Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-31-000-2011-00387-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-31-000-2011-00387-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 41001-23-31-000-2011-00387-01
Consejero ponente: María Adriana Marín
29 de noviembre de 2018
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / SENTENCIA ABSOLUTORIA / ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD
En cuanto a [la] responsabilidad patrimonial de la demandada, respecto de la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad en materia de privación injusta de la libertad, la Corte Constitucional, en la sentencia de unificación ya mencionada, la SU-072 de 2018, ha señalado que existen dos eventos en los cuales el daño antijurídico se deduce de manera evidente, como son el hecho no existió y la conducta era objetivamente atípica […]. [L]a conducta era objetivamente atípica, el asunto resulta más simple, según la Corte, toda vez que se trata de una confrontación entre la conducta que se predica punible y las normas que la tipifican, lo que debe ser establecido de manera muy pronta por el juez o fiscal encargado de dictar la medida de aseguramiento […]. [E]n el caso del [demandante] resultaría abiertamente desproporcionado afirmar que debía soportar la medida de aseguramiento dictada en su contra y la acusación posterior por los delitos que se le endilgaron, cuando es claro que al declararse que su conducta fue objetivamente atípica se desvirtuaron los fundamentos de tal medida, es decir, para evitar que obstruyera el debido ejercicio de la justicia, que constituyera un peligro para la sociedad o la víctima, o que resultará probable que no comparecerá al proceso. El que se imponga una medida restrictiva de la libertad que a la postre resulta atípica objetivamente, no responde a los intereses superiores o razonablemente equivalentes de la aplicación excepcional del derecho punitivo del Estado, dado que en estos casos se desvirtúa el fundamento de una medida restrictiva de la libertad, en cuanto al disfrute de derechos por parte de otros individuos o la búsqueda del bienestar general.
FUENTE FORMAL: LEY 906 DE 2004
PRESUPUESTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD
La Sección Tercera venía sosteniendo que en los casos en que una persona era detenida preventivamente, por disposición de una autoridad judicial, y luego recuperaba la libertad, bien porque resultaba absuelta bajo supuestos de que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no era constitutiva de hecho punible o en aplicación del principio in dubio pro reo, inmediatamente surgía un daño que esa persona no estaba en la obligación de soportar y que, por tanto, el Estado era patrimonialmente responsable, en aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad bajo el título de daño especial. Esto, sin importar si el agente judicial actuó o no conforme a la ley, por cuanto estaban en juego derechos y principios de estirpe constitucional como la libertad personal y la presunción de inocencia, la cual, al no ser desvirtuada por el Estado, tornaba en injusta la privación la privación. Debe aclararse, en todo caso, que la Sección Tercera del Consejo de Estado no descartaba la aplicación de la falla del servicio para la declaración de responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad. Así lo ha declarado en asuntos donde resulta evidente que se trata de una detención ilegal o arbitraria, en eventos de homonimia o cuando se trata de capturas realizadas para efectos de indagatoria, surtidas las cuales, no se dicta una medida de aseguramiento en contra del imputado. Dicho criterio jurisprudencial, sin embargo, fue modificado recientemente en la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena de esta Sección, en la cual se concluyó que no basta con probar la restricción de la libertad y la posterior ausencia de condena, sino que es menester analizar si el daño derivado de la privación de la libertad es o no antijurídico, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, lo que implica tres pasos: i) si el privado de la libertad incurrió en dolo o culpa grave; ii) cuál es la autoridad llamada a reparar y, iii) en virtud del principio iura novit curia encausar el asunto bajo el título de imputación que se considere pertinente y, claro está, de acuerdo con el caso concreto y expresando de forma razonada los fundamentos de la decisión.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el título de imputación en casos de privación de la libertad, cita la Sentencia de Unificación Jurisprudencial del 15 de agosto de 2018, rad. 46947, Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO
[E]n materia de reparación directa se acepta la aplicación del principio iura novit curia, de acuerdo con las particularidades de cada caso y que definir de manera rigurosa el título de imputación en estos eventos contraviene la interpretación del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y de contera el régimen general de responsabilidad estatal del artículo 90 de la Constitución Política. En el mismo sentido precisa que en determinados eventos, entre los cuales hace referencia a la absolución por in dubio pro reo, no se acreditó el dolo o se declaró atipicidad subjetiva, la aplicación automática de un régimen de responsabilidad objetiva, sin que medie un razonamiento sobre si la privación de la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria vulnera el precedente constitucional con efectos erga omnes, esto es la sentencia C-037 de 1996. De acuerdo con la providencia, el juez puede escoger entre un título de imputación subjetivo u objetivo, de acuerdo con el carácter demostrativo de la prueba recaudada o la absoluta inexistencia de la misma y agrega que las causales de privación injusta de la libertad no se agotan en las que prescribía el derogado artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90 / LEY 270 DE 1996 – ARTÍCULO 68 / DECRETO LEY 2700 DE 1991 - ARTÍCULO 414
LIMITACIÓN LEGÍTIMA DEL DERECHO A LA LIBERTAD / FACULTAD PUNITIVA DEL ESTADO
[L]a libertad, como otros derechos, no tiene carácter ilimitado y puede ceder en casos excepcionalísimos al disfrute de los derechos por parte de otros individuos o a la búsqueda del bienestar general. La fuente principal de esas restricciones es el derecho punitivo, que al mismo tiempo la reconoce, esencialmente, como un principio. Esas restricciones excepcionales a la libertad, además de los límites constitucionales, están sometidas de manera superlativa a estrictas reglas de competencia, de tiempo para verificar su legalidad, así como a la posibilidad de revisar la pertinencia de la restricción. En el mismo sentido debe hacerse una diferenciación tajante entre dos figuras: pena y detención preventiva, y que esta no puede implicar, de ninguna manera, una vulneración al principio de presunción de inocencia y conforme al bloque de constitucionalidad, se encuentran sometidas al criterio irreductible de que sean absolutamente necesarias. Pero además de la necesidad, ese ejercicio punitivo preventivo del Estado encuentra otro límite, como es el principio de proporcionalidad, que permite desde el ámbito constitucional examinar y neutralizar los excesos de la potestad de configuración del legislador penal, en particular, las medidas cautelares dirigidas a afectar la libertad personal de una persona imputada por un hecho punible. La regla de proporcionalidad impone que los beneficios de las medidas preventivas deben ser superiores o razonablemente equivalentes a las restricciones que imponen a los afectados por ellas.
FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 2700 DE 1991 – ARTÍCULO 4 / LEY 600 DE 2000 – ARTÍCULO 3 / LEY 906 DE 2004 – ARTÍCULO 2
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita Corte Constitucional sentencia C-106 de 2004
CRITERIOS DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD
[L]a Corte Constitucional, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, reconoce que el Consejo de Estado, en aras del principio de seguridad jurídica, ha acudido tanto a un régimen responsabilidad subjetivo como objetivo en determinados eventos, lo cual no contradice, en principio, la jurisprudencia constitucional en cuanto a la interpretación integral del artículo 90 de la Constitución Política. Sin embargo, señala que, en cuatro eventos de absolución, como son que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no constituía hecho punible o porque se aplicó el principio de in dubio pro reo, se ha aplicado el título objetivo de imputación del daño especial. Para la Corte Constitucional un régimen de tal naturaleza, pasa por alto que la falla del servicio es el título de imputación preferente y que los otros dos títulos, el riesgo excepcional y el daño especial, son residuales “esto es, a ellos se acude cuando el régimen subjetivo no es suficiente para resolver una determinada situación”.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, cita la Sentencia de Unificación 072 del 5 de julio de 2018, Corte Constitucional, M. P. José Fernando Reyes Cuartas; y sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996, Corte Constitucional, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, en la cual se determinó la exequibilidad condicionada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996.
CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA
En lo que concierne a la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, dispone que la culpa exclusiva de la víctima se configura “cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley”, mientras que el artículo 67 de la misma normativa prevé que el afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado, cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial. En materia de privación injusta, se ha sostenido que cuando la actuación del procesado fue de tal magnitud que justificó la actuación judicial, particularmente, en lo que atañe a la restricción de su libertad, es posible concluir que el daño irrogado proviene de la propia víctima, aun cuando no hubiere sido condenado por el juez penal.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la culpa exclusiva de la víctima, ver las siguientes sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado: (i) sentencia del 14 de septiembre de 2017, expediente 46452, M. P. Marta Nubia Velásquez Rico (e) y (ii) sentencia del 19 de abril de 2018, expediente 50839, M. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD
[D]e conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y las consideraciones de la Sala Plena del Consejo de Estado en auto de 9 de septiembre de 2008, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso .
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA EN PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD
Al tenor de lo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa debía instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa. Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad .
FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 – ARTÍCULO 44 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 136
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el cómputo de la caducidad en la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad, cita sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 11 de agosto de 2011, expediente 21801, M. P. Hernán Andrade Rincón.
INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PERJUICIO INMATERIAL / PERJUICIO MORAL
[C]on fundamento en las máximas de la experiencia, resulta posible afirmar que la privación de la libertad que soportó el señor […] le causó un perjuicio moral que debe ser indemnizado, porque es razonable asumir que la persona que ve privada de su libertad experimente sentimientos de angustia e impotencia porque de esa manera se afecta su proyecto de vida y se restringen otros de sus derechos fundamentales e intereses personales; perjuicio que se hace extensible a sus seres queridos más cercanos. Frente a la acreditación de dicho perjuicio, la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que únicamente basta con la prueba del parentesco o de la relación marital, para inferir la afectación moral de la víctima, del cónyuge y de los parientes más cercanos según corresponda. Según se estableció en la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera de esta Corporación , se tiene que sin que de manera alguna implique una regla inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, conviene poner de presente que la Sala ha sugerido que en los casos en los cuales la privación de la libertad en centro carcelario sea superior a 18 meses, se reconozca la suma equivalente a 100 SMLMV; cuando esta privación supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 SMLMV; si superó los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 SMLMV; por su parte, si la reclusión fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 SMLMV; de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 SMLMV; asimismo si la medida de aseguramiento supera un mes, pero resulta inferior a 3 meses, se sugiere el reconocimiento de 35 SMLMV; finalmente si la detención no supera el mes, la indemnización se tasa en el equivalente a 15 SMLMV, todo ello para la víctima directa y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la tasación de perjuicios morales en caso de privación injusta de la libertad, cita: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia de Unificación Jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, rad. 36149, C. P. Hernán Andrade Rincón (e).
INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PERJUICIO MATERIAL / LUCRO CESANTE / APLICACIÓN DE PRESUNCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO LEGAL
[S]e tiene que de acuerdo con los testimonios que se practicaron en primera instancia, está demostrado que el señor […] trabajaba como taxista; sin embargo, no obra prueba en el expediente en relación con el monto de sus ingresos por esa actividad, por lo que se aplicará la presunción, según la cual, toda persona que se encuentre en edad productiva devenga, por lo menos, el salario mínimo legal mensual vigente. […] En este caso no se reconoce el 25% por concepto de prestaciones sociales, dado que en el proceso no se demostró que el demandante hubiera tenido un vínculo laboral para la época en que fue detenido. Tampoco se reconocerá el lapso que una persona requiere para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad o acondicionarse a una actividad laboral, tal como se ha reconocido en algunos casos de privación injusta de la libertad, toda vez que solo procede cuando se ha demostrado un vínculo laboral
NOTA DE RELATORÍA: Providencia con aclaración de voto de la magistrada María Adriana Marín.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 41001-23-31-000-2011-00387-01(53184)
Actor: JUAN CARLOS PERDOMO POLO Y OTROS
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / – reiteración de jurisprudencia / absolución de responsabilidad penal porque la conducta era atípica / Proceso penal tramitado en vigencia de la Ley 906 de 2004 / IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO – Rama Judicial - Jueces de Control de Garantías.
Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las demandadas contra la sentencia proferida el 25 de junio de 2014, por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión Escritural, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
El señor Juan Carlos Perdomo Polo fue detenido cuando conducía un taxi en el que transportaba a una persona que había hurtado dos celulares en el municipio de Suaza. La privación de la libertad se extendió entre el 29 de enero y el 12 de mayo de 2009. En esa última fecha, el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Guadalupe, Huila, lo absolvió del delito de hurto calificado y agravado y ordenó su libertad, con fundamento en que su conducta fue atípica.
ANTECEDENTES
1. La demanda
En escrito presentado el 17 de agosto de 2011 (fls. 9 a 22 c.1), los señores Juan Carlos Perdomo Polo, actuando en nombre propio y en representación de sus hijas menores de edad, Karla Alejandra Perdomo Rojas y Maibry Yulisa Perdomo Torres; Leidy Johana Murcia Rojas, actuado en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad, Jhan Carlos y Leidy Johana Perdomo Murcia; Mireya Polo Bermúdez; Alirio Perdomo Trujillo; Yina Milena, Xiomara, Greyci Mireya y Esneider Alirio Perdomo Polo, por conducto de apoderado judicial (fls. 1 a 8 c.1), interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa en contra de la Nación – Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación-, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios causados con motivo de la privación injusta de la libertad que soportó el señor Juan Carlos Perdomo Polo.
Los demandantes solicitaron que se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas:
1. Declarar administrativamente y extra-contractualmente responsable a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN de los perjuicios morales, materiales y a la vida de relación irrogados a los demandantes JUAN CARLOS PERDOMO POLO, KARLA ALEJANDRA PERDOMO ROJAS, MAIBRY YULISA PERDOMO TORRES, LEIDY JOHANA MURCIA ROJAS, JHAN CARLOS PERDOMO MURCIA, LEIDY JOHANA PERDOMO MURCIA, MIREYA POLO BERMÚDEZ, ALIRIO PERDOMO TRUJILLO, YINA MILENA PERDOMO POLO, XIOMARA PERDOMO POLO, GREYCI MIREYA PERDOMO POLO Y ESNEIDER ALIRIO PERDOMO POLO, por el daño antijurídico proveniente de la privación injusta de la libertad de que fuera objeto (sic) el señor JUAN CARLOS PERDOMO POLO durante el período comprendido entre el día 29 de enero de 2009 al 12 de mayo de 2009.
2. Condenar a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a cada uno de los demandantes a título de perjuicios morales, el equivalente en salarios mínimos legales mensuales, vigentes a la fecha de ejecutoria de la conciliación si la hubiere y/o la sentencia de segundo grado, así:
2.1. Para JUAN CARLOS PERDOMO POLO, la cantidad de cien (100) salarios mínimos legales mensuales en su condición de directo perjudicado, para un total provisional de cincuenta y tres millones quinientos mil pesos ($53.500.000).
2.2. Para LEIDY JOHANA MURCIA ROJAS, la cantidad de cien (100) salarios mínimos legales mensuales en su condición de compañera permanente del directo perjudicado, para un total provisional de cincuenta y tres millones quinientos mil pesos ($53.500.000).
2.3. Para KARLA ALEJANDRA PERDOMO ROJAS, la cantidad de cien (100) salarios mínimos legales mensuales en su condición de hija del directo perjudicado, para un total provisional de cincuenta y tres millones quinientos mil pesos ($53.500.000).
2.4. Para MAIBRY YULISA PERDOMO TORRES, la cantidad de cien (100) salarios mínimos legales mensuales en su condición de hija del directo perjudicado, para un total provisional de cincuenta y tres millones quinientos mil pesos ($53.500.000).
2.5 Para JHAN CARLOS PERDOMO MURCIA, la cantidad de cien (100) salarios mínimos legales mensuales en su condición de hijo del directo perjudicado, para un total provisional de cincuenta y tres millones quinientos mil pesos ($53.500.000).
2.6. Para LEIDY JOHANA PERDOMO MURCIA, la cantidad de cien (100) salarios mínimos legales mensuales en su condición de hija del directo perjudicado, para un total provisional de cincuenta y tres millones quinientos mil pesos ($53.500.000).
2.7. Para MIREYA POLO BERMÚDEZ, la cantidad de cien (100) salarios mínimos legales mensuales en su condición de madre del directo perjudicado, para un total provisional de cincuenta y tres millones quinientos mil pesos ($53.500.000).
2.8. Para ALIRIO PERDOMO TRUJILLO, la cantidad de cien (100) salarios mínimos legales mensuales en su condición de padre del directo perjudicado, para un total provisional de cincuenta y tres millones quinientos mil pesos ($53.500.000).
2.9. Para YINA MILENA PERDOMO POLO, la cantidad de ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales en su condición de hermana del directo perjudicado, para un total provisional de cuarenta y dos millones ochocientos cuarenta y ocho mil pesos ($42.848.000).
2.10. Para XIOMARA PERDOMO POLO, la cantidad de ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales en su condición de hermana del directo perjudicado, para un total provisional de cuarenta y dos millones ochocientos cuarenta y ocho mil pesos ($42.848.000).
2.11. Para GREYCI MIREYA PERDOMO POLO, la cantidad de ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales en su condición de hermana del directo perjudicado, para un total provisional de cuarenta y dos millones ochocientos cuarenta y ocho mil pesos ($42.848.000).
2.12. Para ESNEIDER ALIRIO PERDOMO POLO, la cantidad de ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales en su condición de hermano del directo perjudicado, para un total provisional de cuarenta y dos millones ochocientos cuarenta y ocho mil pesos ($42.848.000).
Suman provisionalmente los perjuicios morales: quinientos noventa y nueve millones quinientos veinte mil pesos ($599.520.000).
3. Condenar a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a favor del señor JUAN CARLOS PERDOMO POLO los perjuicios materiales por lucro cesante, sufridos con motivo de la privación de la libertad, teniendo en cuenta para su liquidación lo siguiente:
3.1 Los dineros dejados de percibir como conductor de taxi, mientras permaneció privado de su libertad, o sea la suma de novecientos mil pesos ($900.000) que devengaba mensualmente al momento de su aprehensión, actualizada conforme al índice de precios al consumidor, no siendo en todo caso inferior al salario mínimo legal vigente a la fecha de la sentencia y/o conciliación, con aplicación de las fórmulas matemáticas aceptadas por el H. Consejo de Estado.
3.2. Además le solicito señor Magistrado, se cancele a favor de JUAN CARLOS PERDOMO POLO, las 35 semanas adicionales que jurisprudencialmente el Consejo de Estado ha determinado en cuanto al tiempo que en promedio suele tardar una persona económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, que equivale a 8.75 meses.
Se estiman provisionalmente estos perjuicios en la suma de once millones cuatrocientos setenta y cinco mil pesos (11.475.000).
4. Condenar a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a cada uno de los demandantes a título de perjuicios a la vida de relación, el equivalente en salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la conciliación si la hubiere y/o la sentencia de segundo grado, así:
4.1. Para JUAN CARLOS PERDOMO POLO, la cantidad de cien (100) salarios mínimos legales mensuales en su condición de directo perjudicado, para un total provisional de cincuenta y tres millones quinientos mil pesos ($53.500.000).
4.2. Para LEIDY JOHANA MURCIA ROJAS, la cantidad de cien (100) salarios mínimos legales mensuales en su condición de compañera permanente del directo perjudicado, para un total provisional de cincuenta y tres millones quinientos mil pesos ($53.500.000).
4.3. Para KARLA ALEJANDRA PERDOMO ROJAS, la cantidad de cien (100) salarios mínimos legales mensuales en su condición de hija del directo perjudicado, para un total provisional de cincuenta y tres millones quinientos mil pesos ($53.500.000).
4.4. Para MAIBRY YULISA PERDOMO TORRES, la cantidad de cien (100) salarios mínimos legales mensuales en su condición de hija del directo perjudicado, para un total provisional de cincuenta y tres millones quinientos mil pesos ($53.500.000).
4.5 Para JHAN CARLOS PERDOMO MURCIA, la cantidad de cien (100) salarios mínimos legales mensuales en su condición de hijo del directo perjudicado, para un total provisional de cincuenta y tres millones quinientos mil pesos ($53.500.000).
4.6. Para LEIDY JOHANA PERDOMO MURCIA, la cantidad de cien (100) salarios mínimos legales mensuales en su condición de hija del directo perjudicado, para un total provisional de cincuenta y tres millones quinientos mil pesos ($53.500.000).
4.7. Para MIREYA POLO BERMÚDEZ, la cantidad de cien (100) salarios mínimos legales mensuales en su condición de madre del directo perjudicado, para un total provisional de cincuenta y tres millones quinientos mil pesos ($53.500.000).
4.8. Para ALIRIO PERDOMO TRUJILLO, la cantidad de cien (100) salarios mínimos legales mensuales en su condición de padre del directo perjudicado, para un total provisional de cincuenta y tres millones quinientos mil pesos ($53.500.000).
4.9. Para YINA MILENA PERDOMO POLO, la cantidad de ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales en su condición de hermana del directo perjudicado, para un total provisional de cuarenta y dos millones ochocientos cuarenta y ocho mil pesos ($42.848.000).
4.10. Para XIOMARA PERDOMO POLO, la cantidad de ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales en su condición de hermana del directo perjudicado, para un total provisional de cuarenta y dos millones ochocientos cuarenta y ocho mil pesos ($42.848.000).
4.11. Para GREYCI MIREYA PERDOMO POLO, la cantidad de ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales en su condición de hermana del directo perjudicado, para un total provisional de cuarenta y dos millones ochocientos cuarenta y ocho mil pesos ($42.848.000).
4.12. Para ESNEIDER ALIRIO PERDOMO POLO, la cantidad de ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales en su condición de hermano del directo perjudicado, para un total provisional de cuarenta y dos millones ochocientos cuarenta y ocho mil pesos ($42.848.000).
Suman provisionalmente los perjuicios a la vida de relación: quinientos noventa y nueve millones quinientos veinte mil pesos ($599.520.000).
5. LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por medio de los funcionarios a quienes corresponda la ejecutoria de la sentencia y/o conciliación, dictaran dentro de los 30 días siguientes de la comunicación, la resolución correspondiente en la cual se adoptaran las medidas necesarias para su cumplimiento y pagará intereses moratorios a partir de su ejecutoria, según lo previsto en los artículos 176, 177 y 178 del C.C. Administrativo.
6. Condenar en costas a la parte demandada, si se opone (fls. 9 a 22 c.1).
En la demanda se narró que, desde el año 2002, el señor Juan Carlos Perdomo Polo se desempeñaba como conductor de taxi, por lo que el 29 de enero de 2009, el señor Alexander Rojas Marín lo contrató para que lo transportara, en la ruta Florencia-Pitalito, y este aceptó con la condición que lo dejara recoger pasajeros en el camino.
El señor Alexander Rojas Marín viajaba en compañía de su hermano Osman Alexis Marín, quien al llegar al municipio de Suaza, Huila, solicitó al señor Perdomo Polo detener el vehículo para bajar a hacer sus necesidades fisiológicas, pero este, en realidad, se dedicó a hurtar dos celulares, sin que el ahora demandante se hubiera dado cuenta.
Por lo anterior, el señor Juan Carlos Perdomo Polo fue detenido y privado de la libertad en la cárcel municipal de Garzón, Huila, desde el 29 de enero de 2009, hasta el 12 de mayo de esa misma anualidad, lo que le causó graves perjuicios a él y a su familia.
El 10 de marzo de 2009, en audiencia de formulación de acusación se le imputó cargos al señor Juan Carlos Perdomo Polo como coautor de hurto calificado y agravado, a pesar de que, previamente, el señor Osman Alexis Marín había confesado que él cometió el delito, sin intervención de aquel, bajo su única responsabilidad.
El Juzgado Único Promiscuo Municipal de Guadalupe con Funciones de Conocimiento, mediante sentencia del 12 de mayo de 2009, absolvió al señor Juan Carlos Perdomo Polo del delito de hurto calificado y agravado.
2. Trámite en primera instancia
La demanda fue admitida mediante auto de 23 de agosto de 2011, el cual se notificó en debida forma a las demandadas y al Ministerio Público (fls. 42 a 44 c.1).
Durante el término de fijación en lista, la Rama judicial se opuso a las pretensiones de la demanda. Indicó que el asunto penal se resolvió conforme a las previsiones del sistema penal acusatorio, establecido mediante Ley 906 de 2004; asimismo, adujo que no se le puede endilgar responsabilidad alguna, pues tanto el Juzgado Promiscuo Municipal de Altamira con Función de Control de Garantías, como el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Guadalupe con Funciones de Conocimiento fundaron sus decisiones en las actuaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación (fls. 58 a 70 c.1).
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación contestó oportunamente la demanda y se opuso a sus pretensiones. Sostuvo que la entidad actuó de conformidad con sus obligaciones constitucionales y legales para la época de los hechos y que en el presente caso no se estructuraron los presupuestos esenciales que permitieran configurar una responsabilidad patrimonial en cabeza de la entidad.
Asimismo, adujo que el presente caso se rigió por la Ley 906 de 2004, por lo que su obligación se limitaba a solicitar la medida de aseguramiento y era al Juez de Control de Garantías al que le correspondía verificar si se daban los requisitos exigidos para imponerla, lo cual ocurrió (fls. 75 a 82 c.1).
El Tribunal Administrativo del Huila, mediante auto de 9 de noviembre de 2011 (fls. 107 a 110 c.1), abrió el proceso a pruebas y ordenó la práctica de las que fueron pedidas por las partes. Concluido el período probatorio, mediante proveído del 25 de enero de 2013 (fl. 171 c.1), corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo.
En esa oportunidad procesal, la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación reiteraron lo expuesto en la contestación de la demanda.
La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio.
3. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión Escritural, mediante sentencia del 25 de junio de 2014, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda (fls. 228 a 247 c. ppal). La parte resolutiva de dicha providencia es del siguiente tenor:
PRIMERO: DECLARAR que la Nación – Fiscalía General de la Nación – Rama Judicial son responsables de la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto (sic) el señor JUAN CARLOS PERDOMO POLO, entre el 29 de enero de 2009 y el 12 de mayo de 2009.
SEGUNDO: CONDÉNESE a la Nación – Fiscalía General de la Nación – Rama Judicial, a pagar a favor de los actores, a título indemnizatorio y resarcitorio, y en un porcentaje cada una equivalente al cincuenta por ciento de los siguientes valores en pesos colombianos:
2.1 Por concepto de perjuicios morales:
• A JUAN CARLOS PERDOMO POLO, LEIDY JOHANA MURCIA ROJAS, LEIDY JOHANA PERDOMO MURCIA, JHAN CARLOS PERDOMO MURCIA, KARLA ALEJANDRA PERDOMO ROJAS, MAIBRY YULISA PERDOMO TORRES, ALIRIO PERDOMO TRUJILLO Y MIREYA POLO BERMÚDEZ, el equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno;
• Para XIOMARA, ESNEIDER ALIRIO, YINA MILENA Y GREICY MIREYA PERDOMO POLO el equivalente a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos.
2.2 Por concepto de lucro cesante consolidado a favor del señor JUAN CARLOS PERDOMO POLO, la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($2.633.327).
TERCERO: Deniéguense las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del C.C.A., se expedirán copias de la sentencia, con constancia de ejecutoria con destino a las partes – como al Ministerio Público, con las constancias previstas en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
QUINTO: En firme esta decisión archívese el proceso.
Al respecto, el Tribunal consideró que estaban acreditados los elementos que estructuraban la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad, toda vez que el señor Juan Carlos Perdomo Polo no se encontraba en la obligación de soportar dicha carga.
Asimismo, sostuvo que el hecho de que la absolución del ahora demandante ocurriera después del descubrimiento probatorio y la práctica de los medios respectivos en la audiencia de juicio oral, ponía en evidencia la existencia del daño antijurídico imputable a las demandadas.
4. Los recursos de apelación
4.1. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Solicitó que se revocara dicho proveído y se le exonerara de todo cargo.
Sostuvo que tanto las decisiones adoptadas por el Juzgado de Control de Garantías como por el Juzgado de Conocimiento que intervinieron en la actuación penal, cumplieron con su función de aplicar la ley penal, y se encuentran cobijadas por los principios de legalidad, legitimidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Asimismo, adujo que no existe nexo de causalidad entre el daño antijurídico alegado por el demandante y la actuación de los jueces (fls. 250 a 254 c. ppal).
4.2. La Fiscalía General de la Nación también apeló la decisión de primera instancia y solicitó que esta fuera revocada, con fundamento en que su actuación se surtió de conformidad con la Constitución y la ley.
A la entidad le correspondía, de acuerdo con las pruebas obtenidas, solicitar la medida de aseguramiento y era el juez de control de garantías el que debía estudiar esa solicitud, valorar las pruebas, decretar las que estimara convenientes y establecer la viabilidad o no de ordenar la medida. De ahí que, si todo se encontraba ajustado a derecho, el juez tomaba la decisión de privar de la libertad al procesado o sindicado.
Por tanto, la actuación de la Fiscalía no determinó la decisión de la cual se derivaba el supuesto daño, dado que era obligación del juez hacer la valoración probatoria y el análisis jurídico que diera soporte a la medida sobre la libertad del sindicado.
Al juez le correspondía aceptar o descartar la imputación y la solicitud del fiscal en modo alguno condicionaba su valoración y decisión. La Fiscalía General de la Nación obró de conformidad con lo prescrito en el artículo 250 de la Carta Política.
Finalmente, manifestó su inconformidad frente a los perjuicios reconocidos a la parte actora. Solicitó que se reconsiderara el monto de los perjuicios morales y materiales, toda vez que, a su parecer, respecto de los primeros, la decisión del a quo no guardaba proporción con el tiempo que el señor Juan Carlos Perdomo Polo estuvo privado de la libertad, y frente a los segundos, no se debe incrementar el 25% de prestaciones sociales, ya que el ahora demandante nunca demostró un vínculo laboral (fls. 255 a 258 c. ppal).
5. El trámite en segunda instancia
El recurso fue concedido por el Tribunal a través de auto del 5 de noviembre de 2014 (fl. 284 c. ppal) y admitido por esta Corporación el 15 de marzo de 2015 (fl. 290 c. ppal). Posteriormente, mediante providencia del 16 de abril siguiente (fl. 293 c. ppal), se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo. Oportunidad en la que la Rama Judicial -Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación reiteraron lo expuesto a lo largo del proceso (fls. 295 a 305 c. ppal).
El Ministerio Público rindió concepto, en el cual sostuvo que se debe confirmar la sentencia de primera instancia, debido a que las actuaciones adelantadas por las demandadas estuvieron basadas en supuestos sin pruebas, lo cual le causó perjuicios al demandante, los que le deben ser indemnizados (fls. 324 a 329 c. ppal).
La parte actora guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. Prelación de fallo
La Sala decide el presente caso en virtud del acta Nº 10 del 25 de abril de 2013, en la cual la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado aprobó que los eventos de privación injusta de la libertad podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno respectivo, pero respetando el año de ingreso del expediente al Consejo de Estado.
2. Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón de los recursos de apelación interpuestos por las demandadas contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, el 25 de junio de 2014, habida cuenta de que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y las consideraciones de la Sala Plena del Consejo de Estado en auto de 9 de septiembre de 2008, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso.
3. El ejercicio oportuno de la acción
Al tenor de lo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa debía instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.
Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad.
En el expediente obra la providencia proferida el 2 de junio de 2009, por medio de la cual el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Guadalupe, absolvió al señor Juan Carlos Perdomo Polo del delito de hurto calificado y agravado (fls. 149 a 153 c. ppal). Toda vez que dentro del plenario no obra la constancia de ejecutoria de dicha providencia, para efectos de contabilizar la caducidad se tendrá como fecha el día siguiente al que se profirió la sentencia absolutoria.
En el presente asunto se tiene que el término de caducidad para presentar la demanda de reparación directa corrió entre el 3 de junio de 2009 y el 3 de junio de 2011. A pesar de lo anterior, debe advertirse que la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 2 de junio de 2011, audiencia que se llevó acabo el 11 de agosto siguiente, la cual se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio. La Procuraduría Judicial II Administrativa 153 de Neiva expidió la respectiva constancia el 17 de agosto de 2011 (fls. 23 a 25 c.1), lo que determinó que se reanudara el término de caducidad al día siguiente, es decir, el 18 de agosto de 2011, razón por la cual la parte actora tenía oportunidad para presentar la demanda hasta ese mismo día, y como lo hizo el 17 de agosto de 2011, puede concluirse que la acción se ejerció dentro del término previsto para ello.
4. La legitimación en la causa
El demandante Juan Carlos Perdomo Polo fue la víctima directa del daño alegado, esto es, la persona privada de la libertad y los menores Jhan Carlos y Leidy Johana Perdomo Murcia; Karla Alejandra Perdomo Rojas y Maibry Yulisa Perdomo Torres demostraron ser sus hijos, porque así consta en los registros civiles de nacimiento (fls. 31 a 34 c.1), hechos a partir de los cuales se infiere que tienen interés para solicitar la indemnización por los perjuicios causados. Por tanto, se concluye que cuentan con legitimación en la causa por activa.
Los señores Mireya Polo Bermúdez y Alirio Perdomo Trujillo acreditaron ser sus padres y los señores Yina Milena, Xiomara, Greyci Mireya y Esneider Alirio Perdomo Polo, demostraron ser sus hermanos con los registros civiles de nacimiento (fls. 34 a 39 c. 1), hechos a partir de los cuales se infiere que tienen interés para solicitar la indemnización por los perjuicios causados. Por tanto, se concluye que cuentan con legitimación en la causa por activa.
En relación con la señora Leidy Johana Murcia Rojas, quien demostró ser la compañera permanente de Juan Carlos Perdomo Polo (víctima directa), de conformidad con los registros civiles de nacimientos de sus hijos Jhan Carlos y Leidy Johana Perdomo Murcia y con los testimonios de las señoras Norbelly Sánchez Lozano y Luz Marina Marín Castaño, quienes aseguraron que conocían al señor Perdomo Polo y a la señora Leidy Johana Murcia Rojas, quien era la esposa de aquel, para el momento de los hechos (fls. 133 a 137 c. 1).
En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, se verifica que el daño que se invoca en la demanda proviene de actuaciones y decisiones adelantadas por la Nación -Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación- las cuales se acusa de ser las causantes de los daños cuya indemnización reclama la parte actora, motivo por el que considera la Sala que tienen legitimación para actuar dentro del presente asunto.
5. La responsabilidad del Estado por la privación de la libertad con fundamento artículo 90 de la Constitución Política
5.1. La Sección Tercera venía sosteniendo que en los casos en que una persona era detenida preventivamente, por disposición de una autoridad judicial, y luego recuperaba la libertad, bien porque resultaba absuelta bajo supuestos de que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no era constitutiva de hecho punible o en aplicación del principio in dubio pro reo, inmediatamente surgía un daño que esa persona no estaba en la obligación de soportar y que, por tanto, el Estado era patrimonialmente responsable, en aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad bajo el título de daño especial. Esto, sin importar si el agente judicial actuó o no conforme a la ley, por cuanto estaban en juego derechos y principios de estirpe constitucional como la libertad personal y la presunción de inocencia, la cual, al no ser desvirtuada por el Estado, tornaba en injusta la privación la privación. Debe aclararse, en todo caso, que la Sección Tercera del Consejo de Estado no descartaba la aplicación de la falla del servicio para la declaración de responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad. Así lo ha declarado en asuntos donde resulta evidente que se trata de una detención ilegal o arbitraria, en eventos de homonimia o cuando se trata de capturas realizadas para efectos de indagatoria, surtidas las cuales, no se dicta una medida de aseguramiento en contra del imputado. 5.2. Dicho criterio jurisprudencial, sin embargo, fue modificado recientemente en la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena de esta Sección, en la cual se concluyó que no basta con probar la restricción de la libertad y la posterior ausencia de condena, sino que es menester analizar si el daño derivado de la privación de la libertad es o no antijurídico, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, lo que implica tres pasos: i) si el privado de la libertad incurrió en dolo o culpa grave; ii) cuál es la autoridad llamada a reparar y, iii) en virtud del principio iura novit curia encausar el asunto bajo el título de imputación que se considere pertinente y, claro está, de acuerdo con el caso concreto y expresando de forma razonada los fundamentos de la decisión. La Sala señaló en la mencionada sentencia: Así las cosas y como al tenor de los pronunciamientos de esta Sala la privación de la libertad de una persona puede ser imputada al Estado siempre y cuando ella no haya incurrido, bajo la perspectiva de lo civil, en culpa grave o dolo civil, es menester determinar si, a la luz del artículo 63 del Código Civil, la conducta de quien fue privado de la libertad se puede considerar como tal y si, por consiguiente, fue esa persona quien dio lugar a la apertura del respectivo proceso penal y a la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva cuyos perjuicios subsecuentes pretende le sean resarcidos. En consecuencia, procede la Sala a modificar y a unificar su jurisprudencia en relación con los casos cuya litis gravita en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado por privación de la libertad, en el sentido de que, en lo sucesivo, cuando se observe que el juez penal o el órgano investigador levantó la medida restrictiva de la libertad, sea cual fuere la causa de ello, incluso cuando se encontró que el hecho no existió, que el sindicado no cometió el ilícito o que la conducta investigada no constituyó un hecho punible, o que la desvinculación del encartado respecto del proceso penal se produjo por la aplicación del principio in dubio pro reo, será necesario hacer el respectivo análisis a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, esto es, identificar la antijuridicidad del daño.
Adicionalmente, deberá el juez verificar, imprescindiblemente, incluso de oficio, si quien fue privado de la libertad actuó, visto exclusivamente bajo la óptica del derecho civil, con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva. Si el juez no halla en el proceso ningún elemento que le indique que quien demanda incurrió en esa clase de culpa o dolo, debe establecer cuál es la autoridad u organismo del Estado llamado a reparar el daño. El funcionario judicial, en preponderancia de un juicio libre y autónomo y en virtud del principio iura novit curia, puede encausar el análisis del asunto bajo las premisas del título de imputación que considere pertinente, de acuerdo con el caso concreto y deberá manifestar de forma razonada los fundamentos que le sirven de base para ello.
5.3. Las consideraciones anteriores no resultan contradictorias con las conclusiones de la sentencia de unificación de la Corte Constitucional, SU 072/18, sobre el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable en eventos de privación injusta de la libertad.
En efecto, la Corte precisa que, ni el artículo 90 de la Constitución Política, como tampoco el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, que establece la privación injusta de la libertad como un evento resarcible, así como la sentencia C-037 de 1996, que determinó la exequibilidad condicionada del ese artículo, determinan un régimen específico de responsabilidad patrimonial del Estado en eventos de privación injusta de la libertad.
La Corte Constitucional reitera que en materia de reparación directa se acepta la aplicación del principio iura novit curia, de acuerdo con las particularidades de cada caso y que definir de manera rigurosa el título de imputación en estos eventos contraviene la interpretación del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y de contera el régimen general de responsabilidad estatal del artículo 90 de la Constitución Política.
En el mismo sentido precisa que en determinados eventos, entre los cuales hace referencia a la absolución por in dubio pro reo, no se acreditó el dolo o se declaró atipicidad subjetiva, la aplicación automática de un régimen de responsabilidad objetiva, sin que medie un razonamiento sobre si la privación de la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria vulnera el precedente constitucional con efectos erga omnes, esto es la sentencia C-037 de 1996.
De acuerdo con la providencia, el juez puede escoger entre un título de imputación subjetivo u objetivo, de acuerdo con el carácter demostrativo de la prueba recaudada o la absoluta inexistencia de la misma y agrega que las causales de privación injusta de la libertad no se agotan en las que prescribía el derogado artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991.
Por último, en lo que tiene que ver con la unificación de la Corte Constitucional, en el mismo sentido de la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en todos los casos en los que se reclame por un evento de privación injusta de la libertad debe considerarse la culpa exclusiva de la víctima.
5.4. Para llegar a las anteriores conclusiones, la Corte Constitucional pone de presente que la libertad es uno de los bastiones del Estado social de derecho de carácter multidimensional, como valor, principio y derecho fundamental, como se deduce del preámbulo y los artículos 1, 2 y 28 de la Constitución Política, entre otros, bajo el entendido de que, valores tales como la democracia, el pluralismo y la dignidad humana no pueden ser concebidos si no tienen como punto de partida la libertad.
Sin embargo, la libertad, como otros derechos, no tiene carácter ilimitado y puede ceder en casos excepcionalísimos al disfrute de los derechos por parte de otros individuos o a la búsqueda del bienestar general. La fuente principal de esas restricciones es el derecho punitivo, que al mismo tiempo la reconoce, esencialmente, como un principio.
Esas restricciones excepcionales a la libertad, además de los límites constitucionales, están sometidas de manera superlativa a estrictas reglas de competencia, de tiempo para verificar su legalidad, así como a la posibilidad de revisar la pertinencia de la restricción. En el mismo sentido debe hacerse una diferenciación tajante entre dos figuras: pena y detención preventiva, y que esta no puede implicar, de ninguna manera, una vulneración al principio de presunción de inocencia y conforme al bloque de constitucionalidad, se encuentran sometidas al criterio irreductible de que sean absolutamente necesarias.
Pero además de la necesidad, ese ejercicio punitivo preventivo del Estado encuentra otro límite, como es el principio de proporcionalidad, que permite desde el ámbito constitucional examinar y neutralizar los excesos de la potestad de configuración del legislador penal, en particular, las medidas cautelares dirigidas a afectar la libertad personal de una persona imputada por un hecho punible. La regla de proporcionalidad impone que los beneficios de las medidas preventivas deben ser superiores o razonablemente equivalentes a las restricciones que imponen a los afectados por ellas.
Bajo los anteriores parámetros, la Corte Constitucional, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, reconoce que el Consejo de Estado, en aras del principio de seguridad jurídica, ha acudido tanto a un régimen responsabilidad subjetivo como objetivo en determinados eventos, lo cual no contradice, en principio, la jurisprudencia constitucional en cuanto a la interpretación integral del artículo 90 de la Constitución Política.
Sin embargo, señala que, en cuatro eventos de absolución, como son que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no constituía hecho punible o porque se aplicó el principio de indubio pro reo, se ha aplicado el título objetivo de imputación del daño especial.
Para la Corte Constitucional un régimen de tal naturaleza, pasa por alto que la falla del servicio es el título de imputación preferente y que los otros dos títulos, el riesgo excepcional y el daño especial, son residuales “esto es, a ellos se acude cuando el régimen subjetivo no es suficiente para resolver una determinada situación”.
Con fundamento en todo lo anterior, en que el artículo 90 no define un título de imputación y que la falla del servicio es el título de imputación prevalente, la Corte Constitucional señala que en la sentencia C-037 de 1996 se concluyó que, cualquiera que sea el régimen a aplicar, la calificación de injusta de una privación de la libertad, implica necesariamente “definir si la providencia a través de la cual se restringió la libertad a una persona mientras era investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada, previa la verificación de su conformidad a derecho”. Frente a este tópico prescribe:
En este punto se precisa que esa comprensión fue plasmada como condicionamiento de dicho artículo, al consignar en el numeral tercero de la parte resolutiva que se declaraban exequibles “pero bajo las condiciones previstas en esta providencia, (…)”, entre otros, el artículo 68, sobre el cual en la parte considerativa se había determinado que las reflexiones transcritas eran las condiciones para declararlo exequible.
Ahora bien, la Corte señala que las normas que contienen los diferentes supuestos en los que procede la detención preventiva en los ordenamientos procesales penales, vigentes desde la promulgación del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, le son inherentes el juicio de razonabilidad y de proporcionalidad. Sin embargo, los requisitos para imponer la medida de aseguramiento han variado de uno a otro de acuerdo el grado de convicción probatoria requerida, mientras el Decreto Ley 2700 de 1991 y la Ley 600 de 2000 solicitaban de uno o dos indicios graves de responsabilidad, respectivamente, la Ley 906 exige de una inferencia razonable de autoría o participación del imputado.
La Corte insiste en que para una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, el juez administrativo a la hora de definir si una privación de la libertad es injusta o no, independientemente del título de imputación que se elija aplicar, debe considerar si las decisiones adoptadas por el funcionario judicial se enmarcan en los presupuestos de “razonabilidad, proporcionalidad y legalidad”.
Al respecto concluye:
Lo anterior significa que los adjetivos usados por la Corte [razonabilidad, proporcionalidad y legalidad] definen la actuación judicial, no el título de imputación (falla del servicio, daño especial o riesgo excepcional), esto es, aunque aquellos parecieran inscribir la conclusión de la Corte en un régimen de responsabilidad subjetivo; entenderlo así no sería más que un juicio apriorístico e insular respecto del compendio jurisprudencial que gravita en torno del entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en tanto, debe reiterarse, la Corte estableció una base de interpretación: la responsabilidad por la actividad judicial depende exclusivamente del artículo 90 de la Constitución, el cual no establece un título de imputación definitivo, al haberse limitado a señalar que el Estado responderá por los daños antijurídicos que se le hubieren causado a los particulares.
Luego insiste en que el elemento común que exige el artículo 90 de la Constitución Política es la existencia de un daño antijurídico y que la responsabilidad patrimonial se define a partir de cualquiera de los títulos de imputación, frente a lo cual señala que, la sentencia C-037 de 1996 es consecuente con ese razonamiento a partir de la interpretación del artículo 65 de la Ley 270 de 1996, que es la cláusula general de responsabilidad del Estado en lo que tiene que ver con la actividad judicial, en la que no se adscribió a ningún título de imputación específico. Y en lo que tiene que ver con la privación injusta de la libertad señaló:
De esta manera, dependiendo de las particularidades del caso, es decir, en el examen individual de cada caso, como lo han sostenido el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, el juez administrativo podrá elegir qué título de imputación resulta más idóneo para establecer que el daño sufrido por el ciudadano devino de una actuación inidónea, irrazonable y desproporcionada y por ese motivo, no tenía por qué soportarse.
La Corte señala que lo anterior no impide que se creen reglas en pro de ofrecer homogeneidad en materia de decisiones judiciales, pero estas deben fundamentarse en un análisis concienzudo de las fuentes del daño y no en generalizaciones normativas, que no tomen en cuenta las posibilidades que giran en torno a esas fuentes.
5.5. De acuerdo con lo anterior, la Corte Constitucional señala que en dos eventos establecidos por el Consejo de Estado, resulta factible aplicar un régimen objetivo de responsabilidad, estos son cuando el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica, en ambas situaciones la privación de la libertad resulta irrazonable y desproporcionada, por lo que “el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos”.
En criterio de la Corte desde el inicio de la investigación el fiscal o juez deben tener claro que el hecho sí se presentó y que es objetivamente típico, ya que disponen de las herramientas necesarias para definir con certeza estos dos presupuestos. En el primer caso el funcionario judicial debe tener en claro esa información desde un principio y en el segundo se trata de una tarea más sencilla, que consiste en el cotejo entre la conducta que se predica punible y las normas que la tipifican como tal.
Las dos causales anteriores se contrastan con las absoluciones consistentes en que el procesado no cometió el delito y la aplicación del principio in dubio pro reo, la Corte considera que estas requieren de mayores disquisiciones por parte de los fiscales o jueces para vincular al imputado con la conducta punible y presentarlo como autor de la misma. En un sistema como el acusatorio no resulta exigible al fiscal y al juez con función de garantías que en etapas tempranas de la investigación penal definir si el imputado ejecutó la conducta, pues será en etapas posteriores que el funcionario judicial definirá tales asuntos, que solo se pueden definir en la contradicción probatoria durante un juicio oral.
Lo mismo pasaría respecto de eventos de absolución en los que concurre una causal de justificación o una de ausencia de culpabilidad, en los que la conducta resulta objetivamente típica, pero no lo era desde el punto de vista subjetivo.
5.6. En conclusión, las sentencias de unificación del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, establecen que en eventos de privación injusta de la libertad no se determina un régimen único de responsabilidad subjetivo u objetivo. Sin embargo, cualquiera sea el que se aplique se debe tomar en cuenta, frente al caso concreto, si la medida fue legal, razonable y proporcionada.
En la misma vía, en todos los eventos posibles, será necesario descartar si el imputado o sindicado con su conducta dolosa o gravemente culposa dio lugar a la medida de privación de la libertad.
Bajo los anteriores parámetros entra a considerarse el caso concreto.
6. Problema jurídico
La Sala deberá decidir si en el presente caso se reúnen los presupuestos necesarios para declarar a la Nación-Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial- patrimonialmente responsables por los daños sufridos por los demandantes por la privación de la libertad del señor Juan Carlos Perdomo Polo, ordenada en la investigación penal que se adelantó en su contra por el delito de hurto calificado y agravado y que culminó con sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Guadalupe, con fundamento en que la conducta del señor Perdomo Polo fue atípica.
7. El daño
Con el fin de abordar integralmente la problemática que supone los recursos de apelación interpuestos, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado. Una vez establecida la alegada afectación de los intereses de la parte demandante, se entrará a estudiar la posibilidad de imputarla a la demandada.
En el caso concreto, el daño alegado por los demandantes es la privación de la libertad del señor Juan Carlos Perdomo Polo sufrida en el marco del proceso penal que se adelantó en su contra.
La Sala considera que no hay duda de la existencia del daño alegado, pues se encuentra acreditado que el señor Juan Carlos Perdomo Polo fue procesado penalmente y, por ende, privado de su libertad desde el 29 de enero de 2009 hasta el 12 de mayo de 2009, tal como se prueba con las providencias del proceso penal (Acta de Audiencia Preliminar del 12 de mayo de 2009, en la cual se dijo el sentido del fallo absolutorio y se ordenó librar la boleta de libertad del señor Juan Carlos Perdomo Polo con destino a la Cárcel del Circuito de Garzón, escrito de acusación, fl. 146 a 169 c. 1).
Al proceso concurrieron, igualmente, los señores Mireya Polo Bermúdez, Alirio Perdomo Trujillo, Yina Milena, Xiomara, Greyci Mireya y Esneider Alirio Perdomo Polo, Leidy Johana Murcia Rojas, Karla Alejandra Perdomo Rojas, Maibry Yulisa Perdomo Torres, Jhan Carlos y Leidy Johana Perdomo Murcia, quienes acreditaron ser sus padres, hermanos, compañera permanente e hijos, respectivamente, porque así consta en los registros civiles del nacimiento y de conformidad con los testimonios rendidos dentro del proceso.
8. La imputación
Establecida la existencia del daño es necesario verificar si el mismo es imputable o no a las demandadas, aspecto este que constituye el núcleo de los recursos de apelación formulados. Según la parte actora, la privación de la libertad a la cual fue sometido el señor Juan Carlos Perdomo Polo fue injusta y, como consecuencia, hay lugar a declarar su responsabilidad patrimonial por los perjuicios que le hubiera podido causar tal medida.
Se tiene que el 30 de enero de 2009, en Audiencia Preliminar se imputó el cargo de coautoría en el delito de hurto calificado y agravado al señor Juan Carlos Perdomo Polo, al cual no se allanó el imputado.
La Fiscalía General de la Nación, Fiscal Local 30 Altamira, Huila, presentó escrito de acusación contra el señor Juan Carlos Perdomo Polo por el delito de hurto calificado y agravado (fls. 158 a 153 c. 1), en el cual sostuvo:
El día 29 de enero, siendo las 11:40 horas, se acerca a las instalaciones de policía de Suaza, la señora Mónica Andrea Mora Rivera, informando que momentos antes había sido víctima de un hurto de dos celulares, unas tarjetas prepago por valor de cien mil pesos y que además uno de sus celulares tenía para recargar la suma de ochocientos mil pesos, en su establecimiento de razón social SAI COMCEL, quien a su vez, es su residencia, por una persona de sexo masculino; que al momento de la huida se subió a un vehículo taxi de placas XYC947 de Florencia, donde lo esperaban dos personas más de sexo masculino, que luego se subió otro sujetos más que estaba frente al establecimiento ya aludido. Por radio se dio comunicación a las otras estaciones de policía cercanas. De inmediato sale la patrulla de la estación de policía de Guadalupe, a la vereda el puente, donde observaron la presencia de un individuo con las características indicadas y que eran muy parecidas a dicho sujeto, por lo cual se le solicitó una requisa, accedió y dijo llamarse OSMAN ALEXIS MARIN; encontrándosele uno de los celulares hurtados, siendo las 12:07 horas. Se siguió con la persecución de los demás sujetos y a las 12:22 horas a la entrada de Altamira se ubicó el taxi con los otros tres sujetos a quienes se les solicitó una requisa, accediendo y uno de ellos dijo llamarse ALEXANDER ROJAS MARÍN, a quien se le encontró en su poder el otro celular hurtado; el conductor del vehículo referido dijo llamarse JUAN CARLOS PERDOMO POLO y el otro acompañante atiende al nombre de JAIBER GUEVARA STERLING.
El 31 de marzo de 2009, el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Guadalupe con Funciones de Control de Garantías realizó Audiencia Preparatoria, en la cual se ordenó la práctica de pruebas solicitadas por las partes (fls. 156 y 157 c. 1).
El 12 de mayo de 2009, Juzgado Único Promiscuo Municipal de Guadalupe con Funciones de Conocimiento realizó Audiencia Preliminar de Juicio Oral, en la cual se aportaron 16 evidencias por parte de la Fiscalía 30 local de Altamira y 7 de la defensa del señor Perdomo Polo, se indicó el sentido del fallo absolutorio y se libró boleta de libertad Nº 002 con destino a la Cárcel del Circuito de Garzón donde se encontraba el ahora demandante (fls. 154 y 155 c. 1).
El 2 de junio de 2009, el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Guadalupe absolvió al señor Juan Carlos Perdomo Polo del delito de hurto calificado y agravado, para lo cual sostuvo:
La valoración judicial de la prueba testimonial a la luz del artículo 404 de la ley 906 de 2004 es la siguiente: el testigo OSMAN ALEXIS MARÍN reconoció que hurtó los celulares cuando fue hacer una llamada. El testigo ALEXANDER ROJAS es explícito en manifestar que JUAN CARLOS PERDOMO en ningún momento tiene que ver con esto y la testigo víctima MÓNICA ANDREA MORA RIVERA manifestó que JUAN CARLOS PERDOMO POLO no entró al establecimiento de comercio, lo vio en el taxi. En cuanto a la participación en el ilícito: el testigo OSMAN ALEXIS MARÍN manifiesta que el taxi lo contrató ALEXANDER ROJAS quien corrobora en su testimonio que contrató el taxi. El testigo EDGAR SORIA CEDIEL indica que JUAN CARLOS PERDOMO está facultado para viajar a cualquier parte del país con planilla. JUAN CARLOS PERDOMO manifiesta que lleva 11 años como taxista, hace expresos. En virtud de lo cual hizo un contrato verbal con ALEXANDER ROJAS para realizar un expreso a Pitalito el precio fue de $100.000, pagaderos $80.000 al inicial el viaje y $20.000 al regreso con la condición que le dejara recoger pasajeros en el camino. El testigo SANTOS MUÑOZ manifiesta que JUAN CARLOS PERDOMO POLO tiene antecedentes judiciales por violencia intrafamiliar y tráfico de estupefacientes.
La prueba documental consistió en los registros civiles de nacimiento de los hijos de JUAN CARLOS PERDOMO POLO, planilla única de viaje nacional de Florencia a Pitalito contratada por ALEXANDER ROJAS, certificación de EDGAR SORIA sobre JUAN CARLOS PERDOMO, certificación de LINO ANTONIO CASANOVA donde se indica que conoce de vista, trato y comunicación a JUAN CARLOS PERDOMO y que es conocido en el gremio del transporte.
La valoración judicial de la prueba documental a la luz del artículo 432 de la Ley 906 de 2004 es la siguiente: la planilla única de viaje nacional nos permite corroborar que se hizo el viaje en dicha ruta. Además, las certificaciones de EDGAR SORIA y LINO ANTONIO CASANOVA nos permiten establecer que JUAN CARLOS PERDOMO POLO es taxista. Adicionalmente, los registros civiles de nacimiento de JUAN CARLOS PERDOMO nos permiten establecer que es padre de familia.
Las pruebas se valoran en lo favorable como lo desfavorable al acusado, lo desfavorable es que según el testigo SANTOS MUÑOZ, JUAN CARLOS PERDOMO tiene antecedentes judiciales. Lo favorable es que la prueba testimonial y documental permite establecer que JUAN CARLOS PERDOMO es taxista y fue contratado para realizar un expreso de Florencia a Pitalito.
Los componentes de la tipicidad son el sujeto activo, el sujeto pasivo, el objeto jurídico, el objeto material, el núcleo rector, un modelo descriptivo que incluye un ingrediente descriptivo, una conducta y un ingrediente especial normativo.
En el caso subjudice, no hay sujeto activo, ni núcleo rector. El testigo OSMAN ALEXIS MARÍN indica que él fue quien se sacó los celulares, él mismo tomó la determinación del hurto. JUAN CARLOS PERDOMO es inocente, no sabía nada del hurto. Por esta conducta OSMAN ALEXIS MARÍN fue sentenciado por este Despacho. Adicionalmente, el testigo ALEXANDER ROJAS manifestó que JUAN CARLOS PERDOMO en ningún momento tiene que ver con esto. La víctima MÓNICA ANDREA MORA RIVERA dice que JUAN CARLOS PERDOMO no entró al establecimiento de comercio. Así las cosas, la conducta de JUAN CARLOS PERDOMO es atípica.
Examinemos si JUAN CARLOS PERDOMO fue copartícipe en el ilícito como cómplice. La complicidad se caracteriza por un acuerdo previo, el partícipe no posee el dominio de la acción o no realiza un acto propio sino ajeno coadyuvando al autor. El cómplice ayuda a un hecho ajeno, sin dominio del acto de manera directa.
Según los testimonios de ALEXANDER ROJAS Y OSMAN ALEXIS MARÍN, ALEXANDER ROJAS contrató a JUAN CARLOS PERDOMO para un expreso de Florencia a Pitalito. En Suaza, cuando paró el taxi para que fueran los pasajeros a orinar, OSMAN ALEXIS MARÍN, fue a hacer una llamada y se sacó los celulares, él mismo tomó la determinación del hurto, JUAN CARLOS PERDOMO no sabía nada del hurto. Así las cosas, JUAN CARLOS PERDOMO no realizó ningún acuerdo previo con OSMAN ALEXIS MARÍN para apoderarse de unos celulares y por lo mismo no fue cómplice en el ilícito.
En suma, la conducta de JUAN CARLOS PERDOMO es atípica por lo que de ella no se puede desprender responsabilidad penal y por lo mismo se hace innecesario un análisis de antijuricidad y culpabilidad. Además, no fue coparticipe como cómplice por las razones ya expuestas.
8.1. Análisis de la culpa exclusiva de la víctima en el caso concreto
En lo que concierne a la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, dispone que la culpa exclusiva de la víctima se configura “cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley”, mientras que el artículo 67 de la misma normativa prevé que el afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado, cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial.
En materia de privación injusta, se ha sostenido que cuando la actuación del procesado fue de tal magnitud que justificó la actuación judicial, particularmente, en lo que atañe a la restricción de su libertad, es posible concluir que el daño irrogado proviene de la propia víctima, aun cuando no hubiere sido condenado por el juez penal.
La jurisprudencia de esta Corporación ha definido los parámetros que se hacen necesarios para considerar la presencia en un determinado evento del hecho de la víctima como eximente de responsabilidad. Sobre el particular, la Sala ha expresado:
En materia de responsabilidad del Estado por el daño de los agentes judiciales, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la Administración de Justicia- establece que el daño se entenderá causado por la culpa exclusiva de la víctima cuando se encuentre acreditado que esta actuó con culpa grave o dolo o no haya interpuesto los recursos de ley.
Para identificar los conceptos de culpa grave y dolo, la jurisprudencia ha acudido a los criterios contemplados en el artículo 63 del Código Civil, de los cuales se extrae que el primero corresponde con un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, mientras que el segundo se equipara con la conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio.
La Corporación ha establecido que la declaratoria de culpa exclusiva de la víctima obliga a que se examine si el proceder –activo u omisivo– de quien predica la responsabilidad del Estado tuvo injerencia en la generación del daño. De ser así, corresponde examinar en qué medida la acción u omisión de la víctima contribuyó en el daño.
En ese orden de ideas, conviene aclarar que en el presente asunto no se acreditó relación alguna del proceder del actor -activo u omisivo- con la conducta imputada, es decir, no se probó que el señor Juan Carlos Perdomo Polo hubiera incurrido en una conducta reprochable, que justificara atribuirle el daño que padeció con la medida de aseguramiento que le fue impuesta; por el contrario, en el curso de la investigación penal, se demostró que existían elementos probatorios que daban cuenta de que este ejercía la actividad de taxista.
Por lo anterior, la Sala concluye que en este caso no se configuró la causal eximente de responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima, lo que permite considerar el régimen, subjetivo u objetivo, de responsabilidad patrimonial del Estado en el caso concreto.
8.2. No hay lugar a imputar el daño a la Fiscalía General de la Nación
Al respecto, conviene recordar que, en principio, dicha entidad no es la llamada a responder, porque la decisión en virtud de la cual se restringió el derecho a la libertad del señor Juan Carlos Perdomo Polo se profirió dentro del marco de las competencias asignadas a los jueces de control de garantías. No obstante, en criterio de la Sala, eventualmente podría responder si se encuentra probada una falla en relación con las funciones y competencias constitucional y legalmente asignadas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 250 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo No. 3 del 19 de diciembre de 2002, la Fiscalía ostenta la titularidad del ejercicio de la acción penal y su función principal es la investigación de los hechos que revistan la característica de un delito, para lo cual podrá solicitar, entre otras cosas, que el juez de control de garantías ordene las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal.
En relación con las medidas de aseguramiento, el artículo 306 de la Ley 906 de 2004 dispuso que el ente investigador solicitará al juez de control de garantías su imposición con indicación de “la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia”.
Así las cosas, como quedó visto la Fiscalía Local 30 Altamira, Huila, presentó escrito de acusación contra el señor Juan Carlos Perdomo Polo, en el cual sostuvo:
El día 29 de enero, siendo las 11:40 horas, se acerca a las instalaciones de policía de Suaza, la señora Mónica Andrea Mora Rivera, informando que momentos antes había sido víctima de un hurto de dos celulares, unas tarjetas prepago por valor de cien mil pesos y que además uno de sus celulares tenía para recargar la suma de ochocientos mil pesos, en su establecimiento de razón social SAI COMCEL, quien a su vez, es su residencia, por una persona de sexo masculino; que al momento de la huida se subió a un vehículo taxi de placas XYC947 de Florencia, donde lo esperaban dos personas más de sexo masculino, que luego se subió otro sujetos más que estaba frente al establecimiento ya aludido. Por radio se dio comunicación a las otras estaciones de policía cercanas. De inmediato sale la patrulla de la estación de policía de Guadalupe, a la vereda el puente, donde observaron la presencia de un individuo con las características indicadas y que eran muy parecidas a dicho sujeto, por lo cual se le solicitó una requisa, accedió y dijo llamarse OSMAN ALEXIS MARÍN; encontrándosele uno de los celulares hurtados, siendo las 12:07 horas. Se siguió con la persecución de los demás sujetos y a las 12:22 horas a la entrada de Altamira se ubicó el taxi con los otros tres sujetos a quienes se les solicitó una requisa, accediendo y uno de ellos dijo llamarse ALEXANDER ROJAS MARÍN, a quien se le encontró en su poder el otro celular hurtado; el conductor del vehículo referido dijo llamarse JUAN CARLOS PERDOMO POLO y el otro acompañante atiende al nombre de JAIBER GUEVARA STERLING.
Como quedó establecido, el señor Juan Carlos Perdomo Polo fue detenido por agentes de la Policía Nacional, quienes perseguían el taxi que conducía aquel, por haber sido informados de que en el mismo viajaban los autores del hurto de dos celulares y, efectivamente, uno de tales celulares fue decomisado a uno de los pasajeros. Así las cosas, el testimonio de la víctima del hurto, los elementos materiales probatorios y/o evidencia que reposaban en el expediente penal permitían inferir razonablemente que el ahora demandante podía ser responsable de la comisión del punible de hurto calificado y agravado.
Así mismo, tal como se dijo respecto del juez de control de garantías, la solicitud de medida de aseguramiento encontraba sustento en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004, por cuanto era probable que el imputado no compareciera al proceso, en consideración a que la pena que eventualmente se le impondría sería muy alta.
Bajo ese entendido, toda vez que la Fiscalía solicitó la imposición de medida de aseguramiento en establecimiento carcelario con fundamento en las pruebas legalmente obtenidas hasta ese momento de la investigación y las disposiciones legales que regulaban dicha fase dentro del proceso penal acusatorio, argumentos y pruebas que fueron acogidos en su integridad por el juez en función de control de garantías, la Sala debe descartar la falla del servicio por parte de esa entidad.
Entonces, como la Fiscalía General de la Nación no es la llamada a responder por los perjuicios ocasionados a los demandantes y, no obstante, resultó condenada por el Tribunal a quo, para la Sala es claro que se debe revocar la sentencia de primera instancia, pero solo en cuanto este aspecto se refiere.
8.3. De la imputación del daño a la Rama Judicial
En el caso concreto la investigación penal se adelantó debido a la denuncia penal formulada por la señora Mónica Andrea Mora Rivera por el hurto de unos celulares en el municipio de Suaza, los cuales fueron encontrados en poder de los señores Alexander Rojas y Osman Alexis Marín, quienes eran transportados por el taxista Juan Carlos Perdomo Polo, desde Florencia hasta Pitalito.
Además, se tiene acreditado que el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Guadalupe absolvió al señor Juan Carlos Perdomo Polo porque se demostró que él no tenía conocimiento del ilícito que iba a cometer el señor Osman Alexis Marín, por lo que su conducta fue atípica.
En cuanto a las responsabilidad patrimonial de la demandada, respecto de la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad en materia de privación injusta de la libertad, la Corte Constitucional, en la sentencia de unificación ya mencionada, la SU-072 de 2018, ha señalado que existen dos eventos en los cuales el daño antijurídico se deduce de manera evidente, como son el hecho no existió y la conducta era objetivamente atípica:
105. Esta Corporación comparte la idea de que en dos de los casos deducidos por el Consejo de Estado –el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica- es posible predicar que la decisión de privar al investigado de su libertad resulta irrazonable y desproporcionada, luego, para esos eventos es factible aplicar un título de atribución de carácter objetivo en el entendido de que el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos.
En efecto, estando en ciernes la investigación, el ente acusador debe tener claro que el hecho sí se presentó y que puede ser objetivamente típico, luego, en este tipo de casos el juez administrativo puede ser laxo desde el punto de vista probatorio y valorativo, en tanto en estas circunstancias es evidente que la Fiscalía, hoy los jueces, disponen de las herramientas necesarias para definir con certeza estos dos presupuestos y, en tal virtud, deberá ser la administración la que acredite que fueron causas ajenas e irresistibles a su gestión, las que propiciaron la imposición de la medida.
Respecto del segundo evento, la conducta era objetivamente atípica, el asunto resulta más simple, según la Corte, toda vez que se trata de una confrontación entre la conducta que se predica punible y las normas que la tipifican, lo que debe ser establecido de manera muy pronta por el juez o fiscal encargado de dictar la medida de aseguramiento:
El segundo evento es una tarea que reviste una mayor sencillez en tanto depende solo de un criterio jurídico esencialmente objetivo; se trata de un cotejo entre la conducta que se predica punible y las normas que la tipificarían; de esa manera, muy pronto debe establecer el Fiscal o el juez si la conducta encaja en alguna de las descripciones típicas contenidas en el catálogo punitivo.
Frente a las anteriores consideraciones, en el caso del señor Juan Carlos Perdomo Polo resultaría abiertamente desproporcionado afirmar que debía soportar la medida de aseguramiento dictada en su contra y la acusación posterior por los delitos que se le endilgaron, cuando es claro que al declararse que su conducta fue objetivamente atípica se desvirtuaron los fundamentos de tal medida, es decir, para evitar que obstruyera el debido ejercicio de la justicia, que constituyera un peligro para la sociedad o la víctima, o que resultará probable que no comparecerá al proceso.
El que se imponga una medida restrictiva de la libertad que a la postre resulta atípica objetivamente, no responde a los intereses superiores o razonablemente equivalentes de la aplicación excepcional del derecho punitivo del Estado, dado que en estos casos se desvirtúa el fundamento de una medida restrictiva de la libertad, en cuanto al disfrute de derechos por parte de otros individuos o la búsqueda del bienestar general.
Si bien en el caso concreto, la conducta de la administración resultó legal, sería inequitativo el exigir que el señor Juan Carlos Perdomo Polo soportara una restricción de su libertad durante 3 meses y 13 días en pro de un bienestar general que, a posteriori, perdió fundamento, lo que configura una carga desproporcionada que no estaba en el deber jurídico de soportar y configura el título de imputación de daño especial.
Ahora bien, la decisión en virtud de la cual se restringió el derecho a la libertad al hoy demandante, se profirió en el marco de la competencia asignada a los Jueces de Control de Garantías dentro del Sistema Penal Acusatorio, circunstancias frente a las cuales no resultó determinante la actuación de la Fiscalía General de la Nación, pues su intervención se limitó a pedir que se decidiera sobre la imposición de medida de aseguramiento, obligación que recaía en la Jurisdicción Ordinaria, especialidad penal, dada su condición de titular de la facultad sancionatoria del Estado frente a casos como el analizado, esto es, en aquellos en los que se vulneran los bienes jurídicos protegidos por la normativa penal -Ley 599 del 2000-.
De este modo, a la luz de las disposiciones consagradas en la normativa procesal penal vigente, la facultad jurisdiccional se encuentra radicada exclusivamente en cabeza de la Rama Judicial, razón por la cual, los únicos que pueden tomar la decisión de privar a una persona de su libertad son los jueces, ya sean de conocimiento o en función de control de garantías, tal como en efecto sucedió.
Así las cosas, la Fiscalía General de la Nación, como en casos similares lo ha sostenido esta Subsección, no es la llamada a responder por los perjuicios reclamados por los demandantes, dado que estos, por las razones expuestas, le son imputables a la Rama Judicial. No obstante, esta Subsección ha sostenido que cuando se trata de aplicación del régimen objetivo en la Ley 906 de 2004 se imputará todo el daño a la Rama Judicial y solo en los eventos en los cuales exista falla del servicio se le imputará a la Fiscalía General de la Nación.
En ese orden de ideas, es evidente que el daño causado a los demandantes le es imputable a la Nación-Rama Judicial-, pues fue esta la autoridad que, por conducto del Juzgado Único Promiscuo Municipal de Guadalupe con Funciones de Control de Garantías, le impuso medida de aseguramiento al señor Juan Carlos Perdomo Polo, el cual estuvo privado de su libertad por 3 meses y 13 días.
Entonces, como la Fiscalía General de la Nación no es la llamada a responder por los perjuicios ocasionados a los demandantes y, no obstante, resultó condenada por el Tribunal a quo, para la Sala es claro que se debe revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, condenar por el 100 % a la Rama Judicial.
9. Indemnización de perjuicios
Como quedó establecido anteriormente, la Fiscalía General de la Nación apeló la sentencia de primera instancia en lo correspondiente al reconocimiento de los perjuicios morales, toda vez que, a su parecer, la decisión del a quo no guardaba proporción con el tiempo que el señor Juan Carlos Perdomo Polo estuvo privado de la libertad.
Asimismo, manifestó su inconformidad con el reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, debido a que en la sentencia recurrida se le incrementó al salario mínimo el 25% de prestaciones sociales, cuando el demandante no demostró un vínculo laboral.
Se entrará a estudiar los perjuicios reconocidos en primera instancia respecto a lo desfavorable a la Rama Judicial.
9.1 Perjuicios morales
En sentencia de primera instancia, el a quo recoció por perjuicios morales, los siguientes montos:
• A JUAN CARLOS PERDOMO POLO, LEIDY JOHANA MURCIA ROJAS, LEIDY JOHANA PERDOMO MURCIA, JHAN CARLOS PERDOMO MURCIA, KARLA ALEJANDRA PERDOMO ROJAS, MAIBRY YULISA PERDOMO TORRES, ALIRIO PERDOMO TRUJILLO Y MIREYA POLO BERMÚDEZ, el equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno;
• Para XIOMARA, ESNEIDER ALIRIO, YINA MILENA Y GREICY MIREYA PERDOMO POLO el equivalente a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos.
Ahora bien, con fundamento en las máximas de la experiencia, resulta posible afirmar que la privación de la libertad que soportó el señor Juan Carlos Perdomo Polo le causó un perjuicio moral que debe ser indemnizado, porque es razonable asumir que la persona que ve privada de su libertad experimente sentimientos de angustia e impotencia porque de esa manera se afecta su proyecto de vida y se restringen otros de sus derechos fundamentales e intereses personales; perjuicio que se hace extensible a sus seres queridos más cercanos.
Frente a la acreditación de dicho perjuicio, la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que únicamente basta con la prueba del parentesco o de la relación marital, para inferir la afectación moral de la víctima, del cónyuge y de los parientes más cercanos según corresponda.
Según se estableció en la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera de esta Corporación, se tiene que sin que de manera alguna implique una regla inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, conviene poner de presente que la Sala ha sugerido que en los casos en los cuales la privación de la libertad en centro carcelario sea superior a 18 meses, se reconozca la suma equivalente a 100 SMLMV; cuando esta privación supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 SMLMV; si superó los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 SMLMV; por su parte, si la reclusión fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 SMLMV; de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 SMLMV; asimismo si la medida de aseguramiento supera un mes, pero resulta inferior a 3 meses, se sugiere el reconocimiento de 35 SMLMV; finalmente si la detención no supera el mes, la indemnización se tasa en el equivalente a 15 SMLMV, todo ello para la víctima directa y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados.
Como ya se dijo, en el presente asunto se encuentra acreditado que el señor Juan Carlos Perdomo Polo estuvo privado de su libertad desde el 29 de enero de 2009 hasta el 12 de mayo de esa misma anualidad, es decir, 3 meses y 13 días.
De acuerdo con el criterio de la Sala, la indemnización que le corresponde al señor Juan Carlos Perdomo Polo y su núcleo familiar es la siguiente:
Juan Carlos Perdomo Polo (detenido)
50 SMLMV
Karla Alejandra Perdomo Rojas (hija)
50 SMLMV
Maybry Yulisa Perdomo Torres (hija)
50 SMLMV
Leidy Johana Perdomo Murcia (hija)
50 SMLMV
Jhan Carlos Perdomo Murcia (hijo)
50 SMLMV
Leidy Johana Murcia Rojas (compañera permanente)
50 SMLMV
Alirio Perdomo Trujillo (padre)
50 SMLMV
Mireya Polo Bermúdez (madre)
50 SMLMV
Xiomara Perdomo Polo (hermana)
25 SMLMV
Esneider Alirio Perdomo Polo (hermano)
25 SMLMV
Yina Milena Perdomo Polo (hermana)
25 SMLMV
Greicy Mireya Perdomo Polo (hermana)
25 SMLMV
9.2 Lucro cesante
En la sentencia de primera instancia se reconoció por lucro cesante la suma de dos millones seiscientos treinta y tres mil trescientos veinte siete pesos ($2.633.327), teniendo en cuenta para liquidar el salario mínimo y el 25% de prestaciones sociales.
Ahora bien, se tiene que de acuerdo con los testimonios que se practicaron en primera instancia, está demostrado que el señor Juan Carlos Perdomo Polo trabajaba como taxista; sin embargo, no obra prueba en el expediente en relación con el monto de sus ingresos por esa actividad, por lo que se aplicará la presunción, según la cual, toda persona que se encuentre en edad productiva devenga, por lo menos, el salario mínimo legal mensual vigente.
En cuanto al período a reconocer por dicho concepto será el comprendido entre el 29 de enero de 2009 y el 12 de mayo de esa misma anualidad, lapso durante el cual el señor Juan Carlos Perdomo Polo estuvo privado de la libertad, esto es, 3 meses y 13 días.
En este caso no se reconoce el 25% por concepto de prestaciones sociales, dado que en el proceso no se demostró que el demandante hubiera tenido un vínculo laboral para la época en que fue detenido.
Tampoco se reconocerá el lapso que una persona requiere para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad o acondicionarse a una actividad laboral, tal como se ha reconocido en algunos casos de privación injusta de la libertad, toda vez que solo procede cuando se ha demostrado un vínculo laboral, situación que no ocurrió con el señor Juan Carlos Perdomo Polo.
Se tomará como ingreso base de liquidación el salario mínimo legal vigente ($781.242), en tanto resulta más favorable que actualizar el que regía en la época de los hechos.
Entonces, la Sala procederá a calcular el monto de la indemnización.
Período de privación de la libertad: 3 meses y 13 días = 3,04 meses.
Dicho lo anterior, se aplicará la fórmula para el cálculo del lucro cesante consolidado, así:
S = Ra x [ (1+ i)n – 1 ]
i
Donde:
S = Es la indemnización a obtener.
Ra = Ingreso base de liquidación sobre el cual se liquidará el lucro cesante consolidado para el señor Juan Carlos Perdomo Polo: de $781.242
i= Interés puro o técnico: 0,004867
n= Número de meses que comprende el período de la indemnización: 3,04 meses.
Reemplazando tenemos:
S = {$781.242 (1+ 0.004867) 3,04 - 1 }
0.004867
S = $ 2.378.876
10. Condena en costas
Habida cuenta de que, para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
MODIFICAR la sentencia del 25 de junio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión Escritural, la cual quedará así:
PRIMERO: EXONERAR de responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y, como consecuencia, negar las súplicas de la demanda en lo que a ella respecta.
SEGUNDO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación-Rama Judicial por la privación injusta de la libertad sufrida por el señor Juan Carlos Perdomo Polo, en las circunstancias y hechos explicados en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: CONDENAR a la Nación-Rama Judicial a pagar, las siguientes indemnizaciones:
3.1 Por concepto de perjuicios morales:
Juan Carlos Perdomo Polo (detenido)
50 SMLMV
Karla Alejandra Perdomo Rojas (hija)
50 SMLMV
Maybry Yulisa Perdomo Torres (hija)
50 SMLMV
Leidy Johana Perdomo Murcia (hija)
50 SMLMV
Jhan Carlos Perdomo Murcia (hijo)
50 SMLMV
Leidy Johana Murcia Rojas (compañera permanente)
50 SMLMV
Alirio Perdomo Trujillo (padre)
50 SMLMV
Mireya Polo Bermúdez (madre)
50 SMLMV
Xiomara Perdomo Polo (hermana)
25 SMLMV
Esneider Alirio Perdomo Polo (hermano)
25 SMLMV
Yina Milena Perdomo Polo (hermana)
25 SMLMV
Greicy Mireya Perdomo Polo (hermana)
25 SMLMV
3.2 Por concepto de lucro cesante consolidado a favor del señor Juan Carlos Perdomo Polo, la suma de dos millones trescientos setenta y ocho mil ochocientos setenta y seis pesos ($2.378.876).
CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: Sin condena en costas.
SEXTO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.
SÉPTIMO: Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.
OCTAVO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente a su Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
(Aclaración de voto)
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 41001-23-31-000-2011-00387-01(53184)
Actor: JUAN CARLOS PERDOMO POLO Y OTROS
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA: MARÍA ADRIANA MARÍN
Auto del 9 de septiembre de 2008 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, expediente: 11001-03-26-000-2008-00009-00. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente: 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011 por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, expediente: 21.801, M.P. Hernán Andrade Rincón. También puede consultarse: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 19 de julio de 2010, expediente: 37.410, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo del 2007, expediente No. 15463. Reiterada en sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera del 6 de abril de 2011, expediente No. 21563. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre del 2006, expediente No. 13468. Reiterada en sentencia de unificación de 17 de octubre del 2013, expediente No. 23354. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Al respecto, entre otras múltiples de la subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado se pueden consultar las siguientes sentencias: 19 de julio de 2017, exp. 45466, 14 de septiembre de 2017, exp. 47800, 12 de octubre de 2017, exp. 48048, 1 de febrero de 2018, expedientes 46817 y 45146, 10 de mayo de 2018, exp. 45358, 5 de julio de 2018, exp. 47854, 19 de julio de 2018, exp. 52399, 27 de septiembre de 2018, exp. 52404. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia de Unificación de 15 de agosto de 2018, expediente 46.947, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
“La ley distingue tres especies de culpa o descuido.
“Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.
“Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.
“El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.
“Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.
“El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”. Consideración que resulta congruente con la parte resolutiva del mismo fallo: PRIMERO: MODIFÍCASE LA JURISPRUDENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA en relación con los casos en que la litis gravita en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños irrogados con ocasión de la privación de la libertad de una persona a la que, posteriormente, se le revoca esa medida, sea cual fuere la causa de ello, y UNIFÍCANSE criterios en el sentido de que, en lo sucesivo, en esos casos, el juez deberá verificar: 1) Si el daño (privación de la libertad) fue antijurídico o no, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política; 2) Si quien fue privado de la libertad actuó con culpa grave o dolo, desde el punto de vista meramente civil -análisis que hará, incluso de oficio-, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva (artículos 70 de la ley 270 de 1996 y 63 del Código Civil) y,
3) Cuál es la autoridad llamada a reparar el daño. En virtud del principio iura novit curia, el juez podrá encausar el análisis del asunto, siempre en forma razonada, bajo las premisas del título de imputación que, conforme al acervo probatorio, considere pertinente o que mejor se adecúa al caso concreto.
Corte Constitucional, sentencia SU 072/18 del 5 de julio de 2018, M.P: José Fernando Reyes Cuartas. Ibidem. Acápite 117 y 118. Ibidem, Acápites 119 y 120. Ibidem, Acápite 121. Ibidem, Acápite 124
Ibidem, Acápites 67 a 69. Ibidem. Acápites 69 y 70. Artículos 4 del Decreto Ley 2700 de 1991, 3 de la Ley 600 de 200 y 2 de la Ley 906 de 2004. Ibidem. Acápite 70. Sentencia C-106 de 1994. Ibidem. Acápite 71. Sentencia C-106 de 1994. Ibidem. Acápite 101. Sentencia del 26 de mayo de 2010, 13001-23-31-000-1995-00023-01(18105). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera afirmó. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 19 de agosto de 2004, Radicación: 05001-23-31-000-1992-1484-01(15791); Actor: Ana Julia Muñoz de Peña y otros; Demandado: Nación - Mindefensa - Policía Nacional. (…); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 10 de marzo de 2005, Radicación: 85001-23-31-000-1995-00121-01(14808); Actor: María Elina Garzón y otros; Demandado: Ministerio de Defensa - Ejército Nacional. Y más reciente, la Subsección B, sentencia del 14 de septiembre de 2017, expediente 13001-23-31-000-2003-01929-01(43413), en la cual se hicieron las siguientes referencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de julio de 1993, Exp. 8163 y del 16 de julio de 2008, Exp. 16423. Ibidem. Acápite 102. Ibidem. Acápite 102. Ibidem. Acápite 102. La Corte hace referencia al Decreto Ley 2700 de 1991, artículos 355 Y 356 DE LA Ley 600 de 2000 y 308 de la Ley 908 de 2004
Ibidem. Acápite 103. Ibidem. Acápite 104. Más adelante señala: 112. En suma, la aplicación de cualquier de los regímenes de responsabilidad del Estado mantienen incólumes la excepcionalidad y los juicios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como la presunción de inocencia que preceden a la imposición de una medida de aseguramiento”. Ibidem. Acápite 104. Ibidem. Acápite 104. Ibidem. Acápite 105. Ibidem. Acápite 105. Ibidem. Acápite 106. Ibidem. Acápite 106. Al respecto puede consultarse la sentencia del 9 de julio de 2014, expediente: 38438. C.P. Hernán Andrade Rincón y la sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente: 15.463. C. P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 10) de noviembre del 2017). C.P: Marta Nubia Velásquez Rico (E). En este sentido se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 2010, exp. 17.933, M.P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 30 de abril de 2014, exp. 27.414, M.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 2 de mayo de 2016, exp. 32.126, M.P. Danilo Rojas Betancourth, reiteradas por la sentencia del 1 de agosto de 2016, exp. 41.601, M.P. Hernán Andrade Rincón.
“Artículo 63. Clases de culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.
“Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo.
“Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.
“El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.
“Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes.
Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.
“El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”. Facultad ratificada por el legislador en el numeral 8 del artículo 114 de la Ley 906 de 2004, según el cual, a la Fiscalía General de la Nación le corresponde “solicitar al juez de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de las víctimas”. Lo anterior, más si se tiene en cuenta que “[el hecho de] que ciertos elementos de conocimiento hayan sido suficientes para ordenar una medida de aseguramiento no significa que también lo sean para demostrar la responsabilidad penal del acusado” y ha aclarado que “[l]a presentación, contradicción y evaluación de los elementos de conocimiento que prevé el artículo 306 no buscan establecer la responsabilidad del imputado, como sí lo hacen las pruebas, sino la procedencia de una medida de aseguramiento que incide en los derechos del imputado”. Corte Constitucional, sentencia C-1154 de 2005. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Artículos 39 y 306 de la Ley 906 de 2004. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, sentencia del 14 de septiembre de 2016, expediente 43345, reiterada en fallo del 24 de octubre de 2016, expediente 43943, entre otros. Posición frente a la cual la Consejera Ponente aclara voto. En ese sentido consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de agosto de 2018, expediente: 57323.
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 36149, C.P. Hernán Andrade Rincón (E). Actor: José Delgado Sanguino y otros. Demandada: La Nación – Rama Judicial.
En sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera el 28 de agosto de 2014, expediente: 36.149, C.P: Hernán Andrade Rincón (E), se señalaron las cuantías a las que deben ascender las indemnizaciones de perjuicios morales en caso de privación injusta de la libertad.
En este sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de enero de 2017, expediente: 42.292; sentencia del 24 de octubre de 2016, expediente 43.525, entre muchas otras.
La Subsección A ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse acerca de la improcedencia de reconocer el 25% equivalente a prestaciones sociales en casos de privación injusta de la libertad, cuando no se demuestra un vínculo laboral. Ver sentencia proferida el 30 de agosto de 2017, expediente radicación 250002326000200900897 01 (43.632). Consejera ponente: Marta Nubia Velásquez Rico.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente 13.168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez: En cuanto al tiempo que, en promedio, suele tardar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con la cual dicho período equivale a 35 semanas (8.75 meses).
La Subsección A ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse acerca de la improcedencia de reconocer el tiempo que una persona tarda en retomar una actividad laboral en casos de privación injusta de la libertad, cuando no se demuestra un vínculo laboral. Ver sentencia proferida el 6 de julio de 2017, expediente radicación 41001-23-31-000-2005-11779-01 (48.773). Consejera ponente: Marta Nubia Velásquez Rico.
La actualización del salario mínimo del 2009 da un monto de $701.953.
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