Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-31-000-2011-00049-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-31-000-2011-00049-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 41001-23-31-000-2011-00049-02
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
12 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 12 de abril de 2024
Radicación: 41001-23-31-000-2011-00049 02 (66953)
Actor: Gerardo Antonio Muñoz y otros
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Temas: reparación directa – responsabilidad extracontractual del Estado por funciones de
inspección, vigilancia y control.
Síntesis del caso: se demanda por la omisión de varias entidades respecto de sus funciones
de inspección, vigilancia y control.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra de la Sentencia de 4 de diciembre de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Huila, que negó las pretensiones de la demanda.
Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada –
1.3. Sentencia de primera instancia – 1.4. Recurso de apelación
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 15 de diciembre de 2010, Gerardo Antonio Muñoz y otros presentaron
demanda1, en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la
Nación – Superintendencia de Sociedades (la Supersociedades), la
Superintendencia Financiera de Colombia (la Superfinanciera), el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (el Dapre) y
la Fiscalía General de la Nación (la Fiscalía) con el fin de que se hiciera la
siguiente declaración (se trascribe):
“Que [las entidades demandadas] son responsables administrativa y
patrimonialmente de los perjuicios materiales que le fueron ocasionados a [los
demandantes] por haber permitido que la entidad DMG GRUPO HOLDING
S.A. captara dineros del público sin las exigencias y permisos requeridos para
este tipo de operaciones”.
1 Folios 278-422 del cuaderno 2.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 41001-23-31-000-2011-00049-02
Actor: Gerardo Antonio Muñoz y otros
Demandado: Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: acción de reparación directa
Decisión: confirma
2. Por concepto de daño emergente los demandantes2 solicitaron el pago
del capital entregado por cada uno a DMG Grupo Holding S.A. (DMG) y por
concepto de lucro cesante los intereses que habrían producido dichos
montos.
3. La parte actora narró, en síntesis, los siguientes hechos:
4. DMG inició la actividad de captación de dinero en el 2007. La sociedad
ofrecía altos intereses y beneficios mediante la compra de tarjetas prepago.
5. Previamente la Superfinanciera había investigado a DMG S.A., sociedad
diferente, pero con el mismo representante legal y socios. En esa
investigación concluyó que la empresa captaba dineros del público sin
autorización. Pese a conocer esto, omitió sus funciones de inspección,
vigilancia y control sobre la segunda sociedad constituida.
6. Los demandantes “creyeron en la empresa (…) por las versiones
periodísticas y por las pautas publicitarias”, porque operaba a puertas
abiertas y pagaba impuestos. También “al escuchar a sus amigos y vecinos
que estaban invirtiendo en dicha entidad y que la misma estaba
cumpliendo con los exorbitantes rendimientos financieros”. Previo a entregar
su dinero, cada demandante “verific[ó] la legalidad de la empresa (…) con
las diferentes instituciones del Estado”.
7. Señaló que mediante el Decreto 4334 de 2008, el Presidente de la
República declaró el Estado de Emergencia Social para intervenir a DMG
bajo la justificación de que “no contaba con los instrumentos necesarios”,
situación que resultaba “inconcebible” porque desde el Decreto 2920 de
1982 existía el delito de captación de dineros del público sin autorización.
Esta última omisión era atribuible a la Fiscalía.
2 La demanda fue presentada por las siguientes personas: Leonardo Fajardo Machado, Luis Alberto
Muñoz Torres, Francisco Peña barato, Víctor Félix Herrera, Wilmer Muñoz Tovar, María Elizabeth Cuenca
Lesmes, José Hernando Mosquera Muñoz, Gerardo Antonio Muñoz, Leonardo Bernal Gaitán, Édgar
Sarmiento Escobar, Ever Quinayas Olivera, Manuel Correa Ortiz, María Delfilia Apraez Riascos,
Francisco Antonio Cadena Gonzálelz, Luz Marina González, Sebastián García López, Jenaro Castro
García, Mahela Cedeño Artunduaga, Luis Eduardo Calderon Muñoz, William Cerón Cárdenas, María
Nola Medina Gómez, Luis Alberto Muñoz España, Édgar Verjan Gómez, Herlinda Martínez Parra, Oliva
Sarria, Alberto Luna Ocaciones, Alfredo Caballero García, Marisol Home Losada, Ulises Vargas Ortiz,
Rokerfeller Rojas Pérez, María Nancy España de Morales, José Enrique García Moreno, Jairo García
Millán, José Reinel Ballén Flórez, Jorge Hugo Rico Ardila, Edith Luna Ocaciones, Isabel Rodríguez
García, Yolanda Soler Herrera, Elmer Antonio Rodríguez Sierra, Carlos Alberto Martínez Argüello,
Juvenal Arandia, Edilma Tapiero Melo, Fidelino Peña González, Wilfer Vargas, Subiela Ome Losada,
Julio Antonio Peña Renza, Myriam Torres Claros, Luis Enrique Valenzuela Soto, Martha Cecilia Galíndez
Jiménez, Ricardo Vargas Losada, Rubiela López Morales, Luz Marina Trujillo Cortés, Carlos Enrique
Rodríguez Sánchez, Javiel Otalvo Melo, Carlos Arturo Martínez Parra, Sergio Antonio Camperos, Yesid
Lozada Cabrera, Brux Andrés Guzmán Maje, Leidy Quinayas Olivera, Henry Salazar Pastrana, Juan
Carlos Soto Trujillo, Abimael Torres Losada, Mariela Trujillo de López, Graciela Quintero Zapata y Josefa
Córdoba González.
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8. Tras la intervención, cada demandante presentó la reclamación para la
devolución del dinero depositado.
1.2. Posición de la parte demandada
9. La Supersociedades contestó la demanda3. Afirmó que con el Decreto
Legislativo 4334 de 2008 recibió “facultades extraordinarias y novedosas
para actuar”, dada la extensión y las nuevas modalidades de captación
masiva y habitual de dineros sin autorización (en adelante captación
masiva). Al recibir las nuevas competencias actuó de forma eficaz en todo
el territorio nacional.
10. Destacó que, desde de noviembre de 2006, el Gobierno Nacional
publicó de forma reiterada advertencias en diarios nacionales para que las
personas no entregaran “sus recursos en entidades no autorizadas”. Los
demandantes hicieron caso omiso de los avisos y de las medidas cautelares
dictadas contra DMG, pues las inversiones que realizaron fueron posteriores
a “las alertas emitidas por el Gobierno Nacional desde el año 2007”.
11. Con fundamento en lo anterior, propuso la excepción del hecho de la
víctima. Propuso la excepción de hecho de un tercero porque el daño fue
causado por DMG.
12. El Dapre contestó la demanda4. Indicó que las funciones de inspección,
vigilancia y control de las actividades financieras eran ejercidas por la
Superfinenciera. Por tanto, no existía una relación causal entre sus funciones
y el daño reclamado por los demandantes, lo que configuraba la excepción
de falta de legitimación pasiva en la causa.
13. Agregó que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-135 de 2008,
destacó que las medidas adoptadas por el gobierno fueron pertinentes y
oportunas ante la extensión de las nuevas modalidades de captación.
Enlistó las actuaciones que el gobierno adelantó para controlar la
proliferación de este tipo de empresas y los avisos publicados por la
Superfinanciera en medios de comunicación de circulación nacional.
14. Propuso, con los mismos argumentos de la Supersociedades, las
excepciones de hecho de un tercero y hecho de la víctima.
15. La Superfinanciera contestó la demanda5. Indicó que la captación
masiva era una actividad regulada que requería autorización previa. En
3 Folios 522-592 del cuaderno 3.
4 Folios 635-668 del cuaderno 3.
5 Folios 836-874 del cuaderno 4.
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consecuencia, era riesgoso la entrega de recursos a instituciones no
vigiladas.
16. Señaló que la proliferación de captadoras sin autorización fue lo que
motivó la declaración del Estado de Emergencia Social, que fue avalada
por la Corte Constitucional. Con el Decreto 4334 de 2008 la entidad fue
dotada de herramientas adicionales para enfrentar las nuevas modalidades
de captación.
17. Enlistó los avisos que, desde diciembre de 2006, publicó en medios de
circulación nacional, en los que recomendaba a las personas “abstenerse
de colocar sus recursos en entidades no autorizadas”. También enumeró las
actuaciones adelantadas respecto de las sociedades que captaban dinero
sin autorización. Entre otras, destacó que mediante la Resolución 1634 de
2007 ordenó al Grupo DMG S.A. la suspensión de la venta de tarjetas
prepago (mecanismo de captación) y ordenó la devolución de lo
recaudado.
18. Afirmó que no existía un nexo causal entre sus funciones y el daño
alegado por los actores. Propuso la excepción de hecho de la víctima,
porque los demandantes decidieron entregar sus recursos a una empresa
dedicada a la “captación masiva, en forma irregular y no autorizada, sin
tomar las medidas mínimas de precaución o cuidado que se requieren en
toda negociación; la primera de ellas, constatar previamente que se
trataba de una entidad autorizada (…), y la segunda, constatar que se trate
de una entidad solvente, seria, responsable y diligente, para así evitar el
riesgo de perder su dinero”. Lo anterior era responsabilidad del cliente y no
podía trasladarse a la Superfinanciera.
19. La Fiscalía contestó la demanda6. Destacó que, de acuerdo con la Corte
Constitucional, se trató “de una situación extraordinaria” que justificaba
nuevas herramientas y un procedimiento especial para intervenir las
captadoras ilegales. Propuso, entre otras, la excepción de hecho de la
víctima, toda vez que los demandantes, de forma imprudente, ingresaron a
un “negocio irregular”; y la de hecho de un tercero, porque el daño fue
causado por DMG.
1.3. Sentencia de primera instancia
20. El 4 de diciembre de 20207, el Tribunal Administrativo de Huila negó las
pretensiones de la demanda. Indicó que “pese a las diversas publicaciones
ordenadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, los
demandantes procedieron a depositar los dineros en DMG Grupo Holding
6 Folios 1082-1088 del cuaderno 4.
7 Folios 897-909 del cuaderno del Consejo de Estado.
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S.A.”. Aunque la parte demandante alegó que esas medidas “no eran
idóneas para contrarrestar la actividad desplegada por la citada
sociedad”, lo cierto era que hubo muchos avisos de prensa que prevenían
al público en general “sobre la no autorización de captación masiva de
dineros por parte de sociedades no autorizadas para ello”.
21. Agregó que la falla del servicio endilgada a las entidades demandadas
no fue demostrada en el proceso; por el contrario, las entidades acreditaron
el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales respecto de las
sociedades dedicadas a la captación masiva. DMG Grupo Holding fue
sancionada y posteriormente intervenida.
1.4. Recurso de apelación
22. La parte demandante interpuso recurso de apelación8. Señaló que la
Superfinanciera incumplió con sus obligaciones constitucionales y legales al
permitir que DMG operara, cuando en su objeto social se indicaba de
manera explícita que podría “tomar o dar dinero en préstamo con o sin
intereses”. Aunque ordenó la suspensión de actividades, no verificó su
cumplimiento.
23. Afirmó que la Supersociedades incumplió con sus funciones, porque
DMG estaba registrada como una sociedad mercantil y no como
captadora de dinero. Por tanto, la entidad no vigiló que DMG se dedicara
de forma exclusiva al objeto social que registró.
24. Señaló que el Dapre incurrió en una falla del servicio, porque de acuerdo
con la Constitución y la Ley debía, mediante la Superfinanciera, ejercer la
inspección, vigilancia y control de aquellas sociedades que realizaban
actividades financieras y bursátiles.
25. Finalmente, en relación con la Fiscalía indicó que el delito de captación
masiva era anterior al Decreto 4336 de 2008 y la entidad estaba obligada a
iniciar oportunamente una investigación de oficio.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Síntesis de la controversia – 2.2. Análisis sustantivo – 2.3. Condena en costas
2.1. Síntesis de la controversia
26. La decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda será confirmada. Los demandantes no averiguaron si la empresa
a la que le entregaban sus recursos estaba autorizada para captar dinero
8 Documento denominado “4ED_003RECURSOAPELACIONDEMANDANTE(.pdf) NroActua 2”,
disponible en el expediente digital en el índice 2 de Samai.
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del público e ignoraron las numerosas advertencias que la Superintendencia
Financiera, el gobierno nacional y los medios de comunicación hicieron
sobre los riesgos de invertir en sociedades no autorizadas.
27. La demanda fue presentada oportunamente, por las siguientes razones.
Según el Tribunal, la caducidad debía contarse desde la publicación de los
decretos 4333 y 4334 el 17 de noviembre de 2008, ya que, a partir de ese
momento, “los demandantes pudieron advertir las presuntas fallas del
Estado por permitir que DMG Grupo Holding SA captara dineros públicos sin
las exigencias y permisos requeridos”. La Sala difiere de este razonamiento,
pues con la publicación de los decretos referidos no se configuró un daño
cierto para los demandantes.
28. Los demandantes tuvieron certeza del daño durante el proceso de
liquidación judicial, cuando fueron informados de que recuperarían solo una
fracción de su inversión. Aunque se desconoce la fecha en que esto ocurrió,
pues los documentos que acreditan la devolución no tienen fecha9, lo cierto
es que, por ser en un momento posterior a publicación de los decretos, si la
demanda fue oportuna tomando como punto de partida la primera
fecha10, necesariamente lo será en el segundo momento.
2.2. Análisis sustantivo
29. Está probado que los demandantes presentaron la reclamación ante la
agente liquidadora de DMG11 y que, del dinero que habían entregado a
dicha sociedad, solo les fue reconocido una fracción. Sin embargo, no fue
demostrado que las entidades demandadas hubieran incurrido en una
omisión de sus funciones; por el contrario, el gobierno nacional profirió los
Decretos 4333 y 4334 de 2008 para conjurar la crisis de captación masiva no
autorizada. Con base en nuevas facultades la Superintendencia Financiera
desplegó las actuaciones que culminaron con el sometimiento a control de
DMG Grupo Holding S.A.12 y su posterior liquidación.
30. La necesidad de las medidas en el contexto anotado fue destacada por
la Corte Constitucional13 así (se trascribe):
9 Visibles a folios 93 y siguientes del cuaderno principal.
10 Según el tribunal, dado que los decretos fueron publicados el 17 de noviembre de 2008, la fecha
límite para presentar la demanda era el 18 de noviembre de 2010. Un primer grupo de demandantes
presentó la solicitud de conciliación extrajudicial el 10 de julio de 2009 y el trámite se declaró fallido el
14 de septiembre de 2009 (folios 90-92 del cuaderno principal). Un segundo grupo de demandantes
presentó su solicitud el 8 de octubre de 2010 y el trámite se declaró fallido el 1 de diciembre de 2010
(folios 78-89 del cuaderno principal). En ambos casos, la demanda presentada el 15 de diciembre de
2010 fue oportuna.
11 Visibles a folios 93 y siguientes del cuaderno principal.
12 De acuerdo con los documentos aportados en medio magnético (CD visible a folio 620 del
cuaderno 4).
13 Sentencia C-145 de 2008.
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“Vale recordar que al pronunciarse sobre la exequibilidad del Decreto 4333
de 2008 esta Corte en la mencionada sentencia C-135 de 2009, halló que los
hechos invocados para justificar la declaratoria de emergencia social tenían
el carácter de ‘sobrevinientes y extraordinarios’, por lo cual no encontró
errada ni arbitraria la apreciación que de la actividad de captación masiva
y habitual de los recursos del público, afectaba de manera grave e inminente
el orden social del país, por las dimensiones que el fenómeno había
alcanzado y porque los recursos captados del público estaban en riesgo, todo
lo cual urgía la pronta intervención del Estado; tampoco juzgó desatinada la
evaluación del Gobierno en relación con la necesidad de intervenir y adoptar
procedimientos ágiles, mecanismos abreviados y demás medidas tendientes
a restituir los activos que sean recuperados por las autoridades competentes
a la población afectada por la mencionada actividad”.
31. La parte actora no demostró que las entidades hubieran omitido el
cumplimiento de sus fines constitucionales en una situación que fue
calificada como sobreviniente y extraordinaria. En contraste, está probado
que los demandantes entregaron su dinero a una entidad no autorizada, en
una época en la que se habían hecho numerosas advertencias sobre la
diligencia que debían tener las personas al momento de realizar inversiones.
32. De acuerdo con los documentos allegados con la demanda, todas las
inversiones que realizaron los demandantes son posteriores al 24 de mayo de
200814. La Superintendencia Financiara había publicado repetidamente,
desde diciembre de 2006, avisos en diarios de circulación nacional y local
sobre el hecho de que la sociedad Grupo DMG S.A. no estaba autorizada
“para recibir o captar dineros del público en forma masiva y habitual, bajo
ninguna modalidad”15. Aunque con posterioridad a la constitución de esta
sociedad16 fue constituida DMG Grupo Holding S.A.17, a la que los
demandantes entregaron su dinero, lo cierto es que, como fue afirmado en
la demanda, tenía el mismo representante legal y socios. Así, a los ojos del
público, DMG se trató siempre de una misma empresa.
33. En el mismo sentido, diferentes medios de comunicación publicaron
reportajes sobre los insólitos rendimientos financieros. La revista Cambio
publicó, en la edición del 5 al 11 de febrero de 2007, un artículo con el título
14 La inversión de la fecha anotada corresponde a la demandante Edith Luna Ocaciones (folios 193-
196 del cuaderno principal). La fecha de todas las inversiones consta en los documentos 103-199 del
cuaderno principal y 200-225 del cuaderno 2.
15 Los avisos fueron publicados el 23, 24, 30 y 31 de diciembre de 2006 (folios 1074-1076 del cuaderno
4), el 17 y 20 de septiembre de 2007 (folio 1065 del cuaderno 4), el 27 de enero de 2008 (folio 1060 del
cuaderno 4) en el periódico El Tiempo. En la revista Cambio de 5 de febrero de 2007 (folio 1073 del
cuaderno 4). El 20 de septiembre en el diario Llano 7 días (folio 1065 del cuaderno 4). El 29 de
septiembre de 2007 en el diario Nuevo Putumayo (folio 1064 del cuaderno 4). El 28 de enero de 2008
en la revista Portafolio (folio 1060 del cuaderno 4). El 16 de septiembre de 2008 en El País (folio 1033
del cuaderno 4).
16 8 de abril de 2005, de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal (folios 66-69
del cuaderno principal).
17 7 de abril de 2006, de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal (folios 70-72
del cuaderno principal).
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de “Negocio bajo sospecha”18 en el que se hicieron las siguientes
afirmaciones (se trascribe):
“Dos comisiones separadas de investigadores (…) constataron que mucha
gente acudía a la gente de DMG que prácticamente funcionaba como un
banco, pues captaba dinero del público y pagaba hasta 50% de intereses
mensuales. Los investigadores no lo podían creer. ‘Es imposible que una
empresa que no tiene condición de entidad financiera capte recursos
públicos a semejantes intereses sin que haya algo raro detrás’, le dijo uno a
Cambio uno de ellos”.
34. Por lo menos desde el 28 de enero de 2008, en la emisión de mediodía
de Noticias Caracol, fueron dados a conocer la línea de atención y el correo
electrónico de la Superfinanciera para el público, para que los interesados
consultaran si la sociedad en la que deseaban realizar una inversión estaba
autorizada para captar dinero del público19. El 1 de febrero de 2008, el
entonces Superintendente Financiero afirmó, en la emisora W Radio20, que,
si había operaciones de captación en DMG, “entendiendo por ella la
entrega de recursos con cargo para quien los recibe de devolverlos”, se
trataba de “una operación ilegal y las personas que est[uvieran] en esa
situación” debían “abstenerse de realizarla”.
35. Por su parte, el gobierno nacional, a través del ministro de hacienda, hizo
varias advertencias. El 2 de febrero de 2008, en la cadena Caracol Radio el
funcionario afirmó que, pese a que las captadoras ilegales cambiaban de
razón social, la gente no debía seguir entregando recursos a sociedades no
autorizadas21. La advertencia fue reiterada el 11 y 13 de febrero en la misma
la misma cadena22; el 13 de febrero, y el 7 y 12 de marzo de 2008 en canales
de televisión nacional23.
36. En conclusión, para la Sala es claro que no hubo una omisión de las
entidades demandadas en relación con sus funciones de inspección,
vigilancia y control, en un contexto que, como se indicó, condujo a la
declaratoria de emergencia social. Por el contrario, está demostrado que
los demandantes ignoraron las reiteradas advertencias de las autoridades
sobre las captadoras no autorizadas de dinero del público y los medios de
consulta dispuestos para verificar la legalidad de las operaciones de dichas
empresas, y decidieron confiar sus ahorros a una sociedad que no tenía
autorización de la Superfinanciera. En estos términos, la Sala confirmará la
decisión de primera instancia.
18 Folios 1073-1074 del cuaderno 4. Las diferentes publicaciones sobre la materia están visibles a folios
1020-1076 del cuaderno 4.
19 Cd visible a folio 1081B del cuaderno 4.
20 Folios 1054-1056 del cuaderno 4.
21 Folio 1053 del cuaderno 4.
22 Folio 1052 del cuaderno 4.
23 Folios 1048-1051 del cuaderno 4.
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Demandado: Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: acción de reparación directa
Decisión: confirma
2.3. Condena en costas
37. Sin condena en costas de conformidad con el artículo 171 del CCA.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 4 de diciembre de 2020, proferida por
el Tribunal Administrativo de Huila.
SEGUNDO: sin condena en costas.
Por Secretaría, una vez ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el expediente
al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Con manifestación de impedimento Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Firmado electrónicamente
9 de 9
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