Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-31-000-2008-00541-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 41001-23-31-000-2008-00541-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-31-000-2008-00541-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 41001-23-31-000-2008-00541-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
7 de abril de 2022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 41001-23-31-000-2008-00541-01 (55.841)
Actor: HÉCTOR IVÁN PERDOMO CAVIEDES Y OTROS
Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO
Acción: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - PRIVACIÓN DE LA
LIBERTAD (LEY 600 DEL 2000)
Síntesis del caso: el señor Daniel Fernando Perdomo Caviedes fue capturado y vinculado
a una investigación penal por la supuesta comisión del delito de rebelión, en el momento
de definir su situación jurídica se le impuso medida de aseguramiento de detención
preventiva. Finalmente se calificó el sumario con resolución de preclusión porque no
existían pruebas en su contra. La Sala analiza la responsabilidad extracontractual del
Estado y modifica la sentencia de primera instancia.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Nación-Ministerio de
Defensa-Policía Nacional (fls. 700 a 704 cdno. apelación) en contra de la sentencia
proferida el 11 de marzo de 2015 por el Tribunal Administrativo del Huila (fls. 676 a
696 cdno. apelación) mediante la cual se dispuso lo siguiente:
“FALLA
PRIMERO: DECLARAR que la Nación – Policía Nacional y Fiscalía
General de la Nación es responsable del daño antijurídico del cual fue
objeto el señor DANIEL FERNANDO PERDOMO CAVIEDES, por su
privación injusta de la libertad entre el 28 de marzo y el 3 de agosto de
2004.
SEGUNDO: CONDÉNASE a la Nación – Policía Nacional y la Nación –
Fiscalía General de la Nación, a pagar a favor del señor DANIEL
FERNANDO PERDOMO CAVIEDES, a título indemnizatorio, los
siguientes valores en pesos colombianos:
2.1 Por concepto de perjuicios morales:
Al señor DANIEL FERNANDO PERDOMO CAVIEDES se le reconocerá
la suma equivalente a 50 SMLMV.
Así mismo, en favor de DANIEL PERDOMO e HILDA CAVIEDES
PANTEVES se les reconocerá la suma equivalente a 50 SMLMV para
cada uno y para HÉCTOR IVÁN PERDOMO CAVIEDES, NORMA
CONSTANZA PERDOMO CAVIEDES y MALFY RODIO PERDOMO
2
Expediente 41001-23-31-000-2008-00541-01 (55.841)
Actor: Héctor Iván Perdomo Caviedes y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
CAVIEDES, se les reconocerá la suma equivalente a 25 SMLMV, para
cada uno.
2.3 (sic) Por concepto de perjuicios materiales:
2.3.1 Por concepto de daño emergente.
Para el señor DANIEL FERNANDO PERDOMO CAVIEDES, la suma de
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL SESENTA Y UN
PESOS ($6.826.061).
2.3.2 Por concepto de lucro cesante consolidado.
CONDENAR de manera genérica a la NACIÓN – POLICÍA NACIONAL y
la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, al pago por concepto de lucro
cesante, de acuerdo con la parte considerativa de la presente providencia.
TERCERO: NO condenar en costas por lo expuesto en la parte motiva.
CUARTO: EXPÍDASE senda copia de la sentencia, con constancia de
ejecutoria, con destino a cada demandante si así lo solicita, a la Fiscalía
General de la Nación y al Ministerio Público, con las constancias previstas
en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
QUINTO: (sic) A la sentencia se le dará cumplimiento en los términos de
los artículos 176 y 177 del CCA.
SEXTO: (sic) En firme esta decisión archívese el proceso.” (fls. 695 a 696
cdno. apelación - mayúsculas y negrillas del original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1) Mediante escrito radicado el 4 de abril de 2008 ante la oficina judicial de los
Juzgados Administrativos de Neiva (fl. 13 vuelto cdno. ppal.) los señores Daniel
Fernando Perdomo Caviedes, Norma Costanza Perdomo Caviedes, Héctor Iván
Perdomo Caviedes, Hilda Caviedes Panteves y Daniel Perdomo, estos dos últimos
quienes actúan en nombre y representación de la menor Malfy Rocío Perdomo
Caviedes, por intermedio de apoderado judicial presentaron demanda en ejercicio
de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código
Contencioso Administrativo contra la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
y Fiscalía General de la Nación (fls. 1 a 13 cdno. ppal.) con las siguientes súplicas:
“PRIMERA.- Declarar administrativamente RESPONSABLE de la injusta
privación de la libertad del señor DANIEL FERNANDO PERDOMO
CAVIEDES, a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA
NACIONAL y NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN,
3
Expediente 41001-23-31-000-2008-00541-01 (55.841)
Actor: Héctor Iván Perdomo Caviedes y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
representadas por el señor Ministro del ramo, JUAN MANUEL SANTOS
CALDERÓN y el Fiscal General de la Nación, MARIO IGUARÁN ARANA,
respectivamente, o por quienes hagan sus veces en el momento de
notificarse el auto admisorio de la demanda.
SEGUNDA.- CONDENAR, en consecuencia, a la NACIÓN – MINISTERIO
DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL y NACIÓN – FISCALÍA GENERAL
DE LA NACIÓN, a pagar a los actores, o a quien represente legalmente
sus derechos, los PERJUICIOS DE ORDEN MATERIAL Y MORAL, cuya
estimación se hará en el acápite correspondiente.
TERCERA.- Las condenas económicas impuestas a la demandada serán
actualizadas de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del Código
Contencioso Administrativo y se reconocerán sobre las cuantías de las
mismas intereses moratorios liquidados a razón de una y media (1 y ½)
veces la tasa más alta fijada por la Superintendencia Financiera para los
bancarios corrientes, desde la fecha de la ejecutoria de la sentencia que
ponga fin al proceso hasta cuando se dé cabal cumplimiento a la misma.
CUARTA.- La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia en los
términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso
Administrativo.
QUINTA.- Condenar en costas a la parte demandada, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo,
modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.” (fls. 1 a 2 cdno. ppal.
• mayúsculas y negrillas del original).
2) El proceso fue admitido en forma inicial por el Juzgado Quinto Administrativo de
Neiva (fls. 41 a 42 cdno. ppal.) quien en auto del 29 de octubre de 2008 se declaró
incompetente (fls. 47 a 48 cdno. ppal.) y remitió el expediente al Tribunal
Administrativo del Huila que en proveído del 19 de enero de 2009 avocó su
conocimiento y declaró la nulidad de lo actuado por el juzgado (fls. 62 a 63 cdno.
ppal.).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte demandante expuso en el
escrito contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:
1) El día 27 de marzo de 2004 el señor Daniel Fernando Perdomo Caviedes fue
capturado por miembros de la SIJIN en medio de la operación “Aurora” sin que
existieran motivos ni orden judicial en su contra, en el momento de su aprehensión
se movilizaba por la vereda “Otás” que conduce al municipio de Campoalegre
(Huila) y fue capturado en forma ilegal, pues carecía de antecedentes judiciales, no
tenía en su contra orden de aprehensión ni fue capturado en estado de flagrancia.
4
Expediente 41001-23-31-000-2008-00541-01 (55.841)
Actor: Héctor Iván Perdomo Caviedes y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
2) Los integrantes de la SIJIN lo dejaron incomunicado y pese a que en su contra
no existía ninguna orden de aprehensión el día 30 de marzo de 2004 la Fiscalía
Cuarta Especializada de Neiva legalizó su captura por el delito de rebelión y,
posteriormente, el 1° de abril de 2004 definió su situación jurídica con medida de
aseguramiento intramural, decisión que fue confirmada en resolución del 14 de
mayo de 2004.
3) En decisión del 28 de marzo de 2006 la fiscalía precluyó la investigación a favor
del señor Daniel Fernando Perdomo Caviedes por considerar que en su contra solo
se contaba con la denuncia realizada por Óscar Andrés Pineda la que no era creíble
y fue desvirtuada.
4) Con la privación injusta de la libertad del señor Daniel Perdomo Caviedes se
causaron a todos los demandantes perjuicios inmateriales y materiales que deben
ser indemnizados por las accionadas (fls. 2 a 6 cdno. ppal.).
3. Contestación de las entidades demandadas
El Tribunal Administrativo del Huila por auto del 9 de marzo de 2009 admitió la
demanda y ordenó la notificación personal de los representantes legales de la
Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación (fls.
62 a 63 cdno. ppal).
La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional guardó silencio1 (fl. 86 cdno.
ppal.) mientras que en escrito radicado el 5 de junio de 2009 la Fiscalía General de
la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda y esgrimió los siguientes
argumentos en su defensa:
1) Se deben negar las pretensiones de la demanda toda vez que la absolución del
señor Daniel Fernando Perdomo obedeció a que los testimonios en su contra
perdieron credibilidad.
1 La demanda se notificó a la Comandancia del Departamento de Policía del Huila (fl. 86 cdno. ppal.)
y la entidad otorgó el respectivo poder (fl. 70 cdno. ppal).
5
Expediente 41001-23-31-000-2008-00541-01 (55.841)
Actor: Héctor Iván Perdomo Caviedes y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
2) La entidad siempre siguió el ordenamiento jurídico, se cumplieron con los
requisitos de ley para imponer la medida de aseguramiento y al no existir una
actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales
el demandante estaba llamado a soportar la detención de la que fue objeto.
3) Se debe declarar probada la “culpa de un tercero” como causal de exoneración
de responsabilidad (fls. 89 a 99 cdno. ppal.).
4. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Huila en providencia del 11 de marzo de 2015 declaró
la responsabilidad patrimonial de la Nación-Policía Nacional y la Fiscalía General
de la Nación por la privación injusta de la libertad del señor Daniel Fernando
Perdomo Caviedes.
Como argumentos de su decisión el a quo señaló que la detención del demandante
desde el 28 de marzo de 2004 al 3 de agosto del mismo año fue injusta, aspecto
que así se evidenciaba debido a la preclusión de la investigación que se dictó
porque no se logró demostrar que el señor Daniel Fernando Perdomo cometió el
delito de rebelión, además, le asistía responsabilidad a la Fiscalía General de la
Nación por ser la entidad que impuso la medida de aseguramiento mientras que la
Policía Nacional fue la determinadora que indujo a formalizar la privación.
Respecto de los perjuicios condenó al pago de morales y daño emergente en las
cuantías transcritas al inicio de esta providencia y condenó en abstracto por el daño
material por lucro cesante consolidado por considerar que si bien el demandante
probó que era agricultor no logró demostrar los ingresos que dejó de percibir en los
lotes de terreno en los cultivaba (fls. 676 a 696 cdno. apelación).
5. Recursos de apelación
1) El 14 de abril de 2015 la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional interpuso
recurso de apelación y las razones de inconformidad con el fallo de primera
instancia se resumen así:
a) Los integrantes de la Policía Nacional realizaron la captura administrativa del
6
Expediente 41001-23-31-000-2008-00541-01 (55.841)
Actor: Héctor Iván Perdomo Caviedes y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
señor Daniel Fernando Perdomo Caviedes luego de la denuncia del 28 de marzo de
2004 del señor Óscar Andrés Pineda Peña, quien lo señaló con nombre propio como
un miliciano de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC.
b) La captura administrativa era legal y se encontraba vigente conforme la sentencia
C-024 de 1994, además, se cumplieron los requisitos de la misma pues: i) se basó
en motivos fundados, ii) era necesaria, esto es, operó en situaciones de apremio en
las cuáles no se podía exigir una orden judicial, iii) tuvo como único objetivo verificar
los hechos relacionados con los motivos fundados de la aprehensión y iv) dentro de
las 36 horas siguientes a la aprehensión el señor Daniel Fernando Perdomo fue
dejado a disposición de la autoridad judicial competente y fue la fiscalía la que
decidió dictar en su contra medida de aseguramiento de detención preventiva sin
beneficio de libertad por el delito de rebelión (fls. 700 a 407 cdno. apelación).
2) La Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación en el que solicitó
se revocara en su integridad la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se
negaran las pretensiones de la demanda por considerar que la medida de detención
dictada en contra del señor Daniel Fernando Perdomo cumplió con los requisitos de
ley y, en su criterio, no se probaron los perjuicios reconocidos en la decisión
impugnada (fls. 716 a 179 cdno. apelación).
6. Trámite relevante en primera instancia
En audiencia del 27 de mayo de 2015 la Fiscalía General de la Nación y la parte
actora llegaron a un acuerdo conciliatorio por medio del cual la entidad se
comprometió al pago del 70% del 50% del valor total de la condena “condicionando
a la renuncia expresa del trámite del incidente en abstracto en relación con el lucro
cesante” únicamente respecto de dicha entidad (fls. 741 a 742 cdno. apelación), el
acuerdo fue aprobado por el Tribunal Administrativo del Huila en auto del 30 de julio
de 2015 por lo que el proceso contencioso culminó respecto de la Fiscalía General
de la Nación (fls. 744 a 750 cdno. apelación).
7. Actuación surtida en segunda instancia
Por auto del 4 de diciembre de 2015 (fl. 765 cdno. apelación) se admitió el recurso
de apelación presentado por la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y el
7
Expediente 41001-23-31-000-2008-00541-01 (55.841)
Actor: Héctor Iván Perdomo Caviedes y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
28 de octubre de 2016 (fl. 773 cdno. apelación) se corrió traslado a las partes para
que presentaran los alegatos de conclusión por el término común de diez (10) días
y por el mismo lapso al Ministerio Público para que emitiera concepto.
En dicha oportunidad la parte actora luego de hacer una síntesis de lo acontecido
en el proceso solicitó que se confirmara la sentencia impugnada (fls. 798 a 805
cdno. apelación), mientras que la Fiscalía General de la Nación solicitó su
revocatoria (fls. 783 a 786 cdno. apelación). La Nación-Ministerio de Defensa-
Policía Nacional y el Ministerio Público guardaron silencio durante esta etapa
procesal (fl. 808 cdno. apelación).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia, 2) objeto de
la apelación y competencia del ad quem, 3) análisis de la impugnación, 4)
conclusión y, 5) condena en costas.
1. Objeto de la controversia
La controversia planteada busca determinar si la restricción de la libertad que
soportó el señor Daniel Fernando Perdomo Caviedes constituyó una privación
injusta de su libertad pasible de comprometer la responsabilidad de la parte
demandada y, si como consecuencia de ello, hay lugar a reparar los perjuicios
reclamados por los actores y reconocidos en primera instancia.
2. Objeto de la apelación y competencia del ad quem
Sobre el punto, cabe advertir que fue la Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional quien interpuso recurso de apelación. De acuerdo con lo anterior se tiene
que se trata de una situación de apelante único de manera que la apelación se
entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y no es posible examinar o
resolver lo que no fue objeto del recurso.
Por lo anterior, la Sala en esta providencia tomará las siguientes determinaciones:
8
Expediente 41001-23-31-000-2008-00541-01 (55.841)
Actor: Héctor Iván Perdomo Caviedes y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
1) Decidirá el fondo del asunto porque encuentra reunidos los presupuestos para
fallar, entre ellos la oportunidad en la presentación de la demanda. En efecto, la
resolución de preclusión de la investigación dictada a favor del señor Daniel
Fernando Perdomo Caviedes fue proferida el 28 de marzo de 2006 y quedó
ejecutoriada el 11 de abril de 20062, mientras que la demanda se interpuso el 4 de
abril de 2008 (fl. 13 vuelto cdno. ppal.) de manera que se satisface el ejercicio de la
acción dentro del término previsto por el artículo 136 numeral 8 del CCA.
2) Estudiará únicamente las pretensiones dirigidas a la reparación del daño causado
por la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y no analizará la
responsabilidad de la Fiscalía General de Nación pues frente a dicha entidad el
proceso culminó mediante acuerdo conciliatorio.
3) En virtud del acuerdo conciliatorio surtido en primera instancia, la Sala precisa
que el aspecto no conciliado de la presente controversia entre la parte demandante
y la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional corresponde al cincuenta por
ciento de la condena por perjuicios de la sentencia dictada el 11 de marzo de 2015
por el Tribunal Administrativo del Huila3 pues: i) en la conciliación las partes fueron
claras en señalar que el alcance de la misma era el “70% del 50% del valor de la
condena”, ii) la parte actora aceptó que la obligación de los perjuicios fuese conjunta
siendo cada entidad obligada a indemnizar en partes iguales el monto de los
perjuicios por lo que la parte que no se extinguió fue el 50% de la condena por
perjuicios a cargo de la Policía Nacional, siendo este el límite para la regla de no
reformatio in pejus.
4) Confirmará la decisión que declaró la responsabilidad de la Nación-Ministerio de
Defensa-Policía Nacional por verificarse que la captura realizada por la entidad no
cumplió los requisitos de ley; sin embargo, atribuirá la responsabilidad de la
demandada solo por el tiempo en que tuvo a su cargo al detenido Daniel Fernando
Perdomo Caviedes conforme las reglas previstas por la Ley 600 de 2000.
2 Constancia de ejecutoria (fl. 539 cdno. 2).
3 El artículo 43 de la Ley 640 de 2001 vigente para el momento en que se surtió la audiencia de
conciliación disponía que si la conciliación no recaía sobre la totalidad del litigio, el proceso
continuaba respecto de lo conciliado.
9
Expediente 41001-23-31-000-2008-00541-01 (55.841)
Actor: Héctor Iván Perdomo Caviedes y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
5) En cuanto a los perjuicios causados a los demandantes en relación con la Nación-
Ministerio de Defensa-Policía Nacional: i) se revocarán los perjuicios morales pues
estos fueron asumidos en su totalidad por la Fiscalía General de la Nación, ii) se
revocará la sentencia de primera instancia que condenó en abstracto por el daño
material por concepto de lucro cesante y, en su lugar, se condenará a la Nación-
Ministerio de Defensa-Policía Nacional solo por el periodo en que el señor Daniel
Perdomo Caviedes estuvo detenido a su cargo, iii) se reconocerá una medida de
reparación no pecuniaria por la afectación al derecho al buen nombre, iv) se
revocará la decisión que reconoció el daño material por daño emergente y, vi) se
confirmará la decisión que negó las demás pretensiones.
3. Análisis de la impugnación
En los términos en que ha sido planteada la controversia la sentencia apelada será
modificada por las razones que se exponen a continuación.
3.1 La privación de la libertad
En atención a lo afirmado por la Corte Constitucional en sentencias C-037 de 1996
y SU-072 de 20184 la metodología adecuada para abordar el estudio de
responsabilidad en los casos de privación injusta de la libertad debe hacerse de la
siguiente manera: i) en primer lugar se identifica la existencia del daño, esto es,
debe estar probada la privación de la libertad de la que en este caso se derivan los
perjuicios reclamados por los actores; ii) en segundo lugar, se analiza la legalidad
de la medida de privación de la libertad desde una óptica subjetiva, esto es, se
estudia si esta se ajustó o no a los parámetros dados por el ordenamiento
constitucional y legal para decretar la restricción de la libertad, tanto en sus motivos
de derecho como de hecho; iii) en tercer lugar, y solo en el caso de no probarse la
existencia de una responsabilidad por el régimen subjetivo, esta se analiza por un
régimen objetivo (daño especial); iv) en cuarto lugar, en el caso de que se considere
que hay sustento para declarar la responsabilidad estatal, ya fuere en un régimen
subjetivo o uno objetivo, se procederá a verificar a qué entidad debe imputarse el
daño antijurídico; v) aparte de lo anterior, en todos los casos, debe realizarse el
4 Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 2018, MP José Fernando Reyes Cuartas.
10
Expediente 41001-23-31-000-2008-00541-01 (55.841)
Actor: Héctor Iván Perdomo Caviedes y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
análisis de la culpa de la víctima como causal excluyente de responsabilidad; vi)
finalmente, en caso de condena, se procede a liquidar los perjuicios.
3.1.1 Existencia del daño
Si bien se encuentra debidamente acreditado que el señor Daniel Fernando
Perdomo Caviedes estuvo privado de su libertad en establecimiento carcelario
desde el 27 de marzo de 20045 hasta el 3 de agosto del mismo año6 como
consecuencia de la investigación seguida en su contra por el delito de rebelión, por
no haber sido objeto de apelación y para no afectar a la única apelante la Sala se
limitará al daño que se tuvo por probado en primera instancia, esto es, el periodo de
privación del 28 de marzo de 2004 al 3 de agosto del mismo año.
3.1.2 Legalidad de la privación
Con la finalidad de estudiar la existencia de la privación injusta de la libertad la Sala
encuentra que en el expediente se acreditan los siguientes hechos relevantes:
1) Mediante oficio número 240/GAES-DEUIL del 28 de marzo de 2004, recibido por
la fiscalía solo hasta el 29 de marzo de 20047, integrantes de la SIJIN dejaron al
señor Daniel Fernando Perdomo Caviedes a disposición de la Fiscalía Cuarta
Especializada de Neiva, quien el 27 de marzo de 2004 fue capturado mediante
“detención administrativa” en el marco de la operación “Aurora” y luego de que los
informes de inteligencia y la denuncia del menor Óscar Andrés Pineda lo señalaran
como un integrante de las FARC8 (fls. 226 a 228 cdno. 2).
5 El señor Daniel Fernando Perdomo Caviedes fue capturado el 27 de marzo de 2004 de conformidad
con el informe suscrito en la misma fecha por integrantes de la SIJIN (fls. 226 a 228 cdno. 2) y el
acta de derechos del capturado (fl. 233 cdno 2).
6 Boleta de libertad No. 028 del 3 de agosto de 2004 (fl. 367 cdno. 2).
7 En constancia visible en folio 237 del cuaderno dos se señaló que la fiscalía tan solo recibió el
informe del de captura hasta el día 29 de marzo de 2004.
8 En el oficio por el cual se dejó a disposición al capturado, el Jefe Seccional de la Policía Judicial
del Grupo de Apoyo y Alianzas Estratégicas de la SIJIN – SIPOL señaló que: “siendo
aproximadamente las 20:30 horas del 27 de marzo de 2004 en el municipio de Campoalegre en la
vía que de la vereda Otás conduce al municipio de Campoalegre personal adscrito a la policía judicial
de la SIJIN Huila dio captura de Daniel Fernando Perdomo Caviedes, conocido como alias el
Costeño. La captura del señor se llevó a cabo mediante detención administrativa de acuerdo al
artículo 28 de la Constitucional Nacional (sic) que consagra una excepción al principio de la estricta
reserva judicial de la libertad, puesto que establece la atribución constitucional de detener
preventivamente a una persona, acción plasmada en la sentencia C-024 de enero de 1994 de la
Corte Constitucional. MOTIVOS FUNDADOS: Las informaciones de inteligencia que permitieron
inferir de manera objetiva que esta persona estaba relacionada con la columna guerrillera, y el
señalamiento que le hizo el informante. NECESIDAD: De actuar con prontitud debido a que el antes
11
Expediente 41001-23-31-000-2008-00541-01 (55.841)
Actor: Héctor Iván Perdomo Caviedes y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
2) En denuncia formulada el 28 de marzo de 2004 a las 9:20 de la mañana ante la
SIJIN, el menor Óscar Andrés Pineda Peña de catorce años de edad para ese
entonces y quien se presentó como un ex guerrillero refirió que el señor Daniel
Fernando Perdomo tenía el alias de “El Costeño” y era miliciano de las FARC, se
encargaba de las radio comunicaciones, portaba un fusil GALIL calibre 7.62 y cuatro
granadas y se trataba de la misma persona que vio cuando “fue cogido por la policía”
(fls. 230 a 232 cdno. 2).
3) En resolución del 29 de marzo de 2004 la Fiscalía Cuarta Especializada de Neiva
declaró legal la “captura administrativa” del señor Daniel Fernando Perdomo
Caviedes por considerar que se cumplieron los requisitos señalados por la Corte
Constitucional en sentencia C-024 del 27 de enero de 1994, en especial, la
existencia de motivos fundados consistentes en el señalamiento del reinsertado
Óscar Andrés Pineda Peña (fls. 237 a 238 cdno. 2).
4) En esa misma resolución la fiscalía ordenó la apertura de una investigación por
la supuesta comisión del delito de rebelión ordenando escuchar al capturado en
diligencia de indagatoria (fls. 237 a 238 cdno. 2).
5) El 30 de marzo de 2004 el señor Daniel Fernando Perdomo Caviedes rindió
indagatoria y durante la misma refirió que: i) era agricultor, ii) nunca había tenido un
arma en su vida, iii) nunca había sido investigado penalmente, iv) no conocía al
denunciante ni sabía porque lo acusaba, v) no pertenecía a ningún grupo armado,
vi) no tenía por sobrenombre “El Costeño”, vii) el día de su captura se desplazaba
en su motocicleta para Campoalegre y unos carros de la policía lo sobrepasaron,
de los mismos se bajaron unos uniformados que le pidieron una requisa y exhibió
sus documentos de identificación y de propiedad del rodante, los uniformados
verificaron que no tenía antecedentes judiciales y lo dejaron ir; sin embargo, cuando
estaba por llegar al final de la carretera aquellos se devolvieron y lo capturaron
informándole que dentro de 36 horas recuperaría la libertad, viii) no tenía un radio
de comunicaciones, no sabía como se manejaba y el único aparato de comunicación
mencionado se hace difícil su captura en el lugar donde pernota diariamente. FINALIDAD Y
VERIFICACIÓN: Establecer su verdadero vínculo con la columna Teófilo Forero de las FARC que
fue ratificada por el denunciante Óscar Andrés Pineda Peña. PROPORCIONALIDAD: La captura del
señor Daniel Fernando Perdomo Caviedes se hace proporcional al delito, ya que se trata de delitos
contra la seguridad pública.” (fls. 227 a 228 cdno. 2).
12
Expediente 41001-23-31-000-2008-00541-01 (55.841)
Actor: Héctor Iván Perdomo Caviedes y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
que poseía era su celular y, ix) era inocente de lo que lo acusaban y podían dar fe
de ello todos sus vecinos -de los cuales suministró sus nombres, direcciones y
teléfonos de contacto- quienes podían atestiguar sobre su rutina diaria en las
labores del campo (fls. 240 a 243 cdno. 2).
5) El 1° de abril de 2004 la Fiscalía Cuarta Especializada de Neiva resolvió su
situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva en
establecimiento carcelario por la supuesta comisión del delito de rebelión (fls. 259 a
265 cdno. 2), decisión que fue confirmada en resoluciones del 28 de octubre de
2004 (fls. 304 a 308 cdno. 2) y 14 de mayo de 2004, esta última dictada por la
Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Neiva (fls. 3 a 10 cdno. 2).
6) En resolución del 2 de agosto de 2004 la Fiscalía Catorce Delegada de Neiva
concedió la libertad provisional al señor Daniel Fernando Perdomo Caviedes previa
caución prendaria y suscripción de diligencia de compromiso por considerar que
había transcurrido el término de ley sin que se hubiere calificado el sumario (fls. 363
a 364 cdno. 2). La libertad del aquí actor se materializó el día 3 de agosto de 2004
según consta en la boleta de libertad de dicha fecha (fl. 368 cdno. 2)
7) La Fiscalía Catorce Delegada de Neiva en resolución del 28 de marzo de 2006
calificó el mérito del sumario con preclusión de la investigación a favor del señor
Daniel Fernando Perdomo Caviedes por considerar que en su contra solo existía el
dicho de Óscar Andrés Pineda, el cual no era creíble y fue desvirtuado. Se dijo:
“Tal como lo sostiene la defensa tan solo existe el dicho en denuncia por
Óscar Andrés Pineda y compartimos la apreciación que no es creíble, en
primer lugar porque de acuerdo a la experiencia en otros procesos que
hemos tramitado y donde se ha recepcionado testimonio a varios
miembros de la guerrilla, se ha podido establecer que entre ellos tan solo
se conocen por el alias, no se les permite conocer los nombres reales y
vemos que en la denuncia se señala nombres completos y apellidos,
como si se tratara de una persona muy conocida por él, pero a pesar de
ello expresa que Humberto Valbuena se lo mostró en la vereda El Roble
Alto y le dijo que era El Costeño, a quien él había escuchado como Albert
porque llamaba por radio, lo cual corrobora que se nombran es por alias
o apodos. La segunda vez que lo vio fue en el mismo sitio, se saludaron
simplemente y luego se puso hablar con Humberto Valbuena, sin
enterarse él de que, de donde se infiere que no había motivo para conocer
nombres y apellidos completos del sindicado.
También expresa el denunciante que el sindicado tenía el cargo de jefe
de milicias en las veredas El Roble Bajo y Alto, tenía radio
comunicaciones grande y pequeño, usaba uniforme y armas. En cuanto a
13
Expediente 41001-23-31-000-2008-00541-01 (55.841)
Actor: Héctor Iván Perdomo Caviedes y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
lo primero implicaría que el sindicado tenía que ausentarse de su lugar de
trabajo y residencia con cierta regularidad; lo segundo sería algo notorio
máxime el radio grande, como también el uso de uniformes y armas de
fuego o granadas; sin embargo, ello está desvirtuada con lo expresado
por Álvaro Cortés, José Eugenio Cortés Cortés, Rufino Cortés Pastrana,
Daniel Francisco Godoy, Arismendy Fierro (…), personas que conocen al
sindicado desde hace varios años, en su mayoría vecinos, otros además
patronos y en forma acorde dicen que nunca han escuchado que Daniel
Fernando Perdomo Caviedes pertenezca a la guerrilla, no le han visto
armas de fuego, radio de comunicaciones, uniformes, que se ausente de
Otás que es donde reside, incluso algunos lo ven a diario. Estas
declaraciones consideramos son dignas de credibilidad, se trata de
personas de la región que hacen relatos claros, sencillos y lógicos.
Con los documentos allegados por la defensa se estableció igualmente la
actividad a la cual se dedica el sindicado, es decir al cultivo de arroz.
(…).
Siendo así las cosas consideramos que no se allegó ni una declaración
digna de credibilidad en contra del sindicado, porque como se dijo
anteriormente el dicho del denunciante no puede recibir tal calificación, ya
que se ha desvirtuado.” (fls. 530 a 538 cdno. 2.)
Visto lo anterior, es necesario recordar que el artículo 28 de la Constitución Política
consagra que el derecho a la libertad en principio solo puede restringirse en virtud
de mandamiento escrito de autoridad judicial competente en cumplimiento de las
formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley.
El requisito del mandamiento escrito puede prescindirse de manera excepcional
cuando exista una de las situaciones de flagrancia contempladas en la norma penal,
que para el caso que ocupa la atención de la Sala se encontraban en el artículo 345
de la Ley 600 de 20009, código de procedimiento penal vigente para la época de los
hechos y, ante lo cual, una vez retenida la persona debía ser conducida
inmediatamente ante el funcionario judicial competente para legalizar su captura y
quien iniciaría la respectiva investigación.
La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional en su recurso de apelación
señaló que si bien la aprehensión del demandante no se dio en una de las
9 “Artículo 345. Flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando:
1. La persona es sorprendida y aprehendida al momento de cometer una conducta punible.
2. La persona es sorprendida e identificada o individualizada al momento de cometer la conducta
punible y aprehendida inmediatamente después por persecución o voces de auxilio de quien
presencie el hecho.
3. Es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca
fundadamente que momentos antes ha cometido una conducta punible o participado en ella”.
14
Expediente 41001-23-31-000-2008-00541-01 (55.841)
Actor: Héctor Iván Perdomo Caviedes y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
circunstancias de flagrancia, la misma era legal porque se trató de una “captura
administrativa” la que era permitía por el ordenamiento jurídico.
Sobre el particular, la Sala observa que el Decreto Ley 1355 de 1970, Código
Nacional de Policía vigente para la época de los hechos, preveía en sus artículos
56 a 71 los criterios por los cuales la Policía Nacional podía restringir la libertad
física de la personas, así10:
“Artículo 56. Nadie puede ser privado de la libertad sino:
a) Previo mandamiento escrito de autoridad competente; y
b) En el caso de flagrancia o cuasi flagrancia de infracción penal o de
policía.
Artículo 57. Todo mandamiento de captura debe fundarse en ley.
Artículo 58. Cualquiera puede ser aprendido por la policía y privado
momentáneamente de su libertad mientras se le conduce ante la
autoridad que ha ordenado su comparecencia.
Artículo 62. La policía está obligada a poner al capturado dentro de la
siguiente hora hábil a la de la captura a órdenes del funcionario que la
hubiere pedido en su despacho o en el respectivo establecimiento
carcelario, descontado el tiempo del recorrido o el de cualquier demora
debida a circunstancias insuperables.
Cuando se trate de orden administrativa la captura se realizará en hora
hábil; si es inhábil se mantendrá al requerido en su casa hasta la primera
hora hábil siguiente.
Excepcionalmente en materia penal, la policía puede disponer hasta de
24 horas para establecer la plena identificación del aprehendido y
comprobar la existencia de otras solicitudes de captura. Cuando ello
ocurra, dará inmediatamente aviso a la autoridad que solicitó la captura.
(…)
Artículo 69. La policía podrá capturar a quienes sorprenda en flagrante
contravención de policía, cuando el hecho se realice en lugar público o
abierto al público y para el solo efecto de conducir al infractor ante el
respectivo jefe de policía.
En este caso, si el infractor se identifica plenamente y proporciona la
dirección de su domicilio, el agente de policía puede dejarlo en libertad y
darle orden escrita para que comparezca ante el jefe de policía dentro del
término que en ella señale sin que exceda de 48 horas siempre que, a su
juicio, tal medida no perjudique el mantenimiento del orden público.
Artículo 71. Con el solo fin de facilitar la aprehensión de delincuentes
solicitados por autoridad competente, la policía previa venia del alcalde
del lugar, podrá efectuar capturas momentáneas de quienes se hallen en
sitios públicos o abiertos al público.
10 Es de destacar que se citan los artículos en la forma como se encontraban vigentes al momento
de la captura del aquí actor.
15
Expediente 41001-23-31-000-2008-00541-01 (55.841)
Actor: Héctor Iván Perdomo Caviedes y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
Esta operación se ejecutará en sitios urbanos o rurales predeterminados.
Las personas contra quienes no exista petición de captura deberán ser
puestas inmediatamente en libertad, a menos que su identificación se
dificulte, caso en el cual la captura podrá prolongarse hasta por 12 horas”.
La Corte Constitucional en sentencia C-024 de 1994 al estudiar la
constitucionalidad, entre otros, de los artículos 56, 57, 62 y 71 del Decreto Ley 1355
de 1970 señaló que la “detención administrativa” era una posibilidad que tenían las
autoridades de policía para aprehender a una persona sin orden judicial o que se
presentara una situación de flagrancia, siempre y cuando se dieran una serie de
requisitos.
Sin embargo, la anterior postura fue modificada por la misma Corte Constitucional
en sentencia C-1024 de 2002, oportunidad en la que al examinar la
constitucionalidad del Decreto Legislativo 2002 de 200211 concluyó que la
restricción de la libertad de las personas exige ““i) motivo previamente definido en
la ley; ii) mandamiento escrito de autoridad judicial competente12; y iii) que se realice
con la plenitud de las formalidades legales”13.
La Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia al estudiar los llamados casos
de “captura administrativa” refirió que esta fue una modalidad establecida en el
anterior Código Nacional de Policía y que solo era permitida a los uniformados que
cumplían labores de vigilancia más no a quienes cumplían labores judiciales y, en
todo caso, lo cierto era que con la entrada en vigencia del acto legislativo 03 de
2002 la privación de la libertad solo puede producirse por orden judicial con las
únicas excepciones de la captura en flagrancia y la ordenada por la Fiscalía General
de la Nación, se dijo14:
“En principio resulta oportuno recordar que la “captura administrativa” fue
una modalidad desarrollada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-
024 de 1994 en la que al analizar la exequibilidad de varios artículos del
Código Nacional de Policía, consideró que el inciso segundo del artículo
28 constitucional autorizaba la captura por parte de autoridades
administrativas, siempre que dicha modalidad de privación de libertad
11 El artículo tercero de dicha norma preveía que se podía realizar la captura sin orden judicial cuando
existieran “circunstancias que imposibiliten su requerimiento, siempre que haya urgencia insuperable
y la necesidad de proteger un derecho fundamental en grave o inminente peligro”.
12 Salvo los casos de flagrancia.
13 Corte Constitucional, Sentencia C-1024 de 26 de noviembre de 2002.
14 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, expediente 36107, proveído del 14 de
septiembre de 2011, MP. José Leónidas Bustos.
16
Expediente 41001-23-31-000-2008-00541-01 (55.841)
Actor: Héctor Iván Perdomo Caviedes y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
1)se sustentara en razones objetivas o motivos fundados, 2) fuera
necesaria y proporcionada frente a la condición de apremio de cada
situación; 3) tuviera como único objetivo la verificación de ciertos hechos
relacionados con los motivos fundados de la aprehensión, por ejemplo la
verificación de la identidad de una persona; 4) se realizara dentro de
estrictos límites temporales, de manera que en ningún caso superara las
36 horas; 5) tuviera una motivación íntimamente relacionada con la
estricta órbita funcional de la autoridad policiva; 6) fuera susceptible de
ser protegida por la acción del habeas corpus; 7) no se tradujera en
violación de la igualdad o expresión de discriminación a determinados
grupos sociales; 8) no se realizara para enmascarar allanamientos sin
orden judicial; y, 9) respetara el trato humano y digno que se le debe
dispensar a todo ciudadano.
(…).
Así, según la Corte Constitucional, esta retención solo fue autorizada a
los efectivos de la Policía Nacional -institución constitucionalmente
prevista en el Título VII de la Carta, dedicado a la estructura de la Rama
Ejecutiva del poder público- y solo a favor de la policía de vigilancia,
descartando así de tal posibilidad a la judicial.
En otras palabras, sólo se autorizó la realización de capturas
administrativas y de manera excepcional, con fines de prevención y no de
represión –con excepción de la policía judicial cuyas funciones se
cumplen a órdenes de autoridad judicial-, y dentro de los estrictos marcos
de los cometidos policiales, vale decir, de acuerdo con el artículo 218
constitucional, para: el mantenimiento de las condiciones necesarias para
el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar la
convivencia pacífica.
Sin embargo, frente a un escenario constitucional diferente, esto es, el
modificado por virtud del Acto Legislativo 03 de 2002, la Corte
Constitucional produjo una reinterpretación del artículo 28 Superior, y en
sus sentencias, a partir de 2005, ha insistido en el carácter imperativo de
la reserva judicial previa para la privación de la libertad, advirtiendo que
las condiciones para entender la privación de la libertad son ahora
diferentes a las que se vivían cuando se profirió la sentencia C-024 de
1994.
(…).
Esto porque, el escenario normativo creado con la nueva realidad a
propósito de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 03 de 2002 y la
Ley 906 de 2004, supuso un nuevo análisis de la privación de la libertad
de cara a las nuevas funciones, tanto de la Fiscalía General de la Nación
como de los –recién creados- jueces de control de garantías, los cuales
no existían en el año 1994 cuando se profirió la sentencia C-024 (…).
Pero si persistía algún manto de duda en torno de que la Corte
Constitucional no solo revisó, sino que recogió los planteamientos vertidos
en la Sentencia C-024 de 1994, específicamente en relación con la
vigencia de la captura administrativa, el mismo quedó totalmente disipado
con la Sentencia C-176 de 2007, en el que clara y decididamente se ocupó
de ese tópico.
(…).
17
Expediente 41001-23-31-000-2008-00541-01 (55.841)
Actor: Héctor Iván Perdomo Caviedes y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
La Corte Constitucional justificó la pérdida de actualidad de la
hermenéutica vertida en la Sentencia C-024 de 1994, de manera expresa
al reconocer la presencia de un nuevo orden constitucional en torno de la
privación de la libertad, percibida a partir del Acto Legislativo 03 de 2002,
en el que se define claramente el marco superior de su regulación y sobre
todo el estrecho y restringido ámbito de su limitación, dado el marcado
carácter imperativo de la reserva judicial previa a la restricción de la
libertad personal, el cual solo admite como excepciones la captura
ordenada por la Fiscalía General de la Nación dentro del apretado marco
de tal posibilidad, y la producida en situación de flagrancia; descartando
la viabilidad de cualquier otro evento de aprehensión sin previa orden
judicial, aún en estados de excepción; advirtiendo dicho tribunal que esa
tendencia deviene sistemática (…).
Concluyó así la Corte sobre el tópico de la captura administrativa
advirtiendo que la aprehensión por orden administrativa es francamente
inconstitucional, y que la privación de la libertad realizada por la policía
preventiva para efectos exclusivos de verificación de la identidad o de la
existencia de órdenes de captura contra el aprehendido, ha de entenderse
dentro del marco de la estricta reserva judicial (…)”.
De lo antedicho se extrae que para marzo de 2004 no se podían realizar “capturas
administrativas” y, lo cierto es, que: i) quienes realizaron la aprehensión fueron
integrantes de la policía judicial por lo que estaban obligados a seguir el
procedimiento de la Ley 600 de 2000, esto es, contar con una orden judicial y ii) no
se acreditó que tuviera como único objetivo la verificación, por ejemplo, de la
identidad de la persona, por el contrario, se tiene que la captura del aquí actor tuvo
como “motivos fundados” la alusión de unos informes de inteligencia que de por sí
no fueron allegados15 y no podían servir como fundamento para sustentar una
detención, así como la denuncia realizada por el joven Oscar Andrés Pineda, la que
se resalta fue realizada al día siguiente de la aprehensión del señor Daniel Fernando
Perdomo Caviedes, en otras palabras, la detención de este no tuvo ningún soporte
probatorio.
Así las cosas está demostrado que no se cumplieron los requisitos legales exigidos
para capturar y detener al señor Daniel Fernando Perdomo Caviedes, pues no se
configuró ninguna de las hipótesis de flagrancia previstas por el artículo 345 de la
Ley 645 de 2005, circunstancia que hizo injusta la privación de su libertad.
15 En el oficio de captura se señaló que los motivos de la captura del aquí actor se encontraban en
“informaciones de inteligencia” las cuales no fueron ni enunciadas, ni arrimadas con el informe de
captura.
18
Expediente 41001-23-31-000-2008-00541-01 (55.841)
Actor: Héctor Iván Perdomo Caviedes y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
3.2 Entidad a la que se le imputa el daño
La responsabilidad extracontractual por el daño causado al señor Daniel Fernando
Perdomo Caviedes es imputable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
desde el 28 de marzo de 200416 hasta el 29 de marzo de dicho año17, este último
día en forma proporcional, pues en dicha fecha el capturado pasó a disposición de
la Fiscalía General de Nación quien ordenó se le mantuviera detenido.
El tribunal de primera instancia le imputó a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional un mayor tiempo en la causación del daño por considerar que su actuación
fue determinante e indujo a que la fiscalía formalizara la privación de la libertad.
Sobre el particular, la Sala observa que los uniformados en ningún momento
presentaron, por ejemplo, pruebas espurias, ni tampoco se puede concluir que por
haber señalado que la captura había sido “administrativa” indujeron en error al ente
investigador, fue la fiscalía en forma autónoma quien declaró la legalidad de la
captura del actor y quien luego le impuso la medida de aseguramiento18.
3.3 Culpa exclusiva de la víctima
De conformidad con el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y lo señalado por la Corte
Constitucional en sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 201819 en el presente
caso no se evidenció conducta alguna del señor Daniel Fernando Perdomo
Caviedes digna de reproche y que además tuviera incidencia exclusiva en la
decisión de privarlo de su libertad.
16 Aunque la aprehensión del actor se produjo el día 27 de marzo de 2004, el tribunal de primera
instancia señaló que el daño y su indemnización sería desde el 28 de marzo de 2004, lo que se
mantiene para no afectar al único apelante.
17 El 29 de marzo de 2004, le es atribuible de manera proporcional puesto que de conformidad con
los hechos probados en esa fecha el actor estuvo detenido primero por parte de los miembros de la
SIJIN y luego pasó a manos de la Fiscalía General de la Nación.
18 El artículo 352 de la Ley 600 de 2000 disponía que el capturado debía ser puesto ante el
correspondiente funcionario judicial quien tendría 36 horas para legalizar su situación, contadas a
partir del momento en que tenga noticia la captura. De igual forma, la Ley 600 de 2000 disponía que
la etapa sumarial se encontraba a cargo de la fiscalía.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 2018, MP José Fernando Reyes Cuartas.
19
Expediente 41001-23-31-000-2008-00541-01 (55.841)
Actor: Héctor Iván Perdomo Caviedes y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
3.4 Determinación de los perjuicios y su reparación
Satisfechos los elementos requeridos para la declaratoria de responsabilidad
extracontractual de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional en relación
con la privación injusta de la libertad del señor Daniel Fernando Perdomo Caviedes
la Sala entrará a verificar la acreditación de los perjuicios reconocidos en primera
instancia.
3.4.1 Perjuicios morales
El Consejo de Estado en sentencia de unificación de jurisprudencia del 29 de
noviembre de 202120 manifestó que en casos de privación injusta de la libertad los
perjuicios morales se infieren para la víctima directa, su cónyuge, compañero o
compañera permanente y sus parientes en primer grado de consanguinidad siempre
y cuando acrediten la calidad con la cual concurren al proceso; la sentencia de igual
forma señaló que para los demás parientes de la persona que fue objeto de
privación debe acreditarse el padecimiento sufrido pues la prueba del parentesco
no es un indicio suficiente21.
De igual forma, en dicha providencia se establecieron unos criterios para el cálculo
de la indemnización22 según el tiempo de privación del afectado directo y se dispuso
lo siguiente:
“45.1.- Si la privación de la libertad tiene una duración igual o inferior a un
mes, una suma fija equivalente a cinco salarios mínimos legales
mensuales vigentes (5 SMLMV).
45.2.- Si la privación de la libertad tiene una duración superior a un mes:
a.- Por cada mes adicional transcurrido, sin importar el número de días
que tenga el mes, cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (5
SMLMV).
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de
unificación jurisprudencial del 29 de noviembre de 2021, expediente 46.681, MP Martín Bermúdez
Muñoz (E).
21 El magistrado ponente participó en la decisión y se apartó parcialmente de la misma por
considerar, entre otros aspectos, que la presunción del perjuicio moral no se debía limitar a la víctima
directa, su cónyuge, compañero o compañera permanente y parientes en primer grado de
consanguinidad sino que también esta debía ser extensiva a otros parientes que incluso pueden
sufrir incluso más que la persona que es objeto de privación; de igual forma, no compartió los criterios
de tasación de la sentencia que se realizaron para los parientes de la víctima directa; sin embargo,
por tratarse de una sentencia de unificación jurisprudencial el ponente la acata en cumplimiento del
artículo 10 de la Ley 1437 de 2011.
22 La sentencia definió la siguiente fórmula para determinar la cuantía por perjuicios morales: PM =
(número de meses x 5 SMLMV) + (fracción adicional de días x 0,166 SMLMV).
20
Expediente 41001-23-31-000-2008-00541-01 (55.841)
Actor: Héctor Iván Perdomo Caviedes y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
b.- Por cada día adicional al último mes transcurrido, una fracción
equivalente a 0,166 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la cual
se obtiene de dividir cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes
(5 SMLMV) por 30 días.
c.- La cuantía se incrementará hasta cien salarios mínimos legales
mensuales vigentes (100 SMLMV), indemnización que recibirá la víctima
directa cuando esté detenida por 20 meses o más tiempo, con el objeto
de mantener el tope máximo jurisprudencial, de acuerdo con la
jurisprudencia antes indicada.
En la sentencia se adujo que la indemnización no era igual para todos los
demandantes y, por tal motivo se dispuso que para los parientes en el primer grado
de consanguineidad, su cónyuge o su compañero o compañera permanente se les
podría otorgar hasta el cincuenta por ciento (50%) de lo reconocido a la víctima
directa; para los demás demandantes, cuando acrediten los perjuicios morales, el
tope máximo sería el treinta por ciento (30%) de lo reconocido al privado de la
libertad23.
Las reglas de la sentencia de unificación son de aplicación inmediata de manera
que al seguir las mismas se tiene que el señor Daniel Fernando Perdomo Caviedes
estuvo privado de su libertad del 28 de marzo al 3 de agosto del mismo año de
manera que le corresponde una indemnización de veintiuno punto dieciséis (21.16)
smlmv, de los cuales, en principio, la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
debía asumir la suma de cero punto diecisiete (0.17) smlmv.
Ahora bien, la Sala observa que entre la Fiscalía General de la Nación y la parte
actora existió una conciliación por una cifra superior a la que les hubiera
correspondido a los demandantes de manera por lo que existió una reparación
integral del daño y no puede reconocerse una mayor suma pues ello llevaría a
comportar un enriquecimiento sin justa causa para una de las partes y desconocería
las reglas establecidas por esta Corporación en la mencionada sentencia de
unificación dictada el 29 de noviembre de 2021.
23 Es de destacar que en la sentencia se estableció que las reglas allí contenidas debían aplicarse
en forma inmediata y sin reservas, lo que también incluía a las demandas presentadas antes del 28
de agosto de 2013. Para las demandas presentadas desde el 28 de agosto de 2013 y hasta la
expedición de la sentencia, si las partes no solicitaron pruebas para acreditar el perjuicio moral con
fundamento en que bastaba la prueba del parentesco para presumir el perjuicio moral, el juez puede
hacer uso de sus facultades oficiosas para que la prueba del perjuicio se allegue con el fin de
garantizar el debido proceso.
21
Expediente 41001-23-31-000-2008-00541-01 (55.841)
Actor: Héctor Iván Perdomo Caviedes y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
Luego entonces, en virtud de los demandantes, siguiendo las reglas de la sentencia
de unificación, ya fueron reparados en su integridad por los perjuicios morales se
revocará la sentencia de primera instancia en relación con la condena de la Nación-
Ministerio de Defensa-Policía Nacional por dicho perjuicio.
3.4.2 Lucro cesante
En lo que tiene que ver con la indemnización por lucro cesante, la Sala advierte que
el tribunal de primera instancia condenó en abstracto por considerar que si bien se
había acreditado que el señor Daniel Fernando Perdomo era agricultor no se podía
establecer cuál era el monto de los ingresos dejados de percibir por las cosechas
que dejó de atender mientras estuvo detenido.
Al respecto, la Sala observa que si bien al expediente se allegaron dos contratos
(uno de arrendamiento y otro de asociación)24 para la siembra de cultivos de arroz y
que según el testigo Jorge Eliecer Sánchez se encontraban vigentes al momento de
la detención del señor Daniel Fernando Perdomo25, los mismos no hacen referencia
a las utilidades que el demandante percibiría por los cultivos26; sin embargo, ello no
significa que no proceda la indemnización de perjuicios por concepto de lucro
cesante pues el demandante demostró que era agricultor27 por lo que se presume,
por razones de equidad, que percibía por lo menos la suma de un salario mínimo
legal mensual vigente28 sin reconocer el 25% de prestaciones sociales, pues no se
demostró que el actor ejerciera una actividad laboral dependiente. En ese sentido
por concepto de lucro cesante al actor le corresponde lo siguiente:
24
En el contrato del 6 de octubre de 2003 los señores Daniel Fernando Perdomo Caviedes y
Arismindy Fierro Toquita tomaron en arriendo seis hectáreas de propiedad del señor Jorge Eliecer
Sánchez para “la realización de cuatro cosechas de arroz” contadas a partir de principios de febrero
de 2004 (fls. 29 a 30 cdno. ppal.). En el contrato del 21 de febrero de 2003 los señores Reinaldo
Fierro Diaz y Daniel Fernando Perdomo Caviedes se asociaron para la siembra y recolección de una
cosecha de arroz (fl. 31 cdno. ppal.).
25 En declaración rendida al interior del presente proceso el testigo Jorge Eliécer Sánchez reconoció
el contrato de arrendamiento del 6 de octubre de 2003 y que en su concepto el aquí actor por el
tiempo total de su privación perdió “por ahí unos sesenta millones de pesos” (fls. 212 a 214 cdno.
ppal.).
26 Tampoco se probó que durante el tiempo en que el actor estuvo privado a cargo de la Nación-
Ministerio de Defensa-Policía Nacional aquel vio frustrada sus utilidades.
27 Aspecto que se encuentra probado con los testimonios de Reinaldo Rocha Chacón (fls. 205 a 207
cdno. ppal.), Nelly Ortiz Menza (fls. 207 a 210 cdno. ppal. y Luis Octavio Pastrana (fls. 2010 a 212
cdno. ppal.), así como en la resolución de preclusión de la investigación en la que se dijo que el actor
era agricultor.
28 Aunque los testigos dieron sumas diferentes sobre lo dejado de percibir por el actor, sus dichos
no son suficientes para tener por cierto que el actor ganaba más allá de la suma aquí reconocida.
22
Expediente 41001-23-31-000-2008-00541-01 (55.841)
Actor: Héctor Iván Perdomo Caviedes y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
S= Ra (1+i) n - 1 S= 1.000.000 (1+ 0,00467) 0.03 - 1 S= 29.929,41
i 0,00467
Donde:
S = Valor de indemnización por el período
Ra= Renta actualizada
I = Interés técnico del 0.00467
n = número de meses a indemnizar:0.03 meses29
1 = Constante
En consecuencia, se reconocerá a cargo de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional y a favor del demandante Daniel Fernando Perdomo Caviedes la suma de
veintinueve mil novecientos veintinueve pesos con cuarenta y un centavos
($29.929,41) por concepto de lucro cesante.
3.4.3 Daño emergente
El tribunal en primera instancia ordenó pagar la suma de $6.826.061 por concepto
de daño emergente consistente en los honorarios profesionales que el señor Daniel
Perdomo Caviedes pagó al abogado que intervino en su defensa del entonces
dentro del proceso penal.
Sobre el particular, la Sala revocará la condena en relación con la Nación-Ministerio
de Defensa-Policía Nacional por no haberse acreditado la existencia del perjuicio
en los términos de la sentencia de unificación del 18 de julio de 2019 de la Sección
Tercera del Consejo de Estado30 pues en el proceso no se allegó la factura o
documento equivalente que registre el valor de los honorarios31 y la prueba de su
pago en los términos de los artículos 615 y 617 del Estatuto Tributario, de allí a que
no se reconocerá monto alguno por ese concepto.
29 El demandante estuvo privado de la libertad durante dos días, el día 29 de marzo de 2004 estuvo
detenido en forma proporcional entre la fiscalía y la policía, de allí a que el cálculo por este día se
haga en forma proporcional. No se hace el cálculo frente al tiempo de la fiscalía porque lo referente
a dicha entidad fue conciliado y las partes aceptaron que se renunciaba a la indemnización que
podría corresponder a la fiscalía por concepto de lucro cesante.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 18 de
julio de 2019, expediente 44.572.
31 Si bien en el expediente se encuentra acreditada la gestión que realizó la defensa del aquí actor
en el proceso penal, para probar el monto de los perjuicios los actores tan solo allegaron el contrato
de mandato profesional (fl. 366 cdno. ppal.) que no cumple los criterios de la referida sentencia de
unificación.
23
Expediente 41001-23-31-000-2008-00541-01 (55.841)
Actor: Héctor Iván Perdomo Caviedes y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
3.4.4 Daño al buen nombre
La Sala ha considerado que la privación de la libertad por la supuesta comisión de
un hecho punible produce necesariamente una afectación al derecho al buen
nombre pues, la sola medida tiene potencialidad suficiente para generar descredito,
señalamiento o estigmatización.
En las investigaciones penales el principio de presunción de inocencia garantiza no
solo el derecho al debido proceso sino también la protección de otros derechos
fundamentales como la honra y el buen nombre, expresiones del principio de la
dignidad humana. De allí que en estos casos la reparación del buen nombre puede
ser muy relevante para la víctima, incluso más que la indemnización pecuniaria.
El buen nombre hace referencia a la buena opinión que se forma de una
determinada persona, con la privación de la libertad se envía un mensaje a la
sociedad que existen razones válidas para la detención de quien es objeto de una
investigación penal, esto significa que, según las reglas de la experiencia, una
restricción al derecho fundamental de libertad por la supuesta comisión de un hecho
punible produce necesariamente una afectación al derecho al buen nombre en el
seno de la familia y del círculo social o laboral del afectado, esto es, la sola medida
tiene la potencialidad suficiente para generar descrédito, señalamiento o
estigmatización y que por ser injusta la privación la víctima no tiene porqué soportar
la vulneración a su buen nombre; en este sentido no se podría exigir, en general,
una prueba específica porque dicha afectación se infiere de la privación de la
libertad, de allí que en estos casos la reparación del buen nombre puede ser muy
relevante para la víctima, incluso más que la indemnización pecuniaria.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en aquellos casos en los que se
evidencia que la víctima ha sido ilegal y arbitrariamente privada de su libertad ha
ordenado como garantía destinada a restituir el derecho al buen nombre, que se
24
Expediente 41001-23-31-000-2008-00541-01 (55.841)
Actor: Héctor Iván Perdomo Caviedes y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
hagan publicaciones en las que se indique que el afectado es ajeno a todos los
cargos que se le imputaron32.
En el asunto objeto de estudio, por evidenciarse la afectación al buen nombre del
señor Daniel Perdomo Caviedes es procedente reconocer la afectación relevante a
bienes derechos o derechos convencional y constitucionalmente amparados.
La Sala encuentra que la única forma de reparar este perjuicio es a través de la
rectificación como medida de reparación no pecuniaria y en tal sentido dispondrá
que la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional exprese disculpas al señor
Daniel Fernando Perdomo Caviedes por la privación injusta de la libertad de la que
fue objeto, mediante una misiva que le será dirigida.
Se ordenará, en consecuencia, a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
que emita un comunicado en el que se disculpe con la víctima por el perjuicio
causado y reconozca que él no era responsable del delito endilgado. De acuerdo
con el principio según el cual este tipo de reparaciones integrales debe concertarse
con la víctima, el demandante le informará a la demandada, dentro del mes
siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si dicho documento solamente le será
entregado en físico a él o sí, además, desea que se publique en las plataformas de
comunicación y difusión de la entidad, y a ello se procederá una vez así sea
comunicado. De no hacerse ninguna manifestación durante este lapso, se
entenderá que la víctima opta porque las disculpas se expresen de manera privada,
de manera que así se cumplirá de manera seguida.
4. Conclusión
En conclusión, hay lugar a declarar la responsabilidad de la Nación-Ministerio de
Defensa-Policía Nacional por la privación injusta de la libertad del señor Daniel
32 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador,
sentencia de 21 de noviembre de 2007. En esta oportunidad, la Corte Interamericana se ocupó de
decidir el caso de dos personas que habían sido investigadas y privadas ilegalmente de su libertad
por supuestamente pertenecer a una organización dedicada al tráfico internacional de narcóticos. La
detención de las víctimas fue ilegal y se prolongó injustificadamente. Aunque el Estado ecuatoriano
ordenó que se quitaran las publicaciones y registros que hacían alusión a los ilícitos por los cuales
las víctimas fueron investigadas, la Corte dispuso que si bien con ello se buscaba restituir del buen
nombre de los actores, como medida de reparación integral de las víctimas se debía realizar una
publicación en la cual se señalara específicamente que fueron ilegal y arbitrariamente privadas de
su libertad, lo anterior, con la finalidad de restituir el buen nombre y como garantías de no repetición.
25
Expediente 41001-23-31-000-2008-00541-01 (55.841)
Actor: Héctor Iván Perdomo Caviedes y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
Fernando Perdomo Caviedes conforme a las consideraciones expuestas en esta
providencia.
5. Costas
El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 dispone que se condenará en costas a la parte
que hubiere actuado en forma temeraria, en el presente caso la Sala no observa
comportamiento temerario en las actuaciones procesales de las partes dentro del
proceso, razón por la cual no se condenará en costas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:
1°) Modifícase la sentencia proferida el 11 de marzo de 2015 por el Tribunal
Administrativo del Huila con relación a la declaratoria de responsabilidad y condena
de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional la cual queda así:
PRIMERO: Declárase patrimonial y extracontractualmente responsable a
la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional por los daños
antijurídicos causados por la privación injusta de la libertad que padeció
el señor Daniel Fernando Perdomo Caviedes.
SEGUNDO: Como consecuencia, condénase a la Nación-Ministerio de
Defensa-Policía Nacional a pagar por concepto de perjuicio material por
lucro cesante la suma veintinueve mil novecientos veintinueve pesos con
cuarenta y un centavos ($29.929,41) a favor de Daniel Fernando Perdomo
Caviedes.
TERCERO: Ordénase a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
emitir un comunicado en el cual pida perdón por la afectación al buen
nombre del señor Daniel Fernando Perdomo Caviedes, en los términos
expuestos en esta providencia.
CUARTO: Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código
Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia
de segunda instancia.
SÉXTO: Sin condena en costas.
26
Expediente 41001-23-31-000-2008-00541-01 (55.841)
Actor: Héctor Iván Perdomo Caviedes y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
2°) Abstiénese de condenas en costas en esta instancia.
3º) En firme este fallo por Secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen
para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
(firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados
integrantes de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la
plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 del Decreto Legislativo 806 de 2020.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.