Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-31-000-2010-00013-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-31-000-2010-00013-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 41001-23-31-000-2010-00013-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
23 de noviembre de 2022
Radicado: 41001-23-31-000-2010-00013-01 (56096)
Demandante: María Cristina Espinoza Macías
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Reparación directa
Radicación: 41001-23-31-000-2010-00013-01 (56096)
Demandante: María Cristina Espinoza Macías
Demandado: Rama Judicial
Tema: Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por
prescripción de la acción penal. Se confirma la decisión de negar
las pretensiones de la demanda porque la parte actora no demostró
que la decisión de declarar la prescripción de la acción penal le
hubiese generado una pérdida de oportunidad.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede
la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra
la sentencia dictada el 16 de septiembre de 2015 por el Tribunal Administrativo
del Huila, Sala Segunda de Decisión Escritural, que negó las pretensiones de la
demanda.
La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso
de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra una sentencia
proferida en primera instancia por un tribunal dentro de un proceso de reparación
directa por hechos de la administración de justicia.
El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 14 de enero de 2016 1; se
corrió traslado para alegar de conclusión el 4 de febrero de 20162. Las partes
guardaron silencio y el Ministerio Público no rindió concepto.
I. ANTECEDENTES
A. Posición de la parte demandante
1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 11 de diciembre de
2009 por María Cristina Espinoza Macías. Se dirigió contra la Rama Judicial para
obtener la indemnización de los perjuicios sufridos por la demandante con la
1 Fl.883, c - 6
2 Fl. 885, c - 6.
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Radicado: 41001-23-31-000-2010-00013-01 (56096)
Demandante: María Cristina Espinoza Macías
providencia que declaró la prescripción de la acción penal en el proceso
adelantado contra Herney Ibarra Calderón por el delito de lesiones personales
culposas, lo que le impidió obtener la indemnización de los perjuicios civiles
causados a la demandante dentro del proceso penal.
2.- Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones:
2.1.- El 10 de marzo de 1999 se produjo un accidente de tránsito entre el
microbús en el cual viajaba la demandante y el tractocamión3 conducido por
Herney Ibarra Calderón. Debido al accidente, la demandante María Cristina
Espinoza Macías sufrió lesiones que le produjeron como secuelas una
deformidad física que afectó su rostro y perturbación funcional del órgano de la
fonación, ambas de carácter permanente.
2.2.- El 17 de junio de 1999 la Fiscalía admitió la demanda de constitución de
parte civil y vinculó al señor José Miller Calderón Yepes, propietario del tracto
camión involucrado en el accidente, como tercero civilmente responsable.
2.3.- El 18 de agosto de 1999 la Fiscalía Segunda Delegada ante los Juzgados
Penales Municipales de Gigante – Huila dictó medida de aseguramiento
consistente en caución contra Herney Ibarra Calderón.
2.4.- El 7 de febrero de 2002 la Fiscalía dictó resolución de acusación por el
delito de lesiones personales culposas contra Herney Ibarra Calderón, la cual fue
apelada por el defensor y confirmada el 14 de agosto de 2002 por la Fiscalía
delegada ante el Tribunal.
2.5.- El 21 de marzo de 2006 el Juzgado Penal Municipal de Gigante condenó a
Herney Ibarra Calderón a seis meses de prisión, al pago de una multa por valor
de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000) y de cuarenta salarios mínimos
legales mensuales vigentes (40 SMLMV) a título de perjuicios materiales y treinta
(30) SMLMV a título de perjuicios morales en solidaridad con el tercero civilmente
responsable. Esta sentencia fue apelada por la defensa y por la parte civil.
2.6.- El 27 de julio de 2006 el Juez Penal del Circuito de Garzón decretó la
nulidad de la sentencia por violación al debido proceso, porque los delitos fueron
imputados en concurso homogéneo y la sentencia apelada no tuvo en cuenta
dicha situación.
2.7.- El 4 de enero de 2007 el Juzgado Penal Municipal nuevamente profirió
sentencia en contra de Herney Ibarra Calderón. Lo condenó a seis meses de
prisión, al pago de una multa de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000) y al
pago de perjuicios materiales y morales, solidariamente con el propietario del
3 El vehículo que ocasionó el accidente era de propiedad de José Miller Calderón Yepes, quien fue vinculado
al proceso como tercero civilmente responsable.
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Radicado: 41001-23-31-000-2010-00013-01 (56096)
Demandante: María Cristina Espinoza Macías
vehículo por ochenta (80) SMLMV. Esta sentencia fue apelada y confirmada el
26 de marzo de 2007. Finalmente, el abogado de la defensa interpuso recurso
extraordinario de casación.
2.8.- El 20 de noviembre de 2007 la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia declaró prescrita la acción penal y civil a favor de Herney
Ibarra Calderón porque el delito de lesiones personales culposas tiene una pena
máxima de diez años y transcurrieron cinco años desde que se dictó la resolución
de acusación.
B. Posición de la entidad demandada
3.- La Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda. En su
contestación señaló que: (i) teniendo en cuenta la carga laboral y el mandato
constitucional, los despachos deben priorizar algunos asuntos como tutelas,
habeas corpus y controles de legalidad; (ii) los despachos que tuvieron
conocimiento del proceso administraron justicia y atendieron todas las
reclamaciones que se presentaron; (iii) afirmó que no hubo mora injustificada; y
(iv) no existió error judicial en las providencias porque no hubo errores
inexcusables, falta de valoración de pruebas, ni vías de hecho.
C. Sentencia recurrida
4.- En la sentencia del 16 de septiembre de 2015 el Tribunal Administrativo del
Huila, Sala Segunda de Decisión Escritural, negó las pretensiones de la demanda
porque no se demostró una pérdida de oportunidad, dado que: (i) para que el
perjuicio reclamado por la demandante María Cristina Espinoza Macías fuera
cierto, la demandante no debía contar con ningún otro mecanismo judicial para
lograr el resarcimiento del perjuicio, situación que no ocurrió, pues podía acudir
al proceso ordinario de responsabilidad civil; (ii) el daño estaba supeditado al
resultado del proceso penal. Si bien en el proceso penal se profirió sentencia
condenatoria en la primera y en la segunda instancia, el resultado del proceso
dependía de la prosperidad de los cargos formulados en casación.
D. Recurso de apelación
5.- La parte demandante solicita que se revoque integralmente el fallo de primera
instancia y, en su lugar, se concedan las pretensiones de la demanda porque: (i)
la providencia de la Corte Suprema de Justicia hizo tránsito a cosa juzgada, por
lo que posteriormente no podía proponer ninguna acción civil contra el procesado
ni contra el tercero civilmente responsable; y (ii) la Corte Suprema de Justicia no
solo declaró de manera expresa la prescripción de la acción penal, sino también
la de la acción civil.
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Radicado: 41001-23-31-000-2010-00013-01 (56096)
Demandante: María Cristina Espinoza Macías
II. CONSIDERACIONES
E. Asuntos procesales
6.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos
procesales para fallar y la demanda fue presentada dentro del término de dos
años previsto en el artículo 136 del C.C.A.: (i) la providencia que decretó la
prescripción de la acción penal y civil y, como consecuencia, el cese del
procedimiento penal, quedó ejecutoriada el 29 de noviembre de 20074; (ii) la
solicitud de conciliación se presentó el 15 de septiembre de 20095, la
conciliación se declaró fallida el 10 de diciembre de 20096, y (iii) la demanda se
interpuso en tiempo el 11 de diciembre de 2009.
F. Decisión
7.- La Sala confirmará la decisión de negar las pretensiones de la demanda
porque la parte actora no demostró que la prescripción de la acción penal
ordenada por la Corte Suprema de Justicia le hubiese causado la pérdida de la
oportunidad de haber obtenido la indemnización de los perjuicios solicitada
dentro del proceso penal.
8.- Es claro que la obligación de reparar los daños ocasionados por las lesiones
personales es de quien las ocasionó o del tercero civilmente responsable y que
el Estado no es garante de tal obligación. Por lo tanto, a la parte actora le incumbe
exponer y probar las afirmaciones que permiten concluir que la prescripción de la
acción penal le impidió recibir una indemnización que habría podido obtener si
ella no se hubiese declarado; le corresponde demostrar que tal declaración le
frustró definitivamente una expectativa cierta o grandes probabilidades de
certeza de obtener la reparación.
9.- La pérdida de oportunidad que debe demostrar el demandante debe reunir los
requisitos que la jurisprudencia ha señalado para que ésta sea indemnizable, esto
es, que sea cierta, que sea definitiva y que sea seria en el sentido de evidenciar
que en efecto la víctima obtendría una indemnización7.
4 De conformidad con la constancia de notificación personal del Juzgado Promiscuo Municipal de Gigante –
Huila.
5 Fl. 430, c – 2
6 Fl. 16, c- 1
7 La jurisprudencia ha señalado como requisitos de la pérdida de oportunidad (i) la certeza de la oportunidad
que se pierde; (ii) la imposibilidad definitiva de obtener el provecho o de evitar el detrimento; y (iii) la víctima
debe encontrarse en una situación potencialmente apta para pretender la obtención del resultado esperado,
es decir que debe analizarse si el afectado se encontraba en condiciones fácticas y jurídicas idóneas para
alcanzar el provecho por el cual propugnaba. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia
de 5 de abril de 2017, expe. 25706, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, reiterada en sentencia del 3 de abril de
2020, expe. 21554 del mismo ponente.
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Radicado: 41001-23-31-000-2010-00013-01 (56096)
Demandante: María Cristina Espinoza Macías
10.- En el presente caso, la demandante no demostró la pérdida definitiva de la
oportunidad porque la declaratoria de la prescripción de la acción penal no le
impedía obtener la indemnización del daño ante la jurisdicción civil. Por el
contrario, la demandante podía acudir a la jurisdicción ordinaria civil para solicitar
la respectiva indemnización de perjuicios por parte del tercero civilmente
responsable.
11.- En efecto:
11.1.- La prescripción de la acción penal no le impedía a la demandante iniciar
un proceso ordinario de responsabilidad civil contra el tercero civilmente
responsable, conforme con lo dispuesto en el artículo 98 del Código Penal 8. En
casos de accidentes de tránsito, la responsabilidad civil extracontractual del
propietario del vehículo y la empresa a la que está afiliado es directa9, por lo que
la acción para reclamar la indemnización de los daños causados por estos
terceros civilmente responsables ante la jurisdicción ordinaria civil se sujeta al
término ordinario de prescripción previsto en el artículo 2536 del Código Civil 10.
11.2.- Los hechos que dieron origen a los daños reclamados por la parte actora
ocurrieron el 10 de marzo de 1999. Para ese momento, la prescripción de la
8 Artículo 98 de la Ley 599 de 2000: <<La acción civil proveniente de la conducta punible, cuando se ejercita
dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en tiempo igual al de la
prescripción de la respectiva acción penal. En los demás casos, se aplicarán las normas pertinentes de la
legislación civil.>>
9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de diciembre de 2011. Radicado N.º
44001 31 03 001 2001 00050 01. M.P. Pedro Octavio Munar Cadena: <<Condición semejante, esto es, la
de guardián, deviene absolutamente procedente, entonces, que sea compartida entre la empresa de
transporte y los propietarios del automotor, hipótesis ante la cual, dada la solidaridad que surge para una y
otros, cualquiera puede ser involucrado en el proceso respectivo en función de la eventual responsabilidad
por los perjuicios generados; luego, en el asunto de esta especie, al margen del posible compromiso de los
titulares del dominio del bien con el que se generó el daño, en procura de su resarcimiento, la transportadora
estaba legitimada para ser llamada con miras de cubrir los perjuicios generados a los demandantes. Por
manera que, aún aceptando, en gracia de discusión, que los propietarios, (…) , tenían tal calidad, no por
ello, debía exonerarse a la sociedad Expreso Brasilia S.A., pues la fuente de su responsabilidad, itérase, no
puede hallarse exclusivamente en la titularidad del dominio en cabeza de otra persona, natural o jurídica,
sino en el vínculo del automotor a su objeto social; esto es, en el control que ejerce por razón de la
afiliación del vehículo>>.
10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 30 de junio de 2016, Radicado N.º 11001-
02-04-000-2016-00743-01, M.P. Ariel Salazar Ramírez: <<Y es que no puede confundirse el significado de
lo que el ordenamiento adjetivo penal considera como “terceros civilmente responsables”, con el de los
terceros responsables dentro del proceso civil, puesto que el término “terceros responsables” para cada uno
de esos ordenamientos tiene un significado y alcance distintos.
En efecto, para el ordenamiento penal, la noción “tercero civilmente responsable” hace alusión a la persona
que a pesar de no haber cometido la conducta punible está llamada, según la ley sustancial, a responder
con su patrimonio por los perjuicios irrogados con la realización del delito (art. 96 de la Ley 600 de 2000).
En cambio, la expresión “tercero responsable conforme a las disposiciones de este capítulo”, contenida en
el artículo 2.358 del Código Civil, se refiere al tipo de responsabilidad indirecta o proveniente del hecho de
un tercero, a diferencia de la que tiene una naturaleza directa o emana del hecho propio.
De suerte que para la doctrina civil el acto generado por quien frente a ley penal es considerado “un tercero”,
puede estar enmarcado en la responsabilidad directa o por el hecho propio, como en el caso de las personas
jurídicas que ejecutan su voluntad a través de sus agentes. De acuerdo con estas premisas, si un tercero
incurre en responsabilidad civil directa, la tesis evidentemente favorece a la víctima de los perjuicios
puesto que la prescripción que reglamenta esta acción es de diez años, y no la trienal a la que refiere
el artículo 2.358 ejusdem. Tal es la claridad del ordenamiento penal en el mencionado artículo 98 de su
legislación sustantiva, que en copiosa jurisprudencia, el máximo tribunal de esa jurisdicción, ha reiterado
que la pérdida de la potestad punitiva para investigar y juzgar al penalmente responsable, impide entrar a
definir aspectos propios de la justicia civil>>.
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Radicado: 41001-23-31-000-2010-00013-01 (56096)
Demandante: María Cristina Espinoza Macías
acción civil en cabeza de la demandante contra el tercero civilmente responsable
era de veinte años. Sin embargo, la Ley 791 de 2002 modificó el artículo 2536
del Código Civil y redujo el término de la prescripción ordinaria a diez años11. Por
lo tanto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 153 de 1887, el
beneficiario de la prescripción -que en este caso era el tercero civilmente
responsable- podía elegir que la prescripción se rigiera: (i) por el término original
de veinte años a partir de la ocurrencia del hecho o (ii) por el nuevo término de
diez años contados a partir de la entrada en vigencia de la ley, el 27 de diciembre
de 200212.
11.3.- Así las cosas, con independencia del término de prescripción que eligiese
el prescribiente, la demandante María Cristina Espinoza Macías pudo acudir ante
la justicia civil para obtener el resarcimiento de los perjuicios sufridos, por lo
menos, hasta el 27 de diciembre de 2012, tiempo después de la declaratoria de
la prescripción de la acción penal.
G. Costas
12.- En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar
de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado
por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2015
por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión Escritural, por
las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: SIN CONDENA en costas.
11 Artículo 2536 del Código Civil, modificado por el artículo 8 de la Ley 791 de 2002: <<La acción ejecutiva
se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10).
La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará
solamente otros cinco (5).
Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo
término.>>
12 Artículo 41 de la Ley 153 de 1887: <<La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se
hubiere completado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera o
la segunda, a voluntad del prescribiente; pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará a contarse
sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir>>.
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Radicado: 41001-23-31-000-2010-00013-01 (56096)
Demandante: María Cristina Espinoza Macías
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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