertad de los señores Dainer Estiven Mena Quejada y Malcon
Seanckler Salamandra Cabrera.
III. INTERVENCIÓN DE LOS VINCULADOS
Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Quibdó
13. A través de escrito de 5 de junio de 20265, la Secretaria del Juzgado Cuarto
Penal del Circuito Especializado de Quibdó señaló que en ese despacho se
adelanta, bajo las reglas de la Ley 906 de 2004, el proceso penal con radicado
27001600110020250004300, seguido en contra de los señores Dainer Estiven
Mena Quejada y Malcon Seanckler Salamandra Cabrera, investigados por el delito
de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso
privativo de las fuerzas armadas o explosivos agravado.
14. Indicóque, una vez se asumió el conocimiento del asunto, se programó
oportunamente las actuaciones correspondientes y que el proceso se encuentra
actualmente en la etapa de juicio oral, específicamente en fase de práctica
probatoria, encontrándose fijada audiencia para el 14 de julio de 2026 a las 10:30
a.m.
15. Informó que del expediente se desprende que a los procesados les fue
impuesta medida de aseguramiento el 21 de enero de 2025 por el Juzgado Sexto
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Quibdó, autoridad que
libró las boletas de detención 002 y 003 de la misma fecha, razón por la cual
permanecen privados de la libertad por cuenta de dicho proceso.
16. En relación con la procedencia de la solicitud de habeas corpus, sostuvo que,
una vez una persona ha sido cobijada con medida de aseguramiento privativa de
la libertad, las solicitudes relacionadas con su libertad deben formularse al interior
del respectivo proceso penal, sin que resulte procedente acudir, prima facie, a la
acción constitucional para sustituir los mecanismos ordinarios previstos por la ley.
4 Índice 3 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Expediente de la primera instancia.
5 Índice 5 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Expediente de la primera instancia.
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Radicación: 27001-23-33-000-2026-00087-01
Demandantes: Dainer Estiven Mena Quejada y Malcon Seanckler
Salamandra Cabrera
Demandado: Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Quibdó
17. Citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia según la cual el habeas
corpus solo procede excepcionalmente cuando la decisión judicial que restringe la
libertad constituya una vía de hecho o cuando resulte necesario evitar un perjuicio
irremediable.
18. Con fundamento en lo anterior, manifestó que en el presente asunto no existe
evidencia que los procesados o su apoderado hubiesen solicitado la libertad ante
el despacho judicial ni de que esta hubiere sido negada, por lo que consideró que
no puede atribuirse responsabilidad al juzgado por la continuidad de la privación
de la libertad, la cual se presume legítima dentro del proceso penal en curso.
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario (Epmsc)
Anayancy del Municipio de Quibdó
19. Mediante escrito de 5 de junio de 20266, el Director del Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario (Epmsc) Anayancy del Municipio
de Quibdó informó que, una vez revisadas las hojas de vida de los señores Dainer
Estiven Mena Quejada y Malcon Seanckler Salamandra Cabrera, así como la base
de datos SISIPEC-Web, se verificó que ambos ingresaron al establecimiento
penitenciario por orden del Juzgado Sexto Penal Municipal con Función de Control
de Garantías de Quibdó, dentro del proceso penal radicado
27001600110020250004300, seguido por el delito de fabricación, tráfico y porte de
armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o
explosivos agravado, en cumplimiento de las órdenes de detención 002 y 003,
respectivamente.
20. Indicó que en las correspondientes carpetas jurídicas de los procesados no obra
orden contraria ni decisión de autoridad judicial competente que haya dispuesto la
libertad de estos.
21. Manifestó que la solicitud de habeas corpus constituye un mecanismo de
protección frente a detenciones ilegales o prolongadas indebidamente y sostuvo que
los procesados no se encuentran privados de la libertad de manera ilegal, en tanto
su reclusión obedece a una orden emitida por autoridad judicial competente, razón
por la cual pidió se niegue la solicitud.
IV. FUNDAMENTOS DE LA PROVIDENCIA IMPUGNADA
22. El a quo mediante providencia de 5 de junio de 20267, previo recuento de los
hechos y del trámite de la solicitud de habeas corpus y luego de exponer
consideraciones relacionadas con la naturaleza del citado instrumento, señaló
que la solicitud de habeas corpus no resulta procedente.
6 Índice 1 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Expediente de la primera instancia.
7 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Expediente de la segunda instancia.
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Radicación: 27001-23-33-000-2026-00087-01
Demandantes: Dainer Estiven Mena Quejada y Malcon Seanckler
Salamandra Cabrera
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23. Precisó que el habeas corpus es un derecho fundamental y una acción
constitucional destinada a proteger la libertad personal cuando la privación de la
libertad es ilegal o cuando esta se prolonga indebidamente, conforme a la
Constitución y la Ley 1095 de 2006.
24. Consideró que esta acción no puede ser utilizada para sustituir los
procedimientos y recursos previstos en el ordenamiento jurídico, ni para
desplazar a la autoridad competente encargada de resolver sobre la libertad.
25. Puso de presente que del material allegado se desprende que la situación
jurídica de los procesados ha sido objeto de control judicial dentro del proceso
penal 27001600110020250004300, en tanto que ante el Juzgado Sexto Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Quibdó se surtieron las
audiencias de legalización de captura en flagrancia, formulación de imputación e
imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en
establecimiento carcelario, sin que se interpusieran recursos contra las
decisiones adoptadas en esas diligencias.
26. Señaló que el acta de audiencia 010 da cuenta de que el 19 de enero de 2025
se impartió legalidad a la captura en flagrancia de los procesados, así como a la
incautación del arma de fuego y que el 21 de enero de 2025 se adelantó la
continuación de la formulación de imputación y, en esa misma fecha, se accedió
a la solicitud fiscal de imponer medida de aseguramiento consistente en
detención preventiva en establecimiento carcelario.
27. Consideró que no eran de recibo las afirmaciones del solicitante relativas a
que los procesados hubiesen sido conducidos al establecimiento carcelario sin
orden judicial o por fuera del control jurisdiccional.
28. Agregó que lo anterior es corroborado por el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Quibdó que informó expresamente que en la carpeta jurídica no
existe orden contraria de libertad, lo que excluiría, una permanencia en reclusión
derivada del incumplimiento de una decisión judicial de excarcelación.
29. Advirtió que tampoco se encuentra acreditada la alegada prolongación ilegal
de la medida de aseguramiento, toda vez que el término de dicha medida no se
hace automáticamente desde la simple captura, sino desde la imposición y
vigencia efectiva de esta, por lo que la aprehensión en flagrancia ocurrió el 18 de
enero de 2025 y su legalización judicial se produjo el 19 de enero de 2025, la
medida de aseguramiento intramural fue impuesta el 21 de enero de 2025, fecha
desde la cual, en principio, habría de examinarse el término máximo previsto por
la norma.
30. Indicó que su cómputo exige verificar si el asunto se encuentra dentro de los
eventos legalmente susceptibles de prórroga, como ocurre, prima facie, cuando
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el proceso se surte ante la justicia penal especializada, así como establecer si
concurrieron lapsos no computables por maniobras dilatorias atribuibles al
interesado o a su defensor, razón por la cual la sola referencia a la fecha de
captura no resulta suficiente para tener por demostrada la prolongación ilegal
alegada.
31. Anotó que el ordenamiento jurídico prevé mecanismos ordinarios e idóneos
para solicitar la libertad cuando se estime vencido el término de una medida de
aseguramiento.
32. Precisó que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la defensa puede
promover durante el proceso la revocatoria, sustitución o la correspondiente
solicitud de libertad ante el juez competente, por lo que la solicitud de habeas
corpus no constituye un mecanismo alterno o sustitutivo de dichos instrumentos.
33. Refirióque, en el caso concreto, se constató que el proceso penal se
encuentra en etapa de juicio oral y que no existe evidencia de que los
accionantes o su apoderado hubiesen solicitado previamente la libertad ante el
juez natural de la causa.
34. Consideró que al no haberse agotado siquiera el cauce judicial ordinario
previsto para debatir la vigencia de la medida de aseguramiento, no se acreditó
una situación que habilitara la intervención excepcional del juez constitucional.
35. Aseveró, luego del recuento procesal de lo surtido en el proceso penal, que la
actuación penal no ha permanecido inactiva y que, por el contrario, ha venido
avanzando hasta la fase de práctica probatoria en juicio oral; resaltó que varias
de las reprogramaciones y suspensiones dentro de la actuación obedecieron a
solicitudes, cambios o dificultades atribuibles al ejercicio de la defensa técnica, a
la necesidad de recaudar elementos materiales probatorios o a la reorganización
de la representación judicial de los procesados.
36. Adujo que la eventual incidencia de tales circunstancias en el cómputo de
términos y en la discusión sobre la procedencia de la libertad corresponde, en
primer lugar, al juez natural del proceso penal.
37. En consecuencia, al no encontrarse acreditada una privación de la libertad
carente de fundamento judicial, ni una prolongación ilegal patente y actual, y
existiendo además mecanismos ordinarios no agotados para discutir la
procedencia de la libertad, el a quo negó la solicitud de habeas corpus
presentada por el apoderado de los señores Dainer Estiven Mena Quejada y
Malcon Seanckler Salamandra Cabrera.
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V. LA IMPUGNACIÓN
38. Mediante escrito presentado el 6 de junio de 20268, el apoderado de los
señores Dainer Estiven Mena Quejada y Malcon Seanckler Salamandra Cabrera
impugnó la decisión de primera instancia. Posteriormente, mediante escrito de 10
de junio del mismo año9, solicitó que se impartiera el trámite correspondiente al
referido recurso.
39. En el escrito que contiene el recurso de apelación, el apoderado hizo un
recuento de los antecedentes procesales, de los argumentos expuestos en la
solicitud de habeas corpus, de las respuestas allegadas por las autoridades
accionadas y de las consideraciones que sustentaron la decisión impugnada.
40. Argumentó que la inconformidad se centra en que el Tribunal no reconoció, de
una parte, la presunta ilegalidad de la captura, al estimar que esta se produjo sin
orden judicial, por fuera de las hipótesis de flagrancia y con desconocimiento de
las garantías propias del capturado y, de otra, la alegada prolongación ilegal de la
privación de la libertad de los procesados, pese a que el término máximo de la
medida de aseguramiento ya se encontraba vencido sin que hubiera mediado
prórroga alguna.
41. Sostuvo que sí acudió ante el juez que conoce del proceso penal para poner de
presente tales irregularidades, mediante una solicitud de preclusión fundada en la
ausencia de flagrancia y en la falta de acreditación de la participación de los
procesados en la conducta investigada, la cual fue rechazada, por lo que
considera desacertada la conclusión según la cual no agotó los mecanismos
ordinarios para reclamar la libertad.
42. Cuestionó la competencia del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado
de Quibdó para adelantar el proceso penal, por estimar que el delito investigado
no corresponde a aquellos atribuidos legalmente a la jurisdicción penal
especializada, por lo que solicitó revocar la sentencia de primera instancia,
conceder el habeas corpus y ordenar la libertad inmediata e incondicional de los
señores Dainer Estiven Mena Quejada y Malcon Seanckler Salamandra Cabrera.
VI. CONSIDERACIONES
VI.1. El habeas corpus y la regla pro homine
43. El habeas corpus fue consagrado en el artículo 30 de la Constitución Política y
concebido por la Ley 1095 de 2 de noviembre de 200610, como un derecho
8 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Expediente de la segunda instancia.
9 Ibidem.
10 “[…] Por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política […]”.
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fundamental en el que se busca la tutela de la libertad individual como garantía,
cuando la aprehensión de una persona se realiza con violación de las garantías
constitucionales o legales, o cuando la privación de la libertad se prolonga
ilegalmente.
44. En la decisión del habeas corpus debe darse aplicación al principio pro
homine11, en virtud del cual se debe acudir a la norma o a la interpretación más
amplia, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la
norma o a la interpretación más restringida, cuando se busca fijar limitaciones a su
ejercicio o su suspensión extraordinaria.
45. Es importante anotar que se trata de un derecho fundamental que ha sido
reconocido en varios instrumentos internacionales, entre los que se destacan la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos12, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del
Hombre13 y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos14.
VI.2. El caso concreto
46. Los señores Dainer Estiven Mena Quejada y Malcon Seanckler Salamandra
Cabrera, a través de apoderado judicial, promovieron solicitud de habeas corpus al
considerar que fueron privados de la libertad con vulneración de garantías
11 Corte Constitucional. Sentencia T-284/06. Magistrada Ponente: Dra. Clara Inés Vargas Hernández.
12 Convención Americana sobre Derechos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica, aprobada mediante
la Ley 16 de 1972. “ Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a
la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las
condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Parte o por las leyes
dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda
persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del
cargo o cargos formulados contra ella. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora,
ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser
juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su
libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio […]”.
13Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. “Artículo XXV Nadie puede ser privado de
su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes. Todo individuo que
haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y
a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a
un tratamiento humano durante la privación de su libertad […]”.
14 Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante la Ley 74 de 1968. “Artículo
9. […] 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a
detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y
con arreglo al procedimiento establecido en ésta. 2. Toda persona detenida será informada, en el
momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación
formulada contra ella. 3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin
demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá
derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las
personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar
subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier
momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. 4. Toda persona que sea
privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que
éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera
ilegal. 5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener
reparación […]”.
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constitucionales y legales, por cuanto, su captura no estuvo precedida de orden
judicial, no se produjo en situación de flagrancia y no se observaron las
formalidades propias del procedimiento de aprehensión.
47. Sostuvieron que la medida de aseguramiento impuesta en su contra se ha
prolongado ilegalmente, al haber superado el término máximo de un (1) año
previsto en la ley sin que se hubiera dispuesto su prórroga.
48. El Tribunal Administrativo del Chocó, Despacho 03, mediante providencia de
primera instancia negó la solicitud al considerar que la privación de la libertad de
los procesados se encuentra respaldada por una medida de aseguramiento
impuesta por autoridad judicial competente y por las correspondientes órdenes de
detención.
49. Concluyó que no se encontraba acreditada una prolongación ilegal de la
medida de aseguramiento y que la acción de habeas corpus no podía prosperar,
dado que existían mecanismos ordinarios dentro del proceso penal para debatir la
procedencia de la libertad.
50. Elapoderado de los procesados impugnó dicha decisión al insistir que la
captura fue ilegal por ausencia de orden judicial, inexistencia de flagrancia y
desconocimiento de las garantías de los capturados, y que tales irregularidades
fueron puestas en conocimiento del juez penal mediante una solicitud de
preclusión que fue rechazada.
51. Cuestionó la competencia del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado
de Quibdó para conocer del proceso penal.
52. La Sala procederá a examinar los aspectos que fundamentan la decisión
impugnada y los reparos formulados por el recurrente, particularmente en lo
relacionado con la procedencia de la acción de habeas corpus frente a la presunta
ilegalidad de la captura y la alegada prolongación ilegal de la privación de la
libertad.
Aprehensión con violación de las garantías constitucionales o legales
53. En relación con la presunta vulneración de las garantías constitucionales y
legales durante la captura, el recurrente sostuvo que los procesados fueron
privados de la libertad con desconocimiento de las exigencias previstas en los
artículos 28 de la Constitución Política y 295, 297, 301, 302, 303 y 304 de la Ley
906 de 31 de agosto de 200415.
15 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal […]”.
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Radicación: 27001-23-33-000-2026-00087-01
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Demandado: Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Quibdó
54. Afirmó que la captura, ocurrida el 18 de enero de 2025, no estuvo precedida de
orden escrita emitida por autoridad judicial competente ni de orden excepcional de
la Fiscalía General de la Nación, que tampoco se configuró una situación de
flagrancia y que durante el procedimiento no se respetaron plenamente los
derechos de los capturados, en tanto estos no habrían suscrito el acta de
derechos correspondiente.
55. Por su parte, el a quo concluyó que no se encontraba acreditada una privación
de la libertad carente de fundamento judicial, pues del material allegado al
expediente se desprendía que el 19 de enero de 2025 se impartió legalidad a la
captura en flagrancia de los accionantes y que, posteriormente, el 21 de enero
siguiente, se les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en
establecimiento carcelario, decisión respaldada además por las órdenes de
detención 002 y 003 libradas en esa misma fecha.
56. Consideró que la privación actual de la libertad se encuentra sustentada en
decisiones judiciales adoptadas dentro del proceso penal y que las irregularidades
alegadas por los accionantes no resultaban suficientes para desvirtuar la legalidad
de las actuaciones adelantadas por las autoridades judiciales competentes.
57. Corresponde a la Sala determinar si se encuentra acreditada la alegada captura
con violación de garantías constitucionales o legales que habilite la procedencia
excepcional de la acción de habeas corpus.
58. Con el fin de establecer si la captura de los procesados se produjo con violación
de garantías antes mencionadas, se hará referencia a las disposiciones invocadas
por el recurrente, esto es, los artículos 28 de la Constitución Política y 295, 297,
301, 302, 303 y 304 de la Ley 906 de 2004, que regulan las condiciones
excepcionales de restricción de la libertad, los requisitos de la captura, las
hipótesis de flagrancia, el procedimiento posterior a la aprehensión y los derechos
del capturado.
59. Al respecto se tiene que, el artículo 28 de la Constitución Política establece que
la persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez
competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte
la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.
60. Por su parte el artículo 295 de la Ley 906 de 2004 señala que la libertad
personal constituye la regla general y que toda privación o restricción preventiva
de ese derecho tiene carácter excepcional, por lo que las disposiciones que la
autorizan deben interpretarse de manera restrictiva y aplicarse únicamente cuando
resulten necesarias, adecuadas, proporcionales y razonables.
61. El artículo 297 ibidem establece como regla general que la captura requiere
orden escrita proferida por un juez de control de garantías con observancia de las
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Radicación: 27001-23-33-000-2026-00087-01
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Salamandra Cabrera
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formalidades legales y sustentada en motivos razonablemente fundados que
permitan inferir la participación del capturado en la conducta investigada. No
obstante, la misma disposición exceptúa de dicho requisito los eventos de
flagrancia y las capturas excepcionales autorizadas por la ley.
62. A su turno, el artículo 301 ejusdem define las hipótesis en las que se configura
la flagrancia, entre ellas cuando la persona es sorprendida durante la comisión del
delito, cuando es individualizada y aprehendida inmediatamente después por
persecución o señalamiento de la víctima o de terceros, cuando es encontrada con
objetos o huellas que permitan inferir fundadamente su participación en el hecho
punible, o cuando es identificada mediante registros audiovisuales o en un
vehículo utilizado para huir del lugar de los hechos.
63. El artículo 302 regula el procedimiento que debe seguirse en caso de captura
en flagrancia, disponiendo que el aprehendido sea conducido inmediatamente
ante la Fiscalía General de la Nación y presentado ante un juez de control de
garantías dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes para que se examine la
legalidad de la captura.
64. El artículo 303 reconoce al capturado el derecho a ser informado de los hechos
que motivan su aprehensión, a comunicarla a una persona de su elección, a
guardar silencio y a contar con la asistencia de un abogado de confianza o, en su
defecto, de un defensor público.
65. El artículo 304 prevé la formalización de la reclusión y establece que, antes de
la imposición de una medida de aseguramiento o de una sentencia condenatoria,
el capturado permanece bajo la responsabilidad de la autoridad que realizó la
aprehensión, así como las condiciones para su ingreso a un establecimiento de
reclusión y las consecuencias derivadas de la inobservancia de tales requisitos.
66. Con fundamento en el anterior marco normativo y de los hechos que dan
cuenta tanto el informe de captura como la audiencia de legalización16, se tiene, en
síntesis, que los señores Dainer Estiven Mena Quejada y Malcon Seanckler
Salamandra Cabrera fueron aprehendidos el 18 de enero de 2025,
aproximadamente a las 11:45 a.m., luego de que un ciudadano informara a
miembros de la Policía Nacional que varias personas se encontraban amenazando
a otra con un arma de fuego en el sector Valencia del barrio San Vicente de
Quibdó.
16 https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/j04ctopeqdo_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fper
sonal%2Fj04ctopeqdo%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPROCESOS%20ACTU
ALIZADO%2FPENALES%2FLEY%20906%2F2025%2F005%2EMAYO%2FDAINER%20ESTIVEN%20MENA
%20QUEJADA%2F01PrimeraInstancia%2FC01Principal%2F01Preliminares&viewid=b9e167fc%2Db0ae%2D4
5f7%2D8fa1%2D89cd1376c764&ga=1. Proceso penal con radicado 27001600110020250004300.
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Radicación: 27001-23-33-000-2026-00087-01
Demandantes: Dainer Estiven Mena Quejada y Malcon Seanckler
Salamandra Cabrera
Demandado: Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Quibdó
67. Según el informe policial, los uniformados observaron a los sujetos acá
procesados al advertir la presencia de la autoridad emprendieron la huida, dando
lugar a una persecución que culminó con su interceptación y con la recuperación
de un arma de fuego tipo mini Uzi que, según los agentes de policía, fue arrojada
durante la persecución.
68. Se dejó constancia que a los capturados les fueron informados los derechos
que les asistían en tal condición, entre ellos el derecho a guardar silencio, a
comunicar su aprehensión a una persona de confianza y a ser asistidos por un
abogado. Aunque los procesados se negaron a suscribir las respectivas actas de
derechos del capturado, dicha circunstancia fue expresamente consignada en el
acta por los agentes de policía.
69. Se indicó que manifestaron no requerir la asistencia de un defensor público y
que serían representados por un abogado de confianza, razón por la cual fueron
puestos en contacto con el profesional que posteriormente ejerció su defensa
técnica durante las audiencias preliminares y puestos a disposición del juez de
control de garantías dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.
70. Al respecto, se observa que durante la audiencia de legalización de la captura
la defensa cuestionó la configuración de la flagrancia y sostuvo que los
procesados no portaban arma alguna al momento de la aprehensión; sin embargo,
el Juzgado Sexto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Quibdó
concluyó que la captura se ajustaba a la hipótesis prevista en el numeral 2º del
artículo 301 de la Ley 906 de 2004, al considerar acreditado que los procesados
fueron individualizados inmediatamente después de la presunta comisión del delito
y aprehendidos como resultado de la persecución adelantada por los agentes de
policía. En consecuencia, impartió legalidad a la captura y a la incautación del
arma de fuego, decisión que quedó ejecutoriada al no haber sido recurrida por
ninguno de los intervinientes.
71. En este sentido, se considera que, contrario a lo sostenido por el impugnante,
no se desprende que la captura de los procesados hubiese requerido una orden
escrita emitida por autoridad judicial competente ni una orden excepcional de la
Fiscalía General de la Nación, toda vez que la privación inicial de la libertad se
produjo en el marco de una captura en flagrancia, supuesto que, de conformidad
con el parágrafo 1° del artículo 297 y los artículos 301 y 302 de la Ley 906 de
2004, constituye una excepción a la exigencia de orden judicial previa.
72. Ciertamente, según quedó constancia en la audiencia de legalización de
captura, la Fiscalía sustentó la configuración de la flagrancia en la hipótesis
prevista en el numeral 2º del artículo 301 de la Ley 906 de 2004, al considerar que
los procesados fueron individualizados inmediatamente después de la presunta
comisión de la conducta punible y aprehendidos como consecuencia de la
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Radicación: 27001-23-33-000-2026-00087-01
Demandantes: Dainer Estiven Mena Quejada y Malcon Seanckler
Salamandra Cabrera
Demandado: Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Quibdó
persecución adelantada por los agentes de policía, circunstancia que fue acogida
por el juez de control de garantías al impartir legalidad al procedimiento.
73. De otro lado, se considera que tampoco es de recibo la afirmación según la cual
se desconocieron los derechos de los capturados por el hecho de no haber
suscrito las actas correspondientes, en tanto que, del informe de captura y de lo
expuesto en la audiencia de legalización a los procesados se les informó los
derechos previstos en el artículo 303 de la Ley 906 de 2004, se les consultó sobre
la persona a quien deseaban comunicar su captura y sobre la asistencia jurídica
que requerían, manifestando que no harían uso de defensor público y que serían
representados por un abogado de confianza, quien posteriormente compareció a
la actuación y ejerció su defensa técnica.
74. Se observa que, si bien los procesados se negaron a firmar las actas de
derechos de los capturados, dicha circunstancia fue expresamente consignada por
los agentes de policía, sin que de ello pueda concluirse per se, el desconocimiento
de las garantías que les asistían.
75. Además se encuentra que, una vez el Juzgado Sexto Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Quibdó impartió legalidad a la captura y a la
incautación del arma de fuego, concedió el uso de la palabra a los sujetos
procesales para que manifestaran si interponían recursos contra dicha
determinación. En ese momento, la Fiscalía expresó su conformidad con la
decisión y manifestó que no interpondría recurso alguno, mientras que la defensa
tampoco formuló impugnación, razón por la cual el juez dejó constancia de que la
decisión había quedado ejecutoriada.
76. Aunque en la presente acción constitucional se cuestiona la legalidad de la
captura, dicha actuación fue objeto de control judicial por parte del juez natural y la
decisión que la declaró ajustada a derecho quedó en firme sin que los procesados
o su defensor hubiesen hecho uso de los mecanismos ordinarios de impugnación
previstos por el ordenamiento jurídico.
77. Cabe advertir que el juez constitucional de la acción de habeas corpus tiene
limitada su actuación a verificar solamente la legalidad extrínseca de la privación
de la libertad, puesto que no le es permitido hacer pronunciamiento sobre los
fundamentos probatorios que se tuvieron en cuenta.
78. Al juez del habeas corpus le corresponde constatar el cumplimiento de los
requisitos formales y no apreciar las pruebas del proceso que la fundamentaron,
en la medida que la acción constitucional no es un mecanismo para sustituir al
funcionario judicial que conoce el proceso en el cual se solicite el amparo a la
libertad personal.
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Radicación: 27001-23-33-000-2026-00087-01
Demandantes: Dainer Estiven Mena Quejada y Malcon Seanckler
Salamandra Cabrera
Demandado: Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Quibdó
79. Si bien el apoderado señaló que en el juicio oral el agente de la policía Gabriel
Mangones Martínez manifestó que la captura se produjo después de que los
agentes recibieran por radio información sobre una presunta disputa ocurrida
momentos antes, circunstancia que excluiría la captura en flagrancia, se observa
que la legalidad de la captura fue objeto de examen por el juez de control de
garantías en audiencia de 19 de enero de 2025, oportunidad en la que, con
fundamento en el informe de captura, los testimonios recaudados y los demás
elementos puestos a su consideración, concluyó que se configuraba la hipótesis
de flagrancia prevista en el numeral 2º del artículo 301 de la Ley 906 de 2004.
80. De esta manera, la valoración de las declaraciones rendidas posteriormente en
juicio oral y su eventual incidencia sobre la reconstrucción de los hechos
corresponde al juez natural de la causa y no al juez constitucional del habeas
corpus.
81. En este contexto, como bien lo consideró el a quo, en el acta de audiencia de
19 de enero de 2025 se impartió legalidad a la captura en flagrancia de los
señores Dainer Estiven Mena Quejada y Malcon Seanckler Salamandra Cabrera,
así como a la incautación del arma de fuego, se accedió a la solicitud de imponer
medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento
carcelario, para lo cual se libraron las órdenes de detención 002 y 003 de esa
misma fecha, que corroboran que la privación actual de la libertad se encuentra
respaldada por providencias judiciales, razón por la cual el argumento del
recurrente no está llamado a prosperar.
Prolongación ilegal de la libertad
82. En cuanto a la presunta prolongación ilegal de la privación de la libertad, el
recurrente sostuvo que, como consecuencia de la captura y de la posterior
imposición de medida de aseguramiento intramural, los procesados permanecen
privados de la libertad desde el 18 de enero de 2025.
83. Señaló que dicha medida se encuentra sometida al límite temporal de un (1)
año previsto en el parágrafo 1º del artículo 307 de la Ley 906 de 2004 y que, pese
a haber transcurrido dicho término, los procesados continuaban recluidos al
momento de la presentación de la solicitud de habeas corpus.
84. Afirmó que no existe constancia de que se hubiera solicitado o decretado
prórroga de la medida de aseguramiento y que, por tanto, la restricción de la
libertad carece actualmente de sustento legal. Agregó que el delito por el cual se
adelanta la actuación penal no se encuentra dentro de los eventos que, en su
criterio, permiten extender la vigencia de la medida de aseguramiento más allá del
término inicialmente previsto por el legislador.
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Radicación: 27001-23-33-000-2026-00087-01
Demandantes: Dainer Estiven Mena Quejada y Malcon Seanckler
Salamandra Cabrera
Demandado: Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Quibdó
85. Argumentó que sí acudió ante el juez que conoce del proceso penal para poner
de presente tales irregularidades, mediante una solicitud de preclusión fundada en
la ausencia de flagrancia y en la falta de acreditación de la participación de los
procesados en la conducta investigada y, adicionalmente cuestionó la
competencia del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Quibdó para
conocer del proceso penal.
86. Concluyó que la permanencia de los procesados en establecimiento de
reclusión configura una prolongación ilegal de la privación de la libertad que
habilita la procedencia de la acción constitucional de habeas corpus.
87. Frente a este planteamiento, el a quo consideró que no se configuraba una
prolongación ilegal de la privación de la libertad en tanto que se constató que el
proceso penal se encuentra en etapa de juicio oral y que no existe evidencia de
que los procesados o su apoderado hubiesen solicitado previamente la libertad
ante el juez natural de la causa.
88. Determinó que al no haberse agotado siquiera el cauce judicial ordinario
previsto para debatir la vigencia de la medida de aseguramiento, no se acreditó
una situación que habilitara la intervención excepcional del juez constitucional.
89. Aunado a lo anterior, concluyó, que la actuación penal no ha permanecido
inactiva y que, por el contrario, ha venido avanzando hasta la fase de práctica
probatoria en juicio oral; igualmente, resaltó que varias de las reprogramaciones
y suspensiones dentro de la actuación obedecieron a solicitudes, cambios o
dificultades atribuibles al ejercicio de la defensa técnica, a la necesidad de
recaudar elementos materiales probatorios o a la reorganización de la
representación judicial de los procesados.
90. Advirtió que la eventual incidencia de tales circunstancias en el cómputo de
términos y en la discusión sobre la procedencia de la libertad corresponde, en
primer lugar, al juez natural del proceso penal.
91. Para resolver, se tiene que la Corte Constitucional al analizar los supuestos de
aplicación de la libertad a través de la acción de habeas corpus en la sentencia
C-187 de 2006, por medio de la cual se revisó el proyecto de ley estatutaria
284/05 Senado y 229/04 Cámara “[…] mediante el cual se reglamenta el artículo
30 de la Constitución Política […]”, precisó:
“[…] Se trata de hipótesis amplias y genéricas que hacen posible la
protección del derecho a la libertad personal frente a una variedad
impredecible de hechos. La lectura conjunta de los artículos 28 y 30 de la
Carta Política, pone de manifiesto la reserva legal y judicial para autorizar la
privación de la libertad de la persona, más aún si se considera que ésta
constituye un presupuesto para el ejercicio de otras libertades y derechos.
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Radicación: 27001-23-33-000-2026-00087-01
Demandantes: Dainer Estiven Mena Quejada y Malcon Seanckler
Salamandra Cabrera
Demandado: Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Quibdó
Como hipótesis en las cuales la persona es privada de la libertad con
violación de las garantías constitucionales o legales, se pueden citar los
casos en los cuales una autoridad priva de la libertad a una persona en
lugar diferente al sitio destinado de manera oficial para la detención de
personas17, o lo hace sin mandamiento escrito de autoridad judicial
competente, o lo realiza sin el cumplimiento de las formalidades
previstas en la ley, o por un motivo que no esté definido en ésta.
También se presenta la hipótesis de que sea la propia autoridad judicial,
la que, al disponer sobre la privación de la libertad de una persona, lo
haga sin las formalidades legales o por un motivo no definido en la ley.
En cuanto a la prolongación ilegal de la privación de la libertad también
pueden considerarse diversas hipótesis, como aquella en la cual se
detiene en flagrancia a una persona (C. Pol. art. 32) y no se le pone a
disposición de la autoridad judicial competente dentro de las 36 horas
siguientes; también puede ocurrir que la autoridad pública mantenga privada
de la libertad a una persona después de que se ha ordenado legalmente por
la autoridad judicial que le sea concedida la libertad. Otra hipótesis puede ser
aquella en la cual, las detenciones legales pueden volverse ilegales, como
cuando la propia autoridad judicial prolonga la detención por un lapso superior
al permitido por la Constitución y la ley, u omite resolver dentro de los
términos legales la solicitud de libertad provisional presentada por quien tiene
derecho […]” (negrilla fuera del texto).
92. De lo anterior se desprende que el habeas corpus “[…] no es un mecanismo
alternativo, supletorio o sustitutivo para debatir los extremos que son
propios al trámite de los procesos en que se investigan y juzgan conductas
punibles, sino que, por el contrario, se trata de una acción excepcional de
protección de la libertad y de los eventuales derechos fundamentales que
por conducto de su afectación puedan llegar a vulnerarse, como la vida, la
integridad personal y el no ser sometido a desaparecimiento, o a tratos crueles y
torturas […]”, según lo consideró la Corte Constitucional en la sentencia citada.
(Negrilla fuera del texto).
93. En tal virtud, el juez constitucional que conoce del habeas corpus no puede
reemplazar a la autoridad competente en tanto es ella a la que le corresponde
realizar los pronunciamientos sobre la definición de la situación jurídica, teniendo
en cuenta que tal instrumento constitucional de protección de derechos no
sustituye los mecanismos ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico. Actuar
en contrario conduciría al desconocimiento del principio del juez o autoridad
natural, a quebrantar la seguridad jurídica y desvirtuar la naturaleza de esta acción
constitucional.
17 En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año de 1979 sobre el caso
Argentino, esta Comisión recomendó que “[…] para evitar que se produzcan nuevos casos de desaparición,
crear un registro central de detenidos que permita a los familiares de éstos y a otros interesados conocer, en
breve plazo, las detenciones practicadas; ordenar que éstas detenciones sean llevadas a cabo por agentes
debidamente identificados e impartir instrucciones a fin de que los detenidos sean trasladados sin demora a
lugares específicamente destinados al objeto […]”.
17
Radicación: 27001-23-33-000-2026-00087-01
Demandantes: Dainer Estiven Mena Quejada y Malcon Seanckler
Salamandra Cabrera
Demandado: Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Quibdó
94. En este orden de ideas, el juez constitucional no puede actuar como instancia
alternativa, supletoria o sustitutiva de las autoridades ordinarias, pues su ámbito
de intervención se limita a verificar la existencia de una privación ilegal de la
libertad o su prolongación indebida, sin desplazar la competencia funcional de la
autoridad llamada a decidir dentro del respectivo trámite18.
95. En el sub examine no resulta procedente que el solicitante pretenda que el juez
constitucional del habeas corpus decida en torno a la configuración de una causal
de libertad dentro del trámite penal, cuya verificación corresponde a la autoridad
competente en dicho procedimiento.
20
96. De las actuaciones surtidas dentro del proceso penal19 , se encuentra que el
13 de junio de 2025 se formuló acusación contra los señores Dainer Estiven Mena
Quejada y Malcon Seanckler Salamandra Cabrera por el delito de fabricación,
tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las
Fuerzas Armadas o explosivos agravado.
97. Posteriormente, las audiencias preparatorias programadas para el 5 de agosto
y el 16 de septiembre de 2025 debieron reprogramarse a solicitud de la defensa,
primero por la ausencia de resultados de una misión de trabajo encomendada a
investigadores de la Defensoría del Pueblo y luego por la petición de los
procesados de designar un nuevo defensor de confianza. El 30 de octubre de
2025 se llevó a cabo la audiencia preparatoria, se efectuó el descubrimiento
probatorio y se decretaron las pruebas solicitadas por las partes.
98. El 23 de enero de 2026 se instaló la audiencia de juicio oral, oportunidad en la
que los procesados se declararon inocentes, la Fiscalía presentó la teoría del caso
y se inició la práctica probatoria con la incorporación de diversos elementos de
prueba relacionados con los hechos investigados.
99. La continuación del juicio oral prevista para el 20 de febrero de 2026 no pudo
realizarse debido a la inasistencia del defensor que venía actuando, motivo por el
cual el despacho ordenó requerirlo y reprogramó la diligencia. Posteriormente, el 8
de abril de 2026 la audiencia tampoco pudo avanzar, en razón a la sustitución de
18 Ha sido reiterada la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que la
petición que tenga relación directa con el respectivo proceso no debe realizarse mediante el mecanismo
constitucional de habeas corpus. Sin embargo, de manera excepcional, se ha considerado que la acción
puede ser ejercida para solicitar la libertad, aun si ésta fue restringida con ocasión del proceso penal, y ello es
posible cuando el mecanismo ordinario resulta inane. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal.
Rad.: 26503. Sentencia de 27 de noviembre de 2006.
19 Aplicativo de gestión judicial SAMAI. Expediente de la primera instancia.
20 https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/j04ctopeqdo_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fper
sonal%2Fj04ctopeqdo%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPROCESOS%20ACTU
ALIZADO%2FPENALES%2FLEY%20906%2F2025%2F005%2EMAYO%2FDAINER%20ESTIVEN%20MENA
%20QUEJADA%2F01PrimeraInstancia%2FC01Principal%2F01Preliminares&viewid=b9e167fc%2Db0ae%2D4
5f7%2D8fa1%2D89cd1376c764&ga=1. Proceso penal con radicado 27001600110020250004300.
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Radicación: 27001-23-33-000-2026-00087-01
Demandantes: Dainer Estiven Mena Quejada y Malcon Seanckler
Salamandra Cabrera
Demandado: Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Quibdó
la defensa técnica y de dificultades de conexión de los procesados, circunstancias
que obligaron a fijar nueva fecha para la continuación del juicio.
100. El 13 de mayo de 2026 se instaló la segunda sesión del juicio oral y se practicó
prueba pericial; sin embargo, la diligencia debió suspenderse nuevamente a
solicitud de la defensa, pues uno de los nuevos apoderados manifestó requerir
tiempo adicional para garantizar adecuadamente el ejercicio del derecho de
defensa y el otro señaló no haber revisado la totalidad de la documentación del
proceso.
101. Finalmente, el 3 de junio de 2026 el despacho reconoció personería a un
nuevo defensor y dispuso continuar la audiencia de juicio oral el 14 de julio de
2026.
102. En consecuencia, la verificación del término máximo previsto en el parágrafo
1º del artículo 307 de la Ley 906 de 2004 exige un análisis que corresponde
efectuar, en primer lugar, al juez natural del proceso penal, quien es el competente
para establecer no solo la fecha a partir de la cual debe computarse la medida de
aseguramiento, sino también si el asunto se encuentra dentro de los eventos
susceptibles de prórroga y si existen períodos que, por disposición legal, no deben
contabilizarse dentro del término máximo de duración de la restricción de la
libertad.
103. En efecto, dicha valoración supone examinar integralmente el desarrollo de la
actuación penal, incluyendo las suspensiones, aplazamientos, reprogramaciones
de audiencias, cambios de defensor, solicitudes formuladas por la defensa y
demás incidencias procesales que puedan tener relevancia para determinar si
existieron demoras atribuibles a la actividad de los procesados o de sus
apoderados, así como su eventual incidencia en el cómputo de los términos
legales de la medida de aseguramiento.
104. De esta manera, la sola afirmación de que ha transcurrido más de un año
desde la captura o desde la imposición de la medida de aseguramiento no
permite, per se, concluir la existencia de una prolongación ilegal de la privación de
la libertad. Tal decisión requiere un pronunciamiento previo de la autoridad judicial
competente dentro del proceso penal, escenario en el cual podrán debatirse y
valorarse las circunstancias particulares del caso y los efectos jurídicos de las
actuaciones surtidas durante el trámite.
105. El recurrente señaló que presentó una petición de preclusión con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 332 numeral 3º de la Ley 906 de 2004 fundada en la
ausencia de flagrancia y en la falta de acreditación de la participación de los
procesados en la conducta investigada.
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Radicación: 27001-23-33-000-2026-00087-01
Demandantes: Dainer Estiven Mena Quejada y Malcon Seanckler
Salamandra Cabrera
Demandado: Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Quibdó
106. Sobre el particular, se pone de presente que el Juzgado Cuarto Penal del
Circuito Especializado de Quibdó rechazó de plano tal petición21, en tanto que la
estimó manifiestamente inconducente, al estar sustentada en argumentos propios
de alegatos de conclusión y no en la causal invocada.
107. Además, se precisa que el numeral 3º del artículo 332 mencionado establece
como causal de preclusión la “inexistencia del hecho investigado”, por lo tanto la
solicitud presentada por la defensa estuvo orientada a cuestionar la existencia del
hecho punible o la responsabilidad de los procesados dentro de la actuación penal
y no a solicitar la libertad por una presunta aprehensión por la falta de garantías
constitucionales y legales, por el vencimiento del término de la medida de
aseguramiento o por la presunta prolongación ilícita de la privación de la libertad.
108. Así las cosas, dicha petición no puede tenerse como una solicitud de libertad
formulada ante el juez natural del proceso, en tanto que esta tiene una finalidad
procesal distinta y se sustentaba en presupuestos jurídicos diferentes, razón por la
cual su presentación y posterior rechazo no puede tomarse como hecho para
entender agotado el mecanismo ordinario para que proceda de manera
excepcional la acción constitucional de habeas corpus.
109. Se reitera que la intervención del juez constitucional no puede traducirse en
una instancia paralela ni en una actuación supletoria o alternativa de los
mecanismos ordinarios previstos en la ley. El habeas corpus, si bien es preferente,
como acción excepcional de protección de la libertad, no sustituye la competencia
del juez de conocimiento para pronunciarse sobre la procedencia de la libertad, ni
permite desplazar a dicha autoridad en la valoración de los presupuestos legales
establecidos para tal efecto.
110. En cuanto al cuestionamiento relativo a la competencia del Juzgado Cuarto
Penal del Circuito Especializado de Quibdó para adelantar el proceso penal, se
advierte que dicho planteamiento fue expuesto únicamente en sede de
impugnación, razón por la cual no resulta procedente su análisis en observancia
de los derechos al debido proceso y de contradicción de los demás sujetos
procesales.
111. Sin perjuicio de lo anterior, dicho argumento se encuentra relacionado con las
actuaciones surtidas dentro del proceso penal y con la eventual incidencia que ello
pueda tener en el cómputo del término previsto en el parágrafo 1º del artículo 307
de la Ley 906 de 2004, disposición que contempla un régimen especial de
prórroga de la medida de aseguramiento cuando el proceso se tramita ante la
justicia penal especializada.
21 Índice 2 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. Expediente de la segunda instancia.
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Radicación: 27001-23-33-000-2026-00087-01
Demandantes: Dainer Estiven Mena Quejada y Malcon Seanckler
Salamandra Cabrera
Demandado: Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Quibdó
112. De esta manera, la determinación referente a si el asunto corresponde o no al
conocimiento de un juez especializado, así como la incidencia sobre el término de
la medida de aseguramiento, constituye un asunto que debe ser definido por el
juez natural y no por el juez constitucional del habeas corpus.
113. En conclusión, no se configura alguno de los supuestos que habilitan la
procedencia del habeas corpus, razón por la cual se confirmará la decisión de
instancia, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Sala Unitaria, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la providencia de 5 de junio de 2026 proferida por el
Tribunal Administrativo del Chocó, Despacho 03.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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