Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-31-000-1997-09839-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-31-000-1997-09839-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-31-000-1997-09839-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
5 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: EJECUTIVO
Radicación: 41001-23-31-000-1997-09839-02 (2458-2022)
Demandante: Luis Alfonso Losada España
Demandado: Departamento del Huila
Temas: Ejecutivo laboral - Facultades oficiosas del juez.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 12 de marzo de 2021 por el Tribunal Administrativo del
Huila, por medio de la cual declaró probada parcialmente la excepción de pago
propuesta por la entidad demandada y dispuso seguir adelante la ejecución.
ANTECEDENTES
El señor Luis Alfonso Losada España interpuso demanda ejecutiva con el fin de que
se cumpla la sentencia de segunda instancia proferida el 21 de octubre de 2009 por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante la cual se ordenó
el nombramiento en periodo de prueba en el cargo de jefe de unidad y el pago de
las diferencias por concepto de salarios y prestaciones sociales que dejó de percibir
desde el 30 de mayo de 1997 y hasta cuando sea nombrado en periodo de prueba.
PRETENSIONES
Como consecuencia de lo anterior solicitó, se librara mandamiento ejecutivo por la
suma de $196.924.560 junto con los intereses legales mercantiles de mora desde
el 5 de noviembre de 2010 y hasta que se verifique el pago.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que pueden resumirse de la siguiente
manera:
Que el demandante interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 41001 23 31 000 1997 09839 02 (2458-2022)
en contra del departamento del Huila con el fin de que se ordenara su vinculación y
nombramiento en el cargo de jefe de unidad, código 2035, grado 43, de la Unidad
Regional de Planificación Agropecuaria en la planta de personal del departamento,
para el cual concursó y ocupó el primer lugar, además, el pago los salarios y
prestaciones que dejó de percibir desde el 30 de mayo de 1997.
Que el Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 30 de agosto de
2007, se inhibió para emitir pronunciamiento de mérito por ineptitud sustantiva de la
demanda, providencia que fue recurrida y la Sección Segunda del Consejo de
Estado en fallo de segunda instancia del 21 de octubre de 2009 a título de
restablecimiento del derecho ordenó nombrar al señor Losada España en periodo
de prueba en el cargo de jefe de unidad, código 2035, grado 43 o en otro de igual o
superior categoría. Declaró que no existió solución de continuidad y finalmente
condenó al departamento a pagar las diferencias que por concepto de salarios y
prestaciones sociales dejó de percibir el demandante desde el 30 de noviembre de
1997 y hasta cuando sea nombrado en periodo de prueba.
El departamento del Huila profirió el Decreto 3744 de 2010 en el cual señaló la
imposibilidad física y jurídica de realizar el nombramiento en periodo de prueba y
ordenó liquidar y pagar las diferencias salariales y prestacionales.
A través de Resolución 258 de 2010, la entidad demandada reconoció y ordenó el
pago de $156.143.516 como cumplimiento de la orden judicial.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo del Huila mediante providencia del 4 de agosto de 2017,
libró mandamiento por: i) $33.337.148, como capital adeudado después del abono,
ii) $63.144.970, como intereses moratorios desde el 6 de noviembre de 2010 (día
siguiente al pago realizado) hasta el 31 de marzo de 2017 y los que llegaren a
causar hasta cuando se haga efectivo el pago.
El departamento se opuso, con fundamento en las siguientes excepciones:
i) Pago. Dice que, la liquidación contenida en la Resolución 258 de 2010 no tiene
ningún error en los salarios y prestaciones sociales que correspondían al empleo de
jefe de unidad, código 2035, grado 43, además, el valor de $156.143.516 fue
recibido a satisfacción por el demandante.
ii) Prescripción. Las prestaciones que se ejecutan corresponden a salarios y
prestaciones sociales que se encuentran prescritas, toda vez que la obligación de
su pago se hizo exigible desde la ejecutoria de la sentencia del Consejo de Estado
del 21 de octubre de 2009, la cual conforma el título ejecutivo y la reclamación de
las diferencias se presentó el 5 de noviembre de 2013 con la demanda ejecutiva.
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iii) Nulidad relativa. El envío tardío de las pruebas anexas a la demanda ejecutiva
no permitió controvertir el dictamen pericial, con lo que se afectó el derecho de
contradicción.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 12 de marzo de 2021,
declaró probada parcialmente la excepción de pago propuesta por la entidad
demandada y dispuso seguir adelante la ejecución, expresando que el contador de
la corporación para determinar los salarios que percibía el funcionario que laboraba
en el cargo de mayor jerarquía, tomó una certificación salarial que obra en el
expediente sin percatarse que para el año 1997 se informó el salario de un servidor
de grado 50, y el título ejecutivo ordenó el nombramiento del demandante en un
cargo ejecutivo de grado 43.
Que conforme a la Ordenanza 73 de 1996, por la cual se establecen las escalas de
remuneración en la gobernación del departamento del Huila, el salario del nivel
ejecutivo grado 43 correspondía a $882.400 y no a $1.108.000 como lo señaló la
liquidación realizada antes de librar el mandamiento pago, pues ese salario
corresponde a un cargo de grado 50.
Luego de determinar el valor de las diferencias indexadas consideró que el valor
reconocido en exceso al inicio de la actuación sería descontado en la sentencia, por
lo tanto, como se fijó un capital adeudado de $165.098.233, restó el valor en exceso
de $3.221.253, lo que arrojó un capital final de $161.876.980.
Que la Gobernación del Huila al 5 de noviembre de 2010, debió cancelar a favor del
señor Luis Alfonso Losada España la suma de $161.876.980 por concepto de capital
y el valor de $16.742.776 por intereses moratorios, para un total adeudado de
$178.619.756.
Que el demandante no probó que hubiera instado a la entidad demandada para
incentivar el cumplimiento de la sentencia, ni tampoco la requirió al momento de
observar la presunta indebida liquidación, por lo tanto, al no obrar solicitud de
cumplimiento de la sentencia, los intereses serían liquidados hasta los primeros seis
meses o hasta el pago de la condena, lo que ocurra primero, término que se contará
desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia objeto recaudo.
Que como la ejecutoria de la sentencia invocada como título ejecutivo, fue el 9 de
febrero de 2010, los intereses moratorios solo pudieron causarse desde el día
siguiente, esto es, desde el 10 de febrero de 2010, y hasta los primeros seis meses,
que se cumplieron el 9 de agosto de 2010, o hasta el pago de la condena, si fue
esté fue con anterioridad y como la demandada efectuó el pago de la condena el
día 5 de noviembre de 2010, los intereses solo se liquidarán hasta el 9 de agosto
de 2010.
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Que el pago de $156.143.516, primero cubrió el valor de intereses, es decir
$16.742.776, y el valor restante de $139.400.740 se aplicó al capital, faltando por
cancelar la suma de $22.476.240.
Se ordenó seguir adelante la ejecución por el valor de $22.476.240, sin incluirse otro
cómputo de intereses por no cumplir con el requerimiento señalado en el artículo
177 del CCA.
RECURSO DE APELACIÓN
El apoderado del demandante interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia, argumentando que el dictamen pericial aportado con la demanda no fue
controvertido en la contestación y la proposición de las excepciones de mérito.
Que el tribunal ordenó se efectuara una liquidación por parte de un funcionario de
dicha corporación para tener certidumbre sobre la suma que se debía al
demandante luego del pago realizado por Resolución 258 de 2010, la cual estuvo
soportada con explicaciones técnicas, con fundamento en la providencia del
Consejo de Estado y los factores salariales que están en el expediente.
Que la consecuencia esperada es que el fallo acogiese una u otra de las
liquidaciones, como se hizo en el mandamiento de pago, pero así no sucedió en la
sentencia, sin que sea viable que el juez realice una modificación de oficio.
Que se presentó una vulneración al debido proceso por cuanto el tribunal modificó
una decisión que se encontraba en firme para introducir una excepción de oficio que
varió la liquidación.
Que el momento procesal de la liquidación no ha llegado aún, porque este debe ser
antecedido de la sentencia de excepciones y una vez esta se halle ejecutoriada, las
partes deben tener la oportunidad de presentar su liquidación. Luego, expone el
recurrente, de esa cuenta debe darse el traslado de rigor y vencido este el juez
decidirá si la aprueba o no, por lo que es improcedente introducir una liquidación de
oficio sin agotar el trámite previsto en el artículo 446 del CGP.
Que no es procedente desconocer los intereses moratorios pues el reclamo de la
parte demandante ha sido permanente y persistente al «poner en movimiento la
pesada máquina de la jurisdicción y procurar que ella no colapse llevándose de paso
el interés jurídicamente tutelado».
Que la providencia en su parte considerativa consagró que las agencias en derecho
estarían a cargo de la parte demandada, mientras que en la parte resolutiva se
dispuso condenar en costas a la parte ejecutante por lo que observa una
contradicción.
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TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
Se admitió el recurso el 24 de mayo de 2022.
Ni las partes, ni el Ministerio Público se pronunciaron en esta instancia.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
El problema jurídico
Conforme al recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, el problema
jurídico se circunscribe a establecer si el Tribunal Administrativo del Huila en la
providencia que ordena seguir adelante con la ejecución podía variar las sumas por
los cuales se dictó el mandamiento de pago, si se presentó un desconocimiento de
los intereses moratorios y si el error consagrado en la parte resolutiva con respecto
a las costas es un asunto insuperable.
Generalidades del proceso ejecutivo
El legislador instituyó el proceso ejecutivo como un mecanismo judicial encaminado
a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, que se encuentre contenida en un título ejecutivo. Bajo este entendido, el
cumplimiento de la obligación deviene imperativo y no requiere declarar la existencia
del derecho, pues este ya ha sido constituido en un título valor, contrato o decisión
judicial. En efecto, el instrumento base del recaudo en el proceso ejecutivo se
denomina título ejecutivo. Al respecto, el artículo 422 del Código General del
Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, dispone:
Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las
obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las
que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier
jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de
policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la
justicia, y los demás documentos que señale la ley. […]. (Resaltado fuera del texto).
Por su parte, el artículo 297 del CPACA establece que constituyen título ejecutivo,
entre otros, las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad
pública al pago de sumas dinerarias.
Ahora bien, cuando el juez compruebe el cumplimiento de los requisitos formales y
sustanciales del título ejecutivo consagrados en el artículo 422 del CGP, le
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Radicación: 41001 23 31 000 1997 09839 02 (2458-2022)
corresponde proferir el auto mediante el cual se libra el mandamiento de pago,
conforme lo dispone el 430 del CGP.
Por su parte, el ejecutado puede presentar las excepciones de mérito en ejercicio
legítimo de su derecho de defensa, conforme lo permite el artículo 442 ibidem.
Dichas excepciones tienen la finalidad de enervar la pretensión, esto es, de dejar
sin fundamento la obligación contenida en el título ejecutivo. La jurisprudencia las
ha definido como «medios de defensa que atacan la obligación material contenida
en el título de recaudo ejecutivo y que implican su desconocimiento total o parcial».1
Estudio de las excepciones en el proceso ejecutivo
El artículo 443 del CGP establece el trámite al que están sujetas las excepciones
que se proponen en el proceso ejecutivo de la siguiente manera:
Artículo 443. Trámite de las excepciones. El trámite de excepciones se sujetará a las
siguientes reglas:
1. De las excepciones de mérito propuestas por el ejecutado se correrá traslado al
ejecutante por diez (10) días, mediante auto, para que se pronuncie sobre ellas, y
adjunte o pida las pruebas que pretende hacer valer.
2. Surtido el traslado de las excepciones el juez citará a la audiencia prevista en el
artículo 392, cuando se trate de procesos ejecutivos de mínima cuantía, o para
audiencia inicial y, de ser necesario, para la de instrucción y juzgamiento, como lo
disponen los artículos 372 y 373, cuando se trate de procesos ejecutivos de menor y
mayor cuantía.
Cuando se advierta que la práctica de pruebas es posible y conveniente en la
audiencia inicial, el juez de oficio o a petición de parte, decretará las pruebas en el
auto que fija fecha y hora para ella, con el fin de agotar también el objeto de la
audiencia de instrucción y juzgamiento de que trata el artículo 373. En este evento,
en esa única audiencia se proferirá la sentencia, de conformidad con las reglas
previstas en el numeral 5 del referido artículo 373.
3. La sentencia de excepciones totalmente favorable al demandado pone fin al proceso;
en ella se ordenará el desembargo de los bienes perseguidos y se condenará al
ejecutante a pagar las costas y los perjuicios que aquel haya sufrido con ocasión de
las medidas cautelares y del proceso.
4. Si las excepciones no prosperan o prosperan parcialmente, en la sentencia se
ordenará seguir adelante la ejecución en la forma que corresponda.
5. La sentencia que resuelva las excepciones hace tránsito a cosa juzgada, excepto en
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de
noviembre 2009, radicado: 25000-23-26-000-2002-01920-02 (32666). En esta providencia se citó lo
siguiente: «el profesor, Eduardo J. Coutere, en su obra Fundamentos de Derecho Procesal Civil.
Editorial Depalma Buenos Aires, 1981, expuso: “Las excepciones perentorias no son defensas sobre
el proceso sino sobre el derecho. No procuran la depuración de elementos formales de juicio, sino
que constituyen la defensa de fondo sobre el derecho cuestionado.”».
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el caso del numeral 3 del artículo 304.
6. Si prospera la excepción de beneficio de inventario, la sentencia limitará la
responsabilidad del ejecutado al valor de los bienes que le hubieren sido adjudicados
en el proceso de sucesión. (Subraya fuera de texto)
Ahora bien, de conformidad con lo regulado en el artículo 187 del CPACA, norma
que no resulta incompatible con el trámite del proceso ejecutivo, en la sentencia se
decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
halle probada.
Artículo 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella
se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de
las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente
necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y
precisión y citando los textos legales que se apliquen.
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra
que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior
estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la
no reformatio in pejus. (Subraya fuera de texto).
Frente al tema de la proposición y decisión de excepciones en el proceso ejecutivo,
esta Corporación se ha pronunciado en el sentido de considerar que en el trámite
de este tipo de asuntos, el juez puede advertir hechos o elementos probatorios que
afectan de manera directa la ejecución, situaciones que deben ser analizadas por
el director del proceso quien debe tener certeza sobre los requisitos de existencia
del título, de tal manera que no haya equívoco acerca de que se trate de una
obligación clara, expresa y exigible, que permita el cumplimiento del derecho.
«Sobre la posibilidad de declarar probadas de oficio las excepciones de mérito en el
proceso ejecutivo, la Sala de la Sección se ha pronunciado en el sentido de señalar
que el objeto fundamental de este tipo de procesos radica en el cumplimiento forzado
de una obligación2, es decir, asegurar que el titular de una relación jurídica que genera
obligaciones pueda obtener, a través de la intervención del Estado, el cumplimiento
de ellas, obligando al deudor a ejecutar la prestación a su cargo, “… para lo cual es
necesario tener presente que es el patrimonio de éste el llamado a responder y
garantizar el cumplimiento de esas obligaciones en el caso de la acción personal, o
el bien gravado en el caso de la acción real …”3.
Como el centro de gravedad de este tipo de procesos radica en el título ejecutivo, en
el transcurso del proceso puede surgir o evidenciarse algún hecho que afecte la
ejecución y el juez está en la obligación de analizarlo y declararlo, en caso de que lo
encuentre probado. Lo anterior, por cuanto el juez no se puede limitar a la ejecución
propiamente dicha, pues, si se ataca el derecho ejecutado o se cuestiona la eficacia
del título que sirve de base del recaudo, el proceso se convierte en uno de
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 12 de agosto de
2004, exp. 21.177.
3 Corte Constitucional, sentencia C-198 de 2001.
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conocimiento, cuyo objeto, entonces, consistirá en analizar los argumentos orientados
a desvirtuar el derecho del ejecutante o a verificar la eficacia del título mismo.
Así, pues, la Sala ha considerado que el juez de ejecución debe analizar, al momento
de dictar sentencia, la existencia de dos tipos de derechos: i) en el evento de
proposición de excepciones, el juez estudia la existencia y titularidad del derecho que
se pretende ejecutar y ii) aún en la ausencia de un ataque directo al derecho que se
pretende ejecutar, el juez de la ejecución debe tener certeza sobre los requisitos de
existencia del título, de tal manera que no exista equívoco acerca de que se trate de
una obligación clara, expresa y exigible, que permita el cumplimiento del derecho
mediante la coacción del Estado4
Ahora, es de anotar que no existe en el ordenamiento procesal norma alguna que
impida la declaratoria oficiosa de excepciones en un proceso ejecutivo o que el
hacerlo implique una violación al principio de congruencia.»5
Caso concreto
Se encuentran establecidos los siguientes hechos:
• El 30 de agosto de 2007, el Tribunal Administrativo del Huila profirió sentencia de
primera instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por el demandante contra el departamento del Huila, mediante la cual
dispuso lo siguiente:6
PRIMERO. INHIBISE (sic) para emitir un pronunciamiento de mérito por ineptitud
sustantiva de la demanda.
• El 21 de octubre de 2009, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, revocó la sentencia y en su lugar, resolvió:7
DECLÁRESE la nulidad del Decreto No. 0594 de 30 de mayo de 1997 expedido por
el Gobernador del Departamento del Huila, mediante el cual nombró en
provisionalidad a ÁLVARO MUÑOZ TRUJILLO en el cargo de Jefe de Unidad, código
2035, grado 43, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Minero.
A título de restablecimiento del derecho, la entidad demandada deberá nombrar a
ALFONSO LOSADA ESPAÑA, en periodo de prueba, en el cargo de Jefe de Unidad,
código 2035, grado 43 o en otro de igual o superior categoría, de conformidad con lo
expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
DECLÁRESE que para todos los efectos no ha existido solución de continuidad en la
prestación de los servicios por parte del señor ALFONSO LOSADA ESPAÑA.
4 Sentencia del 12 de agosto de 2004, citada en precedencia.
5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, providencia del 1 de febrero de 2018, Radicación: 25000-
23-26-000-2007-10179-01(40254).
6 Folios 5 a 21 cuaderno 1.
7 Folios 30 a 47 cuaderno 1.
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Radicación: 41001 23 31 000 1997 09839 02 (2458-2022)
CONDÉNESE al Departamento del Huila a pagar las diferencias que por concepto de
salarios y prestaciones sociales dejó de percibir el demandante desde el 30 de mayo
de 1997 y hasta cuando sea nombrado en periodo de prueba como Jefe de Unidad o
en otro cargo de igual o superior categoría, conforme se expuso en la parte motiva de
esta providencia.
• Mediante Resolución 3744 del 28 de octubre de 2010 el gobernador del
departamento del Huila declaró la imposibilidad jurídica de realizar el nombramiento
en periodo de prueba y ordenó liquidar y pagar al señor Alfonso Losada España las
diferencias que por concepto de salarios y prestaciones sociales dejó de percibir
desde el 30 de mayo de 1997 hasta el 30 de marzo de 2005, teniendo en cuenta
que mediante Decreto 413 le fue aceptada la renuncia por adquirir el estatus de
pensionado.8
• Por Resolución 258 de 2010 la Secretaría de Hacienda del departamento del Huila
dio cumplimiento al fallo proferido por el Consejo de Estado, por lo que reconoció y
ordenó el pago de la suma de $156.143.516 al señor Losada España.9
• El ejecutante para soportar su pretensión de mandamiento, aportó dictamen
pericial rendido por un economista.10
• Mediante providencia del 13 de marzo de 2017, el Tribunal Administrativo del Huila
para tener mayor certidumbre de lo debido por el departamento, solicitó al contador
adscrito a esa corporación que elaborara la liquidación de las diferencias y
prestaciones dejadas de percibir por el demandante, en atención a los criterios
fijados en la sentencia proferida por el Consejo de Estado.11
• Por auto del 4 de agosto de 2017, el a quo libró mandamiento ejecutivo por
$33.337.148 como capital adeudado después del abono y $63.144.970 como
intereses moratorios con fundamento en la liquidación realizada por el contador
adscrito al tribunal.12
• Mediante sentencia de decisión de excepciones del 12 de marzo de 2021 se
consideró, entre otros aspectos, lo siguiente:
Ahora bien, debe precisar la Sala que el Contador de la Corporación para determinar
los salarios que percibía el funcionario que laboraba en el cargo de mayor jerarquía,
tomó la certificación salarial vista de folio 113 y siguientes, sin embargo no se percató
que para el año 1997 se informó el salario de un servidor grado 50, y el título ordenó
el nombramiento del demandante en un cargo ejecutivo grado 43.
Así las cosas, se tiene que conforme la Ordenanza 73 de 1996, por la cual se
establecen las escalas de remuneración en la Gobernación del Departamento del
8 Folios 49 a 54 cuaderno1.
9 Folios 55 a 60 cuaderno 1.
10 Folios 61 a 65 cuaderno 1.
11 Folio 52 cuaderno 2.
12 Folios 60 a 62 cuaderno 2.
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Radicación: 41001 23 31 000 1997 09839 02 (2458-2022)
Huila (Archivo 013), se indicó que el salario del nivel ejecutivo grado 43 correspondía
a $882.400 y no a $1.108.000 como lo señaló la liquidación realizada antes de librar
mandamiento de pago, pues ese salario corresponde a un cargo grado 50.
[…]
Una vez establecido el valor de las diferencias indexadas para el año 1997, según los
salarios devengados por el actor, y los correspondientes al nivel ejecutivo grado 43,
se tiene que el señor Luis Alfonso Losada España dejó de percibir la suma de
$6.152.861, y no de $9.374.114, como se estableció antes de proferir el mandamiento
de pago.
Como se expuso en los antecedentes del presente asunto, uno de los motivos de
inconformidad que propuso la parte recurrente, tiene que ver con la actividad
oficiosa que desplegó el juez de primera instancia y que concluyó en que no tuviera
en cuenta las sumas determinadas en el dictamen ni las consignadas en el
mandamiento ejecutivo.
Este argumento de reproche habrá de despacharse de manera desfavorable,
teniendo en cuenta que si bien la parte ejecutante allegó un dictamen que no fue
controvertido por el departamento del Huila, ello no limita la facultad de valoración
de que está investido el juez, en otras palabras, la presentación y no oposición de
la prueba no implica que el operador judicial quede supeditado a dicha pericia, sino
que le otorgará el valor probatorio que considere, en atención a los demás
elementos de juicio que reposen en el expediente, de conformidad con lo prescrito
en el artículo 176 del CGP.13
Adicional a lo anterior, resulta evidente que, tal como lo ha sostenido la
jurisprudencia, no existe en el ordenamiento procesal norma alguna que impida la
declaratoria oficiosa de excepciones en un proceso ejecutivo o que el hacerlo
implique una violación al principio de congruencia, por el contrario, si del examen
minucioso de lo que reposa en el plenario se advierten hechos o elementos
probatorios que lleven al juez a una conclusión, como en el presente caso, diferente
a lo alegado por la parte demandante o incluso a lo ya dicho en el proceso, es deber
del director del proceso dirimir el asunto con la evidencia que se encuentre en el
juicio.
Así las cosas, como lo que advirtió el tribunal al momento de proferir la sentencia
objeto de recurso, fue que el salario tenido en cuenta en los informes anteriores no
coincidía con lo que fue ordenado en la sentencia base de recaudo, podía en
atención a la valoración del título proceder con la ejecución de la manera que
consideró correcta, sin que ello desconozca los postulados fundamentales que
regulan este tipo de asuntos.
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Artículo 176. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con
las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia
o validez de ciertos actos
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Radicación: 41001 23 31 000 1997 09839 02 (2458-2022)
Otro aspecto con el que se mostró inconformidad en el recurso de apelación tiene
que ver con el presunto desconocimiento de los intereses moratorios. Frente al
punto, la sentencia que profirió el tribunal de manera específica hizo referencia al
tema en los siguientes términos:
Conforme a lo anterior, la sentencia en su parte motiva ordenó el cumplimiento de la
orden de conformidad con el artículo 177 del CCA, vigente para la época en que se
tramitó el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual se
indicaba i) que las sumas reconocidas en la condena devengan intereses moratorios
desde el día siguiente a la ejecutoria y hasta antes del pago de la obligación, ii) pero
si el demandante no reclamó el pago de la sentencia dentro de los 6 meses siguientes
a la ejecutoria, los intereses moratorios se liquidaran (sic) por los primeros 6 meses y
nuevamente se reanudara su cómputo a partir del día siguiente a la presentación de
la solicitud y iii) de no presentarse solicitud alguna, solo se configuraran (sic) intereses
moratorios por los primeros 6 meses.
Conforme lo expuesto, se tiene que el demandante se encuentra en la tercera regla
de liquidación, pues no probó que hubiera requerido a la entidad demandada para
incentivar el cumplimiento de la sentencia, no tampoco la requirió al momento de
observar la presunta indebida liquidación, por lo tanto, al no obrar solicitud de
cumplimiento de la sentencia, los intereses serán liquidados hasta los primeros seis
meses o hasta el pago de la condena, lo que ocurra primero, término que se contará
desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia objeto de recaudo.
Entonces, no resulta de recibo que se alegue un desconocimiento cuando lo que se
hizo en la providencia fue una valoración de lo que reposaba en el proceso para
concluir cuál era el monto que debía ser ordenado por este concepto, en otros
términos, el tribunal sí estudió el asunto y dispuso una suma por intereses
moratorios.
Finalmente, la inconformidad que el demandante propuso con respecto a la
incongruencia de la providencia del 12 de marzo de 2021 frente a la condena en
costas, se modificará la parte resolutiva en el sentido de precisar que se condena
en costas a la parte ejecutada.
De la condena en costas de segunda instancia
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art.188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso
que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las
partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no obstante,
dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
11
Radicación: 41001 23 31 000 1997 09839 02 (2458-2022)
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2° del art.188 de la Ley
1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio enunciado, se observa de los fundamentos
del recurso de apelación que no se presenta una carencia de fundamentación legal
que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, la parte recurrente propuso
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, en consecuencia, no
se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Modificar el ordinar tercero de la sentencia proferida el 12 de marzo de
2021 por el Tribunal Administrativo del Huila, en el sentido de precisar que la
condena en costas es en contra de la parte ejecutada y en favor del señor Luis
Alfonso Losada España.
Segundo: Confirmar en lo demás el fallo apelado conforme lo expuesto en la parte
considerativa.
Tercero: Sin condena en costas por lo brevemente expuesto.
Cuarto: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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