Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-31-000-2011-00157-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-31-000-2011-00157-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 41001-23-31-000-2011-00157-02
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
19 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veinticuatro (2024).
Radicación número: 41001-23-31-000-2011-00157-02 (66.975)
Actor: Alberto Castillo Trujillo y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Asunto: Sentencia
Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN - Vigilancia, control,
fiscalización e investigación sobre la captación ilegal de dinero que efectuó la sociedad
DMG Grupo Holding S.A. / ESTADO DE EMERGENCIA SOCIAL DECLARADO MEDIANTE
DECRETO LEGISLATIVO 4333 DE 2008 – Trámite para solicitudes de devolución de
víctimas / AUSENCIA DE IMPUTACIÓN DEL DAÑO – Pese a las advertencias de las
autoridades los demandantes de manera libre y voluntaria asumieron los riesgos de
entregar dinero a una sociedad que no contaba con autorización de la Superintendencia
Financiera de Colombia para captar dinero del público.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
que negó las pretensiones de la demanda.
Se pretende la reparación del daño patrimonial ocasionado por la pérdida de las
sumas de dinero que los demandantes entregaron a la sociedad DMG Grupo
Holding S.A., lo cual supuestamente fue causado por omisión de las demandadas
en cuanto permitieron que la mencionada sociedad captara dinero del público sin
contar con los permisos requeridos.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión proferida el 24 de noviembre de 2020, mediante la
cual el Tribunal Administrativo del Huila negó las pretensiones de la demanda
presentada el 17 de enero de 20111, por los señores Leonardo Rodríguez Orjuela
y otros2 en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación, Departamento
1
Folio 134 del cuaderno 1.
2
La parte actora está integrada por los señores Leonardo Rodríguez Orjuela, Yesid Tamayo, Ulpiano Ocampo
Ardila, Rodolfo Garzón Osorio, Jaime Campos Castillo, Alberto Castillo Trujillo, Rosmery Díaz Plazas, María Del
Rosario Galindo Tamayo, Jhon Fredy Ocampo Mejía, Ángel María Trujillo Lara, Martha Liliana Rodríguez, María
Nury Peralta De Arévalo, César Orlando Pérez Suárez, Luz Dary Alvarado Núñez, Armando Segundo Rafael
Lemos Goyes, Jhon Otoniel Amado Ávila, Mauricio Sánchez Orjuela, Adolfo León Peña Díaz, Marta Patricia
Bahamón Sabogal, Luis Fredy León Achury, Luis Ernesto Herrera, Rogelio Carreño, Nilcy Ramírez Charry, Leidy
Johanna Rodríguez Sánchez, Sandra Milena Trujillo Méndez, Reinel Quimbaya Cleves, Guido Alberto Rosero
Beltrán, Luz Dary Hernández Valenzuela, Nohora Tovar De Sarmiento, Leyla María Sabogal De Peña, Roberto
Carranza Rada, Yimi Villa Aldana, Arnulfo Sánchez Orjuela, Campo Elías Balaguera Guerrero, Carmen Ibarra
Pimentel, Cecilia Cuellar Vargas, Milena Dussán Coronado, José Isauro Castro Villa, John Jairo Losada
Andrade, Luis Hernando Serrano Escobar, María Del Rosario Pastrana Cruz, José María Callejas Joven, Isnelda
Pisso Villegas, Manuel Humberto Ramírez Lizcano, Teófila Bahamón López, Josefina Sánchez Díaz, Nubia
Esperanza Gómez Olaya, Yerovy Pastrana Díaz, Diva Sánchez Lozano y Diomedes Medina Cortés.
Radicación: 41001-23-31-000-2011-00157-02 (66.975)
Actor: Alberto Castillo Trujillo y otros
Demandado: Nación–Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Administrativo de la Presidencia de la República, Superintendencia de Sociedades
y Superintendencia Financiera de Colombia. La síntesis de las pretensiones,
fundamentos de hecho y de derecho que definió el Tribunal, fueron los siguientes:
Pretensiones
2. Reclamaron los demandantes la declaración de responsabilidad patrimonial a
causa de omisiones de las demandadas respecto de la inspección, vigilancia,
control e investigación frente a la captación irregular de dinero que efectuó la
sociedad DMG Grupo Holding S.A., al tiempo que deprecaron una indemnización
de perjuicios en las modalidades de daño emergente y lucro cesante 3.
Hechos
3. La sociedad DMG Grupo Holding S.A. se constituyó por escritura pública
debidamente registrada el 22 de junio de 2006 en la Cámara de Comercio de
Bogotá y, dentro de su objeto social, entre otras actividades, se consignaron las
relacionadas con la inversión en toda clase de valores bursátiles o en empresas
que desarrollen diversos tipos de actividades, así como la entrega de dinero en
préstamo con o sin intereses.
4. En el año 2007 la mencionada sociedad inició la captación masiva de dinero del
público en todo el país y en el extranjero, para lo cual ofrecía el pago de cuantiosos
intereses y beneficios financieros en la adquisición de bienes y servicios a través
de tarjetas prepago denominadas -Prodigy Card-.
5. La citada sociedad funcionaba a través de locales comerciales debidamente
constituidos y abiertos al público, realizaba pautas publicitarias, participaba en
actividades oficiales en varias regiones del país y pagaba impuestos, lo cual
generó la suficiente confianza en los demandantes para que efectuaran
inversiones en las sedes que funcionaban en los municipios de Hobo, Pitalito y
Neiva.
6. Afirmaron que las sumas de dinero que invirtieron no les fueron restituidas, con
lo cual se les causó una afectación patrimonial y una alteración a sus proyectos de
vida.
7. El daño alegado resulta imputable: i) a la Superintendencia Financiera de
Colombia, porque a pesar de que desde 2006 conocía que la sociedad DMG Grupo
Holding S.A. realizaba dicha actividad de captación masiva de dinero al público,
no la suspendió, ni puso esa situación en conocimiento de las autoridades
judiciales; ii) a la Fiscalía General de la Nación, dado que mediante informes
rendidos en el 2006 por la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la denuncia interpuesta por el
congresista Guillermo Rivera, conoció de las actividades relacionadas con el delito
de captación masiva de dinero pero no adelantó las investigaciones oportunas; iii)
3
Como pretensiones indemnizatorias solicitaron a título de daño emergente el pago de los dineros que
entregaron a la sociedad DMG Grupo Holding S.A., valores que se encuentran relacionados en el cuadro que
se encuentra en el párrafo 40 de esta providencia y, por lucro cesante, reclamaron los rendimientos dejados de
percibir por no poder utilizar esos recursos.
2
Radicación: 41001-23-31-000-2011-00157-02 (66.975)
Actor: Alberto Castillo Trujillo y otros
Demandado: Nación–Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa
al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República por omitir
informar al Presidente de la República sobre el deficiente funcionamiento de los
entes de control respecto de captación ilegal de dineros del público; y, iv) a la
Superintendencia de Sociedades, en cuanto omitió vigilar que DMG Grupo Holding
S.A. desarrollara el objeto social para el que fue autorizada y no la captación ilegal
de dinero del público 4.
La defensa
8. La Superintendencia de Sociedades indicó que si bien la sociedad DMG Grupo
Holding S.A. se encontraba inscrita en el registro mercantil, ello no la habilitaba para
realizar una captación masiva de dineros del público , dado que para ello requería
autorización expresa de la Superintendencia Financiera de Colombia; sin embargo,
desarrolló esa actividad bajo maniobras tendientes a ocultar y evadir los controles
estatales.
9. Señaló que las normas que regulaban el cumplimiento de sus funciones
resultaron insuficientes para conjurar los efectos adversos de las actividades de
captación que se realizaban bajo aparente legalidad y tan solo hasta la declaratoria
de emergencia social y económica, mediante el Decreto 4333 de noviembre 17 de
2008, se le otorgaron facultades expresas para intervenir de oficio los negocios,
operaciones y patrimonios de las personas naturales y jurídicas que desarrollaban
esas actividades con el propósito de suspenderlas y disponer la devolución de los
recursos.
10. Señaló que los demandantes incurrieron en falta de diligencia al entregar
voluntariamente sus dineros a una sociedad que ofrecía altos rendimientos, sin
considerar los riesgos ni verificar si estaba autorizada legalmente para desarrollar
esa actividad, aunado a que desconocieron las advertencias que desde el 2006
efectuó la entidad en distintos medios de comunicación sobre la proliferación de
captadoras ilegales de dinero.
11. Indicó que mediante Resolución No. 351-002359 de julio 9 de 2008 sometió
a control a dicha sociedad, en virtud de lo cual detectó falencias en su situación
jurídica, de orden contable, económico o administrativo que luego de la expedición
del Decreto 4334 de noviembre 17 de 2008 dieron lugar a que se efectuara la
intervención de esa persona jurídica.
12. Finalmente, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva y alegó la configuración de los eximentes de responsabilidad de culpa de la
víctima y hecho de un tercero5.
13. La Superintendencia Financiera de Colombia precisó que los hechos de
la demanda daban cuenta de la existencia de dos sociedades diferentes sin que en
sus objetos sociales estuviera la captación masiva y habitual de dinero 6.
4
Folios 51 a 134 del cuaderno principal.
5
Folios 371 a 434 del cuaderno principal.
6
Por una parte, Grupo DMG S.A. que fue intervenida por esa Superintendencia por captación irregular de
dineros del público mediante Resolución No. 1634 de septiembre 12 de 2007 y, de otra, la sociedad DMG Grupo
Holding S.A., intervenida mediante Resolución No. 400-014640 de 21 de noviembre de 2008.
3
Radicación: 41001-23-31-000-2011-00157-02 (66.975)
Actor: Alberto Castillo Trujillo y otros
Demandado: Nación–Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa
14. Indicó que el cumplimiento de formalidades legales para su constitución y
funcionamiento, así como el pago de impuestos no autorizaba a esas sociedades
para captar dinero del público y, si bien, dentro de sus objetos sociales se incluía la
posibilidad de efectuar préstamos, lo cierto es que no estaban autorizadas para
efectuar esas operaciones con la captación masiva de dinero del público.
15. Agregó que las mencionadas sociedades no eran objeto de control en cuanto
no formaban parte del sistema financiero y no tenían autorización para operar;
además, porque cualquier intervención requería respetar el derecho al debido
proceso y para la época de ocurrencia de los hechos los procedimientos
establecidos no resultaron suficientes para controlar la proliferación de sociedades
que adelantaban de forma irregular la captación masiva y habitual de recursos del
público, lo cual conllevó a que se declarara un estado de emergencia social con el
fin de establecer herramientas más eficaces, norma que fue declara exequible por
la Corte Constitucional.
16. Precisó que no le resultaba atribuible una omisión en el cumplimiento de sus
funciones, dado que adelantó varias investigaciones administrativas por la
captación ilegal de dinero y desplegó actividades para informar y advertir al público
sobre los riesgos de entregar dinero a personas no autorizadas para ejercer esa
actividad.
17. Indicó que los demandantes depositaron fondos en DMG Grupo Holding S.A.
luego de su intervención, a pesar de que el acto administrativo que ordenó dicha
acción fue ampliamente divulgado y contenía advertencias sobre los riesgos de
confiar sus recursos a entidades no autorizadas para la captación de recursos del
público.
18. Finalmente, señaló que existían acciones de grupo con pretensiones
similares a la de los demandantes, que el daño alegado no era cierto porque
dependía de la culminación del proceso concursal derivado de la intervención
forzosa de la sociedad DMG Grupo Holding S.A. y que en todo caso se configuró el
eximente de responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de las víctimas 7.
19. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República se
opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual indicó que el daño alegado
resultaba atribuible al hecho de un tercero y a la culpa exclusiva de la víctima.
Propuso las excepciones de indebida representación, falta de legitimación en la
causa por pasiva, falta de legitimación en causa por activa y pleito pendiente8.
20. La Fiscalía General de la Nación señaló que dentro de sus funciones no se
encontraban las relacionadas con la supervisión y control de entidades financieras.
Precisó además, que para la época de ocurrencia de los hechos no existían
mecanismos que permitieran intervenir personas naturales o jurídicas que captaran
dinero del público, los cuales únicamente se establecieron luego de la declaratoria
del estado de emergencia social efectuada mediante el Decreto 4333 de 2008 y se
7
Folios 509 a 548 del cuaderno principal.
8
Folios 805 a 839 del cuaderno principal.
4
Radicación: 41001-23-31-000-2011-00157-02 (66.975)
Actor: Alberto Castillo Trujillo y otros
Demandado: Nación–Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa
le asignaron a la Superintendencia de Sociedades, bajo una actuación de naturaleza
jurisdiccional.
21. Agregó que a los demandantes no se les causó un daño antijurídico, porque
actuaron de forma imprudente en cuanto realizaron negocios con sociedades
intervenidas por captación ilegal de dinero, lo que da cuenta de la configuración de
los eximentes de responsabilidad del hecho de un tercero y de la culpa de la
víctima9.
22. Concluida la fase probatoria10, las partes insistieron en sus exculpaciones y
acusaciones acompañadas de las precisiones probatorias que estimaron
acreditadas11.
23. El Ministerio Público no intervino.
9
Folios 925 a 935 del cuaderno principal. 10
El a quo mediante auto de 5 de marzo de 2013 decretó como pruebas: i) constancia expedida por la
Procuraduría 153 Judicial II Administrativa de Neiva Huila, la cual declara fallida la diligencia de Conciliación
Prejudicial No.
10-0327 (folios 135 a 147 del cuaderno principal); ii) copias de los certificados de existencia y
representación legal de las sociedades DMG S.A. y y DMG Grupo Holding S.A.; iii) copias de notas periodísticas
sobre DMG; iv) copias de las solicitudes de devolución, de tarjetas “prepagos” y de resultado de reclamación
del sitio web www.holdingintervenida.com; (folios 169 a 272 del cuaderno principal); v) disco compacto con las
actuaciones adelantadas por la Superintendencia de Sociedades dentro de 22 expedientes por casos de
captación ilegal de dinero entre 2006 y 2008, incluidas las sociedades Grupo DMG S.A. y DMG Grupo Holding
S.A. (folio 462 del cuaderno principal); vi) discos compactos en los que obran copias de las medidas asumidas
por la Superintendencia Financiera frente a la sociedad DMG Grupo Holding S.A, medidas adoptadas contra
organizaciones dedicadas a la actividad de captación ilegal de recursos del público con anterioridad y con
posterioridad a la expedición del Decreto 4333 de 2008 y del fallo disciplinario proferido por la Procuraduría
General de la Nación en el expediente IUS-2009-292417 (folio 770 del cuaderno principal); vii) copias de las
intervenciones e informes rendidos con ocasión de la revisión de constitucionalidad del Decreto 433 de 2008 y
bitácora de registro en medios de comunicación entre 2006 y 2008 (folios 550 a 769 del cuaderno principal);
viii) copias de los Decretos Legislativos 433 y 434 del 17 de noviembre de 2008 (folios 847 a 859 del cuaderno
principal); ix) interrogatorios de parte de los señores Nelcy Ramírez Charry, Yimi Villa Aldana, Cecilia Cuellar
Vargas e Isnelda Pisso Villegas folios 1.417 a 1.423 del cuaderno principal); x) Oficios S-2017-021976-COMAN-
ASJUR-1.10 del 7 de junio de 2017, S-2017-22416 del Departamento de Policía del Huila en los que se informó
que no se encontraron acta de diligencias relacionadas con DMG Grupo Holding S.A. (folios 1.213, 1.234, 1.235,
1.259 y 1.262 del cuaderno principal; xi) copia de la escritura 1033 del 8 de abril de 2005, contentiva del acto
de constitución de la sociedad Grupo DMG S.A., de la Notaría 35 del Círculo de Bogotá (folios 1.214 a 1.233
del cuaderno principal); xii) Comunicación de FOGAFIN en la que indica que DMG S.A. y DMG Grupo Holding
S.A. no están inscritas en ese fondo y no están cubiertas por el seguro de depósito administrado por ese fondo
(folio 1.236 del cuaderno principal); xiii) comunicación de la Cámara de Comercio del Huila en la que informa
del registro de un establecimiento de comercio de DMG Grupo Holding S.A. en el municipio de Pitalito (folios
1.237 a 1.239 del cuaderno principal); xiv) comunicación respecto del funcionamiento de la sociedad
“proyecciones DRF” (folios 1.240 a 1.255 del cuaderno principal); xv) Intervenciones del Gobernador de Nariño
frente a las captadoras de dinero en el 2008 (folios 1.256 y 1.257 del cuaderno principal); xvi) Copia del
expediente de las actuaciones adelantadas por la Superintendencia de Sociedades frente a la sociedad DMG
Grupo Holding S.A. (folio 1.264 y 1.265 del cuaderno principal con 7 DVD anexos); xvii) certificado de existencia
y representación legal de DMG Grupo Holding S.A. (folios 1.266 a 1.270 del cuaderno principal); xviii) 7 DVD
con las copias escaneadas y audiovisuales de las publicaciones efectuadas en medios de comunicación por
diferentes autoridades públicas en las que se advirtió sobre las actividades ilícitas de las empresas captadores
ilícitas de dinero (folios 1.271 y 1.272 del cuaderno principal); xix) copia de la sesión plenaria del Senado de la
República del 25 de noviembre de 2008 (folios 1.281 a 1.372 del cuaderno principal); xx) comunicación de la
Superintendencia de Sociedades en la que indicó que la información sobre la intervención y ulterior proceso de
liquidación de DMG Grupo Holding S.A. puede consultarse en las copias del expediente y en el sitio web que
dispuso el agente especial para publicar sus decisiones (folios 1.379 a 1.383 del cuaderno principal); xxi) oficios
de la Policía Nacional sobre incautación de dinero a la sociedad DMG Grupo Holding S.A. (folios 1.378, 1.3979
y 1.393 del cuaderno principal); xxii) Comunicación del agente liquidador de DMG Grupo holding S.A. en la que
se indica que el señor Leonardo Rodríguez Orjuela desistió de la petición de devolución de dinero (folio 1.428 y
1.429 del cuaderno principal), xxiii) copia del fallo disciplinario absolutorio del 6 de diciembre de 2011 proferido
por la Procuraduría General de la Nación por los hechos relacionados con DMG Grupo Holding S.A. (folios
1.431 y disco compacto que obra a folio 1.432 del cuaderno principal) ; xxiv) copias de las sentencias penales
condenatorias proferidas en contra del señor David Murcia Guzmán (402 folios cuaderno 8 y 9 de pruebas, con
402 y 338 folios, respetivamente).
11
Parte demandante (folios 1.520 a 1.553 del cuaderno principal), Superintendencia Financiera de Colombia
(folios 1.437 a 1.460 del cuaderno principal) y la Fiscalía General de la Nación (folios 1.463 a 1.466 del cuaderno
principal). La Superintendencia de Sociedades y el DAPRE guardaron silencio.
5
Radicación: 41001-23-31-000-2011-00157-02 (66.975)
Actor: Alberto Castillo Trujillo y otros
Demandado: Nación–Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa
La decisión impugnada
24. El Tribunal Administrativo del Huila negó las pretensiones de la demanda, en
cuanto concluyó que no se probó un daño antijurídico.
25. Señaló que los demandantes no demostraron los negocios jurídicos que
celebraron con la sociedad DMG Grupo Holding S.A. ni que le hubiesen entregado
dinero, dado que los documentos que aportaron para tal fin, consistentes en
descargas de una página web, no corresponden a mensajes de datos, no gozan de
la presunción de autenticidad y no existe certeza sobre la persona que los elaboró
o a quien se le atribuyen, aunado a que su contenido simplemente da cuenta de que
los demandantes solicitaron una devolución de dinero luego de la intervención de
las mencionadas sociedades.
26. Indicó que aun cuando se probara la entrega de dineros a la referida sociedad,
ello tampoco daría cuenta de una afectación que los demandantes no se
encontraban en el deber jurídico de soportar, dado que en ejercicio de su libre
autonomía y en el marco de la iniciativa privada decidieron entregar sus recursos a
un captador ilegal y asumieron el riesgo, sin que se cercioran ante las autoridades
competentes sobre si la mencionada sociedad se encontraba autorizada para
desarrollar esa actividad.
27. Precisó que la apariencia de licitud en el obrar de DMG Grupo Holding S.A., por
haberse constituido mediante sociedad comercial inscrita en el registro mercantil,
se desvaneció cuando captó dineros del público sin autorización, frente a lo cual los
demandantes no efectuaron averiguación alguna.
28. En suma, indicó que al no probarse el daño antijurídico alegado resultaba inane
analizar la imputabilidad y relación causal como elementos de la responsabilidad
que se le atribuyó a las demandadas12.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
Síntesis del recurso de apelación
29. La parte demandante afirmó que el daño alegado se encontraba acreditado,
puesto que con ocasión de la intervención de la sociedad DMG Grupo Holding S.A.
dispuesta en los términos señalados en el Decreto Legislativo 4334 de 2008, el
agente interventor dispuso un sitio web con el fin de publicar las decisiones a los
interesados en esa actuación y del cual descargó los resultados de la consulta que
aportaron junto con la demanda.
30. Precisó que también aportó copias de las tarjetas que expedía la sociedad
captadora por la entrega de recursos, las cuales, junto con los interrogatorios de
parte y la información publicada en el sitio web que dispuso el agente interventor,
daban cuenta de que los demandantes entregaron dinero a la sociedad DMG Grupo
Holding S.A.
12
Índice 160 de las actuaciones de primera instancia en SAMAI.
6
Radicación: 41001-23-31-000-2011-00157-02 (66.975)
Actor: Alberto Castillo Trujillo y otros
Demandado: Nación–Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa
31. Agregó que la actuación de los demandantes no se podía catalogar como
culposa, porque se limitaron a acudir a los servicios de una sociedad legalmente
constituida, cuyo objeto social contemplaba tomar o dar dinero en préstamo con o
sin intereses, razón por la cual la falta de devolución de sus recursos daba cuenta
de un daño que no se encontraban en el deber jurídico de soportar.
32. De otra parte insistió en que dicho daño le resulta imputable i) al DAPRE por
omitir informar al Presidente de la República sobre la falta de administración y
deficiente funcionamiento de los entes de control respecto de las captadoras
ilegales de dinero; ii) a la Fiscalía General de la Nación, porque no cumplió con el
mandato constitucional que le imponía el deber de investigar delitos como el de
captación masiva y habitual de dineros, pese a que desde el 2006 conoció de esa
actividades, iii) a la Superintendencia de Sociedades, en cuanto omitió vigilar a la
sociedad DMG Grupo Holding S.A. y evitar que se dedicara a un objeto social
diferente para el que fue autorizada y iv) a la Superintendencia Financiera, dado
que desde el 2006 conoció sobre la captación irregular de dinero y, si bien ordenó
suspender esas actividades, lo cierto es que permitió que la mencionada sociedad
continuara recibiendo dinero del público13.
33. En la oportunidad para presentar alegatos de conclusión, la parte actora reiteró
que se probó el daño alegado y que resulta imputable a las demandadas. A su turno,
las demandadas indicaron que no incurrieron en una falla en el servicio y que el
daño se causó por la culpa exclusiva de las víctimas14.
34. El Ministerio Público no intervino15.
II. CONSIDERACIONES
35. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,
procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto.
El objeto del recurso de apelación
36. En los términos del recurso de apelación, el análisis de la Sala se circunscribe
a verificar si se encuentra acreditado el daño alegado por los actores, consistente
en la afectación patrimonial por la pérdida del dinero que entregaron a la sociedad
DMG Grupo Holding S.A. De estarlo, se analizará si el mismo resulta imputable a
las demandadas.
Caso concreto
37. Para los apelantes, las pruebas recaudadas en el proceso dan cuenta de que
entregaron sumas de dinero a la sociedad DMG Grupo Holding S.A. que no les
fueron restituidas, lo cual se podía verificar, entre otras, con mensajes de datos,
declaraciones de testigos, copias de tarjetas, interrogatorios de parte y, en especial,
13
Índice 165 de las actuaciones de primera instancia en SAMAI.
14
Índice 13 a 20 de las actuaciones de segunda instancia en SAMAI.
15
Índice 29 de las actuaciones de segunda instancia en SAMAI.
7
Radicación: 41001-23-31-000-2011-00157-02 (66.975)
Actor: Alberto Castillo Trujillo y otros
Demandado: Nación–Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa
con la información publicada por el agente interventor en el sitio web que dispuso
para tal fin.
38. Al revisar el expediente, se encuentra que para probar la entrega de dineros a
la sociedad DMG Grupo Holding S.A. los demandantes aportaron copias de
imágenes en las que se aprecia el resultado de una búsqueda de información por
documento de identidad, copias de solicitudes de devolución y de tarjetas “Prodigy
card”.
39. Los anteriores documentos no dan cuenta de que los demandantes hubieran
entregado dinero la sociedad DMG Grupo Holding S.A.; sin embargo, con ocasión
de las pruebas decretadas por el Tribunal de primera instancia, la Superintendencia
de Sociedades16 aportó copia de las actuaciones surtidas en el proceso de
intervención y ulterior liquidación judicial de la sociedad DMG Grupo Holding S.A.
e indicó que las decisiones proferidas por los agentes interventores en relación con
las solicitudes de devolución obraban en ese expediente y se podían consultar
directamente en el sitio web que el liquidador dispuso para publicar las decisiones
relacionadas con ocasión de ese trámite -procedimiento especial previsto en el
Decreto Ley 4334 de 2008-17.
40. Al verificar la información que se encuentra publicada en la mencionada
dirección electrónica la Sala encuentra que mediante decisiones 06-07–09–11 y 16
proferidas por el agente especial, se resolvió sobre las solicitudes de devolución de
dinero entregado a la sociedad DMG Grupo Holding S.A. por los demandantes en
los siguientes términos:
Dinero
entregado a Fecha de
Demandante Devolución
DMG Grupo depósito
Holding S.A.
$18’300.000 22-10-08 Mediante decisión N° 9 del
Leonardo Rodríguez Orjuela $12’000.000 17-10-08 agente interventor se aceptó
$2’900.000 17-10-08 el desistimiento
$11’000.000 23-10-08
Yesid Tamayo Tamayo 0$
$11’000.000 24-10-08
Ulpiano Ocampo Ardila $20’000.00 27-10-08 0$
Mediante decisión N° 9 del
$19’000.000
Rodolfo Garzón Osorio 18-10-08 agente interventor se aceptó
el desistimiento
Jaime Campos Castillo $14’700.000 02-09-08 $275.000
Alberto Castillo Trujillo $14’000.000 30-09-08 $22.250
Rosmery Díaz Plazas $13’000.000 01-10-08 $297.250
María del Rosario Galindo
$13’000.000 29-10-08 $22.250
Tamayo
Jhon Fredy Ocampo Mejía Sin dato Sin dato Sin dato
Ángel María Trujillo Lara $10’000.000 21-12-2007 $3’794.472
Martha Liliana Rodríguez Sin dato Sin dato Sin dato
María Nury Peralta de Arévalo $6’500.000 08-09-08 $1’282.680
César Orlando Pérez Suárez Sin dato Sin dato Sin dato
16
Oficio OJRE743068 del 5 de julio de 2017 y anexos en 7 discos compactos que obran a folios 1264 y 1265
del cuaderno principal.
17
https://www.dmgholdingintervenida.com.co/
8
Radicación: 41001-23-31-000-2011-00157-02 (66.975)
Actor: Alberto Castillo Trujillo y otros
Demandado: Nación–Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Dinero
entregado a Fecha de
Demandante Devolución
DMG Grupo depósito
Holding S.A.
Luz Dary Alvarado Núñez $6’000.000 01-10-08 $1’282.680
Armando Segundo Rafael
$5’000.000 07-10-08 1’282.680
Lemos Goyes
Jhon Otoniel Amado Ávila $5’000.000 03-10-08 $297.250
Mauricio Sánchez Orjuela $5’000.000 30-09-08 1’282.680
Adolfo León Peña Díaz $5’000.000 21-10-08 1’282.680
Martha Patricia Bahamón
$5’000.000 25-10-08 1’282.680
Sabogal
Luis Fredy León Achury $5’000.000 29-09-08 $22.250
Luis Ernesto Herrera Gutiérrez $5’000.000 24-10-08 $297.250
Rogelio Carreño $5’000.000 05-11-08 $297.250
Nilcy Ramírez Charry $5’000.000 09-10-08 $22.250
Leidy Johanna Rodríguez
$4’300.000 17-10-08 $22.250
Sánchez
Sandra Milena Trujillo Méndez $4’000.000 03-10-08 $297.250
Reinel Quimbaya Cleves $4’000.000 03-10-08 $4’000.000 (compras)
Guido Alberto Rosero Beltrán $3’990.000 20-10-08 $297.250
Luz Dary Hernández
$4’000.000 20-10-08 $1’282.680
Valenzuela
Nohora Tovar de Sarmiento $3’000.000 21-10-08 $22.250
Leyla María Sabogal de Peña $4’000.000 22-10-08 $1’282.680
Roberto Carranza Rada $4’000.000 27-10-08 $1’282.680
Yimi Villa Aldana $4’000.000 01-11-08 $297.250
Arnulfo Sánchez Orjuela $4’000.000 14-11-18 $1’282.680
Campo Elías Balaguera
$3’100.000 07-10-08 $297.250
Guerrero
Carmen Ibarra Pimentel $3’000.000 09-10-08 $817.645
Cecilia Cuellar Vargas $3’000.000 17-10-08 $297.250
Milena Dussán Coronado $3’000.000 11-10-08 $22.250
José Isauro Castro Villa $3’000.000 23-10-08 $1’282.680
John Jairo Losada Andrade $2’800.000 01-11-08 $22.250
Luis Hernando Serrano
$2’500.000 03-10-08 $817.645
Escobar
María Del Rosario Pastrana
$2’500.000 06-10-08 Compra $37.000 y $297.250
Cruz
José María Callejas Joven $2’000.000 08-10-08 $22.250
Isnelda Pisso Villegas $2’000.000 09-10-08 $1’115.373
Manuel Humberto Ramírez
$2’000.000 10-10-08 $22.250
Lizcano
Teófila Bahamón López $2’000.000 20-10-08 $22.250
Mediante decisión N° 9 del
Josefina Sánchez Díaz $1’500.000 11-10-08 agente interventor se aceptó
el desistimiento
Nubia Esperanza Gómez
Sin dato Sin dato Sin dato
Olaya
Yerovy Pastrana Díaz $1’000.000 01-10-08 $297.250
Diva Sánchez Lozano Sin dato Sin dato Sin dato
Diomedes Medina Cortes
$1’000.000 20-10-08 $297.250
41. En estas condiciones, los señores Yesid Tamayo Tamayo, Ulpiano Ocampo
Ardila, Jaime Campos Castillo, Alberto Castillo Trujillo, Rosmery Díaz Plazas, María
del Rosario Galindo Tamayo, Ángel María Trujillo Lara, María Nury Peralta de
Arévalo, Luz Dary Alvarado Núñez, Armando Segundo Rafael Lemos Goyes, Jhon
Otoniel Amado Ávila, Mauricio Sánchez Orjuela, Adolfo León Peña Díaz, Marta
Patricia Bahamón Sabogal, Luis Fredy León Achury, Luis Ernesto Herrera, Rogelio
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Radicación: 41001-23-31-000-2011-00157-02 (66.975)
Actor: Alberto Castillo Trujillo y otros
Demandado: Nación–Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Carreño, Nilcy Ramírez Charry, Leidy Johanna Rodríguez Sánchez, Sandra Milena
Trujillo Méndez, Guido Alberto Rosero Beltrán, Luz Dary Hernández Valenzuela,
Nohora Tovar De Sarmiento, Leyla María Sabogal De Peña, Roberto Carranza
Rada, Yimi Villa Aldana, Arnulfo Sánchez Orjuela, Campo Elías Balaguera
Guerrero, Carmen Ibarra Pimentel, Cecilia Cuellar Vargas, Milena Dussan
Coronado, José Isauro Castro Villa, John Jairo Losada Andrade, Luis Hernando
Serrano Escobar, María Del Rosario Pastrana Cruz, José María Callejas Joven,
Isnelda Pisso Villegas, Manuel Humberto Ramírez Lizcano, Teófila Bahamón
López, Yerovy Pastrana Díaz, Reinel Quimbaya Cleves y Diomedes Medina Cortés,
probaron que entregaron dineros en las referidas cuantías a la sociedad DGM
Grupo Holding S.A.
42. Adicionalmente, en relación con los señores Leonardo Rodríguez Orjuela,
Rodolfo Garzón Osorio y Josefina Sánchez Díaz se advierte que se les
reconocieron las solicitudes de devolución, pero voluntariamente desistieron de
continuar con esa actuación, manifestación que se aceptó mediante la Decisión 9
proferida por el agente especial interventor.
43. Asimismo, no se encontró información sobre el hecho de que los señores Jhon
Fredy Ocampo Mejía, Martha Liliana Rodríguez, César Orlando Pérez Suárez,
Nubia Esperanza Gómez Olaya y Diva Sánchez Lozano hubiesen entregado dinero
a la sociedad sociedad DMG Grupo holding S.A. o formulado solicitudes de
devolución.
44. En esas condiciones, salvo lo relacionado con las personas que no formularon
solicitudes de devolución, los restantes demandantes sí probaron haber entregado
dinero a la sociedad DMG Grupo Holding S.A.; no obstante lo cual, ello no da cuenta
de la configuración de un daño cierto, ni que tenga la connotación de antijurídico,
tal como pasa a explicarse:
45. Respecto de los señores Leonardo Rodríguez Orjuela, Rodolfo Garzón Osorio
y Josefina Sánchez Díaz, porque voluntariamente desistieron de agotar el trámite
de devolución previsto en los Decretos Legislativos que se profirieron con ocasión
de la declaratoria del Estado de Emergencia Social y en virtud de los cuales se
intervino, entre otras captadoras ilegales, a la sociedad DMG Grupo Holding S.A.,
con lo cual la pérdida definitiva del dinero entregado resulta atribuible a su propia
actuación, dado que desistieron voluntariamente de continuar con el proceso
tendiente a recuperar su inversión.
46. En relación con el señor Reinel Quimbaya Cleves, se advierte que si bien se le
aceptó su solicitud de devolución, lo cierto es que se acreditó que la totalidad del
dinero que entregó a DMG Grupo Holding S.A. lo utilizó para adquirir bienes y
servicios que ofrecía dicha sociedad, a partir de lo cual se encuentra que no sufrió
ninguna afectación patrimonial.
47. En lo que atañe a los demás demandantes se encuentra que concurrieron al
trámite de devolución18 y que forman parte del proceso de liquidación judicial de
18
A través del Decreto Legislativo 4334 del 17 de noviembre de 2008, adicionado y modificado por los Decretos
4705 del 15 de diciembre de 2008 y 044 del 14 de enero de 2009, el Gobierno nacional estableció un
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Radicación: 41001-23-31-000-2011-00157-02 (66.975)
Actor: Alberto Castillo Trujillo y otros
Demandado: Nación–Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa
DMG Grupo Holding S.A.19, actuación que para la fecha de esta providencia no ha
finalizado y en la que no se les ha devuelto la totalidad del dinero, según se puede
evidenciar en la información publicada en el sitio web20 dispuesto por el liquidador
de esa sociedad para la publicación de los actos relacionados con ese trámite.
48. No obstante, aun cuando finalizara el proceso de liquidación judicial de la
sociedad DMG Grupo Holding S.A. y no se les devolviera la totalidad del dinero a
los demandantes, lo cierto es que de ello no podría derivarse la existencia de un
daño antijurídico imputable a las demandadas. Al respecto, debe recordarse que
sólo puede entenderse como antijurídico el daño que causa un perjuicio personal y
cierto al derecho a la propiedad que ha sido restringido con intromisiones
intolerables, esto es, que es limitado de forma tal que excede la obligación jurídica
de soportarlo; asimismo, otra característica del daño indemnizable se encuentra en
el hecho de establecer que solamente resultan antijurídicas las lesiones causadas
por el Estado a los derechos de las personas que no surgen de su anuencia,
aceptación o que son propiciadas por ellos mismos. No se trata de identificar el
concepto de daño antijurídico con la causal de exoneración de responsabilidad que
rompe la imputación por el hecho o culpa exclusiva de la víctima; se trata de
entender que el Estado no puede indemnizar los daños cuya fuente de
indemnización no es objeto de protección jurídica, en tanto que su origen es
inconstitucional, ilegal o contraria al principio de buena fe que debe regular todas
las actuaciones de los particulares y del Estado (artículo 83 de la Constitución). En
otras palabras, así el daño cuya reparación se pretende pudiese ser causado de
manera directa y eficiente por el Estado, no puede ser indemnizado si fue
propiciado, auspiciado, avalado u originado con la actuación u omisión de quien lo
reclama, en tanto que el ordenamiento jurídico solamente protege las actuaciones
leales y legítimas de los particulares.
49. Para el sub examine, se resalta que según el artículo 335 de la Constitución
Política, el manejo, administración e inversión de los recursos del público -en la
medida que tiene una connotación social y económica de alto impacto en la
comunidad-, sólo puede ser desarrollada por las entidades expresamente
autorizadas por las autoridades competentes, previo cumplimiento de los requisitos
previstos por la ley, por contera, la captación masiva y habitual de recursos del
público sin contar con la autorización correspondiente conlleva a la imposición de
sanciones administrativas y penales, en cuanto corresponde al ejercicio ilegal de
una actividad. Esta es una disposición de orden constitucional que no solo no puede
ser desatendida por quienes pretendan desarrollar operaciones de intermediación
con recursos captados del público, sino que se proyecta como una advertencia a
procedimiento especial de intervención a cargo de la Superintendencia de Sociedades con el fin de disponer la
suspensión inmediata de las operaciones o negocios de personas naturales o jurídicas que a través de
captaciones o recaudos no autorizados ejercieran actividades financieras irregulares y adoptar un procedimiento
cautelar que permitiera la pronta devolución de recursos obtenidos en desarrollo de tales actividades. En
desarrollo de los mencionados decretos, la Superintendencia de Sociedades, a través de auto N° 400-014079
del 17 de noviembre de 2008 ordenó la intervención de la sociedad DMG Grupo Holding S.A., mediante la toma
de posesión de sus bienes, haberes, negocios y establecimientos de comercio.
19
Culminado el trámite especial de devolución previsto en el Decreto Legislativo 4334 de 2008, la
Superintendencia de Sociedades, mediante auto 420-024569 de 15 de diciembre de 2009 decretó la apertura
del proceso judicial de Liquidación de DMG Grupo Holding S.A.; asimismo, se indicó que en atención a que
dicho trámite se inició como consecuencia de la terminación de un proceso de intervención a los afectados
reconocidos y aceptados en él formarían parte del proceso de liquidación y se les pagaría de manera preferente
sobre las acreencias contenidas en la calificación y graduación aprobada en el proceso de Liquidación Judicial.
20
https://www.dmgholdingintervenida.com.co/. Página web consultada el 11 de marzo de 2022.
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Radicación: 41001-23-31-000-2011-00157-02 (66.975)
Actor: Alberto Castillo Trujillo y otros
Demandado: Nación–Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa
quienes queriendo fungir como inversionistas asuman las precauciones propias de
quien pretende una rentabilidad sobre su ahorro, entre ellas, y tal vez la primera,
que tales operaciones se hagan a través de intermediarios autorizados por el
Estado, de manera que sin mediar la misma, ningún patrocinio legal podrán esperar
en procura de reclamar las consecuencias de su obrar.
50. Al respecto, las operaciones ilegales de captación de recursos del público
conllevó a que el Presidente de la República, en uso de las facultades que le
confiere el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, mediante el Decreto
4333 del 17 de noviembre de 2008 declarara el Estado de Emergencia Social con
el fin de conjurar una crisis social, en cuanto el desarrollo de esas operaciones no
autorizadas incidió en la situación económica de los inversores, al punto de afectar
la subsistencia de sus familias y de alterar el orden público.
51. La mencionada decisión se sustentó en el hecho de que durante los años 2006
a 2008 se presentó en todo el país una proliferación de distintas modalidades de
captación masiva y habitual de recursos del público por parte de personas naturales
y jurídicas que no contaban con la autorización legal para ejercer esa actividad y
que ofrecían inexplicables rendimientos que no encontraban soporte en negocios
lícitos que tuvieran una viabilidad financiera que justificara esos beneficios.
52. El ofrecimiento de beneficios exorbitantes generó falsas expectativas en el
público en general, lo cual conllevó a que un número importante de personas
ignoraran las advertencias oficiales y depositaran sus recursos en esas
operaciones, pese a que los niveles de riesgo se encontraban por fuera de toda
razonabilidad financiera y que dichas actividades no estaban sujetas a algún
régimen prudencial y carecían de las garantías y seguridad que ofrecía el sector
financiero autorizado por el Estado.
53. El Gobierno Nacional señaló que los hechos descritos tenían el carácter de
sobrevinientes y requerían la adopción de medidas extraordinarias para regular las
consecuencias punitivas por el desarrollo ilegal de esas actividades, permitir el
acceso de las personas de bajos recursos al sistema financiero, evitar la pérdida
de los recursos y procurar por la restitución del dinero la población afectada.
54. El mencionado Decreto Legislativo fue objeto de revisión por parte de la Corte
Constitucional y declarado exequible mediante la sentencia C - 135 de 25 de febrero
de 2009. En dicha providencia, respecto de hechos generadores de la perturbación
del orden social que fueron invocados por el Gobierno Nacional se indicó que se
encontraban debidamente soportados y que tenían el carácter de sobrevinientes y
extraordinarios21.
21
Corte Constitucional, sentencia C - 135 de 2009; (…) De los hechos anteriormente constatados, tanto la
proliferación de distintas modalidades de captación o recaudo masivo de dineros del público no autorizados,
como la circunstancia fáctica que un número importante de ciudadanos haya entregado cuantiosas sumas de
dinero a captadores o recaudadores en operaciones no autorizadas, y de esta manera haya comprometido su
patrimonio, tienen el carácter de sobreviniente y extraordinario.
Por un lado del conjunto de las pruebas relacionadas en el acápite correspondiente de esta decisión se
desprende que desde el año 2007 se incrementaron las actividades de los captadores ilegales, los cuales se
extendieron rápidamente por todo el país, mediante la apertura de agencias (cuando se trataba de personas
jurídicas) y establecimientos de comercio (cuando se trataba de personas naturales) en municipios de casi todos
los departamentos. De esta manera un fenómeno ya conocido adquirió proporciones alarmantes.
Adicionalmente, tal como explican las distintas entidades administrativas, las modalidades sofisticadas de
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Radicación: 41001-23-31-000-2011-00157-02 (66.975)
Actor: Alberto Castillo Trujillo y otros
Demandado: Nación–Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa
55. Se indicó que la expansión de los captadores ilegales por el territorio nacional
se benefició por la existencia de vacíos legales que dificultaron la actuación de las
autoridades públicas y que pese a las advertencias de la Superintendencia
Financiera, un creciente número de ciudadanos se involucró en esas operaciones
no autorizadas, atraídos por los beneficios ofrecidos, conducta que resultó
excepcional debido a la propensión al riesgo de los inversores lo cual contribuyó al
rápido crecimiento de los esquemas piramidales que requerían la incorporación
continua de nuevos inversores.
56. Los antecedentes referidos dan cuenta de la dificultad de elaborar un juicio de
imputación de responsabilidad a las demandadas, habida cuenta de que la
afectación alegada deviene del hecho de los demandantes, quienes de forma libre
y voluntaria asumieron los riesgos de entregar dinero a una sociedad captadora de
dinero que no se encontraba autorizada para realizar dicha actividad.
57. Los demandantes que entregaron dinero a la sociedad DMG Grupo Holding
S.A. lo hicieron entre julio y octubre de 2008, época para la cual la Superintendencia
Financiera había publicado varios avisos en los que informaba que dicha sociedad
no contaba con autorización para captar dinero del público y sobre los riesgos que
implicaba para la ciudadanía realizar esas operaciones.
58. La mencionada entidad aportó una copia de la bitácora22 de medios de
comunicación, prensa, radio y televisión, sobre varios pronunciamientos y avisos
de prensa realizados por el Superintendente Financiero de Colombia y otros
funcionarios del orden nacional, durante el periodo comprendido entre el 1° de
agosto de 2007 y el 13 de noviembre de 2008, entre los cuales relacionan los avisos
al público divulgados en los diarios El Tiempo de 17 de septiembre y 9 de octubre
de 2007, 15 de enero de 2008; Portafolio de 28 de enero de 2008; Llano 7 Días de
20 de septiembre y 11 de octubre de 2007; Diario Nuevo Putumayo de 29 de
septiembre y 15 de octubre de 2007.
59. Asimismo, se relacionan en la citada bitácora 54 notas periodísticas
relacionadas con el tema de captación ilegal de dineros del público publicadas y/o
emitidas en diarios y medios auditivos y televisivos como El Tiempo, Canal RCN,
Canal Caracol, Caracol Radio, Portafolio, Agencia de Noticias Primera Página.com,
captación diseñadas, pensadas especialmente para aprovechar los vacíos legislativos, dificultaron la labor de
control de las entidades estatales, las cuales finalmente se vieron desbordadas por la actividad ilegal.
También tiene el carácter de extraordinario y de sobreviniente la actuación de los ciudadanos que decidieron
confiar sus ahorros a los captadores ilegales. En efecto, a pesar de la campaña emprendida por la
Superintendencia Financiera para alertar a la población, mediante la publicación de avisos en distintos
periódicos de circulación nacional y local, un número cada vez mayor de ciudadanos, atraídos por los beneficios
ofrecidos decidieron participar de las operaciones de captación no autorizada. Tales hechos pueden ser
calificados de anormales y excepcionales por dos razones, porque los inversores a pesar que sabían el riesgo
que corría su patrimonio aún así seguían invirtiendo, es decir, que según términos económicos demostraron
una peligrosa propensión al riesgo, anormal desde la perspectiva de la racionalidad económica y, por otra parte,
porque su número crecía de manera casi exponencial, precisamente un requisito para obtener los beneficios
ofrecidos era referir a nuevos inversionistas a los captadores no autorizados. En otras palabras, el esquema
piramidal de funcionamiento de los sistemas de captación masiva e ilegal de recursos del público, propició que
un número cada vez mayor de personas y de ahorros se viera incorporado a tales esquemas, lo que le confirió
un carácter excepcional a la situación.
Las anteriores razones son suficientes para considerar que los hechos invocados para justificar la declaratoria
del estado de excepción tenían el carácter de sobrevinientes y extraordinarios (…) ”.
22
Información contenida en 9 discos compactos que obran a folios 770 y 1.272 del cuaderno principal.
13
Radicación: 41001-23-31-000-2011-00157-02 (66.975)
Actor: Alberto Castillo Trujillo y otros
Demandado: Nación–Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa
la W Radio, Nuevo Siglo, Vanguardia Liberal, Noticiero CM&, La República, El
Colombiano, El Espectador, La Patria, Presidencia de la República, El País, El
Universal, El Periódico y Revista Poder, para el periodo de 17 de septiembre de
2007 al 13 de noviembre de 2008.
60. En ese escenario, resulta claro que los demandantes no acataron las
advertencias, información y mensajes de prevención que adelantaron las
autoridades; así, de manera libre y voluntaria, desatendido aquellas y sin asumir
las acciones propias de quien diligentemente pretende invertir capitales con
promesa de recibir una renta, entre ellas, la de verificar si se trataba de un
intermediario autorizado por el Estado, entregaron su dinero a la sociedad DMG
Grupo Holding S.A. con el propósito de obtener un rendimiento en un plazo
determinado , razón por la cual no resulta de recibo que ahora pretendan alegar a
su favor su propia culpa, incuria y falta de cuidado.
61. La anterior conclusión no se altera por el hecho de que la mencionada persona
jurídica se hubiese constituido como sociedad mercantil, registrado sus
establecimientos de comercio, pagado impuestos y que dentro de su objeto social
se hubiese consagrado, entre otros, el tomar o dar dinero con o sin intereses, dado
que de ello, tal como lo indica la carta política, solo es permitido bajo la autorización
del Estado; aspecto que, por demás, fue advertido por las autoridades.
62. Se resalta que la responsabilidad de evaluar el riesgo, la seguridad y viabilidad
de entregar dinero con el fin obtener rendimientos en un plazo determinado
correspondía única y exclusivamente a cada una de las personas interesada en esa
operación, a quienes les asistía el deber de verificar que la sociedad, además de
estar legalmente constituida, contara con la autorización para desarrollar esa
actividad, y en el caso concreto DMG Grupo Holding S.A. ni siquiera formaba parte
del sector financiero o del de la economía solidaria.
63. Así las cosas, la Sala resolverá de forma desfavorable el recurso de apelación
y confirmará la sentencia de primera instancia en cuanto negó las pretensiones de
la demanda.
Condena en costas
64. En este asunto no hay lugar a la imposición de costas, por cuanto no se
evidencia en el sub examine que alguna de las partes hubiere actuado
temerariamente -artículo 171 del CCA, subrogado por el artículo 55 de la
Ley 446 de 1998-.
IV. PARTE RESOLUTIVA
79. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
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Radicación: 41001-23-31-000-2011-00157-02 (66.975)
Actor: Alberto Castillo Trujillo y otros
Demandado: Nación–Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2020 por el
Tribunal Administrativo del Huila.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
15
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