Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-31-000-2004-00980-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 41001-23-31-000-2004-00980-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-31-000-2004-00980-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 41001-23-31-000-2004-00980-01
Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa
7 de mayo de 2018
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Niega. Caso: Hurto a establecimiento comercial durante el embargo y secuestro del mismo ordenado en proceso ejecutivo mixto / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - No se configuró. El secuestre fue designado conforme a la ley y desempeñó su cargo con diligencia / HURTO A ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EMBARGADO Y SECUESTRADO EN PROCESO EJECUTIVO - Negligencia de propietario del inmueble / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA - Se configuró. Ausencia del servicio de vigilancia para el bien inmueble
Con respecto a las actuaciones del Juzgado Tercero Civil del Circuito, se tiene que dicho despacho atendió cada una de las manifestaciones realizadas por los respectivos secuestres, si bien se generó una controversia respecto de la posesión del señor Luna Arce, es claro para la Sala que el secuestre Cedeño Manchola desempeñó su encargo con diligencia (…) [N]o existió negligencia por parte de los auxiliares de justicia en el desempeño de su labor, ni la violación de deberes e incumplimiento de funciones previstas para el cargo, pues lo que propició que el mismo fuera objeto de saqueo fue que no existía una debida vigilancia, la cual no podía ser suministrada por estos, toda vez que es claro que el bien embargado era un establecimiento de comercio que no estaba en funcionamiento desde antes de la diligencia de embargo y secuestro del “Hotel del Río”, por lo que no contaban con ingresos para ello; además, pese a ello, el señor Cedeño veló por colocar una seguridad con candados y reforzar las paredes, sin que esto surtiera ningún efecto. (…) [L]a parte demandante en esta acción de reparación directa tuvo un actuar omisivo dentro del proceso ejecutivo que se adelantó en su contra, pues no estuvo atento a las providencias proferidas en el mismo, ni las recurrió oportunamente; tampoco alertó al juzgado de las supuestas irregularidades cometidas por el secuestre, ni aportó documentos informativos de lo que acontecía (…) Frente a ello, los aquí demandantes asumieron un silencio negligente, que configura la culpa exclusiva de la víctima. En efecto, con base en lo expuesto, encuentra la Sala que está demostrada la culpa exclusiva de la víctima, pues la parte demandante conociendo de la situación de peligro que se cernía sobre el inmueble secuestrado, no ejecutó actividad alguna, como advertir tanto al Juzgado como al secuestre de dicha situación; (…) Como ya se advirtió, es claro para la Sala que existió una omisión de la parte demandada dentro del proceso ejecutivo; entonces, si bien se ocasionó un daño, como lo es la pérdida del valor del inmueble embargado y secuestrado, el mismo no se ocasionó por la negligencia del secuestre o la omisión de los deberes funcionales del juez; pues el secuestre no abandonó el inmueble y el Juez siempre informó de lo sucedido a las partes, frente a lo cual la parte ejecutada, aquí demandante, nunca se pronunció ni advirtió que esto podida suceder, pues conocía de la situación que se podía presentar; ni veló por colocar el cuidandero o vigilante que solicitó el Secuestre Arce Luna. Es claro que el daño no lo podía evitar la actividad del auxiliar de la justicia, puesto que el Hotel del Río no era productivo, por lo que este no podía asumir el pago de un vigilante o cuidandero; con base en todo lo anterior la Sala determina que el daño antijurídico demostrado en el sub judice no es atribuible al Estado sino al propio perjudicado y eventualmente a su contraparte, la cual no fue vinculada a este proceso contencioso administrativo, por lo que la Sala negará las pretensiones de la demanda al encontrarse configurado el eximente de responsabilidad de culpa de la víctima. NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto del consejero Guillermo Sánchez Luque. Al respecto ver las aclaraciones a las providencias 39876 de 2018 y 33494 de 2016.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
Bogotá D.C., siete (07) de mayo de dos mil dieciocho (2018).
Radicación número: 41001-23-31-000-2004-00980-01(40983)
Actor: HERNÁN SANDOVAL FORERO Y OTROS
Demandado: LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)
Contenido: Descriptor: Contenido: Descriptor: Se revoca la decisión que declaró la caducidad de la acción, y en su lugar se niegan las pretensiones de la demanda por encontrarse configurado el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima. Restrictor: Aspectos procesales – legitimación en la causa – caducidad de la acción / Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del estado - La responsabilidad del Estado por daños derivados de la Administración de Justicia - Régimen de Responsabilidad de daños derivados de la actividad judicial en el ordenamiento Colombiano - La responsabilidad al Estado por Error Jurisdiccional - El daño antijurídico en el evento de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia –Caso concreto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 08 de febrero de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila que declaró probado de manera oficiosa las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa de la señora Aura Rodríguez Sandoval, y la de caducidad de la acción, en consecuencia se abstuvo de resolver el fondo del asunto.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Fue presentada el 13 de agosto de 2004 por Hernán Sandoval Forero y Aurora Rodríguez de Sandoval, quienes actuando en nombre propio y por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa contenida en el artículo 86 del C.C.A, solicitaron que se declare administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación Rama Judicial –Dirección Ejecutiva de Administración Judicial por la falla en el servicio, derivada de la ausencia o deficiencia en la administración, custodia y conservación del inmueble secuestrado dentro del proceso ejecutivo mixto que se adelantó por el Banco Cafetero contra los aquí demandantes en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva . Consecuencialmente solicitó que se hicieran la siguiente condena:
1.1.- Por concepto de “daños y perjuicios, materiales y morales, consolidados y futuros sufridos por los demandantes HERNAN SANDOVAL FORERO y AURORA RODRÍGUEZ SANDOVAL”. En consecuencia “condenar a la parte demandada a pagar a favor de los demandantes (…) la suma de CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/ CTE ($419.214.180) debidamente indexada o actualizada hasta el momento del pago, o la suma de dinero que resulte probada en el proceso, más los intereses moratorios de la citada cantidad, que corresponde al valor del deterioro o disminución del precio real comercial del inmueble embargado y secuestrado, como consecuencia directa de la deficiente custodia, vigilancia, administración y conservación del citado inmueble, dentro del proceso ejecutivo mencionado”.
2. Como fundamento de sus pretensiones la parte actora expuso los siguientes hechos:
Que el 20 de marzo de 1997 el banco Cafetero, hoy Bancafé, radicó demanda ejecutiva mixta contra los señores Hernán Sandoval Forero y Aurora Rodríguez de Sandoval, para el cobro de varias obligaciones que estos tenían con esa entidad, solicitando como medida cautelar el embargo y secuestro de un inmueble hipotecado de propiedad de Sandoval Forero, ubicado en el municipio de Palermo, Huila. En desarrollo de ese proceso judicial, el 04 de abril de 1997, el Juzgado Tercero Civil de Circuito de Neiva libró orden de pago a favor de la parte demandante y ordenó el embargo y secuestro del inmueble hipotecado.
El 08 de abril de 1997 los señores Hernán Sandoval Forero y Aurora Rodríguez de Sandoval se notificaron del mandamiento de pago y renunciaron a los términos para pagar y excepcionar.
Seguidamente, el 08 de abril de 1997 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva ordenó practicar la diligencia de secuestro del inmueble hipotecado, mediante comisión conferida al Juzgado Promiscuo Municipal de Palermo Huila. Posteriormente, mediante providencia notificada el 14 de julio de 1997, el Juzgado de conocimiento ordenó seguir con la ejecución y decretó el avalúo del bien; y en auto del 01 de agosto de 1997 aprobó la liquidación del crédito y costas, en la que se determinó que el valor total de los créditos sumaban para tal época $259.260.349.20.
El 10 de febrero de 1998 se practicó la diligencia de secuestro del inmueble hipotecado, el mismo día se designó como secuestre al señor Joaquín María Cedeño Manchola, en el acta correspondiente se dejó constancia que dicha propiedad se denominaba “Hotel del Río”, que todos los enseres y demás elementos se encontraban en perfecto estado de conservación y funcionamiento. En esa misma fecha el secuestre entregó el inmueble afectado en depósito gratuito a la demandada Aurora Rodríguez Cedeño, quien el 09 de octubre de 1998 se lo reintegró al secuestre, en el acta se dejó constancia que éste recibió el inmueble en perfecto estado.
El 02 de marzo de 1998 el apoderado judicial del Banco solicitó el avalúo del inmueble embargado y secuestrado, medida que ordenó el Juzgado el 11 de marzo de 1998. El 03 de abril de 1998 se presentó ante dicha autoridad judicial la experticia que avaluó el bien en la suma de $572.210.000, este dictamen no fue objetado, por lo que el 27 de abril de 1998 el juez de conocimiento, a petición de la parte demandante, ordenó el remate del inmueble. El 11 de junio de 1998 se celebró dicha diligencia, la cual se declaró desierta por ausencia de postores, seguidamente se realizaron varias diligencias de remate que también se declararon desiertas por la misma razón.
Por otra parte, indicó el apoderado de la parte demandante que en el curso del proceso el secuestre informó en repetidas ocasiones, esto es, el 10 de febrero de 1999, el 15 de marzo 1999, y el 15 de octubre de 1999, de la ocurrencia de varios hurtos realizados al inmueble secuestrado; informes en los que manifestó y que éste había interpuesto las denuncias correspondientes. Estos hurtos incidieron en el valor comercial del inmueble dado en garantía para el pago de las obligaciones adquiridas con el banco demandante.
Resaltó la parte actora que el Secuestre presentó renuncia a su cargo, la que fue aceptada por el Juzgado Tercero Civil de Circuito de Neiva mediante providencia del 15 de marzo de 1999, y designó como nuevo secuestre a Jorge Arce Luna, a quien se le comunicó su nombramiento; sin embargo, este auxiliar de la justicia no se posesionó y dicha autoridad judicial no veló para que se diera cumplimiento a su orden, actuando de manera omisiva. Señaló la parte actora que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva el 15 de marzo de 1999 y el 24 de septiembre de 1999 no tenía ninguna información sobre la custodia y conservación del inmueble secuestrado, tampoco hizo gestión alguna para notificar la nueva designación al secuestre Arce Luna, quien nunca se posesionó y por ende nunca ejerció sus funciones, consolidándose así un total abandono del bien secuestrado.
Resaltó la parte demandante que para el año 2000 el inmueble continuaba abandonado; sin embargo, para el 11 de enero de 2000 el señor Cedeño Manchola radicó escrito en el que manifestó al Juzgado que hasta ese día él no sabía sobre la aceptación de la renuncia de su cargo; por lo que reiteró su renuncia y recalcó que por sus otras labores no podía seguir a cargo de la custodia de dicho bien; a juicio de la actora, esto demuestra la equivocada e imprudente escogencia y designación del auxiliar de justicia por parte de la administración de justicia. El 12 de enero de 2000 el Juzgado se limitó a informar al secuestre que desde el 15 de marzo de 1999 le había aceptado la renuncia y ordenó hacer la entrega de los bienes secuestrados al nuevo secuestre Arce Luna; sin tener en cuenta que para esa fecha dicho auxiliar de la justicia no se había posesionado; por lo que esa decisión resultaba ineficaz.
El 23 de agosto de 2000 la parte demandante dentro del proceso ejecutivo solicitó ante el Juzgado de conocimiento que este ordenara un nuevo avalúo comercial del inmueble; esta experticia se rindió por los peritos designados, en octubre de la misma anualidad, avaluándolo en la suma de $305.991.640; por lo que, concluye el demandante, estaba demostrado que entre abril de 1998 a esa fecha, dicho predio se había devaluado en $266.218.360 en virtud del abandono y deterioro del inmueble secuestrado, imputable a la desidia, descuido, negligencia de la administración de justicia, en la administración y custodia del inmueble afectado con medida cautelar.
El 25 de mayo de 2001 el Juzgado Tercero Civil del Circuito nuevamente ordenó al secuestre Arce Luna recibir los bienes secuestrados, sin tener en cuenta que éste no se había posesionado; además, olvidando que para esa fecha ya no pertenecía a la lista de auxiliar de justicia según lo había informado el 05 de marzo de la misma anualidad. Al respecto señaló la parte demandante que era evidente la negligencia de la administración de justicia al proferir providencias cuyo resultado sería inútil.
Por último, indicó que desde el 15 de marzo de 1999 el inmueble secuestrado no contó con un secuestre que cuidara y vigilara el inmueble; tiempo en el que se deterioró por los saqueos a sus instalaciones y dependencias, por ausencia total de custodia y vigilancia del mismo, ocasionado la pérdida del valor adquisitivo de éste hasta el 04 de marzo de 2004 fecha en que este inmueble fue adjudicado. Asimismo indicó que: “la negligencia de la Administración de Justicia en la custodia y administración del inmueble secuestrado queda patente en primer lugar, por la designación equivocada de un secuestre negligente en su encargo, en segundo lugar, la falla en el servicio de la Administración de Justicia, se releva con claridad en la conducta negligente y omisiva del juzgado en la posesión del secuestre de reemplazo, diligencia que se pasó por alto, la entrega de los bienes secuestrados, la designación rápida y oportuna de un nuevo auxiliar que de verdad ejercitara el cargo y en últimas la falta notoria de la dirección del proceso con medidas procesales y sustanciales que hubiesen evitado o controlado el desmantelamiento, deterioro y abandono del inmueble secuestrado”.
3. El trámite procesal
Por auto de 19 de agosto de 2004 el Tribunal Administrativo del Huila admitió la demanda contra la Nación – Rama Judicial. El auto admisorio de la demanda fue notificado el 14 de mayo de 2005 al Director Ejecutivo de la Administración Judicial.
3.1. Contestación de la demanda.
3.1.1.- El 19 de agosto de 2005 la Nación – Rama Judicial radicó escrito de contestación en el que se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, por cuanto en el caso bajo estudio estaba demostrado que lo que ocurrió fue un hecho extraño que rompe el nexo de causalidad, y por consiguiente no hay responsabilidad de esa entidad. Por último, propuso la excepción innominada o genérica y solicitó que se declarara cualquier excepción que se encontrara probada en el proceso, de conformidad a lo establecido en el artículo 164 inciso 2 del C.C.A.
3.1.2.- El 30 de agosto de 2005 el apoderado de la parte demandante presentó escrito con el que dio respuesta a la contestación radicada por la parte demandante, al respecto señaló que sí está demostrado el daño y la responsabilidad de la parte demandante, pues el Juzgado no cumplió con su deber de velar de que se realizara una debida custodia del bien embargado, comoquiera que no “tomó las medidas correctivas para la custodia y conservación de dicho inmueble, sino que se limitó a aceptar la renuncia del secuestre Cedeño Manchola, y a partir de ese momento 15 de marzo de 1999, hasta la adjudicación del bien al demandante 4 de marzo de 2004, no desplegó ninguna acción efectiva para nombrar un nuevo secuestre y se limitó a dejar de transcurrir el tiempo tomando decisiones erradas, nombrar un secuestre que nunca se posesionó, error en el que persistió ordenándole que recibiera el inmueble, a pesar de que dicha persona desde el 12 de enero de 2000 había informado por escrito a ese juzgado, que ya no era auxiliar de justicia, sin que eso fuera suficiente, la señora juez nunca tomó la decisión de nombrar a un nuevo secuestre y más bien decidió insistirle al secuestre Cedeño Manchola, que hiciera entre del inmueble y rindiera, además informes de su gestión, olvidado que desde el 15 de marzo de 1999 el mismo juzgado le había acepto (sic) su renuncia. (…) ES claro que la señora juez tercero civil del circuito de Neiva abandonó en forma injustificada el cumplimiento de sus deberes en su control y dirección del proceso ejecutivo bajo su conocimiento, generado en su conducta los perjuicios que se demandan dentro del presente proceso”.
3.2.- Periodo probatorio.
Vencido el término de fijación en lista, mediante auto de 18 de septiembre de 2006, el Tribunal Administrativo del Huila decretó las pruebas solicitadas por las partes.
3.3.- Alegatos de conclusión.
El Tribunal Administrativo del Huila por medio de auto proferido el 16 de marzo de 2007, ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto, respectivamente.
3.3.1.-La parte actora presentó alegatos de conclusión el 09 de abril de 2007 en los que manifestó que se encuentra probado en el proceso que el inmueble denominado “Hotel del Río”, embargado y secuestrado dentro del proceso ejecutivo mixto adelantado en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva, cuya custodia estaba a cargo de la administración de justicia (secuestres); sufrió un deterioro ostensible de sus instalaciones físicas y elementos que lo componían por la ausencia total de custodia por parte de la administración judicial, por lo que concluye que está demostrado el actuar omisivo y negligente en la conservación y administración de dicho inmueble, al punto que en el primer avalúo, en el año 1998 este bien se cuantificó en $572.210.000, para el año 2000 en un segundo avalúo su valor descendió a $305.991.640; y en la diligencia de remate realizada en el año 2004 se adjudicó en $152.995.820; por lo que es claro que existió un deterioro real en el valor de dicho inmueble, lo que impidió que el señor Sandoval Forero cumpliera con las obligaciones crediticias adquiridas con el demandante y por el contrario el crédito que se ejecutó quedó insoluto parcialmente.
3.3.2.- El 18 de abril de 2007 el apoderado de la Rama Judicial radicó alegatos de conclusión, en los cuales reiteró la petición de absolver de todo cargo a esa entidad, toda vez que el juzgado demandado adelantó las etapas procesales dentro del término legal; asimismo, indicó que todas las actuaciones estuvieron ajustadas a derecho, por lo que no es cierto que exista una falla en la administración de justicia o de la Nación. Por otra parte señaló que la Rama Judicial delega en los auxiliares de Justicia la función de custodia de los bienes objeto de medidas cautelares, y esa responsabilidad se convierte exclusivamente del personal designado, pues la custodia solo le compete a éste sujeto, lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 8º del CPC y siguientes, en concordancia con el numeral 5º del artículo 682 del CPC.
4.- Sentencia de primera instancia
El 08 de febrero de 2011 el Tribunal Administrativo del Huila declaró probadas de oficio las excepciones de la falta de legitimación en la causa por activa de la señora Aurora Rodríguez de Sandoval, y de caducidad de la acción; lo anterior con fundamento en que la señora Rodríguez de Sandoval no era propietaria del inmueble embargado, el mismo sólo era de propiedad Sandoval Forero; por otra parte, señaló que los hechos que dieron lugar al deterioro del predio embargado y entregado al auxiliar de justicia se presentaron de manera secuencial a partir del 10 de febrero de 1999 y concluyeron el 5 de octubre del mismo año, de manera que a partir de esa fecha corrieron los 2 años que tenía la parte actora para reclamar la reparación directa de los perjuicios que derivaban de la gestión del auxiliar de la justicia, sin que durante dicho lapso de tiempo se hubiere promovido la acción, ya que sólo se presentó hasta el 13 de agosto de 2004.
Asimismo, indicó que, si en gracia de discusión se tuviera en cuenta que la disminución del avalúo comercial del predio precautelado como causa del daño, este solo se vino a establecer con el segundo avalúo, que se realizó el 11 de octubre de 2002, y en este se determinó que el bien presentaba un deterioro y abandono, lo que llevó avaluarlo en un valor menor al inicial por parte de los peritos designados, dictamen del que se corrió traslado a las partes el 20 de octubre de 2000, siendo notificados el 24 siguiente. Por lo tanto, aun en esta hipótesis, en sentir del Tribunal de primera instancia, las partes conocieron del mal estado del predio en esa fecha, por lo que contaban para accionar hasta el 24 de octubre de 2002, sin que para ese momento hubiesen presentado la demanda.
Por último, señaló que no hay otros hitos que permitan la contabilización de la caducidad, pues el deterioro del predio embargado y secuestrado que dio lugar a la disminución de su precio, se conoció en el devenir del proceso ejecutivo donde se precauteló el predio, con los respectivos informes del secuestre y la notificación de los autos del juzgado que los puso en conocimiento de las partes; y en caso extremo, el conocimiento se concretó con el avalúo dado al bien, pues el deterioro ya era conocido antes.
5.- Recurso de apelación
Contra lo así decidido se pronunció la parte demandante quien manifestó que la presente acción no se encontraba caducada, toda vez que la fecha que se debe tener en cuenta para contabilizar la caducidad de la acción es la de marzo de 2004, fecha en la que se adjudicó el bien inmueble, pues fue en esa fecha cuando la parte demandante conoció del detrimento final del valor comercial del inmueble; y no con el avalúo del año 2000, como lo señaló el A quo, concretamente manifestó el recurrente:
“se debe tener en cuenta que durante el desarrollo jurídico del proceso ejecutivo en contra de mi representado, existieron varios momentos secuenciales durante los cuales se presentó un detrimento comercial en el avalúo del bien inmueble bajo custodia del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva, pudiéndose observar en forma clara que el último de ellos se puede determinar de forma fehaciente con la adjudicación del bien por la suma antes mencionada” .
Mediante auto del 29 de agosto de 2011 el Tribunal Administrativo del Huila concedió en efecto suspensivo el recurso de apelación impetrado por la parte demandante.
6. Trámite en segunda instancia
6.1.-Por medio del auto de 16 de mayo de 2011, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado admitió el referido recurso.
6.2.-A su vez, mediante auto del 07 de junio de 2011 corrió traslado a las partes y al Ministerio Público por el término común de 10 días, para que presentaran sus alegatos de conclusión y el concepto, respectivamente.
6.3.- El apoderado de la Rama Judicial se ratificó en todas y cada una de las razones de hecho y de derecho, expuestas en las diferentes intervenciones del proceso. Asimismo, solicitó que se confirmara la decisión de primera instancia, pues está demostrado que a la señora Aura Rodríguez de Sandoval carece de legitimación, comoquiera que no era titular de derecho alguno sobre el bien precautelado que sirvió de garantía y prenda general; por otra parte, indicó que la acción se encontraba caducada, pues estaba demostrado que el acaecimiento del hecho generador del daño antijurídico estaba constituido por los deterioros que sufrió el predio del señor Hernán Sandoval Forero mientras estuvo en manos del secuestre; es decir, que se presentaron de manera secuencial varias situaciones que produjeron el deterioro del bien los cuales iniciaron el 10 de febrero de 1999 y concluyeron el 5 de octubre de la misma anualidad; de manera que es desde ese momento que corrieron los dos años que tenía la parte actora para demandar. Por último, señaló que la parte demandante no puede escudarse en el desconocimiento de las actuaciones realizadas dentro del proceso ejecutivo que se les adelantó por Bancafe, al no haber constituido apoderado, ya que su contumacia se constituye una culpa exclusiva, que no los exoneraba de la obligación que tenían de promover la acción a partir del día siguiente del momento en que ocurrieron los hechos, cuyas fechas quedaron plenamente determinadas como puntos de referencia para concluir que la acción caducó.
6.4.-El apoderado de los demandantes reiteró lo expuesto en el recurso de apelación, señaló que la fecha para contabilizar la caducidad es el 04 de marzo de 2004, pues es claro que fue en esa fecha que se conoció el detrimento del valor del bien inmueble embargado, con ocasión del descuido y la negligencia de cuidado, asimismo, señaló que no se puede tener en cuenta la fecha en que se realizó el segundo avalúo, pues no es claro que un bien avaluado en $305.991.640 sea adjudicado por un valor de $152.995.820.
6.5. En auto del 06 de julio de 2016 se reconoció en calidad de sucesores procesales del señor demandante Hernán Sandoval Forero, a los señores Aura Rodríguez Andrade, Jorge Hernán Sandoval Rodríguez y Germán Eduardo Sandoval Rodríguez.
6.6.-El Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES
1.- Aspectos procesales
1.1. Competencia
La Sala es competente para conocer del recurso de apelación toda vez que de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, y el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado.
1.2. Legitimación en la causa
La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”, o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.
En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandante el señor Hernán Sandoval Forero, quien se encuentra legitimado en la causa por activa, en su condición de propietario del bien objeto del proceso hipotecario. En lo que respecta a la otra demandante, Aurora Rodríguez de Sandoval, en el fallo de primera instancia se le negó la legitimación por activa, y respecto de esta decisión en el recurso de apelación nada se censura; por lo cual la Sala nada dispondrá al respecto.
Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación – Rama Judicial, frente a lo cual debe preverse que el asunto que aquí se discute lo conoció el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva, dentro del proceso ejecutivo en el cual sufrió un detrimento en el valor el inmueble secuestrado por falta de custodia y negligencia de la autoridad demandada al no nombrar un secuestre, en razón a lo cual la Sala considera que la entidad demandada se encuentra legitimada en la causa por pasiva.
1.3.- Caducidad de la acción de reparación directa
La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del C.C.A., que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.
La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, y sólo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo. Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.
Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de la justicia el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, sin embargo se debe tener en cuenta el conocimiento de dicho daño por la parte demandante, así las cosas, en el caso concreto, la Sala observa que la parte demandante, como lo señaló en la demanda y en el recurso de apelación, tuvo conocimiento de manera definitiva del hecho dañoso para el 04 de marzo de 2004, fecha en que se adjudicó el bien inmueble secuestrado; así las cosas, como la demanda se radicó el 13 de agosto de 2004, se hizo dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8º del artículo 136 del C.C.A., por lo que, contrario a lo esgrimido por el A quo, encuentra la Sala que esta demanda se radicó en tiempo, por lo que procede analizar el fondo de la cuestión.
2. Análisis de la impugnación.
El análisis de la impugnación se circunscribirá a los argumentos expuestos y desarrollados por la parte demandante en su escrito de apelación oportunamente presentado [siguiendo la sentencia de Sala Plena de Sección Tercera de 9 de febrero de 2012, expediente 21060]; por lo cual la Sala procederá a analizar si se incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por parte del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva, al actuar de manera negligente en la custodia y administración del inmueble secuestrado por: i) la designación equivocada de un secuestre “negligente en su cargo”, ii) “conducta negligente y omisiva del juzgado en la posesión del secuestre de reemplazo,” y iii) la falta de dirección del proceso con medidas procesales y sustanciales que hubiesen evitado o controlado el desmantelamiento, deterior y abandono del inmueble secuestrado.
Para resolver lo pertinente, la Sala en primer lugar reseñará las pruebas que obran en el expediente; a continuación examinará los presupuestos para configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado; luego se analizará la responsabilidad del Estado por daños derivados de la administración de justicia, y finalmente se realizará el análisis del caso concreto.
3. Del acervo probatorio.
Dentro del plenario, obran los siguientes medios de prueba relevantes:
-Auto del 04 de abril de 1997 proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva, mediante el cual decretó el embargo y secuestro del inmueble de propiedad del señor Hernán Sandoval Forero.
-Oficio del 08 de abril de 1997, suscrito por Hernán Sandoval Forero y Aurora Rodríguez de Sandoval y radicado ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva, en el que manifestaron: “nos damos por notificados del auto de mandamiento de pago renunciamos a los términos inherentes al mismo” .
-Auto del 16 de junio de 1997 del Juzgado Tercero Civil del Circuito, mediante el cual se tuvo por notificados a los señores Hernán Sandoval Forero y Aurora Rodríguez de Sandoval por conducta concluyente, teniendo en cuenta la renuncia que hicieron a los términos de pagar y excepcionar.
-Acta del 10 de febrero de 1998 de la diligencia de secuestro adelantada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Palermo, Huila, en la cual quedó registrado que acudió a la misma el apoderado de la parte demandante y el secuestre designado, señor Joaquín María Cedeño Manchola; que luego se dirigieron al inmueble ubicado en la calle 33 Nº 4P-38 denominado “Hotel del Rio”, que allí los recibió la señora Aurora Rodríguez de Sandoval, quien manifestó ser demandada dentro del proceso y esposa del señor Hernán Sandoval Forero. En este documento también se dejó constancia de que el Juez posesionó al secuestre, seguidamente se describió el inmueble de manera detallada, y culminada la descripción el Juzgado hizo entrega del inmueble al auxiliar de la justicia, quien se lo dejó en depósito gratuito a la señora Rodríguez de Sandoval.
-Avalúo radicado el 03 de abril de 1998 del inmueble embargado y secuestrado, realizado por los peritos designados, en el cual quedó registrado que “El inmueble del presente avalúo consiste en una construcción de tres plantas adecuada en su totalidad para un hotel, el cual tiene el nombre del Río y no se encuentra funcionando”, asimismo, que el predio estaba avaluado en una suma total de “$572.210.000.” .
-El 13 de abril de 1998 el Juzgado Tercero Civil del Circuito corrió traslado a las partes del avalúo comercial realizado por los peritos designados, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 del CPC.
-El 27 de abril de 1998 el Juzgado Tercero Civil del Circuito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 523 del CPC, y atendiendo a lo solicitado por la parte demandante, señaló como fecha para llevar a cabo el remate del inmueble secuestrado, embargado y avaluado, el 11 de junio de 1998.
-El 11 de junio de 1998 el Juzgado Tercero Civil del Circuito llevó a cabo la diligencia de remate, pero dado a que no hubo postores declaró desierta la misma.
-El 02 de septiembre de 1998 el Juzgado Tercero Civil del Circuito llevó a cabo una nueva diligencia de remate la cual también fue declarada desierta.
-Acta de la entrega del “Hotel del Río”, realizada el 09 de octubre de 1998, en la cual quedó registrado que la señora Aurora Rodríguez de Sandoval entregó al señor Cedeño Manchola el inmueble, en buen estado y con las llaves del mismo.
-El 16 de febrero de 1999 el Juzgado Tercero Civil del Circuito decretó desierta la diligencia de remate.
-El 08 de febrero de 1999 el señor Joaquín Cedeño Manchola radicó oficio dirigido al Juzgado Tercero Civil del Circuito en el cual infirmó que personas indeterminadas perpetraron un hurto en las instalaciones del “Hotel del Río”, en el cual se sustrajeron unos elementos; señaló que apenas conoció de ese suceso interpuso la respectiva denuncia ante la Fiscalía Octava de la ciudad de Palermo. Al respecto, obra certificación expedida por la Fiscalía Octava Delegada ante los Juzgados Promiscuos Municipales con sede en Palermo – Huila.
-El 11 de febrero de 1999 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Nieva puso en conocimiento a las partes lo manifestado por el secuestre Joaquín Cedeño Manchola con relación al hurto de los enseres hurtados del inmueble secuestrado, auto que cobró ejecutoria el 19 de febrero siguiente.
-El 17 de febrero de 1999 el apoderado de la parte demandante dentro del proceso ejecutivo solicitó al Juez Tercero Civil del Circuito de Neiva requerir al secuestre del inmueble a fin de que presente un informe detallado de su administración.
-El 24 de febrero de 1999 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva requirió al secuestre designado dentro de este asunto para que procediera a rendir un informe detallado de su administración cumplida con su cargo.
-El 10 de marzo de 1999 el secuestre Joaquín Cedeño Manchola radicó ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito renuncia irrevocable al cargo de secuestre del inmueble denominado “Hotel del Río”, embargado y secuestrado dentro del proceso en la referencia, manifestando que le resultaba imposible, en razón de su trabajo, atender debidamente sus funciones.
-El 15 de marzo de 1999 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva aceptó la renuncia del señor Joaquín María Cedeño Manchola al cargo de secuestre dentro del proceso ejecutivo; por lo que en su reemplazo nombró al señor Jorge Arce Luna, pues se encontraba de turno en la lista oficial de auxiliares de justicia; precisó que: “una vez que aceptado el cargo pertinente del secuestre entrante se procederá a comunicarle al señor Joaquín María Cedeño Manchola, para que proceda a hacer entrega de los bienes del cual es secuestre al señor JORGE ARCE LUNA” .
-El 30 de abril de 1999 el señor Joaquín Cedeño Manchola radicó oficio dirigido al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva, en el cual informó de un nuevo hurto que se realizó en las instalaciones del “Hotel del Río”, indicó que colocó la respectiva denuncia ante la Fiscalía Delegada ante los Juzgados Promiscuos Municipales de la ciudad de Palermo y reiteró que el 09 de marzo de esa anualidad presentó renuncia del cargo como secuestre, sin que hasta esa fecha se le hubiese notificado algo al respecto.
-El 03 de mayo de 1999 el Juzgado Tercero Civil Administrativo del Circuito puso en conocimiento de las partes lo expresado por el señor Cedeño Manchola el 30 de abril de 199.
-El 14 de mayo de 1999 el señor Cedeño Manchola radicó cuenta de cobro ante Bancafe por concepto de “Valor gastos sufragados en sellamiento de una puerta y una ventana en el inmueble “Hotel del Río” predio que se encuentra embargado y secuestrado por la entidad en proceso ejecutivo que adelanta contra Alfonso Sandoval y que consta en el juzgado tercero civil del circuito de la ciudad de Neiva, Huila”
-El 14 de mayo de 1999 el señor Cedeño Manchola radicó escrito ante Bancafe, mediante el cual le informó a esa entidad que: “personas indeterminadas penetraron al referido establecimiento, sustrayendo varias puertas y ventanas al igual que sanitarios, lavaplatos, orinales, lavamanos y desvalijaron una estufa a gas; hecho del cual se informó a las autoridades competentes, instalando la denuncia en la fiscalía respectiva. (…) Como consecuencia de lo anterior una de las ventanas de la parte exterior y la puerta de la parte trasera de inmueble sufrieron destrucción, por lo que me vi en la necesidad de manera urgente de realizar el sellamiento con bloque de cemento, labor esta que realizara el señor Nelson Collazos Ramírez. (…) Anexo a la presente remito la cotización respectiva para dicha acometida, al igual que la respectiva cuenta de cobro, suma este que solicito muy respetuosamente me sea reembolsado lo más pronto posible, pues dicha suma hube de adquirirla en calidad de préstamo pues dicha obra no tenía espera. (…) Es de anotar que la anterior situación fue puesta en conocimiento del doctor Vanegas, funcionario de esa entidad. (…)”.
-El 06 de septiembre de 1999 el señor Cedeño Manchola radicó ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito relación de gastos judiciales causados en el “HOTEL DEL RÍO” con ocasión del hurto que se llevó a cabo en dicho inmueble para el mes de abril, explicando que había radicado tales gastos en Bancafé, pero que esa entidad se los devolvió.
-El 21 de septiembre de 1999 el Juzgado Tercero Civil del Circuito requirió al señor Jorge Arce Luna.
-El 23 de septiembre de 1999 el señor Jorge Arce Luna radicó oficio dirigido al Juzgado Tercero Civil de Circuito en el que manifestó que “Enterado de mi nombramiento como secuestre del inmueble denominado Hotel del Río, embargado y secuestrado en el proceso de la referencia en reemplazo del señor Joaquín Cedeño Manchola, me permito manifestar a usted mi aceptación. (…) Como el inmueble citado ha sido objeto de varios robos, considero necesaria la designación de un vigilante o cuidandero, para evitar que se sigan presentado dichos robos; funcionario que debe ser nombrado y remunerado por el Banco Cafetero o por la señora depositaria del inmueble, requisito este previo a proceder a mi posesión” .
-El 01 de octubre de 1999 el Juzgado Tercero Civil del Circuito puso en conocimiento de las partes lo expresado por el secuestre Jorge Arce Luna.
-El 01 de octubre de 1999 el señor Cedeño Manchola puso en conocimiento del Juzgado Tercero Civil del Circuito que se habían presentado nuevos hurtos en el inmueble secuestrado, por lo que colocó la respectiva denuncia; además, acondicionó candados para la seguridad de dicho predio, por último señaló que puso la respectiva denuncia.
-El 12 de noviembre de 1999 el señor Cedeño Manchola radicó la respectiva cuenta de cobro ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva, para que el banco demandante le rembolsara los gastos sufragados con ocasión del acondicionamiento de candados para la seguridad del inmueble secuestrado.
-El 11 de octubre de 1999 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva puso en conocimiento lo informado por el señor Cedeño Manchola a la parte demandante.
-El 11 de enero de 2000 el señor Cedeño Manchola radicó solicitud ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito, mediante el cual reiteró su renuncia al cargo de secuestre toda vez que “por razón de mi trabajo me es imposible atender dicho compromiso, pues tengo que ausentarme seguidamente de la jurisdicción, y para cumplir con mi deber he delegado en uno de mis hijos la revisión ocasional del inmueble, secuestrado y embargado dentro del proceso en referencia. (…) Es de anotar, que en varias oportunidades he renunciado a dicho cargo sin que hasta el momento haya recibido pronunciamiento alguno por ese juzgado, entre ellas tenemos nota de marzo 9 de 1999, recibida por el secretario, nota de la cual recordé a ese Despacho en oficio del abril 30/99. (…) Aprovecho la oportunidad para solicitar a esa dependencia, me sea tramitada allá cuenta de cobro rendida en marzo /99, (…) y la rendida en Octubre 5/99. (…) Lo anterior teniendo en cuenta mi renuncia como secuestre al inmueble referido. (…) Una vez sea nombrado mi sucesor, le agradezco al Despacho comunicarme lo pertinente, para coordinar la entrega del bien. (…)” .
-El 12 de enero de 2000 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva informó al señor Cedeño Manchola que desde el 15 de marzo de 1999 ese despacho le había aceptado su renuncia y que en su reemplazo había sido nombrado el señor Jorge Arce Luna quien aceptó la designación; en consecuencia, le ordenó que entregara el inmueble al nuevo secuestre y que rindiera respectivamente cuentas de su gestión.
-El 23 de agosto de 2000 el apoderado de Bancafe le solicitó al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva que ordenara un nuevo avalúo del bien inmueble secuestrado y objeto de remate “toda vez que se ha intentado rematarlo en varios oportunidades por el 40% y no has sido posible. (…) Además, el inmueble ha sufrido graves deterioros que hacen inviable rematarlo por el avalúo actual” .
-El 25 de agosto de 2000 el Juzgado Tercero Civil del Circuito profirió auto mediante el cual ordenó el nuevo avalúo por lo que designó a dos peritos para ello.
-El 11 de octubre de 2000 ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito se radicó el segundo avalúo del inmueble secuestrado, en el informe quedó registrado las características del inmueble y el deterioro que éste había sufrido, asimismo que el valor comercial de ese inmueble era de $305.991.640.00 .
-El 20 de octubre de 2000 el Juzgado Tercero Civil del Circuito corrió traslado a las partes del avalúo realizado por los peritos al inmueble secuestrado y fijo los honorarios de estos.
-El 03 de diciembre de 2000 el señor Cedeño Manchola radicó oficio ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva en el que informó que al inmueble secuestrado nuevamente se habían sustraído elementos; asimismo, reiteró su renuncia.
-El 05 de diciembre de 2000 el Juzgado Tercero Civil del Circuito informó al señor Cedeño Manchola que se le había aceptado la renuncia desde el 15 de marzo de 1999 y que se había nombrado al señor Jorge Arce Luna, quien aceptó su designación, por lo que ordenó hacerle entrega del bien inmueble al señor Arce Luna.
-El 15 de enero de 2001 el apoderado de Bancafe radicó solicitud ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito, mediante la cual señaló la preocupación con relación a la forma como el inmueble “Hotel del Río” había sido hurtado, sin que el señor secuestre hubiese tomado ninguna medida de emergencia para evitar su deterioro; por lo que le rogó tomar medidas urgentes, para que el secuestre rindiera un informe pormenorizado de su gestión y el motivo por el cual dejó que el inmueble a su cargo fuese arrasado, sin que hubiera tomado medida de prevención alguna.
-El 05 de febrero de 2001 el Juzgado Tercero Civil de Circuito informó a la parte ejecutante que ya le había solicitado al Secuestre Cedeño Manchola rendir cuentas mediante auto del 05 de febrero de 2000.
-El 05 de marzo de 2001 el señor Cedeño Manchola radicó oficio ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva en el que informó que se comunicó con el señor Arce Luna con el fin de entregarle el inmueble secuestrado, éste le manifestó que había dirigido una nota al Juzgado indicando que “había ido a las instalaciones del inmueble habiéndose encontrado cerrado y sin ventanas y que nadie había hecho entrega del mismo, me manifestó igualmente que el ya no formaba parte éste año de las listas de auxiliares de justicia y que tenía que hablar en el Juzgado al respecto. Por lo anterior no ha sido posible la entrega del inmueble al nuevo secuestre”. Por otra parte solicitó la designación de un nuevo secuestre.
-El 08 de marzo de 2001 el Juzgado Tercero Civil del Circuito emitió providencia en la que declaró desierta la diligencia de remate del inmueble embargado y secuestrado.
-El 25 de junio de 2001 el Juzgado Tercero Civil del Circuito ordenó requerir al secuestre designado, Jorge Arce Luna, para que proceda a recibir los bienes secuestrados de manos del señor Cedeño Manchola, lo anterior a petición de la parte ejecutante.
-El 12 de junio de 2001 la Secretaría del Juzgado Tercero Civil del Circuito expidió constancia en la cual se establece que el señor Jorge Arce Luna se presentó ante ese Despacho.
-El 13 de junio de 2001 el señor Jorge Arce Luna radicó oficio dirigido al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva en el que manifestó: “Atendiendo el requerimiento contenido ene le auto de fecha 25 de mayo de 2001, comunicado por oficio de fecha 11 de junio del 2001 me permito manifestar a usted que continúan vigentes los requisitos o inconvenientes para recibir el inmueble denominado HOTEL DEL RIO. Informados a ese Despacho en oficio 23 de septiembre de 1999. (…) A lo anterior se agrega que en el actual periodo no me estoy desempeñando como auxiliar de la justicia”.
-El 05 de julio de 2001 el Juzgado Tercero Civil de Circuito puso en conocimiento de las partes lo esgrimido por el secuestre Jorge Arce Luna.
• El 26 de septiembre de 2001 el Juzgado Tercero Civil del Circuito emitió providencia en la que declaró desierta la diligencia de remate del inmueble embargado y secuestrado.
• El 06 de diciembre de 2001 el Juzgado Tercero Civil del Circuito emitió providencia en la que declaró desierta la diligencia de remate del inmueble embargado y secuestrado.
• El 04 de abril de 2002 el Juzgado Tercero Civil del Circuito emitió providencia en la que declaró desierta la diligencia de remate del inmueble embargado y secuestrado.
-El 12 de agosto de 2002 el señor Cedeño Manchola rindió informe de su actuación como secuestre del bien secuestrado en el que quedó registrado, que el 10 de febrero de 1998 se llevó a cabo la diligencia de secuestro del inmueble “Hotel del Río” y que en esa misma fecha se lo dejó a título de depósito gratuito a la señora Aurora de Rodríguez Sandoval quien le reintegro el inmueble el 09 de octubre de 1998. Seguidamente, indicó que el 10 de febrero de 1999 informó al Juzgado sobre el hurto de unos elementos y la respectiva denuncia que interpuso por esa situación; asimismo, que el 09 de marzo de 1999 presentó renuncia; posteriormente, el 30 de abril de 1999 informó sobre la pérdida de varios elementos del Hotel del Río, reiteró su renuncia con copia a Bancafe. En octubre 05 de 1999 radicó las respectivas cuentas de cobro, asimismo, informó sobre el hurto de otros elementos del bien secuestrado. El 11 de enero de 2000 radicó por tercera vez su renuncia y el 04 de diciembre de 2000 informó el hurto de otros elementos, asimismo, reiteró por cuarta vez su renuncia. Señaló que posteriormente, se designó un secuestre para revelarlo, a quien fue difícil contactar, por lo que dirigió un oficio al Juzgado informando de la situación, para que éste ordenara lo pertinente. En vista que la situación continuaba igual optó por aplicar la figura del silencio administrativo, por lo que sólo rindió rendir cuentas hasta diciembre del 2000.
-El 16 de agosto de 2002 el Juzgado Tercero Civil del Circuito corrió traslado a las partes de las cuentas rendidas por el señor Cedeño Manchola en su calidad de secuestre saliente. Seguidamente, requirió al secuestre Jorge Arce Luna quien aceptó el cargo para que proceda a efectuar las diligencias pertinentes con el fin de recibir los bienes secuestrados.
• El 22 de noviembre de 2002 el Juzgado Tercero Civil del Circuito emitió providencia en la que declaró desierta la diligencia de remate del inmueble embargado y secuestrado.
-El 10 de febrero de 2003 el Juzgado Tercero Civil del Circuito emitió providencia en la que declaró desierta la diligencia de remate del inmueble embargado y secuestrado.
-El 21 de febrero de 2003 el Juzgado Tercero Civil del Circuito emitió providencia mediante la cual aceptó la cesión del crédito involucrado dentro del presente proceso ejecutivo, así como la garantía que ampara al mismo, que hace la entidad ejecutante Bancafe a favor de Central de Inversiones S.A..
• El 13 de mayo de 2003 el Juzgado Tercero Civil del Circuito emitió providencia en la que declaró desierta la diligencia de remate del inmueble embargado y secuestrado.
• El 12 de agosto de 2003 el Juzgado Tercero Civil del Circuito emitió providencia en la que declaró desierta la diligencia de remate del inmueble embargado y secuestrado.
-El 04 de marzo de 2004 el Juzgado Tercero Civil del Circuito elevó acta en la que registró la diligencia de remate en la que se estableció que se presentó el señor Moisés Espinosa Rodríguez quien ofertó la suma de $152.995.820 “que equivale al cincuenta (50%) del avalúo pericial practicada al inmueble de subasta” como no se hizo presente ningún otro oferente, ese Despacho resolvió adjudicar al favor del Central de Inversiones S.A., por intermedio del señor Espinosa Rodríguez.
-El 17 de marzo de 2004 el Juzgado Tercero Civil del Circuito profirió auto en el que aprobó integralmente el remate del 04 de marzo de la misma anualidad; ordenó al secuestre que rindiera las respectivas cuentas comprobadas de su gestión y dispuso que el extremo pasivo entregara los títulos que aun tuviera en su poder respecto del inmueble adjudicado.
-Oficio radicado el 21 de abril de 2004 el señor Hernán Sandoval Forero solicitó al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva copias de todo el proceso ejecutivo mixto adelantado en su contra.
Los anteriores medios probatorios serán valorados por la Sala para resolver los problemas jurídicos planteados en la impugnación presentada por la parte demandante.
4. Presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado.
Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, este concepto tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública tanto por la acción, como por la omisión, bien sea bajo los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional u otro.
En los anteriores términos, la responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación (desde el ámbito fáctico y jurídico).
4.1 El daño.
El daño comprendido, desde la dogmática jurídica de la responsabilidad civil extracontractual y del Estado impone considerar aquello que derivado de la actividad o de la inactividad de la administración pública no sea soportable i) bien porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o ii) porque sea “irrazonable”, en clave de los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos.
En cuanto al daño antijurídico, la Corte Constitucional ha señalado que la:
“(…) antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima”.
Debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo de Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de Derecho, ya que como lo señala el precedente de la Sala un “Estado Social de Derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos”. Dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable, anormal y que se trate de una situación jurídicamente protegida.
Es preciso advertir que en la sociedad moderna, el instituto de la responsabilidad extracontractual está llamado a adaptarse, de tal manera que se comprenda el alcance del riesgo de una manera evolutiva y no sujetada al modelo tradicional. Esto implica, para el propósito de definir el daño antijurídico, que la premisa que opera en la sociedad moderna es aquella según la cual a toda actividad le son inherentes o intrínsecos peligros de todo orden, cuyo desencadenamiento no llevará siempre a establecer o demostrar la producción de un daño antijurídico. Si esto es así, sólo aquellos eventos en los que se encuentre una amenaza inminente, irreversible e irremediable permitirían, con la prueba correspondiente, afirmar la producción de una daño cierto, que afecta o genera un detrimento en derechos, bienes o intereses jurídicos, y que esperar a su concreción material, podría implicar la asunción de una situación más gravosa para la persona que la padece.
4.2 Imputación de la responsabilidad al Estado y fundamento del deber jurídico de reparar.
En cuanto a la imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio; daño especial; riesgo excepcional). Adicionalmente, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado. Precisamente, en la jurisprudencia constitucional se sostiene, que la “superioridad jerárquica de las normas constitucionales impide al legislador diseñar un sistema de responsabilidad subjetiva para el resarcimiento de los daños antijurídicos que son producto de tales relaciones sustanciales o materiales que se dan entre los entes públicos y los administrados. La responsabilidad objetiva en el terreno de esas relaciones sustanciales es un imperativo constitucional, no sólo por la norma expresa que así lo define, sino también porque los principios y valores que fundamentan la construcción del Estado según la cláusula social así lo exigen”.
Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad, según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica.
En cuanto a lo anterior, la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”.
Esto es sin duda, un aporte dado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que éstos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”. Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no. Es más, se sostiene doctrinalmente “que la responsabilidad objetiva puede llegar a tener, en algunos casos, mayor eficacia preventiva que la responsabilidad por culpa. ¿Por qué? Porque la responsabilidad objetiva, aunque no altere la diligencia adoptada en el ejercicio de la actividad (no afecte a la calidad de la actividad), sí incide en el nivel de la actividad (incide en la cantidad de actividad) del sujeto productor de daños, estimulando un menor volumen de actividad (el nivel óptimo) y, con ello, la causación de un número menor de daños”.
Dicha tendencia es la que marcó la jurisprudencia constitucional, pero ampliando la consideración de la imputación (desde la perspectiva de la imputación objetiva) a la posición de garante donde la exigencia del principio de proporcionalidad es necesario para considerar si cabía la adopción de medidas razonables para prevenir la producción del daño antijurídico, y así se motivara el juicio de imputación. Dicho juicio, en este marco, obedece sin lugar a dudas a un ejercicio de la ponderación que el juez está llamado a aplicar bajo la consideración de la utilización de la máxima “Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro”.
Esta formulación no debe suponer, una aplicación absoluta o ilimitada de la teoría de la imputación objetiva que lleve a un desbordamiento de los supuestos que pueden ser objeto de la acción de reparación directa, ni a convertir a la responsabilidad extracontractual del Estado como herramienta de aseguramiento universal, teniendo en cuenta que el riesgo, o su creación, no debe llevar a “una responsabilidad objetiva global de la Administración, puesto que no puede considerarse (…) que su actuación [de la administración pública] sea siempre fuente de riesgos especiales”, y que además debe obedecer a la cláusula del Estado Social de Derecho.
Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño. En concreto, la atribución jurídica debe exigir la motivación razonada, sin fijar un solo título de imputación en el que deba delimitarse la responsabilidad extracontractual del Estado, sino que cabe hacer el proceso de examinar si procede en primera medida la falla en el servicio sustentada en la vulneración de deberes normativos, que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho; en caso de no poder aplicarse dicha motivación, cabe examinar si procede en el daño especial, sustentado en la argumentación razonada de cómo (probatoriamente) se produjo la ruptura en el equilibrio de las cargas públicas; o, finalmente, si encuadra en el riesgo excepcional. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Plena de la Sección Tercera “(…) en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1.991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso en concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá que adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos “títulos de imputación” para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas –a manera de recetario- un específico título de imputación (…)”.
Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.
5. La responsabilidad del Estado por daños derivados de la Administración de Justicia.
Los elementos de la responsabilidad del Estado que se vienen de comentar, han tenido un desarrollo particular en el ámbito específico de la responsabilidad del Estado por los daños derivados de los actos emanados de las autoridades judiciales, o por sus omisiones.
5.1 Régimen desde la óptica convencional
Ese desarrollo, desde la perspectiva convencional está consagrado en los artículos 1.1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos bajo la égida de la tutela judicial efectiva, y del acceso efectivo a la administración de justicia, que suponen que no solo deben existir los procedimientos y recursos, sino que los mismos tienen que mostrarse eficaces; de suerte que cualquier acto procesal de una autoridad jurisdiccional que vaya en contra de tal efectividad, o cualquiera omisión por parte de estas mismas autoridades que afecten a las personas intervinientes en un proceso judicial, en su derecho de defensa, generará responsabilidad del Estado frente a este particular.
La garantía de la tutela judicial efectiva vincula a los Tribunales internacionales, tanto en el orden universal, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional; como en el orden regional, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ello es así, pese a que se establece en principio una inmunidad diplomática y en sus votos, pero únicamente respecto de los miembros que conforman estos Tribunales; pero no de la institución misma, que está vinculada a un régimen de responsabilidad derivada de sus procedimientos y decisiones. De suerte que si en ejercicio de esta actividad judicial internacional se incurre en actos u omisiones que vulneren los elementos que conforman el acceso efectivo a la administración de justicia, el organismo tendrá que responder por los daños que de tales actos u omisiones se deriven.
5.2 Régimen de Responsabilidad de daños derivados de la actividad judicial en el ordenamiento Colombiano.
En el ámbito interno, a propósito de la responsabilidad del Estado por daños derivados de la actividad de las autoridades jurisdiccionales, se pueden identificar tres etapas claramente diferenciadas: Un primer periodo anterior a la expedición de la Constitución de 1991, en la que no existía esta responsabilidad bajo el argumento que las decisiones jurisdiccionales, al estar revestidas de la autoridad de cosa juzgada, cualquier omisión, error o anomalía en que incurrieran las autoridades judiciales al proferirlas, configuraba un riesgo que debía ser asumido por los coasociados.
Pese a lo anterior, y por influjo del ordenamiento convencional, artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por vía excepcional fue abriéndose paso la responsabilidad por error judicial y por defectuoso funcionamiento; entendiéndose que el primero se verificaba cuando se condenaba a una persona mediante sentencia que comportaba un error; y para configurar el segundo evento se precisó que una cosa es la intangibilidad de la cosa juzgada y otra diversa ciertos actos ejecutados por los jueces en orden a resolver los procesos, que solo requieren de la prudencia administrativa.
Una vez entra en vigencia la constitución de 1991, pueden advertirse dos épocas: una primera en que a la cláusula prevista por el artículo 90 de la Constitución se le dio una aplicación jurisprudencial en materia de daños derivados por la actividad judicial, en la que, en aplicación de las hipótesis previstas en el artículo 414 del entonces vigente código de procedimiento penal, se asoció como un mismo supuesto la privación injusta de la libertad y el error judicial; y un segundo periodo que comienza con la expedición de la ley 270 de 1996, normatividad que especificó como fundamentos de la responsabilidad del Estado por la actividad jurisdiccional tres hipótesis: la privación injusta de la libertad, el error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
De suerte que, observado en conjunto el ámbito convencional y la legislación colombiana, son cuatro los supuestos que generan la responsabilidad por la actividad judicial, los tres que se acaban de mencionar, a nivel interno; y el deficiente acceso a la administración de justicia, desde la perspectiva convencional.
Por cuanto en el sub judice se acusa a la Rama Judicial en incurrir en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por la negligencia del Juzgado Tercero Civil del Circuito al designar a un secuestre que actuó con falta de cuidado en su cargo; y también porque no actúo con diligencia para llevar a cabo la posesión del segundo secuestre designado por ese Despacho; así como por la falta notoria de la dirección del proceso con medidas procesales y sustanciales que hubiesen evitado el desmantelamiento, abandono y deterioro del inmueble secuestrado; la Sala estima oportuno precisar los contornos dogmáticos del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
5.2.1 La responsabilidad al Estado por defectuoso funcionamiento de la Administración de justicia
5.2.1.1 El daño antijurídico en la hipótesis de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
La configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por el defectuoso o anormal funcionamiento de la justicia parte de la premisa de que “todo acto de comportamiento del servicio de la justicia que haya tenido incidencia sobre los derechos de las personas y con relación a la función judicial, debe poder fundar la responsabilidad del Estado”.
Siendo esto así, inicialmente se exige precisar qué puede considerarse como funcionamiento normal de la justicia. En el derecho comparado se ha entendido por tal, “la tutela judicial efectiva”, lo que implica el respeto a varios derechos: “el derecho al proceso, el derecho a que éste se desarrolle según los parámetros constitucionales y el derecho al aseguramiento del bien o derecho en litigio”. En este orden de ideas, la responsabilidad podrá enervarse cuando el funcionamiento de la justicia deviene anormal o defectuoso y procede de actuaciones materiales que representan “infracciones graves de las normas procesales que la jurisdicción ha de emplear para decidir”.
Así las cosas, resulta necesario delimitar el concepto de “anormal” o “defectuoso”, para que el funcionamiento de la administración de justicia produzca un daño antijurídico. En este sentido la doctrina ha señalado:
“Esta debe obtenerse a través de los estándares de normalidad que, en el caso de una Justicia tradicionalmente lenta, cobran especial importancia en lo tocante a las dilaciones procesales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencia de 13 de julio de 1983 [Caso Zimmermann y Steiner], interpretando el artículo 6.1 del Convenio de protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales señaló como criterios a tener en cuenta para la medición de la razonabilidad en el retraso, “la complejidad del litigio, la conducta de los propios litigantes y de las autoridades y las consecuencias del litigio presuntamente demorado se siguen para aquéllos”.
En la misma línea se ha pronunciado la Corte Constitucional, a fin de fijar criterios para que, a partir del alcance y contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, se pueda delimitar lo que debe entenderse como funcionamiento anormal o defectuoso de la justicia. Así:
“El derecho a una tutela judicial efectiva, apareja, entre otras cosas, la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad y sin obstáculos o barreras desproporcionadas, a un juez o tribunal independiente e imparcial, frente al cual se pueda acometer, libremente, la plena defensa los derechos o intereses propios a fin de obtener, dentro de un plazo razonable, la debida protección del Estado. Es un derecho de naturaleza prestacional, pues exige la puesta en obra del aparato estatal con miras a su realización. En este sentido, debe afirmarse que se trata de un derecho de configuración legal y, en consecuencia, depende, para su plena realización, de que el legislador defina los cauces que permitan su ejercicio”.
“Debe tenerse en cuenta que, tal como lo ha expresado la Corte, “... si bien la tutela judicial efectiva se define como un derecho fundamental de aplicación inmediata, esta última característica es predicable básicamente de su contenido o núcleo esencial, ya que el diseño de las condiciones de acceso y la fijación de los requisitos para su pleno ejercicio corresponde establecerlos al legislador, “en razón de que no se agotan en si (sic) mismas, sino que con ellas trasciende la idea, por demás general, impersonal y abstracta, de realización de justicia”.
“(…) la tutela judicial que el Estado está en el deber de garantizar a las personas vinculadas a la decisión es un derecho fundamental que demanda actuaciones ciertas, reales, y de claro compromiso institucional, de parte de las autoridades y de los particulares, enmarcadas dentro del postulado constitucional de la buena fe y el deber de respeto de los derechos ajenos y no abuso de los propios”.
“El derecho a la tutela judicial efectiva comprende no solo la posibilidad que se reconoce a las personas, naturales o jurídicas, de demandar justicia ante las autoridades judiciales del Estado, sino, también, la obligación correlativa de éstas, de promover e impulsar las condiciones para que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo. Así, ha dicho la Corte que “[n]o existe duda que cuando el artículo 229 Superior ordena ‘garantiza[r] el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia’, está adoptando, como imperativo constitucional del citado derecho su efectividad, el cual comporta el compromiso estatal de lograr, en forma real y no meramente nominal, que a través de las actuaciones judiciales se restablezca el orden jurídico y se protejan las garantías personales que se estiman violadas.” De este modo, el derecho de Acceso a la Administración de Justicia permite alentar a las personas la expectativa de que el proceso culmine con una decisión que resuelva de fondo las pretensiones. Para ello es necesario que el juez adopte las medidas de saneamiento que sean necesarias para subsanar los vicios que puedan impedir una decisión de fondo”.
Ahora bien, por su parte esta Corporación desde muy temprano consideró que puede existir un “mal funcionamiento del servicio público de la justicia” como consecuencia de la negligencia de los empleados judiciales. Se trata de encuadrar la responsabilidad en relación con los “actos que cumplen los jueces en orden de (sic) definir cada proceso, los que no requieren de más que de la prudencia administrativa”.
De acuerdo con lo anterior, la responsabilidad por funcionamiento anormal o defectuoso de la administración de justicia “se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para el (sic) realizar el juzgamiento o la ejecución de las decisiones judiciales”, lo que encaja en la tesis de la falla probada en el servicio. Igualmente pueden incluirse “(…) todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales”.
Lo anterior ha llevado a que la doctrina recientemente afirme que:
“el daño antijurídico en las hipótesis de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, tiene carácter residual, deviniendo en consecuencia el mismo, no de una providencia judicial viciada por error,… o de una privación injusta de la libertad que de una u otra manera involucra decisiones judiciales, sino, y en esto radica su carácter residual, de todas aquellas conductas del aparato judicial abiertamente contrarias a derecho que resulten ser escandalosas y contrarias al ordenamiento jurídico generadoras de daños y perjuicios materiales y morales que la víctima de las mismas no está llamada a soportar”.
5.2.1.2. Imputación del daño en los eventos de defectuoso funcionamiento.
El máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo definió el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia como aquel que constituye una falla del servicio, por “mal servicio administrativo”. Su configuración precisa de excluir que no se trate de un acto jurisdiccional [propiamente], sino que sea, por ejemplo, un acto administrativo que implica que no hubo una revisión meticulosa por parte del despacho judicial de los elementos y actos de ejecución que permitan el impulso y desarrollo de la obligación de impartir justicia.
Cabe señalar que antes de la Constitución Política de 1991 el precedente de la Sala distinguía la falla del servicio judicial, del error judicial, donde el primero “se asimiló a las actuaciones administrativas de la jurisdicción”. De acuerdo con esta definición, se definieron como supuestos de fallas del servicio judicial: i) la sustracción de títulos valores, ii) la falsificación de oficios, iii) el hecho omisivo “consistente en la falla administrativa cometida por el secretario del Juzgado” de no haber dado a conocer al demandante la existencia de la apertura de un proceso de quiebra [que afectó un remate que se iba a realizar], iv) error en un aviso de remate que lleva a declararlo sin valor, v) prevalencia del embargo y secuestro respecto de bienes que ya habían sido objeto de esas medidas en otro proceso ejecutivo, vi) las omisiones del juzgado al no exigir al secuestre prestar la caución, vii) actuación secretarial que llevó a que una diligencia de remate se hubiera tenido que declarar sin valor.
En este orden de ideas, la responsabilidad por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se produce por una falla probada del servicio; sin que ello implique que no sea posible que la imputación pueda realizarse desde el punto de vista objetivo.
6.-Análisis del caso concreto
Para realizar el análisis del caso concreto la Sala en primer lugar verificará si se encuentra acreditado el daño antijurídico; si ello es así, posteriormente examinará si dicho daño es imputable a la Nación –Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia o cualquiera otra acción u omisión que permita atribuirle falla del servicio.
En el caso bajo estudio se tiene que tanto en la demanda como en el recurso de apelación, la parte actora pretende que se declare responsable administrativa y patrimonialmente a la Nación – Rama Judicial, por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que incurrió el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva toda vez que: i) designó de manera equivocada a un secuestre negligente; ii) la conducta negligente y omisiva al no posesionar al secuestre de reemplazo, diligencia que se pasó por alto, la entrega de los bienes secuestrados, la designación rápida y oportuna de un nuevo auxiliar de justicia que ejerciera el cuidado y protección del bien secuestrado; y iii) la falta de dirección del proceso con medidas sustanciales y procesales que hubiesen evitado o controlado el desmantelamiento, deterioro y abandono del bien secuestrado.
El daño antijurídico en el caso concreto.
La Sala encuentra acreditado el daño antijurídico alegado por la parte demandante, con base en los argumentos que pasan a exponerse.
En primer lugar, se tiene que sí se adelantó un proceso ejecutivo mixto en contra de los aquí demandantes, el cual fue tramitado por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Neiva, que mediante auto del 04 de abril de 1997 decretó el embargo y secuestro del inmueble de propiedad del señor Hernán Sandoval Forero ubicado en el municipio de Palermo, en el que se encontraba el establecimiento de comercio Hotel del Río, que para esa fecha no se encontraba en funcionamiento. En dicha providencia se comisionó al Juzgado Promiscuo Municipal de Palermo para que adelantara la diligencia del secuestro del bien, orden a la que dio cumplimiento el 10 de febrero de 1998, en la misma posesionó al secuestre designado Joaquín María Cedeño Manchola, a quien se le realizó la entrega del inmueble al secuestre, y quien, a su vez, se lo dejó en depósito gratuito a quien había atendido la diligencia, la señora Rodríguez de Sandoval.
Asimismo, está probado que el predio fue avaluado el 03 de abril de 1998 por los peritos designados, experticia en la cual quedó registrado que: “El inmueble del presente avalúo consiste en una construcción de tres plantas adecuada en su totalidad para un hotel, el cual tiene el nombre de Hotel del Río y no se encuentra funcionando”, asimismo, que el predio estaba avaluado en una suma total de “$572.210.000.” ; dictamen del cual el Juzgado corrió traslado a las partes el 13 de abril de 1998 de conformidad a lo establecido en el artículo 238 del CPC.
Encuentra la Sala que el señor Cedeño Manchola, en ejercicio de su cargo de secuestre entregó a la señora Aurora Rodríguez de Sandoval el inmueble “Hotel del Rio” en buen estado, junto con las llaves del mismo. Igualmente, se acreditó que la señora Sandoval le entregó el bien al auxiliar de la justicia en octubre de 1998,y este el 08 de febrero de 1999 le comunicó al Juzgado Tercero Civil del Circuito que personas indeterminadas perpetraron un hurto en las instalaciones del “Hotel del Río”, en el cual se sustrajeron unos elementos; señaló que apenas conoció de ese suceso interpuso la respectiva denuncia ante la Fiscalía Octava de la ciudad de Palermo, ante la Fiscalía Octava Delegada ante los Juzgados Promiscuos Municipales con sede en Palermo – Huila.
Esta situación fue puesta en conocimiento de las partes en el proceso ejecutivo, el 11 de febrero de 1999, mediante auto que cobró ejecutoria el 19 de febrero siguiente, con esta providencia se tiene por probado que el inmueble empezó a sufrir un detrimento y que esto fue conocido por las partes tanto demandante como demanda, la primera se pronunció solicitando que el secuestre rindiera el informe respectivo, y la segunda guardó silencio.
Se tiene demostrado que el 24 de febrero de 1999 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva requirió al secuestre designado dentro de este asunto para que procediera a rendir un informe detallado de su administración cumplida con su cargo, tal como lo solicitó el apoderado judicial de la parte actora; respuesta que no allegó, pero sí su renuncia el 10 de marzo de siguiente; la que fue aceptada por el Juzgado mediante providencia del 15 de marzo de 1999, y en su reemplazo nombró al señor Jorge Arce Luna, pues se encontraba de turno en la lista oficial de auxiliares de justicia; en el auto correspondiente precisó que: “una vez que aceptado el cargo pertinente del secuestre entrante se procederá a comunicarle al señor Joaquín María Cedeño Manchola, para que proceda a hacer entrega de los bienes del cual es secuestre al señor JORGE ARCE LUNA” ; sin embargo, como lo evidencian los documentos que se reseñan a continuación, el señor Cedeño Manchola continuó con la funciones de secuestre, pues manifestó que este no conocía de la aceptación de la renuncia.
En efecto, el señor Cedeño Manchola manifestó al Juzgado que para el 30 de abril de 1999 se había perpetrado un nuevo hurto en las instalaciones del “Hotel del Río”, indicó que colocó la respectiva denuncia y reiteró que el 09 de marzo de esa anualidad había presentado renuncia del cargo como secuestre, sin que hasta esa fecha se le hubiese notificado algo al respecto; asimismo ocurrió el 01 de octubre de 1999.
Ante tal situación el apoderado de la parte demandante dentro del proceso ejecutivo, el 23 de agosto de 2000 solicitó al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva un nuevo avalúo del bien inmueble secuestrado y objeto de remate “toda vez que se ha intentado rematarlo en varios oportunidades por el 40% y no ha sido posible. (…) Además, el inmueble ha sufrido graves deterioros que hacen inviable rematarlo por el avalúo actual” , por lo que el Juzgado ordenó el segundo avalúo, el cual se radicó el 11 de octubre de 2000 ante dicha autoridad judicial, y en este quedó registrado que por las características del inmueble y el deterioro que éste había sufrido, el nuevo valor comercial de ese inmueble era de $305.991.640.00.
El 03 de diciembre de 2000 el señor Cedeño Manchola radicó oficio ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva, en el que informó que del inmueble secuestrado nuevamente se había sustraído elementos y reiteró su renuncia; asimismo, se tiene que el 15 de enero de 2001 el apoderado de Bancafe radicó solicitud ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito mediante la cual señaló la preocupación con relación a la forma como el inmueble “Hotel del Río” había sido hurtado, sin que el señor secuestre hubiese tomado ninguna medida de emergencia para evitar su deterioro; por lo que le rogó tomar medidas urgentes para que el Secuestre rindiera un informe pormenorizado de su gestión y el motivo por el cual dejó que el inmueble a su cargo fue arrasado sin que hubiera tomado medida de prevención alguna, la parte demandada guardó silencio.
Seguidamente, se tiene que el 05 de marzo de 2001 el señor Cedeño Manchola radicó oficio ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva en el que informó que se comunicó con el señor Arce Luna con el fin de entregarle el inmueble secuestrado, éste le manifestó que había dirigido una nota al Juzgado indicando que “había ido a las instalaciones del inmueble habiéndose encontrado cerrado y sin ventanas y que nadie había hecho entrega del mismo, me manifestó igualmente que el ya no formaba parte éste año de las listas de auxiliares de justicia y que tenía que hablar en el Juzgado al respecto. Por lo anterior no ha sido posible la entrega del inmueble al nuevo secuestre”. Por otra parte solicitó la designación de un nuevo secuestre,
Asimismo, se evidencia que el 13 de junio de 2001 el señor Jorge Arce Luna radicó oficio dirigido al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva en el que manifestó: “Atendiendo el requerimiento contenido en el auto de fecha 25 de mayo de 2001, comunicado por oficio de fecha 11 de junio del 2001 me permito manifestar a usted que continúan vigentes los requisitos o inconvenientes para recibir el inmueble denominado HOTEL DEL RIO. Informados a ese Despacho en oficio 23 de septiembre de 1999. (…) A lo anterior se agrega que en el actual periodo no me estoy desempeñando como auxiliar de la justicia”. De lo que se puede inferir que el señor Arce Luna, si bien aceptó su designación, jamás se posesionó como secuestre, razón por la cual el secuestre Cedeño Manchola continúo a cargo del mismo, situación que pasó desapercibida el Juzgado de conocimiento.
El 16 de agosto de 2002 el Juzgado Tercero Civil del Circuito corrió traslado a las partes de las cuentas rendidas por el señor Cedeño Manchola en su calidad de secuestre saliente. Seguidamente, requirió al secuestre Jorge Arce Luna, quien había aceptado el cargo, para que procediera a efectuar las diligencias pertinentes con el fin de recibir los bienes secuestrados, omitiendo, que éste último ya no fungía como auxiliar de justicia, por lo que el inmueble no podía ser recibido por este sujeto. El Juzgado pasó por alto esta situación lo que ocasionó la perdida adquisitiva del inmueble por lo que el 04 de marzo de 2004 el Juzgado Tercero Civil del Circuito elevó acta en la que registró la diligencia de remate en la que se estableció que se presentó el señor Moisés Espinosa Rodríguez quien ofertó la suma de $152.995.820 “que equivale al cincuenta (50%) del avalúo pericial practicada al inmueble de subasta” como no se hizo presente ningún otro oferente, ese Despacho resolvió adjudicar al favor del Central de Inversiones S.A., por intermedio del señor Espinosa Rodríguez.
Con base en el material probatorio que se viene de examinar, se tiene, entonces, como ya se anticipó, que el daño antijurídico alegado si se ocasionó, se debe ahora examinar sí el mismo es imputable a la entidad demandada.
La Imputación jurídica del daño
Procede ahora la Sala a determinar si el daño antijurídico que resultó acreditado le resulta atribuible al Estado.
Con respecto a las actuaciones del Juzgado Tercero Civil del Circuito, se tiene que dicho despacho atendió cada una de las manifestaciones realizadas por los respectivos secuestres, si bien se generó una controversia respecto de la posesión del señor Luna Arce, es claro para la Sala que el secuestre Cedeño Manchola desempeñó su encargo con diligencia, en efecto, en el plenario se evidencia que cumplió con los siguientes deberes a su cargo: i) el de depositario y custodio de los bienes secuestrados, asimismo está demostrado que dispuso labores para la seguridad del inmueble cuando se empezaron a perpetrar los hurtos, ii) dio oportuno aviso a la Fiscalía y al Juzgado Tercero Civil Municipal de las perturbaciones sufridas por el inmueble secuestrado (hurtos, destrucción de dependencias); iii) rindió informes de su gestión, con los cuales las partes y el juez ejecutor quedaron advertidos de las eventualidades presentadas, iv) presentó rendición de cuentas comprobadas de la misma y v) hizo entrega oportuna del bien inmueble.
Por otra parte, también se encuentra demostrado que el señor Cedeño Manchola renunció a su cargo (10 de marzo de 1999) y que dicha renuncia se le aceptó; de la misma manera está probado que si bien se designó como nuevo secuestre al señor Jorge Arce Luna (15 de marzo de 1999), quien aceptó su encargo el 23 septiembre de 1999, este auxiliar condicionó su posesión a que se designara un vigilante o cuidandero, para evitar que continuaran con los hurtos, concretamente manifestó: “funcionario que debe ser nombrado y remunerado por el Banco Cafetero o por la señora depositaria del inmueble, requisito este previo para proceder a mi posesión”, sin embargo, dicha petición fue omitida y el señor Cedeño Manchola continuaba ejerciendo las funciones de secuestre, pues el señor Arce Luna nunca se posesionó y el Juzgado, desconociendo este hecho requirió a este último sólo para que recibiera el inmueble embargado y secuestrado, olvidando que éste jamás se posesionó; asimismo, desconociendo que el señor Arce Luna para el 2001 no se estaba desempeñando como auxiliar de justicia.
Con lo anterior queda demostrada que no existió negligencia por parte de los auxiliares de justicia en el desempeño de su labor, ni la violación de deberes e incumplimiento de funciones previstas para el cargo, pues lo que propició que el mismo fuera objeto de saqueo fue que no existía una debida vigilancia, la cual no podía ser suministrada por estos, toda vez que es claro que el bien embargado era un establecimiento de comercio que no estaba en funcionamiento desde antes de la diligencia de embargo y secuestro del “Hotel del Río”, por lo que no contaban con ingresos para ello; además, pese a ello, el señor Cedeño veló por colocar una seguridad con candados y reforzar las paredes, sin que esto surtiera ningún efecto.
Ahora bien, con relación a la designación de estos secuestres, encuentra la Sala que el Juzgado Tercero Civil del Circuito no desconoció lo dispuesto en la ley, pues tanto el señor Cedeño Manchola como Luna Arce en el momento de ser designados pertenecían a la lista de auxiliares de justicia, y tenían las facultades para ejercer sus funciones como secuestres. Sin embargo, con relación a la situación de Luna Arce, conforme a lo establecido en el artículo 2º de la Ley 446 de 1998, que dispone que: “El cargo de auxiliar de la justicia es de obligatoria aceptación dentro de los cinco (5) días siguientes al envío del telegrama correspondiente so pena de que sea excluido de la lista, salvo justificación aceptada.(…)”, está demostrado en el expediente que éste acepto el cargo, pero para proceder a su posesión solicitó que las partes asumieran el pago de un vigilante, situación de la que se le corrió traslado a las partes, y frente a la cual guardaron silencio.
En el caso bajo estudio, encuentra la Sala que si bien está demostrada la pérdida de valor que sufrió el bien inmueble objeto de secuestro dentro del proceso ejecutivo, también resulta evidente la negligencia con que actuó la parte demandada dentro del proceso ejecutivo, y aquí demandante, que conocía del embargo y secuestro del mismo y conocía también del riesgo en que se podía encontrar dicho inmueble, puesto que como lo afirmó el señor Cedeño Manchola en su testimonio rendido en este proceso, dicha señora le puso en conocimiento de manera verbal el día de la diligencia que se había presentado el robo de los aires acondicionados y cámaras, antes de tal diligencia, y cuando la diligencia de secuestro se llevó a cabo, “solo estaban los huecos de los Aires Acondicionados y no había ninguna cama”. Lo anterior pone de presente que el desmantelamiento del inmueble había comenzado antes de que el bien se le entregara al secuestre.
Asimismo, también se tiene probado que el señor Hernán Sandoval Forero, conociendo del proceso ejecutivo adelantado en su contra, en el cual se embargó el bien inmueble de su propiedad para que se cancelaran las obligaciones adquiridas por él y la señora Aurora Rodríguez de Sandoval, no hicieron ninguna manifestación dentro del proceso, desde el momento en que el señor Cedeño Manchola informó del primer hurto perpetrado en el inmueble de su propiedad, pues en el expediente se encuentra demostrado que el Juzgado Tercero Civil Municipal de Neiva corrió traslado a las partes de cada uno de los informes que presentó el secuestre, así como de las reiterativas peticiones de la parte demandante en las cuales solicitaban el remate del mismo, el cual sólo se dio cuando la misma parte demandante cesionaria ofertó para la compra de dicho inmueble.
Por lo expuesto, encuentra la Sala que la parte demandante en esta acción de reparación directa tuvo un actuar omisivo dentro del proceso ejecutivo que se adelantó en su contra, pues no estuvo atento a las providencias proferidas en el mismo, ni las recurrió oportunamente; tampoco alertó al juzgado de las supuestas irregularidades cometidas por el secuestre, ni aportó documentos informativos de lo que acontecía, como las que pretende que la Sala en esta instancia si tenga en cuenta, como lo son fotografías en las cuales señala cual era el “ESTADO FISICO DEL HOTEL DEL RIÓ A LOS TRES MESES DE HABERSELE ENTREGADO AL SECUESTRE NOMBRADO (…) SAQUEADA Y DESTRUIDA SU PLANTA FISICA EN UN 90%”, situación que confirma que éstos conocían los daños que había sufrido el inmueble, desde que este interpuso las respectivas denuncias penales e informó sobre los hurtos que se habían presentado al juez que conocía del proceso ejecutivo, solicitando tanto a la parte ejecutante como a la ejecutada, aquí demandante, que asumieran los costos de vigilancia del bien, toda vez que el mismo se encontraba improductivo. Frente a ello, los aquí demandantes asumieron un silencio negligente, que configura la culpa exclusiva de la víctima.
En efecto, con base en lo expuesto, encuentra la Sala que está demostrada la culpa exclusiva de la víctima, pues la parte demandante conociendo de la situación de peligro que se cernía sobre el inmueble secuestrado, no ejecutó actividad alguna, como advertir tanto al Juzgado como al secuestre de dicha situación; asimismo, guardó silencio en el momento que segundo secuestre pidió contratar a un vigilante, pues este no podía asumir los costos de este servicio, comoquiera que el establecimiento de comercio “Hotel del Río” no se encontraba en funcionamiento, por lo que no generaba ninguna renta, de la que pudiera tomar, como secuestre, el dinero necesario para pagar ese servicio de vigilancia.
Se reitera que durante el proceso ejecutivo la parte ejecutada estuvo ausente, solo se notificó del mandamiento de pago y señaló que no iba a proponer excepciones por lo que se dio por notificada por conducta concluyente; y jamás, ni de manera autónoma, ni por intermedio de apoderado judicial, manifestó o alertó del incumplimiento de los deberes del secuestre, ni realizó gestión alguna relativa a la conservación del bien, cuando el secuestre puso de presente los actos vandálicos que se cometían en el inmueble y solicitó apoyo para contratar un vigilante.
Como ya se advirtió, es claro para la Sala que existió una omisión de la parte demandada dentro del proceso ejecutivo; entonces, si bien se ocasionó un daño, como lo es la pérdida del valor del inmueble embargado y secuestrado, el mismo no se ocasionó por la negligencia del secuestre o la omisión de los deberes funcionales del juez; pues el secuestre no abandonó el inmueble y el Juez siempre informó de lo sucedido a las partes, frente a lo cual la parte ejecutada, aquí demandante, nunca se pronunció ni advirtió que esto podida suceder, pues conocía de la situación que se podía presentar; ni veló por colocar el cuidandero o vigilante que solicitó el Secuestre Arce Luna.
Es claro que el daño no lo podía evitar la actividad del auxiliar de la justicia, puesto que el Hotel del Río no era productivo, por lo que este no podía asumir el pago de un vigilante o cuidandero; con base en todo lo anterior la Sala determina que el daño antijurídico demostrado en el sub judice no es atribuible al Estado sino al propio perjudicado y eventualmente a su contraparte, la cual no fue vinculada a este proceso contencioso administrativo, por lo que la Sala negará las pretensiones de la demanda al encontrarse configurado el eximente de responsabilidad de culpa de la víctima.
7. Condena en costas
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.
En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
R E S U E L V E
REVOCAR la sentencia proferida el 08 de febrero de 2011 por el Tribunal Administrativo de Huila, y en su lugar dispone:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones por encontrarse configurado el eximente de responsabilidad de culpa de la víctima
SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Aclaró voto Cfr. Rad. 39876-18, Rad. 33494-16 #2
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Magistrado
JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
Presidente
Folios 602-610 Cuaderno principal
Folio 589-598 Cuaderno principal
Folio 5-16 Cuaderno Nº 1
Folio 13 del Cuaderno Nº 1. Folio 494-495 Cuaderno Nº1
Folio 507 Cuaderno Nº1
Folio 510-513 Cuaderno Nº1
Folio 517-519 Cuaderno Nº1
Folio 524 Cuaderno Nº 2
Folio 564 Cuaderno Nº 2
Folio 565-567 Cuaderno Nº 2
Folio 576-580 Cuaderno Nº 2
Folio 589-598 Cuaderno principal
Folio 589-607 Cuaderno principal
Folio 609 Cuaderno principal
Folio 615 Cuaderno principal
Folio 617 Cuaderno principal
Folio 618-621 Cuaderno principal
Folio 680 Cuaderno principal
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez, Exp.: 2008-00009. En este sentido véase también, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 9 de diciembre de 2010, Exp.: 39085, C.P.: Ruth Stella Correa; Auto de 21 de octubre de 2009, Exp.: 36913, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez; y Auto de 28 de marzo de 2012, Exp.: 42864, C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Corte Constitucional. Sentencia C- 965 de 2003. ARTICULO 21. SUSPENSION DE LA PRESCRIPCION O DE LA CADUCIDAD. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html" \l "2" 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. (Subrayado fuera de texto)
Consejo de Estado, Auto de fecha 2 de marzo de 2001, Rad. 10909, M.P. Delio Gómez Leyva. Consejo de Estado, Auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Folio 28 Cuaderno Nº 1
Folio 451 Cuaderno Nº 1
Folio 454 Cuaderno Nº 1
Folio 52-53 Cuaderno Nº 1
Folio 64-68 Cuaderno Nº 1
Folio 69 Cuaderno Nº 1
Folio 71 Cuaderno Nº 1
Folio 78 Cuaderno Nº 1
Folio 88 Cuaderno Nº 1
Folio 482 Cuaderno Nº 1
Folio 109 Cuaderno Nº 1
Folio 106 Cuaderno Nº 1
Folio 107 Cuaderno Nº 1
Folio 108 Cuaderno Nº 1
Folio 110 Cuaderno Nº 1
Folio 111 Cuaderno Nº 1
Folio 113 Cuaderno Nº 1
Folio 112 Cuaderno Nº 1
Folio 115 Cuaderno Nº 1
Folio 121 Cuaderno Nº 1
Folio 120 Cuaderno Nº 1
Folio 122 Cuaderno Nº 1
Folio 133 Cuaderno Nº 1
Folio 134 Cuaderno Nº 1
Folio 136 Cuaderno Nº 1
Folio 138 Cuaderno Nº 1
Folio 139 Cuaderno Nº 1
Folio 140 Cuaderno Nº 1
Folio 141-142 Cuaderno Nº 1
Folio 143-145 Cuaderno Nº 1
Folio 146 Cuaderno Nº 1
Folio 151 Cuaderno Nº 1
Folio 152 Cuaderno Nº 1
Folio 177 Cuaderno Nº 1
Folio 178 Cuaderno Nº 1
Folio 186-189 Cuaderno Nº 1
Folio 205 Cuaderno Nº 1
Folio 208 Cuaderno Nº 1
Folio 209 Cuaderno Nº 1
Folio 210 Cuaderno Nº 1
Folio 211 Cuaderno Nº 1
Folio 219 Cuaderno Nº 1
Folio 220 Cuaderno Nº 1
Folio 236 Cuaderno Nº 1
Folio 238 Cuaderno Nº 1
Folio 239 Cuaderno Nº 1
Folio 241 Cuaderno Nº 1
Folio 252 Cuaderno Nº 1
Folio 261 Cuaderno Nº 1
Folio 269 Cuaderno Nº 1
Folio 283-284 Cuaderno Nº 1
Folio 285 Cuaderno Nº 1
Folio 296 Cuaderno Nº 1
Folio 304 Cuaderno Nº 1
Folio 327 Cuaderno Nº 1
Folio 353 Cuaderno Nº 1
Folio 363 Cuaderno Nº 1
Folio 389-391 Cuaderno Nº 1
Folio 396-398 Cuaderno Nº 1
Folio 402 Cuaderno Nº 1
“3- Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado.
Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de
Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada –en especial en el artículo 16- los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado”. Corte Constitucional, sentencia C-864 de 2004, sentencia C-037 de 2003. Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”. Sentencia de 21 de octubre de 1999, expedientes: 10948-11643. Es, pues “menester, que además de constatar la antijuridicidad del [daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, ‘la imputatio juris’ además de la ‘imputatio facti’”.
“(…) el perjudicado a consecuencia del funcionamiento de un servicio público debe soportar el daño siempre que resulte (contrario a la letra o al espíritu de una norma legal o) simplemente irrazonable, conforme a la propia lógica de la responsabilidad patrimonial, que sea la Administración la que tenga que soportarlo”. PANTALEON, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, No.4, 2000, p.185.
“(…) que lo razonable, en buena lógica de responsabilidad extracontractual, para las Administraciones públicas nunca puede ser hacerlas más responsables de lo que sea razonable para los entes jurídico-privados que desarrollan en su propio interés actividades análogas”. PANTALEON, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”. ob., cit., p.186. Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal – bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía- sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, sentencia C-285 de 2002. Agregándose: “Para eludir el cumplimiento de sus deberes jurídicos no puede exigirle al juez que, como no le alcanzan sus recursos fiscales, no le condene por ejemplo, por los atentados de la fuerza pública, contra la dignidad de la persona humana". Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 1995, expediente: 9550. Sección Tercera, sentencia de 19 de mayo de 2005, expediente 2001-01541 AG.
“(…) por haber excedido los inconvenientes inherentes al funcionamiento del servicio”. Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 2000, expediente: 12166. Sección Tercera, sentencia de 2 de junio de 2005, expediente: 1999-02382 AG.
"(…) el daño que se presenta a partir de la simple amenaza que permite inferir el agravamiento de la violación del derecho, sin que suponga su destrucción total, no se incluye en los estudios de la doctrina sobre el carácter cierto del perjuicio. Y sin embargo, esta situación también se expresa en el carácter cierto del perjuicio.
La única diferencia radica en que la proyección en el futuro se hará a partir de la amenaza y hasta la lesión definitiva y no respecto de las consecuencias temporales de esta última. Por esta razón es necesario tener en cuenta esta nueva situación y hacer una proyección en el futuro partiendo de la amenaza del derecho que implicará un agravamiento de la lesión del mismo (…) Se parte, en acuerdo con C. THIBIERGE cuando expone las carencias actuales de la responsabilidad civil, de tener en cuenta “el desarrollo filosófico del principio de responsabilidad y la idea de una responsabilidad orientada hacia el futuro que le permitiría al derecho liberarse de la necesidad de un perjuicio consumado y de crear una responsabilidad sólo por la simple amenaza del daño, con la condición de que éste último sea suficientemente grave” (…) La alteración del goce pacífico de un derecho es un perjuicio cierto. Aunque se pudiere reprochar que la amenaza de un derecho es por definición contraria a su violación, y por consecuencia, es contraria (sic) a la noción de daño, se reitera que la mera amenaza de violación es de por sí un daño cierto y actual. En efecto, el sentido común indica que el uso alterado de un derecho no es un goce pleno y pacífico de este, precisamente porque supone que se encuentra disminuido (…) La necesidad de estudiar la amenaza de agravación del derecho en la certeza del daño. Los desarrollos de esta primera parte nos permiten concluir que la amenaza de daño pertenece al ámbito del régimen jurídico del daño y por ende de la responsabilidad civil. Excluirla de la materia deja una parte esencial del daño sin estudio, permitiendo que se instauren concepciones en las cuales el derecho procesal limita el derecho sustancial”. HENAO, Juan Carlos, “De la importancia de concebir la amenaza y el riesgo sobre derechos ambientales como daño cierto. Escrito a partir del derecho colombiano y del derecho francés”, en VVAA, Daño ambiental, T.II, 1ª editorial, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2009, pp.194, 196 y 203. Corte Constitucional, sentencia C-043 de 2004. En los términos de Kant, dicha imputación se entiende: “Imputación (imputatio) en sentido moral es el juicio por medio del cual alguien es considerado como autor (causa libera) de una acción, que entonces se llama acto (factum) y está sometida a leyes; si el juicio lleva consigo a la vez las consecuencias jurídicas del acto, es una imputación judicial (imputatio iudiciaria), en caso contrario, sólo una imputación dictaminadora (imputatio diiudicatoria)”. KANT, I. La metafísica de las costumbres. Madrid, Alianza, 1989, p.35. En nuestro precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “La jurisprudencia nacional ha recabado en ello al sentar la tesis de que la base de la responsabilidad patrimonial del Estado la constituye la imputabilidad del daño. En efecto, con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Corte Constitucional ha sostenido que la responsabilidad patrimonial del Estado y de las demás personas jurídicas públicas se deriva de la imputabilidad del perjuicio a una de ellas, lo cual impide extenderla a la conducta de los particulares o a las acciones u omisiones que tengan lugar por fuera del ámbito de la administración pública”. Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003. El “otro principio de responsabilidad patrimonial del Estado es el de imputabilidad. De conformidad con éste, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al estado cuando exista título jurídico de atribución, es decir, cuando de la voluntad del constituyente o del legislador pueda deducirse que la acción u omisión de una autoridad pública compromete al Estado con sus resultados”. Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003.
“El Derecho se dirige a hombre y no a adivinos.
Declarar típica toda acción que produzca un resultado dañoso, aun cuando éste fuese imprevisible, significaría que la ley no tiene en cuenta para nada la naturaleza de sus destinatarios; pues una característica del hombre es precisamente la de que no puede prever más que muy limitadamente las consecuencias condicionadas por sus actos. Vincular un juicio de valor negativo (el de antijuridicidad) a la producción de un resultado que el hombre prudente no puede prever sería desconocer la naturaleza de las cosas (más concretamente): la naturaleza del hombre”. GIMBERNAT ORDEIG, E. Delitos cualificados por el resultado y relación de causalidad. Madrid, 1990, pp.77 ss. MIR PUIG, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob., cit., p.7. LARENZ, K. “Hegelszurechnungslehre”, en MIR PUIG, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob., cit., p.7. JAKOBS, G. La imputación objetiva en el derecho penal. Bogotá, Universidad Externado, 1994. Sin embargo, como lo sostiene el precedente de la Sala: “De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo… No obstante que la norma constitucional hace énfasis en la existencia del daño antijurídico como fuente del derecho a obtener la reparación de perjuicios siempre que el mismo le sea imputable a una entidad estatal, dejando de lado el análisis de la conducta productora del hecho dañoso y su calificación como culposa o no, ello no significa que la responsabilidad patrimonial del Estado se haya tornado objetiva en términos absolutos, puesto que subsisten los diferentes regímenes de imputación de responsabilidad al Estado que de tiempo atrás han elaborado tanto la doctrina como la jurisprudencia”. Sentencia de 24 de febrero de 2005, expediente: 14170. MIR PUIGPELAT, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema, ob., cit., p.171. El principio de proporcionalidad se compone de tres sub- principios: el principio de idoneidad; el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto. Estos principios expresan la idea de optimización (…) En tanto que exigencias de optimización, los principios son normas que requieren que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible, dadas sus posibilidades normativas y fácticas. Los principios de idoneidad y de necesidad se refieren a la optimización relativa a lo que es fácticamente posible por lo que expresan la idea de optimalidad de Pareto. El tercer subprincipio, el de proporcionalidad en sentido estricto, se refiere a la optimización respecto de las posibilidades normativas. Las posibilidades normativas vienen definidas, fundamentalmente, por la concurrencia de otros principios; de modo que el tercer sub principio podría formularse mediante la siguiente regla: Cuanto mayor ser el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro. Esta regla puede denominarse: “ley de la ponderación”. ALEXY, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en VASQUEZ, Rodolfo; ZIMMERLING, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob., cit., p.62. La ley de la ponderación pone de manifiesto que ésta se puede fraccionarse en tres pasos. El primero consiste en establecer el grado de insatisfacción o de detrimento del primer principio; el segundo, consiste en establecer la importancia de la satisfacción del segundo principio, que compite con el primero y, finalmente, el tercer paso consiste en determinar si, por su importancia, la satisfacción del segundo principio justifica la no satisfacción del primero”. ALEXY, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en VASQUEZ, Rodolfo;
ZIMMERLING, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob., cit., p.64. ALEXY, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en VASQUEZ, Rodolfo; ZIMMERLING, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob., cit., p.62. Sin embargo, se advierte que Habermas ha planteado objeciones a la ponderación: “… la aproximación de la ponderación priva de su poder normativo a los derechos constitucionales. Mediante la ponderación –afirma Habermas- los derechos son degradados a nivel de los objetivos, de las políticas y de los valores; y de este modo pierden la “estricta prioridad” característica de los “puntos de vista normativos”. HABERMAS, Jürgen. Between Facts and Norms, Trad. William Rehg, Cambridge, 1999, p.259. A lo que agrega: “… no hay criterios racionales para la ponderación: Y porque para ello faltan criterios racionales, la ponderación se efectúa de forma arbitraria o irreflexiva, según estándares y jerarquías a los que está acostumbrado”. Para concluir que: “La decisión de un tribunal es en sí misma un juicio de valor que refleja, de manera más o menos adecuada, una forma de vida que se articula en el marco de un orden de valores concreto. Pero este juicio ya no se relaciona con las alternativas de una decisión correcta o incorrecta”. HABERMAS, Jürgen. “Reply to Symposium Participants”, en ROSENFELD, Michel; ARATO, Andrew. Habermas on Law and Democracy. Los Angeles, Berkeley, 1998, p.430. La profesora BELADIEZ comparte sin reservas la preocupación por los excesos que desfiguran la institución, admite que con alguna frecuencia se producen <<resultados desproporcionados e injustos>> para la Administración e insiste en advertir que la responsabilidad objetiva no es un seguro universal que cubra todos los daños que se produzcan con ocasión de las múltiples y heterogéneas actividades que la Administración lleva cotidianamente a cabo para satisfacer los interese generales”. LEGUINA VILLA, Jesús. “Prólogo”, en BELADIEZ ROJO, Margarita. Responsabilidad e imputación de daños por el funcionamiento de los servicios públicos. Con particular referencia a los daños que ocasiona la ejecución de un contrato administrativo. Madrid, Tecnos, 1997, p.23. MIR PUIGPELAT, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema., ob., cit., p.204.
“(…) el tema de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas ha sido abordado tradicionalmente desde la óptica de las garantías individuales. Se trata de una institución que protege al individuo frente a los daños causados por las Administraciones Públicas como consecuencia de la amplia actividad que éstas desarrollan. Pero, desde la perspectiva de la posición de la Administración, la responsabilidad está en el mismo centro de su concepción constitucional como derivación de la cláusula del Estado social de Derecho; derivación que, en hipótesis extrema, puede conllevar que los límites del sistema resarcitorio público estén condicionados por los propios límites del llamado Estado social de Derecho”. MARTÍN REBOLLO, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración.: Un balance y tres reflexiones”, ob., cit., p.308. Sección Tercera, sentencias de 19 de abril de 2012, expediente: 21515; de 23 de agosto de 2012, expediente: 23492. Merkl ya lo señaló: “El hombre jurídicamente puede hacer todo lo que no le sea prohibido expresamente por el derecho; el órgano, en fin de cuentas, el estado, puede hacer solamente aquello que expresamente el derecho le permite, esto es, lo que cae dentro de su competencia. En este aspecto el derecho administrativo se presenta como una suma de preceptos jurídicos que hacen posible que determinadas actividades humanas se atribuyan a los órganos administrativos y, en último extremo, al estado administrador u otros complejos orgánicos, como puntos finales de la atribución. El derecho administrativo no es sólo la conditio sine qua non, sino condijo per quam de la administración”. MERKL, Adolfo.
Teoría general del derecho administrativo. México, Edinal, 1975, p.211. Para Martín Rebollo: “Un sistema de responsabilidad muy amplio presupone un estándar medio alto de calidad de los servicios. Y si eso no es así en la realidad puede ocurrir que el propio sistema de responsabilidad acabe siendo irreal porque no se aplique con todas sus consecuencias o se diluya en condenas a ojo, sin reglas fijas o casi con el único criterio de que las solicitudes indemnizatorias no «parezcan» excesivamente arbitrarias o desproporcionadas. Aunque, claro está, lo que sea proporcionado o no, en ausencia de referentes externos sobre cómo debe ser y actuar la Administración, acaba siendo también una decisión subjetiva. De ahí la conveniencia de la existencia de parámetros normativos que señalen cuál es el nivel, la pauta o la cota de calidad de los servicios, es decir, el elemento comparativo y de cotejo sobre cómo debe ser la Administración”. MARTÍN REBOLLO, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración.: Un balance y tres reflexiones”, ob., cit., p.311.
“En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado”. Sección Tercera, sentencias de 19 de abril de 2012, expediente: 21515; 23 de agosto de 2012, expediente 24392. SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Responsabilidad del Estado por el actividad judicial, Cuadernos de la Cátedra Allan R. Brewer- Carías de Derecho Administrativo Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2015. Una reseña de las decisiones del Consejo de Estado que contiene este sincretismo entre error y privación injusta de la libertad puede ser consultada en SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Responsabilidad del Estado por la actividad judicial, cit. pág. 22. SABOURAULT, Didier. “La responsabilidad del servicio público de la justicia en Bélgica”, en DEGUERGUE, Maryse (Coord.) La justicia y la responsabilidad del Estado, Bogotá, Universidad de Santo Tomás, 2010, p.94. GONZÁLEZ ALONSO, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva. Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, p.57. GONZÁLEZ ALONSO, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva., ob., cit., p.58. TOLIVAR ALAS, Leopoldo. “La responsabilidad patrimonial del Estado-Juez”, en QUINTANA LÓPEZ, Tomás (Dir.). La responsabilidad patrimonial de la administración pública. Estudio general y ámbitos sectoriales. Valencia, Tirant lo Blanch, 2009, p.518. Corte Constitucional, Sentencia C-318 de 30 de junio de 1998, M.P.: Carlos Gaviria Díaz. Corte Constitucional, Sentencia C-1043 de 10 de agosto de 2000, M.P.: Álvaro Tafur Galvis. Tesis reiterada en la sentencia C-207 de 11 de marzo de 2003, M.P.: Rodrigo Escobar Gil. Corte Constitucional, Sentencia T-424 de 6 de mayo 2004, M.P.: Álvaro Tafur Galvis. Corte Constitucional, Sentencia T-247 de 10 de abril de 2007, M.P.: Rodrigo Escobar Gil. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 10 de noviembre de 1967. Exp.: 867. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp.: 12719, C.P.: Ricardo Hoyos Duque. Lo que se ratifica en el precedente afirmando que la responsabilidad del Estado puede surgir también “cuando tales daños son producidos en desarrollo de la función judicial, o por el acto judicial mismo o por los hechos, omisiones o excesos en el desarrollo judicial”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 13 de septiembre de 2001, Exp.12915, C.P.: María Elena Giraldo Gómez.
Así mismo, se sostiene en el precedente que la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia incluye las actuaciones “que… efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp.: 13164, C.P.: Ricardo Hoyos Duque. Recientemente el precedente de la Sala hace referencia a hechos o simples trámites secretariales o administrativos. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de agosto de 2010, Exp.: 17301, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez (E). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp.: 12719, C.P.: Ricardo Hoyos Duque. Lo que significa que la responsabilidad del Estado puede surgir también “cuando tales daños son producidos en desarrollo de la función judicial, o por el acto judicial mismo o por los hechos, omisiones o excesos en el desarrollo judicial”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 13 de septiembre de 2001, Exp.12915, C.P.: María Elena Giraldo Gómez. Así mismo, se ha sostenido que la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia incluye las actuaciones “que (…) efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp.: 13164, C.P.: Ricardo Hoyos Duque. Recientemente la Sala ha hecho referencia a hechos o simples trámites secretariales o administrativos como hipótesis de defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de agosto de 2010, Exp.: 17301, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez (E). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp.: 13164, C.P.: Ricardo Hoyos Duque. En el derecho comparado se afirma que “se trata de un funcionamiento anormal debido a la actividad de los juzgados y tribunales, tanto de los propios jueces y magistrados en el ejercicio de su actividad jurisdiccional como de la oficina judicial a través de los secretarios judiciales que la dirigen y el resto de personal al servicio de la Administración de Justicia”. GONZÁLEZ ALONSO, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva., ob., cit., p.57. COLOMBIA, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 1º de octubre de 1992, expediente: 7058. Sentencia del 13 de agosto de 1993, expediente: 7869 y sentencia de 18 de septiembre de 1997, expediente: 12686. SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Responsabilidad del Estado por el actividad judicial, Cuadernos de la Cátedra Allan R. Brewer- Carías de Derecho Administrativo Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2015. Pág. 155. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 4 de septiembre de 1997, Exp.: 10285, C.P.: Ricardo Hoyos Duque. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 24 de mayo de 1990, Exp.: 5451, C.P.: Julio Cesar Uribe Acosta. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 4 de septiembre de 1997, Exp.: 10285, C.P.: Ricardo Hoyos Duque. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp.: 12719, C.P.: Ricardo Hoyos Duque.
En el derecho comparado el funcionamiento anormal procede de actuaciones materiales, normalmente dilaciones indebidas, pero también por omisiones de fases, trámites o etapas procesales que impiden el recto enjuiciamiento de los asuntos. Son ejemplos típicos de funcionamiento anormal: las dilaciones indebidas, la desaparición de dinero, joyas, documentos u otras pruebas de convicción, sustracción de las mismas”. GONZÁLEZ ALONSO, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva., ob., cit., p.58. Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp.: 12719, C.P.: Ricardo Hoyos Duque. Puede verse el precedente Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 24 de mayo de 1990, Exp.: 5451, C.P.: Julio Cesar Uribe Acosta. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 12 de septiembre de 1996, Exp.: 11092. La actuación fallida está relacionada con “una actuación necesaria para la aplicación de la decisión judicial previa: la que ordenó el remate”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp.: 12719, C.P.: Ricardo Hoyos Duque. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp.: 13164, C.P.: Ricardo Hoyos Duque. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp.: 13164, C.P.: Ricardo Hoyos Duque. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de agosto de 2010, Exp.: 17301, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez (E). Folio 28 Cuaderno Nº 1
Folio 64-68 Cuaderno Nº 1
Folio 52-53 Cuaderno Nº 1
Folio 64-68 Cuaderno Nº 1
Folio 69 Cuaderno Nº 1
Folio 482 Cuaderno Nº 1
Folio 106 Cuaderno Nº 1
Folio 107 Cuaderno Nº 1
Folio 108 Cuaderno Nº 1
Folio 110 Cuaderno Nº 1
Folio 113 Cuaderno Nº 1
Folio 115 Cuaderno Nº 1
Folio 121 Cuaderno Nº 1
Folio 120 Cuaderno Nº 1
Folio 141-142 Cuaderno Nº 1
Folio 177 Cuaderno Nº 1
Folio 186-189 Cuaderno Nº 1
Folio 208 Cuaderno Nº 1
Folio 210 Cuaderno Nº 1
Folio 219 Cuaderno Nº 1
Folio 239 Cuaderno Nº 1
Folio 285 Cuaderno Nº 1
Folio 389-391 Cuaderno Nº 1
Folios 538-539 Cuaderno Nº 2 Diligencia de testimonio rendida por el señor Joaquín María Cedeño Manchola el 21 de noviembre de 2006. En cuanto a la suficiencia del valor del bien para cubrir el objeto de la cautelas en el proceso ejecutivo adelantado por el Juzgado Civil del Circuito de Neiva, para cubrir los créditos reconocidos a Bancafe que demandaron la efectividad de su acreencia en esa oportunidad, la Sala encuentra demostrado que el valor de los bienes, de haberse rematado en forma regular, habría alcanzado para cubrir el costo del crédito adquirido por los demandados dentro de dicho proceso, sin embargo con el detrimento que sufrió el inmueble, así como que fue subastado por el 40% del segundo avalúo el mismo no cubrió la expectativa de pago de éstos, los cuales pretenden que sean resarcidos por este medio de control. Folios 490 Cuaderno Nº 1 Fotografías aportadas por la parte demandante, con esa leyenda.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.