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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-31-000-2011-00053-02

Competencia del ad quem: el recurso de apelación no comporta una oportunidad

Fecha
4 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-31-000-2011-00053-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión, el 19 de septiembre de 2016, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 41001-23-31-000-2011-00053-02

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

4 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., cuatro (04) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 41001-23-31-000-2011-00053-02 (60.411)
Actor: Orvein Andrés Mazabuel y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa

Temas: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - ÁMBITO DE
COMPETENCIA DEL AD QUEM – El recurso de apelación no comporta una oportunidad
procesal para modificar la causa petendi de la demanda - CONGRUENCIA DE LA
SENTENCIA - Debe guardar coherencia con los hechos y las pretensiones de la
demanda y demás oportunidades procesales / CARGA ARGUMENTATIVA RECURSO
DE APELACIÓN – No se satisface la carga argumentativa.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca -Sala de Descongestión-, mediante la cual negó las pretensiones de
la demanda.

Se demanda la reparación de un daño derivado de las lesiones irrogadas a un
soldado profesional por la explosión de una mina antipersonal mientras realizaba
un registro de área con los demás integrantes de un Batallón de Contraguerrillas.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la proferida el 19 de septiembre de 2016 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca -Sala de Descongestión-, la cual decidió la
demanda de reparación directa instaurada el 22 de noviembre de 20101, por los
señores Orvein Andrés Mazabuel (víctima directa), Floresmira Mazabuel (madre),
quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores Ary José
y Ninfa Yaneth Cuchumbe Mazabuel; Dora Zeneth Mazabuel (hermanos), Natali
Johanna Valencia Castellanos (compañera permanente); Griselda Tapiero
Gutiérrez y José Leopoldo Cuchumbe Pizo (padrinos), contra la Nación – Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional, con el fin de que se le declare patrimonialmente
responsable por las lesiones irrogadas al soldado profesional Orvein Andrés
Mazabuel en hechos ocurridos el 26 de agosto de 2008, a la altura del río Ambicá,
Huila, y se ordene la consecuencial indemnización de perjuicios.

1 Folios 27 a 29, c. 1.

Radicación: 41001-23-31-000-2011-00053-02 (60.411)
Actor: Orvein Andrés Mazabuel y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa

2. Como fundamento fáctico de la demanda se narró que el 26 de agosto de 20082,
en momentos en que el soldado Orvein Andrés Mazabuel se encontraba realizando
un registro de área con los demás integrantes de la compañía “Cometa” del Batallón
Contraguerrillas No. 64 de la Brigada 7 de San José del Guaviare, pisó una mina
antipersonal que había sido instalada por grupos al margen de la ley y explotó a su
paso, causándole la pérdida del miembro inferior derecho y múltiples heridas en el
cuerpo.

3. Indicó que el daño resulta imputable a la entidad demandada por una falla en el
servicio, en tanto la explosión de la mina antipersonal ocurrió por la absoluta
imprevisión del Ejército pues a pesar del conocimiento que se tenía de que se
trataba de una zona con abundante presencia de grupos subversivos y de la
instalación de minas antipersonales, no se contaba con los elementos de seguridad
en buen estado para realizar un patrullaje por ese lugar, puesto que el detector de
metales no estaba calibrado correctamente y el canino que los acompañaba no
estaba bien entrenado, por lo cual aseguró que fue en vano haber inspeccionado
previamente el lugar donde ocurrieron los hechos3.

La defensa

4. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional se opuso a la prosperidad
de las pretensiones de la demanda. Sostuvo que no existía prueba alguna que
soportara las afirmaciones de la parte actora en torno al mal estado del detector de
metales, así como tampoco que el canino que los acompañaba el día del suceso
no estuviera entrenado para detectar este tipo de explosivos, sin perjuicio de lo cual
no estaba demostrado que ese tipo de recursos fuesen infalibles y, por ende, evitar
detonaciones. Agregó que las lesiones causadas al actor fueron producto de la
concreción de los riesgos propios de su trabajo como soldado profesional, carga
que aceptó de forma voluntaria al vincularse a esa institución. Por último, propuso
la excepción del hecho exclusivo de un tercero, por cuanto la mina antipersonal fue
instalada por grupos al margen de la ley4.

5. Surtido el debate probatorio5, en el término para alegar de conclusión, las partes
reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación; además,

2 Conforme a los informes prestacionales y de novedad, los hechos ocurrieron el 27 de agosto de 2008.
3 Folios 16 a 27 y reforma 85, c. 1.
4 Folios 55 a 65, c 1.
5 Mediante autos del 9 de mayo y del 15 de agosto de 2013, el Tribunal a quo decretó las siguientes pruebas:
Documentales: 1) Registros civiles de nacimiento de la víctima directa, de su madre, sus hermanos y su
compañera permanente. 2) Declaraciones extrajuicio rendidas por José Leopoldo Cuchumbe Pizo, Griselda
Tapiero Gutiérrez, Edwin Tuiran Cuchumbe Gutiérrez y Barbara Mario Cuchumbe Gutiérrez. 3) Fotocopia del
Acta de Junta Médica Laboral 31386 del 26 de agosto del 2009. 4) Oficio 1429 CGFM-FUTCO-CEOBRIM7-
B1 del 24 de marzo de 2011, que contiene el oficio 0038 MDN-DAL-GCC-SEHUI. Oficios: 1) a la Dirección
de Sanidad del Ejército Nacional para que remita copia autentica del Acta de junta Médica Laboral Número
31386. 2) Al Batallón de Contraguerrillas No. 64 de la Brigada Móvil Número 7, de San José del Guaviare,
para que remita el Informe administrativo por lesión del soldado Orvein Andrés Mazabuel, por los hechos
ocurridos el día 26 de agosto de 2008. 3) Al Ministerio de Defensa, para que remita certificación donde conste
que el demandante se desempeñaba como soldado profesional del Ejército Nacional, indicando a qué batallón
se encontraba adscrito, y el sueldo mensual devengado por éste. 4) Al Centro Técnico Ortopédico Ltda., para
que remita con destino a este proceso, cotización de una prótesis Mioeléctrica de última generación, así como
los implantes, trasplantes, cirugías plásticas y terapias. 5) Al comandante de la Brigada Móvil No.7 de San
José del Guaviare, para que remita copia del proceso disciplinario adelantado por los hechos, donde resultara
lesionado el Soldado Profesional Orvein Andrés Mazabuel. 6) A la Procuraduría 49 judicial ll Administrativa

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Radicación: 41001-23-31-000-2011-00053-02 (60.411)
Actor: Orvein Andrés Mazabuel y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa

la primera agregó que de acuerdo con la declaración del soldado Luis Ernesto
Velandia Coy, el superior al mando fue imprudente al ordenarle a la tropa
regresarse por el mismo camino, con lo que se expuso a sus hombres a un riesgo
superior, toda vez que es conocido por la inteligencia militar que la guerrilla
acostumbra minar los caminos de retorno de los uniformados; por esa razón, afirmó
que se desconoció el Manual de Normas de Seguridad Contra Accidentes de las
Fuerzas Militares, específicamente, lo previsto en el Capítulo 5, numeral 7, literal
b6.

6. El Ministerio Público manifestó que se debía exonerar de responsabilidad al
Ejército Nacional, por cuanto no se probó la falla del servicio endilgada referente al
mal estado del detector de metales o la falta de entrenamiento del canino que los
acompañó en aquella misión; añadió que tampoco se configuró un riesgo
excepcional, dado que la operación militar se desarrolló dentro de los lineamientos
normales para estos casos y todos los soldados estaban bajo las mismas
circunstancias e instrucciones7.

La sentencia de primera instancia

7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda. Para tal efecto, sostuvo que los elementos de convicción obrantes en el
plenario no acreditaban ni siquiera de forma indiciaria que el 27 de agosto de 2008
(cuando ocurrieron los hechos objeto de la demanda) el pelotón al que pertenecía
el soldado Orvein Andrés Mazabuel contara con personal y elementos para la
detección de minas antipersonales, ni que se hubiese hecho previamente alguna
revisión para descartar la existencia de esos explosivos, por lo que la tesis
planteada por los accionantes según la cual el detector de metales estaba mal
calibrado y el perro antiexplosivo mal entrenado perdía sustento, pues ni siquiera
se demostró que contaran con ellos. agregó que no se probó que el pelotón al que
pertenecía el soldado profesional Orvein Andrés Mazabuel, hubiera tenido la
necesidad de contar con personal y elementos para la detección de minas
antipersonales, pues lo cierto es que ni siquiera se demostró que el grupo militar
hubiese estado en desarrollo de una misión táctica que implicara contar con un
grupo especializado de antiexplosivos; por el contrario, las documentales daban
cuenta de una misión operativa rutinaria para el reconocimiento del lugar y que, al
encontrarse en “campo minado”, se siguieron las instrucciones previstas en el
Manual de Normas de Seguridad Contra Accidentes de la Fuerza Pública.

8. Agregó que como el soldado Luis Ernesto Velandia Coy en su declaración ante
ese Tribunal manifestó que la decisión del oficial al mando de devolverse por la
misma ruta fue errada, se debía pronunciar al respecto.

de Villavicencio, Meta, para que remita copia autentica de la conciliación Prejudicial N°00873 surtida en dicho
proceso. Testimonios: José Leopoldo Cuchumbe Pizo, Griselda Tapiero Gutiérrez, Edwin Tuiran Cuchumbe
Gutiérrez, Barbara María Cuchumbe Gutiérrez, Luz Mary Obando, Margarita Grisalva, Luis Oswaldo Pizo,
Jaime Orlando Triana Flores y Luis Ernesto Velandia Coy (folios 114 a 116 y 121 a 125, c. 1).
6 Alegatos parte actora folios 198 a 201, c. 1 y parte demandada folios 216 a 225, c. 2.
7 Folios 240 a 249, c. 2.

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Radicación: 41001-23-31-000-2011-00053-02 (60.411)
Actor: Orvein Andrés Mazabuel y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa

9. En ese sentido, señaló que revisado el referido Manual, especialmente, el
capítulo 5, no infería que la manifestación del soldado Velandia Coy tuviera relación
o soporte alguno en las normas del referido documento, por lo que se tornaba
imposible determinar si efectivamente se presentó una incorrecta ejecución de una
orden táctica; por ende, ante la ausencia de material probatorio para acreditar esa
supuesta falla del servicio, concluyó que las lesiones sufridas por el actor eran
consecuencia del riesgo propio que asumían los soldados profesionales al ingresar
a la institución castrense8.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

10. La parte demandante concretó su inconformidad en punto a la valoración del
testimonio del soldado Ernesto Velandia Coy en relación con el Manual de Normas
de Seguridad Contra Accidentes de la Fuerza Pública, toda vez que fundó su
decisión en lo establecido en el capítulo V del mencionado Manual, que trata sobre
las medidas de seguridad que se deben aplicar en presencia de un campo minado
(serie de explosivos interconectados por sistemas eléctricos), el cual no resultaba
aplicable para el presente caso, dado que se trataba de una mina antipersonal
individual, cuya detonación no es eléctrica, sino por la presión al pisarla.

11. En ese sentido, afirmó que con la declaración del citado testigo se había
acreditado que el camino donde se produjo la explosión no fue registrado por parte
del grupo EXDE al entrar y mucho menos al salir de esa zona, circunstancia que
configuraba una falla del servicio de la institución demandada al omitir sus
obligaciones de detectar, señalizar, georreferenciar y eliminar las minas del
territorio colombiano.

12. Agregó que el comandante de la Unidad vulneró la expresa prohibición del
Manual de Normas de Seguridad del Ejército (no precisó cuál), al haber ordenado
a su tropa devolverse por el mismo camino por el que habían entrado, sometiendo
al actor a un riesgo excepcional que superó los riesgos propios de su labor como
soldado profesional9.

13. En la oportunidad para alegar de conclusión, las partes guardaron silencio;
mientras que el Ministerio Público pidió que se confirmara la decisión de negar las
súplicas de la demanda, puesto que no se acreditó que los elementos para la
prevención de explosiones estuvieran en mal estado. Añadió que no se compartía
lo expuesto en el recurso, en relación con que la orden dada por el superior de
devolverse por el mismo camino hubiese desconocido el Manual de Normas de
Seguridad del Ejército, puesto que éste no hacía referencia a las tácticas militares,
sino que estas dependían de las condiciones en las que se realizara cada una de
las misiones10.

8 Folios 253 a 264, c. Ppal.
9 Folios 267 a 276, c. Ppal.
10 Folios 288 a 298, c. Ppal.

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Actor: Orvein Andrés Mazabuel y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa

III. CONSIDERACIONES

14. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,
procede la Sala a resolver el recurso interpuesto.

Causa petendi y el objeto del recurso

15. Previo a analizar el objeto del recurso formulado, la Sala estima necesario
detenerse en el análisis de la causa petendi invocada en el libelo y los hechos que
la fundamentaron, con el propósito de determinar si se configuró una variación de
la misma con el recurso de alzada.

16. La competencia del juez administrativo está limitada a resolver sobre la
responsabilidad patrimonial del Estado con base en los antecedentes fácticos
descritos en la demanda o su reforma y en los medios de convicción regular y
oportunamente arrimados al plenario.

17. En virtud de lo anterior, cualquier variación o modificación del marco fáctico
implicaría un desconocimiento del derecho al debido proceso, puesto que, por una
parte, sorprendería a la parte demandada cuya defensa y medios exceptivos
estuvieron enfocados en rebatir los hechos presentados en la demanda y, por otra,
jamás tendría opción de ejercer en ese caso el legítimo derecho de controvertir y
de aportar pruebas tendientes a rebatir los elementos de juicio eventual base de
la declaración de responsabilidad y consecuencial condena al pago de la
indemnización.

18. Lo anterior no es cosa distinta a la observancia del principio de congruencia
de la sentencia, el cual encuentra su fundamento en el artículo 305 del Código de
Procedimiento Civil, aplicable en virtud de la remisión contemplada en el artículo
267 del CCA 11 , según el cual la sentencia debe guardar coherencia con “los
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades” a las que se refiere ese código, por lo que los demandados no
pueden ser condenados por “objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por
causa diferente invocada en ésta”.

19. Al lado de ese principio, se presenta como presupuesto el de la preclusión y
la regla de señalamiento que impone a las partes exhibir de manera clara y precisa
lo que se pide, manifestación que impone, como garantía del debido proceso y del
derecho de contradicción y defensa, que quien demanda no puede modificar la
causa petendi mediante señalamientos alegados por fuera de las etapas
procesales previstas legalmente para ello, esto es, la demanda, su corrección o
adición, oportunidades preclusivas que la ley dispuso para que se precise la
controversia12.

11 Estatutos procesales aplicables para la fecha en que se presentó la demanda.
12 Sobre el tema, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la sentencia del 14 de
febrero de 1995; rad. S-123, señaló que “la Sala precisa que sí es posible en materia de juicios de
responsabilidad extracontractual del Estado, la aplicación del principio iura novit curia, pero siempre teniendo
en cuenta que a través de él no se puede llegar a la modificación de los fundamentos fácticos de la pretensión,
expuesto en el libelo, los cuales constituyen su causa petendi y son precisados por el actor, y no otros. Así
en esta materia, lo importante es la realidad y naturaleza de los hechos y no la calificación jurídica que les

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Referencia: Acción de reparación directa

20. Al revisar la alzada, se evidencia una modificación en la causa petendi de la
demanda frente a la imputación del Ejército Nacional, dado que en el escrito inicial
se concretó la falla del servicio en el mal estado de los instrumentos y medios para
detectar las minas mientras que, de forma completamente contradictoria, en la
impugnación se endilga las lesiones causadas al soldado Andrés Mazabuel a una
omisión por no haberse registrado el área con los equipos de Explosivos y
Desminados -EXDE- y a la orden impartida por el comandante de no cambiar el
camino de regreso vulnerando supuestamente lo previsto en el Manual de Normas
de Seguridad contra Accidentes de la Fuerza Pública, sin que tales argumentos
hayan sido expuesto en el escrito inicial.

21. Ciertamente, en el libelo inicial, como fundamentos fácticos, la parte actora
señaló que a pesar de haber previamente inspeccionado el lugar donde ocurrió la
explosión, el artefacto no se encontró porque el detector de metales estaba mal
calibrado y el perro que los acompañaba no estaba correctamente entrenado,
hecho que configuró una falla en el servicio imputable a la demandada, puesto que
de haber estado el detector en óptimo funcionamiento y el canino con adecuado
entrenamiento, seguramente se hubiera advertido de forma inequívoca la presencia
del explosivo. En los siguientes términos literales se pronunció:

“8°. - El día 26 de agosto del 2.008, el Soldado Profesional ORVEIN ANDRES
MAZABUEL, con los demás integrantes de la Compañía ‘Cometa’, del Batallón de
Contraguerrillas No. 64 de la Brigada Móvil Número 7, se encontraban realizando un
registro de área para su seguridad, cuando al llegar a la altura del sector del Río Ambicá,
en el municipio de Colombia — Huila, piso una mina, que explotó y lo hirió gravemente.

“(…)

“11°. - A pesar de contar la Compañía Cometa a la que pertenecía el S.P. ORVEIN
ANDRES MAZABUEL, con detector de metales y perro detector de minas, y haber
inspeccionado el lugar del accidente, el artefacto no se encontró porque el canino
no estaba debidamente entrenado y el detector no estaba correctamente calibrado
porque de estar el detector debidamente calibrado con seguridad hubiera indicado
visual y auditivamente la existencia de la mina y si el perro hubiera estado
debidamente entrenado hubiera indicado en forma inequívoca la presencia del
explosivo en el lugar.

“12°. - Las heridas sufridas por el señor ORVEIN ANDRES MAZABUEL, que le causaron
la pérdida de su miembro inferior derecho, ocasionadas por la explosión de la mina,
ocurrieron por la absoluta imprevisión de sus superiores que en una zona, plagada
de guerrilleros, y de minas antipersonales, no tenían el detector de metales
debidamente calibrado ni utilizaron un perro debidamente entrenado.

“13° - De lo anteriormente expuesto, se establece que se trata de responsabilidad
administrativa, por falla en el servicio, sin perjuicio de los demás tipos de responsabilidad
administrativa”13 (resaltado añadido).

puede dar el demandante, todo lo cual coincide con lo dispuesto por nuestra legislación positiva,
concretamente por el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo, según el cual, la sentencia debe
analizar ‘Los hechos en que se funda la controversia’ (…) Si se aceptare que el juez puede al final del proceso,
en la sentencia cambiar los hechos alegados en la demanda se estaría desconociendo el derecho de defensa
y contradicción del proceso que tiene la parte demandada, la cual contestará la demanda enfrente de los
hechos alegados por el demandante y enfocará su actividad probatoria para desvirtuar esos hechos que se
conocen desde un comienzo. Pero si al final del proceso se cambia ya no podría cuestionarlos”.
13 Folios 17 y 18, c. 1.

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Actor: Orvein Andrés Mazabuel y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa

22. Ahora, aunque se adicionó la demanda, se hizo únicamente con el fin de
solicitar los testimonios de Jaime Orlando Triana Flores y Luis Ernesto Velandia
Coy, para que declararan sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
ocurrieron los hechos objeto de la litis. Nada modificó o adicionó respecto de los
hechos que soportan las pretensiones.

23. Inclusive, la defensa del Ejército Nacional se centró en desvirtuar las
afirmaciones realizadas en la demanda referentes a la falta de calibración del
detector de metales y del perro antiexplosivos14.

24. El fallo de instancia denegó las pretensiones, por cuanto no encontró probado
que el pelotón contara con detector de metales y con canino antiexplosivos y,
menos aún que éstos no funcionaran en óptimas condiciones; además, de que no
se demostró que estuvieran en desarrollo de una misión táctica que implicara contar
con un grupo especializado de antiexplosivos. De otro lado, manifestó que el
Manual de Normas de Seguridad contra Accidentes de la Fuerza Pública no
establecía dicha prohibición de que la tropa se regresara por el mismo camino y,
por tanto, no se configuró la falla del servicio alegada.

25. La parte actora cuestionó dicha decisión, pero nada dijo en relación con la
ausencia de prueba del estado en que se encontraba el detector de metales y si el
canino estaba o no correctamente entrenado para detectar explosivos, sino que,
como quedó anotado en los antecedentes, su impugnación se centró en asegurar
que con la declaración del señor Luis Ernesto Velandia Coy se acreditaba que el
área donde se produjo el estallido no fue registrado por el grupo EXDE y, por ello,
el daño era imputable al Ejército, dada la omisión de sus obligaciones de detectar,
señalizar, georreferenciar y eliminar las minas del territorio colombiano.
Adicionalmente, indicó que el a quo erró al fundar su decisión en lo establecido en
el capítulo V del Manual de Normas de Seguridad contra Accidentes, pues ello
regulaba lo referente a las medidas de seguridad en campo minado y no de la mina
antipersonal, por manera que sí se había vulnerado la expresa prohibición
contenida en ese documento, atinente a no regresar por el mismo camino que ya
habían ingresado (sin señalar el capítulo que supuestamente regía).

14 Así lo expresó en los siguientes términos literales: “De entrada es de advertir que mi representada nada tuvo
que ver en los hechos acaecidos el pasado 26 de agosto de 2008 en el municipio Huila/ rio Ambicá, cuando
estuvieran realizando registro ofensivo al parecer en aéreas de influencia guerrillera, no se está de acuerdo
con los demandantes, toda vez que se trató de una mina antipersonal, elemento bélico utilizado por los grupos
al margen de la Ley. // Si bien manifiesta; que se utilizó el perro antiexplosivos y el detector de metales
pero a su vez dice no ser actos el primero por no estar bien adiestrado y el detector de metales al estar
mal calibrado, son sus apreciaciones no contento con ello responsabiliza por omisión e incrimina a los
mandos superiores, es de recabar que son apreciaciones del apoderado del actor, no allega soporte
documental alguno que así lo confirme, como algún experticio técnico sobre el detector de metales a
fin de establecer si verdaderamente estaba mal calibrado y en cuanto al perro se tiene que son caninos
previamente entrenados, pero no por el uso de estos mecanismos de detención de minas se puede
establecer científicamente este probado que animal y detector sean infalibles. // Tampoco está
demostrada la acción u omisión de los mandos superiores, cuando ordenaron utilizar el perro y el detector de
metales, lo único que tenían en ese momento como soporte de seguridad, cosa distinta era que no los hubieran
utilizado, como comúnmente en estos procedimientos se utilizan, pero de ahí a asegurar un resultado es algo
humanamente IMPOSIBLE, ante circunstancias imposibles nadie está obligado. // En resumen el Soldado
Profesional ORVEIN ANDRES MAZABUEL fue víctima de la explosión de un artefacto explosivo improvisado
instalado por miembros de grupos armados al margen de la ley, sin que pueda simplemente suponerse que
dicho suceso fue originado directa o indirectamente por acción u omisión de algún miembro del
Ejército Nacional y mucho menos en la no utilización de medios que se tuvieran al alcance para evitar
el resultado conocido, no pudiendo olvidar en este punto la importancia de tener claro el concepto de
relatividad de la falla del servicio.” Folios 58 a 60, c. 1.

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Referencia: Acción de reparación directa

26. Si bien se advierte que la parte actora recurrió lo referente a que el comandante
de la misión incurrió en una infracción a las medidas de seguridad al ordenar
devolverse por el mismo lugar por el que se ingresó, lo cierto es que no puede ser
analizado por la Sala, puesto que con el mismo se pretende modificar la causa
petendi de la demanda, en la medida en que en el escrito inicial no se solicitó la
declaratoria de responsabilidad por esos específicos hechos, sino que de manera
categórica se afirmó que el pelotón había hecho previamente un registro a la zona,
pero que la negligencia estuvo en que el perro antiexplosivos no estaba
debidamente entrenado y el detector de metales estaba en mal estado, por lo que
no puede pretender la parte demandante en este punto acondicionar a una nueva
causa la falla del servicio inicialmente imputada.

27. De manera que, independiente de que el a quo hubiera analizado una
imputación que no fue puesta de presente en la demanda por parte de los
accionantes, sino que fue realizada en otras etapas del proceso -alegatos de
conclusión de primera instancia y recurso de apelación-, la Sala no tiene
competencia para estudiarla, porque esas etapas no tienen por objeto que se
adicionen o incluyan cargos no esgrimidos en la demanda.

28. Por consiguiente, pronunciarse sobre los nuevos argumentos planteados
en el recurso de apelación, configuraría una afrenta al debido proceso y al derecho
de defensa de la accionada, lo que de paso desconocería los límites de su
competencia para resolver el recurso de alzada, pues tal medio de impugnación
no es una instancia para mejorar la demanda o para reforzarla con hechos nuevos,
ni mucho menos una oportunidad procesal para modificar la causa petendi de la
demanda, sino para abogar por que lo decidido se revoque o modifique, conforme
a la postura que previamente esbozaron las partes.

29. Resalta la Sala que, por vía del recurso se pretendió abrir una instancia
procesal diferente, pero la ley procesal impide al juzgador de segunda instancia
estudiar el asunto en su forma primigenia, como si nunca hubiera sido analizado,
ni mucho menos a la manera de una “nueva instancia”; contrario a ello, la
competencia del ad quem se contrae a revisar la decisión impugnada de cara a
los motivos de censura expuestos por el apelante y, pese a ello, lo que evidencia
el sub examine, son unos hechos distintos a aquellos en los que el actor basó sus
pretensiones.

30. Por consiguiente, como los únicos argumentos esgrimidos en la apelación
fueron los previamente relacionados y, como se indicó, no resulta procedente
analizarlos, más allá del desacuerdo que la parte recurrente muestra frente a la
sentencia de primera instancia por ser contraria a sus intereses, la Sala no
encuentra verdaderos motivos en la apelación que estén dirigidos a desvirtuar las
razones en las que se fundó el Tribunal para negar los argumentos en los que se
soportaron las pretensiones de la demanda; en cambio, se advierte, que el
apelante no cumplió adecuadamente la carga de sustentar el recurso, pues los
argumentos que planteó no refutan los fundamentos de la sentencia, sino que -se

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Radicación: 41001-23-31-000-2011-00053-02 (60.411)
Actor: Orvein Andrés Mazabuel y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Acción de reparación directa

reitera-, trae unos nuevos y distintos a los planteados en la demanda15.

31. Por consiguiente, como la sentencia cuestionada quedó libre de cualquier
censura o confrontación, se confirmará el fallo impugnado que negó las
pretensiones de la demanda.

Costas

32. La Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto
en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

IV. PARTE RESOLUTIVA

33. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala de Descongestión, el 19 de septiembre de 2016, mediante la
cual se negaron las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
VF

15 La carga de sustentación que corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la llana
indicación de disenso frente a la providencia recurrida, tampoco con la solicitud de que se revoque para que,
en su lugar, se acceda a los intereses de la parte inconforme, y menos aún con la simple reiteración de las
razones expuestas en el curso de la primera instancia, bien sea en la demanda o en la contestación. Lo que
la ley impone es que se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la
providencia, en aquello que se considere desfavorable, no solo porque la decisión sea contraria a los intereses
de quien la impugna, sino porque exista en realidad, a su juicio, una razón por la que considere que lo fallado
en primera instancia no corresponde, en derecho, a la decisión acertada, lo cual, por tanto, delimita el marco
al que debe sujetarse el juez al revisar la sentencia recurrida. Ver, Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 20 de mayo de 2022, exp: 53.800, ponencia del suscrito magistrado.

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