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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-31-000-2005-01568-01

Fecha
17 de octubre de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-31-000-2005-01568-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA MODIFÍCASE la sentencia de primera instancia, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 10 de marzo de 2014, la cual quedará así: PRIMERO: DECLÁRASE NO PROBADA la excepción de caducidad de la acción propuesta por la entidad demandada. SEGUNDO: DECLÁRASE el incumplimiento contractual del Municipio de Neiva respecto de su obligación de reconocer y pagar la utilidad dejada de percibir por la sociedad ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES en la ejecución del contrato No. 030 de 2002. TERCERO: CONDÉNASE al Municipio de Neiva a pagar, a favor de la sociedad ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES, la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 42/100 ($44’214.577,42), por concepto de la utilidad dejada de percibir. CUARTO: CONDÉNASE al Municipio de Neiva a pagar, a favor de la sociedad ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES, la suma de VEINTITRES MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 72/100 ($23’129.372,72) por concepto de sobrecostos por mayor permanencia en la obra. QUINTO: DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda. SEXTO: Sin condena en costas. SÉPTIMO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento. 91 Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501) Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el siguiente link: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidadoraspx

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 41001-23-31-000-2005-01568-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

17 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)

Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES

Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA

Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes en
contra de la sentencia del 10 de marzo de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila -Sala Sexta de Decisión Escritural-, que acogió
parcialmente las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

La sociedad ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES presentó
demanda en la que pidió que se declarara el incumplimiento del municipio de Neiva
y el rompimiento del equilibrio económico del Contrato de Obra No. 030 de 2002 en
virtud de la mayor permanencia del contratista en su ejecución, proveniente de
prórrogas y suspensiones originadas en causas imputables a la entidad; la utilidad
dejada de percibir por la última suspensión, que fue indefinida e impidió la ejecución
total del objeto contractual; el mayor valor pagado por la estampilla Pro-
Electrificación, pues el porcentaje de este impuesto aumentó entre la presentación
de la oferta y la celebración del contrato; el valor del suministro del material de
terraplén, pues en los pliegos de condiciones no se solicitó el mismo y fue necesaria
su adquisición; y el transporte de material para terraplén para un ítem nuevo, que
tampoco fue reconocido por la entidad.

1

Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

ANTECEDENTES
Demanda

1. El 8 de agosto de 2005, la sociedad ESGAMO LTDA. INGENIEROS
CONSTRUCTORES, a través de apoderado debidamente constituido y en ejercicio
de la acción de controversias contractuales, presentó demanda en contra del
municipio de Neiva para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas (fl.
5 a 28, c. 2)1:

1. Que se declare el INCUMPLIMIENTO del contrato de obra pública No. 030
de 2002, por parte del MUNICIPIO DE NEIVA (…).

2. Que como consecuencia de la anterior declaración se declare que se
ROMPIÓ LA ECUACIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO de obra No. 030 de
2002, por causas imputables al MUNICIPIO DE NEIVA, causando perjuicios al
contratista (…).

3. Que como consecuencia de la anterior declaración, se solicita al Honorable
Tribunal Administrativo de Huila se ordene la terminación y liquidación del
contrato 030 de 2002 con los reconocimientos e indemnizaciones a que haya
lugar (…).

CONDENAS.

1. Se reconozca la utilidad dejada de percibir sobre el saldo del valor contractual
que se encuentra por ejecutar por la suma de (…) ($476.844.788,41) M/CTE,
siendo el costo directo de (…) ($381.475.830,73) M/CTE, encontrándose a la
fecha pendiente una utilidad dejada de percibir del 6% la que aplica sobre el
costo directo, debidamente indexada a partir del 12 de agosto de 2003 para un
valor de (…) ($25.830.071.89) M/CTE.

2. Se reconozca a Esgamo Ltda. Ingenieros Constructores, los siguientes
valores, por hechos debidamente demostrados e imputables al Municipio de
Neiva como contratante, que dieron lugar al detrimento del contrato, razón por
la cual surge a cargo de la entidad contratante, la obligación de cubrir:

a. Los sobrecostos ocasionados por mayor permanencia en obra por razones
ajenas al contratista. Así mismo, el demandante aporta abundante
documentación en la que consta que incurrió en gastos de administración
durante los meses que se prorrogó el plazo contractual con ocasión de la
aludida prórroga y suspensiones del mismo, por tanto se entiende probado
el perjuicio y para la cuantificación de la indemnización correspondiente se
hizo tomando como base el valor de la propuesta; de la cual se tomaron los
costos de administración y dirección allí previstos, se multiplicaron por el
período de tiempo que duró la mayor permanencia de la obra, se
actualizaron a la fecha presente. Para un valor total de (…)
($255.790.344.66).

b. El mayor valor ocasionado por el suministro de material de Terraplén para
los volúmenes ejecutados en los Ítems de obra No. 3 “terraplenes en
material seleccionado”, No. 18 “terraplenes en material seleccionado

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Se advierte que, a lo largo de la providencia, se utilizará la numeración de los cuadernos que se
realizó en esta Corporación.

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Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

(andenes) y No. 19 “terraplenes en material seleccionado (separador)”. Para
un valor actualizado a Julio de 2005 de (…) ($330.089.063.44).

c. El mayor valor ocasionado por el transporte de material para la construcción
de terraplenes del separador central, ítem No. 27 “terraplenes con material
sin clasificar (separador)”. Para un valor actualizado a Julio de 2005 de (…)
($103.420.434.54).

d. Mayor valor cancelado por Estampilla de Pro-electrificación rural, cuyo
porcentaje del 1% no se tuvo en cuenta en el momento de presentar oferta
ya que a la fecha de cierre del proceso aún no se había expedido el acuerdo
municipal que aumentó este porcentaje del 0.5% al 1.0%, aplicando
consecuentemente la teoría del Hecho del Príncipe. Para un valor
actualizado desde junio 28 de 2002 a Julio 31 de 2005 de (…)
($22.809.043.24).

2. En los hechos fundamento de la demanda, en resumen, dio cuenta de la
celebración entre las partes -previo proceso licitatorio en el que se adjudicó a la
sociedad demandante por Resolución 209 del 15 de mayo de 2002- del Contrato
de Obra Pública No. 030 del 13 de junio de 2002, cuyo objeto fue “La construcción
de la carrera 2, en el tramo comprendido entre la calle 2 sur y la carretera que
conduce al sur del país frente a Surabastos”, respecto del cual se pactó un plazo de
ejecución de 6 meses contados a partir del acta de iniciación, la cual solo pudo
suscribirse el 29 de agosto de 2002, cuando ha debido serlo a más tardar el 9 de
julio de ese año, demora que se debió a que la entidad no había contratado la
interventoría.

3. Además, el contrato fue suspendido el 27 de febrero de 2003 y se reinició el 13
de marzo siguiente; se suscribió un contrato adicional de prórroga del plazo por 4
meses más, hasta el 13 de julio de 2003; se suscribió un otrosí el 11 de julio de
2003, en el que se acordó que el plazo del contrato era de 13 meses, contados a
partir del acta de iniciación, y el 12 de agosto de 2003 se suscribió el acta de
suspensión No. 2, por un término indefinido.

4. Con lo anterior, el plazo de ejecución, que inicialmente era de 6 meses, pasó a
ser de 13 meses y, además, al momento de la última suspensión, quedó pendiente
por ejecutar la suma de $ 476’844.788,41, de los cuales el costo directo era de
$381’475.830,73, encontrándose pendiente una utilidad dejada de percibir
equivalente al 6% del mismo, es decir la suma de $22’888.549,84.

5. La demandante adujo que las anteriores circunstancias de prórroga del plazo y
suspensiones de la ejecución del contrato se debieron a causas imputables al

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Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

municipio, consistentes en la demora en contratar al interventor, cambio en las
especificaciones, no entrega oportuna de los predios de Bavaria, la no existencia de
planos y diseños, rediseño de la estructura para el pavimento, diseño del proyecto
de la ciclo ruta y moto ruta, situaciones que dieron lugar a actividades y cantidades
no contratadas, la variación en el tiempo y la mayor permanencia del contratista en
la obra por 6 meses, generando mayores costos frente al valor del contrato.

6. Sobre el cambio de especificaciones, sostuvo que el contratista debió suministrar,
transportar y compactar material seleccionado para terraplén, no incluido en los
ítems de obra 3, 18 y 19, sin que le fuera reconocido por la interventoría, pues de
un lado, no aceptó como material de préstamo el producido del corte y conformación
de la subrasante por considerar que no era conveniente; y de otro lado, consideró
que tenía que ser asumido por el contratista, a pesar de que en los estudios del
consultor se había especificado que los terraplenes que faltaban por construir se
llevarían a cabo con el material proveniente de los cortes en la misma vía, lo que
fue aceptado por el municipio de Neiva y sirvió de base en la licitación y al
correspondiente análisis de precios.

7. Consecuente con la determinación del consultor, en las especificaciones
suministradas para el contrato no se contempló el suministro, lo que era coincidente
con las especificaciones generales del INVÍAS, que no contemplan el suministro de
material, sino que esta entidad tiene estipulado que el pago del material para la
construcción de terraplenes se realice a través de los ítems: 210 “Excavación de la
Explanación, Canales y Préstamos” y 900 “Transporte de materiales provenientes
de excavaciones y derrumbes”, respectivamente, por lo que era suficientemente
claro que “el corte del material que se vaya a utilizar para la construcción de
terraplenes, así como su transporte al sitio de utilización, debe ser cancelado por
aparte al precio estipulado para la construcción de Terraplenes, por cuanto este
ítem no incluyó los costos generados por dichas actividades”. Al no existir dentro de
la especificación particular ninguna observación que contraviniera el alcance del
ítem “terraplén” en relación con las especificaciones generales, “(…) el Contratista
no pudo haber previsto su suministro y por lo tanto, no haber tenido (sic) en cuenta
este costo dentro del correspondiente análisis unitario, y por ende no constituye un
“error u omisión”, como equivocadamente conceptúa la Interventoría”.

8. Como el contratista ejecutó terraplenes con material sin clasificar para el
separador de la vía, en el cual se empleó material de corte pero que fue necesario
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Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

transportar al sitio final de utilización, y dado que no se encuentra incluido dentro
del precio de la actividad, generó un mayor costo en el ítem 27, “terraplenes con
material sin clasificar (separador) actividad terraplén”.

A continuación, la demandante citó normas contractuales y jurisprudencia sobre el
equilibrio económico del contrato.

Contestación de la demanda

9. El 19 de septiembre de 2005, el Tribunal Administrativo del Huila admitió la
demanda y dispuso la notificación de dicha decisión a la entidad demandada y al
Ministerio Público (fl. 290, c. 3).

10. El municipio de Neiva contestó la demanda, admitió como ciertos algunos
hechos, negó otros y se opuso a las pretensiones, por cuanto aseguró que la entidad
no incurrió en incumplimiento del contrato. En cuanto a las afirmaciones y
reclamaciones de la parte actora, sostuvo:

10.1. Que el contrato fue prorrogado de común acuerdo por las partes, por solicitud
de la contratista. Y que no era procedente el cobro de los sobrecostos
administrativos aducidos en la demanda por la mayor permanencia en la obra, pues
una eventual carga laboral que haya surgido para el contratista con ocasión de la
suspensión de la ejecución del contrato era de su resorte, pues ello implicaba,
necesariamente, la suspensión de todos los demás contratos derivados de aquel,
so pena de asumir directamente las cargas y prestaciones laborales que por su falta
de diligencia se pudieran generar, salvo que el interventor hubiera autorizado la
permanencia de personal en el sitio de las obras, lo que no sucedió en el presente
caso.

10.2. Que no era cierto que la entidad tuviera que cancelarle el valor de la utilidad
esperada (6%) por la parte del contrato que no fue ejecutada, pues la cuantía del
contrato se pactó para efectos legales y fiscales, pero en la cláusula cuarta también
se estipuló que el valor final sería el resultante de multiplicar las cantidades
realmente ejecutadas por los precios unitarios.

10.3. Que podía ser cierto, en principio, que el municipio le estuviera adeudando las
actas parciales 5, 6, 9 y 10, pero que ello se debió a razones presupuestales, pues
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Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

según el Estatuto Orgánico del Presupuesto -Decreto 111 de 1996-, las reservas
presupuestales que no se utilicen al 31 de diciembre de la vigencia fiscal, fenecen.
Y que, en este caso, las actas se generaron dos vigencias fiscales después de que
el contrato fuera adjudicado y se le constituyera la correspondiente reserva en el
año 2001, por lo que esta feneció. Agregó que esto ocurrió por causas imputables
al mismo contratista, ya que presentó cuenta de cobro por las actas de reajuste
antes de la terminación de las obras, con lo cual se agotaron los recursos
presupuestales; manifestó que “(…) gran parte de la falta de liquidez que presentó
el Municipio de Neiva para cancelar los valores generados en desarrollo y ejecución
del contrato se debieron a la solicitud de la firma contratista de cancelar los valores
correspondientes a los reajustes (…) y aunque la Ley ni el contrato determinaban
en qué momento debían cancelarse los reajustes, lo más obvio y natural era que los
mismos se cancelaran al final de la relación contractual, con cargo al rubro que para
el efecto tenía previsto la Secretaría de Hacienda Municipal”.

10.4. El cobro de los reajustes durante la ejecución del contrato y no a su
finalización, repercutió en su desarrollo, al afectarse la apropiación presupuestal
necesaria para culminar satisfactoriamente la obra, al incidir tal cobro en el plan de
pagos que tenía la entidad. Respecto del último recibo de obra, manifestó que el
municipio no lo canceló porque no se cumplía con los requisitos mínimos exigidos,
consistentes en la aprobación escrita del interventor.

10.5. En cuanto al mayor valor del transporte del material de terraplén, sostuvo que
el contratista no cumplió con el material seleccionado para terraplén sino que
siempre se limitó a ofrecer el proveniente de cortes o préstamos laterales dentro del
sector de la obra como parte del material final de aplicación; ese material, como lo
determinó el interventor, no cumplía con las especificaciones de la oferta y del
contrato y debía ser mezclado con otro que otorgara la calidad mínima necesaria
para el desarrollo de la obra. Y que, dentro del precio total de los materiales, se
encontraban comprendidos todos los elementos que podían incidir en su precio,
entre ellos el transporte, por lo que no era de recibo esta reclamación efectuada por
el demandante.

10.6. Respecto del mayor valor cancelado por concepto de estampillas, manifestó
que “(…) el Municipio de Neiva podría llegar a un estudio y revisión del tema, y llegar
a un acuerdo ajustado a derecho, previa conciliación o transacción que sobre el
tema específico se realice”.
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Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

11. Así mismo, propuso las excepciones de i) prescripción de la acción, por cuanto
entre la fecha en que se suspendió el contrato y aquella en la que se presentó la
demanda, habían transcurrido más de dos años; y ii) culpa de la víctima, ya que los
eventuales valores adeudados y reclamados en la demanda se produjeron con
ocasión de la conducta negligente de la contratista, habiéndose suspendido, en
legal y debida forma, el contrato de obra pública (fl. 308, c. 3).

Alegatos de conclusión

12. Mediante auto del 20 de marzo de 2007 se dio apertura a la etapa de pruebas y
se decretaron las que el tribunal consideró pertinentes; el 18 de agosto de 2009, se
corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
rendir concepto (fls. 340, c. 3 y 401, c. 1).

13. La parte actora presentó alegatos en los cuales, con base en las pruebas
practicadas en el proceso, consideró acreditados los argumentos expuestos en la
demanda sobre los sobrecostos derivados de la mayor permanencia en la obra por
causas ajenas al contratista e imputables a la entidad demandada, el no pago del
suministro y transporte del material seleccionado para terraplén, derivado del
cambio de especificaciones, y el mayor valor asumido en la legalización del contrato
por la cancelación de la estampilla Pro-Electrificación Rural. (f. 405 y 418, c. 1).

14. La entidad demandada presentó escrito en el cual reiteró su oposición a las
pretensiones y solicitó que se despacharan favorablemente las excepciones
propuestas en la contestación de la demanda (f. 414, c. 1).

La sentencia impugnada

15. El Tribunal Administrativo de Bolívar profirió sentencia el 10 de marzo de 2014,
en la cual i) negó la excepción de caducidad de la acción, ii) declaró el
incumplimiento contractual del municipio de Neiva respecto de su obligación de
reconocer y pagar a favor del contratista la utilidad dejada de percibir en el Contrato
de Obra No. 030 de 2002 por valor de $ 22’888.549,84, suma que debía ser
actualizada a la fecha de la sentencia con la fórmula usualmente utilizada por esta
jurisdicción, iii) declaró liquidado el contrato y iv) negó las demás pretensiones de la
demanda (fls. 435 a 462, c. ppal).

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Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

16. La decisión del a-quo obedeció, de un lado, a que consideró que la acción no
estaba caducada, pues el término de dos años debía contabilizarse a partir del
incumplimiento de la obligación de liquidar el contrato, para lo cual se partiría de la
fecha en que el mismo fue suspendido por última vez -12 de agosto de 2003-, para
contar a partir de ese momento el término de la liquidación de común acuerdo y el
de la liquidación unilateral, con lo cual la fecha límite para demandar sería el 12 de
febrero de 2006 y, como la demanda se presentó el 10 de agosto de 2005, lo fue en
tiempo. En relación con las pretensiones, consideró:

16.1. Sobrecostos por mayor permanencia en la obra: Si bien se acreditó la demora
en el inicio de las obras, la prórroga del contrato y sus suspensiones, de un lado no
estaban probados los perjuicios aducidos por concepto de la mayor permanencia
en la obra y, de otro lado, que el contratista suscribió las adiciones en tiempo y las
actas de suspensión sin efectuar reclamación alguna por tales conceptos, por lo
que, en virtud del principio de la buena fe, no podía, una vez terminado el plazo
pactado, reclamar mayores costos por situaciones que se originaron en hechos que
él mismo consintió.

16.2. Mayores costos de obra (ítems no reconocidos): Reclamación por concepto
del suministro de material de terraplén para los volúmenes ejecutados en el ítem de
obra No. 3 -terraplenes en material seleccionado-, ítem No. 18 -terraplenes en
material seleccionado (andenes) e ítem No. 19 -terraplenes en material
seleccionado -separador- y el costo del transporte del material, por un valor de
$330’089.063,44: El tribunal consideró que esta reclamación “(…) no cumplió con el
requisito necesario para la procedencia, puesto que según lo advirtió el Interventor,
‘en los pliegos de condiciones quedó claro que en la oferta el valor propuesto
debía ser a todo costo’. Además, el procedimiento pactado por las partes según
el contrato, para incluir nuevos materiales de obra y adicionar el costo de éstos
implicaba que el Interventor debía dar su aprobación y justificar dichos cambios (las
negrillas son del texto original)”, y lo cierto fue que la interventoría dio su concepto
negativo a esta solicitud, por considerar que dichos materiales ya formaban parte
del contrato y, además, existía un memorando de Control de Advertencia expedido
por la Contraloría Municipal sobre la no procedencia del pago de nuevos ítems de
materiales de obra para la construcción de terraplenes.

16.3. Mayor costo de la estampilla Pro-Electrificación Rural: El a-quo estimó que
esta pretensión de restablecimiento del equilibrio económico del contrato no estaba
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Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
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Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

llamada a prosperar, toda vez que si bien el porcentaje de este impuesto aumentó
de 0,5% a 1% después de abierta la licitación, lo cierto es que se suscribió el
contrato cuando ya se había producido el aumento, por lo que no resultaba
procedente la aplicación de la teoría del hecho del príncipe, dado que el acuerdo
municipal que estableció el referido aumento fue proferido al menos tres meses
antes de la firma del contrato, es decir que no fue imprevisible para el contratista.

16.4. Utilidad dejada de percibir por faltante de ejecución de obra: Esta pretensión,
fundada en la última suspensión del contrato, que fue indefinida y se tornó definitiva,
fue concedida por el a-quo, que consideró que esta circunstancia se produjo por
causas imputables al municipio, puesto que incurrió en incumplimiento de su
obligación de efectuar los pagos acordados con el contratista, debido al agotamiento
del presupuesto del contrato, hecho que se atribuía exclusivamente a la entidad
demandada, por su falta de previsión y de apropiación de recursos para mantener
la liquidez del negocio jurídico, que fue lo que condujo a que el mismo no fuera
reanudado, razón por la cual declaró su incumplimiento, la condenó a pagar la
referida utilidad y declaró liquidado el contrato.

El recurso de apelación

17. Inconformes con la decisión, las partes interpusieron recurso de apelación, en
los siguientes términos.

18. La parte demandada, pidió que se revoque el fallo en cuanto a la declaratoria
de incumplimiento y la condena al municipio de Neiva a pagar la utilidad dejada de
percibir por el contratista con ocasión de la suspensión del contrato, para lo cual
reiteró que, de acuerdo con lo establecido en el negocio jurídico, el valor real del
mismo sería el resultado de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas
por los precios unitarios acordados, por lo que “(…) el Municipio de Neiva, solo
estaba obligado a cancelar los valores correspondientes a las obras efectivamente
ejecutadas” (f. 465, c. ppl.).

19. La parte actora pidió que se revoque el numeral cuarto de la sentencia de
primera instancia en el que se decidió negar las demás pretensiones de la demanda
y que, en su lugar, se acceda a las mismas (fl. 468, c. ppal). En sustento de su
petición, adujo:

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Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
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Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

19.1. Que era procedente la pretensión fundada en la reclamación de los perjuicios
por la mayor permanencia en la obra, pues la misma provino de tres circunstancias
imputables al municipio de Neiva -la tardía celebración del contrato de interventoría;
la no entrega oportuna de los predios de Bavaria; la falta de entrega de algunos
planos y diseños y las variaciones provenientes del proyecto de ciclo ruta que había
contratado por otra parte el municipio-, y que generaron mayores costos
administrativos para el contratista. Si bien el tribunal adujo que no se acreditaron en
el plenario los perjuicios, el apelante consideró que esto no era cierto, pues en el
expediente obra prueba de los costos administrativos -personal, equipos, nómina
administración de la obra, arriendos y servicios, servicio de topografía, facturación
equipo propio-, debidamente desglosados y con sus respectivos soportes contables,
y además obra un dictamen pericial que estableció la existencia de estos perjuicios.

19.2. Respecto del rompimiento del equilibrio económico del contrato, manifestó que
el contratista había presentado su oferta con base en las condiciones técnicas y
económicas y las cargas tributarias existentes para la fecha y el plazo de ejecución
indicado.

19.3. Y lo cierto fue que el alcance del contrato se modificó, pues hubo unos
mayores costos de obra que no fueron reconocidos, consistentes en el ítem no
previsto de “suministro de material seleccionado para la construcción de
terraplenes”, ya que para los ítems 3, 18 y 19 previstos, “según especificación
particular suministrada por el Municipio C5 no incluía el suministro del material”.
Aseguró que esa especificación, que formaba parte del pliego de condiciones, no
establecía que el proponente-contratista debía incluir el suministro del material para
la ejecución de los ítems 3, 18 y 19. Y para la elaboración de los respectivos precios
unitarios sólo debía tenerse en cuenta la preparación del terreno y la instalación del
material apropiado, considerando además que, en los estudios y diseños
elaborados por DIS LTDA INGENIEROS, que hacían parte del pliego, luego de
relacionar las características del material de corte que se proyectaba obtener en
desarrollo de las obras, se indicó que los terraplenes por construir se llevarían a
cabo con el material proveniente de dichos cortes. Por otra parte, en el análisis que
se hizo en ese estudio sobre las fuentes de materiales, no se consideró dentro de
las actividades previstas con aquellas, la de “terraplén”, “(…) y concordante con lo
anterior (…), la especificación particular C5, no consideraba el suministro de
material seleccionado para la construcción del terraplén, por lo que el proponente
no estaba obligado a incluir el precio del material del terraplén”. Y agregó que,
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efectivamente, ESGAMO no consideró en el análisis de precios unitarios de los
ítems 3, 18 y 19 el costo del material seleccionado, teniendo en cuenta que las
especificaciones y estudios que eran parte integral del pliego indicaban que para los
mismos se utilizaría material de corte.

19.4. Ya durante la ejecución del contrato, fue la interventoría la que estableció que
el material de corte no era aceptable porque no cumplía las especificaciones
técnicas necesarias y exigió al contratista que suministrara el material seleccionado
que se requería para los terraplenes, el cual además tuvo que ser transportado, lo
que generó costos -que fueron probados en el proceso- cuyo reconocimiento no fue
aprobado por la interventoría por considerar que hacía parte de las obligaciones del
contratista, lo cual dio lugar al rompimiento de la ecuación económica del contrato.

19.5. También reiteró la apelante que se afectó el equilibrio económico del negocio
jurídico con ocasión del pago de la estampilla Pro-Electrificación, en virtud de la
teoría del hecho del príncipe, toda vez que el impuesto fue modificado y se aumentó
después de presentada la oferta de ESGAMO dentro de la licitación, y esta firma
sólo se enteró de la variación después de suscrito el contrato, en la etapa de su
legalización, por lo que debió pagar un mayor valor que le debe ser reconocido.

Trámite en segunda instancia

20. El recurso de apelación fue admitido por esta Corporación mediante providencia
del 23 de enero de 2015. Asimismo, mediante auto del 19 de febrero de 2015 se
corrió traslado del proceso a las partes para que alegaran de conclusión y al
Ministerio Público para que rindiera su concepto (fl. 522 y 524, c.ppal).

21. La parte actora reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación (fl.
525, c. ppal).

II.- CONSIDERACIONES

22. La Sala estima necesario precisar que al presente asunto le resultan aplicables
las reglas del Código Contencioso Administrativo –Decreto 01 de 1984-, toda vez
que la demanda fue presentada el 8 de agosto de 2005, vale decir, en vigencia de
dicha norma y antes de que entrara a regir la Ley 1437 de 2011, por la cual se
expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

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Administrativo, que prescribe en el artículo 308 la regla de transición para procesos
iniciados con anterioridad, conforme a la cual los mismos se seguirán rigiendo por
el Código Contencioso Administrativo.

Presupuestos procesales

Competencia

23. El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante, de conformidad con lo dispuesto en el numeral
8 del artículo 132 y numeral 1 del artículo 129 del C.C.A., toda vez que el monto de
la mayor de las pretensiones indemnizatorias ascendió a $330.089.063.44 por
concepto del valor del suministro de material de Terraplén para los Ítems de obra
No. 3, 18 y 19, suma que excede la cuantía establecida para que un proceso de
controversias contractuales fuera de doble instancia a la fecha de la presentación
de la demanda2.

Legitimación en la causa

24. Tanto el municipio de Neiva como la sociedad ESGAMO LTDA. INGENIEROS
CONSTRUCTORES, se encuentran legitimados en la causa por pasiva y por activa
respectivamente, toda vez que fungieron como parte contratante y parte contratista
en el contrato de obra No. 030 de 2002, cuya declaratoria de incumplimiento se
impreca en la demanda.

Oportunidad de la demanda

25. La demanda que dio origen al presente proceso fue presentada el 8 de agosto
de 2005, fecha para la cual la norma que consagró el término de caducidad de las
acciones era el artículo 136 del C.C.A., subrogado por el artículo 44 de la Ley 446
de 1998, que establece diferentes puntos de partida para efectos de la
contabilización del término de caducidad del medio de control de controversias
contractuales. La regla general, consagrada en el numeral 10, es que, en las

2
Según lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998, los tribunales administrativos
conocerían en primera instancia de los referentes a contratos de las entidades estatales en sus
distintos órdenes, cuando la cuantía excediera de quinientos (500) salarios mínimos legales
mensuales, los cuales en 2005 correspondían a $190.750.000, toda vez que el salario mínimo para
ese año fue de $381.500, según el Decreto 4360 de diciembre 22 de 2004.

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acciones relativas a contratos, el término de caducidad será de 2 años que se
contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de
derecho que les sirvan de fundamento. No obstante, dependiendo de si el contrato
es susceptible o no de liquidación, la norma contempla otros hitos para la
contabilización del término, así:

10. En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años
que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho
o de derecho que les sirvan de fundamento.
En los siguientes contratos, el término de caducidad se contará así:

a) En los de ejecución instantánea, a más tardar dentro de los dos (2) años
siguientes a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato;

b) En los que no requieran de liquidación, a más tardar dentro de los dos (2)
años siguientes, contados desde la terminación del contrato por cualquier
causa;

c) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada de común acuerdo
por las partes, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la firma
del acta;

d) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente por
la administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la
ejecutoria del acto que la apruebe. Si la administración no lo liquidare durante
los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes
o, en su defecto del establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la
jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de
los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar;

e) <Literal condicionalmente EXEQUIBLE> La nulidad absoluta del contrato
podrá ser alegada por las partes contratantes, por el Ministerio Público o
cualquier persona interesada, dentro de los dos (2) años siguientes a su
perfeccionamiento. Si el término de vigencia del contrato fuere superior a dos
(2) años, el término de caducidad será igual al de su vigencia, sin que en ningún
caso exceda de cinco (5) años, contados a partir de su perfeccionamiento. En
ejercicio de esta acción se dará estricto cumplimiento al artículo 22 de la Ley
"por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del
Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil,
se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican
y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras
disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia".

f) La nulidad relativa del contrato, deberá ser alegada por las partes dentro de
los dos (2) años, contados a partir de su perfeccionamiento.

26. En el sub-lite, el negocio jurídico objeto de la controversia, es un contrato de
obra pública, razón por la cual, según lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley 80 de
1993, debía ser liquidado a su finalización 3. No obstante, en el plenario no consta

3“
ARTÍCULO 60. DE SU OCURRENCIA Y CONTENIDO. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos
cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto
de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro

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que tal liquidación se hubiere llevado a cabo ni de común acuerdo ni de forma
unilateral, razón por la cual el término de caducidad, en principio, tal y como lo dice
la norma, debe contabilizarse a partir del momento en que se incumplió, por parte
de la entidad contratante, ese deber de efectuar el corte de cuentas de manera
unilateral.

27. Ahora bien, surge al respecto una dificultad, consistente en que la liquidación
procede cuando el contrato ha terminado por cualquier causa: bien sea por el
transcurso del plazo pactado, porque la entidad lo terminó unilateralmente, porque
las partes acordaron finalizarlo, etc., pero resulta que, en el presente caso, la última
actuación que se produjo en desarrollo de la relación contractual fue la suspensión
de su ejecución, sin que la misma se hubiera reanudado para la época de
presentación de la demanda.

28. En efecto, los motivos que dieron lugar a la presentación de la demanda se
fincaron en el incumplimiento contractual de la entidad demandada y el rompimiento
del equilibrio económico del contrato, provenientes principalmente de la mayor
permanencia en la obra y el cambio de especificaciones técnicas por causas
imputables a aquella, lo que le reportó sobrecostos al contratista y la privación en la
obtención de una parte de las utilidades a las que tenía derecho y que no le fueron
reconocidos por la entidad, circunstancias que además condujeron a la suspensión
indefinida del contrato, sin que el municipio de Neiva hubiera procedido a su
liquidación y al pago de lo debido.

29. La parte demandada sostuvo que la acción se encontraba caducada, toda vez
que el término dispuesto en el artículo 136 del C.C.A. debía contabilizarse a partir
del acta de suspensión de la obra -12 de agosto de 2003-.

30. A su turno, el Tribunal consideró que el término de caducidad debía
contabilizarse a partir del incumplimiento de la entidad respecto de su obligación de
liquidarlo unilateralmente, para lo cual debía tenerse en cuenta como fecha a partir
de la cual efectuar los cálculos, la de la última suspensión del contrato -12 de agosto
de 2003- para contar, a partir de ese momento, el término de la liquidación de común

del término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar
antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la
expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la
disponga (…)”.

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acuerdo y el de la liquidación unilateral, con lo cual la fecha límite para demandar
sería el 12 de febrero de 2006 y, como la demanda se presentó el 10 de agosto de
2005, lo fue en tiempo.

31. Al respecto, observa la Sala que el Contrato de Obra Pública No. 030 fue suscrito
el 13 de junio de 2002 y contemplaba como plazo de ejecución el de 6 meses,
contados a partir del acta de iniciación de la obra (f. 34, c. 2); dicha acta fue suscrita
el 29 de agosto de 2002 y en ella se consignó como fecha de terminación el 28 de
febrero de 2003 (f. 56, c. 2). No obstante, el 27 de febrero de 2003 se suscribió el
Acta de Suspensión Provisional No. 1, mientras se perfeccionaba el contrato
adicional en tiempo que acordaron las partes (f. 58, c. 2 y f. 403, c. 12). El 13 de marzo
de 2003 se suscribió el Acta de Reiniciación No. 1 (fl. 63, c. 2), y ese mismo día, se
suscribió contrato adicional (f. 61, c. 2), mediante el cual se prorrogó el plazo de
ejecución en 4 meses, por lo que el plazo total sería de 10 meses, contados a partir
del acta de iniciación, es decir que su vencimiento se produciría el día 28 de junio
de 2003. Las partes suscribieron otrosí en el cual modificaron la Cláusula Tercera
del contrato, pactando que el plazo de ejecución era de 13 meses, contados a partir
de la aprobación del acta de iniciación, con lo cual, según se estipuló allí, la fecha
de terminación del contrato sería el día 29 de septiembre de 2003. El 12 de agosto
de 2003, los representantes legales de la contratista ESGAMO LTDA., y de la
interventoría SOTA LTDA., y el secretario de Infraestructura y Vías del municipio de
Neiva, suscribieron un Acta de Suspensión Provisional, en los siguientes términos
(f. 67, c. 2):

PRIMERO: Debido a que el contrato de interventoría se encuentra suspendido
se hace necesario suspender el contrato principal de obra civil, toda vez que no
se puede seguir desarrollando sin tener interventoría de acuerdo con lo
establecido por la Ley 80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios.

Por lo anteriormente expuesto:
ACUERDAN

PRIMERO: Suspender el Contrato de Obra Pública No. 030 de 2002, cuyo
objeto es la ‘Construcción de la carrera 2, en el tramo comprendido entre la calle
2 sur y la carretera que conduce al sur del País frente a Surabastos’, hasta tanto
se reinicia (sic) el contrato de Interventoría.

32. Es decir que, faltando poco más de un mes para su finalización, se suspendió
la ejecución del contrato de manera indefinida y su reiniciación quedó supeditada a
la reiniciación del contrato de interventoría, hecho que no consta en el plenario que
se hubiera producido hasta la fecha de presentación de la demanda.

15

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33. Ahora bien, como se observa, la norma que rige la caducidad de la acción no
contempla casos como el presente, razón por la cual le corresponde al juez dilucidar
en cuál de los eventos debe enmarcarse.

34. Así las cosas, considera la Sala que, toda vez que el contrato, aún siendo
susceptible de liquidación, no lo fue ni podía serlo, por cuanto se hallaba suspendido
mas no terminado, para efectos de la contabilización del término de caducidad de
la acción debe regir la regla general, es decir la que establece los dos años a partir
de los motivos de hecho o de derecho que dieron lugar a la reclamación, como se
explica a continuación.

35. El 4 de noviembre de 2003, mediante oficio SIV-945, el secretario de
Infraestructura y Vías le comunicó al contratista que la administración municipal
estaba haciendo ingentes esfuerzos por conseguir los recursos económicos que les
permitieran terminar el proyecto de la Autopista Surabastos, pero que había sido
imposible la obtención de créditos bancarios o recursos adicionales para tal fin; no
obstante, reiteraba su voluntad de seguir insistiendo en su consecución (f. 56, c. 7).

36. El 12 de noviembre de 2003, el contratista reiteró al municipio su solicitud de
que se constituyeran las apropiaciones presupuestales necesarias para la
culminación de las labores pendientes (f. 54, c. 7).

37. Mediante comunicación EGM-539-03 del 3 de diciembre de 2003 dirigida al
alcalde municipal, el contratista le informó a éste que se abstenía de suscribir el
contrato adicional que, por valor de $ 116’230.039, le fue remitido para su firma y
legalización, hasta que la administración municipal no diera respuesta a los
siguientes interrogantes: ¿qué pasaría con la suspensión indefinida del contrato
principal acordada el 12 de agosto de 2003? ¿al firmar el contrato adicional se
reiniciaría nuevamente el contrato principal y habría necesidad de suscribir nueva
acta de suspensión luego de terminado el contrato adicional, o terminado este, se
liquidaría el contrato principal? ¿quién haría la interventoría del contrato adicional,
ya que el contrato de Interventoría se encontraba suspendido desde mediados de
ese año? ¿cuándo se constituiría la reserva presupuestal por valor de
$758’963.285,51 para cancelarle al contratista la obra ejecutada y no pagada y para
poder agotar las metas físicas y financieras del contrato principal? ¿por qué con la
reserva existente para ese contrato adicional, no se cancelaba parte de la deuda
existente por obra ejecutada? (f. 52, c. 7).
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38. Obra comunicación SIV-1039 del 16 de diciembre de 2003, dirigida por el
secretario de Infraestructura y Vías al representante legal de ESGAMO LTDA.,
citándolo a una reunión para el día siguiente, 17 de diciembre, “[c]on el propósito de
finiquitar la controversia suscitada en torno a la ejecución del contrato de obra
pública No. 030 de 2002”, para lo cual le solicitó “su presencia personal junto con
profesionales del área técnica y jurídica, para que a su vez el Municipio haga lo
propio, a fin de dejar completamente legalizado y liquidado el referido contrato” (f.
47, c. 7).

39. El 31 de diciembre de 2003, el alcalde municipal de Neiva le envió comunicación
al contratista en la cual le reiteró que la administración municipal estaba efectuando
gestiones para la consecución de los recursos que cubrieran los costos de las obras
ejecutadas y no canceladas “(…) en razón a que del valor inicial del contrato se
cancelaron ajustes que han desfinanciado el proyecto como Usted muy bien lo
sabe”, y en “lo que respecta con la terminación del contrato se debe precisar que el
acta que recoja la liquidación del mismo será la que contenga todos y cada uno de
los ítems y criterios reconocidos por las partes, una vez acreditada y probada su
causación, para de esta forma finiquitar la relación contractual vigente y quedar a
paz y salvo por todo concepto” (f. 40, c. 7).

40. En comunicación EGM-041-04 del 10 de febrero de 2004, dirigida por el
contratista a la alcaldía de Neiva, Secretaría de Infraestructura y Vías, reiteró su
solicitud de pago de las cuentas pendientes por concepto de reajustes y el recibo
del acta de obra No. 11 del mes de julio de 2003. Así mismo, pidió “Ordenar la
reiniciación de la vigencia del contrato hasta su terminación total, esto es por la
suma de $3.735.000.000.oo con el fin de adelantar las obras faltantes de
estabilización de las calzadas, construcción del proyecto eléctrico aprobado por la
Electrificadora del Huila y recuperación ambiental aprobada por la CAM”. Y, a
continuación, advirtió que “Si la Administración opta por la liquidación del contrato,
solicitamos se nos cancelen las obras pendientes de pago, descritas a continuación,
al igual que los costos generados por la mayor permanencia en la obra al no recibir
oportunamente los predios necesarios para la terminación total del proyecto, y la
indemnización sobre los gastos efectuados en la legalización del contrato,
establecimiento de pólizas, garantías y utilidades dejadas de recibir, por la no
ejecución del valor total del contrato por esa Administración (…)” (fl 21, c. 7).

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41. De acuerdo con lo expuesto, es claro que la administración municipal no tenía
intenciones de reanudar la ejecución ni de prorrogar el contrato y, por el contrario,
estaba dispuesta a liquidarlo en el estado en el que se encontraba -faltando menos
de un mes para la finalización del plazo pactado-, situación que comunicó al
contratista desde el 17 de diciembre de 2003, razón por la cual la Sala estima que,
para efectos de la contabilización del término de caducidad, dado que el contrato se
hallaba suspendido indefinidamente -situación que no se puede predicar del término
legal para acceder a la administración de justicia- y no fue liquidado, esta es la fecha
que se debe tener en cuenta4, con fundamento en la regla general contenida en el
primer inciso del numeral 10 del artículo 136 del C.C.A.

42. En tales condiciones, el término de dos años para presentar la demanda corrió
a partir del 18 de diciembre de 2003 y vencía el 18 de diciembre de 2005; como la
demanda fue presentada el 8 de agosto de 2005, es evidente que lo fue en tiempo 5.

Problema jurídico

43. De conformidad con los términos del recurso de apelación interpuesto por las
partes contra el fallo de primera instancia y los hechos probados en el plenario,
deberá la Sala establecer si resulta procedente acceder a las pretensiones
relacionadas con i) el valor generado en razón de los sobrecostos por la mayor
permanencia en la obra; ii) el no pago del valor real de los ítems 3, 18 y 19 por el
costo de los materiales, y el mayor valor del transporte de material para la
construcción de terraplenes del separador central -ítem 27-; iii) el mayor valor
pagado por concepto de la estampilla Pro Electrificación Rural y iv) si fue correcta

4
En relación con la contabilización del término de caducidad de la acción en un evento similar, ver:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, auto del
10 de mayo de 2019, expediente 59532, C.P. Guillermo Sánchez Luque: “El 13 de febrero de 2012,
las partes adujeron que superaron los motivos de la primera suspensión, sin embargo, estimaron
que era necesaria una nueva suspensión por “la no entrega por parte de la alcaldía del predio para
poder iniciar la construcción de la ESE (…) dada la resistencia comunitaria a la ubicación del
proyecto, quedando entonces pendiente de un accionar concertado con la administración municipal
para el efecto”, según da cuenta copia simple del acta de suspensión nº. 1A (f. 104 y 105 c. 1), en la
cual, sin embargo, no definieron fecha de reinicio del contrato. De ahí que, el contrato está
suspendido desde la fecha de suscripción del acta de inicio y no se ha ejecutado. // El 19 de mayo
de 2015, el departamento de Risaralda comunicó al contratista que no podía ejecutar el contrato de
obra nº. 1752 de 2011, citó a una reunión para terminarlo por mutuo acuerdo y le informó su intención
de no reiniciarlo (art. 1618 CC) por imposibilidad de construir el hospital en el sitio convenido, según
la copia del oficio remitido por el departamento en esa fecha (f. 360 a 361 c. 1). Como hasta ese
momento el contratista conoció la intención de la entidad de no ejecutar el contrato, a partir de ahí
ocurrió el motivo de hecho y de derecho que sirvió de fundamento a la demanda (…)”.
5
Conclusión a la que se llega aún sin tener en cuenta el procedimiento de conciliación extrajudicial
que se adelantó entre las partes ante el Procurador 34 Judicial Administrativo del Huila (f. 271 a 278,
c. 3).

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la decisión del a-quo que declaró el incumplimiento contractual de la entidad
demandada y la condenó a pagar, a favor de la parte actora, la suma de
$22’888.549,84, por concepto de la utilidad dejada de percibir por el contratista con
ocasión de la suspensión indefinida del contrato.

Equilibrio económico del contrato e incumplimiento contractual

44. Antes de entrar a resolver sobre cada una de las pretensiones enunciadas en el
anterior capítulo, la Sala considera necesario aclarar las diferencias que existen
entre el equilibrio económico del contrato y el incumplimiento contractual, toda vez
que la parte actora, en su demanda, pidió que se declarara el incumplimiento del
contrato objeto de la controversia y que, como consecuencia de ello, se declarara
el rompimiento del equilibrio económico del contrato.

45. Como en múltiples ocasiones lo ha explicado la jurisprudencia6, se trata de dos
figuras jurídicas diferentes, que dan lugar a dos clases de consecuencias
económicas también distintas. El incumplimiento contractual está constituido por un
comportamiento antijurídico de uno de los contratantes, fundado en el

6
“La Sección Tercera de esta Corporación ha acogido las teorías desarrolladas por la doctrina
foránea en torno a las fuentes que dan lugar a la ruptura del equilibrio económico – financiero del
contrato estatal, señalando que éste puede verse alterado por actos y hechos de la administración o
por factores extraños a las partes involucradas en la relación contractual. A los primeros se les
denomina ‘hecho del príncipe’, y ‘potestas ius variandi’ (álea administrativa), mientras que a los
supuestos que emergen de la segunda fuente se les enmarca dentro de la denominada ‘teoría de la
imprevisión’ y paralelamente en la ‘teoría de la previsibilidad’. Lo anterior permite deducir, con
absoluta claridad, que puede verse alterado por el ejercicio del poder dentro del marco de la legalidad
o por situaciones ajenas a las partes, que hacen más o menos gravosa la prestación; pero, en ningún
caso tiene lugar por los comportamientos antijurídicos de las partes del contrato. // El incumplimiento
contractual, en cambio, tiene origen en el comportamiento antijurídico de uno de los contratantes,
esto es, que asume un proceder contrario a las obligaciones que contrajo al celebrar el contrato y,
como efecto principal, causa un daño antijurídico a la parte contraria que, desde luego, no está en la
obligación de soportar; además, el incumplimiento general la obligación de indemnizar integralmente
los perjuicios causados a la parte cumplida. (…)
Es de anotar que, si bien el inciso segundo del numeral 1 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993
contempla como uno de los supuestos de ruptura del equilibrio contractual el incumplimiento de las
obligaciones a cargo de los contratantes, en esencia las dos figuras se diferencian, no solo por el
origen de los fenómenos, tal como quedó explicado en precedencia, sino por las consecuencias
jurídicas que emergen en uno u otro caso. // En efecto, la fractura del equilibrio económico da lugar
al restablecimiento del sinalagma funcional pactado al momento de proponer o contratar, según el
caso, mientras que el incumplimiento da derecho, en algunos casos a la ejecución forzada de la
obligación o a la extinción del negocio y, en ambos casos, a la reparación integral de los perjuicios
que provengan del comportamiento contrario a derecho del contratante incumplido, tanto
patrimoniales (daño emergente y lucro cesante) como extrapatrimoniales, en la medida en que se
acrediten dentro del proceso, tal como lo dispone el artículo 90 de la Constitución Política (cuando
el incumplimiento sea imputable a las entidades estatales) y los artículos 1546 y 1613 a 1616 del
Código Civil, en armonía con el 16 de la Ley 446 de 1998”. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de marzo de 2013,
expediente 20524, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; reiterada en sentencia de la misma
Subsección, del 27 de enero de 2016, expediente 38449, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

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desconocimiento del débito prestacional a su cargo, del que se puede derivar o no
un perjuicio para el co-contratante, dando lugar, en caso afirmativo, al surgimiento
de una responsabilidad contractual, con la consecuente indemnización integral de
todos los perjuicios que se logren acreditar dentro del proceso; el restablecimiento
del equilibrio económico del contrato, por su parte, surge de la obligación legal de
mantener incólume la ecuación o relación de equivalencia de las prestaciones que
surgió al momento de contratar, que se puede ver afectada i) por circunstancias
ajenas a las partes -teoría de la imprevisión- o ii) provenientes de la expedición de
actos administrativos por la misma entidad contratante, pero no a título de culpa
sino por el ejercicio de sus funciones administrativas, bien sea como parte del
contrato -ius variandi- o medidas de carácter general expedidas en cumplimiento de
sus propias funciones -hecho del príncipe-. Lo que da lugar, si se prueban los
elementos requeridos para su procedencia, a que se restablezca dicha ecuación
contractual que se vio afectada en contra de una de las partes, bien sea llevándola
a un punto de no pérdida, en el primer caso, o mediante el reconocimiento de los
mayores costos y la utilidad dejada de percibir por el contratista, en el segundo.

46. Así, la responsabilidad contractual surge de una conducta culposa de uno de los
contratantes, que de manera injustificada incurre en el incumplimiento de sus
obligaciones, proveniente de no haber ejecutado las prestaciones a su cargo o de
haberlo hecho en forma tardía o defectuosa, es decir con desconocimiento de los
términos y condiciones pactados para su ejecución, todo lo cual dará lugar, en caso
de haber ocasionado con su comportamiento un daño antijurídico, al surgimiento de
su obligación de indemnizar, integralmente, todos los perjuicios que le hubiere
causado a la parte cumplida o que se allanó a cumplir en la forma debida.

47. En cambio, mediante la figura del equilibrio económico del contrato, se propende
por conservar, durante toda la ejecución contractual, las condiciones técnicas,
económicas y financieras que existían al momento de contratar y que se pueden ver
alteradas por circunstancias ajenas a las partes o que, proviniendo de la entidad
contratante, no corresponden a una conducta culposa de su parte.

48. Por lo expuesto, no resulta acertado afirmar que el incumplimiento contractual
de la entidad demandada da lugar al rompimiento del equilibrio económico del
contrato, pues lo que de allí surge es su responsabilidad contractual, con todas las
consecuencias propias que de ella se derivan, lo que hace necesario establecer,
para cada una de las eventualidades alegadas por el demandante, el origen de su
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reclamación; es decir, si la misma proviene del desconocimiento de las obligaciones
a cargo de la entidad contratante, o de una situación imprevista y ajena a las partes,
o del ejercicio del ius variandi o una medida de carácter general proveniente de la
contratante, que afectó de manera desproporcionada al contratista.

Sobrecostos por mayor permanencia

49. El demandante adujo que hubo una mayor permanencia en la ejecución de las
obras debido a las prórrogas y suspensiones de que fue objeto el contrato, las
cuales se presentaron por causas ajenas al contratista y que le representaron
sobrecostos, constituidos por los gastos de administración que se generaron
durante ese término adicional que fue de siete meses.

50. El a-quo negó estas pretensiones porque, de un lado, consideró que el
contratista suscribió las prórrogas del plazo y las actas de suspensión sin oponerse
a ellas ni reclamar pagos adicionales por esta situación, es decir, por no dejar
salvedad alguna en los documentos que suscribió; y de otro lado, porque estimó
que no había pruebas en el proceso de esos alegados sobrecostos, dado que, en
el dictamen pericial, el auxiliar de la justicia se limitó a establecer el porcentaje de
administración del contrato (16%) a partir del AIU estipulado y los meses de mayor
permanencia en la obra, a pesar de que el solo transcurso del tiempo no acreditaba
la existencia del sobrecosto alegado por el demandante; además, por cuanto el
contrato contemplaba el pago de ajustes, por lo que los precios a pagar al contratista
serían ajustados de acuerdo al costo de la mano de obra y materiales empleados
en la construcción, de tal manera que no estaba desprotegido en caso de que, por
el paso del tiempo, tuviera que incurrir en el alza de los costos de dichos rubros, a
causa de la ampliación del plazo señalado inicialmente para la ejecución de la obra.

51. En el recurso de apelación se adujo que en el proceso estaba probado el mayor
término de ejecución del contrato por causa de su inicio tardío, así como las
prórrogas y suspensiones de que fue objeto, las cuales, como también se acreditó,
se dieron por causas imputables al municipio de Neiva y que, además, estaban
probados los sobrecostos por concepto de personal, equipos, nómina
administración de la obra, arriendos y servicios, servicio de topografía, facturación
equipo propio, debidamente desglosados y con sus respectivos soportes contables,
y obraba un dictamen pericial que estableció la existencia de estos perjuicios, por lo
que debían ser reconocidos.
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52. Al respecto, lo primero que cabe advertir es que lo decidido por el a-quo en
cuanto denegó las pretensiones atinentes a los perjuicios derivados de la mayor
permanencia en la obra, fundado en que ello implicaría el desconocimiento del
principio de la buena fe contractual, por cuanto el contratista no dejó salvedad
alguna en los acuerdos de voluntades suscritos, no puede ser óbice para que, en
esta instancia, se estudien las reclamaciones de la parte demandante sobre los
alegados sobrecostos, toda vez que esta Corporación, en sentencia de unificación
jurisprudencial7, evidenció que ese no es un requisito exigido por la ley8 y, por lo
tanto, no puede esgrimirse la ausencia de reclamaciones en las adiciones,
prórrogas, suspensiones, etc., como impedimento para analizar los argumentos del
demandante9 y para denegar las pretensiones, tal y como ya lo venía advirtiendo
esta Subsección10, sobre la base de que con ello se estaría desconociendo el
principio contractual de la buena fe.

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de
julio de 2023, expediente 39121, C.P. Guillermo Sánchez Luque, en la que se unificó la jurisprudencia
en los siguientes términos: “Cuando se llegue a acuerdos durante la ejecución de un contrato, el juez
deberá estudiar las pretensiones, aunque la parte no haya elevado una reclamación específica o no
haya formulado una salvedad cuando se firman suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo
contractual o se pactan contratos adicionales u otrosíes o haya guardado silencio al suscribir tales
acuerdos. El deber del juez será desentrañar, en cada caso, cuál fue el acuerdo de las partes y su
alcance según las reglas de interpretación de los contratos, las normas supletivas aplicables a los
tipos contractuales contenidas en las reglas civiles y comerciales y, por supuesto, la ejecución de
buena fe del contrato. Conforme a dichas reglas, establecerá si las partes pretendieron o no, con
ese acuerdo, regular los asuntos cuya reclamación ahora se formula y los términos de ese pacto. De
ahí que, si no se acordó nada por las partes o se guardó silencio, deberá estudiarse, en cada caso,
si esas pretensiones judiciales tienen fundamento o no en lo pactado en el contrato y según lo que
resulte probado”.
8
“(…) el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, en manera alguna establece una suerte de «requisito para
la prosperidad de las pretensiones», según el cual, al suscribirse pactos adicionales durante la
ejecución del contrato, el silencio de una de las partes frente a una determinada reclamación, genera
una decisión contraria a sus pretensiones. El hecho de que el legislador propicie en esta norma
acuerdos entre las partes, como lo hace en otros preceptos (p.ej. 4.9 y 25.14), no impide que puedan
acudir al juez del contrato a resolver litigios y controversias, como derecho de los contratistas
reconocidos en el artículo 5.3 de la Ley 80 de 1993. El artículo 27 de la Ley 80 de 1993, pues, no
establece «requisitos para la prosperidad de las pretensiones». Y al interpretar este artículo no
pueden crearse requisitos de «oportunidad» para que prospere determinada pretensión o para
reclamar los perjuicios que se derivan, por ejemplo, del incumplimiento del contrato, por el hecho de
que durante su vigencia firmaron pactos que facilitaron su ejecución”. Ídem.
9
Pues como se dijo en la misma sentencia de unificación: “Si las entidades públicas no pueden
exigir renuncias o desistimientos, el juez del contrato tampoco puede imponerlas mediante
«requisitos para la prosperidad de las pretensiones», como la constancia de desacuerdos mediante
«salvedades», ni mucho menos interpretar el silencio como generador de disposiciones
contractuales, sin que la ley lo prescriba o las partes así lo hayan acordado”.
10
“En este orden de ideas, el hecho de que no se incluyan salvedades en las convenciones que las
partes suscribieron para suspender o prorrogar el plazo del contrato no releva al juez del estudio de
fondo de la reclamación; por el contrario se impone determinar si es procedente ordenar el pago de
la indemnización o compensación, analizando cuál fue el motivo que indujo la suscripción del
acuerdo modificatorio –como, por ejemplo, el incumplimiento de las obligaciones o la materialización
de riesgos asumidos por una parte– y el contenido de los arreglos que las partes alcanzaron,
contrastándolo con los hechos que sirven de causa a las pretensiones y con el objeto de éstas. //
Con base en estos elementos y de cara a las estipulaciones de los contratantes, habrá de definirse
si las pretensiones resultan o no procedentes, ya porque desconocen el contenido de un negocio
jurídico obligatorio en el que se regularon los asuntos objeto de la reclamación, ya porque la parte

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53. Es así como el silencio del contratista, a la hora de suscribir los acuerdos de
voluntades, no releva al juez de su deber de desentrañar las circunstancias que
giraron en torno a los mismos, para establecer si con ellos se superaron o no las
causas de reclamación planteadas por el contratista en su demanda.

54. En consecuencia, la Sala emprenderá el estudio de los argumentos planteados
en la demanda como sustento de la presente pretensión, para determinar si se
produjeron los perjuicios cuya indemnización reclama la parte actora, provenientes
de los sobre costos por razón de la mayor permanencia en la obra, y si esta se
produjo por causas ajenas al contratista.

55. Al respecto, se advierte que, en el presente caso, está probado que el Contrato
de Obra No. 030 de 2002, fue objeto de retraso en su iniciación y de dos prórrogas
y dos suspensiones en su plazo de ejecución. No obstante, a pesar de que el
apelante reclamó en su recurso por el no reconocimiento de los sobrecostos
derivados de la mayor permanencia en la obra por causa, entre otros, de la demora
en la iniciación de la ejecución del contrato, lo cierto es que, en las pretensiones de
su demanda, sólo adujo tales sobrecostos por concepto de las prórrogas y
suspensiones del contrato, razón por la cual sólo a estos aspectos se referirá la
Sala.

56. Las prórrogas del contrato:

56.1. El contrato fue celebrado el 13 de junio de 2002 y contemplaba como plazo de
ejecución el de 6 meses, contados a partir del acta de iniciación de la obra (f. 34, c.
2; f. 442, c. 12), la cual fue suscrita el 29 de agosto de 2002 y en ella se consignó
como fecha de terminación el 28 de febrero de 2003 (f. 56, c. 2; f. 411, c. 12).

56. 2. El 13 de marzo de 2003, se suscribió un contrato adicional, mediante el cual
se prorrogó el término de ejecución en 4 meses, consignando que el plazo total de
la misma sería de 10 meses, contados a partir del acta de iniciación. En las
consideraciones de este acuerdo de voluntades, se consignó que el interventor,
SOTA LTDA., había presentado un análisis y unas recomendaciones técnicas que

que formula la reclamación tenía el deber de hablar –expresar reservas o salvedades– pues la ley,
el contrato o el principio de buena fe se lo imponían, o ya porque debe soportar los efectos de la
ocurrencia de los hechos que motivaron la suscripción de las prórrogas”. Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de junio de 2022,
expediente 53299, C.P. José Roberto Sáchica.

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justificaban la ampliación del plazo de ejecución y que existía un acta de justificación
de esa ampliación, suscrita por el alcalde y el secretario de Infraestructura y Vías
de la alcaldía, en la cual se viabilizaba el surgimiento de esta prórroga, que no
implicó ninguna modificación al valor del contrato ni contiene reclamación o
salvedad alguna del contratista11 (f. 61, c. 2).

56.3. El 11 de julio de 2003, las partes suscribieron un otrosí, en el cual modificaron
la Cláusula Tercera del contrato, estipulando que el plazo de ejecución sería de 13
meses, contados a partir de la aprobación del acta de iniciación, es decir otros tres
meses más. En las consideraciones de este acuerdo, se consignó que la
Interventoría y el Municipio de Neiva se encontraban definiendo los precios unitarios
correspondientes a la empradización de la obra y que la administración municipal
estaba adelantando el presupuesto de obra y análisis de precios unitarios
correspondientes al proyecto eléctrico de iluminación. Tampoco se adicionó el valor
del contrato ni se consignó discrepancia alguna por parte del contratista (f. 66, c. 2).

57. El análisis de estos acuerdos de voluntades y sus antecedentes deja ver que, la
necesidad de prorrogar el plazo de ejecución del contrato surgió (ver pie de página
11), exclusivamente, de circunstancias atribuibles a la entidad contratante, por
cuanto se evidenció su falta de previsión, al no tener ni siquiera claridad, con
anterioridad a la celebración del contrato, de la totalidad de las obras necesarias;
igualmente, al no haber entregado en debida forma al contratista, todos los diseños
y planos necesarios, y tampoco poner a su disposición todos los predios requeridos
para adelantar la obra, además de la causa que quedó expresamente enunciada en
el otrosí, relativa a la necesidad de establecer los precios unitarios para unos ítems
que no habían sido incluidos con antelación. Todo ello, sin duda, denota una falta
de planeación por parte de la contratante, que se reflejó y tuvo efectos en la etapa

11
Se observa que, desde el 27 de diciembre de 2002, el contratista había enviado comunicación a
la Interventoría en la cual, entre otras cosas, le manifestó que era de vital importancia conocer a esa
fecha la totalidad de los diseños solicitados y, por ende, las cantidades adicionales no previstas para
poder efectuar una cuantificación real del alcance del contrato, su valor y tiempo adicional necesario
para su ejecución total (f. 106, c. 2). Esta solicitud fue reiterada el 21 de enero de 2003, advirtiendo
sobre la inminente terminación del plazo contractual, por lo que era necesario, además, solicitar la
aprobación de una prórroga del plazo del contrato (f. 109, c. 2). En comunicación del 4 de febrero, el
Interventor SOTA LTDA., se dirigió al secretario de Infraestructura, Tránsito y Transporte y se refirió,
entre otras cosas, a la demora que se presentó en la entrega del predio de Bavaria al contratista,
que conllevó a un trastorno en las labores normales y a un atraso en el tiempo de ejecución; también
aludió a unas obras de empalme en glorietas e intersecciones que no fueron contempladas en los
diseños iniciales del proyecto y, por lo tanto, requirieron que el municipio los encargara a un tercero,
diseños que solo fueron entregados a ESGAMO en diciembre de 2002; y al proyecto de la
administración municipal de complementar la vía con una ciclo ruta y una moto ruta, todo lo cual
hacía necesaria una reprogramación y una adición en tiempo para su ejecución de 120 días
calendario, como lo había solicitado el contratista (f. 184, c. 6).

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de ejecución del contrato, la cual se vio alterada en cuanto al plazo, que debió ser
ampliado, al doble del inicialmente estimado y estipulado, para tener tiempo de
suplir las falencias de la entidad, tal y como se constató al estudiar las suspensiones
del plazo contractual, de acuerdo con lo plasmado a continuación.

58. Las suspensiones del contrato:

58.1. El 27 de febrero de 2003, se suscribió el Acta de Suspensión Provisional No.
1, mientras se perfeccionaba el contrato adicional en tiempo que acordaron las
partes. En dicha acta se consignó que, en varias reuniones de Comité de Obra, se
determinó la necesidad de ampliar el plazo contractual, teniendo en cuenta varios
factores (f. 58, c. 2 y f. 403, c. 12)12:

58.1.1. La no entrega oportuna de los predios de Bavaria desde el inicio del contrato,
lo que impidió adelantar las obras en ese sector y se constituyó en un tapón de
continuidad al paso normal hacia el tramo inicial entre las abscisas K0+000 al
K0+400, habiéndose hecho efectiva dicha entrega el 31 de enero de 2003 13.

58.1.2. El no contar inicialmente con planos y diseños de tres intersecciones, los
cuales llevó a cabo la administración municipal por intermedio del IMOC y que
fueron recibidos por Interventoría y contratista el 23 de enero de 2003.

58.1.3. Por considerar la interventoría al inicio de la obra, que existía un sobrediseño
de la estructura para el pavimento flexible a ejecutar según estudios de la firma DIS
LTDA., lo que condujo a la revisión de memorias, cálculos, estudios y ensayos de

12
El 13 de marzo de 2003, se suscribió el Acta de Reiniciación No. 1 (fl. 63, c. 2).
13
En el plenario obran múltiples comunicaciones dirigidas por el contratista a la entidad contratante
y a la interventoría solicitando resolver el problema de la falta de entrega del predio de Bavaria y
advirtiendo sobre los inconvenientes y retrasos que implicaba la demora en dicha entrega; así mismo,
pidiendo la relación de los ítems no previstos que se iban a ejecutar en dicho predio (f. 106, 107, 109
c. 2). Igualmente, el testimonio del ingeniero Benjamín Barrero Arciniegas, interventor del contrato
en su calidad de representante legal de SOTA LTDA., corroboró esta demora derivada de la falta de
entrega del predio en cuestión (f. 359, c. 3); en su testimonio, el ingeniero Barrero Arciniegas
manifestó, en relación con las consecuencias de la no entrega de los predios necesarios al
contratista, que “[a]l no estar listo el predio de Bavaria para la construcción de la vía sencillamente
hubo un atraso en el programa de ejecución de obra y al contratista se le presentaron problemas con
el equipo de maquinaria que permaneció en el sitio de obra listo para ejecutar los trabajos en el
desarrollo de su contrato. Siempre decía la Administración, no se lleve el equipo porque la semana
siguiente estará lista la negociación del predio”. En el mismo sentido declaró Álvaro Domínguez,
administrador de la obra desde febrero de 2003 y que, en la fecha del testimonio, laboraba con la
Unión Temporal Mantenimiento 2005 cerca de Bucaramanga (f.365, c. 2).

25

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laboratorio existentes por parte del interventor SOTA LTDA., y al rediseño de dicha
estructura, con lo que se atrasó parcialmente la obra14.

58.1.4. Por el nuevo diseño que efectuó la administración municipal a través de otro
contratista, para el proyecto de la ciclorruta y la motorruta que se involucró en la vía
en construcción, lo que retrasó la definición de diversos ítems y la aprobación del
rediseño total de la parte eléctrica15.

58.1.5. Se consignó, como causa adicional, que “[s]i bien con fecha 23 de enero de
2003 la firma Esgamo Ltda. ha presentado a consideración la solicitud previamente
convenida con la Administración Municipal de una adición al tiempo de ejecución
inicial del contrato, la cual fue visada por la Interventoría, ésta cursa a la fecha
trámite ante las diversas instancias y dependencias de la Administración Municipal,
no llegando a culminarse dicho trámite a la fecha de terminación del plazo del
contrato de obra”. En esta acta de suspensión provisional, en la que se convino su
duración durante el tiempo que se presentaran las causales expuestas, también se
consignó:

El contratista manifiesta la necesidad de continuar con algunas tareas con el
personal de planta que no puede suspender y el equipo disponible en
explotación, procesamiento y transporte de material de terraplenes, subbase y
base granular y concreto asfáltico, así como tareas menores, llevando a caso
(sic) de su cuenta el debido autocontrol, siendo claro que la Interventoría una
vez se reinicie el contrato normalmente practicará pruebas de calidad y
cuantificación de aquellos que lo requieran para su posible aceptación y recibo.

58.1.6. Y se acordó igualmente, que el contrato de Interventoría no tendría
suspensión alguna por causa de la presente, por haber en curso procesos de control
de calidad, medición y cuantificación de obras, replanteos topográficos y otros
oficios inherentes a sus funciones.

14
Situación que fue corroborada por el interventor en la declaración rendida dentro del proceso (f.
359, c. 3).
15
En forma reiterada, el contratista le solicitó a la administración y a la interventoría la definición de
los diseños faltantes, correspondientes a la intersección del K0+000, la motorruta a construirse en el
separador central, el diseño de la ciclorruta a construirse sobre la margen derecha de la vía, los
diseños geométricos, eléctricos y de amoblamiento urbano que harían acompañamiento a las
mismas, el diseño de las obras de implementación del Plan de Manejo Ambiental ordenadas por la
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, así como la verificación y actualización
de los diseños correspondientes al ítem de “iluminación (rehabilitación)” del proyecto, la aprobación
de precios unitarios no previstos para cajas de inspección, el ítem de relleno manual ordenado, las
especificaciones necesarias para realizar el análisis de los precios unitarios solicitados por la
interventoría para la empradización y cercas, solicitando así mismo la aprobación de la prórroga del
contrato para terminarlo cuando se tuviera toda esta información reclamada (f. 106, 109, 115, 119,
128, 129, 131, c. 2)

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58.1.7. El 13 de marzo de 2003, las partes suscribieron el Acta de Reiniciación No.
1, en consideración a que en esa misma fecha se había suscrito el Contrato
Adicional No. 1, por medio del cual se amplió el plazo contractual por 120 días
adicionales (f. 63, c. 2).

58.2. El 12 de agosto de 2003, los representantes legales de la contratista ESGAMO
LTDA., y de la interventoría SOTA LTDA., y el secretario de Infraestructura y Vías
del municipio de Neiva, suscribieron un Acta de Suspensión Provisional en la que
no se acordó fecha de reinicio, sino que se condicionó el mismo al reinicio del
contrato de interventoría16 -el cual se hallaba suspendido- (f. 67, c. 2), hecho que no
consta que hubiera sucedido hasta el momento de presentación de la demanda17.

58.2.1. Como antecedente de esta suspensión, observa la Sala que, mediante
oficios del 26 de junio y el 3 de julio de 2003, el contratista ESGAMO LTDA. les
solicitó a la entidad contratante y a la interventoría la suspensión del plazo del
contrato que se hallaba próximo a vencer, mientras esas entidades definían la
ampliación del valor del contrato que asegurara su total terminación. En la primera
de tales comunicaciones, el contratista manifestó que el contrato vencía el 12 de
julio y para esa fecha ya tendrían totalmente terminadas las obras viales, faltando
por iniciar las actividades de empradización -respecto de la cual estaba pendiente
la legalización de la aprobación por la interventoría del precio unitario no previsto- e
iluminación, pendiente de que se pactaran los precios unitarios no previstos y la
aprobación del proyecto por la Electrificadora del Huila (f. 131 y 132, c. 2).

58.2.2. Mediante comunicación del 1 de agosto de 2003 dirigida por el secretario de
Infraestructura y Vías al Interventor, se le advirtió que, para el 12 de agosto de 2003,
se requería tener completamente liquidado el contrato No. 030 de 2002 en lo que

16
El 26 de agosto de 2002 el Municipio de Neiva celebró contrato de consultoría No. 027 con la firma
SOTA LTDA., cuyo objeto fue ejercer la interventoría de la “Construcción de la carrera 2, en el tramo
comprendido entre la calle 2 sur y la carretera que conduce al sur del país frente a Surabastos”, con
un plazo de ejecución de 8 meses, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, hecho
que se produjo el 30 de agosto siguiente (f. 42 y 43 a 54, c. 6). Mediante Acta No. 2 suscrita por el
representante del municipio de Neiva y el representante legal de la Sociedad Técnica SOTA LTDA.,
se acordó la suspensión provisional del contrato de interventoría. Como causa, se dejó anotado que,
como el Contrato de Obra 030 de 2002 había sido prorrogado hasta el 12 de noviembre de 2003, la
sociedad interventora había pedido la prórroga así mismo de su contrato por el mismo periodo; dado
que la reserva presupuestal se encontraba en trámite administrativo, era necesario suspender el
contrato de interventoría mientras la misma se tramitaba y se elaboraba el contrato adicional
respectivo (f. 29, c. 6).
17
Como se explicó en párrafos anteriores, esta suspensión se extendió por un lapso de 4 meses y 5
días, hasta el 17 de diciembre de 2003, cuando la entidad le comunicó al contratista su intención de
que el contrato fuera liquidado (ver párrafos 38 y 41).

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tenía que ver con obras viales y complementarias, debiendo quedar pendiente
únicamente el proyecto eléctrico y ambiental (f. 105, c. 6), solicitud que fue reiterada
el 12 de septiembre del mismo año, en donde se le advirtió al interventor que, dado
que a esa fecha se hallaba completamente terminado el contrato 030 en lo que era
la construcción de la obra vial, y dado que el componente ambiental y el proyecto
eléctrico aún no tenían definidos los recursos económicos para su ejecución
completa, le pedía que remitiera a ese despacho las actas de liquidación del
contrato de obra y el de consultoría (f. 107, c. 6).

58.2.3. Posterior a la suspensión, el 17 de septiembre de 2003, el interventor -
sociedad SOTA LTDA.- dio respuesta a las anteriores solicitudes, manifestando su
desacuerdo con la decisión de liquidar los contratos, pues aún estaban pendientes
obras necesarias para la estabilidad de la vía y otras en curso de ser terminadas,
como los terraplenes del separador central, terraplenes del andén, gaviones de
protección de terraplén y obras de arte; quedaba así mismo un porcentaje del
contrato por ejecutar y diversos ítems sin construir como los de iluminación,
señalización y demarcación de la vía, así como obras del plan de manejo ambiental,
según el ítem de empradización, contando aún con saldos disponibles para su
ejecución (f. 158, c. 2).

58.2.4. En oficio del 30 de septiembre de 2003, el secretario de Infraestructura y
Vías del municipio contratante le informó al interventor que la voluntad de la
administración municipal era dar por terminado su contrato, por terminación del
plazo y de recursos económicos; y que el proyecto eléctrico sería ejecutado por
Diselecsa dentro de su programa de expansión y ellos tenían su propia interventoría,
mientras que el componente ambiental sería supervisado por el DATMA,
dependencia municipal encargada del tema, y que la administración adelantaría
directamente la interventoría (f. 118, c. 6).

58.2.5. El 27 de octubre de 2003, el contratista ESGAMO LTDA. se dirigió al alcalde
municipal para manifestar su preocupación por la no reanudación del término
contractual, en razón de la falta de apropiación presupuestal de los recursos
necesarios para los pendientes de la obra, a pesar de que, desde julio, se le venía
insistiendo a la administración sobre la necesidad de contar con dichos recursos y
de los necesarios para el pago de las actas de ajuste que se encontraban aprobadas
y sin pagar (f. 134, c. 2).

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58.2.6. Mediante comunicación del 22 de junio de 2005 dirigida por el secretario de
Infraestructura y Vías al jefe de la Oficina Asesora Jurídica Municipal, le informó que
el Contrato de Obra Pública No. 030 de 2002 no había sido liquidado aún, que las
obras contratadas no fueron ejecutadas en su totalidad por cuanto se agotó el
presupuesto, explicando que “Los inconvenientes presentados en la ejecución del
contrato fueron los de no haber previsto los recursos económicos para el pago de
los ajustes respectivos y haber efectuado dichos pagos con cargo a la disponibilidad
existente para la construcción, lo que ocasionó que no se terminaran las obras
contratadas y se convocara a la liquidación del contrato por no existir disponibilidad
de recursos extras para su terminación” (f. 7, c. 7).

59. De acuerdo con el anterior recuento, no cabe duda de que las suspensiones que
afectaron la ejecución del Contrato 030 de 2002 tuvieron su origen en causas
imputables a la entidad demandada, pues son reflejo de la deficiencia con la que se
adelantó el proceso precontractual en la preparación de la futura contratación,
desde la misma indeterminación de todos los ítems necesarios para la correcta
ejecución de las obras, los errores advertidos en los planos, estudios, diseños, etc.,
entregados al contratista y que tuvieron que ser corregidos o realizados, así como
las falencias advertidas en el manejo presupuestal de la entidad, pues es evidente
que ésta se quedó sin recursos cuando aún no se habían culminado las obras objeto
del contrato y esa fue la razón principal para que se produjeran las suspensiones,
principalmente la última, que se convirtió en indefinida e impidió la terminación de
las prestaciones a cargo del contratista en los términos pactados, pero sin liberarlo
de sus responsabilidades contractuales, pues el contrato continuaba vigente,
aunque suspendido en su ejecución.

60. Teniendo en cuenta las circunstancias anotadas en relación con la demora en
la iniciación de la ejecución de las obras, la prórroga producida en el plazo del
contrato, así como las suspensiones que se produjeron en el mismo, no cabe duda
de que el contratista sí se vio sometido a una mayor permanencia en las obras por
causas imputables a la administración, que se extendió, más allá de los 6 meses
inicialmente pactados, por aproximadamente otros 11 meses -7 de prórrogas y 4 y
medio por suspensiones-, sin que, por otro lado, se hubiera acordado variación
económica alguna por la ejecución del contrato -no hubo adiciones a su valor-,
situación que, como lo ha reconocido la jurisprudencia, puede dar lugar a la
generación de sobrecostos y, por ende, puede causar perjuicios al contratista:

29

Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

(…) el incumplimiento de obligaciones o deberes por la entidad pública
contratante que genera una mayor permanencia en obra o prolongación en el
tiempo de la ejecución del contrato, aun cuando no impliquen mayores
cantidades de obra u obras adicionales, puede llegar a traumatizar la economía
del contrato en tanto afectan su precio debido, pues la ampliación o extensión
del plazo termina aumentando los valores de la estructura de costos
(administrativos, de personal, equipos, etc.) prevista inicialmente por el
contratista para su cumplimiento, situación que da lugar a la reparación de los
perjuicios que se le produzcan, siempre y cuando se acredite y estén
debidamente demostrados y de la conducta de las partes no se derive lo
contrario. En efecto, ante conductas transgresoras del contrato por parte de la
entidad contratante, que desplazan temporalmente el contrato por un período
más allá del inicialmente pactado, surge el deber jurídico de reparar por parte
de la administración al contratista cumplido, en tanto se prueben los daños
sufridos18.

61. En consideración de lo expuesto, resulta procedente analizar si, a partir de esa
mayor permanencia que fue debidamente acreditada en el plenario, se generaron
los perjuicios que alega la demandante y cuya indemnización pidió en el libelo
introductorio, pues es claro que el solo transcurso del tiempo no se traduce
automáticamente en la generación de afectaciones económicas para el contratista,
a quien le asiste, por lo tanto, el deber de probarlas si quiere sacar avante sus
pretensiones.

Los perjuicios por la mayor permanencia

62. Se recuerda que, en sus pretensiones, la parte actora pidió el reconocimiento
de los sobrecostos en los que incurrió por esta causa, los que identificó afirmando
que “(…) incurrió en gastos de administración durante los meses que se prorrogó el
plazo contractual con ocasión de la aludida prórroga y suspensiones del mismo”.

63. En el plenario obra dictamen pericial (f. 394, c. 3) 19 practicado por el ingeniero
civil Eduardo Gómez Rojas, quien absolvió los puntos planteados por la parte actora

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 31 de agosto de 2011, expediente 18080, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
19
Se observa que, en su demanda, la parte actora pidió la práctica de una inspección judicial con
intervención de perito para que determinara, de acuerdo con lo observado en el terreno, la obra
ejecutada frente a las actividades contratadas, los plazos del contrato y demás, para establecer si
hubo mayores costos del contrato y determinar la construcción de terraplenes y cuáles materiales
fueron utilizados, para lo cual planteó un cuestionario para que fuera resuelto por el perito. En otro
punto del capítulo de pruebas, pidió que se decretara un dictamen pericial para que, de acuerdo con
los documentos contables y demás que obran en el proceso, determinara los mayores costos en que
incurrió el contratista por el mayor plazo de permanencia en la obra, para lo cual también planteó un
cuestionario (f. 27, c. 2). El a-quo, en el auto de pruebas, denegó la inspección judicial y decretó el
dictamen pericial de ese capítulo y el pedido aparte, designando como perito a un ingeniero de vías
y transportes para que rindiera los dos peritazgos solicitados en la demanda (f. 337, c. 2).

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Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

en su demanda (f. 27, c. 2)20. Específicamente, sobre el mayor tiempo de
permanencia en el sitio de las obras, luego de enunciar los documentos
contractuales que dan cuenta de los plazos, prórrogas y suspensiones del plazo
contractual, que era inicialmente de 6 meses a partir del acta de iniciación y se
aumentó a 13 meses, concluyó que “[a]sí las cosas el contrato iniciado el 29 de
agosto de 2002 y suspendido indefinidamente por la suspensión del contrato de
Interventoría, generó que durante un año (12 meses) el Contratista permaneciera
en el sitio con toda la organización montada para el desarrollo de los trabajos, en
espera de poderlos finiquitar”. Y, a continuación, con base en las pruebas del
proceso, identificó las causas de las prórrogas y suspensiones, concluyendo que
todas se debieron a hechos imputables al Municipio de Neiva.

64. Para establecer los costos administrativos por el mayor tiempo de permanencia
en la obra, procedió a calcularlos con base en la propuesta presentada y partiendo
del AIU del contrato correspondiente al 25% (16% de Administración, 3% de
Imprevistos y 6% de utilidad), dado que así fue solicitado en la demanda.

65. Determinó el valor total del contrato: $3.735’000.000, el costo directo del
contrato: $2.988’000.000, el porcentaje de Administración: 16%, del cual empezó
por descontar lo correspondiente a impuestos, legalización y descuentos (8,38%)21,
lo que daba un 7,62%, equivalente a la suma de $227’794.974,40, como saldo para
cancelar los costos administrativos (director, residente, almacenista, administrador,
y demás personal de administración, arrendamientos, servicios, comunicaciones,
papelería, equipo de oficina, pasajes y viáticos) que, al distribuirlo en el plazo inicial
de ejecución de 6 meses, arrojaba que los costos administrativos por mes eran de
$37’965.829,07.

66. Consideró que, al existir un plazo adicional de 6 meses, se generaban unos
sobrecostos por administración por valor de 6x37’965.829,07 = $227’794.974,40 y,

20
La parte actora incluyó las siguientes preguntas, relacionadas con la pretensión en estudio: i)
¿Existió un mayor tiempo de permanencia en el sitio de las obras? ¿Qué circunstancias dieron lugar
a este mayor tiempo? ¿Estas son imputables a la entidad como contratante? ii) De acuerdo con lo
anterior y si es procedente, se sirva determinar con la propuesta presentada por el contratista los
costos administrativos por el mayor tiempo de permanencia en obra; iii) señalar, previa verificación
de los documentos que obran en el expediente, si efectivamente en el tiempo de mayor permanencia
en obra se generaron costos adicionales para el contratista (f. 28, c. 2).
21
Explicó que estos descuentos procedían por ser los gastos previstos por ESGAMO LTDA. al
momento de proponer y eran: Por legalización: impuesto de timbre, publicación del contrato,
estampilla pro-electrificación, estampilla pro-universidad, póliza de cumplimiento y póliza RC; por
cada desembolso: retención en la fuente, contribución especial y reteica.

31

Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

a continuación, dio respuesta al punto consistente en “[s]eñalar, previa verificación
de los documentos que obran en el expediente, si efectivamente en el tiempo de
mayor permanencia en obra se generaron costos adicionales para el contratista”, a
lo cual contestó:

En los Comités de obra que obran en el expediente, consta que el Contratista
mantuvo durante todo el tiempo su infraestructura y su personal en el sitio de la
obra, lo cual por ende generó costos por este concepto, también éstos pueden
verse reflejados en el informe de costos suscrito por el contador de la empresa,
el cual está debidamente soportado y en que observa que los costos
administrativos de funcionamiento en obra y los gastos administrativos tuvieron
un valor de $422.923.388,20, a los cuales hizo falta sumar gastos de
funcionamiento de la oficina Administrativa de Bogotá (por la cual se manejaba
el contrato) diferentes a la nómina (tal como se dejó constancia en dicho
informe), lo cual arroja una cifra mucho más alta que la prevista por el
Contratista en su oferta ($227.794.974,40), la cual fue calculada bajo la premisa
de un plazo de ejecución de seis (6) meses.

67. Al respecto, se observa en primer lugar, que el dictamen del perito se refirió
únicamente a 6 meses de prórroga del contrato, cuando en realidad fueron 7 meses
los que se adicionaron al plazo inicial y, además, no hizo alusión alguna a los
períodos de suspensión del negocio jurídico, que también fueron objeto de
reclamación por el concepto de mayor permanencia en la obra. Es decir que los
valores calculados a título de perjuicios no cubrieron todo el tiempo por el que se
reclamó en la demanda.

68. En segundo lugar, que tal y como la jurisprudencia lo ha sostenido, para efectos
de determinar los sobrecostos reclamados por concepto de gastos de
administración cuando el perjuicio reclamado proviene de la mayor permanencia en
obra, no basta con hacer la operación aritmética que efectuó el perito, con base en
el porcentaje de Administración del A.I.U del contrato y el tiempo de mayor duración
del mismo, sino que se requiere que se encuentren debidamente probados en el
plenario22.

69. En el presente caso, observa la Sala que, tal y como ya se evidenció, el
contratista ESGAMO LTDA. no discriminó en su oferta el 25% correspondiente al
AIU del contrato ni, por lo tanto, los costos indirectos correspondientes al rubro de
Administración. De otro lado, en la copia del pliego de condiciones que obra en el

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 31 de agosto de 2011, expediente 18080, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; Subsección
A, sentencia del 8 de marzo de 2017, expediente 50890, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, entre
otras.

32

Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

expediente tampoco consta que se hubiera exigido una discriminación de este
componente a los proponentes. No obstante, en el expediente reposa un “resumen
de costos obra Surabastos” elaborado por la contadora de ESGAMO LTDA. en el
mes de noviembre de 2004, en el que dio cuenta de lo siguiente23 (f. 1 y 2, c. 13):

CONCEPTO VALOR SUBTOTAL
PARCIAL
A ADMINISTRACIÓN
1. COSTOS ADMINISTRATIVOS DE
FUNCIONAMIENTO
1.1. ARRIENDOS Y SERVICIOS 24.266.258.00
1.2. DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD 5.868.375.00
1.3 VIÁTICOS, PASAJES, SERVICIO DE 23.646.255.00
ALIMENTACIÓN Y GASTOS DE
REPRESENTACIÓN
1.4 REPLANTEO Y MEDICIÓN TOPOGRÁFICA 52.548.297.00
1.6 TELECOMUNICACIONES 1.105.594.00
1.7 PAPELERIA ENCOMIENDAS Y ENVIOS 3.947.777.00
1.8 ENSAYOS, ESTUDIOS Y PERMISOS 12.125.376.00
1.9 FOTOGRAFÍAS 44.110.00
1.10 MANTENIMIENTO CAMPAMENTOS 10.373.369.00
1.11 SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA 78.700.00
1.12 TRANSPORTES DE EQUIPO, PERSONAL Y 48.303.623.00
PEAJES
SUBTOTAL $185.592.394

2. PERSONAL ADMINISTRATIVO
2.1 NOMINA ADMINISTRACION DE OBRA (INC 56% 96.415.129.20
PS)
2.2. NOMINA ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL 140.915.865.00
BOGOTA (INC 56% PS)
SUBTOTAL $237.330.994.20

70. En un cuadro aparte (f. 1 a 18, c. 13), la contadora enlistó uno por uno los gastos
en que se incurrió por cada rubro de los mencionados en el anterior. Por ejemplo,
en relación con el numeral 1.1., arriendos y servicios, dio cuenta de los siguientes
gastos (f. 3, c. 13):

23
Se transcribe sólo lo correspondiente a los gastos de administración.

33

Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

Easy Scanner

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Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

71. En el anterior cuadro se constata que, efectivamente, en él están contenidos
gastos que corresponden a toda la duración del contrato, incluyendo no sólo el plazo
inicial de 6 meses, sino también el primer periodo de suspensión -14 días, del 28 de
febrero al 13 de marzo de 2013- y las prórrogas de que fue objeto el plazo
contractual -que lo fueron por 7 meses-, presentando gastos únicamente hasta el
25 de julio de 2003. Es claro entonces, que al estar vigente el contrato y en plena
ejecución las obras que constituyeron su objeto, los gastos de administración se
fueron causando mes a mes hasta la referida fecha, por cuanto no consta que se
hubieran efectuado pagos posteriores, salvo el último enlistado, que corresponde a

35

Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

un mes de arriendo de una pieza para operadores, en el mes de marzo a abril de
2004.

72. Ahora bien, en relación con los soportes de estas erogaciones, se advierte que,
tal y como consta en el certificado de existencia y representación de la Cámara de
Comercio de Bogotá (f. 5, c. 2), la sociedad ESGAMO LTDA. INGENIEROS
CONSTRUCTORES tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá, en la carrera 8 A #
123-24, mientras que los pagos efectuados por concepto de arrendamientos y
servicios públicos de los que dan cuenta los diversos recibos y facturas obrantes en
el plenario -así mismo en relación con los demás gastos de administración que se
enunciaron en el informe contable en cuestión, según consta en el restante material
probatorio obrante en el plenario24-, corresponden a la ciudad de Neiva, sitio de
ejecución de las obras objeto del contrato materia de la presente controversia.

73. A título de ejemplo, y específicamente sobre los gastos de arrendamiento, se
tiene:

73.1. Que el señor Rafael Martín Gutiérrez, identificado con cédula de ciudadanía
No. 12.133.285 de Neiva, dio en arrendamiento el apartamento 201 ubicado en el
edificio Torres de Varegal, carrera 7 # 55-59 en la ciudad de Neiva, para uso de los
ingenieros de la firma ESGAMO LTDA. “para la vía Sur Abastos”, con un canon
mensual de $370.000, respecto del cual esta firma canceló los servicios públicos
consumidos durante los periodos de arrendamiento, según se desprende de las
cuentas de cobro y/o facturas cambiarias correspondientes al pago del canon de
arrendamiento por los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2003, y así
mismo los recibos de pago de los servicios públicos correspondientes a estos
periodos en el mismo inmueble (f. 20, 21, 22, 25, 33, 35, 36, 39, 40, 45, 49, 50, 51, 57,
58, 80, 82, 83 c. 13).

73.2. Que la señora Cruz Ana Sánchez, con cédula de ciudadanía 26.419.818 de
Neiva, le dio en arrendamiento a ESGAMO LTDA. una pieza para alojar a los
operarios José Antonio Ochoa y Máximo de Jesús Palencia (del cargador y planta

24
En los cuadernos 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del expediente, reposa documentación referida, entre
otros, a los costos que asumió el contratista durante la ejecución del contrato en cuanto a arriendos
y servicios; dotación y elementos de seguridad; viáticos y pasajes; servicios de alimentación; servicio
de topografía; alquiler de equipo de cómputo y telecomunicaciones; papelería, encomiendas y
envíos; ensayos, estudios y permisos; mantenimientos y gastos del campamento; servicios médicos
de emergencia, transportes de equipo, personal y peajes; nómina de la administración de la obra y
nómina administración oficina central de Bogotá.

36

Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
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Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

trituradora para la obra vía Sur Abastos Neiva), según consta en las respectivas
cuentas de cobro, a razón de $65.000 mensuales, durante los meses de febrero,
marzo y mayo de 2003 (f. 19, 26, 56, c. 13).

73.3. Que el señor Saúl Rodríguez Silva, con C.C. No. 12.113.175, dio en
arrendamiento una casa para operadores “para la obra vía Surabastos” en el
periodo comprendido entre el 22 de enero y el 21 de julio de 2003, según recibos
de caja menor y/o facturas cambiarias de compraventa por concepto del respectivo
canon, de $180.000 mensuales (f. 23, 30, 31, 37, 38, c. 13), y constan los recibos de
pago de servicios públicos correspondientes a este arrendador y a los meses de
pago del arrendamiento de su inmueble por parte de ESGAMO LTDA. (f. 32, 34, 43,
44, 79c. 13).

73.4. Que el señor Ismael Díaz Gaitán, con C.C. No. 1.606.991, dio en
arrendamiento a ESGAMO LTDA. un lote para la planta trituradora, según consta
en la factura cambiaria de compraventa No. 813 del 2 de mayo de 2003, por el
periodo de pago del 1 al 30 de mayo de 2003, por valor de $ 500.000 (f. 46, c. 13).

73.5. Que Mercasur Ltda. y/o Roberto Almario Mayor, de la ciudad de Neiva, dieron
en arrendamiento a ESGAMO LTDA., el local comercial No. 2228 para el
funcionamiento de la oficina de administración para la obra Sur Abastos, por un
canon mensual de $300.000, según consta en cuenta de cobro del 23 de mayo de
2003 por valor de $1’500.000 y facturas cambiarias por concepto del canon
correspondiente a los meses de enero a mayo de 2003 (f. 47 y 48, 52 y 53, c. 13),
local sobre el cual también aparecen cancelados servicios públicos (f. 27, 28, 42, 60,
c. 13).

74. Esta misma circunstancia se presenta con las demás erogaciones, que se hallan
discriminadas en el cuadro de gastos y cuentan con los correspondientes soportes,
tales como los de alimentación y gastos de representación (f. 5 y 6 y 122 a 200, c.
13); alquiler de equipos de cómputo, reparaciones y suministros (f. 9 y 10, c. 13 y f.
251 a 268, c. 14); telecomunicaciones (f. 10, c. 13 y f. 269 a 271, c. 14); mantenimiento
campamentos (f. 12 a 14, c. 13 y f. 71 a 73, c. 15); papelería, encomiendas y envíos (f.
10 y 11, c, 13; f. 272 a 302, c. 14) y transportes de equipo, personal y peajes (f. 14 a 18,
c. 13 y f. 60 a 156, c. 15).

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Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

75. También consta una certificación del revisor fiscal de ESGAMO LTDA.
Ingenieros Constructores, en el sentido de que esa firma cumplió, durante la
ejecución del Contrato 030 de 2002, entre agosto de 2002 y agosto de 2003, con
los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y los
parafiscales de sus empleados, así como sus prestaciones sociales, la cual viene
acompañada de las nóminas de la administración de la obra, siendo la última de
ellas la correspondiente al periodo del 16 al 30 de agosto de 2003, en la que sólo
figura una persona en la nómina: el administrador (f. 157 a 200, c. 15 y 201 a 218, c.
16).

76. De acuerdo con lo anterior, no cabe duda de que, al haber sido prorrogado el
contrato por un término superior al doble del inicialmente estipulado por las partes
para la ejecución de las obras correspondientes a la construcción de la carrera 2,
en el tramo comprendido entre la calle 2 sur y la carretera que conduce al sur del
país frente a Surabastos, los gastos de administración a cargo del contratista se
produjeron no sólo sobre los primeros 6 meses de ejecución, sino que se
extendieron más allá de la fecha inicial de terminación, que era el 28 de febrero de
2003, por cuanto, por su misma naturaleza, ellos se van produciendo día a día, con
la realización de la obra, la cual se extendió hasta el día en que fue suspendido
indefinidamente el contrato, esto es, hasta el 12 de agosto de 2003.

77. Observa la Sala que, según el informe de gastos del contrato presentado por la
contadora de la firma contratista, los correspondientes a la administración de la obra
ascendieron, en total, a $237’330.994.20, mientras que, según lo determinó el perito
partiendo de la información del contrato, en éste se presupuestaron, para asumir
tales costos indirectos, $227’794.974,40 por el tiempo inicial, que era de 6 meses
($37’965.829,07 mensuales). Esto significa que, en total y según los datos contables
suministrados por la misma parte actora, durante toda la ejecución contractual sólo
se presentaron unos egresos adicionales de administración por valor de
$9’536.018,80, que serían los que pretendió soportar mediante la documentación
aportada al expediente.

78. Ahora bien, se observa que, en el presente caso, la mayor permanencia provino
de la prórroga del plazo contractual por 7 meses, a partir del vencimiento del término
inicial, que fue el 28 de febrero de 2003 -con un lapso de suspensión de 14 días en
el interregno- y se prolongó hasta la fecha de la suspensión indefinida que se
produjo el 12 de agosto de 2003, época para la cual ya se había ejecutado la mayor
38

Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
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Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

parte de la obra, lo cual resulta coincidente con lo reportado contablemente por el
contratista, pues los gastos de los que se da cuenta en el informe contable sólo
abarcaron, precisamente, hasta el mes de agosto de 2003.

79. Esta última circunstancia, permite advertir que el contratista dio cumplimiento al
deber de no propagación o mitigación del daño, al abstenerse de generar más
gastos y sobrecostos una vez que se produjo la última suspensión, de índole
indefinida25, razón por la cual tampoco habría lugar a reconocer perjuicio alguno
proveniente de la mayor permanencia suscitada a raíz de esa segunda suspensión,
que se extendió hasta cuando fue clara la intención de la entidad de liquidar el
contrato -16 de diciembre de 2003-, puesto que las pruebas son demostrativas de
la inexistencia de tales sobrecostos en el mencionado periodo.

80. Por otra parte, en virtud de la razón por la cual se produjo la primera suspensión,
que no fue sino de 14 días -la necesidad de suscribir la prórroga del contrato que
ya se había acordado por las partes-, considera la Sala que no era dable para el
contratista suspender los gastos y erogaciones de administración de la obra, como
lo serían, por ejemplo, los contratos de arrendamiento celebrados, el sostenimiento
del personal destinado a la ejecución del contrato, etc., que no había lugar a
interrumpir.

81. En las anteriores condiciones, considera la Sala que hay lugar a conceder esta
pretensión indemnizatoria, mediante el reconocimiento de los mayores costos que,
por concepto de administración, acreditó el demandante haber asumido por valor
de $9’536.018,80, cifra que deberá ser actualizada a partir de la época del informe
contable -noviembre de 2004, utilizando para ello la fórmula VA = Vh x índice
final/índice inicial:

25
Como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Subsección: “(…) para determinar los perjuicios
por los cuales debe responder el deudor, ha de tenerse en cuenta también que, en aplicación del
principio de buena fe objetiva que permea la actividad negocial e impone a las partes actuar con
lealtad frente a la otra, así como del deber de colaboración que asumen los contratistas del Estado
para lograr los cometidos de la contratación pública, es obligación de aquella a la que se le ha
causado un daño adoptar, cuando le sea posible, las medidas razonables para evitar o mitigar su
agravación, asimismo, evitar acciones que puedan empeorar el daño inicialmente causado, en la
medida que una actitud pasiva tendiente a esperar que se incrementen los daños, o una activa que
irresponsable y despreocupadamente conlleve a ese mismo efecto, constituyen comportamientos
que agravian de manera directa ese principio –que emerge como pilar fundamental de las relaciones
negociales– y, por tanto, no puede ser protegida por el ordenamiento jurídico”. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4 de noviembre
de 2022, expediente 57185, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.

39

Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
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Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

VA = 9’536.018,80 x 135,39
55,82

VA = 23’129.372,72

82. En consecuencia, el Municipio de Neiva deberá pagar a favor del demandante
la suma de $23’129.372,72, por concepto de sobrecostos derivados de la mayor
permanencia en la obra, de conformidad con lo expuesto en los anteriores párrafos.

Terraplenes

83. Otra reclamación elevada por la parte actora en la demanda y que reiteró en el
recurso de apelación, es la consistente en el sobrecosto que debió asumir por
concepto de i) el material de Terraplén para los volúmenes ejecutados en los Ítems
de obra No. 3 “terraplenes en material seleccionado”, No. 18 “terraplenes en
material seleccionado (andenes)” y No. 19 “terraplenes en material seleccionado
(separador)”, para un valor actualizado a julio de 2005 de $330.089.063.44 y ii) El
mayor valor ocasionado por el transporte de material para la construcción de
terraplenes del separador central, ítem No. 27 “terraplenes con material sin clasificar
(separador)”, para un valor actualizado a julio de 2005 de $103.420.434.54.

84. El demandante alegó que, a pesar de su insistencia en la reclamación ante la
entidad, esta se negó a pactar un nuevo ítem correspondiente al material para
terraplén, a pesar de que debió acceder a ello, toda vez que en el pliego de
condiciones de la licitación no se anunció que los proponentes debían incluir en sus
propuestas el suministro de dicho material, ya que el mismo provendría de los cortes
que se efectuaran en la misma obra; y que fue por esta razón, que ESGAMO LTDA.
en la estimación de los precios unitarios de los ítems 3, 18 y 19 en su oferta, no
incluyó ese suministro. Pero que, ya en la ejecución del contrato, el interventor
consideró que el material de la obra no reunía los requisitos exigidos para la
construcción de terraplenes, por lo que el contratista tuvo que acudir a otras fuentes
de materiales y asumir su costo, que ahora reclama.

85. El a-quo denegó esta pretensión porque, según consta en el plenario, el
interventor no aprobó esos mayores costos por cuanto hacían parte de lo pactado
en el contrato, y el valor de la oferta, según el pliego de condiciones, fue a todo

40

Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

costo. De tal manera que si fue necesaria la utilización de materiales que cumplieran
con las especificaciones técnicas, debía el contratista asumir su valor.

86. En el recurso de apelación, la parte actora solicitó que se revisara nuevamente
y se accediera a la pretensión de la declaratoria de la ruptura de la ecuación
económica del contrato debido a la modificación de las condiciones de los estudios
y diseños, lo que originó que las actividades de los ítems 3, 18 y 19, que debían ser
ejecutadas con material producto de los cortes de la obra, debieran ser realizadas
finalmente con material traído de otra fuente, por lo que el contratista incurrió en
costos no previstos ni considerados en su oferta, provenientes de la adquisición de
dichos materiales y en relación con el ítem 27, “terraplenes con material sin clasificar
(separador)”, que fue acordado en el comité de obra No. 7, por el transporte del
material al sitio de las obras, pues la interventoría consideró que ese transporte
estaba incluido dentro del ítem de pago de excavaciones, pero este no era aplicable
porque la distancia de acarreo resultó superior a la contemplada en sus
especificaciones como acarreo libre.

Consideraciones de la Sala:

87. En el plenario está acreditado que la propuesta presentada por la parte actora
en la licitación, sí incluyó en los precios unitarios de terraplenes un valor
correspondiente a los materiales y no incluyó el de transporte de los mismos. Así,
en relación con los ítems de Terraplén, se observa que, en el cuadro Anexo 6,
Formato de Información Económica, INFORMACIÓN PRECIO POR ÍTEM,
ESGAMO LTDA. ofreció los siguientes precios, incluido el AIU del 25% (f. 482, c. 12
y f. 76 de la propuesta anexa):

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
3 Terraplenes en material 16.100 $10.742,50 $172’954.250
seleccionado
17 Terraplenes en material 7.150 $10.742,50 $76’808.875
seleccionado (andenes)
18 Terraplenes en material 33.800 $5.257,50 $177’703.500
seleccionado (separador)

88. En el capítulo de Análisis de Precios Unitarios, se consignó (f. 149, 164 y 165,
Anexo propuesta):

ITEM: Terraplenes en material Seleccionado
Unidad: m3

41

Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

I- EQUIPO
DESCRIPCIÓN UND REN TARIFA V/UNITARI V/PARCIA
D. O L
Carrotanque 1 80,00 $25.000,0 $312,50 $312,50
0
Vibrocompactador 1 35,00 $35.000,0 $1.000,00 $1.000,00
0
Motoniveladora 1 35,00 $40.000,0 $1.142,86 $1.142,86
0
Herramientas Global $100,00 $100,00
menores
SUBTOTAL $2.555,36

II- MATERIALES

DESCRIPCION UND CANT DESP. V/UNITARI V/PARCIA
. O L
Material M3 0,4 1,05 $13.000,00 $5.460,00
seleccionado
SUBTOTAL $5.460,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCIO Vol-peso DIS M3 o TON TARIF V/PARCIA
N TAN A L

SUBTOTAL

IV- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN JORNAL PRES T/JORNA RENDIM. V/PARCIA
T. L L
Ayudantes (2) $12.000,0 93,00 $46.320,0 140,00 $330,86
0 % 0
Oficial (1) $18.000,0 93,00 $34.740,0 140,00 $248,14
0 % 0
SUBTOTAL $579,00

TOTAL COSTO DIRECTO $8.594,36

42

Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

AJUSTE AL PESO -$0,36
COSTO DIRECTO TOTAL $8.594,00

ITEM: Terraplenes en material Seleccionado (andenes)
Unidad: m3

I- EQUIPO

DESCRIPCIÓN UND REN TARIFA V/UNITARI V/PARCIA
D. O L
Carrotanque 1 80,00 $25.000,0 $312,50 $312,50
0
Vibrocompactador 1 35,00 $35.000,0 $1.000,00 $1.000,00
0
Motoniveladora 1 35,00 $40.000,0 $1.142,86 $1.142,86
0
Herramientas Global $100,00 $100,00
menores
SUBTOTAL $2.555,36

II- MATERIALES

DESCRIPCIÓN UND CANT DESP. V/UNITARI V/PARCIA
. O L
Material M3 0,4 1,05 $13.000,00 $5.460,00
seleccionado
SUBTOTAL $5.460,00

III- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN Vol- DISTA M3 o TON TARIF V/PARCIA
peso N A L

SUBTOTAL

43

Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

IV- MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN JORNAL PRES T/JORNA RENDIM. V/PARCIA
T. L L
Ayudantes (2) $12.000,0 93,00 $46.320,0 140,00 $330,86
0 % 0
Oficial (1) $18.000,0 93,00 $34.740,0 140,00 $248,14
0 % 0
SUBTOTAL $579,00

TOTAL COSTO DIRECTO $8.594,36
AJUSTE AL PESO -$0,36
COSTO DIRECTO TOTAL $8.594,00

ITEM: Terraplenes en material Seleccionado (separador)
Unidad: m3

I- EQUIPO

DESCRIPCIÓN UND REN TARIFA V/UNITARI V/PARCIA
D. O L
Carrotanque 1 80,00 $25.000,0 $312,50 $312,50
0
Vibrocompactador 1 40,00 $35.000,0 $875,00 $875,00
0
Motoniveladora 1 40,00 $40.000,0 $1.000,00 $1.000,00
0
Herramientas Global $100,00 $100,00
menores
SUBTOTAL $2.287,50

II- MATERIALES

DESCRIPCION UND CANT DESP. V/UNITARI V/PARCIA
. O L
Material M3 0,1 1,03 $13.000,00 $1.339,00
seleccionado
SUBTOTAL $1.339,00

44

Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

III- TRANSPORTE

DESCRIPCIO Vol-peso DISTA M3 o TON TARIFA V/PARCIAL
N N

SUBTOTAL

IV- MANO DE OBRA

DESCRIPCION JORNAL PRES T/JORNA RENDIM. V/PARCIA
T. L L
Ayudantes (2) $12.000,0 93,00 $46.320,0 140,00 $330,86
0 % 0
Oficial (1) $18.000,0 93,00 $34.740,0 140,00 $248,14
0 % 0
SUBTOTAL $579,00

TOTAL COSTO DIRECTO $4.205,50
AJUSTE AL PESO -$0,50
COSTO DIRECTO TOTAL $4.206,00

89. También está acreditado que el material de corte proveniente de la misma obra
no reunía los requisitos técnicos para ser utilizado en la construcción de terraplenes,
razón por la cual la Interventoría no los aceptó y previno al contratista sobre la
necesidad de emplear material que cumpliera con los requerimientos técnicos.
Igualmente, que a pesar de haberse discutido la posibilidad de pactar un nuevo
precio unitario para el suministro de material de terraplén, el interventor finalmente
no lo autorizó ni la entidad lo aceptó, por considerar que ese costo hacía parte de la
propuesta presentada por el contratista y, por lo tanto, él tenía que asumirlo. Al
respecto, se observa:

89.1. Mediante oficio EGM-033-02 del 2 de octubre de 2002, el contratista informó
al interventor que el préstamo del K 1+600 era el que aparecía en los estudios del
proyecto -Contrato 030 de 2002- como material de terraplén, pero que “(…) con los
resultados arrojados por los ensayos de laboratorio de suelos, llegamos a que
tenemos que mezclar cuatro partes del material granular por una parte de material
arenoso para cumplir con las especificaciones referentes a material para Terraplén”.

45

Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

Explicó que el material más escaso en el mencionado préstamo era el granular, por
lo que estaban cerca de agotarlo como fuente de materiales, y por ello le solicitó
precisar la alternativa para remediar esa situación, teniendo en cuenta que toda
fuente de materiales debía estar legalizada por las autoridades ambientales. Así
mismo, en una parte de la obra (entre el K1+800 y K2+600 calzada izquierda) el
material de excavación (K1+800-K2+310) presentaba un índice de plasticidad
ip=14,4%, lo que obligaba a adicionarle arena para bajar su plasticidad y así
utilizarlo para Terraplén. Y que, de no ser así, le solicitaba a la interventoría indicarle
cómo disponer del material de excavación, advirtiendo que “[l]as situaciones
anteriormente planteadas cambian las condiciones contractuales si es que a las
fuentes de materiales hay que darles un tratamiento especial o que haya que buscar
un aditivo para dar cumplimiento a las especificaciones” (f. 97, c. 2).

89.2. En respuesta a la anterior comunicación, la Interventoría26, en oficio del 3 de
octubre de 2002 manifestó que, según los estudios geotécnicos del proyecto, que

26
Llama la atención el hecho de que, en su testimonio ante el a-quo, el ingeniero Barrero Arciniegas,
que actuó como interventor del contrato (f. 359, c. 3), asumió un criterio diverso, pues manifestó que
habría que reconocerle al contratista los sobre costos generados por la adquisición de material para
la construcción de los terraplenes: “[o]tra parte que la interventoría encontró falencias en el diseño
geotécnico fue que se habían escogido materiales provenientes de la misma excavación para ser
utilizados en la misma obra y construcción de terraplenes con material clasificado. Estos materiales
que se obtuvieron de los cortes no se pudieron utilizar para los rellenos de material clasificado,
porque no cumplían las especificaciones normales para construcción de vías (…)”. Se le pidió al
testigo “(…) señalar si dentro de las actividades contratadas, se encontraba el ítem suministro y
transporte de material de préstamo para construir rellenos en terraplén con material seleccionado.
CONTESTÓ: No señor, ese ítem no estaba contemplado en el contrato. PREGUNTADO: De acuerdo
con la respuesta anterior, sírvase manifestar, si el contratista suministró y transportó material de
préstamo para construir los rellenos en terraplén para la obra objeto del contrato que es materia del
proceso. CONTESTO: Si me consta que el contratista dentro del desarrollo del contrato suministró y
transportó los materiales para rellenos de terraplenes. PREGUNTADO: Sírvase manifestar en qué
documento del contrato consta las cantidades de material de préstamo utilizado por el contratista
para los rellenos de terraplén en material seleccionado. CONTESTO: La interventoría responde que
estas cantidades están expresas en la propuesta presentada por el contratista en la licitación
respectiva. PREGUNTADO: Sírvase aclarar en qué documento de la interventoría y del contratista
consta las cantidades de material de préstamo suministrado y transportado por el contratista para
verificar las mismas. CONTESTO: En el cuadro de la propuesta del contratista pienso que no debe
estar explícitamente las cantidades de materiales para terraplenes porque esos materiales se
ordenaron suministrarlos en el término de la ejecución de la obra. Preguntó por qué el contratista no
tuvo en cuenta dentro de su propuesta el suministro y transporte de esos materiales para terraplén?
Sencillamente porque el Municipio de Neiva dentro de los pliegos de licitación pretendía que ese
material para relleno de terraplenes se hiciera con material de cortes de la misma vía. La interventoría
rechazó esos materiales, es decir, que no se podía utilizar porque no cumplían con las
especificaciones técnicas para terraplenes. En vista que esos materiales no sirvieron al contratista
se le ordenó traer, suministrar y transportar materiales que cumplieran especificaciones para rellenos
de terraplenes. Este cambio lo conoció la administración municipal en varios comités de obra, pero
nunca concretó quién ni cuando se iba a pagar esos volúmenes de material que no quedaron
contemplados en la propuesta inicial. En las actas de recibo parciales se puede verificar las
cantidades que el contratista suministró y transportó”. Y más adelante, sostuvo que si bien por regla
general en esta clase de contratos se establece que el contratista tiene que suministrar todos los
materiales, equipos y mano de obra que se requieran, en el presente caso, en el pliego de
condiciones se estableció que los terraplenes se ejecutarían con material proveniente de la misma
excavación; pero como no fue aceptado por no cumplir con las especificaciones, se debió buscar un

46

Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

formaban parte del pliego de condiciones, se analizó el material de préstamo en el
sector indicado por el contratista y los materiales de la subrasante en varios puntos
o abscisas, los cuales al ser explotados o cortados podían utilizarse en la
construcción del ítem de Terraplenes. Pero que, en el análisis de laboratorio de
suelos, se determinó un índice de plasticidad por fuera de los límites especificados
para dicho parámetro según la Norma INV 96 ARTÍCULO 220 TERRAPLENES y
según las especificaciones particulares del pliego de condiciones, TERRAPLENES
PG. 105 y 106, por lo que no se podía aceptar su aplicación directa o utilización en
su estado natural, lo cual era de conocimiento del contratista al proponer y contratar.

89.3. Así mismo, que le correspondía al contratista y no a la interventoría presentar
alternativas acerca de la utilización de materiales en desarrollo de los diversos ítems
y poner a consideración de la interventoría las fórmulas de trabajo que se requirieran
para construir dentro de las normas y especificaciones. En relación con los
Terraplenes, manifestó que la interventoría no había objetado el uso de los
materiales provenientes de los cortes o préstamos laterales dentro del sector de la
obra como parte final de aplicación, debiendo cumplir en un todo con la norma y
especificación establecida. Como no fue así, el contratista, si deseaba utilizarlo,
debía mezclarlo con otros materiales que permitieran subsanar la deficiencia
detectada, lo que era de su conocimiento desde antes de contratar; y que los
materiales que requiriera podían provenir de los mismos cortes o de préstamos
laterales o de otras fuentes autorizadas dentro o fuera de la zona de la obra, y bien
podría el contratista adquirir el suministro del material de un proveedor, siempre que
llenara los requisitos de calidad. Que ni en su propuesta ni en el pliego de
condiciones se dijo que el contratista iría a utilizar únicamente material proveniente
de cortes o de fuente determinada y, por el contrario, en las especificaciones para
Terraplenes con material seleccionado se estableció que todos los materiales que
se emplearan en su construcción debían provenir de las excavaciones de la
explanación, de préstamos laterales o de fuentes aprobadas. Por lo anterior, la
interventoría consideraba que el contratista debía emplear el material necesario que

material adecuado para suplir la deficiencia del estudio de suelos, concluyendo que “El hecho que el
contratista tenga que suministrar, así haya una cláusula, todos los equipos y mano de obra se
entiende de hecho que tienen que reconocerse y pagarse (…) lo que sí hay que dejar claro, lo que
no quedó contemplado en el contrato inicial el contratante está obligado a reconocerle al contratista
las obras ejecutadas que no fueron contempladas en el contrato”. Sobre el mismo tema de los
inconvenientes por el material de corte para los terraplenes, el testigo Alvaro Domínguez,
administrador de la obra desde febrero de 2003, declaró (f. 365, c. 3): “(…) lo que puedo decir al
respecto y como conocedor del equipo que se encontraba en la obra, es que nos tocaba transportar
en las volquetas de la empresa el material de otra zona para esa parte de la obra. Recuerdo que era
cerca del kilómetro tres, cerca al Municipio de Rivera. El material transportado era para relleno”.

47

Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

cumpliera con las especificaciones exigidas, pudiendo provenir de otras fuentes
dentro o fuera del sector de obra, “(…) sin que por ello se deba reconocer o pagar
un sobreprecio o valor adicional, puesto que forma como un todo parte de la
propuesta sin discriminar su procedencia” (f. 149, c. 2)27.

90. También consta que el tema de los materiales para terraplén fue tratado en
varios comités de obra y que el contratista solicitó que se fijara un nuevo precio
unitario para el suministro de material en esos ítems, que finalmente no fue
aprobado:

90.1. En el Acta de Comité de Obra No. 003 del 4 de octubre de 2002, con asistencia
de representantes del contratista y la interventoría únicamente, entre otros asuntos,
se consignó (f. 163, c. 2; f. 259, c. 3; f. 273, c. 11):

El contratista manifiesta su preocupación en el uso del material de corte en
terraplenes a utilizar en la vía y el separador, comenta que su interés es la
colocación de material que cumpla con las especificaciones estipuladas en el
pliego de condiciones sin embargo señala que en estas, no se encuentra
pactado un precio para el acarreo de material mayor a 50 metros.

27
En similares términos, se dirigió la interventoría SOTA LTDA. al director de la Secretaría de
Infraestructura, Tránsito y Transporte del municipio de Neiva en oficio del 13 de febrero de 2003,
sobre su concepto en torno a la inconveniencia de la aprobación de nuevos precios de ítems que ya
formaban parte del contrato “(…) y que por diversos motivos en los correspondientes análisis
unitarios el contratista incurrió en error u omisión”. Sostuvo que el precio unitario propuesto por el
contratista no podía ser aprobado por ser contrario a los intereses de la entidad, ya que con él se
estaban corrigiendo errores de la propuesta ganadora en sus análisis unitarios y los precios básicos
ofertados sirvieron para determinar el valor de la oferta que fue seleccionada. Explicó, con
fundamento en las normas del pliego de condiciones y las especificaciones técnicas, en qué consistía
el ítem de Terraplenes, que se mediría por metro cúbico completo de material compactado aceptado
por la interventoría en su posición final; y en cuanto a la forma de pago, el pliego estableció que se
haría al precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada satisfactoriamente de acuerdo con las
especificaciones dadas y la aceptación del interventor; y que el precio debía cubrir todos los costos
relacionados con la correcta construcción de los Terraplenes, de acuerdo con las especificaciones,
los planos y las instrucciones del interventor, lo que a su juicio, “(…) establece claramente que el
ítem de terraplén con material seleccionado es a todo costo elaborado con material seleccionado
que debe cumplir unas normas de calidad, que se entregará debidamente compactado, medido por
M3 en su disposición final y no como pretende establecer por su parte el contratista al decir que dicho
Ítem no contempla el material y por ello no lo incluyó en el análisis unitario sino en un porcentaje de
compactación lo cual la Interventoría con certeza y claridad no comparte ni aprueba”. Adujo que, en
el pliego de condiciones, específicamente se indicó que el proponente debía indicar los precios
unitarios y totales de las obras y que serían de su responsabilidad exclusiva los errores u omisiones
en los que incurriera al indicarlos, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se derivaran
de los mismos. Y que el valor expresado para cada ítem debía reflejar la totalidad de las
características solicitadas en las especificaciones técnicas, concluyendo que, “[c]on lo anterior se
aclara también que el PRECIO UNITARIO del ítem terraplén con material seleccionado igual que en
los demás ítems del contrato, refleja la totalidad de los componentes del ítem necesarios para su
construcción y entrega final con la calidad necesaria estén o no incluidos dichos componentes o
partes del ítem dentro del análisis del precio unitario anexo en la propuesta del contrato”, por lo que
ratificó su no aprobación con relación al nuevo precio del ítem de construcción de terraplén con
material seleccionado, por cuanto el mismo aparece dentro del contrato (f. 153, c. 2).

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Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

A nivel de sugerencia el contratista plantea se revise la posibilidad de utilización
del material de corte en el separador de manera que se evite el aumento en el
precio por transporte de material, transporte a botaderos y corte o explotación
del material ya que no se tiene contemplado en las especificaciones del
proyecto el suministro de materiales.

Ante la negativa de la interventoría el Municipio plantea la creación de un nuevo
item donde se especifique el nuevo nombre y valor que puede denominarse
como Relleno con material de Excavación para los tramos de Separador que no
contemplan la estructura de la cicloruta.

90.2. Y se estableció como compromiso a cargo del contratista la presentación de
los análisis unitarios de los precios de Terraplén con material de Excavación y
Sardinel E-10.

90.3. En el Acta de Comité de Obra No. 005 del 22 de noviembre de 2002, el
contratista observó: “Suministro de material para Terraplenes ítem con
especificación particular dentro de los pliegos de la licitación la cual no contempla
el suministro y acarreo de materiales, solicita conocer el concepto al respecto ya
que se han venido haciendo acarreos de material los cuales no están considerados
dentro del presupuesto de la obra ni dentro de las actividades que se deben hacer
como acarreo a Botadero, este no ha sido reconocido y cuantificado a distancias
mayores de 50 metros”. Agregando otro punto, consistente en “(…) el suministro de
material para terraplenes para lo cual el contratista manifiesta que hará solicitud
formal solicitando se tengan en cuenta los puntos mencionados, la interventoría
anota que ha sido clara en que el contratista presente peticiones por escrito” (f. 268,
c. 11).

90.4. El 25 de noviembre de 2002, el contratista presentó derecho de petición al
alcalde municipal de Neiva, en el cual le solicitó que se autorizara, aprobara y
ordenara la modificación y compensación del ítem “Terraplenes en material
seleccionado” y se adicionara el ítem “Suministro de Material Seleccionado”, cuyo
valor contractual había sido pactado en $ 13.000, según su oferta, para lo cual
procedió a explicar las especificaciones del pliego de condiciones de la Licitación
Pública No. 006-2001 referidas a terraplenes y que, en su entender, no incluían el
suministro de material seleccionado, por lo que lo ofrecido por el contratista en su
oferta, en el análisis de precios unitarios, correspondió únicamente al porcentaje de
compactación. Y que, siendo necesario ese ítem para la ejecución de los trabajos,
e implicar un costo no contemplado en el contrato, debía ser autorizado por la

49

Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

interventoría y aprobado por el municipio, para incluirlo en las actas de recibo para
su inmediato pago28 (f. 100, c. 2).

90.5. En el Acta de Comité de Obra No. 006 del 29 de noviembre de 2002, se
consignó que la entidad contratante le solicitó al contratista que presentara ajuste al
ítem de terraplén objeto de la petición por escrito, para estudio de la Interventoría.
Y agregó que “Se requiere que el contratista ajuste al ítem que se está manejando
en el contrato lo que se está haciendo y se presente un nuevo ítem no previsto
independiente e incluirlo en las actas”. A su turno, la interventoría “solicita al
contratista se tenga en cuenta para el nuevo ítem solo las actividades de corte y
cargue de material de terraplén para aprobación de un precio no previsto para
proceder a hacer ajuste al ítem actual en el acta de modificación” (f. 171, c. 2; f. 265,
c. 11).

28
En el Acta de Comité de Obra No. 007 del 6 de diciembre de 2002, con participación de
representantes de las partes y de la interventoría, la entidad pidió que se explicara la petición que
había elevado el contratista sobre la fijación de un precio unitario, manifestando que las partes
debían ponerse de acuerdo sobre la cantidad del material para terraplenes que se producía en la
obra y cuánto debía suministrar y en qué porcentaje (0.6, 0.5 o 0.9%) para mejorar las condiciones
del material existente y así hacer un ajuste al ítem sobre la cantidad de más. El contratista mencionó
que “esta solicitud obedece a que la consecución de material seleccionado se puso crítica ya que el
material proveniente de los cortes no cumple con las especificaciones para ser utilizado como
material seleccionado, para el contratista fue una sorpresa ya que los volúmenes de corte estaban
compensados con los volúmenes de terraplén y estaba establecido que lo que se cortaba iba a servir
para rellenar y no había la necesidad de suministro de material. En base a este criterio lo que se hizo
dentro del ítem fue considerar un porcentaje de compactación del material ya que no se consideraba
el suministro”. Agregó que “Con excepción de la Sub-base que se levantó y utilizó para terraplenes
todo el material de terraplén con material seleccionado ha sido colocado con material de explotación
de la cantera K1+600 donde se ha excavado, mezclado y preparado de tal manera que cumpla con
las especificaciones y el material que ha salido de los cortes, de acuerdo a comité de obra, se ha
utilizado para los separadores; este tampoco va a alcanzar”. A continuación dio cuenta de la
necesidad de utilizar material distinto al de las excavaciones para cumplir con las especificaciones:
“El contratista solicita en razón al cambio en el criterio que se había constituido en el contrato de
utilizar el material de excavaciones para terraplenes en la vía, llegar a construirlo físicamente donde
la idea es con la ayuda de laboratorio observar qué porcentaje real de densidades es necesario por
cancelar para llegar a un acuerdo”, y reclamó la explotación y transporte, es decir el suministro de
material de las fuentes donde fuera necesario traerlo para cumplir con las especificaciones, pero la
interventoría no estaba de acuerdo con el sobreprecio en el ítem: “Se crea en comité de obra ante la
no existencia de un item con material proveniente de los cortes de terraplén con material sin clasificar
separador con material proveniente de los cortes, canales y préstamos, se hace el análisis unitario
y este se aprueba en comité. El contratista solicita se determine por laboratorio la cantidad de
material faltante, la interventoría señala que esto generaría un sobreprecio en el item el cual no está
de acuerdo en cancelar comparando el valor del item corregido con el valor del item de Sub-base. El
contratante pregunta si hasta el momento de los 2000 m3 de terraplén facturados se ha colocado
material de corte, la interventoría responde que solo 600 m3 de la sub-base existente en la vía han
sido colocados como material seleccionado. El contratante plantea repartir esos 600 m3 a lo largo
de la vía y realizar un ítem donde suba el porcentaje de 0,4 a 0,8 o 0,9 (…)”. Sin embargo, en el
capítulo de “Compromisos”, en el que se relacionan los asumidos por cada uno de los participantes
en el comité, sólo se consignó a cargo de la entidad contratante la “presentación del diseño de
cicloruta parta urbana”, pero se anotó: por parte de la interventoría: ninguno; y por parte del
contratista: ninguno (f. 174, c. 2; f. 261, c. 11).

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Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

90.6. En el Acta de Comité de Obra No. 008 del 13 de diciembre de 2002, en el que
participaron representantes de la entidad contratante, del contratista y de la
interventoría, se consignó, luego de la lectura del acta del Comité Técnico de Obra
No. 007, que “El contratante pregunta a la interventoría si se ha revisado el precio
de terraplén en material seleccionado la interventoría responde que se observará
un precio teniendo en cuenta la fecha en que el contratista realizó la oferta (Marzo
2002) para dar los ajustes al precio. El contratista menciona que en el acta de comité
No. 007 se acordó cuantificar la parte correspondiente de material faltante mediante
el estudio del valor del porcentaje de compactación de material, la interventoría
comunica al contratista que esta actividad se ha visto atrasada debido a la atención
en la colocación de la mezcla asfáltica, y plantea para la próxima semana definir un
valor del porcentaje de densidades para las cantidades de material previstas” (f. 178,
c. 2; f. 262, c. 3; f. 258, c. 11).

90.7. Mediante comunicación del 27 de diciembre de 2002, el contratista le envió a
la Interventoría, para efectos de nivelar el desequilibrio económico que tenía en ese
momento el contrato, el análisis de precio unitario correspondiente al ítem
“Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación y
préstamo con destino a la construcción de terraplenes”, toda vez que la
especificación particular C-5 para la construcción de terraplenes del contrato, en el
numeral 5.8 ítem de pago, no contemplaba que el precio unitario debiera incluir el
transporte de los materiales utilizados para su construcción, y éstos, para la
construcción de los terraplenes para la conformación del separador central,
implicaban que el material faltante sería producto también de la explotación de
préstamos, actividad que contemplaba un acarreo libre de 50 m. dentro del precio
de la excavación (f. 105, c. 2, f. 247 y 248, c. 4). En dicho análisis de precio unitario,
consta:

ITEM: Transporte de materiales provenientes de la excavación de la
explanación y préstamo con destino a la construcción de
terraplenes.

UNIDAD: M3

TRANSPORTE:
DESCRIPCION VOL-PESO DISTAN-(KM) M3 V/UNITARIO V/PARCIAL
VOLQUETA DOBLE TROQUE 1,3 3 1 320 $1.248,oo

SUB TOTAL $1.248,oo
COSTO DIRECTO TOTAL $1.248,oo

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Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

90.8. El 27 de enero de 2003, el Alcalde Municipal de Neiva recibió el Memorando
de Advertencia M.A. 003 de 2003 de la Contraloría Municipal, en el que se observó,
entre otras cosas (f. 215, c. 4):

Frente a los errores aritméticos en los precios unitarios, principalmente en los
ítems: 3. Terraplenes en material seleccionado, 17. Terraplén en material
seleccionado (andenes) e ítem 18 Terraplén en material seleccionado. En los
pliegos de condiciones en el numeral 12 Precio de la oferta, “El proponente
indicará en el formulario las cantidades y precios correspondiente……….sin
perjuicio de la facultad del municipio de Neiva. Será de responsabilidad
exclusiva de los proponentes los errores y omisiones en que incurra al indicar
los precios unitarios y/o totales de la oferta, debiendo asumir los mayores costos
o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones”.

En el mismo numeral “…. Dichos precios unitarios servirán al proponente como
elemento para determinar el valor de su oferta, más no se considera documento
de la misma y el valor expresado para cada ítem deberá reflejar la totalidad de
las características solicitadas en las especificaciones técnicas”.

La no observancia de lo anteriormente descrito y que está debidamente
estipulado en los pliegos de condiciones, puede generar incremento en la oferta
económica en más de un 10%, lo que conllevaría a posible detrimento fiscal.

90.9. El 6 de febrero de 2003, el interventor envió comunicación al secretario de
Infraestructura, Tránsito y Transporte en el que le reiteró la solicitud de dar
respuesta a la petición presentada el 25 de noviembre de 2002 por el contratista
ESGAMO LTDA., “(…) teniendo en cuenta lo determinado tanto por la Interventoría
como la Administración Municipal y expuesto en el Comité de Obra No. 10 de fecha
24 de enero de 2003 donde se le comunicó al contratista la no aceptación de la
pretensión tanto de aprobación de un nuevo ítem de Terraplén en Material
Seleccionado que ya existe, así como el reconocimiento por separado de Transporte
de Material para Terraplenes, teniendo en cuenta lo especificado en los Pliegos de
Condiciones y la recomendación que hiciera la Contraloría Municipal” (f. 183, c. 6).

90.10. El 17 de febrero de 2003, el contratista envió comunicación al interventor, en
la cual le informó que los cortes entre chaflanes del proyecto se habían terminado
en esa fecha y se hacía necesaria la continuación de la construcción de los
terraplenes en material sin clasificar para el separador central, por lo que le pedía
indicación sobre el sitio del cual se iba a obtener el material de préstamo necesario
para ello, y que la forma de pago incluyera el suministro y el transporte, advirtiendo
que no continuaría la construcción del referido ítem hasta que le fuera definida esta
petición, pues ello conllevaría a un rompimiento del equilibrio económico del
contrato (f. 124, c. 2).
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Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

90.11. El 19 de febrero de 2003, el Interventor envió comunicación al director de la
Secretaría de Infraestructura, Tránsito y Transporte en el que, entre otras cosas, le
aclaró que el 17 de enero de 2003 ESGAMO LTDA. presentó un análisis de precio
unitario para el ítem Terraplenes en material seleccionado para calzada incluido el
transporte, sobre el cual la interventoría, en reunión del Comité de Obra No. 11 del
24 de enero de 2003, considerando que ese ítem ya existía y formaba parte del
contrato en curso, se abstuvo de aprobarlo (f. 220, c. 8)29.

90.12. En la misma fecha 19 de febrero de 2003, el interventor envió oficio al
contratista en el que le reiteró que los ítems del contrato para Terraplenes
seleccionados contemplan el suministro, transporte, procesamiento y construcción
por metro cúbico compacto recibido a satisfacción conforme a las normas y
especificaciones; que para el caso de los separadores, podían continuar
construyéndose con material sin clasificar o seleccionados que se procesaran con
materiales tomados de los stocks de cortes y excavaciones, préstamos laterales y
otras fuentes que fueran aprobadas por la interventoría, y que ésta “(…) no puede
intervenir en la modificación o acomodo de nuevos elementos que por error u
omisión no forman parte de análisis de precios unitarios de los mismos ítems del
contrato, así los precios contractuales de los mismos no estén acordes a las
expectativas económicas que aducen los contratistas para citarlo como
desequilibrio económico” (f. 232, c. 8).

90.13. En el Acta de Comité de Obra No. 13 del 21 de febrero de 2003 30, en asuntos
a tratar, se consignó (f. 181, c. 2; f. 269, c. 3; f. 256, c. 11):

2.1. La administración solicita al contratista que las peticiones y/o solicitudes
escritas o verbales deben ceñirse a las especificaciones establecidas en los
pliegos de condiciones del contrato, se lee en la página 105 de las
especificaciones M3- Terraplenes numeral 3.1 Requisitos de los materiales,
para la administración es claro que el material de terraplenes debe ser
suministrado por el contratista.

El contratista señala que en estas especificaciones, se indican como se deben
realizar los trabajos pero no habla del suministro como sí lo hacen las
especificaciones de Subbase y Base.

29
Obra en el plenario el oficio del 17 de enero de 2003, mediante el cual el contratista ESGAMO
LTDA., entre otras cosas, presenta “(…) el ítem de ‘Terraplenes en material seleccionado para
calzadas-incluye suministro y transporte’ con la modificación solicitada en el acta No. 010 del día de
hoy” (f. 224, c. 8).
30
Esta acta no aparece firmada por quienes figuran como asistentes a dicho comité, pero no fue
desconocida ni tachada por la parte demandada, quien aportó la copia visible en el cuaderno 11.

53

Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

2.2. La administración pregunta si las especificaciones del contrato son
diferentes a las especificaciones del INVIAS-96 las cuales también deben
cumplirse.

La interventoría lee las especificaciones del INVIAS las cuales coinciden con
las particulares del proyecto en la providencia de los materiales pero no hablan
del suministro.

2.3. La interventoría considera que el contratista cometió un error u omisión y
que por esto no puede entrar a mediar o participar en el error y que esta solicitud
debe hacerse en otra instancia ante el Municipio. No se puede a través de la
estancia (sic) de la interventoría aprobar los ítem.

Para la administración está claro que no puede hacerse a través de la
interventoría y el comité este tipo de reclamaciones.

91. Ahora bien, la parte actora insistió a lo largo de sus intervenciones en que, en el
pliego de condiciones y en las especificaciones no se estableció la obligación de los
proponentes de ofrecer el suministro de materiales con su respectivo precio unitario
para la construcción de terraplenes, ya que se utilizarían, como allí mismo se dijo,
los materiales obtenidos de los propios cortes de la obra y que, por esta razón, él
no los ofreció; y al ser necesaria la utilización de otros materiales provenientes de
una fuente diversa, su costo debía ser asumido por la entidad. Al respecto, obran
en el expediente los siguientes elementos de prueba:

91.1. Informe Final 996-IP-N-01-05, Revisión 2, de la Actualización de Diseños de
la Avenida a Surabastos Carrera 2ª en la ciudad de Neiva, realizado por la firma DIS
Ltda. Ingenieros Consultores en enero de 2002 para la Alcaldía de Neiva 31, en el
cual se consignó que, dentro de sus objetivos, se encontraban los de i) determinar
las características y resistencia de la sub-rasante y de los materiales usados para
hacer los terraplenes y la sub-base y ii) actualizar el estudio de las fuentes de
materiales. Es claro entonces, que este informe hacía parte de los estudios previos
que debía llevar a cabo la entidad antes de abrir la licitación pública, es decir que
fue uno de los insumos que le sirvieron para estructurar el proceso de selección
para la construcción de la obra pública proyectada y para la elaboración del
respectivo pliego de condiciones.

31
En dicho informe se incluyeron los capítulos de 1. Introducción, 2. Objetivos de la actualización de
los diseños, 3. Diseño geométrico, 4. Estudio de tránsito, 5. Geotecnia para el diseño de pavimento,
6. Manejo hidráulico, 7. Cantidades de obra y 8. Parámetros de diseño. Información contenida en
CD obrante en f. 34, c. 2.

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Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

91.1.1. En dicho informe, en el capítulo del estudio geotécnico para el diseño de
pavimentos, se describieron las actividades realizadas tanto en campo como en
laboratorio y se incluyeron los resultados y conclusiones de los estudios e
investigaciones de suelos efectuados para el diseño del pavimento de la vía a
Surabastos, con el objeto de, entre otras cosas, determinar las condiciones del
subsuelo a lo largo del proyecto y las posibles fuentes de materiales cercanas al
proyecto y su utilización. Luego de explicar las características geotécnicas
encontradas en la vía, el informe manifestó que “Para el diseño del pavimento,
teniendo en cuenta que la vía requiere de algunos cortes que aun no se han
realizado y que los terraplenes que faltan por construir se llevarán a cabo con el
material proveniente de los cortes, se adopta como CBR de diseño 32, un valor del
10% que equivale a un módulo de la subrasante de 15000 psi”.

91.1.2. A continuación, se refirió a las fuentes de materiales que se encontraron
cercanas al proyecto: Fuente Trituramos, respecto de la cual se sostuvo que los
materiales allí encontrados podrían emplearse para la construcción de base, sub-
base y concretos hidráulico y asfáltico; y Fuente Río Arenoso, cuyos materiales
podrían ser utilizados para la construcción de base, sub-base y concreto hidráulico.
En las conclusiones y recomendaciones de este Informe, se consignó, entre otras
cosas:

5.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De los análisis y descripciones anteriores se deducen las siguientes
conclusiones y recomendaciones:

• De acuerdo con los resultados de las investigaciones a lo largo del proyecto se
encuentran suelos de subrasante de tipo grava y arena arcillosa
• Para la construcción de la estructura del pavimento, se podrán emplear los
materiales provenientes de la fuente Trituramos y/o de la Fuente del Río
Arenoso.

91.2. En el plenario obra copia del pliego de condiciones que rigió la Licitación
Pública No. 006-2001 que precedió a la celebración del contrato objeto de la
presente controversia33. Sobre los ítems de terraplenes que suscitaron las

32
El ensayo CBR (California Bearing Ratio) establecido es uno de los parámetros de mayor valor en
el diseño de pavimentos flexibles. Este se realiza para evaluar la resistencia de las subrasantes del
suelo y los materiales de la capa base a través de un ensayo de placa a escala. Consultado en:
https://geotecniaymecanicasuelosabc.com/cbr/.
33
Información contenida en CD obrante en f. 34, c. 2.

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Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

pretensiones del demandante tendientes a obtener el pago del suministro del
material –ítems 3, 18 y 19- y el transporte de material para la construcción de
terraplenes del separador central -ítem 27-34, se resaltan las siguientes
disposiciones:

91.2.1. En la Sección II Instrucciones a los licitantes, se estableció (pg. 2 y 4 del
pliego):

OFERTAS.

Los proponentes podrán participar en la siguiente oferta, a saber:

CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE LA CARRERA 2 EN EL TRAMO
COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 2 SUR Y LA CARRETERA QUE
CONDUCE AL SUR DEL PAÍS FRENTE A SURABASTOS EN PAVIMENTO
FLEXIBLE (incluye suministro e instalación).

(…)

5. VISITA A LA ZONA DE LAS OBRAS

Será responsabilidad de los proponentes, visitar e inspeccionar las zonas de las
obras para investigar la disponibilidad de los materiales de construcción, mano de
obra, transporte y de manera especial las fuentes de abastecimiento de materiales
para su explotación y elaboración de los agregados.

El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y
condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, no se considerará como
excusa válida para posteriores reclamaciones. (…).

91.2.2. En el capítulo de documentos integrantes de la oferta (pg. 7 del pliego) se
incluyó:

El proponente deberá acreditar la procedencia Lícita de los materiales a utilizar
(Sub-base, base granular) allegando a la propuesta la certificación de suministro
por parte del titular de la fuente con fotocopia del certificado de inscripción en el
registro minero de la explotación y copia del certificado de existencia de Licencia
Ambiental de la misma.

91.2.3. En relación con los precios de la oferta, se indicó (pg. 8 del pliego):
12. PRECIOS DE LA OFERTA
El proponente indicará en el formulario de cantidades y precios correspondiente,
anexo a este pliego, los precios unitarios y totales de las obras que propone
construir con arreglo al contrato(s) que resulte de la presente licitación. Sin
perjuicio de la facultad del Municipio de Neiva (sic), será de responsabilidad
exclusiva del proponente los errores, omisiones en que incurra al indicar los
precios unitarios y/o totales de la oferta, debiendo asumir los mayores costos o
pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.

34
De entrada se advierte que, ni en el pliego de condiciones ni en el contrato, se consignó un ítem
27 “terraplenes con material sin clasificar (separador)”.

56

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Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

El proponente elaborará los precios unitarios de acuerdo con las
especificaciones técnicas contenidas en el Volumen 2 y llenará los mismos para
cada uno de los ítems de las obras descritas en la lista de cantidades y precios
de obra, independientemente que se haya establecido o no cantidades de obra
para cada ítem. Dicho diligenciamiento es de carácter obligatorio y en el evento
de que el precio unitario de algún ítem sea Cero deberá consignarse este valor
en el respectivo formulario. Dichos precios unitarios servirán al proponente
como elemento para determinar el valor de su oferta, más no se consideran
documento de la misma y el valor expresado para cada ítem deberá reflejar la
totalidad de las características solicitadas en las especificaciones técnicas. Los
precios propuestos por el proponente estarán sujetos a ajuste de acuerdo con
lo estipulado en la ley de contratación y conforme a lo expresado en la Sección
IV - Condiciones Especiales del Contrato y V - Minuta del Contrato.

En la preparación de las ofertas, el proponente deberá incluir en sus precios
todos los impuestos, derechos y otros cargos que se le causaren por concepto
de la ejecución del contrato, los cuales se entenderán incluidos en el precio total
de la oferta.

91.2.4. En las especificaciones del contrato a adjudicar, se indicó (pg. 34 del pliego):
30. ESPECIFICACIONES
Las especificaciones técnicas o normas bajo las cuales se ejecutarán las obras
objeto del Contrato, se contemplan en el Volumen 2 de estos Pliegos de
Condiciones a las cuales el Contratista deberá dar estricto cumplimiento
independientemente de lo estipulado por el mismo en sus precios unitarios.

Si el Contratista desea o necesita desviarse de las especificaciones o normas
mencionadas, deberá someterse a aprobación del Interventor un informe en el
cual se indique la naturaleza de los cambios y las nuevas especificaciones o
normas que va a aplicar. Si el Interventor no las aprueba, el Contratista deberá
ajustarse a los requisitos estipulados en estas especificaciones (La Sala
subraya).

91.2.5. En el Anexo 7, Presupuesto de Obra, se incluyeron, entre otros, los
siguientes ítems (f. 40 del pliego):

ITEM VALOR
UNID CANTIDA VALO
DESCRIPCION R
AD D
UNITAR TOTA
IO L
3 Terraplenes en material Seleccionado m3 16.100
Terraplenes en Material Seleccionado
17 (andenes) m3 7.150
Terraplenes en Material Seleccionado
18 (separador) m3 33.800

91.2.6. En el Volumen II del pliego, correspondiente a las “Especificaciones
Técnicas, Normas de Construcción y Medidas de Pago”, concretamente en la
Especificación M.3, se lee (pg. 105):

57

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Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

ESPECIFICACION M.3

TERRAPLENES

3.1. REQUISITOS DE LOS MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en la construcción de terraplenes deberán
provenir de las excavaciones de la explanación, de préstamos laterales o de
fuentes aprobadas; deberán estar libres de sustancias deletéreas, de materia
orgánica, raíces y otros elementos perjudiciales. Su empleo deberá ser
autorizado por el Interventor, quien de ninguna manera permitirá la construcción
de terraplenes con materiales de características expansivas. (La Sala resalta).

Los materiales que se empleen en la construcción de terraplenes deberán
cumplir los requisitos indicados en la Tabla No. 3.1.

TABLA No.3.1

REQUISITOS DE LOS MATERIALES

Suelos Seleccionados Adecuados Tolerables

Aplicación Corona, Núcleo, Corona, Núcleo, Núcleo,
Cimiento Cimiento Cimiento

Tamaño máximo 75 mm 100 mm 150 mm
Pasa tamiz de 75 μm
(No.200) ≤ 25% en peso ≤ 35% en peso ≤35% en peso
C.B.R. de laboratorio ≥10 ≥5 ≥3
Expansión en prueba
< 2% <2%
C.B.R. 0%
Contenido de materia
orgánica 0%
Límite líquido
< 30 <1% <2%
Indice plástico
<10 <40 <40
<15
-

El tamaño máximo y el porcentaje que pasa el tamiz de 75 μm. (No.200) se
determinarán mediante el ensayo de granulometría según norma de ensayo INV
E-123, el C.B.R. y la expansión, de acuerdo con lo indicado en la norma de
ensayo INV E-148; el contenido de materia orgánica, según lo establecido en la
norma INV E-121; y el límite líquido y el índice plástico conforme lo establecen
las normas INV E-125 y E-126, respectivamente.

91.2.7. En la Especificación C.3, “ACARREOS Y DISPOSICION DE MATERIALES
DE DESPERDICIO”, se consignó:

C.3.1. DEFINICION

Esta especificación tiene por objeto fijar los criterios para el transporte de
materiales de desperdicio. Excepcionalmente se aplicará esta especificación al
transporte de los materiales producto de excavación utilizables en rellenos,
cuando a juicio de la Interventoría este transporte sea necesario por
conveniencia de la entidad contratante.

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Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

Para efectos de aplicación de la norma, se desglosa el transporte de materiales
en dos eventos: Acarreo Libre y Acarreo.

El trabajo que el contratista debe ejecutar bajo este concepto consiste en el
suministro de la planta, ejecución de las labores necesarias para obtener la
disponibilidad de los bancos de desperdicio y demás actividades necesarias
para disponer los materiales de desperdicio, de acuerdo con esta norma y lo
indicado por la Interventoría. Se excluye de esta especificación los trabajos
relacionados con el transporte de los materiales.

C.3.2. ALCANCE

En general, todos los materiales producto de todas las excavaciones, se
retirarán de la obra a los sitios adecuados, en donde se dejarán o dispondrán
definitivamente sin perjuicio para la entidad contratante, la obra, o (sic) otras
entidades particulares o gubernamentales o en general terceras personas.
Dichos sitios se llamarán genéricamente bancos de desperdicio.

Sin embargo, teniendo en cuenta que parte de dichos materiales pueden ser
utilizables en la obra, para objeto de aplicación de la norma se diferencia entre
materiales sobrantes y materiales de desperdicio.

Los trabajos incluidos dentro del concepto de Acarreo Libre y acarreo son:

• Cargue del material.

• Transporte del material.

• Descargue del material en el sitio de utilización, almacenamiento o botadero.

C.3.3. CONSTRUCCION

C.3.3.1. Acarreo

El acarreo de materiales debe hacerse siempre con los equipos apropiados para
cada distancia de acarreo especificada y para las condiciones de acceso y
localización de las obras.
C.3.3.2. Manejo y Transporte de Materiales de Desperdicio
(…)

C.3.3.2.2. Materiales Sobrantes: La disposición de materiales se
realizará de dos formas: utilizando el material producto de excavaciones y
descapote en otras partes de la obra, tales como rellenos, terraplenes y
empradizados; o llevando dichos materiales a los bancos de desperdicio.

Los materiales producto de excavaciones y descapotes que sean utilizables, se
llevarán directamente del sitio de excavación al relleno o terraplén. Si esto no
es posible, la Interventoría aceptará que el contratista lleve estos materiales a
los bancos de almacenamiento definidos por ella. Para efectuar esta labor se
requerirá el cargue del material, el transporte del mismo hasta la distancia de
acarreo y el descargue en el sitio de relleno, terraplén, empradización o banco
de almacenamiento, labores todas que están incluidas en el concepto de
acarreo libre contemplado en los ítems de excavaciones, descapotes o
desmontes.

(…)

59

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Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

C.3.4. MEDIDA Y PAGO

Los trabajos de acarreo no se medirán y no habrá pago por separado por
consiguiente todos los costos correspondientes a estos trabajos deberán
quedar incluidos en los precios unitarios de los items que lo requieran (Las
subrayas son de la Sala).

91.2.8. En la Especificación C-5, TERRAPLENES35, se lee:

5.1 DESCRIPCION
5.1.1 Generalidades
Este trabajo consiste en la escarificación, nivelación y compactación del terreno
o del afirmado en donde haya de colocarse un terraplén nuevo, previa ejecución
de las obras de desmonte y limpieza, demolición, drenaje y subdrenaje; y la
colocación, el humedecimiento o secamiento, la conformación y compactación
de materiales apropiados de acuerdo con la presente especificación, los planos
y secciones transversales del proyecto y las instrucciones del Interventor.

(…)

5.3. Empleo

Los documentos del proyecto o el (sic) especificaciones particulares indicarán
el tipo de suelo por utilizar en cada capa. En todo caso, los suelos tolerables
no podrán ser empleados en el núcleo del terraplén, cuando éste pueda estar
sujeto a inundación.

Además, cuando en el núcleo se hayan empleado suelos tolerables, la corona
solamente podrá construirse con suelos seleccionados.

(…)
5.5.2 Preparación del terreno
(…)

Cuando lo señale el proyecto o lo ordene el Interventor, la capa superficial de
suelo existente que cumpla con lo señalado en la Especificación M.3, deberá
mezclarse con el material que se va a utilizar en el terraplén nuevo.

Si el terraplén hubiere de construirse sobre turba o suelos blandos, se deberá
asegurar la eliminación total o parcial de estos materiales, su tratamiento previo
y consolidación o la utilización de cualquier otro medio propuesto por el
Constructor y autorizado por el Interventor, que permita mejorar la calidad del
soporte, hasta que éste ofrezca la suficiente estabilidad para resistir esfuerzos
debidos al peso del terraplén terminado.

Si el proyecto considera la colocación de un geotextil como capa de separación
o de refuerzo del suelo, éste se deberá tender conforme se describe en el
Artículo 820 Norma INVIAS de las presentes especificaciones.

35
Terraplenes: Según el artículo 220.1.1 de las Especificaciones Generales de Construcción de
Carreteras del Instituto Nacional de Invías, “[e]ste trabajo consiste en la extensión y la compactación
por capas, de los materiales cuyas características se definen en el numeral 220.2 de este artículo,
en zonas de dimensiones controladas que permitan, de forma sistemática, utilizar maquinaria pesada
con destino a crear una plataforma sobre la que se asiente la estructura de pavimento de una
carretera, de acuerdo con los documentos del proyecto”. Consultado en:
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/14480-
especificaciones-generales-de-construccion-de-carreteras-2022-1/file

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Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

5.5.3 Cuerpo del terraplén
El Interventor sólo autorizará la colocación de materiales de terraplén cuando el
terreno base esté adecuadamente preparado, según se indica en el numeral
anterior. (…) Será responsabilidad del Constructor asegurar un contenido de
humedad que garantice el grado de compactación exigido en todas las capas
del cuerpo del terraplén.

En los casos especiales en que la humedad del material sea considerablemente
mayor que la adecuada para obtener la compactación prevista, el Constructor
propondrá y ejecutará los procedimientos más convenientes para ello, previa
autorización del Interventor, cuando el exceso de humedad no pueda ser
eliminado por el sistema de aireación.

(…)

5.6 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS
5.6.1 Controles
Durante la ejecución de los trabajos, el Interventor adelantará los siguientes
controles principales:

(…)

• Comprobar que los materiales por emplear cumplan los requisitos de calidad
exigidos en la Especificación M.3

(…)
5.6.2 Condiciones específicas para el recibo y tolerancias
5.6.2.1 Calidad de los materiales
De cada procedencia de los suelos empleados para la construcción de
terraplenes y para cualquier volumen previsto, se tomarán cuatro (4) muestras
y de cada fracción de ellas se determinarán:

• La granulometría, según norma de ensayo INV E-123.
• El límite líquido y el índice plástico, de acuerdo con las normas de ensayo INV
E-125 y E-126, respectivamente.

• La resistencia y expansión, mediante la prueba CBR, según norma de ensayo
INV E-148.

• El contenido de materia orgánica del suelo, de acuerdo con la norma INV E-
121.

cuyos resultados deberán satisfacer las exigencias indicadas en la
Especificación M.3, según el tipo de suelo, so pena del rechazo de los
materiales defectuosos. (Resalta la Sala).

Durante la etapa de producción, el Interventor examinará las descargas de los
materiales y ordenará el retiro de aquellas que, a simple vista, presenten restos
de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo
especificado.

Además, efectuará las siguientes verificaciones periódicas de la calidad del
material:

• Determinación de la granulometría (INV E-123), mínimo una (1) vez por
jornada.

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Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

• Determinación del límite líquido (INV E-125) y del índice plástico (INV E-126),
cuando menos una (1) vez por jornada.

• Determinación del contenido de materia orgánica (INV E-121), por lo menos
una (1) vez a la semana.

• Determinación de la resistencia y la expansión (INV E-148), como mínimo una
(1) vez por mes.

(…)

5.7 MEDIDA

La unidad de medida para los volúmenes de terraplenes será el metro cúbico
3
(m ), aproximado al metro cúbico completo, de material compactado, aceptado
por el Interventor, en su posición final.

Todos los terraplenes serán medidos por los volúmenes determinados con base
en las áreas de las secciones transversales del proyecto localizado, verificadas
por el Interventor antes y después de ser ejecutados los trabajos de terraplenes
(…).

Los rellenos con materiales sobrantes de excavación o de derrumbes que se
coloquen sobre taludes de terraplenes terminados no se medirán; No se
medirán los terraplenes que se efectúen en trabajos de zonas laterales y las de
préstamo y desecho.

No se medirán los terraplenes que haga el Constructor en sus caminos de
construcción y obras auxiliares que no formen parte de las obras del proyecto.

5.8 FORMA DE PAGO

El trabajo de terraplenes se pagará al precio unitario del contrato, por toda obra
ejecutada satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y
aceptada por el Interventor.

El precio unitario deberá cubrir los costos de escarificación, nivelación,
conformación, compactación y demás trabajos preparatorios de las áreas en
donde se haya de construir un terraplén nuevo; deberá cubrir, además, la
colocación, conformación, humedecimiento o secamiento y compactación de
los materiales utilizados en la construcción de terraplenes; y, en general, todo
costo relacionado con la correcta construcción de los terraplenes, de
acuerdo con esta especificación, los planos y las instrucciones del Interventor.
(Las negrillas y subrayas son de la Sala).

ITEM DE PAGO

Terraplenes Metro cúbico (m3)

91.3. En el plenario se practicó un dictamen pericial a solicitud de la parte actora, el
cual fue absuelto en 2008 por el ingeniero civil Eduardo Gómez Rojas (f. 393 a 399,
c. 3). En relación con este punto de los ítems de construcción de terraplenes, el
auxiliar de la justicia determinó que, de acuerdo a las actas de comité técnico No.
3, 5, 6, 7 y 8 y en especial en la No. 7, se mencionó que el material requerido para

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Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

construir los ítems 3, 18 y 19, que corresponden a terraplenes en material
seleccionado, terraplenes en materiales seleccionado (andenes) y terraplenes en
material seleccionado (separador), había sido extraído desde el kilómetro 1+600 de
la obra; y que en las mismas actas se podía establecer que el contratista, para
desarrollar los ítems 3, 18 y 19, utilizó material de préstamo, proveniente de la
cantera localizada en el kilómetro 1+600.

91.3.1. Así mismo, conceptuó que la acción de utilizar material de préstamo en
construcción de vías implica el uso del medio de transporte, hecho que se dio en el
presente caso, y que en los análisis de precios unitarios presentados en la oferta
del contratista para los ítems 3, 18 y 19 no aparecía relacionado el valor del
transporte ni el material de préstamo que se utilizó para la construcción de los
terraplenes.

91.3.2. Se le pidió al perito establecer si conforme a las condiciones del proceso
contractual, planos, estudios geotécnicos y demás, el contratista debió haber tenido
en cuenta en el análisis de los precios las cantidades de material de préstamo que
en el momento de ejecución tuvo que asumir, a lo cual manifestó:

En la etapa de apertura de la licitación, la Alcaldía de Neiva dio a conocer los
Estudios Geotécnicos para el proyecto, realizado por la firma DIS LTDA.,
documento identificado con el No. 996-IP-N-01-05 REVISION 2, contenido en
los volúmenes de los Pliegos de Condiciones (Ver CD anexo 1). Este
documento en su página 31, numeral 5.3 “CARACTERÍSTICAS
GEOTECNICAS ENCONTRADAS”, indica textualmente que: “Para el diseño del
pavimento, teniendo en cuenta que la vía requiere de algunos cortes que aun
no se han realizado y que los terraplenes que faltan por construir se llevarán a
cabo con el material proveniente de los cortes, se adopta como CBR de diseño,
un valor del 10% que equivale a un módulo de la subrasante de 15000 psi” (…).
Así mismo cuando en este estudio hacen un análisis de las fuentes (páginas 31
a 34), los materiales a explotar en las fuentes propuestas, se destinan a la
elaboración de base, subbase y concretos hidráulico y asfáltico, excluyendo los
terraplenes.

Por otra parte, en el Adendo No. 3, emitido por la Alcaldía de Neiva y contenido
en la oferta presentada por el Contratista, como constancia de su conocimiento
y aceptación en los folios 325 a 333, la Entidad resalta la importancia del hecho
que los terraplenes se construyan con material del mismo corte como respuesta
a una inquietud de uno de los participantes en el proceso licitatorio (Ver último
párrafo folio 329 de la oferta, Anexo No. 2).

Así las cosas, la Alcaldía direccionó a todos los proponentes a que no se
incluyera el material de relleno dentro de los precios de los ítems de terraplenes,
puesto que resultaba suficientemente claro que el material provendría de los
cortes de la misma obra (La Sala subraya).

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Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

Consideraciones de la Sala:

92. El análisis conjunto de los anteriores medios de prueba permite concluir que,
contrario a lo afirmado por la parte actora, la adquisición de materiales para la
construcción de los terraplenes sí era una obligación que le incumbía y por lo tanto
debió tener en cuenta esa posibilidad al momento de proyectar los precios unitarios
de los respectivos ítems.

93. Si bien el estudio previo de la firma DIS LTDA. consideró que, en la construcción
de terraplenes, podía utilizarse material proveniente de los cortes de la misma obra,
lo cierto es que el pliego de condiciones fue claro en establecer que solamente
aquellos materiales que cumplieran con las condiciones técnicas exigidas podrían
ser utilizados en su construcción, circunstancia que debía ser constatada por el
interventor, quien tenía a su cargo la aprobación y autorización de la utilización del
material destinado a los terraplenes.

94. El demandante apoya toda su reclamación en el hecho de que la referida firma
hubiera manifestado, en un estudio previo, que se utilizarían los materiales
provenientes de la misma obra, pero deja de lado el contenido del pliego de
condiciones en su conjunto, olvidando la importancia que este documento reviste
de cara a la fijación de las condiciones de contratación y los requisitos exigidos a
los participantes en el proceso de selección36, y más importante aún, frente a la
fijación de las especificaciones técnicas de la obra que se pretende contratar. Como
ya se vio, el pliego, en la Especificación M3 TERRAPLENES, numeral 3.1.
REQUISITOS DE LOS MATERIALES, expresamente dispuso que todos los
materiales que se emplearan en la construcción de los terraplenes debían provenir
de las excavaciones de la explanación, de préstamos laterales o de fuentes
aprobadas, es decir que se contempló la posibilidad de que fuera necesario recurrir
a materiales distintos de aquellos provenientes de la misma obra por no cumplir
estos últimos con los requisitos expuestos en la TABLA No. 3.1 del mismo capítulo.

36
En reiteradas ocasiones la jurisprudencia se ha pronunciado sobre la importancia que reviste el
pliego de condiciones, acto administrativo general que ha sido considerado como la ley del
procedimiento de selección y del futuro contrato y que, por lo tanto, obliga tanto a la administración
como a los oferentes. Al respecto, se pueden consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de marzo de 1992, expediente 6353, C.P. Carlos
Betancur Jaramillo; sentencia del 3 de mayo de 1999, expediente 12344, C.P. Daniel Suárez
Hernández; sentencia del 29 de enero de 2004, expediente 10779 y sentencia del 30 de noviembre
de 2006, expediente 18059, C.P. Alier E. Hernández Enríquez; sentencia del 26 de abril de 2006,
expediente 16041, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 31 de octubre de 2007, expediente
15475, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre muchas otras.

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95. Así mismo, resulta inadmisible que una firma especializada en esa clase de
obra, con la experiencia que se le exigió para la participación en la licitación y la
multiplicidad de trabajos que había adelantado en obras similares y que acreditó
con su oferta, no previera la posibilidad de que los materiales resultantes de los
cortes en el sitio de la obra no cumplieran con las especificaciones técnicas
requeridas y hubiera que recurrir, como en efecto sucedió en el presente caso, a la
utilización de materiales provenientes de otras fuentes para lograr las condiciones
mínimas requeridas para su utilización en la construcción de los terraplenes.

96. Como avezado contratista en materia de mantenimiento y construcción de
vías37, debía estar enterado de la normatividad que rige al respecto, la cual resultó
plasmada en el mismo pliego de condiciones.

97. En consecuencia, estaba a cargo del contratista prever esa circunstancia y
tenerla en cuenta a la hora de establecer sus precios unitarios, por lo que no haberlo
hecho constituyó una omisión que es imputable a su propia imprevisión.

98. De acuerdo con lo anterior, el hecho de que hubiera tenido que adquirir
materiales de una fuente distinta a la que en principio se estableció para efectos de
dar cumplimiento a los requerimientos técnicos de la obra, no era imprevisible para
el contratista cuando elaboró su oferta para participar en la licitación y, por tal razón,
no puede alegarse como fuente del rompimiento del equilibrio económico del
contrato, si se tiene en cuenta que, una de las exigencias para la procedencia de su
reconocimiento es que se haya presentado un álea extraordinaria con posterioridad
a la celebración del contrato, un hecho imprevisto e imprevisible, que se haya
traducido en una onerosidad excesiva para una de las partes y, en el presente caso,
no se puede pregonar tal imprevisibilidad.

99. Así mismo, al estar a cargo de los oferentes la elaboración de sus propuestas
con la consecuente fijación de los precios unitarios que les servirían de base para
establecer su valor, tampoco se puede afirmar que constituye un incumplimiento
contractual del Municipio de Neiva el que se haya abstenido de fijar un nuevo precio
unitario para ítems que ya existían en el contrato y respecto de los cuales el
contratista, en su oferta, había establecido los correspondientes precios unitarios en

37
De lo cual da cuenta el cuadro contentivo de la experiencia específica del proponente ESGAMO
LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES, que hizo parte de la oferta presentada por esta firma
dentro de la licitación pública que le fue adjudicada (f. 10 y 11 de la propuesta).

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Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

la forma en que consideró adecuada, aunque después, por su propia imprevisión,
hubieran podido resultar insuficientes para cubrir el costo real de los respectivos
ítems, deficiencia que, por lo tanto, le corresponde asumir, por cuanto la correcta
determinación de los valores ofrecidos en su oferta, constituía un riesgo que pesaba
sobre él.

100. Ahora bien, en relación con las manifestaciones del perito, la Sala considera
que no son exactas, en tanto lo que consta en el adendo al que hizo alusión -
aportado por la parte actora -f. 329, Anexo de la oferta-, es que el proponente
MULTILAGOS formuló una pregunta en los siguientes términos:

No encuentro claridad en el sentido de localizar las fuentes de materiales para
poder hacer el análisis ustedes se refiere (sic) a la norma INV encuentro que en
la lista de cantidades de obra y precio hay tres (3) tipos de terraplenes para
Andenes, separadores y Vía; yo pienso que cada terraplén debe tener su
especificación particular, debería discriminar específicamente cuál es la
especificación para cada tipo de terraplén.

101. A pesar de la falta de claridad en la formulación de esta inquietud por parte de
uno de los proponentes, la entidad simplemente se limitó a manifestar, como
respuesta, lo siguiente:

RESPUESTA: La Administración manifiesta que el Terraplén es uno solo de
conformidad a la Norma INV y a las especificaciones Técnicas contenidas en el
Volumen II en el numeral C-5 ESPECIFICACIÓN TERRAPLENES, página 157
donde claramente se expresa que este consta de tres partes.

CIMIENTO.- Que es la parte del terraplén que está por debajo de la superficie
original del terreno, la que ha sido variada por el retiro de material inadecuado.

NÚCLEO.- es la parte del terraplén comprendido entre el cimiento y la corona.
El núcleo junto con el cimiento constituyen el cuerpo del terraplén.

CORONADO (capa subrasante).- formada por la parte superior del terraplén,
construida en un espesor de treinta centímetros (30 cms), salvo que los planos
del proyecto o las especificaciones particulares indiquen un espesor diferente.

De igual manera en el informe final [ilegible] CARACTERÍSTICAS
GEOTÉCNICAS ENCONTRADAS se determina claramente que “para el diseño
de Pavimento, y teniendo en cuenta que la vía requiere de algunos cortes que
aún no se ha realizado y que los Terraplenes que faltan por construir se
llevarán a cabo con el material proveniente de los cortes ….” (negrillas y
puntos suspensivos del original).

102. Contrario a lo afirmado por el auxiliar de la justicia, la Sala no encuentra que,
a partir de la respuesta dada por la administración en los anteriores términos, los

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proponentes debieran entender que, para la construcción de los terraplenes, se
utilizarían exclusivamente materiales provenientes de los cortes de la misma obra,
sin efectuar mayor análisis sobre la calidad de los mismos. No se comparte, por lo
tanto, su afirmación en el sentido de que la entidad contratante “direccionó” a los
proponentes a que no se incluyera el material de relleno dentro de los precios de
los ítems de terraplenes.

103. Es cierto que, en principio, los materiales provenientes de la obra debían ser
empleados en esa parte de la misma, pero esto no desvirtúa lo que, en forma por
demás reiterada, se anunció en las especificaciones del pliego de condiciones, en
cuanto a la necesidad de que todos los materiales empleados en la obra cumplieran
con los requisitos mínimos exigidos y contaran con la aprobación del interventor
para su utilización; ni desconoce la exigencia, efectuada en el mismo pliego, de que
los precios unitarios contemplaran todos los componentes necesarios para la
ejecución de cada ítem de obra38; o la advertencia de que la construcción de la vía
en cuestión era “a todo costo” -aclarando de entrada que incluía suministro e
instalación-; como tampoco que, en varios apartes de las especificaciones técnicas
y el pliego se advirtió, en general, que los materiales podrían provenir de los cortes
de la misma obra o de fuentes externas, todo lo cual implicaba un actuar diligente
de los proponentes a la hora de formular sus ofertas, contemplando en ellas todos
los costos previsibles, dentro de los cuales el suministro de material que pudiera ser
necesario no era un asunto menor a tener en cuenta por parte de un constructor
experimentado.

104. Así, dado que, por la causa en estudio -suministro de material para terraplén-,
no se presentó un hecho imprevisto e imprevisible que tornó excesivamente onerosa
la ejecución de la obra, por lo que no habría lugar a ordenar el restablecimiento del
equilibrio económico del contrato, y tampoco se configuró un incumplimiento
contractual de la entidad demandada, en cuanto la circunstancia de que el

38
Al respecto, se recuerda que, en el pliego de condiciones, al establecer lo concerniente a los
precios de la oferta, expresamente se consignó que “El proponente elaborará los precios unitarios
de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el Volumen 2 y llenará los mismos para
cada uno de los ítems de las obras descritas en la lista de cantidades y precios de obra,
independientemente que se haya establecido o no cantidades de obra para cada ítem. Dicho
diligenciamiento es de carácter obligatorio y en el evento de que el precio unitario de algún ítem sea
Cero deberá consignarse este valor en el respectivo formulario. Dichos precios unitarios servirán al
proponente como elemento para determinar el valor de su oferta, más no se consideran documento
de la misma y el valor expresado para cada ítem deberá reflejar la totalidad de las características
solicitadas en las especificaciones técnicas” (Subrayas de la Sala) (CD visible a f. 34, c. 2, pg. 8 del
pliego)

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contratista hubiera tenido que sufragar el valor del suministro de material
proveniente de una fuente externa a la misma obra provino de su propia imprevisión
e incuria, al no haber contemplado dentro de los precios unitarios de su oferta el
valor de dicho suministro, la Sala considera que la pretensión atinente a esta
reclamación estuvo bien denegada y, por lo tanto, la sentencia en este punto merece
ser confirmada.

Mayor valor ocasionado por el transporte de material para la construcción de
terraplenes del separador central, ítem No. 27 “terraplenes con material sin
clasificar (separador)”:

105. Esta reclamación la fundó el demandante en el hecho de que, en comité de
obra No. 7 se autorizó este nuevo ítem de terraplén para separador central, pero el
interventor no autorizó incluir en el precio unitario su acarreo, por considerar que el
mismo hacía parte del ítem de pago de excavaciones. En su recurso de apelación,
la parte actora reiteró que “El ítem de pago de excavaciones que se rige por la
especificación C.2 que hizo parte del pliego de condiciones, tercer inciso del
subnumeral C.2.1 (…) y que consideraba una distancia de acarreo libre de 50
metros, es decir que cualquier distancia mayor a 50 metros, no tendría ítem por el
cual reconocer al contratista su pago”. Y que, por ello, procedió a presentar el precio
unitario incluyendo el transporte, pues en la práctica, el sitio de colocación del
material se hallaba a una distancia del sitio de excavación mucho mayor a la prevista
en la especificación como acarreo libre.

106. Se observa que en el Comité de Obra No. 7 del 6 de diciembre de 2002, según
quedó visto, se consignó: “Se crea en comité de obra ante la no existencia de un
ítem con material proveniente de los cortes de terraplén con material sin clasificar
separador con material proveniente de los cortes, canales y préstamos, se hace el
análisis unitario y este se aprueba en comité”. Consta, así mismo, a partir del acta
de obra No. 5 correspondiente al mes de enero de 2003, que en las mismas se
incluyó el nuevo ítem 27, “Terraplén con material sin clasificar (Separador)
proveniente de las excavaciones de cortes, canales y préstamos”, con valor unitario
de $4.785,oo incluido el AIU (f. 324 a 365, c. 11), es decir que dicho ítem fue
ejecutado, reconocido y pagado por la entidad contratante, no obstante lo cual el
demandante asegura que se le deben reconocer los sobrecostos por concepto del
transporte de dicho material, por encima de lo ya reconocido y cancelado por la
entidad.
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107. Al respecto, lo primero que debía acreditar el demandante para soportar esta
pretensión, es el sobrecosto que alegó, por concepto del transporte de material para
el ítem “terraplenes con material sin clasificar (separador)”. Sin embargo, al
examinar las pruebas que sobre el mismo aportó, la Sala constata que, en realidad,
no hay certeza sobre el mismo.

108. En efecto, en su recurso de apelación la parte actora citó como prueba los
folios 247 y 248 del cuaderno de pruebas No. 339, pero al revisar dichos
documentos, se encuentra que el primero de ellos es la factura cambiaria de
compra-venta No. 2385 expedida por José María Otoya Dussán a nombre de
ESGAMO LTDA., por concepto de “Cancelación transporte de materiales para la
obra vía sur abastos durante el periodo Julio 01 al 15 de 2003” por la suma de
$1’300.000; y el segundo, corresponde a la factura cambiaria de compra-venta No.
2381 expedida por la misma persona a nombre del contratista, por concepto de
“Cancelación transporte de materiales para la obra vía sur abastos durante el
periodo Junio 16 al 30 de 2003” por la suma de $1’300.000, pero en ninguna de
ellas consta a qué material correspondió ni su origen y destino 40. Además, en las
pruebas allegadas por la parte actora respecto de costos y gastos en los que incurrió
el contratista en la ejecución de las obras objeto del contrato, hay un aparte
denominado “Transporte de Materiales” (f. 240 a 296, c. 18), en el que reposan
distintas facturas por este concepto, pero ninguna de ellas da cuenta del “transporte
de material para la construcción de terraplenes del separador central”.

109. Por otra parte, se observa que, en el dictamen pericial, se dio respuesta a las
siguientes preguntas formuladas por la parte actora, que pidió esta prueba:

3) De acuerdo con los documentos que obran al expediente determine si el
contratista utilizó material de préstamo para desarrollar los ítems 3, 18, 19.
(…)
4) Determine si utilizar material de préstamo implica la utilización de transporte
para acarreo al sitio de las obras y si dentro del análisis del precio propuesto
por el contratista para los ítems 3, 18 y 19 incluyó el transporte y la cantidad de
material de préstamo que se utilizó para la ejecución de los terraplenes
señalados.

39
Que, en la numeración de cuadernos efectuada en esta instancia, corresponde al cuaderno No.
18.
40
Como sí lo hicieron otras facturas obrantes en el mismo cuaderno, en las que se dio una mínima
descripción. Por ejemplo, la factura cambiaria de compraventa No. 145 expedida por Leonel Suárez
Castañeda el 7 de abril de 2003 a nombre de ESGAMO LTDA., por concepto de “Cancelación
transporte de material de Río de la finca ‘La Palma’ para stock trituradora a razón de $14.000.oo
Viaje de 12M3, durante el periodo Marzo 04 al 31 de 2003 (…)” por valor de $5’362.000 (f. 241, c.
18).

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110. Aparte de las anteriores cuestiones, no se planteó ninguna otra relacionada
con el transporte de material. Como se observa, en el cuestionario presentado al
perito se presenta una incongruencia respecto de las pretensiones de la demanda,
puesto que en relación con los ítems 3, 18 y 19 en ella sólo se reclamó por el valor
del suministro del material, sin hacer referencia al transporte, el que sí fue
reclamado respecto del ítem 27, que no fue nombrado en las preguntas formuladas
al auxiliar de la justicia.

111. No obstante, el perito determinó que, de acuerdo a las actas de comité técnico
No. 3, 5, 6, 7 y 8 y en especial en la No. 7, se mencionó que el material requerido
para construir los ítems 3, 18 y 19, que corresponden a terraplenes en material
seleccionado, terraplenes en materiales seleccionados (andenes) y terraplenes en
material seleccionado (separador), había sido extraído desde el kilómetro 1+600 de
la obra; y que en las mismas actas se podía establecer que el contratista, para
desarrollar los ítems 3, 18 y 19, utilizó material de préstamo, proveniente de la
cantera localizada en el kilómetro 1+600.

112. Así mismo, conceptuó que la acción de utilizar material de préstamo en
construcción de vías implica el uso del medio de transporte, hecho que se dio en el
presente caso, y que en los análisis de precios unitarios presentados en la oferta
del contratista para los ítems 3, 18 y 19 no aparecía relacionado el valor del
transporte ni el material de préstamo que se utilizó para la construcción de los
terraplenes.

113. Es decir que este medio de prueba nada aportó en relación con la pretensión
en estudio, relacionada con “el transporte de material para la construcción de
terraplenes del separador central, ítem No. 27 “terraplenes con material sin clasificar
(separador)”.

114. De acuerdo con lo expuesto, resulta evidente que la parte actora incumplió con
la carga de la prueba que le correspondía, a la luz de lo establecido en el artículo
177 del C.P.C., conforme al cual, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho

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de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, requisito sobre
el cual, como lo ha dicho la jurisprudencia de tiempo atrás41:

(…) no debe olvidarse que la carga de la prueba es una regla de nuestro derecho
probatorio consagrada en el artículo 177 del C. de P. Civil, de acuerdo con el cual
"Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el
efecto jurídico que ellas persiguen... "; dicho en otras palabras: para lograr que el juez
dirima una controversia de manera favorable a las pretensiones, le corresponde al
demandante demostrar en forma plena y completa los actos o hechos jurídicos de
donde procede el derecho o nace la obligación, máxime si ninguna de las partes goza
en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los
hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá
acreditar sus propias aseveraciones.
Cabe recordar que la carga de la prueba consiste en una regla de juicio, que le indica
a las partes la responsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento
a las pretensiones o a la defensa resulten probados; en este sentido, en relación con
los intereses de la parte demandante, debe anotarse que quien presenta la demanda,
sabe de antemano cuáles hechos le interesa que aparezcan demostrados en el
proceso y, por tanto, sabe de la necesidad de que así sea, más aún tratándose del
sustento mismo de la demanda y de los derechos que solicita sean reconocidos.

115. En tales condiciones, al quedar huérfana de prueba la supuesta ocurrencia de
sobrecostos por concepto del transporte de material para el terraplén del separador
en los términos afirmados en la demanda, resulta inane cualquier otro análisis o
consideración en torno a la procedencia de su reclamación y, en consecuencia, la
Sala confirmará el fallo de primera instancia que la denegó.

La estampilla Pro-Electrificación Rural:

116. Se advierte que, en los hechos de la demanda, no se hizo una sustentación
fáctica de esta pretensión, aunque de su misma redacción se comprende que se
fundó en un rompimiento del equilibrio económico del contrato por el hecho del
príncipe. Para mayor claridad, se transcribe nuevamente:

2. Se reconozca a Esgamo Ltda. Ingenieros Constructores, los siguientes
valores, por hechos debidamente demostrados e imputables al Municipio de
Neiva como contratante, que dieron lugar al detrimento del contrato, razón por
la cual surge a cargo de la entidad contratante, la obligación de cubrir:

(…)

d. Mayor valor cancelado por Estampilla de Pro-electrificación rural, cuyo
porcentaje del 1% no se tuvo en cuenta en el momento de presentar oferta ya

41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de
abril de 2005, expediente No. 17.300, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

71

Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

que a la fecha de cierre del proceso aún no se había expedido el acuerdo
municipal que aumentó este porcentaje del 0.5% al 1.0%, aplicando
consecuentemente la teoría del Hecho del Príncipe. Para un valor actualizado
desde junio 28 de 2002 a Julio 31 de 2005 de (…) ($22.809.043.24).

117. Según se desprende de la anterior pretensión, el demandante alega que, luego
de presentada la oferta en el proceso licitatorio que culminó con la adjudicación y
celebración del contrato objeto de la presente controversia, la entidad contratante
expidió un acto administrativo de carácter general que modificó el porcentaje de una
contribución que debían efectuar los contratistas del municipio de Neiva,
denominada Estampilla Pro-Electrificación, la cual pasó de ser el equivalente al
0,5% del valor del contrato al 1,0%. Y, dado que la oferta fue calculada con el
anterior porcentaje, no se le podía cobrar a ESGAMO LTDA. el nuevo, porque ello
se traducía en un rompimiento del equilibrio económico del contrato representado
en ese mayor valor que se vio obligado a cancelar.

El hecho del príncipe

118. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, en los
contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y
obligaciones surgidos al momento de proponer o contratar, según el caso. Y si dicha
equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes
deberán adoptar en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su
restablecimiento.

119. Esto es lo que de tiempo atrás ha sido conocido por la doctrina y la
jurisprudencia como el equilibrio económico del contrato, consagrado legalmente en
la referida norma, el cual puede verse afectado por diferentes motivos, entre los
cuales se halla el denominado hecho del príncipe, teoría que recibe esta
denominación por provenir la afectación de la ecuación contractual de una medida
de carácter general expedida por la misma entidad contratante, en ejercicio de sus
funciones, la cual era imprevista e imprevisible y que incide en forma directa o
indirecta en el contrato, alterando en forma extraordinaria o anormal la ecuación
económica surgida al momento de proponer el contratista su oferta o celebrar el
negocio jurídico.

120. De otra parte, es necesario hacer énfasis en que cuando se habla del
rompimiento del equilibrio económico del contrato se requiere comprobar, ante todo,

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Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

una afectación grave de la ecuación contractual, analizada ésta en su conjunto de
prestaciones y contraprestaciones y la equivalencia que, entre las mismas,
consideraron las partes al momento de contratar, por lo que puede afirmarse que
no cualquier pérdida o disminución patrimonial que sufra el contratista podrá
catalogarse como tal. Esto, por cuanto en todo contrato surge una contingencia de
ganancia o pérdida que debe ser asumida por los contratantes, puesto que hace
parte del álea ordinaria y normal de todo negocio.

121. En consecuencia, cuando se afirme que se rompió el equilibrio económico del
contrato, lo primero que se debe acreditar por la parte demandante, es la existencia
de esa afectación extraordinaria de la equivalencia entre derechos y obligaciones
que fue asumida al momento de contratar.

122. Ahora bien, en el caso de la expedición de nuevos tributos o de aumento de
los existentes, como causa alegada del rompimiento del equilibrio económico del
contrato, la jurisprudencia ha sido clara en el sentido de que no basta con que se
presente tal circunstancia para dar aplicación a la referida teoría del hecho del
príncipe, sino que resulta indispensable la comprobación de la grave afectación del
contratista:

(…) se observa que el hecho mismo de la imposición de nuevos tributos, por sí
solo, no equivale a un rompimiento automático del equilibrio económico del
contrato estatal, sino que trátese de un hecho del príncipe o de una
circunstancia imprevista, deberá analizarse cada caso particular, para
determinar la existencia de la afectación grave de las condiciones económicas
del contrato a raíz de la aplicación de la nueva norma impositiva; al respecto,
ha dicho la Sala42:

“Se deduce de estos antecedentes jurisprudenciales, que sólo en una ocasión,
en forma tangencial, se ha aceptado la ocurrencia del hecho del príncipe en razón
de los gravámenes o cargas impositivas que afectan la economía o ecuación
financiera de los contratos estatales. En los demás casos se ha considerado que
las cargas tributarias que surgen en el desarrollo de los contratos estatales, no
significan per se el rompimiento del equilibrio económico del contrato, sino que
es necesario que se demuestre su incidencia en la economía del mismo y en el
cumplimiento de sus obligaciones, exigencia que coincide con lo expresado por
la doctrina como se anotó antes”.

Es decir que no basta con probar que el Estado –entidad contratante u otra
autoridad- profirió una medida de carácter general mediante la cual impuso un
nuevo tributo, y que el mismo cobijó al contratista, que tuvo que pagarlo o se
vio sometido a su descuento por parte de la entidad contratante, sino que
además, para que resulte admisible el restablecimiento de tal equilibrio
económico del contrato, debe probar que esos descuentos, representaron un
quebrantamiento grave de la ecuación contractual establecida ab - initio, que se
sale de toda previsión y que le representó una mayor onerosidad de la calculada

42
[15] “Sentencia del 27 de mayo de 2003, Expediente 14.577 ya citada”.

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Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

y el tener que asumir cargas excesivas, exageradas, que no está obligado a
soportar, porque se trata de una alteración extraordinaria del álea del contrato;
y esto es así, por cuanto no cualquier trastorno o variación de las expectativas
que tenía el contratista respecto de los resultados económicos del contrato,
constituyen rompimiento del equilibrio económico del mismo, existiendo siempre
unos riesgos inherentes a la misma actividad contractual, que deben ser
asumidos por él.

Al respecto, el tratadista Dromi considera que “Sólo el acto de poder anormal o
extraordinario que afecte la ecuación financiera del contrato da lugar a la
aplicación de la teoría del hecho del príncipe, para responsabilizar al Estado,
pues el acto de poder normal u ordinario, aún en el caso de disposiciones
generales, que sólo tornen un poco más gravoso el contrato, queda a cargo del
contratista.”43, Riveró precisa que “La teoría puede intervenir cuando la persona
pública contratante dicta una medida general que agrava las cargas del
cocontratante; pero esto no sucede sino cuando la medida tiene una
repercusión directa sobre uno de los elementos esenciales del contrato.”44 y
Escola sostiene que

“... el hecho del príncipe, para poder ser invocado, debe haber ocasionado
una alteración extraordinaria o anormal de la ecuación económico -
financiera del contrato administrativo, puesto que los perjuicios comunes
u ordinarios que constituyen el álea normal de toda contratación no pueden
dar lugar a resarcimiento.

Podemos, pues, completar la noción del “hecho del príncipe”, diciendo que es tal
toda decisión o conducta que emane de la misma autoridad pública que celebró
el contrato y que ésta realiza en su carácter y condición del tal, que ocasione un
perjuicio real, cierto, directo y especial al cocontratante particular, que éste
no haya podido prever al tiempo de celebrar el contrato y que produzca una
alteración anormal de su ecuación económico - financiera.”45 (negrillas fuera de
texto).46

123. De otro lado, también en aras de establecer la grave afectación de la ecuación
contractual y los sobrecostos extraordinarios que tuvo que asumir el contratista por
cuenta del hecho que alega como origen del desequilibrio de la misma, la
jurisprudencia ha sido clara en exigir la comprobación de los resultados económicos
del contrato y, como parte de los mismos, la insuficiencia de la partida que, a título
de imprevistos, recibió el contratista como parte del AIU del contrato:

Si bien es cierto no hay elementos en el expediente para determinar de la
partida de imprevistos y obras complementarias que hizo parte del valor del
contrato cuánto correspondía a los imprevistos, como quiera que no se allegó
la propuesta que presentó la sociedad demandante, la Sala encuentra
pertinente hacer algunas precisiones sobre la importancia de ese factor como
parte integrante del valor de la propuesta económica del contratista.

43
[16] “Roberto Dromi, Derecho Administrativo, Ediciones Ciudad Argentina, 5ª edición, Buenos
Aires, página 362”.
44
[17] “RIVERÓ, Jean; Derecho Administrativo, Traducción de la 9ª edición, Universidad Central de
Venezuela, Caracas, 1984, pág. 141”.
45
[18] “ESCOLA, Hector Jorge; Tratado Integral de los Contratos Administrativos. Volumen I Parte
General, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1977, Págs. 457 y 458”.
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de
septiembre de 2003, expediente 15119, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

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Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

La legislación contractual no tiene una definición de lo que debe entenderse por
el A.I.U que se introduce en el valor total de la oferta. Sin embargo, no hay duda
que la utilidad es el beneficio económico que pretende percibir el contratista por
la ejecución del contrato y por costos de administración se han tenido como
tales los que constituyen costos indirectos para la operación del contrato, tales
como los gastos de disponibilidad de la organización del contratista; el
porcentaje para imprevistos, como su nombre lo indica, está destinado a cubrir
los gastos con los que no se contaba y que se presenten durante la ejecución
del contrato.47

Es usual en la formulación de la oferta para la ejecución de un contrato de obra,
la inclusión de una partida de gastos para imprevistos y esa inclusión e
integración al valor de la propuesta surge como una necesidad para cubrir los
posibles y eventuales riesgos que pueda enfrentar el contratista durante la
ejecución del contrato. Sobre la naturaleza de esta partida y su campo de
cobertura, la doctrina, buscando aclarar su sentido, destaca que la misma juega
internamente en el cálculo del presupuesto total del contrato y que se admite de
esa manera “como defensa y garantía del principio de riesgo y ventura,” para
cubrir ciertos gastos con los que no se cuenta al formar los precios unitarios48.

“El porcentaje de imprevistos significa, pues en su origen, la salvaguarda frente
a los riesgos ordinarios que se producen en los contratos de obra y que, al no
poder ser abonados con cargo a indemnizaciones otorgados por la
Administración cuando se produzcan (ya que la técnica presupuestaria lo
impediría en la mayoría de los casos), son evaluados a priori en los
presupuestos de contrata. Cubre así los riesgos propios de toda obra, incluidos
los casos fortuitos que podíamos llamar ordinarios... El porcentaje de
imprevistos es, por tanto, una cantidad estimativa, con la que se trata de paliar
el riesgo propio de todo contrato de obra. Como tal, unas veces cubrirá más y
otras menos de los riesgos reales (los que, efectivamente, se realicen), y ahí
radica justamente el áleas del contrato”49.

En nuestro régimen de contratación estatal, nada se tiene previsto sobre la
partida para gastos imprevistos y la jurisprudencia se ha limitado a reconocer el
porcentaje que se conoce como A.I.U – administración, imprevistos y
utilidades- como factor en el que se incluye ese valor, sobre todo, cuando el
juez del contrato debe calcular la utilidad del contratista, a efecto de indemnizar
los perjuicios reclamados por éste. Existe sí una relativa libertad del contratista
en la destinación o inversión de esa partida, ya que, usualmente, no hace parte
del régimen de sus obligaciones contractuales rendir cuentas sobre ella.

Esto significa que desde la celebración del contrato, al incluirse en el precio una
partida que se dirigirá a cubrir los posibles gastos imprevistos que puede
enfrentar el contratista, sabe que hay unos riesgos que pueden afectar su
utilidad.

En el presente caso, no se pretende afirmar que con dicha partida el contratista
pudo cubrir el nuevo impuesto que afectó los pagos que se le hicieron por
concepto del valor de los contratos adicionales, sino que correspondía a éste
demostrar que la partida de gastos de imprevistos resultó insuficiente para

47
[24] “Según el diccionario de la Real Academia de la lengua española, imprevisto es, “en lenguaje
administrativo, gastos con los que no se contaba y para los cuales no hay crédito habilitado”.
48
[25] “Sin entrar directamente a formar el precio de cada unidad de obra, contribuyen
conocidamente a acrecer el costo total...los gastos de imprevistos, los de dirección y administración
...y la cantidad que debe constituir el justo beneficio de los afanes del contratista”. GASPAR ARIÑO
ORTIZ. Ob. Cit. P. 167”.
49
[26] “Ibidem, P. 168”.

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Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

cubrir el perjuicio económico o disminución de la utilidad que dijo haber sufrido
por el pago de la contribución.”50.

124. En el presente caso, de acuerdo con el pliego de condiciones (pg. 57)51, el
plazo de la Licitación Pública No. 006-2001, entendido como aquel que transcurre
entre la fecha de apertura y la fecha de cierre, iría del 11 de febrero al 4 de marzo
de 2002. No obstante, de acuerdo con las consideraciones consignadas en el
Contrato 030 de 2002, la apertura de la licitación fue ordenada mediante Resolución
No. 580 del 27 de diciembre de 2001, la cual fue modificada mediante Resolución
No. 023 del 1º de febrero de 2002, y la fecha de cierre de la licitación quedó para el
día 7 de marzo de 2002, como también se desprende del Adendo No. 004 al pliego
de condiciones, en el que se dispuso que las propuestas debían ser entregadas el
7 de marzo de 2002 (f. 31, c. 2 y f. 334 de la propuesta).

125. Según la cláusula trigésima tercera de la minuta del contrato que forma parte
de dicho pliego, uno de los requisitos de ejecución del mismo era la adquisición de
estampillas Pro-Electrificación Rural.

126. En el plenario obra copia auténtica del Acuerdo Municipal No. 05 del 21 de
febrero de 2002 del Concejo Municipal de Neiva, que en el artículo 3 adicionó el
Estatuto Tributario Municipal con el artículo 220-1, en el que dispuso (f. 80, c. 2)52:

ARTICULO 220-1 TARIFAS. El valor de la estampilla para los actos y
documentos sobre los cuales es obligatorio el uso de la estampilla son las
siguientes (sic):

1. Para los pagos de obligaciones y compromisos:

a) El uno por ciento (1%) sobre el valor de todo contrato administrativo principal
o adicional (…)”.

127. Consta así mismo, que el 20 de junio de 2002 el contratista se dirigió a la
Tesorería de la entidad demandada manifestándole que el impuesto
correspondiente a la estampilla Pro-Electrificación Rural del municipio de Neiva -
cuyo pago era requerido para la legalización del contrato-, para la fecha de apertura

50
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de
mayo de 2003, expediente 14.577, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
51
CD visible a fl. 34, c. 2.
52
Al final del acuerdo consta certificación del secretario general del Concejo Municipal en el sentido
de que el acuerdo fue aprobado en primer debate el 11 de febrero de 2002 y en segundo debate en
sesión del 21 de febrero del mismo año; así mismo, consta la sanción del alcalde municipal de Neiva,
del 28 de febrero de 2002, con la orden de “publíquese y cúmplase”, pero no hay constancia de la
fecha de dicha publicación.

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Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

de la licitación era el equivalente al 0,5% sobre el valor del contrato -equivalente a
$18’675.000-; y teniendo en cuenta que sobre esa base se presentó la oferta el 7
de marzo de 2002, era su parecer que, a pesar de que después de presentada la
oferta dicho impuesto fue aumentado al 1%, aquella era la suma que debía pagar
por tal concepto; y, en consecuencia, pidió que se le autorizara la liquidación y
cancelación del impuesto por el referido valor (f. 79, c. 2).

128. El 19 de julio de 2002, la Tesorería municipal envió oficio al contratista en el
que le informó de algunos errores en la liquidación de los diferentes conceptos de
legalización del Contrato 030 de 2002, entre los cuales se hallaba la estampilla Pro-
Electrificación Rural, que de conformidad con el Acuerdo 05 de 2002 equivalía al
1% sobre el valor del contrato, por lo que debía pagar por este rubro la suma de
$37’350.000 y no $37’000.000 (f. 88, c. 2 y f. 208, c. 3).

129. En el dictamen pericial practicado en el proceso, el auxiliar de la justicia
evidenció que, para la época de presentación de la oferta dentro de la licitación
pública que precedió al contrato materia del sub-lite, el porcentaje por concepto de
la estampilla Pro-Electrificación Rural del municipio de Neiva era de 0,5%, según
Acuerdo Municipal No. 025 de 199653 (f. 399, c. 3).

130. En la contestación de la demanda, el Municipio de Neiva manifestó que, sobre
el mayor valor cancelado por concepto de estampillas, se podría llegar a un estudio
y revisión del tema para llegar a un acuerdo ajustado a derecho previa conciliación
o transacción (f. 321, c. 3).

131. Aparte de lo anterior, la Sala no halló en el expediente prueba alguna del
porcentaje que tenía la estampilla Pro-Electrificación Rural antes de la expedición
del Acuerdo 05 de 2002, puesto que no se encontraron las normas que consagraron
este impuesto a cargo de los contratistas de la administración municipal anteriores
al referido acuerdo. Y, como lo tiene establecido la ley, las normas de alcance no
nacional son objeto de prueba por parte de quien pretende aducirlas en sustento de
sus pretensiones54.

53
La Sala no halló en el plenario copia de este acuerdo mencionado por el perito.
54
El artículo 188 del C.P.C., establecía que “[el] texto de normas jurídicas que no tengan alcance
nacional y el de las leyes extranjeras, se aducirá al proceso en copia auténtica de oficio o a solicitud
de parte (…)”. Igual disposición se encuentra en el artículo 177 del C.G.P.

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Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

132. No obstante, aún de admitir que, efectivamente, se presentó el alegado
aumento de porcentaje entre el momento de presentación de la oferta y el de
celebración del contrato, como parece admitirlo la entidad demandada -y teniendo
en cuenta que, a pesar de que la fecha del Acuerdo 05 de 2002 que dispuso dicho
aumento (21 de febrero de 2002) es anterior a la de apertura y cierre de la licitación
(11 de febrero y 7 de marzo de 2002, respectivamente), lo cierto es que no hay
constancia de su publicación, sólo que fue posterior al 28 de febrero de ese año-, lo
que le habría representado al contratista el pago de una cantidad superior por este
concepto, no habría lugar a acceder a las pretensiones de pago de la diferencia a
título de restablecimiento del equilibrio económico del contrato, puesto que, a juicio
de la Sala, en el plenario no se acreditó la grave afectación de la ecuación
contractual.

133. En efecto, se advierte que la reclamación que, por este concepto, elevó la parte
actora en su demanda, asciende a un valor actualizado de $22’809.043.24, frente
al cual cabe observar:

134. El valor total del contrato, fue por la suma de $3.735’000.000,oo, por lo que la
suma reclamada, frente a este valor, resulta ínfima.

135. Por otra parte, se advierte que, de acuerdo con la propuesta presentada por
ESGAMO LTDA., el valor total ofrecido incluía un AIU del 25%, por lo cual incluía
un porcentaje del valor del contrato destinado a cubrir los imprevistos.

136. Al respecto, se recuerda que en los contratos de obra es usual establecer i) los
costos directos -correspondientes al valor de los materiales, la mano de obra, los
equipos, las herramientas, etc., necesarios para la ejecución de las diferentes
actividades que se relacionan directamente con la construcción de la obra como
excavación, rellenos, pavimento, etc.-; y así mismo, ii) los costos indirectos (AIU)
propuestos por el contratista, que corresponden a un porcentaje (%) de los primeros,
definido en la oferta que se presenta para aspirar a la adjudicación del contrato.
Esos costos indirectos, son:

136.1. Administración (A), que corresponde a los gastos administrativos que se
derivan para el contratista en materia de personal, campamento, el pago de
impuestos, seguros, etc.

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136.2. Imprevistos (I), que es el porcentaje destinado a asumir aquellos riesgos
ordinarios que se pueden concretar en la ejecución de las obras y ocasionar
sobrecostos en ellas, es decir que constituyen el álea normal del contrato y se
encuentran a cargo del contratista a cambio de este porcentaje que se reconoce a
su favor55; y

136.3. Utilidades (U), que corresponde a la remuneración que pretende obtener el
contratista a partir de la ejecución de la obra.

137. Normalmente los proponentes discriminan en sus ofertas la distribución del
AIU, es decir qué porcentaje corresponde a cada uno de estos gastos indirectos,
tomando como base su experiencia y el conocimiento de las vicisitudes que se
pueden presentar en la ejecución de la obra; no obstante, en el presente caso el
AIU fue establecido por ESGAMO LTDA. en el 25% del valor del contrato -más
propiamente de los gastos directos del mismo-, pero ni en la oferta ni en el contrato
consta tal discriminación, pues en la primera, el proponente se limitó a manifestar
que el AIU sería del 25% y, en el segundo, ni siquiera se mencionó en el valor total
del contrato que este era la suma de $3.735’000.000,oo, incluido el AIU, lo que

55
“La inclusión del PORCENTAJE DE IMPREVISTOS en la CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA,
según pudo encontrarse en la investigación para este estudio, se remonta a la Real Orden del año
1860, en España, tal como lo expresa Sánchez Cánovas (1969, p. 136) citando la “Teoría del
equivalente económico en los contratos administrativos” de Gaspar Ariño, dice Gaspar Ariño que
surge debido a que la Administración hace la imputación unilateral al contratista de algunos riesgos,
que son el áleas del contrato. // (…) Como puede verse, la Administración impone al contratista la
asunción de unos riesgos, en estas circunstancias y en virtud del principio de la reciprocidad de las
prestaciones, el contratista debe recibir una contraprestación económica (el porcentaje de
imprevistos). Por su parte la Administración actúa como si estuviera comprando un seguro. Es como
si suscribiera una póliza para cubrirse de esos probables eventos ordinarios inciertos que podrían
ocurrir en el futuro con posterioridad a la suscripción del contrato, durante su ejecución, para en otras
palabras, cubrirse del riesgo implícito común de todo contrato de obra. // (…) Puede claramente
apreciarse cómo el escrito histórico hace hincapié en varias cosas, primero una aparente paradoja
al hablar de prever los imprevistos, la cual queda resuelta pocas líneas después cuando concluye,
que lo llamado porcentaje de «imprevistos» se refiere realmente a una cantidad estimativa de los
riesgos ordinarios de los contratos de obra, y que como tal, como valor estimativo, unas veces cubrirá
más y otras menos que los riesgos reales que se materialicen, los cuales pasan de ser riesgos a
convertirse en siniestros, en lenguaje de las compañías de seguros. En segundo lugar aclara, la
inconveniencia detectada hace más de 150 años, en 1860, de pagar indemnizaciones al contratista
por la ocurrencia durante la ejecución de las obras, de eventos ordinarios inciertos previsibles en el
momento de elaborar el presupuesto y antes de iniciar la construcción. // Para rematar, el autor
concluye refiriéndose al tema que: “Por lo demás, es evidente que con todas estas técnicas de apoyo
a la equivalencia material de las prestaciones, no se persigue suprimir el álea propio de todo contrato
o asegurar unos beneficios al contratista, pero si regularlo, paliar en lo posible sus alteraciones más
allá de lo normal y ordinariamente previsible.” Al igual que hoy en día en nuestro medio, lo que se
buscaba esa reglamentación de 1860, desde el origen del concepto porcentaje de «imprevistos» en
los contratos de obra, no es garantizar la utilidad del contratista, sino paliar las condiciones (sic)
alteraciones normales y ordinarias a las que están sujetas este tipo de contratos. “La buena fé
administrativa mira, sobre todo, al fin de interés general del contrato, más que al propio interés
pecuniario de la Administración”.”. Betancur Vargas, Gustavo; “Porcentaje de imprevistos del -AIU-
Administración, Imprevistos y Utilidad, en los Contratos de Obra”. Cámara Colombiana de la
Infraestructura - Seccional Antioquia, enero de 2014, p. 5 y 6.

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significa que, restando el porcentaje de este, el costo directo del contrato era de
$2.801’250.000,oo.

138. Ahora bien, la parte actora en las pretensiones de su demanda, manifestó -
numeral 1 del capítulo de condenas- que la utilidad esperada en la ejecución del
contrato era del 6% del costo directo, lo que significa que, teniendo en cuenta el
porcentaje de los gastos indirectos (25%) anunciado en su oferta, quedaba el 19%
restante para repartir entre los otros dos rubros del AIU, de Administración e
Imprevistos.

139. Toda vez que en parte alguna de la oferta y/o del contrato se les asignó un
porcentaje definido a esos rubros, la Sala considera que lo procedente es dividir en
dos el referido porcentaje, con lo cual, con fundamento en la única manifestación
que consta sobre el componente del AIU, éste corresponde, en el presente caso, a:
Administración (A) = 9,5%; Imprevistos (I) = 9,5% y Utilidad (U) = 6%.

140. De acuerdo con lo anterior, en el presente caso la sociedad ESGAMO LTDA.
contaba con una partida de $266’118.750,oo (9,5% del costo directo del contrato)
para efectos de afrontar los imprevistos que se pudieran presentar durante la
ejecución del contrato, suma que también resulta muy superior al monto que
reclamó por concepto de desequilibrio económico del contrato (suma actualizada de
$22.809.043.24), proveniente del mayor valor que debió cancelar por concepto de
la estampilla Pro-Electrificación Rural. No obstante, en el plenario no se alegó ni
tampoco se hallaron pruebas de que este monto resultó insuficiente para absorber
el supuesto sobrecosto alegado por la parte demandante.

141. Dadas las referidas circunstancias, considera la Sala que, en el presente caso,
no se acreditó el rompimiento del equilibrio económico del contrato por cuenta del
pago de la mencionada carga tributaria por parte del contratista, pues no está
probado el quebrantamiento grave de la ecuación contractual establecida desde la
celebración del contrato ni la asunción, por parte de ESGAMO LTDA., de una carga
excesiva que la firma contratista no estaba obligada a soportar y que constituyó una
alteración extraordinaria del álea del contrato. En consecuencia, la sentencia de
primera instancia, que denegó esta pretensión, merece ser confirmada.

80

Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

La utilidad dejada de percibir

142. La parte demandada, en su recurso de alzada, pidió que se revoque el fallo
en cuanto a la declaratoria de incumplimiento y la condena al municipio de Neiva a
pagar la utilidad dejada de percibir por el contratista con ocasión de la suspensión
del contrato, para lo cual reiteró que, de acuerdo con lo establecido en el negocio
jurídico, el valor real del mismo sería el resultado de multiplicar las cantidades de
obra realmente ejecutadas por los precios unitarios acordados, por lo que “(…) el
Municipio de Neiva, solo estaba obligado a cancelar los valores correspondientes a
las obras efectivamente ejecutadas” (f. 465, c. ppl.).

143. La Sala no comparte la apreciación de la entidad demandada, ya que en el
plenario obra abundante prueba del incumplimiento reiterado en el que incurrió
respecto de los pagos debidos al contratista y los problemas de disponibilidad
presupuestal que adujo el municipio de Neiva para justificarlo, tal y como quedó
relacionado en el acápite de oportunidad de la demanda 56, en donde se pudo
constatar que la última -definitiva e indefinida- suspensión del plazo contractual, si
bien se justificó argumentando que estaba pendiente de prorrogar el contrato de
interventoría -que, a su vez, también se hallaba suspendido y mientras este se
reactivaba-, lo cierto es que, para ese momento, se encontraba pendiente el pago
de cuentas a favor del contratista por obras ya ejecutadas, a pesar de sus reiteradas
reclamaciones en tal sentido; no se habían efectuado las labores de finalización de
la obra (empradización, iluminación, etc.); y, además, la entidad carecía de los
recursos necesarios tanto para el pago de lo debido, como para la culminación de
los pendientes y, por ende, en vez de reiniciar el plazo de ejecución para terminar
las obras, resolvió que lo más conveniente sería liquidarlo.

144. En las condiciones descritas, es claro que, si el contrato no se pudo ejecutar
en su totalidad, fue por circunstancias imputables exclusivamente a la entidad
demandada y no al contratista, que siempre estuvo presto a culminar las obras en
el tiempo y la forma pactados.

145. Esa imposibilidad de ejecutar la totalidad de las obras contratadas, derivada
de la suspensión indefinida del plazo de ejecución por causas ajenas al contratista
-y que, en últimas, se tornó en definitiva, puesto que se prolongó hasta la misma

56
Párrafos 35, 36, 37, 39, 40 y 41.

81

Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

presentación de la demanda-, sin duda se tradujo, así mismo, en la imposibilidad de
obtener las utilidades previstas a partir de la ejecución de la parte faltante, por lo
que, en principio, surge un perjuicio para el contratista que la entidad está en el
deber de indemnizar, mediante el reconocimiento de esa ganancia que aquel previó
obtener pero que, en razón de la actuación de la administración, ya no lograría.

146. En efecto, esa modalidad de perjuicio, surgida a partir de la imposibilidad de
ejecutar -total o parcialmente- el contrato adjudicado y celebrado y, por ende, de
obtener las utilidades previstas, corresponde a un lucro cesante, tal y como es
definido por la ley57, y que la jurisprudencia de la Sección ha reconocido en términos
similares a aquella situación en la que el perjuicio proviene de la no adjudicación del
contrato al mejor proponente, privándolo, por lo tanto, del derecho a la celebración
y ejecución del respectivo negocio jurídico, con la consecuente imposibilidad de
obtener las justas utilidades esperadas. Así, ha sostenido58:

La Sala ha dispuesto, en casos como este, que cuando se frustra la ejecución
de un contrato, por causas imputable a la entidad estatal, la indemnización que
procede es la de la utilidad esperada –pedida en las pretensiones de la
demanda-, tal como acontece en los eventos de indebida adjudicación de un
contrato o de indebida declaración de desierta de un proceso de contratación.
En la sentencia de la Sección Tercera, de 11 de febrero de 2009 -exp. 14.492-
se señaló en un caso similar, por lo menos en cuanto a la forma en que se debía
indemnizar, que:

“3.2.1. Lucro cesante. La sentencia condenó a la entidad estatal a pagar los
perjuicios causados por este concepto, basado en la utilidad –denominada en el
lenguaje de los contratos de obra pública como “U”- que dejó de percibir el señor
Hormaza Sarria, a raíz de la inejecución del convenio.

“La Sala no tiene reparo alguno frente a esta condena, es decir la comparte, pues
el análisis hecho en la providencia está conforme a las pruebas que obran en el
proceso.

“En efecto, la condena impuesta partió del análisis de la utilidad que el contratista
percibiría de haber ejecutado el contrato. Para ello, acudió, correctamente, a
revisar el AIU previsto por el propio señor Hormaza Sarria en la oferta presentada
durante el proceso de licitación, que posteriormente le fue adjudicado.

“Es así cómo, se constata que en la certificación debidamente aportada al
proceso –fl. 34-, se especifica un AIU correspondiente a los siguientes
porcentajes: A = 6.04%; I = 5.0% y U = 8.96%.

“De allí que, la condena impuesta por el a quo, por concepto de lucro cesante, a
raíz de la utilidad dejada de percibir por el contratista, es correcta, pues, de

57
El artículo 1614 del Código Civil establece que se entiende por lucro cesante “(…) la ganancia o
provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplídola
imperfectamente, o retardado su cumplimiento ”.
58
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 24 de
enero de 2011, expediente 16492, C.P. Enrique Gil Botero.

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Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
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Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

acuerdo con el componente U de la oferta, corresponde al 8.96% del valor total
del contrato.

“Bajo esta perspectiva, es evidente que la utilidad esperada se convierte en un
lucro cesante futuro y cierto, pues existe un contrato perfeccionado y, además, el
contratista cumplió con los requisitos a su cargo para ejecutarlo, como es la
constitución de la garantía, la cual –incluso- fue aprobada por la entidad el día 2
de octubre de 1997.

Por tanto, el monto indemnizable por este concepto corresponde al 100% de la
utilidad que percibiría el señor Hormaza Sarria, de haber tenido la oportunidad de
ejecutar el contrato59.

“De esta manera la Sala hace extensivo el análisis, el estudio, las conclusiones y
la forma de indemnizar que se emplea cuando se demanda por indebida
adjudicación de un contrato o por declaración de desierta mal empleada, al
presente caso, donde el problema nada tiene que ver con la adjudicación, sino
con la inejecución de un contrato suscrito.

“En otras palabras, para la Sección está claro que cuando no se adjudica un
contrato a quien debió ser beneficiario de esa decisión, la indemnización
corresponde al 100% de la utilidad esperada. Pues bien, si esta tesis aplica
tratándose de ese supuesto, con mayor razón debe regir si ya está suscrito el
contrato –pues hay menos incertidumbre-, pero por culpa de la entidad no se
pudo ejecutar.

“En efecto, sobre la indebida adjudicación tiene dicho la Sala que:

“4.2. Forma de indemnizar cuando la administración adjudica
indebidamente un contrato estatal.
“En los eventos en que las entidades estatales se abstienen de adjudicar un
contrato a quien legalmente debió ser beneficiado con tal decisión en el proceso
licitatorio, o cuando adjudican a quien no merecía dicho beneficio, surge la
responsabilidad patrimonial a cargo de la administración, porque en estas
hipótesis se le ha negado al oferente, en forma injustificada, la posibilidad de ser
contratista del Estado, circunstancia que puede generar un perjuicio patrimonial
que, desde luego, exige la prueba específica del mismo y de su alcance.
(…)

“4.2.3. Tercera posición jurisprudencial. En la última época de la jurisprudencia,
que es la vigente, se retornó a la primera de las tesis expuestas, es decir a la
indemnización del 100% de la utilidad esperada, bajo los siguientes argumentos:

59
[14] “A esta misma conclusión llegó la Sección, al analizar un caso similar al examinado en la
presente oportunidad: Sentencia de abril 23 de 1993, exp. 7.959.
En idéntico sentido señaló recientemente la Sala que " Entre las pretensiones de la demandante y a
título de indemnización de perjuicios materiales, solicitó el reconocimiento y pago de la suma de
$23’999.749, por concepto de utilidad esperada, la cual estimó en un 30% del valor total del contrato.
“Como quiera que la Administración privó injustamente al contratista de su derecho de ejecutar el
contrato, éste no pudo percibir la utilidad que esperaba obtener por la ejecución de las obras, razón
por la cual procede su reconocimiento. (…).
“Actualmente la jurisprudencia de la Sala ha señalado que el quantum de la utilidad que debe ser
reconocida al proponente que fue privado injustamente de la ejecución del contrato, por la no
adjudicación del mismo, debe ser pleno, es decir el 100% del valor de la utilidad o lucro cesante que
esperaba y tenía derecho a recibir lícitamente, la cual es definida en el Código Civil, en el artículo
1614, como “la ganancia o provecho que deja de reportarse”, pero que no tendrá derecho a recibir
otros emolumentos por costos directos o indirectos diferentes de la utilidad neta.
“En el sub lite aplica el mismo criterio, no obstante que el hecho generador del daño se deriva de la
imposibilidad de la ejecución del contrato, por causas imputables a la Administración y no en la no
adjudicación del contrato, por cuanto lo realmente cierto es que en uno u otro supuesto, de todos
modos se está privando a la empresa contratista de su derecho legítimo a percibir la utilidad lícita
derivada de la normal ejecución de las obras, en consecuencia, procede la indemnización de los
perjuicios materiales ocasionados por concepto del lucro cesante, en el 100%.” –Sección Tercera,
diciembre 1 de 2008. Exp. 15.603-.

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Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
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Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

“En primer lugar, la indemnización que se debe pagar al oferente que debió ser
favorecido con la adjudicación, corresponde al porcentaje de la utilidad que
esperaba obtener, según se haya establecido en su oferta. No es posible
conceder una indemnización superior, porque cualquier monto por encima de
éste constituye un daño eventual, es decir, que carece de certeza, y por eso
mismo resulta jurídicamente imposible indemnizarlo.

“En segundo lugar, la indemnización debe equivaler al 100%, porque no es
posible para el juez deducir que el contratista no habría obtenido la totalidad de
la utilidad que esperaba, de haber podido ejecutar el contrato. Es decir, el hecho
de que no haya tenido que hacer un esfuerzo, administrativo, financiero o técnico,
no significa que necesariamente su utilidad hubiera sido inferior.

“Así se expresó en la sentencia de noviembre 27 de 2002 -Exp. 13.792, actor:
Sociedad Henry Lozada Vélez y Cia. Ltda. Ddo: Instituto Municipal de Reforma
Urbana y Vivienda de Cali - INVICALI, en la cual se dijo que:

“Este es el criterio que reiterará la Sala en esta ocasión porque considera que
cuando se deja de adjudicar un contrato, a quien debió ser favorecido con esa
decisión, se le causa un perjuicio cuya valoración, en principio, corresponde al
monto de la utilidad que esperaba si el contrato le hubiera sido adjudicado.

“Para que esta forma de valorar el perjuicio pudiera desecharse, sería menester
que en el proceso se hubiera discutido la desproporción de la utilidad esperada,
o la existencia de una especial dificultad que tendría el proponente para
alcanzarla, lo cual, sin duda alguna, necesita de la prueba correspondiente que
desvirtuara el monto de la utilidad. Esto, sin embargo, no ocurre en el presente
proceso. (Sección Tercera. Sentencia de marzo 1° de 2006. Exp. 14.576)

“En el presente caso, aplicadas las anteriores razones, pero reforzadas por las
antes expresadas, es claro el derecho del contratista a ser indemnizado en las
condiciones expuestas por el a quo -100% de la utilidad-, pues se observa que –
se reitera-, incluso, en estas condiciones existe un grado de certeza mayor a
efectos de obtener el lucro esperado con el contrato, frente a aquellos casos en
los cuales el demandante solicita indemnización por una indebida adjudicación
de un proceso de selección, como quiera que, en estas situaciones, no existe
resolución de adjudicación en su favor y mucho menos un contrato
perfeccionado; como sí ocurre en el caso objeto de este proceso.

“Considerando entonces lo decidido por esta Sección en aquellos eventos en que
se discute la indebida adjudicación, en casos como el presente, en el cual existe
contrato perfeccionado, dicha conclusión es más clara, pues, el contratista tiene
un derecho más cierto e incuestionable frente a la utilidad (…)”.

147. si bien la jurisprudencia que se acaba de relacionar se refiere a aquellos casos
en los que no se puede ejecutar, en absoluto, un contrato celebrado, es claro que
no es la única circunstancia en que la utilidad esperada debe ser reconocida, pues
bien puede suceder que el contrato se haya ejecutado parcialmente pero, por
causas ajenas a la voluntad del contratista, este se vea impedido para culminar la
totalidad de su objeto y obtener así el porcentaje de utilidad que hubiera surgido a
partir de la realización de la parte faltante del contrato.

148. En el presente caso, el acuerdo de voluntades celebrado por las partes y
materia de debate fue un contrato de obra pública; y si bien se llevó a cabo en forma

84

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Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

parcial, dado que el contratista cumplió con sus obligaciones y realizó las obras
principales de construcción de la vía objeto del negocio jurídico, lo cierto es que este
no pudo ejecutarse en su fase final por causas imputables a la entidad.

149. Por lo tanto, resulta pertinente recordar lo dicho por la Sala en un evento en el
cual el contratista tampoco pudo ejecutar la totalidad del objeto convenido por
motivos provenientes de la entidad demandada, ocasión en la que manifestó 60:

“[r]especto de las utilidades solicitadas, resulta procedente reconocer, en efecto,
la ganancia que el contratista debía obtener por los frentes de obra que fueron
eliminados. La base jurídica de tal obligación, surgida por la supresión de ítems
para ejecutar, puede encontrarse en el artículo 2056 del Código Civil, que al
autorizar al dueño de la obra para hacerla cesar, le impone en todo caso pagar
los costos causados y la respectiva utilidad”61.

150. De acuerdo con lo anterior, al ser evidente que, en el presente caso, el
contratista no pudo ejecutar la totalidad de las obras objeto del contrato -suspendido
indefinidamente por causas imputables a la entidad demandada- y que, por esta
razón, se le privó de obtener las justas utilidades que se habrían derivado de tal
ejecución, las consideraciones del Municipio de Neiva en su recurso de apelación
en torno a la inexistencia de su obligación de indemnizar los perjuicios en la forma
dispuesta en la sentencia impugnada, no están llamadas a ser atendidas.

151. Ahora bien, para efectos de determinar el monto de la condena, dado que
apelaron ambas partes, resulta procedente establecer si corresponde al valor
concedido en la sentencia de primera instancia o no.

152. Al respecto, se observa que el a-quo se atuvo al cálculo que efectuó el perito
sobre este perjuicio, el cual dicho auxiliar de la justicia fundó en lo estipulado en el
contrato y el acta de obra No. 11, así (f. 398, c. 3):

Teniendo en cuenta el valor contractual pactado básico contenido en la minuta
del contrato suscrito (Anexo No. 3) y el valor básico ejecutado conforme al Acta
de obra No. 11, indicado en la columna de obra ejecutada – valor acumulado,
existe un saldo de obra que no se pudo ejecutar por valor de $ 476.844.788,41
(Valor total incluido AIU). Ahora bien, teniendo en cuenta que la utilidad dejada

60
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 7 de mayo de 2021, expediente 43055, C.P. María Adriana Marín.
61
Dice la referida norma: “Art. 2056.- Habrá lugar a reclamación de perjuicios, según las reglas
generales de los contratos, siempre que por una o por otra parte no se haya ejecutado lo convenido
o se haya retardado su ejecución. // Por consiguiente, el que encargó la obra, aún en el caso de
haberse estipulado un precio único y total por ella, podrá hacerla cesar, reembolsando al artífice
todos los costos y dándole lo que valga el trabajo hecho, y lo que hubiera podido ganar en la obra”.

85

Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

de percibir por esta causa corresponde al porcentaje estimado de utilidad
calculado sobre el costo directo, tenemos:

Valor Total Obra básica por ejecutar: $476.844.788,41 = Costo Directo + AIU
(25%)
Costo Directo saldo obra por ejecutar: $476.844.788,41/ (1,25) =
$381.475.830,73
Utilidad correspondiente a la obra que no se ejecutó: $381.475.830,73xUtilidad
(6%)
Utilidad correspondiente a la obra que no se ejecutó: $ 22.888.549,84.

153. para la fecha en que el contrato fue suspendido indefinidamente, el 12 de
agosto de 2003, las obras de construcción de la vía objeto del contrato de obra 030
de 2002 ya se habían culminado y sólo quedaban pendientes, como lo reconoció el
contratista, “(…) obras faltantes de estabilización de las calzadas, construcción del
proyecto eléctrico aprobado por la Electrificadora del Huila y recuperación ambiental
aprobada por la CAM” (f. 21, c. 7).

154. Según el otrosí del 11 de julio de 2003, por medio del cual se prorrogó el
contrato por 3 meses, la Interventoría y el Municipio de Neiva se encontraban
definiendo los precios unitarios correspondientes a la empradización de la obra y la
administración municipal estaba adelantando el presupuesto de obra y análisis de
precios unitarios correspondientes al proyecto eléctrico de iluminación62 (f. 66, c. 2).

155. Según oficio del interventor del 31 de julio de 2003, para esa fecha faltaba
ejecutar dentro del contrato de ESGAMO LITDA. “(…) lo relacionado con el plan de
manejo ambiental (empradización) y la iluminación total de la vía”, razón por la cual
el plazo de dicho negocio jurídico fue prorrogado por otros tres meses, hasta el 12
de noviembre de 2003 (f. 126, c. 6)63.

62
El interventor, el 9 de julio de 2003, ya le había informado al secretario de Vías e Infraestructura
la viabilidad de prorrogar el plazo del contrato para la ejecución de los trabajos de empradización e
iluminación de la vía, ya que “conforme se determinó en Comité de Obra realizado en fecha julio 4
de 2003, la Administración Municipal ha aprobado los precios unitarios correspondientes a
Empradización”, y “En julio 8 de 2003, la firma ESGAMO LTDA. ha hecho entrega del Proyecto
Eléctrico y de Iluminación debidamente aprobado por Electrohuila habiendo sido éste revisado por
parte de la firma interventora SOTA LTDA., estando pendiente la aprobación por parte de la
Administración Municipal el Presupuesto de Obra y Análisis de Precios Unitarios correspondientes,
así como la adición presupuestal al contrato para su ejecución total” (f. 131, c. 6).
63
Al respecto, obra comunicación del 10 de julio de 2003 enviada por el secretario de Infraestructura
y Vías al jefe de la Oficina Jurídica del municipio, en el que le solicita, con carácter urgente, “(…) que
se revise y de visto bueno al contrato adicional que modifique en noventa (90) días adicionales el
plazo del contrato de la referencia [No. 030 de 2002], toda vez que las labores de empradización y
construcción del proyecto eléctrico requieren de tiempo adicional y como tal no estaban previstos
inicialmente” (f. 130, c. 6).

86

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Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

156. Sobre las obras faltantes, se advierte que en el Anexo 7 del pliego de
condiciones, correspondiente al presupuesto de obra, en el que se discriminan todos
los ítems que harían parte de la misma y sobre los cuales el proponente debía
establecer los precios unitarios, no se incluyó un ítem correspondiente a
empradización. Y, en relación con la iluminación, constan los siguientes ítems:

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD
16 Iluminación (rehabilitación) Global
16.1 Traslados líneas de energía y reubicación Global

157. Y en la propuesta de la firma ESGAMO LTDA., se incluyó el ítem 16, en los
siguientes términos (f. 76 de la propuesta):

PRECIO
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL
UNITARIO
Iluminación
16 $180.199.398,75 $180.199.398,75
(rehabilitación)

158. En cuanto a la empradización, ni en el pliego de condiciones ni en el contrato
se incluyó este ítem; no obstante, se observa que, por cuenta de las indicaciones
de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, la entidad lo autorizó, según
se aprecia en el acta de comité de obra No. 003 del 4 de octubre de 200264, y en el
acta de comité de obra No. 13 del 21 de febrero de 2003, “[s]e concluye que en
orden de prioridades es necesaria la ejecución de andenes, implementar la parte
ambiental y el diseño eléctrico del proyecto” (f. 259 y 270, c. 3).

159. Mediante oficio del 1 de julio de 2003, el interventor hizo llegar al secretario de
Vías e Infraestructura las especificaciones particulares E.P.1 Engramados y E.P.2
Empradización de Taludes para el contrato 030 de 2002 (f. 150 a 158, c. 6).

160. Obra así mismo oficio del 17 de septiembre de 2003, en el cual da respuesta
a la solicitud de la entidad -oficio SVI del 12 de septiembre de 2003- de que
procediera a presentar las actas de liquidación tanto del contrato de obra como del
de interventoría, “(…) en razón, según lo indica su oficio, a que se ha terminado
completamente el contrato de obra en lo que respecta a la construcción de la obra

64
Allí se consignó: “Compromiso No. 01 entrega del Plan de Manejo Ambiental mediante solicitud
escrita a la CAM. La interventoría mediante oficio entrega solicitud a la CAM de copia del Plan de
Manejo Ambiental, el Doctor Cabrera señala que en este se tuvieron en cuenta todos los ítems del
proyecto excepto la empradización del Separador el cual es necesario sentarse a analizar, sin
embargo este ya se encuentra aprobado por la entidad”.

87

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Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

vial y dado que el componente ambiental y proyecto eléctrico aún no tiene definidos
los recursos económicos para su ejecución completa”, solicitud frente a la cual, el
interventor respondió que aún quedaban obras pendientes de ejecución, y agregó
(f. 119, c. 6):

Por otra parte a la fecha hay un saldo del contrato por ejecutar por valor de
$507.412.591,00, según informes y actas de obra No. 10, saldo del cual se han
ejecutado parcialmente algunas obras pendientes por terminar, recibir y liquidar
(Terraplenes, Andenes, Concreto asfáltico). Es también claro que el contrato
cuenta con una partida presupuestal para la construcción de diversos ítems de
iluminación por valor de $180.199.398,75 de los cuales no se ha iniciado su
ejecución, contando ya con un proyecto y diseño debidamente aprobados por
ELECTROHUILA y la Administración Municipal (…).

Tampoco se han construido a la fecha obras del plan de manejo ambiental
contando con un saldo disponible en el contrato para dar iniciación al mismo y
ejecutarlo parcialmente según los ítems empradización con césped por valor de
$200.000.000,00 (Acta No. 10).

161. Consta en el plenario que, del valor total del contrato, que fue de
$3.735’000.000,oo, el contratista ejecutó obras por valor de $3.227’587.410,oo,
según las actas de obra No. 1 a la 1165 y que recibió los correspondientes pagos (f.
103 y 149 a 200, c. 10).

162. Y en la última acta de obra, la No. 11, correspondiente al mes de julio de 2003,
aparecen enunciados los siguientes ítems, todos ellos, con 0% de ejecución (f. 324
y 325, c. 11):

ÍTEM 17: Iluminación (rehabilitación). Por valor total de $180’199.398,75
ÍTEM 38: Empradización con césped. Por valor total de $166’150.675,oo
ÍTEM 39: Empradización con césped en zona de talud. por valor total de
$33’845.000,oo.

163. De acuerdo con lo anterior, es claro que para la época en que el contrato fue
suspendido de manera indefinida -y definitiva-, estaban pendientes de ejecución
obras contractuales que ascendían a un valor de $380.195.073,75, trabajos que no
se pudieron llevar a cabo por razón de la suspensión indefinida, la cual, como ya se
vio, obedeció a circunstancias imputables a la entidad demandada, toda vez que la
justificación consistió en la falta de recursos e insuficiencia presupuestal para la
culminación del objeto contractual.

65
Copia de las actas mensuales de obra de la 1 a la 11 son visibles en los folios 324 a 391, c. 11.

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Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
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Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

164. En tales condiciones, si bien el contratista recibió el pago por las obras
entregadas y junto con él, la utilidad derivada de la ejecución contractual realmente
llevada a cabo, según lo pactado y el AIU establecido por él mismo en su oferta, lo
cierto es que sí se vio privado de obtener la utilidad correspondiente a la ejecución
de los referidos ítems, por causas imputables a la entidad.

165. Por lo tanto, considera la Sala que está llamada a prosperar esta pretensión,
mediante el reconocimiento de la utilidad dejada de percibir. No obstante, se
observa que en el plenario no obra prueba de cuál fue esa utilidad esperada por el
contratista ni consta otra información al respecto, salvo la manifestación que hizo el
demandante, en el sentido de que la misma correspondía al 6% de los costos
directos. Y, dado que el dicho de la parte actora no constituye prueba, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 66 deberá la
Sala acudir, como ya lo ha hecho en múltiples ocasiones67, al arbitrio judicial, con
base en el cual se determina que, en contratos similares, la utilidad esperada
asciende al 5% del valor del contrato. Por lo tanto, en este caso, el monto a
reconocer será el 5% de $380’195.073,75, lo que corresponde a la suma de
$19.009.753,68, debidamente actualizado a la fecha de esta sentencia, a partir de
la fecha en que debió terminar el contrato de obra -por cuanto es en ese momento
cuando habría surgido el derecho del contratista a obtener el pago de las obras
ejecutadas-, o sea desde el 12 de noviembre de 2003, aplicando para ello la fórmula
usualmente utilizada por la jurisprudencia para tales efectos: VA = VH x índice
final/índice inicial, según los siguientes factores:

VA = Valor actualizado
VH = Valor histórico (valor a actualizar: $19.009.753,68)
Índice final = IPC vigente a la fecha de la presente providencia (junio/2023): 135,39
Índice inicial = IPC vigente para la fecha de terminación del contrato (noviembre de
2003): 58,21.

66
“VALORACIÓN DE DAÑOS. Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de
Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de
reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales.”
67
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 12 de noviembre de 2014, expediente 29855, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera;
sentencia del 12 de mayo de 2016, expediente 49.025, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia
del 11 de mayo de 2022, expediente 65016, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico .

89

Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

Entonces:

VA = 22’888.549,84 x 135,39
58,21

VA = 44’214.577,42

166. De acuerdo con lo anterior, el Municipio de Neiva deberá pagar a favor de la
sociedad demandante la suma de $44’214.577,42 por concepto de la utilidad dejada
de percibir por la parte faltante de ejecución del contrato de obra.

Conclusión:

167. Las consideraciones que se dejan plasmadas dejan en evidencia que los
argumentos expuestos por la parte actora en su recurso de apelación, tendientes a
la modificación de la sentencia de primera instancia y al reconocimiento de las
pretensiones de la demanda que le fueron denegadas, deben ser atendidos
parcialmente, en cuanto al reconocimiento de los sobrecostos derivados de la mayor
permanencia en el sitio de las obras por causas ajenas a la voluntad del contratista
e imputables a la entidad demandada, en la medida en que tanto esta circunstancia
como el perjuicio alegado, resultaron debidamente acreditados en el plenario.

168. Así mismo, se constató que fueron insuficientes las alegaciones del recurso
interpuesto por la entidad demandada, para desvirtuar el acierto de lo decidido por
el a-quo en la sentencia de primera instancia, en cuanto al reconocimiento de la
utilidad dejada de percibir por el contratista, aunque la Sala procederá a modificar
el fallo para acceder a la referida pretensión y reconocer el monto realmente debido
por tal concepto, según el análisis efectuado párrafos atrás.

Costas

169. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 -
aplicable en el sub lite-, la conducta de las partes ha de tenerse en cuenta para
resolver sobre la procedencia de la condena en costas. Toda vez que en el presente
caso no se evidencia que alguna de ellas haya actuado temerariamente o que de
cualquier otra forma haya atentado contra la lealtad procesal, no habrá lugar a su
imposición.

90

Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

MODIFÍCASE la sentencia de primera instancia, esto es, la proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila el 10 de marzo de 2014, la cual quedará así:

PRIMERO: DECLÁRASE NO PROBADA la excepción de caducidad de la acción
propuesta por la entidad demandada.

SEGUNDO: DECLÁRASE el incumplimiento contractual del Municipio de Neiva
respecto de su obligación de reconocer y pagar la utilidad dejada de percibir por la
sociedad ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES en la ejecución del
contrato No. 030 de 2002.

TERCERO: CONDÉNASE al Municipio de Neiva a pagar, a favor de la sociedad
ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES, la suma de CUARENTA Y
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y
SIETE PESOS 42/100 ($44’214.577,42), por concepto de la utilidad dejada de
percibir.

CUARTO: CONDÉNASE al Municipio de Neiva a pagar, a favor de la sociedad
ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES, la suma de VEINTITRES
MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS
PESOS 72/100 ($23’129.372,72) por concepto de sobrecostos por mayor
permanencia en la obra.

QUINTO: DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: Sin condena en costas.

SÉPTIMO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal
de origen para su cumplimiento.

91

Radicación número: 41001-23-31-000-2005-01568-01 (52501)
Actor: ESGAMO LTDA. INGENIEROS CONSTRUCTORES
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el siguiente link:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidadoraspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Firmado electrónicamente

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

VF

92

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