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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-31-000-2010-00577-03

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 41001-23-31-000-2010-00577-03

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Demanda ejecutiva
Radicación: 41001-23-31-000-2010-00577-03 (1090-2020)
Demandante: Humberto Palomino Suárez
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: proceso ejecutivo. Subtema 1: providencia judicial como título ejecutivo.
Subtema 2: ámbito de competencia del juez de segunda instancia en el trámite del
recurso de apelación. Subtema 3: excepción de pago. Subtema 4: determinación de
la primera mesada pensional y del capital insoluto.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP),
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Quinta de
Decisión, el 6 de diciembre de 2019, que declaró no probada la excepción de pago
total y ordenó seguir adelante con la ejecución.

1. Síntesis del caso

El señor Humberto Palomino Suárez presentó demanda ejecutiva con el propósito de
obtener el cumplimiento de la sentencia del 20 de agosto de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila, mediante la cual se ordenó reliquidar su pensión de
jubilación con la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados en el
último año de servicios, pagar las diferencias pensionales causadas entre el 14 de
mayo de 1994 y el 14 de mayo de 1999, así como las generadas con posterioridad al
16 de septiembre de 2007, debidamente indexadas, junto con los intereses
moratorios, al considerar que la UGPP no dio cumplimiento íntegro a las obligaciones
impuestas en dicha providencia.

Radicación: 41001-23-31-000-2010-00577-03 (1090-2020)
Demandante: Humberto Palomino Suárez
Demandada: UGPP

El Tribunal Administrativo del Huila rechazó por improcedente la excepción de
inexistencia de la obligación, declaró no probada la de pago total, decretó la de pago
parcial y ordenó seguir adelante con la ejecución por el saldo insoluto del retroactivo
pensional, las diferencias pensionales que continuaran causándose y los intereses
moratorios, al concluir que los pagos efectuados por la UGPP no satisfacían
íntegramente la condena impuesta en la sentencia que constituye el título ejecutivo.

La UGPP interpuso recurso de apelación al estimar que el tribunal liquidó
erróneamente el crédito, pues calculó de forma incorrecta la primera mesada
pensional correspondiente al año 1994 y, como consecuencia, la indexación y el
retroactivo pensional, lo que condujo a desconocer que los pagos efectuados por la
entidad eran superiores a los reconocidos en la sentencia apelada. Asimismo, sostuvo
que, para efectos del reconocimiento de los intereses moratorios, debía tenerse en
cuenta que el accionante no presentó, dentro de los dieciocho meses siguientes a la
ejecutoria de la providencia que constituye el título ejecutivo, la documentación
necesaria para su cumplimiento, conforme al artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo.

La Subsección modificará la sentencia de primera instancia, por cuanto la liquidación
realizada por el Tribunal Administrativo del Huila contiene errores en el cálculo de la
primera mesada pensional, con incidencia en la determinación del capital adeudado y
de los intereses moratorios, así como en la imputación de los pagos efectuados por la
UGPP.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Humberto Palomino Suárez, mediante apoderado, presentó demanda ejecutiva
el 2 de agosto de 20171, en contra de la UGPP, con el fin de que se librara
mandamiento de pago, en cumplimiento de la sentencia del 20 de agosto de 2014 del
Tribunal Administrativo del Huila, por los siguientes conceptos:

a. ORDENAR a la […] UGPP, liquidar y pagar la pensión de jubilación a […]
HUMBERTO PALOMINO SUAREZ […] a partir del 14 de mayo de 1994 y hasta el
14 de mayo de 1999, con fundamento en el 75% de la asignación básica mensual
más elevada devengada en el último año de servicio, esto es, del 01 de abril de
1991 al 31 de marzo de 1992, con la inclusión de todos y cada uno de los factores
salariales percibidos durante el mismo periodo que según certificación de servicios
fueron: asignación básica mensual, bonificación por servicios prestados, prima de
servicios, prima de navidad, prima de vacaciones y prima de antigüedad.

b. ORDENAR a la Demandada […] RELIQUIDAR y pagar las diferencias pensionales
de jubilación […] causadas con posterioridad al 16 de septiembre de 2007 y hasta
la fecha efectiva del pago.

1 Expediente físico, folios 1 a 5.

2

Radicación: 41001-23-31-000-2010-00577-03 (1090-2020)
Demandante: Humberto Palomino Suárez
Demandada: UGPP

c. ORDENAR a la demandada […] cancelar las diferencias pensionales causadas
desde el 14 de mayo de 1994 en adelante y hasta que se haga efectivo el pago,
en favor de HUMBERTO PALOMINO SUAREZ (como quiera que no ha dado
cumplimiento al fallo judicial) conforme a lo ordenado en la sentencia del 20 de
agosto de 2014 […].

d. ORDENAR a la ejecutada […] cancelar los valores resultantes debidamente
indexados con base en el IPC, según lo dispone el artículo 178 del C.C.A. y a lo
ordenado en la sentencia del 20 de agosto de 2014, proferida dentro de la Acción
de Nulidad y Restablecimiento del Derecho propuesta por HUMBERTO
PALOMINO SUAREZ en contra de la hoy ejecutada, desde el 14 de mayo de 1994
en adelante y […] hasta que se efectivo el pago.

e. ORDENAR a la […] UGPP, cancelar las sumas que resulten por concepto de
intereses moratorios y que corresponden a los valores adeudados a favor del
ejecutante y liquidados a partir del día siguiente a la fecha de ejecutoria de la
sentencia judicial de 20 de agosto de 2014 y hasta el día en que se haga efectivo
el pago […].

f. DISPONER el descuento de los aportes correspondientes a los factores salariales
cuya inclusión se ordena y sobre los cuales no se haya efectuado la deducción
legal.

g. Por las Agencias en Derecho y Costas que se generen con ocasión de la presente
ejecución.

2.2. Trámite procesal en primera instancia

2. El Tribunal Administrativo del Huila, Sala Quinta de Decisión, libró
mandamiento de pago en auto del 13 de octubre de 20172, por las siguientes sumas:

a) […] $100.578.290 […] correspondiente a las mesadas pensionales causadas entre
el 14 de mayo de 1994 y el 14 de mayo de 1999, más la correspondiente indexación,
menos los aportes de salud a cargo del pensionado, conforme lo establece el literal b)
del numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia del 20 de agosto de 2014,
proferida por esta Corporación.

b) […] $43.687.805 […], correspondiente a las diferencias de las mesadas pensionales
causadas entre el 16 de septiembre de 2007 y el 29 de agosto de 2014, fecha de la
ejecutoria de la sentencia adiada el 20 de agosto de 2014, más la correspondiente
indexación, menos los aportes de salud a cargo del pensionado, conforme lo establece
el literal d) del numeral quinto de la misma providencia.

c) […] $19.906.735 […], correspondiente a las diferencias de las mesadas pensionales
causadas entre el 30 de agosto de 2014 y el 31 de julio de 2017, menos los aportes
de salud a cargo del pensionado.

d) […] $78.387.210 […], correspondiente a los intereses netos causados desde el 30

2 Expediente físico, folios 65 a 67.

3

Radicación: 41001-23-31-000-2010-00577-03 (1090-2020)
Demandante: Humberto Palomino Suárez
Demandada: UGPP

de agosto de 2014, día siguiente a la ejecutoria de la sentencia, hasta el 31 de julio de
2017.

e) Por las costas que se causen dentro del trámite del presente proceso ejecutivo.

2.3. Contestación de la demanda

3. La UGPP3, a través de apoderado, propuso las siguientes excepciones:

4. Excepción que denominó inexistencia de la obligación demandada, al sostener
que, en acatamiento de la sentencia que sirve de título ejecutivo, expidió las
resoluciones RDP 018928, RDP 029561, RDP 034419 y RDP 0380124, mediante las
cuales reliquidó el derecho pensional del demandante conforme a los parámetros
fijados en el fallo objeto de recaudo, realizó la correspondiente liquidación del crédito
y efectuó el pago de las sumas reconocidas, por lo que la obligación fue satisfecha y,
por lo tanto, se encuentra extinguida.

5. Excepción de pago total de la obligación, ya que dio cumplimiento integral a la
sentencia objeto de recaudo mediante la expedición de los aludidos actos
administrativos que ordenaron el reajuste pensional y el reconocimiento de las sumas
adeudadas, las cuales fueron efectivamente pagadas e incluidas en la nómina del
demandante; por ende, la obligación reclamada quedó totalmente satisfecha.

6. Excepción de prescripción, respecto de la cual arguyó que la acción ejecutiva
se encuentra prescrita conforme al artículo 2536 del Código Civil, puesto que fue
promovida una vez transcurrió el término legal para exigir ejecutivamente el
cumplimiento de la obligación.

7. Mediante auto del 5 de julio de 2018, el Tribunal Administrativo del Huila
dispuso correr traslado de las excepciones propuestas5, frente a lo cual el ejecutante
solicitó declararlas no probadas6.

8. Argumentó que para la fecha en que se libró el mandamiento de pago, la
demandada no había dado cumplimiento a la sentencia que comporta el título
ejecutivo y, aunque con posterioridad expidió las resoluciones RDP 018928, RDP
029561, RDP 034419 y RDP 038012, estos actos no acreditan el pago íntegro de la
condena, pues desconocieron los términos fijados en el fallo, aplicaron indebidamente
la prescripción trienal al establecer efectos fiscales desde el 16 de septiembre de 2007
y liquidaron la pensión en una cuantía distinta de la ordenada judicialmente; razones
por las cuales la obligación reclamada permanecía insoluta.

3 Expediente físico, folios 84 a 86.
4 Respecto de las cuales no especificó sus fechas.
5 Expediente físico, folio 136.
6 Expediente físico, folios 141 y 142.

4

Radicación: 41001-23-31-000-2010-00577-03 (1090-2020)
Demandante: Humberto Palomino Suárez
Demandada: UGPP

2.4. Sentencia de primera instancia

9. El Tribunal Administrativo del Huila, Sala Quinta de Decisión, en la sentencia
del 6 de diciembre de 20197, resolvió:

PRIMERO: RECHAZAR por improcedentes la excepción de “Inexistencia de la
obligación” y; DECLARAR no probada la de “pago total”, de conformidad con lo
señalado en la parte considerativa.

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de pago parcial, en virtud del abono
realizado por la entidad demandada, en los términos expuestos.

TERCERO: SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN a favor del señor Humberto
Palomino Suarez [sic] y en contra de la UGPP por las sumas originadas en virtud de
la orden impuesta en la sentencia del 20 de agosto de 2014 proferida por la Sala Quinta
de Decisión de esta Corporación:

a) Por la suma de $107.532.390 por concepto de la diferencia dejada de cancelar
derivada del retroactivo pensional liquidado desde el 14 de mayo 1994 al 13 de mayo
de 1999 y del 16 de septiembre de 2007 hasta el 30 de septiembre de 2017.

b) Por las diferencias en las mesadas pensionales que se sigan causando desde el 1
de octubre de 2017 y hasta cuando la entidad ejecutada cancele el valor de la mesada
pensional reajustada conforme al título ejecutivo.

c) Por lo intereses moratorios causados desde el 1 de octubre de 2017 hasta el pago
de la obligación, teniendo en cuenta un capital del $107.532.390, más el que se origine
del retroactivo liquidado desde la misma fecha hasta el pago del mismo.

CUARTO: De efectuar algún pago parcial compútese el mismo en la forma prevista en
el artículo 1653 del CC.
[…]

SEXTO: Condenar en costas a la UGPP por lo tanto se fijan como agencias en derecho
en esta instancia, por la suma de UN (1) SMLMV y a favor de la parte ejecutante.

10. El tribunal rechazó por improcedente la excepción de inexistencia de la
obligación, al considerar que, conforme al numeral 2 del artículo 442 del Código
General del Proceso, dicho medio exceptivo no procedía en los procesos ejecutivos
fundados en providencias judiciales.

11. En cuanto a la excepción de pago total, determinó el capital causado antes de
la ejecutoria de la sentencia objeto de ejecución (por valor de $ $174.134.042, una
vez descontado el 12 % por aportes a salud8) y el generado con posterioridad hasta

7 Expediente físico, acta obrante en los folios 168 a 180.
8 Resultado de liquidar «la pensión desde el 14 de mayo de 1994 hasta el 13 de mayo de 1999 como lo ordenó el

fallo y luego, por efectos de la prescripción, se [computan] las diferencias causadas desde el 16 de septiembre de
2007 hasta el 20 de septiembre de 2016, indexando las sumas mes a mes hasta esa última fecha (ejecutoria de
sentencia), utilizando un IPC final de 132,77698%, dando como resultado el valor de $197.879.594, conforme

5

Radicación: 41001-23-31-000-2010-00577-03 (1090-2020)
Demandante: Humberto Palomino Suárez
Demandada: UGPP

la inclusión del reajuste en nómina9, esto es, al 30 de septiembre de 2017 (por la suma
de $ 7.237.156, luego de restar las cotizaciones a salud), por concepto de retroactivo
pensional, con el fin de establecer que el monto efectivamente adeudado, ascendía a
$ 181.371.198.

12. Asimismo, liquidó los intereses moratorios desde el 21 de septiembre de 2016
(día siguiente a la ejecutoria del fallo base de recaudo) hasta el 30 de septiembre de
2017, al estimar que la solicitud de pago se presentó dentro de los seis meses
siguientes a la ejecutoria de dicha providencia, que ascendían a $ 51.340.565, pero
como la UGPP había pagado $ 125.179.373, en virtud de las resoluciones 18928 del
9 de mayo y 34419 del 4 de septiembre de 2017, esa suma la imputó primero a
intereses (por $ 51.340.565) y luego a capital (por $ 73.838.808), conforme al artículo
1653 del Código Civil, por lo que la entidad adeudaba $ 107.532.390 por concepto de
capital, el cual generaba intereses.

13. En consecuencia, concluyó que no prosperaba la excepción de pago total y
había lugar a declarar probada la de pago parcial, ordenar seguir adelante con la
ejecución por el saldo insoluto ($ 107.532.390), las diferencias pensionales que se
continuaran causándose desde el 1.° de octubre de 2017 y los intereses moratorios
correspondientes sobre el capital de $ 107.532.390 más el retroactivo que se originara
desde esta última fecha, y condenar en costas a la entidad ejecutada.

14. De la liquidación realizada por el tribunal, que se anexó al fallo objeto de
apelación, se observa que se tomó una mesada pensional para el año 1994 de $
329.632 —señalada al librar mandamiento de pago—, que actualizada ascendía al
valor de $ 1.789.370, a partir de lo cual se calcularon las diferencias pensionales
indexadas del 14 de mayo de 1994 al 13 de mayo de 1999 y del 16 de septiembre de
2007 al 20 de septiembre de 2016, para un total de $ 197.879.594 (sin descuentos por
salud), y se liquidaron las causadas entre el 21 de septiembre de 2016 y el 30 de
septiembre de 2017 (un día antes de la inclusión en nómina del retroactivo), en $
8.224.041.

15. De igual modo, se establecen los intereses moratorios del 21 de septiembre de
2016 al 30 de junio de 2017 (mes anterior al abono realizado en virtud de la Resolución
RDP 18928 del 9 de mayo de 2017), sobre un capital de $ 181.371.198, y luego sobre
$ 152.042.878, calculados del 1.° de julio al 30 de septiembre de 2017, que sumados
dan un total de $ 51.340.565,31.

2.5. Recurso de apelación

16. La UGPP, mediante su apoderado, interpuso recurso de apelación10 para que
se revocara la sentencia de primera instancia y se declarara probada la excepción de
pago total de la obligación, cuya sustentación se realizó en el curso de la audiencia

liquidación que se pone de presente a las partes y se anexa al proceso.(ANEXO 1), liquidación que tomó los valores
que había reconocido la entidad ejecutada antes de proferirse el fallo, esto es desde el año 2000 el valor de
$630.958 como mesada pensional (fl. 129), con el fin de establecer el total del capital que se debió reconocer».
9 Por $ 8.224.041.
10 Expediente físico, CD obrante en folio 164, minuto 55:42.

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Radicación: 41001-23-31-000-2010-00577-03 (1090-2020)
Demandante: Humberto Palomino Suárez
Demandada: UGPP

inicial y, pese a lo confusa, se resume en los siguientes argumentos.

17. Arguyó que la liquidación realizada por el tribunal contenía diferencias respecto
de la indexación ordenada en la sentencia base de recaudo, puesto que al incurrir en
un error aritmético al calcular la mesada en el año 1994 por valor de $ 329.632, la
consecuente actualización conforme al IPC11 hasta la fecha en que fue declarada la
prescripción de las mesadas pensionales (16 de septiembre de 2007) también
resultaba errónea, al establecer el valor de la mesada en $ 1.357.729, cuando debía
ser del $ 972.632 (como la entidad lo reconoció), lo que afectaba el cálculo posterior
que realizó esa corporación y, por ende, de acuerdo con las liquidaciones aportadas
por la entidad, los pagos efectuados fueron superiores a los determinados por esa
corporación.

18. Agregó que la parte demandante no aportó los documentos para el
cumplimiento del fallo objeto de ejecución dentro de los dieciocho (18) meses
siguientes a su ejecutoria, conforme al artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo (CCA).

2.6. Trámite procesal en segunda instancia

19. Mediante auto del 17 de marzo de 202212, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA), sin la modificación introducida por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

20. A través de proveído del 4 de agosto de 202213, se concedió el término para
que las partes y el procurador delegado presentaran sus escritos de alegatos de
conclusión.

21. La demandada reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación,
en sentido de que el tribunal incurrió en un error al liquidar el crédito con fundamento
en una mesada pensional inicial de $ 329.632 para el año 1994 y proyectar su
indexación hasta la fecha de la prescripción y, posteriormente, para calcular el
retroactivo pensional. Añadió que esa operación desconocía los factores salariales
realmente acreditados en el expediente y, en particular, el valor de la asignación
básica certificado para el último año de servicios, lo que incidía en la determinación
del salario base, del monto de la mesada reliquidada y, por consiguiente, de las
diferencias pensionales reconocidas en la sentencia.

22. Insistió en que la liquidación elaborada por la entidad se ajustaba al título
ejecutivo y el pago parcial reconocido por el tribunal era inferior al efectivamente
realizado14.

11 Índice de precios al consumidor.
12 Samai, índice 9.
13 Samai, índice 17.
14 Samai, índice 23.

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Radicación: 41001-23-31-000-2010-00577-03 (1090-2020)
Demandante: Humberto Palomino Suárez
Demandada: UGPP

23. Por medio de escrito de complementación a los alegatos de conclusión, la
UGPP informó que expidió la Resolución RDP 12209 del 16 de mayo de 2022, por la
cual realizó un nuevo estudio del cumplimiento de la sentencia objeto de ejecución,
reconoció los intereses moratorios y concluyó que había satisfecho íntegramente la
obligación, por lo que solicitó revocar la decisión apelada, declarar probada la
excepción de pago total y dar por terminado el proceso15.

24. El demandante y el Ministerio Público no emitieron pronunciamiento.

25. Con auto del 13 de junio de 202416, se ordenó requerir a la UGPP para que
aportara el respectivo soporte que acreditara la fecha y cuantía del pago efectuado en
virtud de la Resolución RDP 12209 del 16 de mayo de 2022, mediante la cual, afirmó,
haber liquidado los intereses moratorios reconocidos al ejecutante; y de existir otro
acto administrativo posterior, también remitirlo.

26. La demandada, mediante memorial radicado el 29 de julio de 202417, allegó
copia de la Resolución RDP 12209 del 16 de mayo de 2022, por la cual se modificó la
Resolución RDP 18928 del 9 de mayo de 2017 y se reconoció la suma de $
27.528.456,60 por concepto de intereses moratorios; y de la orden de pago
presupuestal de gastos por dicho monto, cuyo límite de pago era el 27 de diciembre
de 2023 con destino a una cuenta de ahorros a favor del señor Humberto Palomino
Suárez.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

27. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problemas jurídicos

28. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia y en razón a la competencia del juez de segunda instancia,
de conformidad con el artículo 32818 del Código General del Proceso (CGP),

15 Samai, índice 22.
16 Samai, índice 27.
17 Samai, índice 33.
18 Código General del Proceso, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá

pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la
sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación
de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».

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Demandante: Humberto Palomino Suárez
Demandada: UGPP

corresponde a la Sala definir si:

29. ¿El tribunal liquidó correctamente la obligación principal, con sujeción a los
parámetros fijados en el título ejecutivo, en particular en lo concerniente al valor de la
primera mesada pensional y a la correspondiente indexación?

30. ¿Para efectos del cálculo de los intereses moratorios, el tribunal debió verificar
si el ejecutante presentó la solicitud de cumplimiento de la sentencia que constituye el
título ejecutivo, con la documentación requerida, dentro de los dieciocho (18) meses
siguientes a su ejecutoria?

31. Para resolver los anteriores interrogantes, la Sala abordará los siguientes
temas: (i) disposiciones generales sobre el recurso de apelación; (ii) ámbito de
competencia del juez de segunda instancia en el trámite del recurso de apelación, (iii)
formulación de excepciones cuando se trata de cobro de obligaciones contenidas en
una providencia judicial, (iv) la carga probatoria en los procesos ejecutivos y la
excepción de pago. A partir de las anteriores consideraciones, (v) se destacarán los
hechos probados relevantes y (vi) en el acápite del caso concreto se resolverán los
problemas jurídicos planteados.

3.3. Disposiciones generales sobre el recurso de apelación

32. El CGP establece en su artículo 320 que «el objeto del recurso de apelación es
que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos
concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la
decisión».

33. Por su parte, el artículo 322 del mismo código dispone que «cuando se trate de
apelación de sentencia, el apelante al interponer el recurso en audiencia, si hubiere
sido proferida en ella o dentro de los tres días siguientes a su finalización o a la
notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deberá precisar
brevemente los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará
la sustentación que hará ante el superior».

34. Ahora bien, para que se cumpla la finalidad del recurso de apelación, es
necesario que el recurrente supla la carga procesal de argumentar los motivos de
inconformidad con la decisión que está impugnando, los cuales analizará el juez de
segunda instancia para determinar la legalidad de esta y decidir si la confirma, revoca
o modifica.

35. En ese sentido, esta corporación ha señalado que «la sustentación es la
oportunidad o el medio para que la recurrente manifieste los motivos de inconformidad
con la decisión, pero en los aspectos que fundamentaron su posición, como
demandante o demandada, en el debate judicial, y sobre los cuales el a quo se

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Radicación: 41001-23-31-000-2010-00577-03 (1090-2020)
Demandante: Humberto Palomino Suárez
Demandada: UGPP

pronunció de manera adversa o simplemente no se pronunció»19.

36. Igualmente, se ha estimado que «la debida sustentación del recurso materializa
el debido proceso, teniendo en cuenta que la decisión que debe adoptar el tribunal de
instancia, necesariamente, debe guardar congruencia con lo resuelto por el juez de
primera instancia, razón por la cual los argumentos que se presenten en el recurso de
apelación son los que eventualmente darán lugar a que la providencia sea confirmada,
revocada o modificada, según el caso»20. Tal y como lo precisó la Corte Constitucional
en la sentencia SU-418 de 2019:

La apelación no debe convertirse en el instrumento a través del cual se pretende probar
suerte ante el juez superior, sino que solo debería acudirse a ella en aquellos
supuestos en los que existan elementos sólidos que den cuenta de que el juzgado de
primera instancia incurrió en una equivocación. Eso explica por qué se exige que la
apelación deba ser sustentada

37. Esta exigencia de sustentación deviene del contenido del artículo 328 del CGP
que, como quedó visto, limita la competencia del juez de segunda instancia para
resolver el recurso. Ello, porque no le corresponde al fallador asumir cargas ni
tampoco interpretar el querer de las partes, ni mucho menos ajustar los argumentos
para poder efectuar el análisis de la providencia recurrida. Quien controvierte una
decisión debe poner en conocimiento del juez las razones que, en su criterio, la dejan
sin fundamento; debe controvertir los fundamentos de hecho y de derecho que le
sirvieron de sustento, no solo porque la decisión fue contraria a sus intereses sino
porque existe una razón válida que le hace concluir que lo decidido no fue acertado al
no corresponder a la realidad procesal.

3.4. Ámbito de competencia del juez de segunda instancia en el trámite del
recurso de apelación

38. El artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA,
limita el pronunciamiento del juez de segunda instancia «solamente a los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio,
en los casos que establece la ley».

39. Así las cosas, la competencia en esta instancia queda demarcada por los
reparos concretos que el apelante expone en el recurso contra la providencia que
considera adversa. Así, se ha precisado que «el marco conformado por la providencia
y el recurso de apelación es el parámetro que limita la decisión judicial de segunda
instancia y, en esa medida, el superior no tiene la libertad de suponer otros motivos
que a su juicio debieron ser invocados en contra de lo resuelto»21.

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, providencia del 4 de marzo de 2010,

proceso con radicado 25000-23-27-000-1999-00875-01(15328).
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25

de marzo de 2021, proceso con radicado 76001-23-33-000-2016-01266-01 (5266-2018).
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, providencia del 25

de julio de 2024, proceso con radicado 05001-23-33-000-2018-00159-02 (3607-2022).

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Radicación: 41001-23-31-000-2010-00577-03 (1090-2020)
Demandante: Humberto Palomino Suárez
Demandada: UGPP

3.5. Formulación de excepciones cuando se trata de cobro de obligaciones
contenidas en una providencia judicial

40. La formulación de excepciones debe someterse a las reglas previstas en el
artículo 442 del CGP, que en su numeral 2 establece: «cuando se trata de cobro de
obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por
quien ejerza función jurisdiccional, solamente podrán alegarse las excepciones de
pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción,
siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad
por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de
la cosa debida».

41. En consecuencia, las únicas excepciones que pueden proponerse cuando el
título ejecutivo lo constituye una sentencia judicial, son las enunciadas en la norma
citada.

3.6. La carga probatoria en los procesos ejecutivos y la excepción de pago.
Reiteración jurisprudencial22

42. Sea lo primero precisar que, de conformidad con el numeral 1 del artículo 1625
del Código Civil (CC), el pago es una forma de extinción de las obligaciones, al
preceptuar:

Artículo 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes
interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla
por nula.

Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte:

1° Por la solución o pago efectivo;
[...]

43. La anterior disposición normativa en armonía con los artículos 1626 y 1627 del
CC, los cuales, en su orden, prevén que el pago efectivo «es la prestación de lo que
se debe» y este se hará «bajo todos los respectos en conformidad al tenor de la
obligación, sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes»;
además de que el artículo 1649 del mismo código establece que «El pago total de la
deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se deban».

44. De tales normas se colige que la obligación se extinguirá únicamente cuando
se cumpla en su integridad, es decir, cuando se pague al acreedor no solo el capital,
sino también los intereses cuando exista retardo, por lo que el deudor deberá acreditar
ante el juez el documento que evidencie, sin ningún atisbo de duda, la entrega del
correspondiente dinero al acreedor, de conformidad con el artículo 1757 del CC, según
el cual «Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta».

22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de mayo de 2024, proceso con radicado

25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230-2022).

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Radicación: 41001-23-31-000-2010-00577-03 (1090-2020)
Demandante: Humberto Palomino Suárez
Demandada: UGPP

Sobre el particular, en la sentencia del 30 de mayo de 2024 23, esta Subsección
sostuvo:

89. De esa manera, la carga probatoria para acreditar el cumplimiento de la obligación
recae exclusivamente en la parte ejecutada, pues los artículos 103 del CPACA y 167
del Código General del Proceso, establecen que «[q]uien acuda ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional obligación
de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código» y,
también que «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen».

90. Asimismo, la doctrina24 ha señalado que, en los procesos ejecutivos, «[a]l
demandado le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de supuesto a
las normas legales en que fundamenta sus excepciones», consideración que
encuentra razón, precisamente, en el artículo 1757 del Código Civil, conforme con el
cual «[i]ncumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta».

45. Ahora bien, en torno a la orden de seguir adelante con la ejecución, en la
precitada providencia esta Sala reiteró:

93. Entonces, la naturaleza de esta decisión se circunscribe a verificar que el título
ejecutivo se ajuste a la legalidad y a determinar si subsiste o no la obligación a cargo
del deudor; es en la etapa siguiente, esto es la liquidación del crédito, que se
determinará con exactitud el monto de la deuda y se podrán tener en cuenta los
abonos o pagos efectuados. Así lo comprendió la Corte Constitucional25 cuando
indicó que, en ese momento procesal «(i) ya se ha proferido un mandamiento de pago
en el que se ha señalado la suma adeudada; (ii) ya existe una sentencia en firme que
decide en el fondo sobre la existencia de dicha obligación y el momento desde cuando
se hizo exigible; y (iii) también está plenamente establecido el monto de la deuda en
la unidad monetaria en la que fue contraída dicha obligación. Así las cosas, las
operaciones que restan para liquidar el crédito son la determinación del monto a pagar
en moneda nacional, si es el caso, y el cálculo del valor de los intereses, que se
establece a partir del tiempo trascurrido desde que la obligación se hizo exigible [...]»
[se resalta].

94. Igualmente, esta Subsección ha señalado que la liquidación del crédito «es un acto
procesal encaminado a precisar y concretar el valor de la ejecución, con la previa
realización de las operaciones matemáticas que se requieran e incluyendo los distintos
ítems o componentes por los cuales se libró el mandamiento de pago y luego se ordenó
seguir adelante con la ejecución -capital, intereses, costas, etc.-»; también se
puntualizó que en esta oportunidad «deberá incluirse cualquier abono o pago
parcial que haya sido efectuado por el deudor luego de ser notificado del mandamiento
ejecutivo»26.

95. Esto, en consonancia con lo expuesto en párrafos anteriores: las excepciones

23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de mayo de 2024, proceso con radicado

25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230-2022).
24 Devis Echandía Hernando. Teoría general de la prueba judicial, Tomo II, Ed. 5ª, Temis, pág. 482.
25 Sentencia C-814 de 2009.
26 Óp. Cit. 14.

12

Radicación: 41001-23-31-000-2010-00577-03 (1090-2020)
Demandante: Humberto Palomino Suárez
Demandada: UGPP

señaladas en el artículo 442 del CGP solo se alegarán cuando se trate de hechos
posteriores a la sentencia condenatoria pero antes de que se profiera el mandamiento
ejecutivo. Si el acto administrativo y la liquidación se expiden después de este
momento procesal, se tendrá como el cumplimiento a aquel [el mandamiento] y, por
consiguiente, como un abono a la deuda que deberá ser tenida en cuenta al momento
de liquidar el crédito.

96. El artículo 446 del estatuto procesal general prevé que, después de seguir adelante
con la ejecución, «cualquiera de las partes» podrá presentar la liquidación del crédito
con los documentos que la sustenten y, de esta, se dará traslado a la otra parte, quien
«solo podrá formular objeciones relativas al estado de cuenta, para cuyo trámite
deberá acompañar, so pena de rechazo, una liquidación alternativa en la que se
precisen los errores puntuales que le atribuye a la liquidación objetada», disposición
que, sin asomo de duda, garantiza los derechos al debido proceso de las partes, pues,
si es del caso, la entidad podrá objetar los cálculos del demandante, en el sentido de
descontar los abonos que hubiera efectuado.

97. Incluso, esa garantía se extiende en la etapa que le sigue, pues el artículo citado
también dispuso que de la misma manera se procederá cuando se trate de actualizarla
en los casos previstos en la ley, «para lo cual se tomará como base la liquidación que
esté en firme».

98. Las consideraciones anotadas anteriormente permiten corroborar que (i) la
excepción de pago procederá cuando la obligación se cumplió después de haberse
proferido la sentencia objeto de recaudo y antes de la presentación de la demanda; (ii)
cuando se trate de pagos realizados después de esa etapa procesal, se deberá tomar
como un abono; y (iii) nada impide que en la liquidación del crédito se puedan efectuar
los descuentos correspondientes [por pagos parciales].

46. En este orden de ideas, la excepción de pago solo tendrá prosperidad en la
medida que se haya demostrado fehacientemente el pago de la obligación dineraria
por parte del deudor, por lo que, de no acreditarse su satisfacción total, se ordenará,
al momento de desestimar dicho medio exceptivo, seguir adelante con la ejecución,
para que en la etapa de liquidación del crédito se determinen los abonos realizados
durante el trámite ejecutivo y el valor del saldo insoluto.

3.7. Hechos probados relevantes

47. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos relevantes,
según se muestra a continuación:

48. Mediante la sentencia del 20 de agosto de 2014, el Tribunal Administrativo del
Huila, Sala Quinta de Decisión Escritural27, impuso las siguientes condenas:

QUINTO: A título de restablecimiento del derecho se ordena a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
UGPP:

27 Expediente físico, folios 15 a 31.

13

Radicación: 41001-23-31-000-2010-00577-03 (1090-2020)
Demandante: Humberto Palomino Suárez
Demandada: UGPP

a) RECONOCER la pensión de jubilación del señor HUMBERTO PALOMINO SUÁREZ
con el equivalente al 75% del salario promedio devengado en el último año de servicio
anterior a la consolidación de su status de pensionado (1° de abril de 1991 al 31 de
marzo de 1992), con la inclusión de todos los factores salariales que devengó en el
mismo período, previa deducción de los aportes que por ley deban efectuarse,
conforme se especificó en la parte motiva de este fallo, desde el 14 de mayo de 1994.

b) PAGAR al señor HUMBERTO PALOMINO SUÁREZ las mesadas pensionales
correspondientes al período del 14 de mayo de 1994 al 14 de mayo de 1999
debidamente indexadas, previa deducción de los descuentos de ley, conforme lo
establecido en la parte considerativa de esta sentencia.

c) RELIQUIDAR la pensión de jubilación del actor, a partir del 14 de mayo de 1999
con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de
servicio.

d) PAGAR la diferencia que resulte entre las mesadas efectivamente canceladas y las
que se obtengan en virtud de la reliquidación aquí ordenada, previa deducción de los
descuentos de ley, conforme lo establecido en la parte motiva de este fallo, causadas
con posterioridad al 16 de septiembre de 2007.

SEXTO: DECLARAR prescritas las diferencias de mesadas con anterioridad al 6 de
septiembre de 2007, por las razones esbozadas en la parte considerativa de esta
providencia.

49. La precitada sentencia quedó ejecutoriada el 20 de septiembre de 2016, según
constancia secretarial28.

50. El 8 de febrero de 2017 el ejecutante, por conducto de apoderado, solicitó de
la entidad demandada el cumplimiento de la sentencia base de recaudo29.

51. A través de la Resolución RDP 18928 del 9 de mayo del 201730, la entidad
demandada, en cumplimiento del fallo del 20 de agosto de 2014, reliquidó la pensión
de jubilación del señor Humberto Palomino Suárez, en cuantía de $ 673.566, desde
el 13 de mayo de 1999, pero con efectos fiscales a partir del 16 de septiembre de
2017; asimismo, descontó $ 7.415.565 por aportes para pensión respecto de los
factores salariales no efectuados. El monto de la pensión se determinó con
fundamento en el siguiente cálculo:

Que el(a) peticionario (a) adquirió el status de pensionado (a) el día 13 de mayo de
1999.

Que de conformidad con lo ordenado por el TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL HUILA, SALA QUINTA DE DECISION ESCRITURAL es

28 Expediente físico, cuaderno 3 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 41001-23-31-000-2010-

00577-00, folio 553.
29 Según información consignada en la Resolución RDP 18928 del 9 de mayo de 2017 (expediente físico, folio 46).
30 Expediente físico, folios 46 a 50.

14

Radicación: 41001-23-31-000-2010-00577-03 (1090-2020)
Demandante: Humberto Palomino Suárez
Demandada: UGPP

procedente efectuar la siguiente liquidación así:

AÑO FACTOR VALOR VALOR IBL VALOR IBL
ACUMULADO ACTUALIZADO
1991 ASIGNACION BASICA MES 2,264,448.00 1,698,336.00 6,373,343.00
1991 BONIFICACION SERVICIOS 66,046.00 66,046.00 247,851.00
PRESTADOS
1991 PRIMA DE NAVIDAD 210,730.00 210,730.00 790,806.00
1991 PRIMA DE SERVICIOS 97,103.00 97,103.00 364,398.00
1991 PRIMA DE VACACIONES 101,149.00 101,149.00 379,582.00
1992 ASIGNACION BASICA MES 626,136.00 626,136.00 2,349,700.00
1992 PRIMA DE ANTIGUEDAD 72,315.00 72,315.00 271,376.00

QUE LOS VALORES DEL IPC UTILIZADOS PARA ACTUALIZAR EL VALOR DEL IBL
FUERON: 1992:25.13%, 1993:22.60%, 1994:22.59%, 1995:19.46%, 1996:21.63%,
1997:17.68%, 1998:16.70%

IBL: 898,088 x 75.0 = $673,566
[…].

QUE EN EL PRESENTE CASO LA NORMATIVIDAD APLICABLE ES LA SIGUIENTE:

TIPO PENSIÓN FECHA FECHA IBL % VALOR
STATUS EFECTIVIDAD PENSIÓN
(DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA)
PENSIÓN DE 13/05/1999 13/05/1999 898,088.00 75.00 673,566.00
JUBILACIÓN B-
FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOR DE LA RAMA
JUDICIAL Y MINISTERIO
PÚBLICO

FECHA STATUS: FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL ULTIMO REQUISITO PARA LA PENSIÓN.
FECHA DE EFECTIVIDAD: DÍA SIGUIENTE AL RETIRO DEFINITIVO DEL SERVICIO OFICIAL O
DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES, O DE LA EDAD LEGAL SI PARA ESA FECHA SE
ENCONTRABA RETIRADO DEL SERVICIO.
IBL: valor que resulta de los factores devengados durante el periodo a liquidar.
[sic para toda la cita].

52. Por medio de la Resolución RDP 29561 del 24 de julio de 201731, la UGPP
modificó el anterior acto administrativo, en el sentido de reliquidar la pensión de
jubilación del accionante a la suma de $ 275.352 a partir del 14 de mayo de 1994,
ordenar el pago de las mesadas causadas de esta fecha al 12 de mayo de 1999 y
reajustar la pensión en la cuantía de $ 673.566 desde el 13 de mayo de 1999, pero
con efectos fiscales a partir del 16 de septiembre de 2007. Lo anterior, por cuanto el
señor Humberto Palomino Suárez adquirió el estatus pensional el 13 de mayo de
1994, por lo que realizó el siguiente cálculo:

AÑO FACTOR VALOR VALOR IBL VALOR IBL
ACUMULADO ACTUALIZADO
1991 ASIGNACION BASICA MES 2,264,448.00 1,698,336.00 2,605,407.00
1991 BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS 66,046.00 66,046.00 101,321.00
1991 PRIMA DE NAVIDAD 210,730.00 210,730.00 323,280.00
1991 PRIMA DE SERVICIOS 97,103.00 97,103.00 148,965.00

31 Expediente físico, folios 121 a 124.

15

Radicación: 41001-23-31-000-2010-00577-03 (1090-2020)
Demandante: Humberto Palomino Suárez
Demandada: UGPP

1991 PRIMA DE VACACIONES 101,149.00 101,149.00 155,172.00
1992 ASIGNACION BASICA MES 626,136.00 626,136.00 960,551.00
1992 PRIMA DE ANTIGUEDAD 72,315.00 72,315.00 110,938.00

QUE LOS VALORES DEL IPC UTILIZADOS PARA ACTUALIZAR EL VALOR DEL IBL
FUERON: 1992:25.13%, 1993:22.60%

IBL:367,136x75.0= $275,352
[…]

TIPO PENSIÓN FECHA FECHA IBL % VALOR
STATUS EFECTIVIDAD PENSIÓN
(DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA)
20 AÑOS DE SERVICIO AL 13/05/1994 13/05/1994 367,136.00 75.00 275,352.00
ESTADO Y 50 AÑOS DE
EDAD - - TRANSICIÓN
LEGAL LEY 33
[…]

53. Por Resolución RDP 34419 del 4 de septiembre de 201732, la UGPP modificó
«la parte motiva pertinente de la Resolución RDP 029561 del 24 de julio de 2017 que
MODIFICO la Resolución RDP No. 18928 del 09 de mayo de 2017 relacionado con el
expediente pensional del señor PALOMINO SUÁREZ HUMBERTO, ya identificado,
en el sentido de indicar que la fecha correcta de efectividad es el 14 de mayo de
1994».

54. Con la Resolución RDP 38012 del 4 de octubre de 201733, se modificó la
Resolución RDP 29561 del 24 de julio de 2017, para corregir el parágrafo segundo de
la Resolución RDP 18928 del 9 de mayo de 2017, en cuanto a que se reliquidaba la
pensión de jubilación del demandante a partir del 16 de septiembre de 2007 por
prescripción trienal.

55. En las siguientes liquidaciones acerca de la pensión de jubilación del señor
Humberto Palomino Suárez, realizadas por la UGPP, se determinan las diferencias
pensionales indexadas y causadas:

i) Desde el 16 de septiembre de 2007 hasta el 20 de septiembre de 2016, a
las cuales se descontaron los aportes a salud, en un monto a pagar de $
29.274.320 —sufragado en julio de 201734—, conforme a la Resolución RDP
18928 del 9 de mayo de 2017, para lo cual se tomó el estatus pensional desde
el 13 de mayo de 199935.

ii) Del 14 de mayo de 1994 al 12 de mayo de 1999, a las que se restaron las
cotizaciones a salud, en una suma a sufragar de $ 95.544.833,44, de acuerdo
con la Resolución RDP 34419 del 4 de septiembre de 2017, para lo cual se

32 Expediente físico, folios 114 y 115.
33 Expediente físico, folios 125 a 128.
34 Según lo indicado en la demanda.
35 Expediente físico, folios 129 y 130.

16

Radicación: 41001-23-31-000-2010-00577-03 (1090-2020)
Demandante: Humberto Palomino Suárez
Demandada: UGPP

partió de una cuantía inicial de la pensión de $ 610.331,66 36. El retroactivo fue
pagado con la nómina de septiembre de 2017.

iii) Desde el 16 de septiembre de 2007 hasta el 20 de septiembre de 2016, en
un total de $ 360.220,29, previos descuentos por salud, en virtud de la
Resolución RDP 34419 del 4 de septiembre de 2017, para lo cual se tuvo en
cuenta una cuantía pensional desde el 14 de mayo de 1994 de $ 275.352.

56. Los anteriores montos suman un total reconocido por concepto de diferencias
pensionales indexadas de $ 125.179.373,73, sin que se haya realizado pago alguno
por concepto de intereses moratorios.

57. Como se dejó anotado en el acápite de antecedentes, la entidad demandada,
con el escrito de alegaciones finales, informó que a través de la Resolución RDP
12209 del 16 de mayo de 2022, reconoció los correspondientes intereses moratorios,
cuya copia fue aportada; de la que se evidencia que fue emitida con ocasión del fallo
de primera instancia, objeto de la presente apelación, y adicionó la Resolución RDP
18928 del 9 de mayo de 2017, para ordenar el pago de $ 27.528.456,60,
correspondientes a tales intereses y en la que también se advierte que la petición de
cumplimiento del título ejecutivo se presentó el 8 de febrero de 2017, «en dicha fecha
se dio la completitud documental»37.

58. Igualmente, se allegó la «orden de pago presupuestal de gastos» por el
mencionado monto, cuyo límite de pago era el 27 de diciembre de 2023 con destino a
una cuenta de ahorros a favor del señor Humberto Palomino Suárez. Sin embargo, no
se aportó comprobante de pago efectivo a favor del ejecutante o el soporte que
evidencie el abono exitoso en la cuenta del beneficiario.

3.8. Caso concreto.

59. Como se dejó anotado, de conformidad con el artículo 328 del CGP, la Sala
delimita su competencia, como juez de segunda instancia, a los argumentos
expuestos en el recurso de apelación presentado por la parte demandada.

60. Precisado lo anterior, se tiene que el tribunal rechazó por improcedente la
excepción de inexistencia de la obligación, declaró no probada la de pago total y
probada la de pago parcial; en consecuencia, ordenó seguir adelante con la ejecución
a favor de Humberto Palomino Suárez por la suma de $ 107.532.390, correspondiente
al saldo insoluto del retroactivo pensional causado entre el 14 de mayo de 1994 y el
13 de mayo de 1999 y entre el 16 de septiembre de 2007 y el 30 de septiembre de
2017; por las diferencias pensionales que continuaran causándose desde el 1.º de
octubre de 2017 hasta el pago de la mesada reajustada conforme al título ejecutivo; y
por los intereses moratorios generados desde esa misma fecha hasta el pago total de
la obligación.

36 Expediente físico, folios 131 y 132.
37 Samai, índice 33.

17

Radicación: 41001-23-31-000-2010-00577-03 (1090-2020)
Demandante: Humberto Palomino Suárez
Demandada: UGPP

61. Por su parte, la UGPP, en el recurso de apelación, solicitó revocar la sentencia
de primera instancia y declarar probada la excepción de pago total de la obligación, al
considerar que el tribunal liquidó erróneamente el crédito, pues calculó de manera
incorrecta el valor de la primera mesada pensional correspondiente al año 1994 y su
posterior indexación, lo que incidió en la determinación del retroactivo pensional y
condujo a desconocer que los pagos efectuados por la entidad eran superiores a los
establecidos en la providencia apelada. Asimismo, sostuvo que, para efectos del
reconocimiento de los intereses moratorios, debía verificarse que el ejecutante hubiera
presentado la documentación necesaria para el cumplimiento de la sentencia dentro
de los dieciocho meses siguientes a su ejecutoria conforme al artículo 177 del CCA.

62. Por lo tanto, el examen respecto de la providencia apelada se circunscribirá a
estos dos reparos, orientados a desvirtuar la decisión adoptada por el tribunal.

63. Ahora bien, sea oportuno advertir que en la sentencia del 20 de agosto de 2014,
que comporta el título ejecutivo, se ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación
del señor Humberto Palomino Suárez, con el 75 % de lo devengado durante el último
año anterior a la consolidación del estatus pensional, esto es, del 1.° de abril de 1991
al 31 de marzo de 1992, con inclusión de todos los factores salariales recibidos
(asignación básica, bonificación por servicios prestados y primas de servicios,
navidad, vacaciones y antigüedad), desde el 14 de mayo de 1994, por cuanto la edad
pensional la adquirió el 13 de ese mismo mes, por lo que se debía actualizar el ingreso
base de liquidación desde el retiro hasta cuando adquirió el estatus, es decir, del 31
de marzo de 1992 al 13 de mayo de 199438.

64. De igual modo, en dicha providencia se advirtió que la entidad liquidaría las
mesadas adeudadas del 14 de mayo de 1994 al 13 de mayo de 1999, cuando fue
reconocida la pensión, las cuales debían ser indexadas conforme al artículo 178 del
CCA, y no estaban afectadas por el fenómeno prescriptivo. No obstante, las
diferencias generadas desde el 13 de mayo de 1999 hasta el 15 de septiembre de
2007 sí estarían prescritas y deberían pagarse las causadas a partir del 16 de
septiembre de 2007.

65. Verificados los factores salariales para efectos de determinar el ingreso base
de liquidación (IBL) de la pensión de jubilación del accionante (constituido por lo
devengado entre el 1.° de abril de 1991 y el 31 de marzo de 1992), tenidos en cuenta
tanto por el tribunal39 como por la UGPP —en la Resolución RDP 29561 del 24 de julio
de 2017—, en contraste con la certificación laboral de emolumentos devengados40,
dicha corporación tomó por concepto de la asignación básica un monto mayor al
correspondiente al aludido período, como se observa en el siguiente cuadro:

38 Tal como se extrae de la parte considerativa de la aludida providencia.
39 Expediente físico, folio 60, liquidación que soporta el mandamiento ejecutivo.
40 Expediente físico, cuaderno 2 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 41001-23-31-000-2010-

00577-00, folios 194 y 193.

18

Radicación: 41001-23-31-000-2010-00577-03 (1090-2020)
Demandante: Humberto Palomino Suárez
Demandada: UGPP

Año Factor Valor Valor tomado Valor
utilizado por por el tribunal certificado
la UGPP
1991 - 1992 Asignación básica $ 2.324.472 $ 2.890.58441 $ 2.324.472
1991 Bonificación por servicios prestados $ 66.046 $ 66.046 $ 66.046
1991 Prima de navidad $ 210.730 $ 210.730 $ 210.730
1991 Prima de servicios $ 97.103 $ 97.103 $ 97.103
1991 Prima de vacaciones $ 101.149 $ 101.149 $ 101.149
1992 Prima de antigüedad $ 72.315 $ 72.315 $ 72.315

Tabla 1: cuadro comparativo de los factores tomados para el cálculo del IBL pensional.

66. Por lo tanto, el cálculo de la primera mesada pensional efectuado por el tribunal
parte de un valor erróneo respecto de la asignación básica que devengó el
demandante entre el 1.° de abril de 1991 y el 31 de marzo de 1992, el cual,
posteriormente, promedió en una doceava parte, cuando lo cierto es que debía
corresponder a un monto menor.

67. No obstante, tampoco puede ser tenida en consideración la liquidación
realizada por la UGPP en la aludida Resolución RDP 29561 del 24 de julio de 2017,
comoquiera que omitió la indexación del IBL pensional, tal como lo ordenó el fallo que
constituye el título ejecutivo, del 31 de marzo de 1992 al 13 de mayo de 1994, para
luego aplicar la tasa de reemplazo del 75 %, puesto que la actualización hecha por la
entidad la efectuó hasta 1993. Por su parte, el tribunal también erró al no indexar el
valor del IBL al 13 de mayo de 1994, sino el de la mesada, con desconocimiento de lo
expresamente dispuesto en la sentencia base de recaudo.

68. Por consiguiente, la mesada pensional calculada por la UGPP para el 13 de
mayo de 1994, fecha de la adquisición del estatus pensional, resulta menor a la que
debió ser reconocida en virtud del título ejecutivo; y al liquidarse correctamente la
primera mesada pensional, daría un monto inferior al establecido por el tribunal, desde
el mandamiento ejecutivo, que fue de $ 329.632 para mayo de 1994, como se puede
evidenciar a continuación:

Año Factor Valor Valor
anual promedio
1991 - 1992 Asignación básica $ 2.324.472 $ 193.706
1991 Bonificación por servicios prestados $ 66.046 $ 5.503,83
1991 Prima de navidad $ 210.730 $ 17.560,83
1991 Prima de servicios $ 97.103 $ 8.091,92
1991 Prima de vacaciones $ 101.149 $ 8.429,08
1992 Prima de antigüedad $ 72.315 $ 6.026,25
Total promedio mensual: $ 239.318
Total promedio actualizado a mayo de 1994 42: $ 381.315,23
Mesada pensional (IBL indexado * 75 %): $ 285.986

Tabla 2: cuadro de cálculo del IBL indexado y la primera mesada pensional.

41 Que resulta de sumar lo devengado por asignación básica de enero a diciembre de 1991 ($ 2.264.448) y de

enero a marzo de 1992 ($626.136).
42 Para actualizar el IBL se aplicó la fórmula Rh × IPC final / IPC inicial, con los índices correspondientes a marzo

de 1992 (15,21327) y mayo de 1994 (24,23993), de la serie histórica del IPC nacional, así: $ 239.318 × (24,23993
/ 15,21327) = $ 381.315,23; sobre este valor se aplicó la tasa de reemplazo del 75 %, para obtener una primera
mesada de $ 285.986,42, que, expresada en pesos enteros, corresponde a $ 285.986.

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Radicación: 41001-23-31-000-2010-00577-03 (1090-2020)
Demandante: Humberto Palomino Suárez
Demandada: UGPP

69. En este orden de ideas, la primera mesada pensional que debía reconocerse
al señor Humberto Palomino Suárez a partir del 14 de mayo de 1994 asciende a la
suma de $ 285.986, resultado que se obtiene al calcular el ingreso base de liquidación
con fundamento en los factores salariales efectivamente devengados entre el 1.º de
abril de 1991 y el 31 de marzo de 1992, actualizar dicho ingreso hasta la fecha de
consolidación del estatus pensional y, posteriormente, aplicar la tasa de reemplazo
del 75 %, en los términos previstos en la sentencia que constituye el título ejecutivo.

70. Lo anterior repercute necesariamente en la cuantificación del capital adeudado
por la UGPP, pues las diferencias pensionales debían liquidarse con fundamento en
esa primera mesada, tanto respecto de las causadas entre el 14 de mayo de 1994 y
el 13 de mayo de 1999, como de las generadas a partir del 16 de septiembre de 2007
y hasta cuando la entidad pague la mesada pensional reajustada conforme a lo
ordenado en el título ejecutivo.

71. En ese contexto, aunque la liquidación del crédito practicada por el tribunal
debe corregirse en los términos expuestos, ello no conduce a declarar probada la
excepción de pago total de la obligación, toda vez que la primera mesada pensional
reconocida por la UGPP, mediante las resoluciones expedidas en cumplimiento de la
sentencia base de recaudo, ascendió a $ 275.352, suma inferior a la que realmente
correspondía conforme a los parámetros fijados en el título ejecutivo, esto es, $
285.986, circunstancia que necesariamente repercute en la cuantificación del
retroactivo pensional y de las diferencias causadas con posterioridad

72. En consecuencia, los pagos realizados por la entidad demandada no satisfacen
íntegramente la condena impuesta en la sentencia que constituye el título ejecutivo,
pues fueron calculados sobre una primera mesada de $ 275.352, inferior a la que
correspondía conforme a los parámetros fijados en aquella, esto es, $ 285.986. Por
tanto, subsisten diferencias pensionales pendientes de pago y no se configura la
excepción de pago total alegada por la UGPP.

73. Así las cosas, la obligación no se extinguió y la excepción de pago total no está
llamada a prosperar y, en ese sentido, la ejecución de la obligación debe proseguirse
de acuerdo con los parámetros advertidos en esta instancia, cuyo cálculo definitivo
deberá determinarse en la etapa subsiguiente de liquidación del crédito.

74. Comoquiera que el capital adeudado será objeto de modificación en la etapa
de liquidación del crédito, la misma suerte correrá el cálculo de los intereses
moratorios al cambiar la base sobre la cual deben liquidarse, de conformidad con el
artículo 177 del CCA.

75. Por otra parte, resulta oportuno advertir que, en lo referente a la imputación de
los abonos que una entidad pública realiza por mesadas o diferencias pensionales,
esta Subsección ha sostenido que no se puede desconocer la naturaleza de las
obligaciones que se satisfacen ni el régimen jurídico que gobierna los recursos con

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Radicación: 41001-23-31-000-2010-00577-03 (1090-2020)
Demandante: Humberto Palomino Suárez
Demandada: UGPP

los cuales se atienden, al precisar lo siguiente43:

En concordancia con lo transcrito, para la Sala, la aplicación del artículo 1653 del Código
Civil no debe tener como único parámetro la «condición de igualdad», en primer lugar,
porque no es lo mismo cobrar una deuda a un particular que administra sus propios
recursos de acuerdo con sus condiciones que al Estado y, en segundo lugar, tampoco
puede predicarse la vulneración de derechos fundamentales por la «no aplicación» de
ese canon, por el contrario, cuando la entidad abona primeramente el capital, es decir,
el retroactivo y la indexación, se garantiza el derecho mínimo e irrenunciable como es
la pensión de jubilación. Dicho de otro modo, realizar la imputación del pago parcial
primero a intereses se distancia del objeto que fue examinado en la sentencia
condenatoria, pues la carga principal que se impone a la entidad no es otra que expedir
el acto administrativo por el cual se reconozca o reajuste la mesada y, por consiguiente,
el pago de aquellas vencidas con su indexación.
[…]

Por las razones expuestas, esta Subsección concluye que la aplicación del artículo 1653
deviene incompatible con las normas que rigen los presupuestos y trámites de las
administradoras y, por lo tanto, los pagos por concepto de mesadas e intereses
necesariamente deben dirigirse a esos conceptos, no solo por la naturaleza de los
recursos de la seguridad social, sino por el acatamiento del principio de legalidad en
materia administrativa y presupuestal.

76. Desde esta perspectiva, el descuento de lo pagado por mesadas o diferencias
pensionales opera como un criterio de depuración del crédito reconocido en el título
ejecutivo, en la medida en que incide en la cuantificación del capital adeudado por
retroactivo pensional, antes de la determinación de sus accesorios, como lo son los
intereses moratorios.

77. En concordancia con lo anterior, en el presente caso, una vez determinado el
capital adeudado por las diferencias pensionales, previo descuento de los aportes a
salud, se debe deducir la suma total pagada por ese mismo concepto de $
125.179.373, en virtud de las resoluciones RDP 18928 del 9 de mayo y RDP 34419
del 4 de septiembre de 2017, para establecer el saldo insoluto.

78. De igual manera, si en la etapa de liquidación del crédito la UGPP acredita que
los intereses moratorios reconocidos mediante la Resolución RDP 12209 del 16 de
mayo de 2022 fueron efectivamente pagados al ejecutante, la suma correspondiente
deberá imputarse y descontarse de ese mismo concepto, con el fin de evitar un doble
pago. La «orden de pago presupuestal de gastos» aportada en esta instancia no
permite, por sí sola, tener por acreditada la satisfacción de esa obligación, pues,
aunque evidencia la expedición de la orden de giro y su registro dentro del sistema
presupuestal, en el expediente no obra soporte que demuestre que los recursos fueron
efectivamente abonados en la cuenta bancaria del beneficiario.

79. Por último, en lo concerniente al reparo de apelación relativo a que el ejecutante

43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30

de mayo de 2024, proceso con radicado 25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230-2022).

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Radicación: 41001-23-31-000-2010-00577-03 (1090-2020)
Demandante: Humberto Palomino Suárez
Demandada: UGPP

debía presentar la documentación necesaria para el cumplimiento de la sentencia
objeto de recaudo dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a su ejecutoria,
conforme al artículo 177 del CCA, se advierte que la entidad recurrente parte de un
supuesto normativo equivocado.

80. En efecto, para la liquidación de los intereses moratorios previstos en dicha
disposición normativa, la circunstancia jurídicamente relevante consiste en que el
beneficiario formule la solicitud de cumplimiento de la sentencia base de recaudo ante
la entidad obligada dentro de los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria, pues solo
el incumplimiento de esa carga produce el cese de la causación de los intereses hasta
cuando aquella sea presentada. En cambio, el término de dieciocho (18) meses
establecido en la misma norma corresponde a un presupuesto distinto, relacionado
con la posibilidad de promover la ejecución judicial de la condena, de manera que no
constituye un parámetro para determinar la procedencia o liquidación de los intereses
moratorios.

81. En el presente asunto, además, está acreditado que el ejecutante presentó la
solicitud de cumplimiento de la sentencia ordinaria ante la UGPP el 8 de febrero de
2017, circunstancia que la propia entidad reconoció en las resoluciones expedidas con
el propósito de acatar el título ejecutivo. Por lo tanto, como la providencia objeto de
recaudo quedó ejecutoriada el 20 de septiembre de 2016, dicha solicitud fue formulada
dentro de los seis (6) meses dispuestos en el artículo 177 del CCA, motivo por el cual
no operó la cesación de la causación de los intereses moratorios contemplada en esa
disposición. Por ende, la inconformidad planteada por la apelante carece de asidero
fáctico y jurídico.

3.9. Conclusión

82. La Subsección concluye que la liquidación realizada por el Tribunal
Administrativo del Huila, en lo concerniente al capital adeudado, incurre en
imprecisiones para su determinación, atinentes a los siguientes aspectos:

i) El valor de la primera mesada pensional, comoquiera que tomó un monto por
concepto de asignación básica mayor, al que correspondía y aplicó la
indexación sobre el valor de la primera mesada pensional y no sobre el ingreso
base de liquidación, con desconocimiento de los parámetros fijados en el título
ejecutivo.

ii) Dada la incompatibilidad de aplicar el artículo 1653 del Código Civil en
asuntos pensionales, los saldos insolutos que aún adeuda la demandada por
concepto de capital e intereses moratorios, se establecerán cuando, una vez
determinadas las diferencias pensionales, previo descuento de los aportes a
salud, se deduzca la suma pagada por ese mismo concepto de $ 125.179.373,
en virtud de las resoluciones RDP 18928 del 9 de mayo y RDP 34419 del 4 de
septiembre de 2017. De igual manera, se debe proceder en relación con los
intereses moratorios, en caso de que la UGPP acredite el pago efectivo de los
reconocidos mediante la Resolución RDP 12209 de 2022, porque la «orden de

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Radicación: 41001-23-31-000-2010-00577-03 (1090-2020)
Demandante: Humberto Palomino Suárez
Demandada: UGPP

pago presupuestal de gastos» allegada no comporta prueba suficiente del pago
efectivo a favor del ejecutante.

83. En consecuencia, se confirmará parcialmente la decisión que ordenó seguir
adelante con la ejecución, pues se encuentra acreditado que los pagos efectuados
por la UGPP no extinguieron íntegramente las obligaciones derivadas del título
ejecutivo. No obstante, se modificará la sentencia en cuanto a la determinación del
capital y de los intereses moratorios, dado que estos deberán establecerse con
fundamento en los parámetros fijados en esta providencia, en particular, una primera
mesada pensional de $ 285.986, el descuento de los aportes a salud y la deducción
de los valores efectivamente pagados por concepto de diferencias pensionales e
intereses, según corresponda. El monto definitivo del saldo insoluto se concretará en
la etapa de liquidación del crédito.

3.10. Costas

84. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario44 de la Subsección sobre el artículo 188 del
CPACA, consistente en que para decretar la condena en costas debe verificarse que
la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, la Sala revocará
la condena en tal sentido impuesta en primera instancia y se abstendrá de imponer
costas en esta, dado que no se advierte que la parte demandada haya incurrido en
las anteriores conductas.

3.11. Reconocimiento de personería

85. Mediante escrito presentado el 29 de julio de 202645, el abogado José Alfredo
Rojas Pérez, identificado con la cédula de ciudadanía 94.495.746 y portador de la
tarjeta profesional 100.137 del Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder para
representar a la UGPP; en consecuencia, se le reconocerá personería.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de

44 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
45 Samai, índice 39.

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Radicación: 41001-23-31-000-2010-00577-03 (1090-2020)
Demandante: Humberto Palomino Suárez
Demandada: UGPP

la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida el 6 de diciembre de 2019 por
el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Quinta de Decisión, que declaró no probada
la excepción de pago total y ordenó seguir adelante con la ejecución, por las razones
indicadas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Modificar el ordinal tercero de la parte decisoria del fallo del 6 de diciembre
de 2019 del Tribunal Administrativo del Huila, Sala Quinta de Decisión, el cual quedará
así:

TERCERO: Seguir adelante con la ejecución a favor del señor Humberto Palomino
Suárez y en contra de la UGPP por los siguientes conceptos:

a) Por la suma correspondiente al retroactivo pensional, por concepto de las
diferencias en las mesadas pensionales, adeudado del 14 de mayo 1994 al 13 de mayo
de 1999 y desde el 16 de septiembre de 2007 hasta cuando la entidad ejecutada
cancele el valor de la mesada pensional reajustada conforme al título ejecutivo.

Para el cálculo del retroactivo insoluto deberá tenerse en consideración que la primera
mesada pensional equivale a la suma de $ 285.986, a partir del 14 de mayo de 1994;
asimismo, establecidas las diferencias pensionales adeudadas, deberá, previa
deducción de los aportes a salud, descontarse el monto pagado por ese concepto de
$ 125.179.373.

c) Por los respectivos intereses moratorios causados desde el día siguiente a la
ejecutoria de la sentencia base de recaudo hasta el pago de la obligación.

En caso de que la UGPP acredite el pago efectivo de los intereses moratorios
reconocidos mediante la Resolución RDP 12209 de 2022, se deducirán a este mismo
concepto.

Tercero. Revocar los ordinales cuarto y sexto de la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo del Huila, Sala Quinta de Decisión, el 6 de diciembre de 2019, que
dispusieron, en su orden, computar pagos parciales conforme al artículo 1653 del CC
y condenar en costas a la parte ejecutada, por lo expuesto en la parte motiva.

Cuarto. Sin condena en costas en segunda instancia.

Quinto. Reconocer personería al abogado José Alfredo Rojas Pérez, identificado con
la cédula de ciudadanía 94.495.746 y portador de la tarjeta profesional 100.137 del
Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado de la parte
demandada, para los efectos del poder conferido y que obra a índice 39 de Samai.

Sexto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas

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Radicación: 41001-23-31-000-2010-00577-03 (1090-2020)
Demandante: Humberto Palomino Suárez
Demandada: UGPP

las anotaciones en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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