Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-31-000-2011-00371-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 41001-23-31-000-2011-00371-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-31-000-2011-00371-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 41001-23-31-000-2011-00371-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
8 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., ocho (8) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 41001-23-31-000-2011-00371-01 (58.717)
Actor: William Morales y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Tema: FALLA EN EL SERVICIO / Intervención irregular del abogado conciliador en
una diligencia, por inducir en error al demandante / AUSENCIA DE IMPUTACIÓN –
no se probó que el daño alegado pudiera ser atribuido al ente demandado /
CONCILIACIÓN – autocomposición / Administración de justicia – particulares.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, a través de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
Se solicita declarar responsables a la Nación-Rama Judicial–Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, por los perjuicios causados por la omisión de controlar y
vigilar la conducta ejercida por un conciliador en audiencia celebrada el 13 de
agosto de 2009 en el municipio de Garzón, Huila.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la proferida el 23 de noviembre de 2016 por el Tribunal
Administrativo del Huila1, mediante la cual se resolvió la demanda presentada el 4
de agosto de 2011 por los señores William Morales y Melba Vargas de Morales,
actuando en nombre propio y en el de sus hijos menores, Evelin Paola y Diego
Rolando Morales Vargas; Alex Giovanni Morales Vargas, actuando en nombre
propio y en el de sus hijos menores, Juan José y Nicolás Morales Sánchez, en
contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
1 Folios 190 a 202 del cuaderno ppal.
Radicación: 41001-23-31-000-2011-00371-01 (58.717)
Actor: William Morales y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Judicial2, con el fin de que se les declare administrativa y extracontractualmente
responsables por los perjuicios causados por la presunta falla en el servicio por la
omisión de controlar y vigilar la conducta fraudulenta ejercida por el conciliador
Andrés Sandino en audiencia celebrada el 13 de agosto de 2009 en el municipio de
Garzón, Huila.
2. Como sustento fáctico de sus pretensiones, se indicó que el 13 de agosto de
2009 se celebró audiencia de conciliación, presidida por el abogado Andrés
Sandino, con el propósito de llegar a un acuerdo en relación con la nulidad del
contrato de promesa de compraventa de un inmueble, suscrito entre la señora
Yolanda Salazar Chavarro y el aquí demandante, William Morales.
3. Se adujo que el conciliador, junto con el apoderado de la convocante y el propio
apoderado del demandante, lo indujeron en error durante dicha diligencia con el
propósito de instarlo para modificar las cláusulas tercera y sexta del contrato, so
pena de declarar la nulidad del mismo. Dicha circunstancia conllevó a que el
demandante firmara el acta de conciliación en los términos convenidos por
aquellos, los cuales beneficiaron a la señora Yolanda Salazar, por cuanto evadió
los intereses generados por la mora en el pago de las cuotas -$55’000.000- y el
pago de la cláusula penal por dicho incumplimiento -$20’000.000.
4. Sostienen los demandantes que las citadas personas presionaron al accionante
para que en el acuerdo quedara plasmado que la firma de la escritura pública se
efectuaría con el pago de la segunda cuota. Indicó que la señora Salazar Chavarro
se insolventó para no cumplir con las obligaciones dinerarias restantes, por lo que
William Morales se abstuvo de suscribir el referido instrumento público. Por esta
razón, Yolanda Salazar Chavarro promovió un proceso ejecutivo en su contra con
el fin de obtener la titularidad del inmueble y el pago de la cláusula de
incumplimiento.
5. Se expuso que el Director del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable
Composición de la Corporación del Colegio Nacional de Abogados, Seccional
2 Mediante auto admisorio de 22 de agosto de 2011, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
notificó también al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Centro de Conciliación de Arbitraje y
Amigable Composición, para que intervinieran en el presente proceso. Al respecto, expuso:
“Igualmente, de los hechos de la demanda se infiere con mediana claridad, que tanto al Ministerio
de Justicia y del Derecho, así como el Centro de Conciliación Arbitraje y Amigable Composición de
la Corporación del Colegio de Abogados “CONALBOS”, pueden tener interés directo en el resultado
del proceso; en tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 207, se
dispondrá su notificación personal”.
2
Radicación: 41001-23-31-000-2011-00371-01 (58.717)
Actor: William Morales y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Bogotá, avaló el fraude cometido por el conciliador Andrés Sandino, tras firmar el
acta de conciliación, pese a sus evidentes irregularidades, pues desde la
convocatoria se aludió a la indebida posible declaratoria de nulidad del contrato, el
uso inadecuado del mecanismo de conciliación para modificar un contrato de
promesa de compraventa y las estipulaciones de cláusulas que perjudicaban
notoriamente al promitente vendedor.
La defensa
6. La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial3,
adujo que ninguno de los funcionarios miembros de las corporaciones que integran
tales entidades intervinieron en los hechos que suscitaron la presente controversia,
por manera que se deben dar por configuradas las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva, falta de causa para demandar e inexistencia de
perjuicios. Al respecto, manifestó que las entidades encargadas de ejercer el control
y la vigilancia sobre los conciliadores, y en general sobre los centros de conciliación
y arbitraje, son los Ministerios de Justicia y del Interior.
7. De otra parte, afirmó que se configura la ausencia de nexo causal, pues, revisada
el acta de conciliación, se advierte que el funcionario involucrado actuó conforme a
la Ley, ya que dicho acuerdo se suscribió de manera voluntaria por las partes, de
ahí que tampoco pueda calificarse tal actuación como un error judicial, pues no fue
falsamente motivada o expedida con violación de las normas de derecho aplicables.
Intervenciones
8. El Ministerio de Justicia y del Derecho4 presentó escrito en virtud del numeral 3°
del artículo 207 del CCA5. Indicó que no está facultado para intervenir en las
conductas desplegadas por los conciliadores en derecho ni para revisar el contenido
de las actas o acuerdos celebrados voluntariamente por las partes y menos aún es
su deber pronunciarse sobre su aprobación o sobre algún vicio de nulidad. Por otro
lado, expuso que a fin de demostrar el actuar fraudulento del conciliador, su
apoderado y el apoderado de su contraparte, el demandante debió acudir a la
jurisdicción ordinaria y solicitar la nulidad del acta, dado que su consentimiento en
3 Folios 104 a 113, cuaderno 1.
4 Folios 83 a 89, cuaderno No. 1.
5 Que se notifique personalmente a la persona o personas que, según la demanda o los actos
acusados, tengan interés directo en el resultado del proceso.
3
Radicación: 41001-23-31-000-2011-00371-01 (58.717)
Actor: William Morales y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa
tal acuerdo podría estar viciado, en virtud de los artículos 1510 a 1516 del Código
Civil.
9. La Corporación Colegio Nacional de Abogados – CONALBOS6 manifestó su
oposición frente a las pretensiones de la demanda. Precisó que la función de un
conciliador en derecho no es la de emitir una decisión o veredicto, sino de servir
como mediador entre dos partes; asimismo, señaló que no existe ningún
pronunciamiento legal o jurisprudencial que impida que los acuerdos puedan
modificarse en una audiencia de conciliación. También destacó que tal acuerdo no
fue producto de un actuar fraudulento, pues, como quedó consignado en el acta, las
partes lo suscribieron de manera libre y voluntaria.
La decisión
10. Surtido el debate probatorio7, el Tribunal Administrativo del Huila declaró
probada de oficio la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación –
Rama Judicial y negó las pretensiones de la demanda. Como sustento de su
decisión, indicó que la primera no tiene injerencia en las actuaciones de los centros
de conciliación o conciliadores.
6 Folios 97 a 100, cuaderno No. 1.
7 En autos de pruebas de 25 de enero de 2012 y 17 de mayo de 2012, se decretaron las siguientes
pruebas: i) De la parte demandante: las pruebas documentales obrantes a folios 19 a 36 del
cuaderno ppal (Acta de conciliación de 13 de agosto de 2009 suscrita por Yolanda Salazar, William
Morales, Jorge Olmedo y el conciliador Andrés Sandino, contrato de compraventa de un inmueble
suscrito entre William Morales y Yolanda Salazar, citación a audiencia de conciliación de 23 de julio
2009, solicitud de convocatoria a audiencia de conciliación presentada por Yolanda Salazar,
comprobantes de pago en 1 folio de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, constancia
de pago de crédito al Icetex, acta de matrimonio suscrita por William Morales, Registro Civil de
nacimiento de Alex Giovanny Morales Vargas, Evelin Paola Morales Vargas, Diego Rolando Morales
Vargas, Juan José Morales Sánchez y Nicolás Morales Sánchez, declaración juramentada con fines
extraprocesales suscrita por Melba Vargas Morales, declaración juramentada con fines
extraprocesales suscrita por Cecilia Sánchez Chavarro, copia de cédula de ciudadanía de William
Morales, Fotografías impresas en 2 folios de 2 bienes inmuebles). II) De la Corporación Colegio
Nacional de Abogados: se ordenó la práctica de los testimonios de los señores Andrés Sandino,
Jorge Olmedo Montealegre Ortiz, Hugo Ernesto González, Yolanda Salazar Saavedra y Gildardo
Cabrera Almario. Asimismo, en virtud de peticiones de oficio se allegó copia del expediente de la
denuncia disciplinaria, adelantada ante el Consejo Seccional de la Judicatura – Sala Disciplinaria,
instaurada por William Morales contra Andrés Sandino, copia del expediente por la acción de tutela
instaurada por William Morales en contra de Andrés Sandino y del expediente del proceso ejecutivo
promovido en contra de William Morales adelantados ambos procesos ante el Juzgado 2° Civil
Municipal de Garzón, Huila, el certificado de tradición y libertad del bien inmueble que originó la
presente controversia solicitado ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
4
Radicación: 41001-23-31-000-2011-00371-01 (58.717)
Actor: William Morales y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa
11. En cuanto al Ministerio de Justicia y del Derecho y la Corporación Colegio
Nacional de Abogados – Conalbos, precisó que se encuentran legitimadas en la
causa por pasiva, por tratarse de las entidades encargadas de ejercer la inspección,
vigilancia y control de los centros de conciliación y de registrar las actas de
conciliación, respectivamente8; sin embargo, no se demostró que tales entidades
actuaron de forma irregular o contrariando los lineamientos establecidos dentro de
sus competencias y funciones.
12. Sumado a lo anterior, expresó que aun cuando eventualmente los conciliadores
están investidos para ejercer función pública, lo cierto es que no son servidores ni
empleados públicos, razón por la que no representan al Estado, de ahí que no se
pueda promover la acción de reparación directa con el fin de acusar el
comportamiento de un abogado conciliador y perseguir así una indemnización por
la indebida o irregular definición del conflicto. De igual forma, no se probó el
supuesto fraude de los participantes en la diligencia de conciliación, ni las
amenazas y la coacción ejercida en su contra.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
13. La parte actora interpuso recurso de apelación. Reiteró lo esgrimido en la
demanda inicial en torno al sustento fáctico y jurídico. En cuanto a lo decidido por el
a quo, expuso su desacuerdo en relación con: (i) la competencia de la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa para declarar la nulidad y el restablecimiento del
derecho de un acta de conciliación, pues nunca invocó tal pretensión, (ii) la
imposibilidad de hacer responsable al ente por la conducta de un conciliador sin que
se haya decidido sobre la misma ante la justicia ordinaria, y (iii) no condenarlo al
pago de unos daños y perjuicios con sustento en unos hechos que no han sido
demostrados ni sometidos a juicio por el juzgador competente.
15. Indicó que la competencia del presente asunto recae en la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa, toda vez que el conciliador ostentaba la calidad de
funcionario público con facultad transitoria para administrar justicia, de conformidad
con las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001, razón por la que insistió y destacó que
debe declararse la responsabilidad de la Nación - Rama Judicial - Dirección de
Administración Judicial, en ejercicio del medio de control de reparación directa.
8 A manera de precisión, se destaca que revisado el plenario dichas entidades no fueron
demandadas ni vinculadas en tal calidad en el curso del proceso.
5
Radicación: 41001-23-31-000-2011-00371-01 (58.717)
Actor: William Morales y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa
16. En relación con las consideraciones esbozadas en la sentencia frente al
Ministerio de Justicia y del Derecho y CONALBOS, no formuló ningún reparo.
III. CONSIDERACIONES
Procedencia del medio de control de reparación directa
17. La Sala precisa que la reparación directa resulta procedente en el presente caso,
pues más allá de la certeza, precisión y coherencia de la demanda, la imputación
se edifica en la alegada falla en el servicio en que supuestamente incurrió la Nación
– Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con ocasión de
las acciones del conciliador a las que el actor le asigna haber actuado con funciones
“jurisdiccionales”. No se trata entonces de un juicio de legalidad del acuerdo
conciliatorio.
Objeto de la apelación
18. La causa petendi por razón de lo indicado en el recurso de apelación, está
delimitada a la falla en el servicio en que incurrió la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ante el obrar de un conciliador
adscrito a un centro de conciliación de una entidad privada.
19. Así, valga precisar que en lo que respecta al Ministerio de Justicia y del Derecho
y el Colegio Nacional de Abogados (CONALBOS), lo decidido por el a quo no será
objeto de consideración y análisis en la presente instancia judicial, toda vez que no
fue objeto de cuestionamiento ni pronunciamiento por el demandante en el recurso
de alzada.
Administración de justicia y función judicial
20. La conciliación se inscribe dentro de los mecanismos de acceso a la
administración de justicia, pues confiere la posibilidad a los particulares de resolver
un conflicto de manera directa, célere, informal, confidencial y económica.
21. Bajo esa concepción, la conciliación conlleva la participación de los particulares
en la solución de controversias como conciliadores, de ahí que se entienda que se
trata de un mecanismo de autocomposición dado que el rol del conciliador no es el
de imponer una decisión, ni tampoco la de sustituir la voluntad de alguna de las
partes involucradas, pues tal medio propicia las soluciones consensuadas a partir
6
Radicación: 41001-23-31-000-2011-00371-01 (58.717)
Actor: William Morales y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa
de la participación de los propios individuos enfrascados en un conflicto, capaces
de definir el manejo de sus asuntos de naturaleza disponible.
22. Bajo estos lineamientos resulta apropiado dejar consignado que los
conciliadores no ejercen función jurisdiccional, en tanto no definen un conflicto ni
actúan con prerrogativas de poder público para imponer una decisión en un caso
específico.
23. Aclara lo anterior la diferencia que existe entre la función de administrar
justicia en clave constitucional y la de ejercer una función judicial; esto en tanto el
artículo 116 de la carta política habla de que los particulares pueden ser investidos
transitoriamente de la función de administrar justicia en condición de conciliadores
y árbitros.
24. La administración de justicia, en el contexto constitucional, hace referencia
a un cometido estatal, que para su logro está soportado no solo en las prerrogativas
de poder público asignadas a los órganos y dependencias de la rama judicial del
poder público, sino que también podrá realizarse a través de los mecanismos de
autocomposición de los conflictos como la conciliación y, heterocompositivos, como
el arbitraje.
25. De manera que no necesariamente porque la función constitucional de
administrar justicia en clave de sus cometidos involucra a los particulares que obran
como conciliadores, puede indicarse que éstos serán titulares de prerrogativas
propias de la función judicial o que hagan parte de la rama judicial del poder público,
imponiendo sus decisiones, o declarando un derecho o, en general, definiendo un
conflicto.
26. A riesgo de ser repetitivos, la precisión antes referida se inscribe en la noción
constitucional de administrar justicia, asunto que va más allá de una estructura
orgánica de poder del Estado, en la que se inscriben las tres ramas del poder público
y los órganos autónomos e independientes, de manera que allí cabrán no solo las
actuaciones de los órganos que integran la rama judicial del poder público, sino
todos aquellos que están al servicio de la solución de conflictos, de manera
permanente o transitoria, sea que obren o no con prerrogativas de poder judicial.
27. De manera que la noción de administrar justicia en clave constitucional está
presente en toda actuación del Estado o autorizada por él, encaminada a dar
solución a los conflictos, concepto omnicomprensivo de los medios ordinarios y los
7
Radicación: 41001-23-31-000-2011-00371-01 (58.717)
Actor: William Morales y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa
extraordinarios; en los primeros, no solo los inscritos en los medios de control
judicial sino también los administrativos - a través de la función administrativa
cuando controla sus propios actos; justicia administrativa-, y en los segundos, los
denominados mecanismos alternativos de solución de conflictos, en el que se
inscriben la conciliación y el arbitraje.
28. Coincidente con lo expuesto, la jurisprudencia constitucional9, explica que la
norma superior se preocupó tanto por el fortalecimiento y eficacia de la justicia, que
consagró diferentes derechos y mecanismos para garantizar y materializar el
acceso a la administración de justicia no solo ante la justicia formal10, pues además
autorizó la de justicia no formal.
29. Específicamente en el proceso conciliatorio, la Corte explicó que la
administración de justicia en tal escenario se materializa y satisface no solo desde
el rol que asume el conciliador, sino también cuando las mismas partes negocian y
resuelven el conflicto sin la intervención de un tercero, pues en este evento se
administra justicia a través de la autocomposición.
30. Así, la función transitoria de administrar justicia en el curso de una
conciliación no se relaciona ni entiende bajo los términos que implica en estricto
sentido el ejercicio de la función jurisdiccional en la justicia formal, pues debe
entenderse como una forma de administrar justicia en términos de que los
particulares tienen la facultad y posibilidad de gestionar y resolver por sí mismos
sus propios conflictos, esto es, proponiendo fórmulas de arreglo y logrando
acuerdos de manera voluntaria.
28. De lo anterior se infiere, entre otras premisas, que la mención que hace el
artículo 116 de la CP a la conciliación, no se hace en clave de inscribir el actuar de
los conciliadores en la estructura orgánica de la rama judicial del poder público,
como lo entiende el demandante en este proceso quien reclama la responsabilidad
de la rama judicial por el obrar de un conciliador.
9 Corte Constitucional, sentencia C -1195 de 2001.
10 Así, en cuanto a la justicia formal, la Carta consagró el derecho a acceder a la justicia (artículo
229), estableció mecanismos como la tutela (artículo 86), la acción de cumplimiento (artículo 87), las
acciones populares y las acciones de clase (artículo 88) y, además, dejó en manos del legislador la
posibilidad de crear los demás recursos, acciones y procedimientos necesarios para garantizar la
integridad del orden jurídico y la protección de los derechos individuales, de grupo o colectivos, frente
a la acción u omisión de las autoridades públicas (artículo 89).
8
Radicación: 41001-23-31-000-2011-00371-01 (58.717)
Actor: William Morales y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Caso concreto
29. El demandante aduce que soportó un daño suscitado en un acuerdo
conciliatorio, el cual suscribió sin su consentimiento libre y voluntario, con ocasión
del constreñimiento al que fue sometido durante la respectiva diligencia por parte
del conciliador –“quien se encontraba desempeñando función jurisdiccional”-, y por
su contraparte. Aseguró que, en virtud de esa función judicial que ejerce de manera
transitoria el conciliador en representación de las autoridades judiciales, es la Rama
Judicial - Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial la llamada a reparar dicho
daño.
30. Según dan cuenta los supuestos fácticos y jurídicos formulados en el caso
bajo estudio, la Sala advierte que no se sustentó ni demostró el nexo de
imputabilidad necesario para atribuirle responsabilidad a la Rama Judicial por el
daño deprecado.
31. Como se expuso, el conciliador no es titular de una función jurisdiccional,
pues su rol está atado únicamente al papel que desempeñan los particulares como
administradores y gestores de sus propios conflictos, actuando como un particular
designado voluntariamente por estos para que intervenga como un tercero neutral
que contribuya a la negociación o acuerdo, sin que tal atribución le confiera
facultades de instrucción o juzgamiento11. De igual manera, el conciliador no es
agente del estado.
32. En el caso concreto no es posible elaborar un juicio de imputación, en la
medida en que las supuestas consecuencias producto del indebido actuar del
conciliador, no pueden ser atribuidas ni fáctica ni jurídicamente a la Rama Judicial.
El conciliador es un particular que no pertenece a los órganos que integran la citada
rama del poder público, sino que además, no obra en ejercicio de una función
judicial pues aún la autorización que se expide para su actuar, es en orden
simplemente administrativo y condicionante para el ejercicio de una profesión
liberal, bajo exigentes estándares de preparación profesional y cumplimiento ético,
no apta para comprometer al Estado, pues huelga decir, se desarrolla en ese
contexto de manera independiente, sin que llegue a implicar el ejercicio de una
función judicial por mandato, delegación o encargo del Estado.
11 Numeral 2, artículo 13. Ley 270 de 1996.
9
Radicación: 41001-23-31-000-2011-00371-01 (58.717)
Actor: William Morales y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa
33. Por tanto, frente a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial no es posible elaborar un juicio de imputación en los
términos del artículo 90 constitucional, pues el obrar del conciliador no se inscribe
en la función judicial, aunque sí en los cometidos de los mecanismos que conlleven
a la solución de los conflictos.
34. El artículo 90 constitucional se refiere a la responsabilidad del Estado por la
acción u omisión de las autoridades públicas, concepto en el que no cabe el actuar
del conciliador particular, que autorizado por el Estado -como se hace para el
desarrollo de numerosas actividades que desarrollan los particulares-, facilita su
concurso para que las partes involucradas en un conflicto discutan, construyan y,
llegado el caso, suscriban los acuerdos que permitan dar fin a los mismos.
35. Finalmente, no puede soslayar la Sala que el actor refiere que la
responsabilidad de las demandadas no solo reside en el obrar del conciliador sino
en no haber vigilado y controlado sus actuaciones. Sobre esta circunstancia el
plenario es huérfano de prueba que permita considerar acreditado este hecho,
campo en el cual se requería evidenciar el deber que se reclama como incumplido
y las circunstancias fácticas que así lo acreditaban. El plenario y las pruebas
arrimadas solo dan cuenta de las acciones del apoderado del hoy demandante, su
contraparte y del conciliador, sin evidencia de que la Rama Judicial estuviera
llamada a intervenir, controlando o vigilando el actuar de los referidos sujetos.
36. Como consecuencia de lo anterior, se confirmará la sentencia apelada.
Condena en costas
37. Comoquiera que el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo,
subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la
imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y
debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su
imposición.
IV. PARTE RESOLUTIVA
38. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
10
Radicación: 41001-23-31-000-2011-00371-01 (58.717)
Actor: William Morales y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Huila el 23 de noviembre de 2016, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Aclara voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
VF
11
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.