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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-31-000-2011-00510-01

Fecha
10 de junio de 2022
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-31-000-2011-00510-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia del 26 de mayo de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: No se CONDENA en costas. 8 Alegó la demandante que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito no adoptó la posición jurisprudencial tomada en las sentencias T-329 de 2009, T-2.122.698 de 2009, T-484 de 2004 y T-325 de 1995. 7 Radicado: 41001-23-31-000-2011-00510-01 (52467) Demandante: Andrea Santos Scarpeta TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente a su tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 41001-23-31-000-2011-00510-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

10 de junio de 2022

Radicado: 41001-23-31-000-2011-00510-01 (52467)
Demandante: Andrea Santos Scarpeta

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., diez (10) de junio dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de reparación directa
Radicación: 41001-23-31-000-2011-00510-01 (52467)
Demandante: Andrea Santos Scarpeta
Demandado: Rama Judicial

Temas: Error jurisdiccional. Se confirma la decisión de negar las
pretensiones, pues si bien se cumplieron los presupuestos
para analizar de fondo el error judicial, no se demostró que se
haya incurrido en un error al proferir la sentencia enjuiciada.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala
resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 26 de mayo de
2014, que negó las pretensiones de la demanda.

De acuerdo con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la jurisdicción contenciosa
administrativa es competente para conocer de los procesos de reparación directa
por hechos de la administración de justicia. Por su parte, la Sala es competente
en segunda instancia para conocer de las sentencias proferidas por los tribunales
administrativos por hechos de la administración de justicia, de conformidad con
lo establecido por la jurisprudencia de esta Corporación1.

El recurso se admitió mediante providencia del 30 de octubre de 2014 2. En auto
del 20 de noviembre de 2014 se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión3. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio4.

1 Consejo de Estado. Auto 2008-00009 de 9 de septiembre de 2008. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
2 Cuaderno principal folio 231.
3 Cuaderno principal folio 233.
4 Cuaderno principal folio 234.

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Radicado: 41001-23-31-000-2011-00510-01 (52467)
Demandante: Andrea Santos Scarpeta

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1.- La demanda que dio origen al proceso fue presentada el 12 de octubre de
2011 por Andrea Santos Scarpeta. Se dirigió contra la Rama Judicial para obtener
la reparación del daño causado por el error judicial contenido en la sentencia
proferida el 12 de marzo de 2010 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Pitalito que revocó la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Promiscuo de
Oporapa que ordenó que posesionar a la demandante como gerente de la ESE
Hospital Nuestra Señora de las Mercedes (en adelante la <<ESE>>).

2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

<<PRIMERO: DECLÁRASE administrativamente responsable a la
NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL por falla en el servicio como
consecuencia del error judicial causado por la Juez 1° Penal del
Circuito de Pitalito (Huila) en la sentencia de segunda instancia del 12
de marzo de 2010, mediante la cual resolvió el recurso de apelación
frente a la sentencia de primera instancia a favor de la demandante
ANDREA SANTOS SCARPETA

SEGUNDO: Consecuencia de lo anterior condénese a la NACIÓN –
RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL a los siguientes pagos:

a. DAÑO EMERGENTE: a título de daño emergente la suma de DIEZ
MILLONES DE PESOS ($10.000.000)

b. LUCRO CESANTE: Se ordene el pago de los salarios y
prestaciones sociales dejadas de percibir como gerente de la ESE
Nuestra Señora de las Mercedes del municipio de Saladoblanco, a
partir de la fecha de su posesión que se verificó el día 5 de febrero
de 2010 como consecuencia de la orden dada por el Juez de Tutela
en sentencia de primera instancia, hasta tanto se produzca el pago
efectivo de la obligación de acuerdo al valor del salario para el
Gerente al momento de la sentencia.

c. PERJUICIOS MORALES: A título de perjuicios morales el
equivalente a cincuenta salarios mínimos legales mensuales
vigentes (50 smlmv) para mi poderdante y su hijo menor.

CUARTO: Condenar a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagar las costas del
proceso y agencias en derecho.

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Radicado: 41001-23-31-000-2011-00510-01 (52467)
Demandante: Andrea Santos Scarpeta

QUINTO: La NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL dará cumplimiento a este fallo en
los términos de los artículos 176 y 177 del CCA.>>

3.- Las pretensiones de la demanda se fundaron en las siguientes afirmaciones:

3.1.- La demandante Andrea Santos Scarpeta participó en el concurso de méritos
promovido por la Junta Directiva de la ESE para escoger el gerente de la entidad.
En dicho concurso, la demandante ocupó el primer puesto. Sin embargo,
mediante Resolución No. 34 del 31 de julio de 2009, el alcalde municipal de
Saladoblanco, Huila, nombró como gerente a la señora María Deici Cardozo
Quintero, quien ocupó el tercer puesto en el concurso.

3.2.- Ante esta situación, la demandante interpuso una acción de tutela contra el
municipio, en la que pretendió que se dejara sin efectos el acto administrativo de
nombramiento de la señora Cardozo Quintero, y en su lugar se ordenara su
posesión. Mediante sentencia del 1º de febrero de 2010 el Juzgado Promiscuo
Municipal de Oporapa tuteló los derechos fundamentales al debido proceso, la
igualdad y el trabajo de la demandante y ordenó al municipio posesionarla en el
cargo de gerente de la ESE.

3.3.- Impugnada la decisión anterior, el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Pitalito profirió sentencia el 12 de marzo de 2010 en la que revocó el amparo
otorgado y declaró la improcedencia de la acción de tutela. Consideró que la
demandante podía haber acudido a la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho para atacar el acto de nombramiento de la señora Cardozo Quintero, por
lo cual la acción de tutela no cumplía el requisito de subsidiariedad. Además,
indicó que no estaba probada la existencia de un perjuicio irremediable, pues
mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho la demandante
hubiera podido solicitar el reintegro al cargo y, a título de indemnización, los
salarios y prestaciones dejados de devengar.

3.4.- Esta decisión fue seleccionada para revisión por parte de la Sala Octava de
Revisión de la Corte Constitucional. En sentencia proferida el 2 de septiembre de
2010, la Corte revocó la providencia del 12 de marzo de 2010 y ordenó al
municipio posesionar a la demandante en el cargo de gerente de la ESE.

3.5.- A juicio de la parte actora, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito
incurrió en un error judicial en la sentencia proferida el 12 de marzo de 2010
porque desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre: (i) la
procedencia de la acción de tutela en estos casos, ante la falta de eficacia e
idoneidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para proteger
los derechos fundamentales que se alegan como vulnerados, y (ii) la vulneración
a los derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso y el trabajo cuando
no se posesionaba en el cargo a la persona que había obtenido el primer lugar
en un concurso de méritos.

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Radicado: 41001-23-31-000-2011-00510-01 (52467)
Demandante: Andrea Santos Scarpeta

B. Posición de la parte demandada

4.- La Rama Judicial se opuso a las pretensiones formuladas. Presentó los
siguientes argumentos de defensa:

4.1.- Todas las decisiones proferidas en el trámite de la tutela se ajustaron a la
Constitución y la ley. Si bien el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito
declaró la improcedencia de la acción de tutela y la Corte Constitucional revocó
dicha sentencia en sede de revisión, la decisión atacada fue razonada y
coherente.

4.2.- Si a la demandante se le causaron perjuicios por no haberla posesionado
en el cargo de gerente de la ESE, estos son imputables al municipio y no a la
Rama Judicial.

C. Sentencia recurrida

5.- Mediante sentencia del 26 de mayo de 2014 el Tribunal Administrativo del
Huila negó las pretensiones de la demanda. Consideró que la providencia
contentiva del error no se encontraba en firme, pues esta había sido revocada
por la Corte Constitucional en sede de revisión. Además de lo anterior, el hecho
de que en esta sentencia se hubiera declarado la improcedencia de la tutela y no
se hubieran tenido en cuenta algunas decisiones de la Corte Constitucional en
asuntos similares no implicaba que la decisión fuera contraria a derecho.

D. Recurso de apelación

6.- La parte demandante apela el fallo de primera instancia y formula los
siguientes reparos:

6.1.- No se pueden rechazar las pretensiones de la demanda bajo el argumento
de que la sentencia contentiva del error no estaba en firme. Si bien la Corte
Constitucional en sede de revisión revocó la sentencia enjuiciada, con esta
revocatoria no se reparó el perjuicio causado a la demandante, consistente en no
haber podido trabajar como gerente de la ESE.

6.2.- El Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito incurrió en un error judicial
en la medida en que desconoció que, en varios pronunciamientos de tutela, la
Corte Constitucional afirmó que la persona que obtuviera el primer lugar en el
concurso de méritos para proveer el cargo de gerente de una ESE tenía el
derecho a ser nombrada y ejercer el cargo.

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Radicado: 41001-23-31-000-2011-00510-01 (52467)
Demandante: Andrea Santos Scarpeta

II. CONSIDERACIONES

E. Asuntos procesales

7.- La Sala se pronunciará de fondo porque la acción de reparación directa fue
presentada dentro del término de dos años previsto en el artículo 136 del C.C.A.
porque: (i) la providencia acusada de incurrir en error judicial fue proferida el 12
de marzo de 2010; (ii) no obra en el expediente la fecha en la cual la sentencia
fue notificada, que naturalmente, correspondería a una fecha posterior a la
indicada; y (iii) la demanda fue presentada el 12 de octubre de 2011; por lo tanto,
incluso contando el término de caducidad desde la fecha en que se profirió la
sentencia, esta fue oportuna.

F. Decisión

8.- La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda. Si bien se cumplen los presupuestos del error
judicial, no se demostró que la decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito
de Pitalito, mediante la cual se declaró la improcedencia de la tutela presentada
por la demandante, contuviera en su pronunciamiento un error judicial. Por lo
tanto, no existió un daño antijurídico que deba ser reparado.

G. Los presupuestos del error judicial

9.- En el presente caso se encuentran cumplidos los presupuestos del error
judicial, así:

9.1.- En la medida en que no procede ningún recurso contra la decisión acusada
de error, por tratarse de una sentencia que resuelve una impugnación en una
acción de tutela, se encuentra satisfecho el requisito del numeral 1º del artículo
67 de la Ley 270 de 1996.

9.2.- Respecto de la firmeza de la providencia contentiva del error, es cierto lo
afirmado por el tribunal en el sentido de que la decisión no se encuentra en firme
por haber sido revocada en sede de revisión por la Corte Constitucional. No
obstante lo anterior, la Sala considera que este presupuesto se cumple en este
caso, porque la providencia acusada de incurrir en error judicial estuvo en firme
y produjo efectos jurídicos.

9.3.- Como se ha señalado en anteriores ocasiones5, la parte demandante tiene
la carga de individualizar con precisión el daño cuya indemnización pretende.

5 Al respecto, ver las sentencias del 19 de junio y del 2 de octubre de 2019, proferidas dentro de los

expedientes No. 42976 y 45760, C.P. Alberto Montaña Plata. También ver la sentencia de 10 de febrero de
2021, expediente 44645. C.P. Martín Bermúdez Muñoz.

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Radicado: 41001-23-31-000-2011-00510-01 (52467)
Demandante: Andrea Santos Scarpeta

Dicho daño no puede coincidir con la pretensión formulada en el proceso en el
cual se dictó la providencia acusada de incurrir en el error, porque la sentencia
allí dictada ya ha hecho tránsito a cosa juzgada y lo que se puede solicitar ahora
es la reparación del sufrido como consecuencia de tal decisión.

9.4.- La Sala considera que el daño que aquí se reclama es distinto al pretendido
en el proceso que dio origen a la sentencia acusada de error. En el trámite de
tutela la demandante solicitó que <<se ordene mi posesión en el cargo de gerente
de la ESE>>. Por otro lado, en este proceso, está solicitando que se le
reconozcan <<los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir como
gerente de la ESE (…) a partir de la fecha de su posesión que se verificó el día 5
de febrero de 2010 como consecuencia de la orden dada por el juez de tutela en
sentencia de primera instancia>>.

H. La sentencia acusada no es constitutiva de un error judicial

10.- No obstante estar cumplidos los presupuestos del error judicial, la Sala
considera que en este caso el error alegado no está probado, y por tanto, no
existe un daño antijurídico que deba ser reparado. En la sentencia acusada, el
Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito dispuso declarar la improcedencia
de la acción de tutela interpuesta por la demandante para obtener su
nombramiento y posesión en el cargo de gerente de la ESE. En las
consideraciones se expuso que:

<<Este despacho declara improcedente la acción de tutela en el caso concreto, por
no obrar en el expediente ningún soporte de la existencia de un perjuicio irremediable
y estar decantado jurisprudencialmente que en casos como este, ante la posibilidad
del reintegro, el perjuicio no sería irremediable, como además, por no haberse
interpuesto por parte de la accionante la acción contencioso administrativa – acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro del término de ley, cuatro (4) meses
subsiguientes a la expedición del acto administrativo, no siendo entonces la acción
de tutela un mecanismo con el que se puedan revivir recursos o acciones judiciales
no interpuestas oportunamente.>>6

11.- La decisión del juzgado de declarar la improcedencia de la tutela se
fundamentó en lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución, en concordancia
con el artículo 6 numeral 1° del Decreto Ley 2591 de 19917, de conformidad con
el cual: <<Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.>> En efecto, como se señaló en
la providencia acusada, la actora tenía la posibilidad de solicitar la nulidad del
acto de nombramiento de la persona que ocupó el tercer lugar en el concurso de
méritos, y a título de restablecimiento del derecho solicitar el pago de los salarios

6 Cuaderno principal, folio 37.
7 <<6. Causales de improcedencia de la tutela: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa

judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante>>.

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Radicado: 41001-23-31-000-2011-00510-01 (52467)
Demandante: Andrea Santos Scarpeta

y prestaciones sociales que hubiera devengado de haber sido nombrada en el
cargo al que tenía derecho por haber obtenido el primer puntaje en el concurso.
Además, ante la falta de acreditación de un perjuicio irremediable, la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho era un mecanismo que resultaba idóneo
y eficaz, pues allí podía solicitar la suspensión provisional del acto de
nombramiento. Por lo tanto, la decisión acusada no fue irrazonable ni arbitraria y
se ajustó a las disposiciones constitucionales y legales sobre la materia.

12.- Además de lo anterior, el hecho de no haber seguido la posición
jurisprudencial adoptada en diferentes sentencias de tutela sobre asuntos
similares no constituye un error judicial en la medida en que: (i) la posibilidad de
los jueces de disentir respecto de una posición jurisprudencial está protegida bajo
el principio de autonomía judicial consagrado en los artículos 228 y 230 de la
Constitución, siempre y cuando la decisión esté debidamente fundamentada,
como en este caso; y (ii) las sentencias que la demandante alega que no fueron
tenidas en cuenta no son sentencias de unificación o constitucionalidad.8

I. Costas

13.- En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar
de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado
por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia del 26 de mayo de 2014 proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila que negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: No se CONDENA en costas.

8 Alegó la demandante que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito no adoptó la posición
jurisprudencial tomada en las sentencias T-329 de 2009, T-2.122.698 de 2009, T-484 de 2004 y T-325 de
1995.

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Radicado: 41001-23-31-000-2011-00510-01 (52467)
Demandante: Andrea Santos Scarpeta

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Presidente Magistrado
Con aclaración de voto

Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado

8

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